1. Los días 30 de
noviembre y 1 de diciembre se celebra el Seminario anual que organiza la RedEuropea de lucha contra la pobreza y la exclusión social en el Estado Español(EAPN-ES), que lleva por título “RE-Construyendo: La
incidencia política para el cambio social y
la mejora de las políticas sociales en España y en Europa en contexto Covid-19”.
El primer día está dedicado, con dos ponencias y tres mesas de debate, a la
reconstrucción de las políticas sociales y al sistema de inclusión y el Tercer
Sector de Acción Social (TSAS), en los
servicios públicos de interés general. El segundo, a las políticas pública en
la lucha contra la pobreza, con seis talleres dedicados, en un bloque, a
financiación, educación y garantía de ingresos, y en otro a sanidad, vivienda y
empleo.
En la presentación
del Seminario se explica que “está dedicado a la gobernanza multinivel, al
papel que tiene el Tercer Sector en las políticas públicas y a la reformulación
de las políticas sociales en un contexto de crisis provocada por la Covid-19.
En primera instancia, el Seminario aborda aquellas políticas marco que sirven
de orientación y guía para hacer efectivos los cambios sociales que permitan
mejorar la vida de las personas. Para ello, las políticas y estrategias
nacionales deben estar alineadas con instrumentos internacionales. Cómo engarza
la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y Exclusión
Social con la Agenda 2030, el Pilar Europeo de Derechos Sociales o la
Estrategia 2020 será un tema de análisis en el Seminario Anual de este año.
Además, se profundizará en qué consisten estos instrumentos, cuál es su
aplicación práctica o cómo se implementan en el ámbito local”.
Recordemos aquí que
en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española,
una de las “Diez políticas palanca de reforma estructural para un crecimiento
sostenible e inclusivo” es la dedicada a “Nueva economía de los cuidados y política
de empleo”, en la que tras un breve repaso de la situación de nuestro mercado
de trabajo y del impacto negativo provocado por la Covid-19, se defiende que “es
imprescindible articular un plan específico que vuelva a situar a las personas
en el centro de la economía, poniendo en valor lo que puede aportar cada
generación al conjunto de la sociedad y asegurando que nadie queda atrás ni al
margen de la sociedad, y valorando adecuadamente las tareas de cuidados y los
servicios sociales, así como el potencial de generación de empleo que supone”. A
dicha medida se dedicará el 5,7 % del presupuesto total del plan en los
próximos tres años.
Hay tres medidas
generales que se proponen, también necesitadas lógicamente de un concreto desarrollo
posterior, que se conceptúan como “nuevas políticas públicas para un mercado de
trabajo dinámico, resiliente e inclusivo, fundamentadas en tres pilares”, y que
guardan directa relación con el programa de gobierno pactado por PSOE y Unidas
Podemos el 30 de diciembre de 2019 (a algunas de ellas se refirió la Ministra
de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en su discurso de clausura del XXX
Congreso de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social celebrado los días 26 y 27 de noviembre, enfatizando la importancia de
un trabajo estable, digno y con derechos) y que son las siguientes:
“- Atajar
problemas estructurales de nuestro mercado laboral: introducir de manera
permanente mecanismos de ajuste interno de las empresas ante shocks (ERTE), que
se nutran de la experiencia acumulada durante el periodo de la pandemia, y que
permitan preservar el empleo ante shocks adversos para la economía. Asimismo,
se tomarán medidas para reducir la excesiva temporalidad y la precariedad laboral,
y se simplificarán los tipos de contratos laborales disponibles.
- Reforma profunda de las políticas activas de
empleo, desarrollando nuevos instrumentos para la integración y activación de
trabajadores, adecuando las intervenciones a las realidades específicas del
mercado de trabajo y de los demandantes de empleo, y mejorando la conexión con
las necesidades empresariales mediante la creación de un Fondo para la
generación de nuevo empleo, incorporando de manera permanente la evaluación de
las estrategias de inserción y reinserción laboral de los servicios públicos de
empleo;
- Impulso a las políticas de inserción laboral
articuladas en torno al despliegue del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que servirá
para lograr un mercado de trabajo más inclusivo, y ágil en todos sus segmentos.
Con la colaboración de las comunidades autónomas y las entidades locales, se
pondrán en marcha “itinerarios de inclusión” adaptados a los diferentes
perfiles de vulnerabilidad de los beneficiarios del IMV, y cuyo diseño
permitirá su monitorización y evaluación permanente. Los resultados obtenidos
sobre el éxito de estos itinerarios de inclusión servirán también para informar
el rediseño de las políticas activas de empleo”.
2. La importancia
de un trabajo estable, digno y con derechos ha sido un punto de referencia en
todAs las normas y documentos elaborados por el máximo foro mundial en materia sociolaboral,
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), siendo de especial interés para
su conocimiento el Informe de la Comisión de Expertos en aplicación de
Convenios y Recomendaciones (Informe III, parte B) presentado en la Conferencia
Internacional del Trabajo celebrada(ya virtualmente) en junio de 2019, y que
mereció mi atención detallada en la entrada “Las nuevas propuestas de la OIT(antes de la crisis) para la promoción del empleo y el trabajo decente. Notasal Informe presentado a la 109º reunión anual de la CIT”.
El Informe parte
de una noción, concepto e idea en la que viene trabajando la OIT desde hace
mucho tiempo y que cada vez adquirirá mucho mayor importancia, y más ante la
gravedad de la situación actual, y que ha ido siendo incorporada, al menos en
el plano teórico, en las políticas puestas en marcha por buena parte de sus
Estados miembros: se trata de promover y lograr “el pleno empleo, productivo y
libremente elegido por medio de la adopción de una política nacional de empleo
y trabajo decente integral e inclusiva que tenga en cuenta los distintos grupos
en la sociedad, así como los cambios profundos y radicales en el mundo del
trabajo”.
El informe dedica
un primer bloque a la adopción de la que denomina una política nacional de empleo
“integral e inclusiva”; una política que debe combinar políticas económicas y
sociales que a la par que promuevan la promoción del empleo sirvan y sean
útiles también para enfrentarse a la pobreza y mejorar las condiciones de vida
del conjunto de la ciudadanía, tratándose pues de una política de empleo que al
mismo tiempo que se integra en políticas económicas globales abarca y comprende
todas las problemáticas específicas de los diversos colectivos (el mundo del trabajo,
recordémoslo, es cada vez más diverso y diversificado, incluyendo tanto el
trabajo formal como el informal, ya que este último es el predominante en
muchos países), y que debe prestar especial atención, se insiste repetidamente
y con pleno acierto, en la integración de la dimensión de género en todas las
medidas que se adopten.
Me parece
importante destacar, por su directa relación con el encuentro anual de EAPN-ES,
que la referencia a “colectivos desfavorecidos” en el Informe deja bien clara y
manifiesta la importancia cuantitativa y cualitativa de los mismos: “los
jóvenes, los trabajadores de edad avanzada, las personas con discapacidad, las
personas que viven con el VIH o el sida, los trabajadores a domicilio, los
trabajadores domésticos, los trabajadores migrantes, las minorías raciales y
étnicas, los pueblos indígenas y tribales, los trabajadores rurales y los
trabajadores de la economía informal”, así como también que los debates sobre
el futuro del empleo y el trabajo decente (y mucho más, añado ahora por mi
parte cuando salgamos de la grave crisis que estamos viviendo) seguirán siendo
absolutamente necesarios ante los cambios tecnológicos, demográficos y
medioambientales, integrándolos todos ellos con una clara e indubitada
dimensión o perspectiva de género.
