La atenta lectura de la normativa recientemente dictada para facilitar la adaptación laboral del sector de fabricación y componentes del calzado, curtido y marroquinería a los cambios estructurales en el comercio mundial (Real Decreto 100/2009 de 6 de febrero, publicado en el BOE del 24 y con entrada en vigor el 25), así como también la de prórroga de las medidas sociolaborales vigentes desde octubre de 2006 para el sector textil y de la confección (Orden TIN/429/2009, de 24 de febrero, publicada hoy viernes en el BOE y que entra en vigor en la fecha de publicación) me suscita una duda, que quiero compartir con los lectores y lectoras del blog, sobre una de la medidas adoptadas para facilitar la reincorporación al mercado laboral del personal excedente de los sectores referenciados y que quiero dejar aquí planteada, sin perjuicio de un posible análisis posterior más detallado de toda la normativa aplicable a cada uno de esos sectores en el ámbito sociolaboral, así como también la recientemente pactada para el sector del mueble y la que, previsiblemente, pueda afectar al sector de la automoción.
En la normativa general de medidas de fomento de empleo (Ley 43/2006 de 29 de diciembre) sólo hay un colectivo expresamente excluido de la política de incentivación a la contratación mediante la técnica de las bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social, que es el de varones no discapacitados de más de 30 y menos de 45 años, siempre y cuando además no se encuentren en situación de desempleo de más de 6 meses de duración.
Pues bien, en los sectores citados, acogidos a planes especiales de medidas sociolaborales, se prevén diversos incentivos para la contratación de trabajadores desempleados excedentes de dichos sectores, siempre que los contratos se formalicen por tiempo indefinido y que se lleven a cabo (a salvo del supuesto de los trabajadores de 55 o más años) en los dos años siguiente a la extinción del contrato, pudiendo producirse la misma entre el 5 de octubre de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2009 en el caso del sector del calzado, curtido y marroquinería, y desde el 13 de junio de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2009 en el caso del sector del textil y de la confección.
Justamente, y en aquello que quiero destacar, se incentiva la contratación, entre otros colectivos, de “trabajadores cuya contratación no dé derecho a bonificación por no pertenecer a ningún colectivo de bonificación de los establecidos con carácter general en el Programa de Fomento de Empleo: 41,67 euros/mes (500 euros/año) durante 2 años”. La redacción del precepto es idéntica en las dos normas examinadas, y ello demuestra que se trata de una cláusula que se prevé incorporar a otros planes de apoyo sociolaboral, y estoy pensando en el del mueble y el de la automoción, pero nada impide que en otros sectores puedan llegarse a acuerdos semejantes en el marco de los procesos de diálogo social abiertos y que pudieran después recogerse, a los oportunos efectos económicos, en la normativa de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Me pregunto: ¿La incentivación sectorial para los colectivos “desincentivados” en la normativa general se quedará sólo para los sectores referenciados, y quizás para los pendientes de aprobación, o se irá extendiendo a todo el conjunto de la población trabajadora que preste sus servicios en los diferentes sectores de actividad? Ciertamente, parece que la lógica de las normas comentadas sea la de resolver problemas concretos de cada sector, que pueden guardar diferencias con otros que no disponen de ningún plan de apoyo sectorial específico, pero dada la difícil situación del mercado de trabajo español es razonable pensar que pueda haber un deseo por parte empresarial (ya tengo algunas dudas más al respecto sobre cuál sería el parecer de la parte sindical) de extender las bonificaciones al conjunto de la población trabajadora. ¿Cuál sería en ese caso la actitud del Gobierno? ¿Cree el gobierno, o más exactamente las personas responsables de las políticas de empleo en el Ministerio de Trabajo e Inmigración, que sería oportuna o conveniente esa extensión?
viernes, 27 de febrero de 2009
jueves, 26 de febrero de 2009
Se amplia a 180 días el plazo de internamiento en los centros para identificación y expulsión en Italia.
La Gazzetta Ufficiale publicó el pasado martes el Decreto-Ley número 11 de 23 de febrero de 2009, sobre “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori”, que entró en vigor ayer miércoles.
El artículo 5, ubicado en el epígrafe "Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione dell'espulsione e controllo del territorio" amplia el plazo durante el que una persona de nacionalidad extracomunitaria puede estar retenida en un centro de internamiento, o en la nueva terminología “centros para identificación y expulsión”, que pasa a ser de un máximo de 180 días.
La revisión normativa se inspira en la recienemente aprobada Directiva comunitaria sobre regulación del retorno de extranjeros en situación irregular en un Estado de la UE,y así se manifiesta de forma expresa en la nota de prensa del Consejo de Ministros del día 20 que aprobó el decreto-Ley, en la que se argumenta que "In coerenza con la direttiva europea, il trattenimento di stranieri irregolari può essere protratto fino ad un massimo di sei mesi"
WEl nuevo texto ha sido duramente criticado por la asociación de estudios jurídicos sobre la inmigración (ASGI), que considera que “Il Governo italiano si muove su una posizione ispirata ad una logica unicamente repressiva messa in campo per ragioni di propaganda ideologica”. Es importante destacar, además, que la norma se aplicará también a todos aquellas personas que ya estuvieran en un centro de internamiento antes de la entrada en vigor de la norma.
Reproduzo a continuación el polémico artículo y me remito, por lo que respecta a la cuestión abordada, a las reflexiones efectuadas en anteriores comentarios del blog.
“Art. 5.
Esecuzione dell'espulsione
1. Al comma 5 dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore puo' chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistano le condizioni di cui al periodo precedente, il questore puo' chiedere al giudice una
ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non puo' essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, puo' eseguire l'espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se gia' trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
El artículo 5, ubicado en el epígrafe "Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione dell'espulsione e controllo del territorio" amplia el plazo durante el que una persona de nacionalidad extracomunitaria puede estar retenida en un centro de internamiento, o en la nueva terminología “centros para identificación y expulsión”, que pasa a ser de un máximo de 180 días.
La revisión normativa se inspira en la recienemente aprobada Directiva comunitaria sobre regulación del retorno de extranjeros en situación irregular en un Estado de la UE,y así se manifiesta de forma expresa en la nota de prensa del Consejo de Ministros del día 20 que aprobó el decreto-Ley, en la que se argumenta que "In coerenza con la direttiva europea, il trattenimento di stranieri irregolari può essere protratto fino ad un massimo di sei mesi"
WEl nuevo texto ha sido duramente criticado por la asociación de estudios jurídicos sobre la inmigración (ASGI), que considera que “Il Governo italiano si muove su una posizione ispirata ad una logica unicamente repressiva messa in campo per ragioni di propaganda ideologica”. Es importante destacar, además, que la norma se aplicará también a todos aquellas personas que ya estuvieran en un centro de internamiento antes de la entrada en vigor de la norma.
Reproduzo a continuación el polémico artículo y me remito, por lo que respecta a la cuestión abordada, a las reflexiones efectuadas en anteriores comentarios del blog.
“Art. 5.
Esecuzione dell'espulsione
1. Al comma 5 dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore puo' chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistano le condizioni di cui al periodo precedente, il questore puo' chiedere al giudice una
ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non puo' essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, puo' eseguire l'espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se gia' trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
lunes, 23 de febrero de 2009
El valor de la libertad.
Hoy, 23 de febrero de 2009, a las 18 horas, momento en el que empiezo a escribir esta entrada del blog estoy sentado en mi despacho de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona, preparando los materiales docentes para la semana en curso.
Hace veintiocho años, el 23 de febrero de 1981, a esta misma hora, un, entonces, joven profesor ayudante estaba realizando tareas semejantes (con bastante menos conocimiento que ahora, pero probablemente con mucha mayor rapidez, y no menos ilusión) en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona.
Tras preparar unos materiales de trabajo fui a llevarlos al servicio de fotocopias para que pudieran ponerlos a disposición del alumnado en los días siguientes. Una radio informaba de que se había producido la entrada de guardias civiles en el Parlamento español y de que en breves momentos habría más información. Mientras tanto, en un aula de la Facultad cercana al citado servicio, el alumnado realizaba un examen parcial de una asignatura de la Licenciatura en derecho (Plan de estudios de 1953).
El susto fue monumental y llamé inmediatamente a una exprofesora del área de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social que, por razón de sus actividades profesionales, se había trasladado a vivir a Madrid. Recuerdo que me dijo que acababa de llegar a su casa y que no tenía conocimiento de qué pasaba. Encendió la televisión y me dijo que la programación era ordinaria. La preocupación fue creciendo cuando las radios informaban de los detalles de la ocupación del Parlamento, y cuando algunas de ellas emitían únicamente música.
Volví a mi casa muy preocupado, y cuando llegué, alrededor de las 20 horas, mi hijo Juan (recién cumplido un año) se había dormido plácidamente. Le dije a la persona que lo estaba cuidando, Loli, que se fuera a su casa y que ya hablaríamos al día siguiente cuando se supiera como evolucionaba la situación. Había quedado para celebrar una reunión por motivos de trabajo y pensé que debía ir, aun cuando la situación no incitaba precisamente a salir a la calle. Y en efecto, las calles estaban semidesiertas, y la sensación de caminar por Barcelona a las 20 h. 30 m. como si fueran las 4 de la madrugada era realmente agobiante. Celebramos rápidamente la reunión porque todos teníamos el miedo en el cuerpo, aunque la aparición de los presentadores de Radio Televisión Española (no recuerdo quien acompañaba a Iñaki Gabilondo) explicando qué había ocurrido me tranquilizó algo, no mucho, dado que los ocupantes de RTVE habían abandonado el edificio de Torre España.
El mensaje institucional del rey Juan Carlos I, con traje militar, proclamando la lealtad de la Corona al marco político constitucional y llamando a deponer cualquier actitud de oposición militar a la misma marcó un punto de inflexión en la preocupación que tenía (que teníamos la gran mayoría de ciudadanos españoles), aunque estaba ciertamente preocupado por la situación que se vivía en el Parlamento y por el estado físico de algunos parlamentarios. Dicho de forma clara y tajante: llegué a pensar que los golpistas iban a asesinar algunos de ellos, especialmente a los diputados del Partido Comunista, algo que afortunadamente no sucedió.
La noche fue transcurriendo lentamente, y la noticia de que los tanques habían “paseado” por las calles de Valencia incrementó un punto más la situación de intranquilidad, aunque las noticias que iban llegando, ahora ya tanto por las radios como por la propia televisión, permitían tener algo más de optimismo sobre el final del intento de golpe de estado.
La noche del 23 al 24 de febrero la pasé en vela delante del televisor. No les puedo explicar a los lectores y lectoras del blog con exactitud que llegué a pensar durante las horas pasadas delante del televisor y junto a la radio, pero sí me acuerdo de algunos pensamientos que tuve: ¿íbamos a volver a una dictadura militar? ¿Qué pasaría con todas las personas que se habían significado como demócratas desde la transición política? ¿Habría listas negras en la Universidad, para expulsar a quienes se habían destacado en la defensa de las tesis democráticas? ¿Cuál era el futuro que les esperaba a nuestros hijos, otra vez el del miedo y la represión que yo viví cuando era un joven estudiante en los años 70 en la UB? Y también pensé que, con más o menos miedo, había que seguir luchando, aunque fuera nuevamente en la clandestinidad, por la defensa del que aquella noche consideraba el valor más preciado y que estaba en riesgo de perder: la libertad.
Los primeros rayos de sol del día 24 aparecieron cuando ya las noticias que llegaban del Parlamento informaban de los intentos de pactos con los golpistas para que abandonaran el edificio y se rindieran a las fuerzas militares y de seguridad democráticas. Me vestí y marché hacia la Facultad. Allí, estábamos todos pendientes de cómo acabaría el conflicto, porque teníamos miedo de que sectores ultraderechistas quisieran imponer su ley ese día en la Universidad, y mucho más si el intento de golpe se prolongada en el tiempo. Afortunadamente, los golpistas desistieron de su intento y los parlamentarios pudieron salir poco a poco del Parlamento, la representación de la soberanía popular secuestrada durante muchas horas. El aula magna de la Facultad de Derecho estalló en un grito de alegría desbordada cuando se comunicó que los golpistas se habían rendido.
Volví a mediodía a mi casa, y poco después pude ver las imágenes que se habían podido grabar, por la pericia y sangre fría de los profesionales de televisión, de todo el golpe de estado. Una sensación de frío siberiano me atravesó todo el cuerpo, con la chulería barriobajera de los golpistas, pero me reconfortó extraordinariamente la actitud del vicepresidente del gobierno, el general Gutierrez Mellado, a la sazón vicepresidente primero del gobierno, con un porte firme plantando cara a quienes estaban mancillando el edificio de la soberanía popular. He sugerido en más de una ocasión a mis compañeros y compañeras de Derecho Constitucional que la primera sesión de explicación del marco político constitucional español la inicien con el pase de las imágenes del intento de golpe, y que luego siga un debate sobre lo que hubiera significado el triunfo de los golpistas y cómo hubiéramos vivido durante muchos años.
Acabo esta entrada cuando son las 18 h. 50 m. Veinticinco minutos antes, hace 28 años, los golpistas quisieron quitarnos la libertad, pero no lo consiguieron. Muchas gracias a todas las personas, conocidas o anónimas, que hicieron todo lo posible para que hoy podamos seguir saliendo a la calle y poder expresarnos en libertad. Y si en algo contribuí a ello, hoy se los ofrezco a todos aquellos alumnos y alumnas que pueden seguir escuchándome en clase cuando les explico el valor de la Constitución.
P.D. No hay enlaces en esta entrada, porque me he dejado guiar por mi memoria (que se resiente con la edad) y por la ilusión de transmitir aquello que sentí, y que nunca hubiera querido sentir, la tarde-noche del 23 de febrero de 1981.
Hace veintiocho años, el 23 de febrero de 1981, a esta misma hora, un, entonces, joven profesor ayudante estaba realizando tareas semejantes (con bastante menos conocimiento que ahora, pero probablemente con mucha mayor rapidez, y no menos ilusión) en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona.
