La reunión de los Ministros del Trabajo del G8. La apuesta por los “empleos verdes”.

1. Durante los días 11 a 13 de este mes se ha celebrado en la ciudad japonesa de Niigata la reunión de los Ministros de Trabajo del llamado G8 (Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japón, Francia, Italia, Canadá y Rusia), bajo el título genérico de “Buscar el mejor equilibrio para una sociedad resistente y sostenible”, y en la que se han abordado tres grandes cuestiones: en primer lugar el equilibrio entre la vida profesional y la familiar y el envejecimiento de la población; en segundo término, las políticas de mercado de trabajo y las categorías y regiones más vulnerables; por fin, los desafíos planteados a los trabajadores por el desarrollo sostenible y el cambio climático. En la reunión también han participado representantes de la Unión Europea, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y la Organización Internacional de Trabajo, así como los Ministros de Trabajo de dos de los países asiáticos más importantes como son Indonesia y Tailandia. Los resultados de la reunión se aportarán a la que celebrarán los Jefes de Estado y de Gobierno de esos países el próximo mes de julio en la ciudad de Hokkaido Toyako, que estará dedicada al cambio climático, al desarrollo y a África.

¿Cuál ha sido el balance de la reunión y qué conclusiones se han extraído? Si una satisfacción moderada parece traslucirse en el documento final de la reunión, no es de la misma opinión el movimiento sindical, que ya se había manifestado de forma crítica sobre la situación actual del mercado de trabajo a escala mundial en un amplio y documentado informe presentado a la reunión. Desde una perspectiva más institucional, conviene también destacar la aportación de la OIT a la cumbre de los Ministros de Trabajo, con un muy cuidado documento sobre los desafíos mundiales del desarrollo sostenible y la apuesta por los empleos verdes.

A todas estas cuestiones dedico esta nueva entrada del blog.

2. Como acabo de indicar, la reunión se ha centrado en el análisis de las reformas que son necesarias en los mercados de trabajo a escala mundial, las diferencias sociales que se incrementan de forma gradual y paulatina (según el Informe sindical, “en los países de la OCDE el coeficiente Gini que mide la desigualdad entre las rentas netas de los hogares se ha incrementado en seis puntos durante los últimos diez años”), la dimensión social de la mundialización y los restos medioambientales que se plantean de cara al inmediato futuro, muy en especial el cambio climático.

En una intervención previa a la cumbre, el Comisario comunitario de empleo, de asuntos sociales y de igualdad de oportunidades, Vladimir Spidla, ponía de manifiesto la necesidad de que el impacto globalmente positivo, a su parecer, de la mundialización, debe ir acompañado de una equitativa distribución a escala mundial, y que cada vez más debe concederse especial atención a las dimensiones sociales del cambio climático, de tal forma que hay que prestar atención a la creación de empleo que pueda producir pero al mismo tiempo “hay también que reaccionar de forma adecuada a los efectos no deseados, y gestionar las reestructuraciones y pérdidas de empleo que resulten del paso a una economía con débil intensidad carbónica”.

Por parte sindical se puso el acento antes del inicio de la reunión en la necesidad de adoptar medidas inmediatas que corrijan el incremento de los productos de alimentación, ya que ello perjudica especialmente a los colectivos más desfavorecidos. Desde una óptica global de defensa de los intereses del conjunto de la población trabajadora, el secretario general del órgano consultivo sindical de la OCDE (TUAC, que representa 66 millones de asalariados en los 30 países miembros), John Evans, afirmaba que es necesario que los países del G8 adopten medidas coordinadas de apoyo y de reequilibrio del crecimiento mundial, de creación de “empleos verdes” y de potenciación del diálogo social en los centros de trabajo para luchar contra el cambio climático, y que esta respuesta “necesita colocar el trabajo decente en el centro de la acción gubernamental”, al tiempo que también propugnaba “la regulación de los mercados financieros cuyas quiebras están en el origen del agravamiento actual”.

