Análisis del mapa del nuevo diálogo social en España.

1. Hace ya muchos años tuve oportunidad de estudiar la importancia del diálogo social en la Europa comunitaria, en sus distintas vertientes de participación, negociación y concertación, y defendí su valor como un instrumento básico y necesario para avanzar en la construcción de un modelo racional de relaciones laborales donde se reconociera claramente el papel que las organizaciones sociales debía jugar en su conformación y delimitación, no sólo en el ámbito socio-laboral sino también en el económico. Por ello me satisface extraordinariamente que tras la aprobación del nuevo Tratado de Lisboa de la Unión Europea la versión consolidada de su Tratado de funcionamiento, publicada en el Diario Oficial del pasado día 9, incorpore en el artículo 152 que “la Unión facilitará y promoverá el papel de los interlocutores sociales en su ámbito, teniendo en cuenta la diversidad de los sistemas nacionales. Facilitará el diálogo entre ellos, dentro del respeto de su autonomía. La cumbre social tripartita para el crecimiento y el empleo contribuirá al diálogo social”.

De hecho, la importancia que ahora se reconoce al diálogo social ya había sido puesta de manifiesto en la non nata Constitución europea, como lo demuestra un brillante trabajo de la profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona Helena Ysás Molinero, dirigido por el Dr. Francisco Pérez Amorós, y que es una síntesis obligada, por razones editoriales, de una mucho más extensa memoria de licenciatura a la que se le concedió la máxima calificación académica por la Comisión que tuve el honor de presidir, y en la que se destaca que “el diálogo social europeo ha sido en los últimos veinte años y es en la actualidad uno de los elementos centrales que configuran el llamado modelo social europeo. Se trata de un mecanismo participativo de indudable importancia en la construcción de la Europa Social”.

Ciertamente, el diálogo social en la Europa comunitaria debe tomar como punto de partida el Acta Única Europea que reformó el Tratado de Roma de 1957 y que sentó las bases para la construcción del espacio social europeo, y que tal como destacó en su momento el profesor Miguel Rodríguez-Piñero, la inclusión expresa del diálogo social supuso “un cambio fundamental en la actitud del derecho comunitario hacia el reconocimiento de un espacio colectivo para la autonomía colectiva”.

La referencia a la importancia del diálogo social en el ámbito comunitario me sirve como puerta de entrada al comentario sobre el mapa del nuevo diálogo social que se abre en España a partir del nombramiento del nuevo gobierno como resultado de las elecciones generales del 9 de marzo, en el que incluyo en la última parte algunas ideas propias que podrían inspirar a mi parecer el proceso. Espero que las líneas que siguen ayuden a los lectores y lectoras del blog a situarse ante la nueva realidad negociadora, en el bien entendido que la dinámica social es tan ágil y flexible que con casi toda seguridad habrá que volver en próximas entradas a valorar los resultados del proceso.

2. En su discurso del día 8 de abril, de investidura como presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero remarcó la importancia del diálogo con todos los agentes económicos e hizo un llamamiento concreto a los agentes sociales, a las organizaciones empresariales y sindicales, para la consecución de un nuevo acuerdo económico y social que permita avanzar a España por la senda del crecimiento económico y de la cohesión social, llamamiento que ciertamente se efectúa en una situación económica mucho más compleja que la existente en el año 2004.

En su discurso el futuro presidente defendió que “la política económica del Gobierno irá dirigida a reforzar las capacidades de crecimiento de nuestra economía y lo haremos guiándonos por tres principios esenciales: primero, una política fiscal y presupuestaria cauta y prudente; segundo, una política económica que refuerce la competitividad de nuestro aparato productivo y reduzca de forma paulatina nuestro diferencial de inflación, y, tercero, un diálogo permanente con los agentes económicos que involucre a todos quienes tenemos responsabilidades en el devenir económico de nuestro país”. Al referirse al marco del trabajo, manifestó que “impulsaremos, en el marco del diálogo con los agentes sociales, nuevas reformas en el ámbito laboral y en el ámbito de la Seguridad Social”, y anunció también la promoción de medidas para favorecer las actividades generadoras de empleo, al mismo tiempo que insistió en la importancia de políticas de promoción del empleo femenino y juvenil, y concretó que “articularemos políticas para reducir la temporalidad de nuestro mercado laboral hasta el 25 por 100, que es nuestro objetivo en esta Legislatura”.