Tras preparar unos materiales de trabajo fui a llevarlos al servicio de fotocopias para que pudieran ponerlos a disposición del alumnado en los días siguientes. Una radio informaba de que se había producido la entrada de guardias civiles en el Parlamento español y de que en breves momentos habría más información. Mientras tanto, en un aula de la Facultad cercana al citado servicio, el alumnado realizaba un examen parcial de una asignatura de la Licenciatura en derecho (Plan de estudios de 1953).
El susto fue monumental y llamé inmediatamente a una exprofesora del área de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social que, por razón de sus actividades profesionales, se había trasladado a vivir a Madrid. Recuerdo que me dijo que acababa de llegar a su casa y que no tenía conocimiento de qué pasaba. Encendió la televisión y me dijo que la programación era ordinaria. La preocupación fue creciendo cuando las radios informaban de los detalles de la ocupación del Parlamento, y cuando algunas de ellas emitían únicamente música.
Volví a mi casa muy preocupado, y cuando llegué, alrededor de las 20 horas, mi hijo Juan (recién cumplido un año) se había dormido plácidamente. Le dije a la persona que lo estaba cuidando, Loli, que se fuera a su casa y que ya hablaríamos al día siguiente cuando se supiera como evolucionaba la situación. Había quedado para celebrar una reunión por motivos de trabajo y pensé que debía ir, aun cuando la situación no incitaba precisamente a salir a la calle. Y en efecto, las calles estaban semidesiertas, y la sensación de caminar por Barcelona a las 20 h. 30 m. como si fueran las 4 de la madrugada era realmente agobiante. Celebramos rápidamente la reunión porque todos teníamos el miedo en el cuerpo, aunque la aparición de los presentadores de Radio Televisión Española (no recuerdo quien acompañaba a Iñaki Gabilondo) explicando qué había ocurrido me tranquilizó algo, no mucho, dado que los ocupantes de RTVE habían abandonado el edificio de Torre España.
El mensaje institucional del rey Juan Carlos I, con traje militar, proclamando la lealtad de la Corona al marco político constitucional y llamando a deponer cualquier actitud de oposición militar a la misma marcó un punto de inflexión en la preocupación que tenía (que teníamos la gran mayoría de ciudadanos españoles), aunque estaba ciertamente preocupado por la situación que se vivía en el Parlamento y por el estado físico de algunos parlamentarios. Dicho de forma clara y tajante: llegué a pensar que los golpistas iban a asesinar algunos de ellos, especialmente a los diputados del Partido Comunista, algo que afortunadamente no sucedió.
La noche fue transcurriendo lentamente, y la noticia de que los tanques habían “paseado” por las calles de Valencia incrementó un punto más la situación de intranquilidad, aunque las noticias que iban llegando, ahora ya tanto por las radios como por la propia televisión, permitían tener algo más de optimismo sobre el final del intento de golpe de estado.
La noche del 23 al 24 de febrero la pasé en vela delante del televisor. No les puedo explicar a los lectores y lectoras del blog con exactitud que llegué a pensar durante las horas pasadas delante del televisor y junto a la radio, pero sí me acuerdo de algunos pensamientos que tuve: ¿íbamos a volver a una dictadura militar? ¿Qué pasaría con todas las personas que se habían significado como demócratas desde la transición política? ¿Habría listas negras en la Universidad, para expulsar a quienes se habían destacado en la defensa de las tesis democráticas? ¿Cuál era el futuro que les esperaba a nuestros hijos, otra vez el del miedo y la represión que yo viví cuando era un joven estudiante en los años 70 en la UB? Y también pensé que, con más o menos miedo, había que seguir luchando, aunque fuera nuevamente en la clandestinidad, por la defensa del que aquella noche consideraba el valor más preciado y que estaba en riesgo de perder: la libertad.
Los primeros rayos de sol del día 24 aparecieron cuando ya las noticias que llegaban del Parlamento informaban de los intentos de pactos con los golpistas para que abandonaran el edificio y se rindieran a las fuerzas militares y de seguridad democráticas. Me vestí y marché hacia la Facultad. Allí, estábamos todos pendientes de cómo acabaría el conflicto, porque teníamos miedo de que sectores ultraderechistas quisieran imponer su ley ese día en la Universidad, y mucho más si el intento de golpe se prolongada en el tiempo. Afortunadamente, los golpistas desistieron de su intento y los parlamentarios pudieron salir poco a poco del Parlamento, la representación de la soberanía popular secuestrada durante muchas horas. El aula magna de la Facultad de Derecho estalló en un grito de alegría desbordada cuando se comunicó que los golpistas se habían rendido.
Volví a mediodía a mi casa, y poco después pude ver las imágenes que se habían podido grabar, por la pericia y sangre fría de los profesionales de televisión, de todo el golpe de estado. Una sensación de frío siberiano me atravesó todo el cuerpo, con la chulería barriobajera de los golpistas, pero me reconfortó extraordinariamente la actitud del vicepresidente del gobierno, el general Gutierrez Mellado, a la sazón vicepresidente primero del gobierno, con un porte firme plantando cara a quienes estaban mancillando el edificio de la soberanía popular. He sugerido en más de una ocasión a mis compañeros y compañeras de Derecho Constitucional que la primera sesión de explicación del marco político constitucional español la inicien con el pase de las imágenes del intento de golpe, y que luego siga un debate sobre lo que hubiera significado el triunfo de los golpistas y cómo hubiéramos vivido durante muchos años.
Acabo esta entrada cuando son las 18 h. 50 m. Veinticinco minutos antes, hace 28 años, los golpistas quisieron quitarnos la libertad, pero no lo consiguieron. Muchas gracias a todas las personas, conocidas o anónimas, que hicieron todo lo posible para que hoy podamos seguir saliendo a la calle y poder expresarnos en libertad. Y si en algo contribuí a ello, hoy se los ofrezco a todos aquellos alumnos y alumnas que pueden seguir escuchándome en clase cuando les explico el valor de la Constitución.
P.D. No hay enlaces en esta entrada, porque me he dejado guiar por mi memoria (que se resiente con la edad) y por la ilusión de transmitir aquello que sentí, y que nunca hubiera querido sentir, la tarde-noche del 23 de febrero de 1981.
domingo, 22 de febrero de 2009
Apoyo al empleo social protegido en Navarra.
La Orden foral 457/2008, de 30 de diciembre, aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades locales y entidades de iniciativa social para el año 2009, destinada a ayudas para el empleo social protegido. La norma fue publicada el día 12 de enero y tiene por finalidad regular la concesión de subvenciones para financiar proyectos de interés colectivo y no lucrativo promovidos por entidades locales y/o entidades de iniciativa social que impliquen la contratación temporal de personas en situación de exclusión social y que tengan por objeto “facilitar a estas personas la adquisición de hábitos y habilidades que mejoren sus posibilidades de incorporación laboral”.
La combinación de la actividad de los servicios sociales y los de empleo en el seguimiento de los colectivos en situación o riesgo de exclusión social se observa con toda claridad en el artículo 2.2, que dispone que las personas contratadas (duración máxima de doce meses) deberán acreditar su situación de exclusión “mediante informe social de los trabajadores sociales de los servicios sociales de base y haber suscritos con estos y/o el equipo de incorporación sociolaboral un acuerdo de incorporación sociolaboral en el cual se prevea, como una de las fases del itinerario, un período de adquisición de habilidades y hábitos en un contexto laboral”.
Los trabajos a desarrollar buscarán la rentabilidad en términos de mejora de la empleabilidad de las personas trabajadoras, y de ahí que se disponga en la norma, que las actividades deberán orientarse a cualificar a dichas personas “hacia los yacimientos de empleo detectados en las respectivas zonas de actuación”, y que también deberá prestarse especial atención al diseño de acciones “que mejoren las posibilidades de empleo de las mujeres”.
La partida presupuestaria asignada es de 4.728.761,00 euros para el año en curso, y de dicha cantidad 92.880,00 euros deberán destinarse a los proyectos promovidos por entidades de iniciativa social. La intervención de las entidades de iniciativa social es claramente dependiente de la intervención de las administraciones locales, ya que la propia norma se encarga de indicar que los proyectos de tales entidades deberán presentarse cuando “por sus características y contenidos no sean asumibles por las entidades locales”, y además se les impone el límite económico de 58.000,00 euros.
Se fija un plazo de treinta días para la presentación de las solicitudes, a contar a partir del siguiente al de la publicación de la norma. La autoridad administrativa laboral deberá resolver en un plazo de 3 meses, a contar desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y de no hacerlo se entenderá desestimada la solicitud.
La percepción de la subvención es compatible con otras ayudas que puedan percibirse por la misma finalidad, siempre y cuando la suma de todas ellas no supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
La combinación de la actividad de los servicios sociales y los de empleo en el seguimiento de los colectivos en situación o riesgo de exclusión social se observa con toda claridad en el artículo 2.2, que dispone que las personas contratadas (duración máxima de doce meses) deberán acreditar su situación de exclusión “mediante informe social de los trabajadores sociales de los servicios sociales de base y haber suscritos con estos y/o el equipo de incorporación sociolaboral un acuerdo de incorporación sociolaboral en el cual se prevea, como una de las fases del itinerario, un período de adquisición de habilidades y hábitos en un contexto laboral”.
Los trabajos a desarrollar buscarán la rentabilidad en términos de mejora de la empleabilidad de las personas trabajadoras, y de ahí que se disponga en la norma, que las actividades deberán orientarse a cualificar a dichas personas “hacia los yacimientos de empleo detectados en las respectivas zonas de actuación”, y que también deberá prestarse especial atención al diseño de acciones “que mejoren las posibilidades de empleo de las mujeres”.
La partida presupuestaria asignada es de 4.728.761,00 euros para el año en curso, y de dicha cantidad 92.880,00 euros deberán destinarse a los proyectos promovidos por entidades de iniciativa social. La intervención de las entidades de iniciativa social es claramente dependiente de la intervención de las administraciones locales, ya que la propia norma se encarga de indicar que los proyectos de tales entidades deberán presentarse cuando “por sus características y contenidos no sean asumibles por las entidades locales”, y además se les impone el límite económico de 58.000,00 euros.
Se fija un plazo de treinta días para la presentación de las solicitudes, a contar a partir del siguiente al de la publicación de la norma. La autoridad administrativa laboral deberá resolver en un plazo de 3 meses, a contar desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y de no hacerlo se entenderá desestimada la solicitud.
La percepción de la subvención es compatible con otras ayudas que puedan percibirse por la misma finalidad, siempre y cuando la suma de todas ellas no supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
viernes, 20 de febrero de 2009
Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de gener de 2009.
1. El Ministeri de Treball i Immigració ha publicat avui divendres les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de gener.
En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.
Les dades detallades d’afiliació de la població estrangera dels mesos restants del segon semestre de l’any 2008 i de gener de 2009 segueixen el mateix criteri que les del mes de juliol; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.
Feta aquesta puntualització, i a l’espera de conèixer algun dia les raons d’aquesta modificació per part del MTIN, pel que fa a la població estrangera les dades més
destacades són les següents:
2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de gener, hi ha un total de 1.876.358 estrangers afiliats, dels quals 638.498 són comunitaris i 1.237.861 són extracomunitaris. És a dir, s’ha produït un descens anual del 6,2 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de gener de 2008 era de 2.000.102. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 123.744, tot i que també s’ha de fer especial esment del fet que des del mes de juliol de 2008 la mitja d’afiliació estrangera ha baixat en 275.422 persones.
Per règims, el 68,05 % pertany al general, el 9,10 % al règim de la llar familiar, el 11,04 % a l’agrari, l’11,56 % al d’autònoms, el 0,22% al del mar i el 0,04% al del carbó.
Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de gener, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (420.406, 22,41 %), seguida de Madrid (414.415, 22,09 %), Comunitat Valenciana (209.632, 11,17 %) i Andalusia (204.263, 10,89 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 26.590 persones, un 5,9 %.
Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors marroquins són els primers en nombre (238.888), i els romanesos ocupen la segona posició amb 234.198 treballadors. Els equatorians es situen en la tercera posició (215.481), seguits dels colombians amb 129.883, dels peruans amb 79.269, dels xinesos amb 70.140, dels portuguesos amb 65.951, dels italians amb 63.560, i dels bolivians amb 61.932.
Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la nova classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, ha entrat en vigor aquest mes de gener, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb el CNAE anteriorment vigent. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.
En el règim general de la Seguretat Social destaca encara el nombre d’afiliats en el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 233.082, un 18,26 %, dels quals 157.652 són no comunitari, i en el de l’hostaleria (236.798, 18,55 % %), dels quals 170.562 son comunitaris i que passa a ocupar la primera posició. D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 146.466 treballadors, un 11,47 % del total, dels quals 109.124 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, és també molt important la presència del sector de la construcció (55.110, 25,60 % del total), amb una participació majoritària dels comunitaris (42.046), i també destaca la de comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (50.271, 23,19 %).
3. La mitja del mes de gener d’afiliats estrangers a Catalunya és de 420.406, dels quals 110-281 són comunitaris i 310.126 són extracomunitaris.
Per règims, el 68,79 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 9,99 % en el de la llar familiar, el 12,89 % en l’agrari, el 7,64% en el d’autònoms i el 0,70 % en el del carbó.
En el règim general de SS, els afiliats en el sector de la construcció són 53.238 (16,19) %), dels quals 42.834 són no comunitaris, i ocupen el segon lloc; el primer lloc és per al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, 56.540 (17,20 %), dels quals 42.268 són no comunitaris; el tercer lloc correspon a l’hostaleria, amb 52.041 (15,83 %), dels quals 41.726 són no comunitaris; en quart lloc es troba la indústria manufacturera, amb 43.831 (13,33 %), dels quals 31.837 són no comunitaris. Ocupen el cinquè lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 40.383 afiliats (12,28 %), dels quals 31.910 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància del sector de la construcció (8.518, 20,78 % del total,) i del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.038, 22,05 %).
A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (61.027), seguits dels equatorians (42.495), dels romanesos (29.932), dels colombians (23.071), dels italians (20.451), dels xinesos (19.890), dels peruans (19.573), dels bolivians (17.864), dels francesos (14.008), dels argentins (13.329), dels pakistanesos (10.536), i dels portuguesos (8.454).