En esta misma
perspectiva se sitúa la declaración final adoptada el 21 de noviembre tras la celebración de la denominada “Economía
de Francisco”, de la que se explica en la página web del Vaticano que “Poner en marcha un proceso de cambio global para practicar una economía
diferente, más justa, inclusiva y sostenible, sin dejar a nadie atrás: es el
objetivo de la Economía de Francisco, evento internacional impulsado por el
Papa, que tiene lugar del 19 al 21 de noviembre, centrado en temas como el
trabajo, la finanza, la educación y la inteligencia artificial”, que ha reunido
virtualmente a más de 3.000 jóvenes de 120 países de los cinco continentes, en
cuyo carta de presentación el Papa instaba a jóvenes economistas y empresarios
del mundo, a “estudiar y practicar una economía diferente, la que hace vivir y
no mata, que incluye y no excluye, que humaniza y no deshumaniza, que cuida la
creación y no la depreda” con el objetivo de poner en marcha “un nuevo modelo
económico, fruto de una cultura de comunión, basado en la fraternidad y la
equidad”.
En dicha
declaración se pide, entre otras peticiones cuya lectura recomiendo encarecidamente,
y “en nombre de los jóvenes y de los pobres de la tierra”, que “nunca se
vuelvan a usar ideologías económicas para ofender y descartar a los pobres, a
los enfermos, a las minorías y los desfavorecidos de todo tipo, porque la
primera ayuda a su indigencia es el respeto y la estima de sus personas: la
pobreza no es una maldición, es solo una desdicha, y no es responsabilidad de
los pobres”; que “el derecho al trabajo digno para todos, los derechos de la
familia y todos los derechos humanos sean respetados en la vida de cada empresa
para cada trabajadora y cada trabajador,
garantizados por las políticas sociales de cada país y reconocidos a
nivel mundial con un estatuto compartido que desaliente las opciones empresariales
orientadas solo al lucro a costa de la explotación de los menores y los más
desfavorecidos”; y que “las organizaciones económicas y las instituciones
civiles no estén tranquilas hasta que las trabajadoras no tengan las mismas
oportunidades que los trabajadores, porque las empresas y los lugares de
trabajo sin una adecuada presencia del talento femenino no son lugares plena y
auténticamente humanos y felices”.
La declaración también
pide que “se active una comunión mundial de las tecnologías más
avanzadas para que también en países de bajos ingresos se puedan realizar
producciones sostenibles; se supere la pobreza energética ‒fuente de disparidad
económica, social y cultural‒ para lograr la justicia climática”. Una tecnología,
que bien utilizada es sin duda un gran beneficio para toda la sociedad, pero
que en manos de unas pocas corporaciones transnacionales puede llegar a devolver
a gran parte de la ciudadanía a un modelo de sociedad que se diferencia poco
del siglo XIX por lo que respecta a la condiciones de desigualdad, tal como
explica de manera brillante y exhaustiva la profesora emérita de la Universidad
de Harvard Shoshana Zuboff en su libro “La era del capitalismo de la vigilancia”,con el significativo título de “La lucha por un futuro humano frente a lasnuevas fronteras del poder”
y del que podemos encontrar una excelente síntesis en el artículo del profesor
Ignasi Beltrán de Heredia “La pandemia, monos aporreando teclados y reaccionesfrente a lo que no tiene precedentes”
Me quedo ahora con una frase muy gráfica con la que profesora Zuboff explica las
desigualdades existentes: “Ahora disponemos de las herramientas para captar
bien la destructiva complejidad de la colisión a la que aquí me estoy
refiriendo: lo que nos resulta insoportable es que las desigualdades
económicas y sociales han vuelto a las antiguas pautas feudales
preindustriales, pero nosotros, las personal, no”, y que “… nos sabemos
merecedores de una dignidad y de la oportunidad de vivir una vida eficaz”.
La preocupación por
un empleo estable, digno y con derechos también se encuentra presente en el Proyectode Informe Conjunto sobre el empleo 2021,
presentado por la Comisión Europa el pasado 18 de noviembre con ocasión de la
presentación de los documentos con los que se inicia el, este año excepcional,
semestre europeo, y que debe ser aprobado en la reunión del Consejo de marzo de
2021. Destaco algunos de sus mensajes clave:
“La aplicación del
pilar europeo de derechos sociales es fundamental para garantizar que la
recuperación sea justa e inclusiva. Los principios del pilar, en las tres
dimensiones de igualdad de oportunidades y acceso al mercado laboral,
condiciones de trabajo justas y protección social, salud e inclusión, deben
guiar el diseño de medidas políticas en apoyo de los trabajadores y los
hogares. La lucha contra los efectos de la pandemia, así como la preparación de
la recuperación, requiere el fomento de la capacidad de recuperación social y
la convergencia ascendente poniendo a las personas en el centro. Las
Directrices para el empleo recientemente aprobadas integran orientaciones
específicas destinadas a mitigar el empleo y el impacto social de COVID-19 y
proporcionan a los Estados Miembros orientaciones concretas sobre la manera de
modernizar las instituciones del mercado de trabajo, la educación y la
formación, así como los sistemas de protección social y de salud, con miras a
hacerlos más inclusivos y justos. También incorporan nuevos elementos que
reflejan las prioridades de la Unión, en particular en lo que respecta a las
transiciones digitales y ecológicas socialmente justas. Convertir los desafíos
climáticos y ambientales en oportunidades, y hacer que la transición sea justa
e inclusiva para todos, es un objetivo clave del Acuerdo Verde Europeo”.
La adaptación de
las condiciones de trabajo ha pasado a ser fundamental durante la pandemia y
seguirá siéndolo después, lo que exigirá inversiones en el lugar de trabajo y
reformas para aumentar la disponibilidad de acuerdos de trabajo flexibles.
Muchos Estados Miembros han adaptado sus condiciones de trabajo, incluso
ampliando el uso del teletrabajo, prestando especial atención a la protección
de los trabajadores vulnerables. Durante la emergencia sanitaria, el
teletrabajo ha demostrado ser muy importante para garantizar la continuidad de
las actividades, al tiempo que ofrece opciones más amplias para hacer frente a
las necesidades de atención adicional. Sin embargo, también puede entrañar
riesgos, incluidos los relacionados con el bienestar ocupacional, físico y
mental de los teletrabajadores que trabajan desde el hogar. En perspectiva, la
pandemia llevará a replantearse la organización de los lugares de trabajo y el
equilibrio entre el trabajo y la vida privada. Existen diferencias en el
contenido y la cobertura de las reglamentaciones nacionales relacionadas con el
teletrabajo, incluso en lo que respecta a la promoción de las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC) con ese fin. Sobre la base de las
prácticas nacionales existentes en materia de negociación colectiva, los
Estados Miembros deberían velar por que los entornos de trabajo sean seguros y
estén bien adaptados, y por que se disponga ampliamente de modalidades de
trabajo flexibles, a fin de equilibrar el trabajo, la familia y la vida
privada. También es necesario prestar más atención a la mejora de las
condiciones de trabajo de los trabajadores en situaciones vulnerables y a la
atracción de los que realizan trabajos no declarados al empleo estructurado. La
pandemia también ha puesto de manifiesto la escasez de ciertas profesiones
sanitarias y la necesidad de adaptar o mejorar sus condiciones de trabajo y sus
aptitudes.
Las políticas
activas del mercado de trabajo son fundamentales para apoyar los ajustes del
mercado de trabajo tras la crisis de COVID-19. Los Estados miembros entraron en
la crisis del empleo con diferentes tasas de cobertura de las políticas activas
del mercado de trabajo (PAMT). Apoyar las transiciones fluidas del mercado
laboral, al tiempo que se previenen los riesgos de una mayor polarización de
las competencias es esencial para el crecimiento inclusivo. Esto es
especialmente importante para los Estados miembros con tasas de desempleo de
larga duración todavía elevadas, que probablemente se verán agravadas como
consecuencia de la crisis de COVID-19. Los Estados miembros han modificado los
marcos existentes o han introducido nuevos sistemas de PLA para responder mejor
a las condiciones del mercado de trabajo, promover el empleo así como la mejora
y la reconversión profesional, a menudo con el apoyo del Fondo Social Europeo.