Después de estas manifestaciones generales fue cuando el futuro presidente llamó al diálogo social, que justificó tanto por su intrínseca bondad como mecanismo de cohesión social como por la necesidad de aunar esfuerzo y voluntades en una situación económica más preocupante que la de hace cuatro años, un diálogo que debería llevar a un nuevo acuerdo económico y social que aborde todos los problemas que afectan al marco económico y social del país, siendo uno de ellos obviamente el mercado de trabajo. El futuro presidente argumentó que “en los últimos cuatro años hemos sentado las bases para un cambio de modelo de crecimiento de nuestra economía que nos acercara a los países más avanzados del mundo. Los acontecimientos de los últimos meses no sólo hacen este cambio de modelo más necesario, lo hacen más acuciante. Ésa es una tarea que no corresponde sólo al Gobierno, sino a todos los agentes económicos, y sólo puede tener éxito en un entorno de entendimiento, diálogo y colaboración. Por todo ello, nos proponemos establecer un gran Acuerdo Económico y Social que abarque, desde luego, al mercado de trabajo, pero que incluya también a los asuntos que influyen en la competitividad de nuestro tejido productivo; un acuerdo al cual convocaremos de manera inmediata a las organizaciones empresariales y a las centrales sindicales representantes de los trabajadores”. En ese diálogo social deberán estar, desde luego, cuestiones de gran calado como son la política de salario mínimo y las prestaciones sociales, y en este punto Rodríguez Zapatero ya apuntó dos propuestas concretas de su futuro gobierno: “elevaremos el Salario Mínimo a ochocientos euros, desde los seiscientos euros que alcanzamos en la pasada Legislatura, y lo haremos en diálogo con los empresarios y los sindicatos”, y que “es también mi compromiso para la Legislatura aumentar las pensiones mínimas de jubilación con cónyuge a cargo hasta los 850 euros al mes y hasta los 700 euros las pensiones de viudedad para mayores de 65 años”.

La bondad del diálogo social y de la búsqueda del acuerdo con los agentes sociales durante la presente legislatura fue reiterada por el futuro presidente en su nuevo discurso de investidura el día 11 de abril, fecha en la que sería proclamado presidente del Gobierno. Insistió en que el futuro gobierno respondería a los efectos de la crisis mundial sobre la economía española y que lo haría “con urgencia, con medidas de alcance coyuntural y con reformas y medidas a más largo plazo destinadas a dotar a nuestro país del capital humano, físico y tecnológico que necesitamos”. Tras manifestar su convencimiento de que sólo progresan las reformas acordadas, quiso destacar que promovería en el inmediato futuro “un diálogo inmediato e intenso con empresarios y sindicatos para buscar un gran acuerdo que se extienda a cuanto determina la competitividad de nuestra economía, incluido el mercado de trabajo”.

3. Tras la constitución del nuevo gobierno, el miércoles 7 de mayo fue la fecha escogida por el nuevo equipo del Ministerio de Trabajo e Inmigración, dirigido por Celestino Corbacho, para celebrar la preceptiva reunión protocolaria con los agentes sociales, UGT, CC. OO, CEOE y CEPYME. Obviamente, no se entró en ninguna concreción de los contenidos del futuro diálogo social, a la espera de las propuestas del gobierno, habiéndose manifestado por la representación de la parte gubernamental que sindicatos y organizaciones empresariales estaban de acuerdo en que fuera el gobierno quien marcara la agenda y el calendario del proceso de concertación, al que se calificó como una de las prioridades del nuevo gobierno. No obstante, y como destacaré más adelante, sí hay propuestas ya formuladas, siquiera sea de forma genérica, por los distintos agentes sociales y que han hecho públicas durante el último período, y muy en especial a partir de la celebración de las elecciones generales del 9 de marzo.