En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.
Les dades detallades d’afiliació de la població estrangera dels mesos restants del segon semestre de l’any 2008 i de gener de 2009 segueixen el mateix criteri que les del mes de juliol; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.
Feta aquesta puntualització, i a l’espera de conèixer algun dia les raons d’aquesta modificació per part del MTIN, pel que fa a la població estrangera les dades més
destacades són les següents:
2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de gener, hi ha un total de 1.876.358 estrangers afiliats, dels quals 638.498 són comunitaris i 1.237.861 són extracomunitaris. És a dir, s’ha produït un descens anual del 6,2 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de gener de 2008 era de 2.000.102. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 123.744, tot i que també s’ha de fer especial esment del fet que des del mes de juliol de 2008 la mitja d’afiliació estrangera ha baixat en 275.422 persones.
Per règims, el 68,05 % pertany al general, el 9,10 % al règim de la llar familiar, el 11,04 % a l’agrari, l’11,56 % al d’autònoms, el 0,22% al del mar i el 0,04% al del carbó.
Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de gener, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (420.406, 22,41 %), seguida de Madrid (414.415, 22,09 %), Comunitat Valenciana (209.632, 11,17 %) i Andalusia (204.263, 10,89 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 26.590 persones, un 5,9 %.
Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors marroquins són els primers en nombre (238.888), i els romanesos ocupen la segona posició amb 234.198 treballadors. Els equatorians es situen en la tercera posició (215.481), seguits dels colombians amb 129.883, dels peruans amb 79.269, dels xinesos amb 70.140, dels portuguesos amb 65.951, dels italians amb 63.560, i dels bolivians amb 61.932.
Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la nova classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, ha entrat en vigor aquest mes de gener, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb el CNAE anteriorment vigent. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.
En el règim general de la Seguretat Social destaca encara el nombre d’afiliats en el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 233.082, un 18,26 %, dels quals 157.652 són no comunitari, i en el de l’hostaleria (236.798, 18,55 % %), dels quals 170.562 son comunitaris i que passa a ocupar la primera posició. D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 146.466 treballadors, un 11,47 % del total, dels quals 109.124 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, és també molt important la presència del sector de la construcció (55.110, 25,60 % del total), amb una participació majoritària dels comunitaris (42.046), i també destaca la de comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (50.271, 23,19 %).
3. La mitja del mes de gener d’afiliats estrangers a Catalunya és de 420.406, dels quals 110-281 són comunitaris i 310.126 són extracomunitaris.
Per règims, el 68,79 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 9,99 % en el de la llar familiar, el 12,89 % en l’agrari, el 7,64% en el d’autònoms i el 0,70 % en el del carbó.
En el règim general de SS, els afiliats en el sector de la construcció són 53.238 (16,19) %), dels quals 42.834 són no comunitaris, i ocupen el segon lloc; el primer lloc és per al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, 56.540 (17,20 %), dels quals 42.268 són no comunitaris; el tercer lloc correspon a l’hostaleria, amb 52.041 (15,83 %), dels quals 41.726 són no comunitaris; en quart lloc es troba la indústria manufacturera, amb 43.831 (13,33 %), dels quals 31.837 són no comunitaris. Ocupen el cinquè lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 40.383 afiliats (12,28 %), dels quals 31.910 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància del sector de la construcció (8.518, 20,78 % del total,) i del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.038, 22,05 %).
A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (61.027), seguits dels equatorians (42.495), dels romanesos (29.932), dels colombians (23.071), dels italians (20.451), dels xinesos (19.890), dels peruans (19.573), dels bolivians (17.864), dels francesos (14.008), dels argentins (13.329), dels pakistanesos (10.536), i dels portuguesos (8.454).
martes, 17 de febrero de 2009
Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor a 31 de diciembre de 2008.
El Observatorio permanente de la inmigración hizo públicos el pasado día 13 los datos más recientes de los extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor y los que disponen de autorización de estancia por estudios en vigor a 31 de diciembre de 2008. Destaco a continuación los datos más significativos a mi parecer.
A) En la fecha indicada había 4.473.499 extranjeros con dicho certificado en vigor, un 4.65 % más que en el trimestre anterior y un 12,43 % de aumento con respecto a los últimos doce meses (198.678 y 494.485 personas, respectivamente).
B) Los rumanos se mantienen como el colectivo extranjero (comunitario, no se olvide) mayoritario (718.844), por delante de los marroquíes (717.416) y muy por delante de los ecuatorianos (421.527) y colombianos (274.832). Porcentualmente, es la población boliviana la que experimenta un incremento mayor en serie interanual (23,61 %), si bien es la marroquí la que experimenta un crecimiento cuantitativo mayor (35.587 personas). Es decir, los cuatro colectivos citados reúnen el 48 % de la población extranjera residente en España.
C) Con referencia los informes de trimestres anteriores, el dato más destacable es que el incremento de personas acogidas al régimen general ha sido de 163.934, mientras que en el régimen comunitario sólo se ha producido un incremento de 34.744; es decir, “se invierte la tendencia que se venía observando desde junio de 2007 de mayor crecimiento del régimen comunitario”.
D) Las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia agrupan al 65,02 % de los extranjeros. Las provincias de Madrid y Barcelona reúnen el 32'66 % de ellos 796.979 y 660.254, respectivamente).
E) El régimen general (permítaseme la simplificación, el de los "extranjeros de verdad") agrupa a 2.341.052 (52,33 % del total), y el régimen comunitario (permítaseme una nueva simplificación, el de los que tienen prácticamente los mismos derechos y obligaciones que los autóctonos) son 2.132.447 (47,67 %).
F) El 83,05 % de la población extranjera está en edad laboral de 16 a 64 años (3.711.422), y la media de edad es de 33,1 años. Otros datos de especial interés sobre la edad, a mi parecer, son que los ciudadanos marroquíes y chinos tienen una media de edad de 27,3 y 29,1 años, respectivamente, y que un 23,55 % del colectivo africano tiene menos de 16 años. Según la información oficial con la que estoy ahora trabajando, es en Barcelona y Madrid donde se concentra el mayor número de extranjeros en edad laboral (en Madrid 684.826 y en Barcelona 549.301), mientras que es en las provincias de Alicante y Málaga donde residen el mayor número de extranjeros (en su gran mayoría comunitarios) mayores de 64 años (45.012 y 22.014). Por cierto, en este trimestre aumenta ligeramente e peso relativo de los menores, que ya supone el 13.10 % del total.
G) De los extranjeros "de verdad" del régimen general, el 41,39 % (969.048 personas) disponen de autorización de residencia permanente, y el resto son temporales, si bien también quiero destacar que 638.330 han sido ya renovadas por segunda vez, mientras que sólo 263.826 son iniciales (es decir, aquellas en las que pueden concentrarse una mayor problemática laboral).
A) En la fecha indicada había 4.473.499 extranjeros con dicho certificado en vigor, un 4.65 % más que en el trimestre anterior y un 12,43 % de aumento con respecto a los últimos doce meses (198.678 y 494.485 personas, respectivamente).
B) Los rumanos se mantienen como el colectivo extranjero (comunitario, no se olvide) mayoritario (718.844), por delante de los marroquíes (717.416) y muy por delante de los ecuatorianos (421.527) y colombianos (274.832). Porcentualmente, es la población boliviana la que experimenta un incremento mayor en serie interanual (23,61 %), si bien es la marroquí la que experimenta un crecimiento cuantitativo mayor (35.587 personas). Es decir, los cuatro colectivos citados reúnen el 48 % de la población extranjera residente en España.
C) Con referencia los informes de trimestres anteriores, el dato más destacable es que el incremento de personas acogidas al régimen general ha sido de 163.934, mientras que en el régimen comunitario sólo se ha producido un incremento de 34.744; es decir, “se invierte la tendencia que se venía observando desde junio de 2007 de mayor crecimiento del régimen comunitario”.
D) Las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia agrupan al 65,02 % de los extranjeros. Las provincias de Madrid y Barcelona reúnen el 32'66 % de ellos 796.979 y 660.254, respectivamente).
E) El régimen general (permítaseme la simplificación, el de los "extranjeros de verdad") agrupa a 2.341.052 (52,33 % del total), y el régimen comunitario (permítaseme una nueva simplificación, el de los que tienen prácticamente los mismos derechos y obligaciones que los autóctonos) son 2.132.447 (47,67 %).
F) El 83,05 % de la población extranjera está en edad laboral de 16 a 64 años (3.711.422), y la media de edad es de 33,1 años. Otros datos de especial interés sobre la edad, a mi parecer, son que los ciudadanos marroquíes y chinos tienen una media de edad de 27,3 y 29,1 años, respectivamente, y que un 23,55 % del colectivo africano tiene menos de 16 años. Según la información oficial con la que estoy ahora trabajando, es en Barcelona y Madrid donde se concentra el mayor número de extranjeros en edad laboral (en Madrid 684.826 y en Barcelona 549.301), mientras que es en las provincias de Alicante y Málaga donde residen el mayor número de extranjeros (en su gran mayoría comunitarios) mayores de 64 años (45.012 y 22.014). Por cierto, en este trimestre aumenta ligeramente e peso relativo de los menores, que ya supone el 13.10 % del total.
G) De los extranjeros "de verdad" del régimen general, el 41,39 % (969.048 personas) disponen de autorización de residencia permanente, y el resto son temporales, si bien también quiero destacar que 638.330 han sido ya renovadas por segunda vez, mientras que sólo 263.826 son iniciales (es decir, aquellas en las que pueden concentrarse una mayor problemática laboral).
domingo, 15 de febrero de 2009
Les preocupacions dels catalans.
1. El darrer baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat (CEO) sobre la valoració de govern, fet public el dia 13 de febrer, constata el creixement de la preocupació dels ciutadans per l’atur i la situació econòmica, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Catalunya
En el baròmetre del CEO es pregunta als enquestats quins són el principals problemes que té actualment Catalunya (possibilitat de més d’una resposta). La immigració es situa en tercer lloc (28,7) per darrera de l’atur i la precarietat laboral (55,4), i el funcionament de l’economia (29,7). El segueixen el sistema de finançament de Catalunya (14,3), l’accés a l’habitatge (11,3) i l’educació, cultura i investigació (11,3). Cal destacar que fa un any l’atur i la precarietat laboral solament havien estar esmentats per un 17,9, i el funcionament de l’economia per un 16,8. També ha crescut en més de 4 punts la preocupació per la immigració (24,6 en el baròmetre anterior).
Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Catalunya, la immigració es situa en el quart lloc (6,0), per darrera de l’atur i la precarietat laboral (20,3), del funcionament de l’economia (15,3) i de l’educació, cultura i investigació (6,5), i per davant de l’accés a l’habitatge (5,5) i del sistema de finançament de Catalunya (5,2).
La percepció negativa de bona part de la ciutadania sobre la situació actual es manifesta en el fet que un 91 % creu que ha empitjorat, o empitjorat molt, la situació de l’atur (63 i 28 %, respectivament). Pel que fa a la immigració la percepció majoritària també és negativa, perquè el 45 % creu que ha empitjorat i el 19 % que ha empitjorat molt.
2. També cal fer esment d’un altre estudi recent del CEO, del mes de gener, dedicat a la percepció ciutadana de les polítiques públiques executades pel govern català. Els enquestats són del parer que la lluita contra l’atur i la precarietat laboral hauria de ser l’actuació prioritària del govern (37,5) (possibilitat de tres respostes), així com també s’emfasitza la importància de millorar les polítiques socials (21,1), i la immigració es situada en primer lloc el 12,3. Però, quan es pregunta als ciutadans què és el que més els afecta en la seva vida quotidiana, la primera preocupació passa a ser el funcionament de la sanitat pública (7,88 sobre una escala del 0 al 10), mentre que la immigració es situa en 6,41, sorprenentment, al meu parer, per davant de la precarietat laboral (6,03) i l’atur (5,95).
En aquest estudi, i per concloure aquesta entrada del blog, cal destacar dues dades preocupants i que demostra que encara resta molt a fer en l’àmbit de les polítiques d’immigració i que per aquest motiu es desitjable que les mesures del nou pacte nacional per a la immigració a Catalunya es posin en marxa al més aviat possible: la primera resposta en percentatge a la pregunta de què es el que pitjor ha fet el govern en el darrer any és justament la política d’immigració (9,6), per davant de la millora del sistema educatiu (8,7) i de la insatisfacció amb la política (8,7). Quan es pregunta als enquestat si la immigració estrangera és més aviat beneficiosa o més aviat perjudicial per a Catalunya (i no podem oblidar el context econòmic i social en què es troba la societat catalana en el moment actual) un 43 % emfasitza el vessant negatiu, en front de un 30 % que valora els aspectes més positius, i de un 22,8 % que es manifesta neutral en aquesta pretesa polèmica.
En el baròmetre del CEO es pregunta als enquestats quins són el principals problemes que té actualment Catalunya (possibilitat de més d’una resposta). La immigració es situa en tercer lloc (28,7) per darrera de l’atur i la precarietat laboral (55,4), i el funcionament de l’economia (29,7). El segueixen el sistema de finançament de Catalunya (14,3), l’accés a l’habitatge (11,3) i l’educació, cultura i investigació (11,3). Cal destacar que fa un any l’atur i la precarietat laboral solament havien estar esmentats per un 17,9, i el funcionament de l’economia per un 16,8. També ha crescut en més de 4 punts la preocupació per la immigració (24,6 en el baròmetre anterior).
Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Catalunya, la immigració es situa en el quart lloc (6,0), per darrera de l’atur i la precarietat laboral (20,3), del funcionament de l’economia (15,3) i de l’educació, cultura i investigació (6,5), i per davant de l’accés a l’habitatge (5,5) i del sistema de finançament de Catalunya (5,2).
La percepció negativa de bona part de la ciutadania sobre la situació actual es manifesta en el fet que un 91 % creu que ha empitjorat, o empitjorat molt, la situació de l’atur (63 i 28 %, respectivament). Pel que fa a la immigració la percepció majoritària també és negativa, perquè el 45 % creu que ha empitjorat i el 19 % que ha empitjorat molt.