Ahora podrían tener la posibilidad de combinar los fondos de la política de
cohesión con la financiación del Servicio para la Recuperación y la Resistencia
a fin de seguir promoviendo PLA específicas, incluidas las medidas de mejora de
la capacitación y la readaptación profesional”.
3. La organización
me ha invitado a ser ponente del taller dedicado a la política de empleo, y
desde aquí, al igual que ya lo hecho por vías más directas, les agradezco su invitación,
que al mismo tiempo me anima a seguir reflexionando sobre las políticas de
empleo, con especial atención a las personas que tienen más necesidad de
soporte por parte de los poderes públicos para entrar y permanecer en el mundo
del trabajo, y también quienes necesitan de mayor cobertura en términos de
protección social cuando no pueden permanecer en aquel. Conozco bien la
actividad de las entidades del TSAS, en especial en Cataluña por mi condición
de miembro del Consejo Asesor de la “Taula d’Entitats del Tercer Sector Socialde Catalunya
y por ello puedo valorar el trabajo que desarrollan para fortalecer la cohesión
social en nuestra sociedad, más especialmente en momentos de grave crisis
social, consecuencia no sólo de la crisis sanitaria sino también de determinada
opciones de política económica, que vivimos en la actualidad.
La definición y
conceptualización de colectivos prioritarios o vulnerables debe lógicamente efectuarse a partir del marco
normativo estatal y autonómico, teniendo presentes las diferencias existentes a
los efectos de definición de cada uno de aquellos, que además están regulados
en normas diferentes (Ley de Empleo y Ley de Empresas de Inserción, por poner
los dos ejemplos más significativos), si bien es cierto que los primeros pueden
tener muchos puntos de conexión con los segundos por las dificultades con las
que también se encuentran al intentar incorporarse, o en su caso permanecer, al
mercado laboral, pudiendo encontrarnos ante una realidad laboral en la que, a
pesar de la presencia en el mundo del trabajo como personas trabajadoras
ocupadas, no se salga de la pobreza; algo, que nos debe hacer pensar, y mucho,
que en las políticas de empleo en general, e igualmente en las de integración
socio-laboral de colectivos vulnerables, no basta sólo con tener presente dicha
inserción, es decir, el número o la cantidad de personas, sino también la
calidad del trabajo y las posibilidades reales de disfrutar de un trabajo
decente y de una vida digna.
4. Deseo subrayar
que he seguido con mucha atención, por su indudable interés, los informes
anuales que elabora EAPN-ES, de los años 2017, 2018 y muy especialmente al de 2019.
en las entradas “Sobre la pobreza y lasmedidas necesarias para su erradicación, con especial atención al ámbitolaboral. Del día internacional de las Naciones Unidas para la erradicación dela pobreza (17 de octubre) a la Resolución del Parlamento Europeo (24 deoctubre de 2017) sobre las rentas mínimas”
, “Sí hay pobreza laboral
, “¿Sigue siendo el trabajo un antídoto contra la pobreza y la exclusión? (II)”
,
y
“Empleo y pobreza, o de como un mal trabajo no permite salir de la pobreza, ysobre la necesidad de políticas integrales de apoyo a los ingresos y activas demercado de trabajo. (Notas al 9º informe EAPN y al informe de la OIT sobre lapromoción del trabajo decente)”.
Recupero a continuación
algunos fragmentos del texto dedicado al informe de 2019, es decir el elaborado
con anterioridad al inicio de la crisis sanitaria actual, en el que ya se ponían
de manifiesto los problemas existentes en el mundo laboral para los colectivos
desfavorecidos (“vulnerables” es otro de los términos que más frecuentemente es
utilizado) y que se ha incrementado durante el año 2020.
“Su aportación de
datos sobre la relación entre empleo, o mal empleo más exactamente, y pobreza
pone de manifiesto, lo está haciendo desde hace varios años, que tener un
trabajo, aun siendo importante, no es el antídoto contra una situación
económica que no permite a la persona trabajadora subvenir adecuadamente a sus
necesidades personales y, cuando la tuviera, a las de su familia.
El documento
cuestiona seriamente, con datos estadístico, la tesis de que existe una
relación directa entre más empleo y menos pobreza, y sigue manteniendo la tesis
de que “no cualquier trabajo protege de la pobreza”. ¿Razón de esta
argumentación? Pues que si el crecimiento económico experimentado desde 2014 ha
permitido reducir sensiblemente la tasa de desempleo según la Encuesta de
Población Activa (24,4 % en 2014, 15,2 % en 2018) la tasa de pobreza entre las
personas con trabajo se ha mantenido “extraordinariamente estática”, alrededor
del 14 %.
¿Algo tendrán que
ver las condiciones de trabajo? Pues sí, y aunque no le corresponde al informe
adentrarse en el estudio detallado de estas sí apunta, con acierto, tres
elementos que influyen: el menor número de horas trabajadas, o dicho de otra forma
el incremento de personas trabajando a tiempo parcial (TTP); la reducción del
valor del trabajo, o dicho de otra forma la escasa remuneración salarial; y el
tiempo de duración de los contratos, o dicho de otra forma su cada vez mayor
reducción para un gran número de ellos ya que repárese en que un elevado número
no supera los dos meses de duración según los datos oficiales del Servicio
Público de Empleo Estatal, siendo los datos disponibles con los que ha
trabajado el Informe que la duración media de los contratos era de 55 días en
junio de 2012 y se ha mantenido, o más exactamente se ha reducido ligeramente,
en junio de 2018, fecha en la que era de
51 días.
¿Afectan a unos
colectivos mucho más que a otros las situaciones de precariedad? Sí, en especial
a los jóvenes (desde 16 hasta 29 años) y a las mujeres. Los datos del TTP ponen
de manifiesto una mucha mayor presencia entre el colectivo juvenil (50,7, 35,2 y
19,4 % en las franjas de 16 a 19, 20 a 24 y 25 a 29 años) frente al total (14,6
% siempre con datos de 2018), y entre la población femenina (24,0 % frente al
6,8 % masculino). Un dato a destacar es el importante incremento experimentado
por el TTP durante los años de la crisis (2008 a 2013), que no se compensó por
una importante disminución de este (sólo fue muy limitada) a partir de la
recuperación.
El número de horas
trabajadas, y por supuesto la duración de la contratación, tiene importante
repercusión en las rentas obtenidas por esas personas y supone una afectación
negativa al cómputo de la ganancia media por trabajador (es conveniente aquí
acudir a los informes anuales sobre estructura salarial en España que elabora
el Instituto Nacional de Estadística, o para el ámbito europeo los datos de
Eurostat), como se pone de manifiesto en el Informe 2019 cuando se procede a su
comparación con el crecimiento del Índice de Precios al Consumo en el mismo
período. Así, si la ganancia media pasó de 22.899 a 23.643 € entre 2011 y 2018,
un 3,3 %, el IPC creció en un 8,1 %, es decir supuso “una pérdida del poder
adquisitivo cerca a los cinco puntos porcentuales”. Si concretamos más los
datos y distinguimos entre población pobre y no pobre, siendo la renta media de
las primeras de 3.794 € y la de las segundas de 13.503 €, el incremento del IPC
ha significado que “desde el año 2008 las personas pobres han perdido un 10,7 %
de su capacidad adquisitiva y la de los no pobres se ha reducido en un 3,7 %”.
En suma, y tal
como se concreta en el informe monográfico sobre la población pobre, “una de
cada tres personas pobres, mayores de 15 años, trabajan, es decir disponen de
un empleo remunerado, pero cuyo salario no les permite disponer de los recursos
necesarios para satisfacer sus necesidades básicas”. Por tanto, siendo cierto
que “si no se trabaja, las posibilidades de pobreza son altas”, no lo es menos
que “si se trabaja, no siempre es posible evitar ser pobre”, algo que vuelve
nuevamente al Informe a formular la necesidad de una reflexión sobre “la
importancia del contexto normativo y las condiciones contractuales del trabajo
que se dan en la actualidad”.
