La política de educación y formación en los textos comunitarios de 2006 y 2007 (I).

1. El profesor de la Universidad de Girona Ferran Camas Roda ha publicado recientemente un brillante y riguroso estudio sobre la formación profesional, cuya lectura recomiendo encarecidamente para todas las personas que quieran conocer en detalle el nuevo marco de la formación profesional en el ámbito comunitario y muy en especial en España (“La formación profesional en los ámbitos educativos y laboral. Análisis tras la LO 2/2006, de Educación, y del RD 395/2007 de formación profesional para el empleo”. Editorial Aranzadi, 2007). Se trata, por otra parte, de una recomendación que puedo extender con pleno conocimiento de causa a todas las publicaciones, que son muchas, del profesor Camas, ya que al haber tenido la suerte de trabajar juntos durante quince años conozco sobradamente la valía profesional que atesora y que demuestra, no sólo en su actividad de investigación sino también en toda su actividad docente.

En la introducción de su obra, el autor destaca la importancia de conocer el marco normativo de la formación profesional muy en especial desde la perspectiva del aprendizaje permanente, y enfatiza que se trata de adoptar medidas que permitan cubrir adecuadamente las necesidades tanto de las empresas como de los trabajadores, “ya que cada vez la formación de la población, tanto joven como adulta, será decisiva para mantener el modelo social europeo”. Justamente, el capítulo 1 de la obra está dedicado al estudio de la formación profesional en la Unión Europea, y en las conclusiones del estudio se remarca la importancia de la educación y la formación como factor esencial para la creación de más y mejores puestos de trabajo en la Europa comunitaria, se recuerda la importancia del reconocimiento de las educación tanto formal como informal, y tras un detallado análisis de las normas comunitarias más importantes desde la creación de la Comunidad Económica Europea se subraya que los poderes comunitarios apuestan por potenciar las políticas de formación permanente, en las que cabe destacar dos tendencias: “la potenciación de las acciones de formación en el ámbito empresarial, y su atribución a adultos, más que con la finalidad de satisfacer sus necesidades personal o sociales, con la perspectiva de la empleabilidad”.

La lectura del estudio del profesor Camas ha sido un acicate para estudiar detenidamente los textos más destacados adoptados por las autoridades comunitarias en materia de educación y formación en los dos últimos años, y para extraer las ideas más importantes de los mismos, que son las que expongo, siempre desde mi óptica personal, a continuación.

2. El documento “Modernizar la educación y la formación: una contribución esencial a la prosperidad y a la cohesión social en Europa”, responde a la obligación asumida por las autoridades comunitarias el año 2004 de presentar cada dos años un resumen del desarrollo del programa de trabajo “Educación y formación en el año 2010”, un programa tendente a mejorar la situación de la educación y de la formación profesional en Europa y en el que se ponía de manifiesto la necesidad de combinar los objetivos económicos y sociales en materia de desarrollo educativo, afirmándose de forma contundente que los beneficios de la inversión en educación y formación superan a medio y largo plazo los costes que suponen a corto.

El documento repasa todo lo efectuado desde 2004 y se basa en los informes nacionales presentados por los distintos Estados miembros y adherentes o candidatos, y llega a la conclusión general de que la Estrategia de Lisboa, tanto la originaria de 2000 como la revisada en el año 2005, “constituye un factor que hay que tener en cuenta en la formulación de política nacional en materia de educación y formación”, y valora como positivo que el porcentaje medio del gasto público de la UE en materia de educación haya crecido desde un 4,9 % de 2000 al 5,2 % de 2002, si bien lamenta que no se haya reducido la diferencia con los países competidores en el terreno económico, como Estados Unidos, al tiempo que alerta de la importancia que están adquiriendo también en este terreno las economías emergentes como la China y la India.

En conclusión, el informe destaca que todos los países son conscientes de la necesidad de mejorar las capacidades de las personas, de ofrecer una educación de mayor calidad y con unos niveles de mayor exigencia, y de acercar las tecnologías de la información y la comunicación a la mayor parte de la población.

Como aspectos concretos que se explican con detalle en el documento, cabe destacar en primer lugar la constatación de que la política de aprendizaje permanente avanza, pero que su puesta en práctica sigue planteando problemas, y que son los países nórdicos los que consiguen mayores progresos. Los datos más destacados del Informe son los siguientes: alrededor del 10 % de los adultos entre 25 y 64 años participan en actividades de aprendizaje permanente, un ligero aumento sobre los datos del año 2000; casi el 16 % de los jóvenes abandonan prematuramente el sistema escolar, una cifra todavía muy por encima del objetivo del 10 % fijado para el año 2010; no se ha reducido el porcentaje de jóvenes que siguen teniendo dificultades de competencias de lectura, alrededor del 15 %; en fin, todavía estamos ocho puntos por debajo del objetivo del 85 % de jóvenes que deberían completar la enseñanza secundaria superior entre los 18 y 24 años.

Con respecto al proceso de reforma de la enseñanza superior, el informe destaca la importancia del desarrollo de la llamada declaración de Bolonia, y manifiesta que la mayor parte de países caminan de forma decidida para lograr los objetivos previstos en la misma. Al mismo tiempo, se vuelve a poner de manifiesto la diferencia negativa de la UE en inversión total dedicada la enseñanza superior (que según los datos de 2001 alcanzó sólo el 1,28 %, frente al 3,25 % de EE UU o el 2,5 % de Canadá, y nuevamente los países nórdicos son los que consiguen mejores resultados). El informe alerta de que para igualar la participación de EE UU se requeriría una inversión de 180.000 millones adicionales de euros cada año, o dicho de otra forma “un incremento sustancial de la inversión procedente del sector privado”.