2. També cal fer esment d’un altre estudi recent del CEO, del mes de gener, dedicat a la percepció ciutadana de les polítiques públiques executades pel govern català. Els enquestats són del parer que la lluita contra l’atur i la precarietat laboral hauria de ser l’actuació prioritària del govern (37,5) (possibilitat de tres respostes), així com també s’emfasitza la importància de millorar les polítiques socials (21,1), i la immigració es situada en primer lloc el 12,3. Però, quan es pregunta als ciutadans què és el que més els afecta en la seva vida quotidiana, la primera preocupació passa a ser el funcionament de la sanitat pública (7,88 sobre una escala del 0 al 10), mentre que la immigració es situa en 6,41, sorprenentment, al meu parer, per davant de la precarietat laboral (6,03) i l’atur (5,95).
En aquest estudi, i per concloure aquesta entrada del blog, cal destacar dues dades preocupants i que demostra que encara resta molt a fer en l’àmbit de les polítiques d’immigració i que per aquest motiu es desitjable que les mesures del nou pacte nacional per a la immigració a Catalunya es posin en marxa al més aviat possible: la primera resposta en percentatge a la pregunta de què es el que pitjor ha fet el govern en el darrer any és justament la política d’immigració (9,6), per davant de la millora del sistema educatiu (8,7) i de la insatisfacció amb la política (8,7). Quan es pregunta als enquestat si la immigració estrangera és més aviat beneficiosa o més aviat perjudicial per a Catalunya (i no podem oblidar el context econòmic i social en què es troba la societat catalana en el moment actual) un 43 % emfasitza el vessant negatiu, en front de un 30 % que valora els aspectes més positius, i de un 22,8 % que es manifesta neutral en aquesta pretesa polèmica.
jueves, 12 de febrero de 2009
El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes de gener. Les preocupacions dels espanyols.
1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de gener, fet públic avui dijous 12 de febrer, segueix constatant el creixement de la preocupació dels ciutadans per l’atur i la situació econòmica, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Espanya però no a títol personal pels enquestats.
La immigració es considera el quart problema que existeix actualment a Espanya (19.3, es a dir 0.2 punts menys que el mes de desembre) (possibilitat de tres respostes), per darrera de l’atur (75,3, es a dir 2,8 punts més que el mes de desembre), dels problemes d’índole econòmica (51,9, 2,7 punts menys que en el baròmetre anterior), i el terrorisme (22,2, 6,8 punts menys que el mes anterior).El segueixen l’habitatge (13,6), la inseguretat ciutadana (11.7), “la classe política, els partits polítics” (9.0), i els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (3,9).
Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema, ara a Espanya, la immigració ocupa el tercer lloc (3.5, baixant 1 punt sobre el baròmetre del mes de desembre), per darrera de l’atur (52,9, 5,9 punts més que en el baròmetre anterior), i dels problemes d’índole econòmica (25,1, 1,6 punts menys); el segueixen “la classe política, els partits polítics” (3,2), i el terrorisme (3,0).
Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració baixa fins al setè lloc (6.4, 0,3 punts més que en el baròmetre de desembre), per darrera dels problemes d’índole econòmica (45,8), l’atur (36,6), l’habitatge (13,8), la inseguretat ciutadana (9.1), “no sap” (6,9) i les pensions (6,4). El segueixen “cap” (5.9), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (5.8), i l’educació (4,0).
Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració encara baixa més, fins al desè lloc (1.7, el mateix percentatge que en el baròmetre anterior), per darrera dels problemes d’índole econòmica (28,4), l’atur (27,2), “no sap” (6,9), “cap” (5.9), l’habitatge (4.6), les pensions (4.1), la inseguretat ciutadana (2.7), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2,5) i la inseguretat ciutadana (2.4).
Hi ha una petita avantatge sobre la preocupació per la immigració entre els homes amb relació a les dones (19,5 i 19,2) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya, i són les persones de edat compreses entre els 55 i 64 anys les més preocupades (22.3); quan es pregunta quin es el principal problema personal, la franja més important és la compresa entre 25 i 34 anys (4,6). Pel nivell d’estudis, les persones sense estudis i amb nivell de formació professional són les que se senten més preocupades personalment per la immigració (2.1).
Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els comerciants i petits empresaris, i el personal administratiu, comercial i de serveis, els que manifesten més preocupació general per la immigració (26,3 i 24,3 respectivament), Els que estan personalment més preocupats són els obrers no qualificats (3,6)
Els assalariats no manuals (noves classes mitges) són els que manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre, ja que el 7,2 considera que és un dels tres problemes més important a Espanya i que els afecta. Tant les noves com les velles classes mitges (empresaris, autònoms i agricultors) són les que consideren que és el problema principal (4,1), i son les velles classes mitges les que consideren que es els problema que els afecta més directament (2,3) .
D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2008. Si en la primera resposta eren un 19.3 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 25,0 en el cas dels votants de CiU. Tanmateix s’ha de fer esment del fet que són els votants de CiU els qui creuen que la immigració es el problema que els afecta més (4,1), mentre que en el conjunt de la població enquestada és únicament del 1.7.Cal destacar també que dels enquestat que no tenien edat de votar, un 10,7 % són del parer que és el problema que els afecta més personalment
La immigració es considera el quart problema que existeix actualment a Espanya (19.3, es a dir 0.2 punts menys que el mes de desembre) (possibilitat de tres respostes), per darrera de l’atur (75,3, es a dir 2,8 punts més que el mes de desembre), dels problemes d’índole econòmica (51,9, 2,7 punts menys que en el baròmetre anterior), i el terrorisme (22,2, 6,8 punts menys que el mes anterior).El segueixen l’habitatge (13,6), la inseguretat ciutadana (11.7), “la classe política, els partits polítics” (9.0), i els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (3,9).
Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema, ara a Espanya, la immigració ocupa el tercer lloc (3.5, baixant 1 punt sobre el baròmetre del mes de desembre), per darrera de l’atur (52,9, 5,9 punts més que en el baròmetre anterior), i dels problemes d’índole econòmica (25,1, 1,6 punts menys); el segueixen “la classe política, els partits polítics” (3,2), i el terrorisme (3,0).
Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració baixa fins al setè lloc (6.4, 0,3 punts més que en el baròmetre de desembre), per darrera dels problemes d’índole econòmica (45,8), l’atur (36,6), l’habitatge (13,8), la inseguretat ciutadana (9.1), “no sap” (6,9) i les pensions (6,4). El segueixen “cap” (5.9), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (5.8), i l’educació (4,0).
Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració encara baixa més, fins al desè lloc (1.7, el mateix percentatge que en el baròmetre anterior), per darrera dels problemes d’índole econòmica (28,4), l’atur (27,2), “no sap” (6,9), “cap” (5.9), l’habitatge (4.6), les pensions (4.1), la inseguretat ciutadana (2.7), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2,5) i la inseguretat ciutadana (2.4).
Hi ha una petita avantatge sobre la preocupació per la immigració entre els homes amb relació a les dones (19,5 i 19,2) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya, i són les persones de edat compreses entre els 55 i 64 anys les més preocupades (22.3); quan es pregunta quin es el principal problema personal, la franja més important és la compresa entre 25 i 34 anys (4,6). Pel nivell d’estudis, les persones sense estudis i amb nivell de formació professional són les que se senten més preocupades personalment per la immigració (2.1).
Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els comerciants i petits empresaris, i el personal administratiu, comercial i de serveis, els que manifesten més preocupació general per la immigració (26,3 i 24,3 respectivament), Els que estan personalment més preocupats són els obrers no qualificats (3,6)
Els assalariats no manuals (noves classes mitges) són els que manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre, ja que el 7,2 considera que és un dels tres problemes més important a Espanya i que els afecta. Tant les noves com les velles classes mitges (empresaris, autònoms i agricultors) són les que consideren que és el problema principal (4,1), i son les velles classes mitges les que consideren que es els problema que els afecta més directament (2,3) .
D’especial interès em semblen les dades aportades pel Baròmetre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals de 2008. Si en la primera resposta eren un 19.3 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 25,0 en el cas dels votants de CiU. Tanmateix s’ha de fer esment del fet que són els votants de CiU els qui creuen que la immigració es el problema que els afecta més (4,1), mentre que en el conjunt de la població enquestada és únicament del 1.7.Cal destacar també que dels enquestat que no tenien edat de votar, un 10,7 % són del parer que és el problema que els afecta més personalment
miércoles, 11 de febrero de 2009
La política de empleo de fomento de la contratación de jóvenes en Galicia.
1. La Orden de 30 de diciembre de 2008 establece las bases reguladoras de los programas de incentivos a la contratación por cuenta ajena como medida para favorecer la inserción de la juventud en el ámbito territorial gallego, cofinanciados por el Fondo Social Europeo, y procede a su convocatoria para el año 2009
La norma fue publicada en el Diario oficial autonómico el 15 de enero y entró en vigor al día siguiente, y tiene por finalidad incentivar la incorporación, o reincorporación, al mercado de trabajo de las personas jóvenes con vocación de estabilidad, incluyéndose a las personas entre 16 y 30 años, ambos inclusive, inscritos como desempleados demandantes de empleo. Esta norma, al igual que muchas de las restantes medidas de incentivación de la contratación, se inscribe en el marco del “Plan Contigo” puesto en marcha por la Consejería de Trabajo para el año 2009. Con respecto a medidas semejantes aprobadas en años anteriores cabe destacar que se incrementan las ayudas económicas para las microempresas, es decir las de menos de 10 trabajadores.
2. Las partidas presupuestarias asignadas al efecto se detallan en la disposición adicional sexta, con una cofinanciación del 80 % a cargo del Fondo Social Europeo. Con carácter general, las ayudas deberán solicitarse en el plazo de dos meses desde que se formalice la nueva contratación o se produzca la conversión del anterior contrato temporal, y se fija el plazo definitivo de finalización el 15 de septiembre. En el supuesto de que se hayan adoptado medidas previstas en la presente norma entre el 16 de septiembre de 2008 y el 16 de enero de 2009, el plazo finalizará el 31 de marzo. También con carácter general debe indicarse que las ayudas no podrán superar, en concurrencia con otras de carácter público que pudieran percibirse para la misma finalidad, el 50 % del coste salarial anual correspondiente al contrato que se subvenciona, y al tratarse de incentivos sometidos a la normativa comunitaria su cuantía no podrá superar los 200.000 euros en un período de 3 ejercicios fiscales, salvo para el sector del transporte por carretera, en el que dicha cuantía se reduce a 100.000 euros.
3. La norma regula 5 programas. El primero contempla el fomento de contratación en prácticas, de una duración mínima de 12 meses, de jóvenes con titulaciones de difícil empleabilidad listadas en el anexo V-A y siempre que las empresas tengan una tasa de estabilidad del 75 % como mínimo. Las ayudas serán de 1.000 euros con carácter general, que se incrementa hasta 4.000 cuando se trate de mujeres tituladas, y en todos los casos se incrementará en un 50 % cuando la contratación la realice una microempresa.
El segundo programa trata de fomentar la contratación de jóvenes para sustituir a personas trabajadoras que finalizan su vida laboral, es decir mediante contratos de relevo o contratos de sustitución por anticipación de la edad de jubilación. Si los contratos son de duración determinada no inferior a 12 meses la cuantía de la subvención es de 1.500 euros para varones y 2.500 para mujeres, y si se trata de contratación indefinida las cuantías se incrementan hasta 7.500 y 12.000 euros respectivamente. Al igual que en el supuesto anterior si se trata de microempresas las cuantías se incrementan en un 50 %. Las empresas deben tener una tasa de estabilidad del 75 % como mínimo.
En tercer lugar se prevé la creación subvencionada de empleos para jóvenes titulados en empresas de menos de 30 trabajadores, mediante la modalidad de contrato en prácticas con subvención de 1250 euros con carácter general y que puede incrementarse hasta 3.000 euros si se formaliza con una mujer titulada. Igualmente, las cuantías se incrementan en un 50 % cuando la contratación la formalice una microempresa.
El cuarto programa prevé la subvención de la contratación indefinida inicial, debiendo destacarse por su especificidad que se incentiva también el período de prueba, justificándose esta medida en la introducción de la norma por la finalidad “de acabar con la realización de aquellos contratos temporales que podrían ser utilizados como período de prueba”. La subvención por el período de prueba de hasta 2 meses es de un máximo de 3.000 euros, y la subvención de la contratación indefinida será de 5.000 euros para varones y 7.500 euros para mujeres, incrementándose siempre en un 50 % si se trata de contrataciones efectuadas por microempresas.
Por último, la conversión de determinados contratos temporales en indefinidos, según la base segunda del anexo E, puede dar lugar a la concesión de subvenciones en cuantías que oscilan entre 3.750 y 4.750 euros para varones y 6.000 y 7.500 euros para mujeres.
A destacar que en los cinco supuestos referenciados se dispone que la cuantía de las ayudas que se concedan no podrán superar la equivalente al 60 % de los costes salariales totales del trabajador contratado, calculada sobre dos anualidades-.
4. La tramitación de las solicitudes se efectuará en régimen de concesión directa, y la autoridad administrativa laboral dispondrá de 6 meses para dictar la correspondiente resolución, a contar a partir del día de la fecha de entrada de solicitud en el registro, y si no se dicta se entenderá desestimada la solicitud.
La norma fue publicada en el Diario oficial autonómico el 15 de enero y entró en vigor al día siguiente, y tiene por finalidad incentivar la incorporación, o reincorporación, al mercado de trabajo de las personas jóvenes con vocación de estabilidad, incluyéndose a las personas entre 16 y 30 años, ambos inclusive, inscritos como desempleados demandantes de empleo. Esta norma, al igual que muchas de las restantes medidas de incentivación de la contratación, se inscribe en el marco del “Plan Contigo” puesto en marcha por la Consejería de Trabajo para el año 2009. Con respecto a medidas semejantes aprobadas en años anteriores cabe destacar que se incrementan las ayudas económicas para las microempresas, es decir las de menos de 10 trabajadores.