Si es preocupante
la tasa de pobreza entre la población ocupada, lo es mucho más entre la
población desempleada, que alcanza el 46,8 % en 2018, dato que cuestiona la
eficacia de los sistemas de protección social para dar cobertura adecuada a las
personas que lo necesitan, aun y siendo positivo a mi parecer el incremento
experimentado en los últimos dos años de las prestaciones contributivas y la
consiguiente disminución de las asistenciales, aun cuando no debe olvidarse por
supuesto el importante número de personas que, bien por no haber accedido a un
empleo (en su gran mayoría jóvenes), bien por no cumplir los requisitos para
poder acceder a alguna prestación, quedan fuera del circuito protector, sin
perjuicio de su posible (y muy limitada cobertura, salvo en las Comunidades
Autónoma del País Vasco y de Navarra) de las rentas autonómicas de ingresos
mínimos.
Un dato relevante
que se pone de manifiesto en el informe es que la disminución de la tasa de
pobreza entre las personas desempleadas no significa necesariamente una mejora
de sus condiciones de vida, ya que buena parte de esa reducción deriva del pase
a la inactividad (por agotamiento de las prestaciones, por desesperanza de
encontrar un empleo), con lo que el porcentaje o tasa de pobreza se incrementa
entre las personas inactivas, desde el 23,4 % de 2013 hasta el 28,3 % de 2018. Otra posibilidad a considerar, y que desde
luego ha encontrado respuesta positiva al menos hasta hace tres años, variando
ligeramente a partir de entonces, es que la reducción de la tasa de pobreza de
las personas desempleadas se haya debido al regreso a sus países de origen de
población extranjera, y en su gran mayoría, para este supuesto,
extracomunitaria, dato que el informe considera relevante porque “como se ha
mostrado en informes anteriores, la enorme reducción de la población extranjera
se ha producido casi en su totalidad entre el grupo de personas más pobres”.
Algo que por ser
suficientemente conocido no deja de ser necesario recordar es que cuanto mayor
es el nivel formativo de las personas menor es su tasa de pobreza, 9, 3 %
frente al 20, 6 % del total de la población. En cualquier caso, y tal como
destaca el informe, las tasas “con pequeños altibajos, se mantienen constantes
desde el año 2014. Para ellas, la reducción de este año ha sido de cuatro
décimas, con lo cual, su tasa se mantiene más de dos puntos por encima de la
del principio de la década y, desde el inicio de la fase de crecimiento macroeconómico,
en 2014, acumulan una reducción de nueve décimas”.
5. El X Informe se ha publicado muy recientemente, y sin duda
merecerá especial atención durante el Seminario. Es lógico que, dada la situación de incertidumbre
económica y social que vivimos, el Informe sea prudente en cuanto a reseñar los
efectos que la crisis derivada de la pandemia de la Covid-19 ha tenido sobre la
población más desfavorecida, si bien ya apunta que será muy relevante, y añado
por mi parte que si el sistema de protección social no se hubiera visto
reforzado tal como he hecho el actual gobierno, hubiera sido muy superior. Así,
puede leerse que “… no es posible saber exactamente en cuánto ha aumentado la
pobreza y vulnerabilidad por efecto de la crisis generada por la covid-19, cuya
inmediatez, velocidad y dureza es, todavía, extrema. Sin embargo, la
experiencia de atención directa a personas usuarias de las entidades que forman
la EAPN, unida a la exploración de las consecuencias sobre la pobreza y
exclusión que tuvo la intensa contracción económica registrada entre los años
2009 y 2013, obligan a considerar los últimos datos como un mínimo muy por
debajo de la realidad. Con toda probabilidad, cuando se conozcan, los guarismos
serán superiores; sin embargo, no serán más que una constatación estadística
que vendrá a acentuar la percepción del escenario, ya grave, que dibujan los
datos actuales”.
Desde una reflexión
de alcance más general en el tiempo, desde el inicio de la crisis económica de
2008, y que se ha venido repitiendo en informes anuales anteriores, se pone de
manifiesto que “se constata la desigualdad en el reparto de las consecuencias
de la crisis económica, tanto en términos de personas como de territorios.
Durante la época de crisis -primera mitad del periodo-, las personas más pobres
sufrieron un desgaste acelerado de sus condiciones de vida que el período
posterior de recuperación macroeconómica solo pudo compensar parcialmente y de
forma mucho más lenta que para el resto de la población. Respecto al sexo, la
tendencia al deterioro de la situación de las mujeres con respecto a la de los hombres
aparece en muchos indicadores. Son enormes las diferencias de género que se verifican
en el mercado laboral mostrándose también, con diferente intensidad, en la
medición de las condiciones de vida. Con respecto a los territorios, las
diferencias en AROPE entre las regiones del norte de España y las del sur son
muy elevadas y, entre los casos extremos, se triplican”.
El impacto social de
la pandemia, que será objeto de especial atención en el Seminario, ha sido ya ampliamente
analizado por un equipo de trabajo plurisdiciplinar de FUNCAS
dirigido por el profesor Carlos Ocaña. Director general de la Fundación, en el
informe “Impacto social de la pandemia en España. Una evaluación preliminar”, en el
que se pone de manifiesto el importante incremento de demandas de ayudas a las
entidades del TSAS por colectivos que no quedan, o que sí lo están pero de
manera insuficiente, protegidos por las medidas sociales instrumentadas desde
el inicio de la crisis, apuntando la necesidad de programas específicos para
algunos colectivos para tener mayor efectividad en los resultados que se obtengan,
con especial atención a las y los jóvenes, población migrante y familias
monoparentales; igualmente, se apunta la necesidad de una mejora de la gestión
y coordinación de las políticas sociales por parte de todos los organismos
encargados de la gestión de las políticas diseñadas y que se plasman en normas
publicadas en los boletines oficiales (del Estado y de las Comunidades Autónomas)
correspondientes.
Referidos al
empleo y a las políticas instrumentadas para abordar la crisis, hay tres
conclusiones, recogidas en el resumen ejecutivo del informe, que deben merecer
nuestra atención: en primer lugar, que las medidas de política económica
adoptadas para mitigar la caída de ingresos, como ERTES, ayudas a autónomos por
cese de actividad, el IMV, etc., “compensan significativamente la caída de
rentas que se habría producido en su ausencia.
En segundo lugar,
que pese a tales medidas paliativas “algunos colectivos han sufrido un
deterioro importante en sus ingresos. El estudio estima que en torno a 280.000
personas han perdido la totalidad de sus ingresos (adicionales a los
aproximadamente 565.000 que ya estaban en esa situación antes de la llegada del
COVID-19). Además, otro colectivo de considerable volumen, estimado en torno a
1,2 millones de personas, ha sufrido una reducción sustancial de sus ingresos
(no inferior a un 30%). Este colectivo incluye a trabajadores afectados por los
ERTE y sus familias, así como también a nuevos parados, entre otros”.
Por último, y con afectación
directa al sistema de contratación laboral (objeto de atención por mi parte en
la ponencia presentada esta semana en el XXX Congreso Nacional de la AEDTSS), “El
empleo (asalariado o no) es la principal variable que explica el impacto de la
pandemia. La caída de la actividad laboral está en línea con la caída de la
economía, estimada en un 13% en 2020. Sin embargo, la tasa de paro, situada en
el 16,3% en la EPA del tercer trimestre, no muestra la reducción de las horas
trabajadas que realmente se ha producido porque buena parte del impacto ha
quedado amortiguado por los ERTE, que en el segundo trimestre de 2020 llegaron
al 25% de los ocupados, y por otras medidas anticrisis. La evolución de los
asalariados muestra una importante pérdida de empleo entre los trabajadores temporales”.