Un desafío importante es el de hacer más atractiva la formación profesional, y ello debe conseguirse tanto mejorando su calidad y las expectativas de acceso al empleo una vez finalizada, como estableciendo pasarelas de acceso a la enseñanza superior. Igualmente preocupa la situación de las personas poco cualificadas, alrededor de 80 millones en la UE, y se apuesta por la adopción de medidas que faciliten el incremento de sus tasas de actividad laboral y que promuevan, vía educativa, su inclusión social. En fin, no menos importante, y el informe constata que no se ha avanzado en este terreno desde 2004, es garantizar “que los alumnos salen de la enseñanza secundaria con los conocimientos y las competencias que necesitarán como ciudadanos europeos”.

En definitiva, la conclusión del documento comunitario es que hay que acelerar el ritmo de las reformas para asegurar una contribución más eficaz a la estrategia de Lisboa y al fortalecimiento del modelo social europeo, y que las inversiones deberían concentrarse en los ámbitos que ofrecen rendimientos económicos y sociales más elevados y que combinan adecuadamente eficacia y equidad, con un referencia expresa a la potenciación de la inversión en enseñanza primaria porque “reviste una importancia crucial para prevenir el fracaso escolar y la exclusión social, y para sentar las bases del aprendizaje complementario”.

En el ámbito europeo se sigue apostando, entre otras medidas propuestas, por lograr un acuerdo sobre el marco europeo de cualificaciones y sobre las competencias claves para el aprendizaje permanente, y por impulsar los trabajos sobre la calidad de la educación del profesorado. Y todo ello, desde la perspectiva de que las responsabilidades deberían repartirse y distribuirse entre todas las partes interesadas y a todos los niveles territoriales.

3. La Decisión Nº 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente, tiene por finalidad la puesta en marcha de un programa de aprendizaje permanente que contribuya al desarrollo de la Comunidad para su crecimiento más sostenible y con mayor cohesión social. Su valor añadido radica en las posibilidades que abre para estimular el intercambio, la cooperación y la movilidad entre los sistemas de educación y formación dentro del ámbito comunitario, “de forma que se conviertan en una referencia de calidad mundial”.

La definición de aprendizaje permanente que realiza la norma es la siguiente: todas las actividades de educación general, educación y formación profesional, educación no formal y aprendizaje informal emprendidas a lo largo de la vida, que permitan mejorar los conocimiento, las aptitudes y las competencias con una perspectiva personal, cívica, social y/o laboral. Incluye la prestación de servicios de asesoramiento y formación.

Los objetivos específicos del programa se listan exhaustivamente en el artículo 1.3, siendo uno de los más importantes a mi parecer el refuerzo de la contribución del aprendizaje permanente a la cohesión social, la ciudadanía activa, el diálogo intercultural, la igualdad entre hombres y mujeres y la realización personal. No menos importante, desde una perspectiva social, me parece el objetivo de que el programa cree un sentimiento de ciudadanía europea que se base en la comprensión y el respeto de los derechos humanos y de la democracia, así como del fomento de la tolerancia y del respeto hacia otros pueblos y otras culturas.

4. En las Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, sobre eficiencia y equidad en educación y formación, se apuesta de forma clara y decidida por considerar la educación y la formación como una inversión prioritaria para el futuro, en cuanto que se trata de factores esenciales que contribuyen a la democracia, la cohesión social y al crecimiento sostenible. Se alerta sobre los riesgos de fractura social que las desigualdades en los sistemas educativos y formativos pueden provocar, con costes económicos (además, obviamente, de los sociales) que pueden ser muy superiores a las inversiones que hubieran podido realizarse para mejorar la calidad de tales sistemas, y se valora la mejora y fortalecimiento de la educación y la formación para la ciudadanía como una vía adecuada para reducir “los riesgos de desempleo, exclusión social y potencial humano en una economía moderna basada en el conocimiento”.

De especial interés son, a mi parecer, dos tesis contenidas en las conclusiones. De una parte, la importancia de mejorar el acceso al segundo ciclo de la enseñanza secundaria y la reducción de los índices de abandono escolar resultan esenciales para mejorar la empleabilidad de las personas y para reforzar la cohesión social De otra, la apuesta por la mejora de las cualificaciones de las personas adultas, ya que en una sociedad basada en el conocimiento y ante un proceso de rápido cambio tecnológico, es del todo punto necesaria, y mucho más en una estructura demográfica donde la importancia de la población madura o de edad avanzada será cada vez mayor, y por ello comparto plenamente la tesis comunitaria de que “a corto plazo, plantearse como objetivo inversiones para actualizar y ampliar las calificaciones y competencias existentes de los trabajadores es una forma rápida de contribuir al crecimiento económico y a la competitividad, y de no fomentar la jubilación anticipada de la mano de obra de más edad”.

En fin, no menos importante es la petición que las autoridades comunitarias efectúan a los Estados miembros para que dediquen una financiación adecuada para garantizar la calidad y la eficiencia del sistema educativo, con especial atención para adoptar medidas que corrijan las desventajas sociales existentes.