4. Ahora bien, que el diálogo social es un ámbito de importancia política que excede de las competencias de un Ministerio, y basta con recordar las palabras del presidente del gobierno en sus discursos de investidura para demostrarlo, se manifestó de forma clara y contundente en la intervención del Vicepresidente segundo del gobierno y Ministro de Economía, Sr. Pedro Solbes, en su comparecencia el día siguiente, 8 de abril, en la comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados. Por su interés reproduzco textualmente el breve apartado de la intervención del Ministro dedicado al diálogo social, que demuestra a mi parecer la importancia que se le concede desde el ámbito económico del gobierno:

“En el marco del Diálogo Social, hay que impulsar nuevas reformas en el ámbito laboral y de Seguridad Social. La experiencia de nuestro país pone de manifiesto que el consenso con los agentes sociales es el instrumento más adecuado para diseñar reformas equilibradas y duraderas en estos ámbitos.

En el mercado de trabajo debe profundizarse en la configuración de un modelo que aúne flexibilidad para las empresas y seguridad para los trabajadores.

Este es el modelo de referencia en Europa por las posibilidades que ofrece en el actual contexto de globalización, que exige:

-- Que se ofrezca una adecuada protección a los trabajadores, promoviendo su empleabilidad a largo plazo con más capacitación, formación y orientación laboral y que las empresas dispongan de una adecuada flexibilidad, que garantice su competitividad y favorezca una dinámica de creación de empleo.

-- Avanzar en este modelo exige impulsar reformas, desde una concepción global del mercado de trabajo, que abarquen la legislación sobre empleo, las políticas de protección a los desempleados, las políticas activas y la negociación colectiva.

La reforma de la Seguridad Social debe seguir garantizando la viabilidad financiera del sistema público de pensiones en un escenario de envejecimiento de la población y para avanzar en el perfeccionamiento del sistema.

Para garantizar el equilibrio financiero del sistema a medio y largo plazo debe avanzarse en línea con las siguientes recomendaciones del Pacto de Toledo:

-- Reforzar el principio de contributividad, es decir, lograr una mayor proporcionalidad entre las pensiones y el esfuerzo de cotización realizado.

-- Fomentar la prolongación voluntaria de la actividad laboral más allá de la edad de jubilación de 65 años”.

5. Desde el ámbito político parlamentario, y en lógica sintonía con las propuestas gubernamentales, el grupo socialista del Senado ha presentado recientemente una moción, en concreto el 5 de mayo y que no parece que deba tener problemas para su aprobación, en la que se insta al gobierno “a iniciar los contactos con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, que permitan establecer las bases para el diálogo social a lo largo de la legislatura”. La presentación de esta moción se justifica por los resultados positivos que el diálogo social produjo durante la anterior legislatura para favorecer la competitividad, el empleo estable y la cohesión social, y tras recordar los cambios normativos producidos como consecuencia de ese proceso el grupo socialista concluye su moción afirmando que dicho proceso de concertación social de la anterior legislatura “ha permitido a la sociedad española alcanzar un elevado nivel de crecimiento económico compatible con un impulso sin precedentes a las políticas sociales”.

6. Decía con anterioridad que las organizaciones empresariales y sindicales ya han manifestado sus prioridades sobre los asuntos que deberían estar en la agenda negociadora, con coincidencia en algunos casos y con discrepancias en otros. Por parte de la CEOE, su junta directiva de 11 de abril destacó que la situación económica requiere entrar a debatir cuestiones no estrictamente laborales, aunque ciertamente puedan tener incidencia sobre el empleo, tales como fiscalidad, inversión pública, apoyo a la vivienda, nuevas tecnologías, medio ambiente y energía. Además, ya se ha lanzado una clara advertencia al gobierno y a las organizaciones sindicales sobre la “inconveniencia” de incrementar el salario mínimo interprofesional, tal como propone el gobierno y en mayor medida los sindicatos, y sobre la conveniencia de ajustar las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social para que no actúen como un freno a la posible creación de empleo. La CEOE también apuesta por un impulso decidido de las políticas educativas y formativas que acerquen el mundo de la enseñanza, y señaladamente el de formación profesional, al ámbito de las empresas.