En las conclusiones, los Ministros de Trabajo piden que se refuerce la dimensión social de la mundialización y que se afronte de forma decidida los desafíos sociales planteados por los problemas medioambientales, en especial el cambio climático, pero se omite cualquier referencia al incremento de los precios de los productos de alimentación, circunstancia que ha provocado el enfado sindical porque a su parecer esta es una cuestión cada vez más importante y afecta a un gran número de habitantes de países en vías de desarrollo, por una parte, y reduce el poder de compra de los asalariados de los países desarrollados, por otra. De ahí que Guy Rider, Secretario General de la Confederación Sindical Internacional, organización que representa a más de 168 millones de trabajadores de 155 países, haya manifestado su preocupación porque deseaba que los Ministros de Trabajo “hubieran adoptado un texto que deplore claramente la desigualdad creciente en el mundo del trabajo, pero ellos no lo han hecho”.

3. Vayamos a las conclusiones de la reunión. En primer lugar, se trata cómo combinar el incremento de la expectativa de vida con una mayor participación y presencia en el mundo del trabajo. El documento reitera tesis y propuestas que ya hemos tenido oportunidad de leer ampliamente en documentos anteriores, tanto de la OIT como de la OCDE y de la UE. Se trata de facilitar una diversidad de las formas de empleo, que combinen la adecuada flexibilidad que necesitan las empresas para adaptarse a los cambios económicos con la seguridad que demandan los trabajadores a lo largo de su vida laboral, y de ahí que se haga una nueva llamada para la potenciación del trabajo a tiempo parcial, los horarios flexibles de trabajo, el desarrollo del teletrabajo y cualesquiera otras fórmulas adaptadas a las especificidades de cada país que permitan un justo y adecuado equilibrio del trabajo de hombres y mujeres a lo largo de toda su vida laboral. Obviamente, para conseguir esos objetos se necesita también apostar por puestos y condiciones de trabajo que se ajusten plenamente a las condiciones de seguridad y salud adecuadas, muy en especial en la sociedad del conocimiento donde las condiciones de trabajo adquieren una importancia determinante. Igualmente, la formación a lo largo de toda la vida y la adaptación de las carreras profesionales a las distintas fases de la vida laboral de las personas se manifiesta como fundamental para conseguir el objetivo perseguido, con la necesidad añadida de prestar especial atención a evitar, y en su caso corregir inmediatamente, cualquier discriminación que pudiera producirse por razón de género.

Las conclusiones se refieren en segundo lugar a cuál debe ser la contribución de las políticas de empleo y de mercado de trabajo para abordar la situación de las áreas y de los colectivos de trabajadores vulnerables. Como no podía ser de otra forma, a mi parecer, el documento destaca la importancia de las políticas activas de empleo en el incremento de la participación de la población en el mercado de trabajo, con expresa mención de unos servicios de empleo eficaces, de una protección social adecuada ante situaciones de desempleo, y de políticas formativas a lo largo de toda la vida. Quizás el aspecto más importante de las conclusiones de la reunión de este año sea el acento que se pone en la potenciación de las iniciativas locales de empleo, con la participación de todas las administraciones públicas y agentes sociales implicados, y la conveniencia de acercar la oferta y la demanda de trabajo en el ámbito local. Sigue insistiéndose, al igual que en años anteriores, en que los colectivos vulnerables necesitan especial protección para poder beneficiarse de las potencialidades positivas del proceso de mundialización, y que la intervención pública es necesaria para evitar que se incremente el número de trabajadores precarios y el crecimiento lento o incluso negativo de algunos territorios.

Por último, y por lo que respecta a la posible contribución de los miembros del G8 al reto de la sostenibilidad global, se propone un estudio detallado de cómo impactan los cambios medioambientales en el empleo y qué respuestas hay que plantearse ante el inmediato futuro, facilitar la transición o recolocación de los trabajadores desplazados de unos sectores industriales afectados por el cambio a nuevos empleos en otros sectores, incrementar los entornos de trabajo que se ajusten y respeten las condiciones medioambientales adecuadas, y formar a los trabajadores en las habilidades, aptitudes y conocimientos necesarios para adaptarse a los retos que plantea una economía mucho más medioambiental que en épocas anteriores y que, a no dudar, impactará negativamente en un primer momento sobre algunas actividades industriales intensivas en consumo de productos contaminantes.