Las reflexiones
sobre las necesarias transformaciones del Sistema Nacional de Empleo para adecuarlo
a los Objetivos 2030 deberán pasar, entre otras medidas, para un buen experto y
conocedor de las políticas de empleo, Francesc Castellana i Aregall,
director del Servicio Público de Empleo de Cataluña durante el período 2004-
2006, y con el que mantengo una estrecha colaboración en el estudio de las políticas
de empleo por un alineamiento de las estrategias de empleo multinivel (estatal,
autonómicas y locales), por una territorialización del diseño y planificación
de las políticas activas de empleo (PAE), de su integración con otras políticas
económicas y sociales, y con un enfoque de aquellas que se dirija a las
necesidades específicas de las personas usuarias.
6. En el documento
sobre “metodología talleres” preparado por la organización y que se ha enviado
a todas las personas ponentes se nos pide que se haga una presentación inicial
de la temática asignada, con diagnóstico de los problemas existentes y
propuestas para abordarlos, así como sobre cual será el papel del TSAS, con un
documento marco de apoyo en el que se recogen los trabajos realizados, y las
distintas propuestas formuladas, por las distintas entidades territoriales, de
tal manera que posteriormente pueda haber un debate con todas las personas
virtualmente asistentes. Un documento, en el que se hace expresa mención a otro
anterior referido a la situación en Europa anterior al inicio de la crisis
actual y en el que se constataba que los sistemas sanitarios, de protección y
servicios sociales “habían dejado a millones de personas con coberturas
insuficientes o sin ellas, que muchas personas trabajadoras contaban con empleo
precario o atípico, sin derechos, y que -junto las personas con trabajo
autónomo- eran eslabones especialmente débiles”, con especial incidencia sobre
quienes trabajan en la economía sumergida por la práctica carencia de derechos que
puedan ejercer.
He leído con la
atención que se merece, y sin duda también por la obligación de tener en cuenta
las distintas aportaciones efectuadas por personas y entidades que conocen directamente
de primera mano la realidad social, el citado Documento base. Hay algunas
consideraciones de carácter general, y otras mucho más concretas, que son sin
duda de indudable valor para situar los términos del debate y cómo avanzar en
la adopción de medidas que tiendan a reducir la situación de desprotección laboral
y social en la que vive una parte nada menospreciable de la población que vive
en España (y obsérvese que digo “vive en España” y no “española”, ya que un número
importante de personas en situación de vulnerabilidad social son extranjeras y
en su gran mayoría extracomunitarias).
El documento base recoge,
y es de indudable interés su atenta lectura, el análisis efectuado por el grupo
de empleo de EAPN-ES sobre la incidencia de la Covid-19 en dicho ámbito. Respecto a la población extranjera resalto su
importancia en el mercado de trabajo español antes de la pandemia, a la espera
de tener una información más detallada sobre sus consecuencias durante todo el
año 2020. En efecto, el informe 2019 sobre la presencia de aquella en elmercado de trabajo en España, realizado por el Observatorio de las Ocupaciones
del Servicio Público de Empleo Estatal
nos aportaba el dato significativo de que el número de contratos registrados en
los servicios públicos de empleo “fue de 22.512.221, de los que 4.343.943
correspondieron a trabajadores extranjeros. El peso de este colectivo en el
total de la contratación en 2019 fue del 19,30 %. Respecto a 2018, la
contratación a extranjeros ha crecido un 7,47 %, porcentaje inferior en 2,4 puntos
porcentuales al alcanzado en 2018”. También
debe destacarse que “En relación el nivel formativo el 69,12 % de los
contratados del colectivo tenían estudios primarios o no acreditados”, y que “entre las modalidades de contratación
temporal “son los contratos por Obra o servicio los más utilizados para
contratar a trabajadores extranjeros, representando el 50,36 % de los contratos
temporales registrados por el colectivo en 2019. La segunda modalidad más
empleada fue la de Eventual por circunstancias de la producción que supuso el
45,57 %. Las modalidades contractuales en las que son mayormente contratados
los extranjeros corresponden a Obra o servicio, con 1.891.251 contratos (53,40
%) y Eventual por circunstancias de la producción, con 1.508.360 (42,59 %)”. Las
ocupaciones en las que había un mayor número
de contratados extranjeros “corresponden a Peones agrícolas (excepto en
huertas, invernaderos, viveros y jardines); Peones agrícolas en huertas,
invernaderos, viveros y jardines, Personal de limpieza de oficinas, hoteles y
otros establecimientos similares, y Ayudantes de cocina”.
Según el documento
base, “el empleo carece de calidad suficiente para garantizar que todas las
personas trabajadoras gocen de un nivel de vida digno, mientras que casi la mitad
de las personas menores de 25 años están en el paro, la tasa más elevada de la
UE. La digitalización de la economía y la transición ecológica, así como los
Fondos de Recuperación y Resiliencia y el nuevo marco plurianual de Fondos
Estructurales, son oportunidades que se deben aprovechar, de lo contrario se
producirá un incremento de la exclusión laboral y, consecuentemente, de la
desigualdad”.
El informe
menciona a algunos colectivos a los que difícilmente han podido llegar la
medidas laborales y de protección social instrumentadas tanto por el gobierno
español como por los autonómicos en sus ámbitos competenciales, o bien están
llegando con retraso, si bien no es menos cierto que se hacen esfuerzos para
que sea posible que les alcancen sus efectos, habiendo sido estudiadas y
analizadas la gran parte de las medidas laborales y de protección social
dictadas desde el Real Decreto 6/2020 y hasta el núm. 33/2020 en distintas
entradas del blog y a las que ahora me permito remitir. Entre esos colectivos
se cita a las personas inmigrantes en situación irregular inicial o sobrevenida
por la crisis, y quienes han accedido a expedientes de regulación temporal de
empleo (ERTE) y al IMV, o a las ayudas
para personas trabajadoras autónomas por cese de actividad, pero que por
diversas circunstancia se ha demorado su pago, que deben unirse a las personas
jóvenes, mayores de 45 años y personas con discapacidad que ya eran colectivos
especialmente afectados con anterioridad.
Sobre la población
trabajadora acogida a un ERTE cabe destacar que al fin se ha reconocido su estatus
de colectivo preferente para acceder a las ofertas formativas o iniciativas de
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, ya que el RDL 30/2020 de 29 de septiembre
ha sido desarrollado por la Orden TES 1109/2020 de 25 de noviembre,
que modifica la normativa vigente en aquel ámbito, tanto la oferta formativa de
las Administraciones Públicas como la programada por las empresas para las
personas que prestan sus servicios para ellas, para “permitir y fomentar” la participación
de personas trabajadoras afectadas por un ERTE. Por ello, la nueva regulación,
ya en vigor, permite la participación de aquellas en la formación programada
por las empresas para su trabajadores y trabajadoras, en la oferta formativa
para personas trabajadoras ocupadas, y para personas trabajadoras en situación
desempleo, teniendo las y los acogidos a un ERTE “la consideración de colectivo
prioritario para el acceso a las iniciativas de formación del sistema de
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral”.
7. Para el debate en
el taller dedicado a las políticas de empleo, del que soy el ponente, me parece
necesario hacer mención a los problemas principales detectado en materia de
empleo durante el XIV encuentro de participación, dedicado a “Derechos,gobernanza y participación que tuvo lugar los días 28 y 29 de octubre
cuya pretensión era “ofrecer oportunidades para la contribución social, pública
y política de los ciudadanos en situación de exclusión social, a través de la
generación espacios para realizar propuestas”, y ser un espacio que “consiga la
adhesión a políticas y acciones de inclusión social por parte de diferentes
actores del poder público y político en Europa, sus Estados Miembro y en los
diferentes territorios y naciones”.
“Dificultad de
acceso al mercado de trabajo, especialmente para las personas con desempleo de
larga duración o en situación de vulnerabilidad:
• Problemas de
acceso o reincorporación al mercado de trabajo de las personas que experimentan
pobreza y/o en riesgo de inclusión y condiciones de este acceso.