Desde la perspectiva sindical, CC. OO. ha destacado desde hace varios meses la importancia de cambiar la política económica y orientar la inversión pública y privada hacia las actividades de mayor valor añadido, argumentando que el modelo de crecimiento de los últimos años, que a su parecer se ha basado en el incremento de actividades de poco valor añadido y con mucha mano de obra poco cualificada y con bajos salarios, ha quedado agotado. Al mismo tiempo, y dado que se prevé un crecimiento del desempleo en los próximos meses y con impacto especial entre los colectivos más desfavorecidos, CC. OO. llama al gobierno a asegurar la protección por desempleo a todas las personas desempleadas, y a facilitar su reincorporación al mercado de trabajo mediante políticas de orientación y seguimiento individualizadas de su itinerario de inserción. Al mismo tiempo, el sindicato pide que se incrementen los recursos y las líneas de actuación en formación para el empleo y que se desarrolle mejor la normativa sobre movilidad geográfica. Tras criticar que no se hayan desarrollado los compromisos alcanzados en el Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y del Empleo de 5 de junio de 2006 sobre la reforma de los servicios públicos de empleo, CC OO es del parecer que hay que “retomar urgentemente el compromiso del Acuerdo Laboral para discutir del conjunto de los SPE y de las políticas activas de empleo, así como constituir órganos de coordinación del Sistema Nacional de Empleo con presencia de las administraciones públicas y de los agentes sociales, para trabajar todos en la misma dirección”.

Por fin, la UGT, tal como se desprende de los comunicados emitidos tras las elecciones generales y con ocasión de la aprobación por el gobierno del Real Decreto-Ley 2/2008 de 21 de abril de medidas de impulso a la actividad económica, es partidaria de impulsar medidas para reactivar la economía y el empleo a medio y largo plazo. Al igual que CC.OO., la UGT apuesta por un cambio de modelo productivo que potencie la economía del conocimiento y que refuerce políticas tecnológicas e industriales fuertes que consoliden las actividades de mayor valor añadido a largo plazo, ya que sólo será de esta forma, según su parecer, “que se logrará un modelo productivo sostenible basado en un incremento de la productividad, una mejora de la competitividad y más y mejores empleos”. La UGT cree que el crecimiento del empleo en el sector emergente de atención a las personas dependientes, el fortalecimiento de la industria y la mejora de las infraestructuras son medidas que contribuirán a crear empleo y a amortiguar la destrucción de empleo en actividades de bajo valor añadido, defendiendo que “parte del paro que se ha producido en la construcción residencial puede ser absorbido por la construcción de obra civil, infraestructuras y rehabilitación de edificios y zonas urbanas, construcción de viviendas de protección oficial, sobre todo en régimen de alquiler, equipamientos de atención a la dependencia, sanidad y escolarización de niños de 0 a 3 años”.

Con respecto a la política salarial se llama a la adopción en todos los convenios de cláusulas de revisión salarial que garanticen el poder adquisitivo de los salarios, argumentando que ello contribuirá al mantenimiento de la capacidad de consumo de los trabajadores “como elemento reactivador clave de la economía y de creación de empleo”. Por fin, en el ámbito de las políticas de empleo, la UGT llama a un fortalecimiento de las políticas activas de empleo y de los servicios públicos de empleo, considerando como prioritaria en esta nueva fase del diálogo social “la modernización de las políticas activas de empleo y la coordinación de los SPE para ganar eficacia en la intermediación y recolocación de las personas desempleadas, en especial de los grupos más desfavorecidos”. De forma mucho más concreta, la UGT demanda la aprobación, previamente consensuada, de una Ley general de empleo que permita renovar, mejorar y hacer más eficaces las políticas activas de empleo, para lo que deberá disponerse de medios económicos y humanos adecuados.

7. Concluyo este comentario poniendo de manifiesto algunas de las ideas-eje sobre las que podría pivotar, a mi parecer, la nueva fase del diálogo social, básicamente desde mi óptica laboral:

A) Los cambios que se han producido en el mundo del trabajo durante los últimos veinte años han sido muchos y cada vez más rápidos y acelerados. Para transformar la realidad hay que conocerla y no operar con ideas y estereotipos preconcebidos. La sociedad cambia cada día a pasos acelerados, y el mercado de trabajo debe enfrentarse a las nuevas realidades.