4. La importancia de abordar de forma detallada y al mismo tiempo rápida el impacto de los cambios medioambientales, y en especial del cambio climático, en los mercados de trabajo y en las políticas de empleo ha merecido especial atención, como he indicado con anterioridad, en el documento preparado por la OIT para la reunión de Niigata, calificado modestamente por sus autores como “Nota de información” pero que a mi parecer es bastante más que eso, ya que aporta un amplio elenco de reflexiones y propuestas de actuación. Se trata de un documento cuya lectura recomiendo y que trata, por decirlo con sus mismas palabras, “de la transición hacia modos de desarrollo más sostenibles sobre las políticas de empleo y del trabajo decente. Se concentra en particular sobre el cambio climático y la búsqueda de mecanismos que permitan conjugar el crecimiento, la reducción de la pobreza y un desarrollo equitativo, por una parte, y una fuerte reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero por la otra”.

La tesis fundamental del documento es que las políticas de trabajo y de empleo pueden contribuir a facilitar la transición hacia un crecimiento más sostenible potenciando la creación de “empleos verdes”, haciendo más ecológicos los empleos existentes y facilitando la supresión gradual y progresiva de los empleos no sostenibles, debiendo destacarse con respecto a esta situación que un importante estudio realizado por encargo de la OIT sobre el efectos de estos cambios en los países industrializados demuestra que el tránsito hacia una economía sobria en carbono debería implicar un aumento neto en término de empleos creados, pero que ello sería consecuencia del “resultado de profundas mutaciones de los mercados de trabajo, existiendo pérdidas considerables de empleo en algunos sectores, compensadas por un aumento más importante en otros”.

Según la OIT, el recalentamiento del planeta está directamente vinculado a nuestra forma de trabajar y no se pondrá ponerle fin más que cambiándola, y en ese cambio juegan un papel de primera importancia las políticas laborales y la estrecha implicación de las Administraciones Públicas y de los agentes sociales. Y además, que dichas políticas han de llevarse a cabo por todos los Estados miembros en el marco de la Agenda por el Trabajo Decente de 2007 y de acuerdo con sus cuatro objetivos, todos ellos de igual importancia, y que son la aplicación efectiva de las normas de trabajo, en especial de las normas fundamentales de la OIT (a las que he dedicado una entrada anterior en el blog), la creación de empleos más productivos, la prosecución del desarrollo de los regímenes de protección social generalizados y el apoyo al diálogo social entre los diferentes actores. No en vano, cualquier política que se adopte ha de tener en consideración sus repercusiones sobre el empleo y el desarrollo, ya que sólo cuando la ciudadanía, y mayoritariamente los trabajadores afectados, vean resultados favorables como consecuencia de los cambios éstos podrán llevarse a cabo con legitimidad social. Dicho de forma muy gráfica, “será necesario recurrir a toda la gama de políticas de ajustes del empleo para facilitar el cambio e incentivarlo. Será necesario comprender mejor la intensidad, la rapidez y la orientación de los cambios para saber cómo utilizarlos”.

Es importante reseñar qué entiende la OIT por empleos verdes, que pueden interesar tanto a trabajadores cualificados como a otras de media o baja cualificación. Desde una perspectiva técnica restrictiva, se afirma que la mayor parte de los empleos verdes que ya existen o que existirán en el futuro inmediato se concentran en sectores directamente vinculados a la utilización de la energía o a la producción de materias primas, con cita de “la mejora de la rentabilidad energética, particularmente en el sector de la construcción (renovación), de la industria y de los transportes; las energías renovables; la movilidad: los transportes públicos; el reciclaje y la utlización; la utilización sostenible de los recursos naturales como la agricultura, bosques y explotaciones de zonas pesqueras; servicios medioambientales”. Ahora bien, si se utiliza una definición más amplia, la OIT argumenta que dentro de los empleos verdes se podría incluir a todos los nuevos empleos en un sector “cuya huella ecológica es inferior a la media, que contribuye a la mejora de los resultados globales, e incluso si sólo es de una manera marginal”. En cualquier caso, la OIT no se olvida de mencionar la importancia de que esos empleos verdes sean de calidad, ya que algunos de ellos hoy en día se encuentran en muchos países en la economía informal, donde las condiciones de trabajo son extremadamente precarias en muchas ocasiones. Si bien el número de empleos contabilizados, o con previsión de creación en el próximo futuro, no es cuantitativamente muy relevante, ya que se calcula un 3 % de la mano de obra mundial, es decir 100 millones de empleo, la OIT destaca el papel precursor y de impulso que tienen estos empleos en el nuevo mercado de trabajo por su impacto sobre otros sectores y por la generación de empleo indirecto que conllevan.