• Condiciones de
acceso excluyentes. Hay dificultades de acceso al mercado de trabajo y acceder
a un trabajo digno, especialmente discriminación laboral entre los jóvenes y
mayores de 45 años. Exigencia de experiencia (falta de oportunidades para los
jóvenes, aunque estén formados)
. Las dificultades
se aumentan en zonas rurales y afectan mayoritariamente a jóvenes y mujeres.
• El Estado que
otorga la protección internacional a las personas solicitantes de asilo no les
permite trabajar hasta los 6 meses de estancia en España. Si el Estado diera
antes los permisos de trabajo, no obligaría a las personas a depender de ayudas
sociales cuando están acostumbradas y a trabajar y vienen a España a trabajar”.
No podían falta en
estos debates sobre las políticas de empleo las críticas al uso desviado de
algunas modalidades contractuales, como la utilización del contrato a tiempo
parcial que esconde trabajos a jornada completa, o la existencia de
prestaciones laborales sin vinculación contractual y por tanto carente realmente
de derechos, la precariedad laboral manifestada tanto en supuestos como los ya
citados como en otros que pueden ser la muy corta duración de los contratos y
el encadenamiento de muchos de ellos de muy corta duración, o las dificultades
para acceder a las ofertas formativas, o en fin, las dificultades reales para
la conciliación de las vidas personales, familiares y laborales, siendo en
muchos casos especialmente afectados las personas jóvenes (en la normativa laboral
española de fomento de empleo se incluye a las personas comprendidas entre 16 y
30 años de edad, inclusive) y las mujeres.
El documento base
incluye entre sus propuestas para las actuaciones gubernamentales, y por
supuesto también para que se pueda influir en las políticas europeas, la mejora
de la calidad del empleo y la reducción de la desigualdad de género en el
empleo, y entre las propuestas mas incisivas, y que sin duda deben merecer un
amplio debate jurídico y social por su trascendencia (y cómo encajarlas, si fuera
posible, en los marcos constitucional, legales y estatutarios existentes) la de
aprobar una ley “que obligue a las empresas a contratar como mínimo a un 4 % de
personas en situación de riesgo o exclusión social”.
El documento también
incluye un apartado específico en el que se formulan propuestas de carácter
general, sin duda necesitadas de mucha mayor concreción en su posible
desarrollo, para potenciar las políticas activas de empleo en favor de las
personas desempleadas y con mayor riesgo de exclusión social, que son las
siguientes: “Crear más empleo para insertar a las personas con mayores dificultades
• Facilitar ayudas de autoempleo y/o emprendimiento con la rebaja fiscal para
personas con mayores dificultades • Políticas de fomento de la responsabilidad
social corporativa • Fomento de la economía social-solidaria. • Facilitar y
agilizar el proceso de homologación de titulaciones extranjeras. •
Acompañamiento en la búsqueda de empleo una vez finalizada la formación. •
Mejora de la orientación laboral de las oficinas públicas de empleo”.
8. En la
elaboración y aportación de propuestas en donde tenga un importante papel a
jugar el TSAS no podemos olvidar la importancia de la economía social, que se
pone claramente de manifiesto en el Documento “Estrategia FSE+ 2021- 2017” ,
elaborado por el MITES y sometido a consulta pública, para recoger las
observaciones que se formulen al mismo, justamente hasta el día de inicio del
Seminario anual de la EAPN-ES. La finalidad del documento es “establecer los
principales elementos del FSE+ para España, sin perjuicio de los cambios que
puedan surgir a lo largo del proceso de programación devenidos por diferentes
circunstancias económicas, sociales o políticas”, debiendo ir las inversiones
realizadas con los fondos disponibles fundamentalmente a tres ámbitos: “Empleo,
fundamentalmente, a través de la igualdad de acceso al empleo, condiciones de
trabajo justas, fomento del emprendimiento y mejora de la empleabilidad; •
Educación, formación y aprendizaje permanente; • Inclusión social y lucha
contra la pobreza”.
Más concretamente,
entre las prioridades identificadas se considera relevante contribuir con la
inversión del FSE “al apoyo y fomento del emprendimiento en Economía Social,
incluyendo el emprendimiento de base tecnológica, en economía verde, azul y
circular; el apoyo a la creación, supervivencia, sostenibilidad y crecimiento
de empresas de Economía Social, incluidas las que tienen por objeto favorecer
la inclusión laboral y social de personas con discapacidad y otras en situación
o riesgo de exclusión social, con medidas de asesoramiento y acompañamiento,
entre otras”. Por lo que respecta a las medidas de inclusión
social y lucha contra la pobreza y la exclusión social, cabe destacar que se
establecen prioridades de inversión “destinadas a promover la accesibilidad
para las personas con discapacidad, fomentar la igualdad de oportunidades y
luchar contra todas las formas de discriminación, así como apoyar la
integración de las personas migrantes. De igual forma, se deberá impulsar la
mejora de la empleabilidad y la integración socioeconómica de los grupos
marginados, incluidas las personas sin hogar”.
Digno de especial
atención, por la importancia concedida a las Administraciones Locales, es la
propuesta de garantizar la prestación y
acceso a servicios básicos en condiciones de equidad adaptada a las
características de cada territorio, por lo que se deberá trabajar en todos
ellos, junto con las Administraciones de las Entidades Locales, “para propiciar
un desarrollo local, una generación de oportunidades de empleo y también
contribuir a la fijación de la población en el territorio, así como, a la
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos”.
La importancia del
rol que deben desempeñar un servicio público de empleo en donde las oficinas locales
jueguen un papel de primera importancia ha sido bien destacado por un buen
conocedor de las políticas de empleo ya mencionado con anterioridad, Francesc
Castellana. En un artículo publicado en El diari del treball el 12 de diciembre
de 2018, titulado “La dimensió local de l’ocupació: apropar les polítiques allloc de les persones” (“La dimensión local del empleo: acercar las política al
lugar de las personas”)
se manifestaba en estos términos (traduzco del original en catalán):
“El debate no
puede ser entre descentralización de la gestión y prestación de servicios hacia
los municipios desde las autonomías o centralización autonómica. El verdadero
reto del sistema ocupacional es involucrar el liderazgo local, que los
ciudadanos otorgan a los ayuntamientos, en una gestión de las políticas de
empleo que toma como centro la oficina de los servicios públicos de empleo. Una
oficina que debe ser referente de las políticas de empleo, con una prestación
de servicios alineados a la demanda presente y futura del empleo en el espacio
físico.
La nueva oficina
de empleo debería tener autonomía operativa orientada a resultados e integrar
efectivamente las políticas de protección de las personas ocupadas, llamadas
pasivas, con las políticas de apoyo y acompañamiento a las personas
desempleadas y las empresas que buscan profesionales, llamadas activas. El plan
de trabajo de la nueva oficina debería estar alineado con el objetivo de la
estrategia de los servicios de empleo en su doble vertiente estatal y autonómica
y estar integrada de lleno en el sistema local, coliderando con la
administración local la estrategia de desarrollo económico y social en el
ámbito local de referencia.
Las oportunidades
de empleo, en la clasificación de los requerimientos profesionales específicos
del empleo que se ofrece para las empresas, las disponibilidades personales y
niveles de calificación acreditable de las personas son el foco de la acción de
la oficina local en la su gestión cotidiana. Para ser más eficientes pero, estas
acciones deben estar alineadas en el medio y largo plazo a la estrategia de
desarrollo del territorio de referencia”.
El documento del
MITES fija once objetivos “específicos” para el período 2021 -2027, todos ellos
de afectación directa o indirecta al mundo laboral por lo que respecto al
acceso al empleo, las necesidades formativas tanto educativas como laborales y
las condiciones de trabajo, con pleno respeto a la perspectiva de genero y el
ejercicio de derechos que permitan facilitar la conciliación de vidas
laborales, familiares y personales, así como una mayor implicación de las
personas trabajadores en las decisiones que les afectan en sus empresas. Se
trata, dicho sea en términos amplios, de “i) mejorar el acceso al empleo de
todos los demandantes de empleo, y en particular de los jóvenes y los
desempleados de larga duración, y de las personas inactivas, promoviendo el
empleo por cuenta propia y la economía social”, y “ii) modernizar las
instituciones y los servicios del mercado de trabajo para evaluar y prever las
necesidades de capacidades y garantizar una asistencia oportuna y personalizada
y el apoyo a la adecuación entre la oferta y la demanda en el mercado de
trabajo, las transiciones y la movilidad”.