2. Las partidas presupuestarias asignadas al efecto se detallan en la disposición adicional sexta, con una cofinanciación del 80 % a cargo del Fondo Social Europeo. Con carácter general, las ayudas deberán solicitarse en el plazo de dos meses desde que se formalice la nueva contratación o se produzca la conversión del anterior contrato temporal, y se fija el plazo definitivo de finalización el 15 de septiembre. En el supuesto de que se hayan adoptado medidas previstas en la presente norma entre el 16 de septiembre de 2008 y el 16 de enero de 2009, el plazo finalizará el 31 de marzo. También con carácter general debe indicarse que las ayudas no podrán superar, en concurrencia con otras de carácter público que pudieran percibirse para la misma finalidad, el 50 % del coste salarial anual correspondiente al contrato que se subvenciona, y al tratarse de incentivos sometidos a la normativa comunitaria su cuantía no podrá superar los 200.000 euros en un período de 3 ejercicios fiscales, salvo para el sector del transporte por carretera, en el que dicha cuantía se reduce a 100.000 euros.
3. La norma regula 5 programas. El primero contempla el fomento de contratación en prácticas, de una duración mínima de 12 meses, de jóvenes con titulaciones de difícil empleabilidad listadas en el anexo V-A y siempre que las empresas tengan una tasa de estabilidad del 75 % como mínimo. Las ayudas serán de 1.000 euros con carácter general, que se incrementa hasta 4.000 cuando se trate de mujeres tituladas, y en todos los casos se incrementará en un 50 % cuando la contratación la realice una microempresa.
El segundo programa trata de fomentar la contratación de jóvenes para sustituir a personas trabajadoras que finalizan su vida laboral, es decir mediante contratos de relevo o contratos de sustitución por anticipación de la edad de jubilación. Si los contratos son de duración determinada no inferior a 12 meses la cuantía de la subvención es de 1.500 euros para varones y 2.500 para mujeres, y si se trata de contratación indefinida las cuantías se incrementan hasta 7.500 y 12.000 euros respectivamente. Al igual que en el supuesto anterior si se trata de microempresas las cuantías se incrementan en un 50 %. Las empresas deben tener una tasa de estabilidad del 75 % como mínimo.
En tercer lugar se prevé la creación subvencionada de empleos para jóvenes titulados en empresas de menos de 30 trabajadores, mediante la modalidad de contrato en prácticas con subvención de 1250 euros con carácter general y que puede incrementarse hasta 3.000 euros si se formaliza con una mujer titulada. Igualmente, las cuantías se incrementan en un 50 % cuando la contratación la formalice una microempresa.
El cuarto programa prevé la subvención de la contratación indefinida inicial, debiendo destacarse por su especificidad que se incentiva también el período de prueba, justificándose esta medida en la introducción de la norma por la finalidad “de acabar con la realización de aquellos contratos temporales que podrían ser utilizados como período de prueba”. La subvención por el período de prueba de hasta 2 meses es de un máximo de 3.000 euros, y la subvención de la contratación indefinida será de 5.000 euros para varones y 7.500 euros para mujeres, incrementándose siempre en un 50 % si se trata de contrataciones efectuadas por microempresas.
Por último, la conversión de determinados contratos temporales en indefinidos, según la base segunda del anexo E, puede dar lugar a la concesión de subvenciones en cuantías que oscilan entre 3.750 y 4.750 euros para varones y 6.000 y 7.500 euros para mujeres.
A destacar que en los cinco supuestos referenciados se dispone que la cuantía de las ayudas que se concedan no podrán superar la equivalente al 60 % de los costes salariales totales del trabajador contratado, calculada sobre dos anualidades-.
4. La tramitación de las solicitudes se efectuará en régimen de concesión directa, y la autoridad administrativa laboral dispondrá de 6 meses para dictar la correspondiente resolución, a contar a partir del día de la fecha de entrada de solicitud en el registro, y si no se dicta se entenderá desestimada la solicitud.
lunes, 9 de febrero de 2009
Lost in translation (Crónica breve de una visita a Tokio)
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1. En muchos comentarios de la película “Lost in translation”, del ya lejano 2003, se pudo leer, tras valorar la excelente interpretación de Bill Murray y Scarlett Johansson, que a su éxito contribuyó la magia de Tokio y el encanto de su gente. Tuve oportunidad de ver la película poco después de su presentación oficial y les confieso que quedé maravillado, tanto por la calidad de la interpretación de los protagonistas como por el acercamiento a una ciudad de la que conocía muy poco, así como de sus habitantes, en aquel momento.
Tengo necesidad, y urgente, de volver a verla, tras haber comprobado en vivo y en directo que muchas de las sensaciones que tuvieron los protagonistas sobre la ciudad las he tenido yo también durante la pasada semana, en la que motivos (alegres) familiares me han llevado a visitar muchos de los lugares que aparecen en la película, y de sufrir el mismo desfase horario que Bill Murray, tanto durante mi estancia en Tokio como en las dos noches que ya llevo (durmiendo muy poco, por decir algo) en Barcelona a mi regreso.
2. Es una sensación auténticamente sorprendente el comprobar como la aglomeración de personas en el metro puede gestionarse por los propios usuarios de forma ordenada, y como el silencio es algo que no se debe sólo al sueño que tienen los usuarios sino también al respeto hacia los demás. No se utiliza el móvil en el metro, o más exactamente no se efectúan ni se reciben llamadas, pero sí compruebas que un gran número de personas están enviando y recibiendo mensajes a cualquier hora. Por cierto, mi experiencia en el metro de Tokio es la de una persona que, de no ser por mi hijo Ignacio, se hubiera encontrado con múltiples problemas para saber a dónde ir y cómo ir. Quizás haya que hacer un curso de postgrado para extranjeros para moverse por las múltiples líneas y distintas compañías, así como para entender todos los rótulos, incluidos los que están en inglés, pero la experiencia de moverse durante una semana bajo tierra y haciendo muchos kilómetros diarios me ha parecido apasionante para conocer mejor la realidad de la ciudad y de una pequeña parte de los 10 millones de habitantes que viven en la urbe (y cerca de treinta en la conurbación, según cifras oficiales). Y además, les aseguro que el examen de ese curso de postgrado sería ciertamente tan difícil, como dicen buena parte de los alumnos de la Facultad de Derecho de la UAB (y aunque ya con muchos años de distancia en el tiempo les puedo asegurar que compartí esa sensación cuando era estudiante), como un examen de Derecho Internacional Privado, aunque no sé si mis amigos de dicha disciplina, los profesores Josep Mª de Dios y Rafael Arenas, estarán de acuerdo con esta apreciación.
Que Tokio es una de las ciudades más caras del mundo no sólo es una frase contenida en numerosos estudios e informes de organizaciones turísticas o económicas, sino que me ha parecido literalmente cierto, y de ahí que nuestra presencia en restaurantes haya sido más que limitada, y que no vale aquella frase de “vamos a tomar un café para descansar un rato”, porque ese café, o los varios que se toman al día, te desequilibra el presupuesto, salvo que seas prudente y lo acabes tomando (¡quien me lo iba a decir¡) en la cadena “Starbucks Coffee”, cuyos precios todavía son accesibles para nuestro bolsillo. Y hay algo que sorprende mucho al turista, salvo que ya vayas preparado y ya tengas conocimiento de ello (y afortunadamente la lectura de la guía de Tokio durante buena parte del viaje de ida me puso sobre aviso), como es la imposibilidad de pagar con tarjeta en numerosos lugares, e incluso en aquellos tan turísticos como el mirador de la Torre de Tokio, así como los pocos cajeros en los que pueden obtener moneda del país. De todas formas, quizás ello no vaya tan mal para el turista, ya que te obliga a controlar con más detalle el gasto que efectúas, que probablemente se incrementaría si no tuvieras necesidad de hacer ese control.
Limpieza y educación. Me quedo con estas dos palabras para describir la ciudad y a las personas con las que tuve contacto. Sorprende muy positivamente ver qué limpia está la ciudad y las pocas papeleras (perfectamente separadas por materias para facilitar el reciclaje) que encuentras por las calles. Y es agradable el trato cortés y afable de las personas con las que tratas, aunque no entiendas absolutamente nada de lo que te dicen en muchas ocasiones, salvo por los gestos, el idioma ideal para entenderse entre personas que hablan diferentes idiomas (el inglés es utilizado en ámbitos turísticos, pero muy poco entre la mayor parte de la ciudadanía).
3. Los miles de kilómetros que separan Japón de España no han impedido obviamente que cada día estuviera atento a lo que ocurría aquí, muy especialmente a la situación económica y social, aunque la situación en Japón ya empieza también a ser preocupante y los medios de comunicación se hace eco de los problemas de Sony, Toyota y Panasonic, por citas tres empresas suficientemente significativas, y de sus previsiones de reducción de plantillas en Japón y en el resto de países en donde tienen centros de trabajo. En la distancia geográfica es donde compruebas muy directamente que la crisis económica tiene un alcance mundial del que no éramos conscientes hasta hace poco tiempo, aunque tengamos que adoptar soluciones en los ámbitos nacionales para enfrentarse a los problemas que aquella plantea. Probablemente el ejemplo de Nissan sea representativo de cómo combinar la negociación en claves política y empresarial a escala internacional, y creo que esa es la parte más importante de la visita que el presidente de la Generalitat efectuó recientemente a Japón, con la adopción de medidas en el ámbito local (políticas laborales, ayudas económicas a las reestructuraciones de la producción, etc.).
Una buena amiga, avezada parlamentaria en asuntos sociolaborales, me enviaba un correo poco después de la publicación de las cifras de empleo, desempleo y afiliación a la Seguridad Social el pasado día 3, en el que manifestaba su preocupación por los datos y me formulaba una seria de preguntas sobre cómo veo la situación y qué impacto puede tener para la cohesión social en España en general y para Cataluña en particular. No me atreví a contestarle inmediatamente porque quería estudiar con un poco más de detalle las cifras, cuyo análisis por lo que se refiere a la inmigración ya he incorporado al blog, pero ahora aprovecho esta entrada para afirmar con rotundidad que la lectura que se puede hacer del crecimiento del desempleo (198.830 personas el mes de enero y 1.065.876 en serie interanual) y de la caída de la afiliación a la Seguridad Social (349.569 con respecto a diciembre y 979.055 en serie interanual) no puede ser sino muy preocupante, y que urge cada vez más la adopción de medidas para aliviar (obsérvese bien que no dijo atajar) el problema, o más exactamente que sean operativas y efectivas las que ya se han tomado.
Pero además, le he de decir a mi amiga que las respuestas deben darse en todos los frentes: en el internacional, mediante la adopción de medidas coordinadas entre todos los países desarrollados, y con una atención especial al impacto que el plan de choque de la nueva administración estadounidense puede tener sobre la economía mundial; en el ámbito comunitario, con la aplicación efectiva del plan de recuperación aprobado en noviembre de 2008, y con una atención preferente a la adopción de medidas sociales que eviten las situaciones de conflictividad como las vividas en Inglaterra con respecto a la contratación de trabajadores extranjeros, porque el problema real es que dicha contratación no se efectúa con respeto de la normativa que es de aplicación a los trabajadores británicos, y ello me lleva pedir una vez la revisión de los criterios de aplicación de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores que ha efectuado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y que pueden seguir provocando esas situaciones de conflictividad; en el ámbito estatal, con la aplicación efectiva de medidas que permitan inyectar liquidez al sistema económico y de aquellas que garanticen la protección social a todas las personas afectadas por la crisis (no olvidemos que puede haber un número importante de personas que agoten sus prestaciones por desempleo en los próximos meses), así como también de medidas que reduzcan costes de contratación mediante una adecuada utilización de la técnica de las bonificaciones en las cuotas empresariales en la Seguridad Social; en el ámbito autonómico, haciendo uso efectivo de los instrumentos disponibles en vía estatutaria, señaladamente las políticas de formación, con especial atención a su dirección hacia aquellos sectores en los que puede preverse un incremento de las necesidad de ocupación en el futuro inmediato; en fin, y muy importante, la puesta en marcha en los ámbitos locales de las medidas de impulso económico y de empleo aprobadas recientemente, tanto para mejorar las realidades de nuestros pueblos y ciudades como para incrementar el volumen de personal ocupado, aunque sea por un período temporal.
Por cierto, en la sociedad más tecnológica, y en la capital del país, se puede comprobar la coexistencia de un nivel tecnológico muy importante en todos los ámbitos de actividad (no digo que haya que hacer un curso de posgrado, pero sí sería necesaria una sesión de aprendizaje para saber gestionar correctamente cómo usar los lavabos y WC) con un número importante de puestos de trabajo para los que se requiere, o al menos así me lo parece, escasa cualificación, como es el personal encargado de velar por el buen orden en el paso de semáforos, obras en construcción o acceso a instalaciones turísticas. Me parece que también tenemos que reflexionar en España sobre cómo combinar adecuadamente el encaje de esos puestos de trabajo de baja cualificación con la nueva sociedad del conocimiento a la que nos dirigimos a pasos acelerados.
4. Mi estancia en Tokio no me ha permitido tampoco participar en los debates habituales con una serie de amigos y amigas sobre los cambios que acaecen en los mercados de trabajo y en las políticas de formación, y uno de los planteados esta semana ha sido el de la importancia de unificar los subsistemas de formación profesional para, justamente, estar en mejores condiciones de responder, tanto desde el ámbito educativo como desde el laboral, a las necesidades formativas que se demandarán cada vez más. Coincido con la tesis de que debe avanzarse mucho más rápidamente de lo que se ha hecho hasta ahora, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, para ensamblar adecuadamente los subsistemas, y que no hay obstáculo jurídico alguno (me parece que de alcance político, y de reparto de poder, sí los hay) para pensar en un ministerio o consejería que se responsabilice del conjunto de la formación. Sé que esta tesis pondrá nerviosos a quienes velan por sus respectivas parcelas de poder en ámbitos educativos o laborales, pero si de verdad queremos conseguir que sean realidad aquello con lo que tan pomposamente nos llenamos la boca en muchas ocasiones, como es que la formación profesional es clave para el desarrollo de nuestra sociedad, me parece que debe apostarse fuertemente en este empeño.