5. También el Comité Económico y Social de la UE le ha dedicado especial atención al impacto del cambio medioambiental en las políticas industriales y en su efecto sobre el empleo. Buena prueba de ello es un importante Dictamen aprobado en la Sesión plenaria del día 12 de diciembre del pasado año (si bien no se ha publicado hasta el día de hoy en el Diario Oficial) sobre el impacto de las normas medioambientales europeas en las transformaciones industriales, en el que se manifiesta su convicción (el documento sólo tuvo un voto en contra y dos abstenciones) de que “estamos ante una nueva revolución industrial que incluye entre sus prioridades el desarrollo de la calidad de vida y del medio ambiente, e impone un planteamiento nuevo e integrado de la planificación, la producción, el consumo, la conservación y la gestión de los recursos naturales”. El CES apuesta por políticas empresariales que combinen el respeto al medio ambiente con un refuerzo, entre otros aspectos, de la mejora de los niveles de empleo y la disponibilidad de recursos humanos bien formados y cualificados. Es decir, el cambio debe ser favorable tanto para las empresas como para los trabajadores, y habrá que adoptar por parte de los poderes públicos las medidas adecuadas, básicamente de carácter formativo, que permitan la adaptación al cambio, y de ahí el importante papel que los interlocutores sociales deben jugar en este proceso de adaptación. En suma, se trata de apoyar “los esfuerzos económicos, sociales, culturales y de formación que constantemente se les exigen (a los trabajadores) para mantener su competitividad en el mercado”.

Sería conveniente a mi parecer que el nuevo gobierno español prestara especial atención a las preocupaciones ambientales, en especial al impacto de las medidas que se adopten sobre el empleo, en el nuevo marco del diálogo social. Parece que esta petición podría convertirse en realidad si el gobierno sigue de cerca las propuestas contenidas en el documento elaborado por el PSOE poco antes de las elecciones generales con el significativo título “El diálogo y la concertación social en la próxima legislatura”, en donde se argumenta que el cambio climático es un problema global y social, por lo que “los interlocutores sociales tienen un importante papel para contribuir a su solución, convirtiendo el gran desafío que supone, en nuevas oportunidades de cambio y transformación. Los nuevos retos vendrán marcados por tres ámbitos fundamentales para la sostenibilidad: el consumo y la producción, los recursos naturales y la energía”. La inclusión del llamado “progreso sostenible” en el diálogo social se considera oportuno por el PSOE, junto al marco general para un nuevo modelo de crecimiento, el pleno empleo y la calidad del empleo, y las políticas sociales, porque se defiende que es necesario, después de valorar la experiencia del diálogo social de la anterior legislatura, “ampliar los contenidos del diálogo social, enriquecer el diálogo social, vincular con el diálogo social muchas de las políticas a desarrollar por el Gobierno en la próxima legislatura, particularmente las de carácter más novedoso”.

6. Ya he indicado al inicio de esta entrada que el movimiento sindical se ha manifestado de forma crítica con los resultados de la reunión, y que cree además que han sido muy poco escuchadas y tomadas en consideración las argumentadas y detalladas propuestas que presentara pocos días antes del inicio de la cumbre, en un documento en el que se pedía a los Ministros de Trabajo que instaran a sus colegas de Economía y Finanzas, y también a los responsables de los bancos centrales, a tomar las medidas adecuadas para corregir los problemas existentes de falta de transparencia y de eficacia de la regulación de los mercados mundiales de capitales, y también para velar para que las medidas que se adopten y que afecten al mercado de trabajo tiendan a mejorar tanto la calidad como el número de empleos.