B) La política de empleo española ha de elaborarse de acuerdo con las Directrices comunitarias en materia económica y de empleo, señaladamente las elaboradas para el período 2008-2010. Los tres ámbitos prioritarios de los Estados miembros de la UE, y por consiguiente de España, en materia de política de empleo deberán seguir siendo, los mismos que en los años anteriores: posibilitar el acceso, y posterior mantenimiento, de cada vez un mayor número de personas en el mercado de trabajo, combinando el incremento de la oferta de mano de obra con la modernización de los regímenes de protección social; mejorar la adaptabilidad tanto de los trabajadores como de las empresas; en fin, mejorar la enseñanza y las capacidades de las personas, mediante una importante inversión en el capital humano. El desarrollo de estas tres ideas-eje debe llevar a que los Estados miembros, y entre ellos España, fomenten el pleno empleo, la mejora de la calidad y la productividad en el trabajo, y la cohesión económica, social y territorial.

C) Ya hemos desarrollado el marco político constitucional y estatutario, con la transferencia de la gestión de las políticas activas de empleo desde el Estado a las Comunidades Autónomas. Es decir, ha cambiado el mapa territorial del empleo. Por otra parte, hay una creciente implicación de las Administraciones Locales en la aplicación, ejecución y desarrollo de políticas de empleo. Además, la apertura de las tareas anteriormente reservadas de forma exclusiva al Instituto Nacional de Empleo a las entidades colaboradoras, públicas o privadas, tales como las de información, orientación e intermediación, ha implicado la desaparición del monopolio público de la colocación y que cada vez haya más sujetos que intermedian en el mercado de trabajo.

Dado que la gestión de las políticas de empleo está transferida a las Comunidades Autónomas, la política de empleo del gobierno español ha de hacerse en estrecha relación con las autonomías, con una participación activa de la Conferencia Sectorial de Asuntos laborales. Hay que sumar esfuerzos, y nunca restar, en la tarea de creación de empleo y de reducción del desempleo.

D) Ante la difícil situación que se prevé que habrá en el mercado de trabajo español en los próximos meses es necesario reforzar las medidas de protección social, pero en ningún caso ello debe significar que se abdica de un objetivo irrenunciable, cual es la creación de empleo estable y de calidad por medio del impulso a políticas activas de empleo que respondan con rapidez y eficacia a las nuevos retos y realidades del mercado. Es necesaria una política laboral y de empleo que apueste por la implicación del personal en la marcha de sus empresas, así como por una adecuada cualificación profesional constantemente adaptada a los cambios en los procesos y actividades productivas; ambas acciones se configuran como piezas básicas para avanzar en el camino del fortalecimiento de nuevos modelos organizativos empresariales que apuesten por potenciar la calidad y la estabilidad y no la precariedad.

E) Hemos de seguir apostando por potenciar la igualdad de acceso al mercado de trabajo y de condiciones reales de trabajo entre hombres y mujeres. Los documentos comunitarios subrayan que cada vez es más importante la presencia femenina en el mundo del trabajo en los países de la Unión Europea, y que además su nivel educativo es cada vez mayor, pero que sigue habiendo importantes desajustes en la práctica cotidiana, y por consiguiente “si bien los progresos son indiscutibles en términos cuantitativos, es necesario realizar esfuerzos en apoyo del aspecto cualitativo de la igualdad”.

F) La nueva realidad de la inmigración, a la que me he referido en una entrada anterior, de especial importancia en el mercado de trabajo español en el año 2008, es un elemento destacado de diferenciación respecto de nuestro marco de análisis de la realidad económica y social española con respecto a lo que ocurría, no ya hace veinte años sino también a finales de la pasada década, pues difícilmente hubiéramos podido pensar en aquel entonces que los extranjeros (básicamente los ciudadanos extracomunitarios) supondrían cerca del 11 % del total de afiliados a la Seguridad Social al finalizar el mes de abril de este año. Probablemente uno de los retos de futuro más importante, sea garantizar la integración regular y ordenada de todos los inmigrantes en el mercado de trabajo, y dejar ya de debatir si el fenómeno migratorio es positivo o negativo para la realidad económica y social española.