5. Termino estos comentarios, escritos en fase de jet lag, porque me toca volver a la realidad ordinaria de preparación de clase, calificaciones, comentarios de pruebas de evaluación y reuniones varias para el inicio del segundo semestre del curso académico. Vuelvo cansado, pero muy contento por haber conocido una nueva realidad social y por haber disfrutado una vez más de mi hijo durante unos días, a la espera de saber dónde y cuándo nos volveremos a encontrar. Afortunadamente el regreso fue tranquilo y a poco de llegar ya podía disfrutar jugando con mi nieto.
1. En muchos comentarios de la película “Lost in translation”, del ya lejano 2003, se pudo leer, tras valorar la excelente interpretación de Bill Murray y Scarlett Johansson, que a su éxito contribuyó la magia de Tokio y el encanto de su gente. Tuve oportunidad de ver la película poco después de su presentación oficial y les confieso que quedé maravillado, tanto por la calidad de la interpretación de los protagonistas como por el acercamiento a una ciudad de la que conocía muy poco, así como de sus habitantes, en aquel momento.
Tengo necesidad, y urgente, de volver a verla, tras haber comprobado en vivo y en directo que muchas de las sensaciones que tuvieron los protagonistas sobre la ciudad las he tenido yo también durante la pasada semana, en la que motivos (alegres) familiares me han llevado a visitar muchos de los lugares que aparecen en la película, y de sufrir el mismo desfase horario que Bill Murray, tanto durante mi estancia en Tokio como en las dos noches que ya llevo (durmiendo muy poco, por decir algo) en Barcelona a mi regreso.
2. Es una sensación auténticamente sorprendente el comprobar como la aglomeración de personas en el metro puede gestionarse por los propios usuarios de forma ordenada, y como el silencio es algo que no se debe sólo al sueño que tienen los usuarios sino también al respeto hacia los demás. No se utiliza el móvil en el metro, o más exactamente no se efectúan ni se reciben llamadas, pero sí compruebas que un gran número de personas están enviando y recibiendo mensajes a cualquier hora. Por cierto, mi experiencia en el metro de Tokio es la de una persona que, de no ser por mi hijo Ignacio, se hubiera encontrado con múltiples problemas para saber a dónde ir y cómo ir. Quizás haya que hacer un curso de postgrado para extranjeros para moverse por las múltiples líneas y distintas compañías, así como para entender todos los rótulos, incluidos los que están en inglés, pero la experiencia de moverse durante una semana bajo tierra y haciendo muchos kilómetros diarios me ha parecido apasionante para conocer mejor la realidad de la ciudad y de una pequeña parte de los 10 millones de habitantes que viven en la urbe (y cerca de treinta en la conurbación, según cifras oficiales). Y además, les aseguro que el examen de ese curso de postgrado sería ciertamente tan difícil, como dicen buena parte de los alumnos de la Facultad de Derecho de la UAB (y aunque ya con muchos años de distancia en el tiempo les puedo asegurar que compartí esa sensación cuando era estudiante), como un examen de Derecho Internacional Privado, aunque no sé si mis amigos de dicha disciplina, los profesores Josep Mª de Dios y Rafael Arenas, estarán de acuerdo con esta apreciación.
Que Tokio es una de las ciudades más caras del mundo no sólo es una frase contenida en numerosos estudios e informes de organizaciones turísticas o económicas, sino que me ha parecido literalmente cierto, y de ahí que nuestra presencia en restaurantes haya sido más que limitada, y que no vale aquella frase de “vamos a tomar un café para descansar un rato”, porque ese café, o los varios que se toman al día, te desequilibra el presupuesto, salvo que seas prudente y lo acabes tomando (¡quien me lo iba a decir¡) en la cadena “Starbucks Coffee”, cuyos precios todavía son accesibles para nuestro bolsillo. Y hay algo que sorprende mucho al turista, salvo que ya vayas preparado y ya tengas conocimiento de ello (y afortunadamente la lectura de la guía de Tokio durante buena parte del viaje de ida me puso sobre aviso), como es la imposibilidad de pagar con tarjeta en numerosos lugares, e incluso en aquellos tan turísticos como el mirador de la Torre de Tokio, así como los pocos cajeros en los que pueden obtener moneda del país. De todas formas, quizás ello no vaya tan mal para el turista, ya que te obliga a controlar con más detalle el gasto que efectúas, que probablemente se incrementaría si no tuvieras necesidad de hacer ese control.
Limpieza y educación. Me quedo con estas dos palabras para describir la ciudad y a las personas con las que tuve contacto. Sorprende muy positivamente ver qué limpia está la ciudad y las pocas papeleras (perfectamente separadas por materias para facilitar el reciclaje) que encuentras por las calles. Y es agradable el trato cortés y afable de las personas con las que tratas, aunque no entiendas absolutamente nada de lo que te dicen en muchas ocasiones, salvo por los gestos, el idioma ideal para entenderse entre personas que hablan diferentes idiomas (el inglés es utilizado en ámbitos turísticos, pero muy poco entre la mayor parte de la ciudadanía).
3. Los miles de kilómetros que separan Japón de España no han impedido obviamente que cada día estuviera atento a lo que ocurría aquí, muy especialmente a la situación económica y social, aunque la situación en Japón ya empieza también a ser preocupante y los medios de comunicación se hace eco de los problemas de Sony, Toyota y Panasonic, por citas tres empresas suficientemente significativas, y de sus previsiones de reducción de plantillas en Japón y en el resto de países en donde tienen centros de trabajo. En la distancia geográfica es donde compruebas muy directamente que la crisis económica tiene un alcance mundial del que no éramos conscientes hasta hace poco tiempo, aunque tengamos que adoptar soluciones en los ámbitos nacionales para enfrentarse a los problemas que aquella plantea. Probablemente el ejemplo de Nissan sea representativo de cómo combinar la negociación en claves política y empresarial a escala internacional, y creo que esa es la parte más importante de la visita que el presidente de la Generalitat efectuó recientemente a Japón, con la adopción de medidas en el ámbito local (políticas laborales, ayudas económicas a las reestructuraciones de la producción, etc.).
Una buena amiga, avezada parlamentaria en asuntos sociolaborales, me enviaba un correo poco después de la publicación de las cifras de empleo, desempleo y afiliación a la Seguridad Social el pasado día 3, en el que manifestaba su preocupación por los datos y me formulaba una seria de preguntas sobre cómo veo la situación y qué impacto puede tener para la cohesión social en España en general y para Cataluña en particular. No me atreví a contestarle inmediatamente porque quería estudiar con un poco más de detalle las cifras, cuyo análisis por lo que se refiere a la inmigración ya he incorporado al blog, pero ahora aprovecho esta entrada para afirmar con rotundidad que la lectura que se puede hacer del crecimiento del desempleo (198.830 personas el mes de enero y 1.065.876 en serie interanual) y de la caída de la afiliación a la Seguridad Social (349.569 con respecto a diciembre y 979.055 en serie interanual) no puede ser sino muy preocupante, y que urge cada vez más la adopción de medidas para aliviar (obsérvese bien que no dijo atajar) el problema, o más exactamente que sean operativas y efectivas las que ya se han tomado.
Pero además, le he de decir a mi amiga que las respuestas deben darse en todos los frentes: en el internacional, mediante la adopción de medidas coordinadas entre todos los países desarrollados, y con una atención especial al impacto que el plan de choque de la nueva administración estadounidense puede tener sobre la economía mundial; en el ámbito comunitario, con la aplicación efectiva del plan de recuperación aprobado en noviembre de 2008, y con una atención preferente a la adopción de medidas sociales que eviten las situaciones de conflictividad como las vividas en Inglaterra con respecto a la contratación de trabajadores extranjeros, porque el problema real es que dicha contratación no se efectúa con respeto de la normativa que es de aplicación a los trabajadores británicos, y ello me lleva pedir una vez la revisión de los criterios de aplicación de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores que ha efectuado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y que pueden seguir provocando esas situaciones de conflictividad; en el ámbito estatal, con la aplicación efectiva de medidas que permitan inyectar liquidez al sistema económico y de aquellas que garanticen la protección social a todas las personas afectadas por la crisis (no olvidemos que puede haber un número importante de personas que agoten sus prestaciones por desempleo en los próximos meses), así como también de medidas que reduzcan costes de contratación mediante una adecuada utilización de la técnica de las bonificaciones en las cuotas empresariales en la Seguridad Social; en el ámbito autonómico, haciendo uso efectivo de los instrumentos disponibles en vía estatutaria, señaladamente las políticas de formación, con especial atención a su dirección hacia aquellos sectores en los que puede preverse un incremento de las necesidad de ocupación en el futuro inmediato; en fin, y muy importante, la puesta en marcha en los ámbitos locales de las medidas de impulso económico y de empleo aprobadas recientemente, tanto para mejorar las realidades de nuestros pueblos y ciudades como para incrementar el volumen de personal ocupado, aunque sea por un período temporal.
Por cierto, en la sociedad más tecnológica, y en la capital del país, se puede comprobar la coexistencia de un nivel tecnológico muy importante en todos los ámbitos de actividad (no digo que haya que hacer un curso de posgrado, pero sí sería necesaria una sesión de aprendizaje para saber gestionar correctamente cómo usar los lavabos y WC) con un número importante de puestos de trabajo para los que se requiere, o al menos así me lo parece, escasa cualificación, como es el personal encargado de velar por el buen orden en el paso de semáforos, obras en construcción o acceso a instalaciones turísticas. Me parece que también tenemos que reflexionar en España sobre cómo combinar adecuadamente el encaje de esos puestos de trabajo de baja cualificación con la nueva sociedad del conocimiento a la que nos dirigimos a pasos acelerados.
4. Mi estancia en Tokio no me ha permitido tampoco participar en los debates habituales con una serie de amigos y amigas sobre los cambios que acaecen en los mercados de trabajo y en las políticas de formación, y uno de los planteados esta semana ha sido el de la importancia de unificar los subsistemas de formación profesional para, justamente, estar en mejores condiciones de responder, tanto desde el ámbito educativo como desde el laboral, a las necesidades formativas que se demandarán cada vez más. Coincido con la tesis de que debe avanzarse mucho más rápidamente de lo que se ha hecho hasta ahora, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, para ensamblar adecuadamente los subsistemas, y que no hay obstáculo jurídico alguno (me parece que de alcance político, y de reparto de poder, sí los hay) para pensar en un ministerio o consejería que se responsabilice del conjunto de la formación. Sé que esta tesis pondrá nerviosos a quienes velan por sus respectivas parcelas de poder en ámbitos educativos o laborales, pero si de verdad queremos conseguir que sean realidad aquello con lo que tan pomposamente nos llenamos la boca en muchas ocasiones, como es que la formación profesional es clave para el desarrollo de nuestra sociedad, me parece que debe apostarse fuertemente en este empeño.
5. Termino estos comentarios, escritos en fase de jet lag, porque me toca volver a la realidad ordinaria de preparación de clase, calificaciones, comentarios de pruebas de evaluación y reuniones varias para el inicio del segundo semestre del curso académico. Vuelvo cansado, pero muy contento por haber conocido una nueva realidad social y por haber disfrutado una vez más de mi hijo durante unos días, a la espera de saber dónde y cuándo nos volveremos a encontrar. Afortunadamente el regreso fue tranquilo y a poco de llegar ya podía disfrutar jugando con mi nieto.
domingo, 8 de febrero de 2009
La actuación de los Estados de la Unión Europea para garantizar el cuidado de los niños en edad escolar.
Un interesante informe de la Comisión Europea, publicado el 3 de octubre del pasado año, repasa todo aquello que se ha hecho en los Estados de la UE para hacer efectivo el objetivo marcado en la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno durante la presidencia española del primer semestre de 2002, cual era el de “esforzarse en prestar para 2010 servicios de cuidados de niños al menos al 90 % de los niños de edad comprendidos entre los tres años y la edad de escolarización obligatoria, y al menos el 33 % de los niños de menos de tres años”, al mismo tiempo que destaca cuáles son los obstáculos para su aplicación y los retos a los que se enfrentan los distintos países.
El documento se incluye en los trabajos que está llevando a cabo la Comisión para promover a escala comunitaria una mejor combinación de la vida familiar y laboral, al objeto de facilitar el acceso y el mantenimiento en el empleo, en especial a las mujeres, entre los que también hay que mencionar el plan de trabajo para la igualdad entre mujeres y hombres 2006-2010. Tampoco conviene olvidar la importancia que tiene la utilización de los Fondos estructurales comunitarios para lograr el objetivo de la igualdad de género, ya que en el período 2007-2013 podrán destinarse cerca de 2.900 millones a políticas tendentes a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, con especial atención a las medidas que faciliten el acceso a los servicios de guardería. Recuérdese también, en fin, que el logro efectivo de dicha conciliación es uno de los objetivos marcados por las directrices comunitarias para el empleo. En la tarea de lograr la efectiva conciliación también juegan un papel importante los agentes sociales, y la Comisión se congratula del apoyo que están prestando a la realización de los objetivos de Barcelona.
La importancia de una política adecuada de atención a los niños se descubre con claridad cuando se comprueba su relación con la participación femenina en el mercado laboral y con las situaciones de dificultad económica y riesgo de pobreza en que viven algunas familias, sin olvidar su impacto sobre el crecimiento demográfico a medio plazo. Según los documentos comunitarios, cerca de 1/3 de las mujeres trabajan a tiempo parcial frente a 1/10 de los varones, y la tasa de empleo femenina desciende en 12,4 puntos cuando hay hijos en la unidad familiar menores de 12 años, mientras que la tasa de empleo masculina aumenta en 7,3 puntos. Por otra parte, la imposibilidad de acceder a un empleo por no poder dejar de cuidar a los niños incrementa el riesgo de pobreza, en particular entre las familias monoparentales, ya que estas se ven más afectadas por este fenómeno que el conjunto de las familias con hijos (32 y 17 %, respectivamente). Por fin, los informes con los que trabaja la Comisión constatan de forma fehaciente que el crecimiento demográfico es mayor en aquellos países que han puesto en marcha una política efectiva de conciliación de la vida familiar y laboral (con especial atención al cuidado de los niños), y que también son esos países los que ostentan una mayor tasa de participación femenina en el trabajo.