Las propuestas sindicales se basan en su convicción, debidamente fundamentada a mi parecer, de que el poder empresarial en un mercado económico globalizado coloca en muchas ocasiones a las organizaciones sindicales y a los trabajadores a la defensiva ante el riesgo o amenaza de la deslocalización, y que ello fuerza también a los gobiernos a adoptar medidas normativas más flexibilizadoras de las condiciones de trabajo, aunque no gocen del visto bueno sindical. El movimiento sindical critica duramente estos planteamientos como también los que piden una reducción de los niveles de protección social, y afirma que “las medidas que tienden a restablecer y desarrollar la eficacia de la Seguridad Social y a extender la protección a todos los trabajadores en el mercado de trabajo no son únicamente necesarias en el plano social, sino que lo son también para el buen funcionamiento de los mercados”, aportando datos que demuestran la inexistencia de causalidad negativa entre las tasas de empleo y la existencia de tasas marginales de imposición elevadas.

El documento pasa revista a los tres temas abordados en la reunión de Niigara y llama en primer lugar a concentrar los esfuerzos en cómo resolver la precariedad de muchos empleos y cómo lograr un adecuado equilibrio entre vida profesional y familiar y envejecimiento. No se manifiesta oposición a las formas flexibles de empleo, pero se pide su voluntariedad, que vayan acompañadas de la debida protección social y que no contribuyan a la discriminación por razón de género, ya sea en el ámbito salarial o de las restantes condiciones de trabajo, poniendo de manifiesto que “un análisis de los datos de 63 países demuestra que, como media, las mujeres perciben una remuneración inferior en un 16 % a la de sus homólogos masculinos”. Dicho en otros términos, “los contratos de trabajo de duración determinada, a tiempo parcial, el reparto del empleo y el teletrabajo deben ser verdaderas elecciones en el marco de los sistemas de protección social, y no deben ser impuestos a personas que se encontrarían desprotegidas en el mercado de trabajo para obtener un empleo acompañado de una protección decente”. Con relación a las políticas de envejecimiento activo, se apuesta por aquellas que favorezcan el mantenimiento de los trabajadores en sus puestos de trabajo en el marco de políticas formativas y de reorganización de los tiempos de trabajo que hagan que esa decisión sea plenamente voluntaria.

El TUAC se muestra conforme con el apoyo a la dimensión local de la política de empleo, siempre que ello no vaya en perjuicio de políticas nacionales adecuadas para el crecimiento del empleo y en la corrección de las desigualdades que todavía existen en muchas regiones de los países del G8. En fin, en relación con el cambio climático y la importancia de los llamados empleos verdes, los sindicatos manifiestan su satisfacción por la inclusión en el orden del día de la reunión, como después manifestaron su decepción por la poca intensidad con que fue abordada esta cuestión, y ponen el acento en realizar un transito gradual entre los modelos productivos, con medidas formativas y de protección social adecuadas para los trabajadores que se vean afectados, con la puesta en marcha de procesos de diálogo tripartito tanto a escala internacional como de cada Estado para crear aquello que se califica como “correlaciones sólidas entre empleo y cambio climático”. El sindicalismo internacional manifiesta que un marco de políticas de empleo debe ser puesto en práctica para que se produzca una transición tranquila en los sectores que pueden verse más afectados, y que debe haber inversiones que posibiliten “la transición en materia de empleos mediante políticas de transferencia de tecnologías, de formación profesional, de educación y de remuneración”.

7. Como puede comprobarse, y con ello concluyo, las políticas de empleo se enfrentan a nuevos retos tanto a escala internacional como estatal, y se ven afectadas además por problemas de índole económica (Ej.: el incremento del precio de los productos de alimentación) que afectan en especial a la población de los países menos desarrollados pero que no “olvidan” a los perceptores de rentas de los países desarrollados y que requieren de una actuación coordinada por parte de todas las instituciones públicas y agentes sociales implicados. Quizás esta reunión del G8 haya sido el punto de partida de la constatación de que la política de empleo es una pieza más, y muy importante, de las políticas que deben conseguir la cohesión y la inclusión social en cualquier país. Esperemos que ello sea así.