La mayor
importancia del documento a los efectos de mi exposición radica en la identificación
de los colectivos o grupos de destinatarios a quienes deben ir dirigidas las medidas y actuaciones del FSE
+. Además de las personas desempleadas y en especial de las que se encuentran
en situación de desempleo de larga duración, y con atención preferente a los
mayores de 45 años y a las personas jóvenes, también se apuesta claramente por
que las medidas se dirijan a “personas en situación o en riesgo de pobreza y
exclusión social”, con un amplísimo listado de colectivos, por lo que creo
necesario que las medidas que se adopten delimiten claramente los colectivos a
las que van dirigidas, a los efectos de maximizar su eficacia. Son lo
siguientes: “- Mujeres víctimas de la violencia de género, acoso sexual y acoso
por razón de sexo. - Personas sin hogar. - Personas con discapacidad. -
Personas migrantes, nacionales de terceros países, personas refugiadas y
solicitantes o beneficiarios de Protección Internacional, con atención
específica a colectivos más vulnerables como mujeres, menores, embarazadas,
personas enfermas o discapacidad, así como víctimas de trata de seres humanos.
- Población gitana y otras comunidades marginadas. o Personas reclusas y ex
reclusas. Personas con problemas de
adicción. - Personas mayores, especialmente, en situación de dependencia o
discapacidad. - Colectivo LGTBI. - Personas incluidas en “pobreza energética”.
- Personas víctimas de cualquier tipo de discriminación en el mercado laboral.
-Víctimas de terrorismo y sus familias. - Personas con responsabilidades
familiares pertenecientes a grupos vulnerables, sobre todo, las familias
monoparentales y personas que aportan el segundo ingreso familiar. - Población
en situación administrativa irregular, asentamientos y personas sin hogar, que
no entran dentro del circuito de los servicios sociales. - Población infantil.
- Personas con enfermedades crónicas. - Otras personas víctimas de cualquier
forma de discriminación por razón de raza, sexo, etnia, edad, discapacidad,
orientación sexual, religión o creencias”.
Dicho sea
incidentalmente, sobre un colectivo, el de los enfermos crónicos, que ha
merecido muy poca atención por la doctrina jurídica laboralista, se acaba de
publicar un libro de recomendable lectura, ya que aborda toda su problemática
laboral, del profesor David Montoya, de la Universidad de Alicante, “Tutelalaboral y protección social de los enfermos crónicos”en que aborda su problemática desde los estadios precontractuales hasta laextinción de la relación laboral.
Bastante más lejano
en el tiempo, pero sigue siendo de indudable interés por la calidad y
rigurosidad de las reflexiones que realiza, es la obra publicada en 2008 por la
profesora Sofía Olarte, de la Universidad de Granada “Políticas de empleo y
colectivos con especiales dificultades. La subjetivación" de las políticas
activas de empleo”.
De especial interés son los dos últimos bloques de la publicación, y tal como
puede leerse en el resumen de esta “… El cuarto analiza la configuración legal
de los colectivos prioritarios y su papel en la Ley de Empleo, dimensión subjetiva
que consideramos es un eje axial de la misma. Y, finalmente, en el capítulo 5º
se realiza un análisis de la situación laboral de cada uno de los colectivos,
así como un balance de las medidas que se han adoptado para cada uno de los
colectivos objeto de tratamiento diferenciado (11): jóvenes, mayores, mujeres,
discapacitados, inmigrantes y emigrantes retornados, parados de larga duración
y perceptores de rentas y subsidios por desempleo, mujeres víctimas de
violencia de género, minorías étnicas, personas en situación de exclusión
social, analfabetos funcionales, personas con necesidad de conciliación de la
vida laboral y familiar y medidas genéricas para todas las personas”.
9. Por último, es necesario
detenerse ahora en el Plan anual de política de empleo (PAPE 2020) aprobado en
la LXXVIII conferencia sectorial de Empleo y Asuntos Laborales
que tuvo lugar el 30 de septiembre y que fue publicado en el BOE del 2 de
noviembre
Justamente en
dicha reunión la Ministra Yolanda Díaz manifestó que “incorporamos una
propuesta para la constitución de los Grupos de Trabajo para el inicio de la
nueva Estrategia Española de Activación para el Empleo 2021-2024, que serán los
cimientos para pilar de Empleo del Plan Nacional para la Recuperación,
Transformación y Resiliencia”, habiendo elaborado el SEPE un documento base para
el impulso de las políticas activas de empleo que lleva por título “Enfoque estratégico
y hoja de ruta para la reforma de las PAE y la elaboración de la Estrategia
Española de Activación para el Empleo 2021-2024”, en el que puede leerse, por
lo que respecta al objeto de la presente entrada, que “las políticas activas de
empleo han de poder cumplir de forma efectiva los objetivos de la mejora de la
empleabilidad y el fomento del empleo especialmente de los colectivos más
desfavorecidos, que son, por otra parte, los más expuestos y vulnerables en
situaciones de crisis económica. Las políticas activas han de centrar gran
parte de sus esfuerzos en su atención, procurando su inclusión y tomando en
consideración las distintas circunstancias personales (las franjas de edades,
la perspectiva de género, exclusión y vulnerabilidad). Asimismo, es necesario
el reforzamiento de las regulaciones, estrategias y programas de empleo
existentes, además de, en su caso, su actualización y adaptación”, llamando la
atención sobre la conveniencia de concentrar prioritariamente los incentivos
económicos en el empleo indefinido de colectivos desfavorecidos, es decir de
aquellos que tienen más dificultades de incorporarse al trabajo, y con especial
atención a la puesta en marcha de políticas formativas que faciliten tanto
directamente dicha contratación como la conversión de contratos temporales en
indefinidos.
A la espera de la
elaboración y aprobación de la EEAE 2021- 2024, y remitiendo a las personas
interesadas en el conocimiento de las EEAE 2014- 2016 y 2017-2020 a las entradas
“Análisis de la Estrategia española de activación para el empleo 2014-2016 ydel Plan anual de política de empleo 2014. ¿Una nueva reforma o simpleadaptación del marco normativo vigente con cambio de palabras?”
“Notas sobre la Estrategia española de activación para el empleo 2017 – 2020”
me detengo en algunos de sus contenidos más destacados
En primer lugar, su
obligada conexión con la EEAE 2017-2020, que recordemos que establece tres
tipos de objetivos, complementarios entre sí: los claves, conceptuados como
aquellos que “resumen la finalidad última de los servicios públicos de empleo”; los “estratégicos o
prioritarios”, a los que se cataloga como los que “adquieren especial
relevancia en un momento determinado, sobre los cuales se tiene que focalizar
el esfuerzo durante un tiempo”; en fin, los “estructurales, de naturaleza
estable”, que se apoyan en los seis ejes de activación para el empleo fijados
en el art. 10 de la Ley de Empleo (orientación, formación, oportunidades de
empleo, igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, emprendimiento, y
mejora del marco institucional), objetivos que deben ser atendidos por los
servicios públicos de empleo (SPE) “en
su funcionamiento ordinario mediante servicios sostenidos a lo largo del
tiempo”. Tanto los objetivos claves como los prioritarios o estratégicos son
concretados anualmente en el PAPE, que recoge también los indicadores a
utilizar para conocer el grado de consecución de aquellos, tanto en el ámbito
estatal como en los autonómicos, enfatizándose en el de 2020 la confirmación de
la simplificación y racionalización del número de indicadores, ya iniciada en
el PAPE del año anterior.