Con respecto al cuidado de niños de 0 a 3 años, se constata que sólo cinco países, entre los que se encuentra España, han alcanzado el objetivo del 33 % de cobertura fijado en Barcelona 2002, que otros cinco están muy cerca, que siete Estados se sitúan entre el 16 y el 26 %, y que el resto están alrededor o por debajo de una tasa de cobertura del 10 %. En cualquier caso, el documento alerta sobre la necesidad de examinar con detalle la situación de cada país y prestar atención a cuántas horas pueden utilizarse los servicios de guardería, ya que en la mayoría de países sólo funcionan a tiempo parcial. Por lo que respecta a los menores comprendidos entre 3 años y la edad de escolarización obligatoria, ocho Estados, entre los que se encuentra España, ya han rebasado el objetivo marcado en 2006 de conseguir una tasa de cobertura del 90 %, mientras que más del 50 % de los Estados sólo han llegado al 50 %, e incluso un tercio sólo tiene una cobertura inferior al 30 %. Esta situación es la que lleva a la Comisión a concluir que el cuidado de los niños sigue siendo una asignatura pendiente en muchos países, y que ello dificulta la participación de las personas con hijos en el mercado de trabajo, y en especial de las mujeres, ya que el coste de las estructuras de cuidado, en especial de los menores de 3 años, “sigue siendo un obstáculo importante para que los padres las utilicen”.
El documento repasa cómo se financian los servicios de atención y guardería a los niños, tanto en la primera fase como en la segunda, y constata que es en el período de 0 a 3 años donde el coste es más importante y afecta de manera más relevante a las familias con bajos ingresos.
Los sistemas utilizados en los distintos países varían entre el acceso universal por medio de financiación directa, una aportación familiar en razón de los ingresos de la unidad familiar, deducciones fiscales de los costes de guardería, o concesión de cheques-servicios, con la constatación de que en más de un Estado coexisten juntos más de un sistema y que la participación del sector privado es importante, y se concluye que la carga que representa el coste neto para una familia, es decir aquello que ha de pagar tras la resta de las diferentes ayudas que pueda percibir, “varía considerablemente, desde un 5 a un 30 %).
Por lo que respecta a la situación de los menores de 3 años hasta alcanzar la edad de escolarización obligatoria, la mayor parte de los Estados financian públicamente los servicios preescolares durante esta etapa, de tal manera que pueden ser gratuitos para los padres.
Por último, la Comisión se detiene en el examen de la calidad y condiciones laborales de los servicios de guardería, y destaca que se han incrementando considerablemente el número de puestos de trabajo en este sector en los últimos años, si bien las condiciones de trabajo y económicas no atraen a un amplio sector de la población, argumentándose que el hecho de que más del 90 % sea personal femenino puede ser un obstáculo importante para valorar mejor el sector y en especial para luchar contra los estereotipos de género. De ahí se que proponga, como objetivo a alcanzar por todos los Estados y de acuerdos a sus propias políticas de actuación en este ámbito, que las personas que prestan sus servicios reciban una formación mínima adecuada, que se mejoren las condiciones laborales y las posibilidades de formación permanente, y que se incremente el valor otorgado a dichas profesiones, “en particular en el plano financiero”. En el marco de sus competencias la Comisión impulsará la investigación sobre las condiciones de trabajo y su valor profesional.
El documento se incluye en los trabajos que está llevando a cabo la Comisión para promover a escala comunitaria una mejor combinación de la vida familiar y laboral, al objeto de facilitar el acceso y el mantenimiento en el empleo, en especial a las mujeres, entre los que también hay que mencionar el plan de trabajo para la igualdad entre mujeres y hombres 2006-2010. Tampoco conviene olvidar la importancia que tiene la utilización de los Fondos estructurales comunitarios para lograr el objetivo de la igualdad de género, ya que en el período 2007-2013 podrán destinarse cerca de 2.900 millones a políticas tendentes a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, con especial atención a las medidas que faciliten el acceso a los servicios de guardería. Recuérdese también, en fin, que el logro efectivo de dicha conciliación es uno de los objetivos marcados por las directrices comunitarias para el empleo. En la tarea de lograr la efectiva conciliación también juegan un papel importante los agentes sociales, y la Comisión se congratula del apoyo que están prestando a la realización de los objetivos de Barcelona.
La importancia de una política adecuada de atención a los niños se descubre con claridad cuando se comprueba su relación con la participación femenina en el mercado laboral y con las situaciones de dificultad económica y riesgo de pobreza en que viven algunas familias, sin olvidar su impacto sobre el crecimiento demográfico a medio plazo. Según los documentos comunitarios, cerca de 1/3 de las mujeres trabajan a tiempo parcial frente a 1/10 de los varones, y la tasa de empleo femenina desciende en 12,4 puntos cuando hay hijos en la unidad familiar menores de 12 años, mientras que la tasa de empleo masculina aumenta en 7,3 puntos. Por otra parte, la imposibilidad de acceder a un empleo por no poder dejar de cuidar a los niños incrementa el riesgo de pobreza, en particular entre las familias monoparentales, ya que estas se ven más afectadas por este fenómeno que el conjunto de las familias con hijos (32 y 17 %, respectivamente). Por fin, los informes con los que trabaja la Comisión constatan de forma fehaciente que el crecimiento demográfico es mayor en aquellos países que han puesto en marcha una política efectiva de conciliación de la vida familiar y laboral (con especial atención al cuidado de los niños), y que también son esos países los que ostentan una mayor tasa de participación femenina en el trabajo.
Con respecto al cuidado de niños de 0 a 3 años, se constata que sólo cinco países, entre los que se encuentra España, han alcanzado el objetivo del 33 % de cobertura fijado en Barcelona 2002, que otros cinco están muy cerca, que siete Estados se sitúan entre el 16 y el 26 %, y que el resto están alrededor o por debajo de una tasa de cobertura del 10 %. En cualquier caso, el documento alerta sobre la necesidad de examinar con detalle la situación de cada país y prestar atención a cuántas horas pueden utilizarse los servicios de guardería, ya que en la mayoría de países sólo funcionan a tiempo parcial. Por lo que respecta a los menores comprendidos entre 3 años y la edad de escolarización obligatoria, ocho Estados, entre los que se encuentra España, ya han rebasado el objetivo marcado en 2006 de conseguir una tasa de cobertura del 90 %, mientras que más del 50 % de los Estados sólo han llegado al 50 %, e incluso un tercio sólo tiene una cobertura inferior al 30 %. Esta situación es la que lleva a la Comisión a concluir que el cuidado de los niños sigue siendo una asignatura pendiente en muchos países, y que ello dificulta la participación de las personas con hijos en el mercado de trabajo, y en especial de las mujeres, ya que el coste de las estructuras de cuidado, en especial de los menores de 3 años, “sigue siendo un obstáculo importante para que los padres las utilicen”.
El documento repasa cómo se financian los servicios de atención y guardería a los niños, tanto en la primera fase como en la segunda, y constata que es en el período de 0 a 3 años donde el coste es más importante y afecta de manera más relevante a las familias con bajos ingresos.
Los sistemas utilizados en los distintos países varían entre el acceso universal por medio de financiación directa, una aportación familiar en razón de los ingresos de la unidad familiar, deducciones fiscales de los costes de guardería, o concesión de cheques-servicios, con la constatación de que en más de un Estado coexisten juntos más de un sistema y que la participación del sector privado es importante, y se concluye que la carga que representa el coste neto para una familia, es decir aquello que ha de pagar tras la resta de las diferentes ayudas que pueda percibir, “varía considerablemente, desde un 5 a un 30 %).
Por lo que respecta a la situación de los menores de 3 años hasta alcanzar la edad de escolarización obligatoria, la mayor parte de los Estados financian públicamente los servicios preescolares durante esta etapa, de tal manera que pueden ser gratuitos para los padres.
Por último, la Comisión se detiene en el examen de la calidad y condiciones laborales de los servicios de guardería, y destaca que se han incrementando considerablemente el número de puestos de trabajo en este sector en los últimos años, si bien las condiciones de trabajo y económicas no atraen a un amplio sector de la población, argumentándose que el hecho de que más del 90 % sea personal femenino puede ser un obstáculo importante para valorar mejor el sector y en especial para luchar contra los estereotipos de género. De ahí se que proponga, como objetivo a alcanzar por todos los Estados y de acuerdos a sus propias políticas de actuación en este ámbito, que las personas que prestan sus servicios reciban una formación mínima adecuada, que se mejoren las condiciones laborales y las posibilidades de formación permanente, y que se incremente el valor otorgado a dichas profesiones, “en particular en el plano financiero”. En el marco de sus competencias la Comisión impulsará la investigación sobre las condiciones de trabajo y su valor profesional.
Los planes de empleo de las Comunidades Autónomas y los convenios de colaboración suscritos con el Servicio Público de Empleo Estatal.
El Boletín Oficial del Estado del pasado 29 de enero ha publicado el texto de los convenios de colaboración suscritos entre algunas CC AA y el SPEE para el desarrollo de planes específicos de empleo aprobados en la Ley de Presupuestos Generales de Estado. Por su interés para las políticas de empleo efectúo un breve comentario de cada uno de ellos.
1. Convenio de colaboración, entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Administración de la Junta de Andalucía, para el desarrollo del Plan de Empleo para la Bahía de Cádiz
La norma entró en vigor el día de su firma, el 5 de diciembre de 208, y extiende su vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. Encuentra sus puntos de referencia en la Ley de presupuestos generales del Estado para 2008, en la Ley autonómica de presupuestos para el mismo año, y en el Plan para la mejora de la competitividad y el desarrollo de la Bahía de Cádiz, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta del Andalucía el 27 de noviembre de 2007.
El convenio regula el marco de colaboración entre el SPEE y la Junta para poner en marcha, por una parte, medidas que favorezcan la cualificación del capital humano y su inserción laboral, y, por otra, medidas de carácter social para los trabajadores con mayores dificultades de inserción en el marco del plan referenciado. De esta forma, el texto prevé la adopción de medidas diferenciadas en dos bloques según se dirijan a todas las personas desempleadas o a los trabajadores afectados por la extinción de contratos de la empresa Delphy. Para los primeros, se contemplan acciones de mejora de la empleabilidad relacionadas con medidas de orientación e intermediación, formación para el empleo, promoción del autoempleo, apoyo a la creación de empleo, incentivos a la colocación, y apoyo a la actividad productiva. Para los segundos, además de las medidas generales se contemplan acciones específicas para la adquisición y actuación de sus competencias profesionales, y protección social específica consistente en garantizar un nivel mínimo de ingresos “para aquellas personas trabajadoras que, teniendo al menos cumplidos 53 años de edad, presenten mayores dificultades de inserción en el mercado laboral por razones de edad”.
Para el bienio 2008-2009 el SPEE aporta las cantidades de 22.177.208 euros (2008) y 25.322.792 euros (2009), mientras que la Junta aporta una cantidad idéntica repartida entre 24.000.000 euros para el primer año y 23.500.000 para el segundo.
Con relación expresa a la empresa Delphi, y como ya expliqué más ampliamente en otra entrada del blog, hay que decir que los extrabajadores (1.521 más 68 de sus empresas proveedoras), han sido los primeros beneficiados en España de las ayudas económicas previstas en el Fondo Europeo de adaptación a la globalización, creado por el Reglamento (CE) nº 1927/2006, de 20 de diciembre de 2006 y que tiene por finalidad, con carácter general y siempre y cuando se cumplan los requisitos fijados en la norma, contribuir a cubrir los costes sociales derivados del proceso de globalización económica cuando éste impacte sobre las empresas radicadas en la Unión Europea e implique la pérdida de puestos de trabajo. El 23 de julio de 2008 la Comisión Europea aprobó la solicitud presentada por un total de casi 10,5 millones de euros, (de un total de casi 20,2 millones de euros del coste total de las acciones a desarrollar), tras haber examinado atentamente la misma, presentada el 6 de febrero y complementada por informaciones adicionales facilitadas a la Comisión el 11 de marzo, 8 y 17 de abril, y 17 de junio.
Delphi es un claro ejemplo de procesos de deslocalización adoptados por empresas multinacionales que incumplen compromisos adquiridos con anterioridad en el Estado afectado por los despidos. Las autoridades españolas demostraron, a juicio de la Comisión, que el cierre de la factoría de Puerto Real tenía consecuencias muy negativas para la economía del Golfo de Cádiz, de toda la provincia y también de la comunidad autónoma andaluza, y que dicho cierre no era previsible, ya que había un plan industrial suscrito hasta el 31 de diciembre de 2010, elaborado a partir del compromiso asumido por la empresa de mantener la actividad productiva hasta el año 2019. Según la documentación presentada a la Comisión “el plan social que lo acompañaba preveía el despido progresivo de 400 trabajadores hasta el año 210, y el mantenimiento de efectivos a un nivel constante de 1.600 trabajadores. Además, la factoría Delphy de Puerto Real había suscritos contratos hasta el año 2012”.
Las acciones que recibirán ayudas económicas comunitarias se inscriben, obligatoriamente, en el ámbito de las políticas activas de empleo, y tendrán por objetivo básico reinsertar a los trabajadores en el mercado de trabajo. Se prevén las siguientes: orientación profesional, formación en técnicas de búsqueda de empleo, puesta en marcha de una plataforma de aprendizaje por vía electrónica para la búsqueda de empleo, ayudas a la búsqueda de empleo, preparación para el empleo, promoción del espíritu de empresa y del trabajo independiente (si bien las autoridades españoles no insisten en exceso en este punto porque estiman que sólo un 2 % de los antiguos trabajadores pueden estar interesados por acogerse a esta medida), incentivación económica para una reincorporación rápida al trabajo, estímulos a la movilidad profesional y a la geográfica, ayudas para quienes tengan a su cargo personas dependientes y también para quienes tengan miembros de su familia en situación de desempleo, incentivos económicos para los empresarios que contraten con carácter indefinido a los trabajadores afectados, y ayudas específicas adicionales para quienes contraten a trabajadores con discapacidad.