En segundo
término, cabe destacar su análisis de la situación actual del mercado de
trabajo, totalmente condicionado por la crisis sanitaria, por lo que tiene
menor importancia la comparación de los datos del cuarto trimestre de 2019 con
respecto a los del mismo período de 2018, a cuya lectura remito a las personas
interesadas. Respecto a los datos económicos y de empleo del primer semestre de
este año, pueden sintetizarse así: caída
acumulada del Producto Interior Bruto del 23,7% en los dos primeros trimestres
de 2020; pérdida de 1.359.700 (-6,8%) puestos de trabajo, “sin tener en cuenta
a los trabajadores en ERTES que siguen computando como ocupados”; disminución
de la población activa en 1.183.600 (-5,1%), e incremento del número de
personas desempleadas en 176.100 personas (5,5%) desempleadas; reducción del
número de trabajadores con contratos indefinidos en 392.100, y de temporales en
927.200; en fin los datos de desempleo en julio eran de 3.773.034 personas
desempleadas, y la contratación acumulada de los siete meses ha sido de
4.332.806, una disminución de 32,90 % sobre el mismo período del año
anterior.
Los
objetivos “claves” marcados para 2020, y que guardan relación directa con las políticas comunitarias
plasmadas en las orientaciones generales de política de empleo para cada Estado
miembros, son las siguientes: “reducir el desempleo; aumentar la activación y
reducción de los períodos de desempleo; mejorar la participación de los
servicios públicos de empleo en la cobertura de vacantes; mejorar el grado de
satisfacción de los empleadores y demandantes con los servicios prestados por
los Servicios Públicos de Empleo”.
Los
objetivos estratégicos son los siguientes: “Favorecer el mantenimiento del
empleo y recuperar el nivel de ocupación. Promover y potenciar la activación y
mejora de la empleabilidad de jóvenes menores de 30 años, con especial atención
a quienes presentan mayores necesidades de formación y riesgo de precariedad
laboral, mediante instrumentos como el Plan de Choque por el Empleo Joven
(2019-2021) y la Garantía Juvenil. Potenciar el empleo como principal
instrumento de inclusión social, mejorando de manera prioritaria la activación
e inserción de los colectivos más vulnerables, con especial atención a las
personas que hayan perdido su empleo como consecuencia del COVID-19, personas
desempleadas de larga duración y de las mayores de 45 años, mediante
instrumentos como el Plan Trienal para Prevenir y Reducir el Paro de Larga
Duración 2019-2021 (Plan Reincorpora-T). Mejorar la cualificación y el
reciclaje profesional de las personas trabajadoras a través de acciones de
formación y adaptación profesional. Abordar las políticas de activación desde
una perspectiva holística, fortaleciendo la colaboración con terceros, para
promover la atención de personas usuarias y la generación de oportunidades de
empleo para las mismas. Adaptar los Servicios Públicos de Empleo al
nuevo contexto y necesidades de atención de personas y empresas usuarias, a
través de la optimización y refuerzo de su organización, procesos y
tecnología”.
Los
objetivos estructurales son los ya recogidos en la EEAE y en la Ley de Empleo.
Una síntesis de todos ellos la realicé en mi comentario de la EEAE en estos
términos: “Como digo, el primer eje es el de orientación, siendo uno de los
objetivos instrumentales incorporados al mismo el de orientación y
acompañamiento de itinerarios individualizados personalizados. El segundo es el
de formación, al objeto de mejorar la competitividad de las empresas y la
empleabilidad de los trabajadores, destacando a mi parecer el objetivo
instrumental de “promover la formación vinculada a contratación y obtención de
experiencia laboral”. Las oportunidades de empleo es el tercer objetivo
estructural, con atención especial para los colectivos desfavorecidos, la
dimensión local de la política de empleo y la promoción de la activación de
quienes perciben prestaciones por desempleo, llamándose una vez más a “la
vinculación de las políticas activas y pasivas”.
El eje
cuarto está dedicado a la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, con
especial énfasis en las medidas que favorezcan la conciliación de la vida
familiar y laboral. El reto del emprendimiento está recogido como quinto
objetivo (recordemos que el art. 10 de la LE dispone al respecto que comprende
“las actividades dirigidas a fomentar la iniciativa empresarial, el trabajo
autónomo y la economía social, así como las encaminadas a la generación de
empleo, actividad empresarial y dinamización e impulso del desarrollo económico
local”), incluyéndose en el mismo como objetivo estructural, como especial
novedad que demuestra la importancia que está adquiriendo en el mundo laboral,
no sólo la promoción del empleo autónomo, sino también “las nuevas
oportunidades laborales que ofrecen la economía digital y las distintas
fórmulas de la economía social y de la economía colaborativa”.
Por fin, el
eje sexto está dedicado a la mejora del marco institucional, de carácter
transversal y por tanto de afectación a todos los cinco anteriores, destacando a
mi parecer uno de sus objetivos instrumentales novedosos, cuál es el de
“evaluación del desempeño y desarrollo de una Agenda de Cambio en base a sus
resultados”.
El PAPE 2020
pone el acento, como novedad, en el eje 1 de orientación, en la dirigida a empresas
y trabajadores, en colaboración con entidades locales y otros agentes del
mercado de trabajo, “para impulsar la intervención temprana ante situación de
riesgo de pérdidas de empleo”. En el eje 2 de formación, en el ajuste de la
oferta formativa a las necesidades del mercado de trabajo y a la mejora de la
competitividad del tejido productivo, y en el impulso de la formación en las
empresas, “especialmente la que responde a las nuevas necesidades del contexto
COVID-19”. En el eje 3, de orientaciones de empleo, se añade una precisión
específica para “las cabezas de familia monoparentales” y se apuesta por
fomentar y sostener la contratación y la promoción del empleo “en la dimensión
local y/o en actividades de interés general o social”. En el apartado 4, de
igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, se resalta la importancia de
facilitar la movilidad sectorial. En el eje 5, de emprendimiento, se hace una
precisión de especial importancia a mi parecer, que marca la línea de tendencia
de las políticas de empleo del actual gobierno: “Deba hacerse énfasis en la
creación y fortalecimiento de iniciativas de emprendimiento viables y con
perspectivas de crecimiento y consolidación estables, a cuyo fin el seguimiento
y apoyo de las que están en marcha resulta fundamental. Debe evitarse impulsar
a las personas a posiciones autónomas precarias y vulnerables”. Su concreción
en los objetivos se plasma en estos términos: “5.1 Promover el emprendimiento,
el empleo autónomo y las nuevas oportunidades laborales que ofrecen la economía
social, digital y colaborativa, así como la intervención temprana para evitar
la pérdida de empleo. 5.2 Intensificar
la formación y asesoramiento a emprendedores, especialmente en los procesos de
recuperación, reconversión o digitalización de la actividad”.
En total el
SEPE y las CCAA han propuesto un total de 696 servicios y programas para los
seis ejes, todos ellos referenciados en anexo. De manera desagregada, y
remitiendo a las personas interesadas a dicho anexo, cabe decir que el eje 1,
orientación, dispondrá de 110 servicios y programas (13 comunes y 97 propios autonómicos); el eje 2 , formación, un total de 164 (17
comunes y 147 propios); el eje 3, oportunidades de empleo, 186 (6 comunes y 180
propios); el eje 4, igualdad de oportunidades
en el acceso al empleo, 35 (5 comunes y 30 propios), el eje 5, emprendimiento,
134 (11 comunes y 123 propios); en fin, el eje 6, mejora del marco
institucional del SNE, 67 (8 comunes y 59 propios).
La prórroga
presupuestaria, mantiene las partidas del año anterior, en total 5.793.704,91 miles
de euros, de las que se pueden distribuir entre las Comunidades Autónomas, para
la ejecución de sus políticas activas de empleo, un total de 2.126.109,73 miles
de euros, cuantía equivalente a la asignada en 2018.
Buena lectura