Para la Comisión Europea, y tras haber estudiado toda la documentación facilitada por las autoridades laborales españolas, el caso Delphi cumple con los criterios del Reglamento, tanto por el motivo del cierre como por el número de trabajadores afectados. Dado que el cierre se produjo por el traslado de la producción de la factoría a un nuevo centro de trabajo en la localidad africana de Tánger, con costes laborales inferiores, más ventajas fiscales y mayor proximidad de las materias primas necesarias, la Comisión considera que dicho cierre “es un claro ejemplo de la tendencia existente en la industria automovilística europea de trasladar su actividad a terceros países con costes de producción más bajos, con el correspondiente incremento de las importaciones de la UE y una reducción del empleo en este sector”.
2. Convenio de colaboración, entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el desarrollo, durante el año 2008, del programa de medidas de activación Jaén XXI.
El texto entró en vigor el día de su firma, el 4 de diciembre de 2008, y extiende su vigencia hasta el 31 de diciembre del mismo año. Encuentra sus puntos de referencia en el acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de enero de 2006 que aprobó el programa, y la Ley de presupuestos generales del Estado para 2008, siendo uno de sus objetivos el fomento de la economía y la creación de empleo para aumentar la competitividad y el valor añadido del sistema productivo.
Las tres líneas de actuación a desarrollar en el marco de colaboración entre el SPEE y la Junta son las de favorecer la inserción laboral, con especial atención a la promoción del autoempleo, la mejora de las posibilidades de incorporación al mundo laboral de las mujeres en el entorno rural, y el aprovechamiento de los nuevos yacimientos de empleo como el de atención a las personas dependientes “o los relacionados con sectores ligados a la realidad productiva de la provincia”. Las medidas concretas que han de adoptarse deberán guardar relación con acciones que combinen formación y empleo, que posibiliten tanto la adquisición de experiencia laboral como la contratación de personas desempleadas, que promuevan el autoempleo y el desarrollo local. El texto también contempla prestar especial atención al colectivo de beneficiarios de prestaciones por desempleo, al objeto de facilitar su reincorporación al mercado de trabajo, con mención específica a las mujeres del entorno rural y a los jóvenes perceptores del subsidio agrario o de la renta activa de inserción, “para reconducir en la medida de lo posible sus planteamientos profesionales”.
El SPEE aporta la cantidad de 11.000.000 de euros, mientras que la aportación de la Junta se fija en 5.000.000.
3. Adenda al Convenio de colaboración, entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad Autónoma de Canarias, para la puesta en marcha del III Plan Integral de Empleo de Canarias.
El texto entró en vigor el día de su firma, el 4 de diciembre de 2008, y surte efectos durante todo ese año. Encuentra sus puntos de referencia en el convenio de colaboración suscrito el 23 de octubre de 2007 para el desarrollo del III plan integral de empleo autonómico, y la Ley de presupuestos generales del Estado para 2008.
Para la financiación de las políticas activas de empleo previstas en el Plan, el SPEE aportará 42.070.850 euros, mientras que la administración autonómica destinará 15 millones durante el período 2007-2010.
Las líneas de actuación a desarrollar irán dirigidas a favorecer la generación de empleo en sectores diversificados, facilitar la movilidad geográfica de las personas desempleadas, y prestar especial atención a la creación de empleo en el sector servicios y en concreto en el ámbito profesional de atención a las personas dependientes. En cuanto a los programas y acciones a desarrollar, serán los siguientes: “Acciones para la formación, mayor cualificación y reconversión profesional de desempleados y ocupados. Acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia al autoempleo. Programas que combinen formación y empleo. Contratación de trabajadores desempleados en colaboración con Corporaciones Locales, otros organismos públicos y entidades sin ánimo de lucro para la realización de obras o servicios de interés general y social. Programas integrados o experimentales de empleo.
Iniciativas de desarrollo local. Programas de promoción de actividad generadora de empleo. Programas de apoyo al empleo estable, a través de la mejora de la experiencia profesional. Programas del ámbito de empleo y de formación profesional que coadyuven a la conciliación de la vida familiar y laboral. Actuaciones de modernización del Servicio Público de Empleo”.
4. Adenda al Convenio de colaboración, entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para el desarrollo del I Plan Integral de Empleo de Castilla-La Mancha.
El texto tiene vigencia desde la fecha de su firma, el 22 de diciembre de 2008, y surte efectos durante ese año. Encuentra sus puntos de referencia en el convenio de colaboración suscrito el 24 de abril de 2007 para poner en marcha y desarrollar el Plan integral de empleo autonómico 2007-2010, y en la Ley de presupuestos generales del Estado para 2.008.
Las líneas de actuación a desarrollar serán la mejora de las condiciones de ocupabilidad de las personas desempleadas, con la puesta en marcha de itinerarios personalizados de inserción y con atención preferente a la problemática de quienes se encuentren en situación de desempleo de larga duración, mujeres, personas que hayan abandonado el mercado de trabajo, colectivos en riesgo de exclusión social y beneficiarios de prestaciones. En cuanto a los programas y acciones a desarrollar serán los siguientes: “Acciones para la formación, mayor cualificación y reconversión profesional de desempleados y ocupados. Acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia al autoempleo. Programas que combinen formación y empleo. Contratación de trabajadores desempleados en colaboración con Corporaciones Locales, otros organismos públicos y entidades sin ánimo de lucro para la realización de obras o servicios de interés general y social. Programas integrados o experimentales de empleo.
Iniciativas de desarrollo local. Programas de promoción de actividad generadora de empleo. Programas de apoyo al empleo estable, a través de la mejora de la experiencia profesional. Programas del ámbito de empleo y de formación profesional que coadyuven a la conciliación de la vida familiar y laboral”.
Ambas partes aportan la misma cantidad, 15.000.000 de euros, disponiéndose que la partida autonómica “complementará las actuaciones financiadas por la Administración General del Estado”
5. Adenda al Convenio de colaboración, entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el desarrollo del I Plan Integral de Empleo de Extremadura.
El texto tiene vigencia desde la fecha de su firma, el 22 de diciembre de 2008, y extiende sus efectos a todo ese año. Sus puntos de referencia son el convenio de colaboración suscrito el 21 de julio de 2005 para la puesta en marcha del Plan integral de empleo autonómico 2005-2008, y la Ley de presupuestos generales del Estado para 2008.
La partida presupuestaria asignada al efecto por el SPEE es de 25.000.000 de euros, y una cuantía idéntica por la Junta de Extremadura para complementar las actuaciones financiadas por la otra parte.
Las líneas de actuación a desarrollar serán la mejora de las condiciones de ocupabilidad de las personas desempleadas, con la puesta en marcha de itinerarios personalizados de inserción y con atención preferente a la problemática de quienes se encuentren en situación de desempleo de larga duración, mujeres, personas que hayan abandonado el mercado de trabajo, colectivos en riesgo de exclusión social y beneficiarios de prestaciones. En cuanto a los programas y acciones a desarrollar serán los siguientes: “Acciones para la formación, mayor cualificación y reconversión profesional de desempleados y ocupados. Acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia al autoempleo. Programas que combinen formación y empleo. Contratación de trabajadores desempleados en colaboración con Corporaciones Locales, otros organismos públicos y entidades sin ánimo de lucro para la realización de obras o servicios de interés general y social. Programas integrados o experimentales de empleo.
Iniciativas de desarrollo local. Programas de promoción de actividad generadora de empleo. Programas de apoyo al empleo estable, a través de la mejora de la experiencia profesional. Programas del ámbito de empleo y de formación profesional que coadyuven a la conciliación de la vida familiar y laboral”. El texto dispone que para articular los itinerarios de inserción se procurará coordinar e integrar como mínimo dos de las medidas enunciadas.
6. Adenda al Convenio de colaboración, entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Junta de Galicia, para el desarrollo del I Plan Integral de Empleo de Galicia.
El texto tiene vigencia a partir de su firma, el 21 de noviembre de 2008, y surte efectos durante todo ese año. Sus puntos de referencia son el convenio de colaboración suscrito el 29 de marzo de 2006 para la puesta en marcha y desarrollo del plan integral de empleo autonómico 2006-2009, y la Ley de presupuestos generales del Estado de 2008.
La partida presupuestaria a cargo del SPEE es 24.000.000 de euros, y la Junta aporta una cuantía idéntica para complementar las actuaciones.
Las líneas de actuación a desarrollar serán la mejora de las condiciones de ocupabilidad de las personas desempleadas, con la puesta en marcha de itinerarios personalizados de inserción y con atención preferente a la problemática de quienes se encuentren en situación de desempleo de larga duración, mujeres, personas que hayan abandonado el mercado de trabajo, colectivos en riesgo de exclusión social y beneficiarios de prestaciones. Deberá prestarse especial atención a la problemática de los ámbitos locales y rurales, así como crear un entorno económico adecuado para el favorecimiento de la iniciativa emprendedora.
En cuanto a los programas y acciones a desarrollar serán los siguientes: “Acciones para la formación, mayor cualificación y reconversión profesional de desempleados y ocupados. Acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia al autoempleo. Programas que combinen formación y empleo. Contratación de trabajadores desempleados en colaboración con Corporaciones Locales, otros organismos públicos y entidades sin ánimo de lucro para la realización de obras o servicios de interés general y social. Programas integrados o experimentales de empleo.
Iniciativas de desarrollo local. Programas de promoción de actividad generadora de empleo. Programas de apoyo al empleo estable, a través de la mejora de la experiencia profesional. Programas del ámbito de empleo y de formación profesional que coadyuven a la conciliación de la vida familiar y laboral”. El texto dispone que para articular los itinerarios de inserción se procurará coordinar e integrar como mínimo dos de las medidas enunciadas.
1. Convenio de colaboración, entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Administración de la Junta de Andalucía, para el desarrollo del Plan de Empleo para la Bahía de Cádiz
La norma entró en vigor el día de su firma, el 5 de diciembre de 208, y extiende su vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. Encuentra sus puntos de referencia en la Ley de presupuestos generales del Estado para 2008, en la Ley autonómica de presupuestos para el mismo año, y en el Plan para la mejora de la competitividad y el desarrollo de la Bahía de Cádiz, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta del Andalucía el 27 de noviembre de 2007.
El convenio regula el marco de colaboración entre el SPEE y la Junta para poner en marcha, por una parte, medidas que favorezcan la cualificación del capital humano y su inserción laboral, y, por otra, medidas de carácter social para los trabajadores con mayores dificultades de inserción en el marco del plan referenciado. De esta forma, el texto prevé la adopción de medidas diferenciadas en dos bloques según se dirijan a todas las personas desempleadas o a los trabajadores afectados por la extinción de contratos de la empresa Delphy. Para los primeros, se contemplan acciones de mejora de la empleabilidad relacionadas con medidas de orientación e intermediación, formación para el empleo, promoción del autoempleo, apoyo a la creación de empleo, incentivos a la colocación, y apoyo a la actividad productiva. Para los segundos, además de las medidas generales se contemplan acciones específicas para la adquisición y actuación de sus competencias profesionales, y protección social específica consistente en garantizar un nivel mínimo de ingresos “para aquellas personas trabajadoras que, teniendo al menos cumplidos 53 años de edad, presenten mayores dificultades de inserción en el mercado laboral por razones de edad”.
Para el bienio 2008-2009 el SPEE aporta las cantidades de 22.177.208 euros (2008) y 25.322.792 euros (2009), mientras que la Junta aporta una cantidad idéntica repartida entre 24.000.000 euros para el primer año y 23.500.000 para el segundo.
Con relación expresa a la empresa Delphi, y como ya expliqué más ampliamente en otra entrada del blog, hay que decir que los extrabajadores (1.521 más 68 de sus empresas proveedoras), han sido los primeros beneficiados en España de las ayudas económicas previstas en el Fondo Europeo de adaptación a la globalización, creado por el Reglamento (CE) nº 1927/2006, de 20 de diciembre de 2006 y que tiene por finalidad, con carácter general y siempre y cuando se cumplan los requisitos fijados en la norma, contribuir a cubrir los costes sociales derivados del proceso de globalización económica cuando éste impacte sobre las empresas radicadas en la Unión Europea e implique la pérdida de puestos de trabajo. El 23 de julio de 2008 la Comisión Europea aprobó la solicitud presentada por un total de casi 10,5 millones de euros, (de un total de casi 20,2 millones de euros del coste total de las acciones a desarrollar), tras haber examinado atentamente la misma, presentada el 6 de febrero y complementada por informaciones adicionales facilitadas a la Comisión el 11 de marzo, 8 y 17 de abril, y 17 de junio.
Delphi es un claro ejemplo de procesos de deslocalización adoptados por empresas multinacionales que incumplen compromisos adquiridos con anterioridad en el Estado afectado por los despidos. Las autoridades españolas demostraron, a juicio de la Comisión, que el cierre de la factoría de Puerto Real tenía consecuencias muy negativas para la economía del Golfo de Cádiz, de toda la provincia y también de la comunidad autónoma andaluza, y que dicho cierre no era previsible, ya que había un plan industrial suscrito hasta el 31 de diciembre de 2010, elaborado a partir del compromiso asumido por la empresa de mantener la actividad productiva hasta el año 2019. Según la documentación presentada a la Comisión “el plan social que lo acompañaba preveía el despido progresivo de 400 trabajadores hasta el año 210, y el mantenimiento de efectivos a un nivel constante de 1.600 trabajadores. Además, la factoría Delphy de Puerto Real había suscritos contratos hasta el año 2012”.
Las acciones que recibirán ayudas económicas comunitarias se inscriben, obligatoriamente, en el ámbito de las políticas activas de empleo, y tendrán por objetivo básico reinsertar a los trabajadores en el mercado de trabajo. Se prevén las siguientes: orientación profesional, formación en técnicas de búsqueda de empleo, puesta en marcha de una plataforma de aprendizaje por vía electrónica para la búsqueda de empleo, ayudas a la búsqueda de empleo, preparación para el empleo, promoción del espíritu de empresa y del trabajo independiente (si bien las autoridades españoles no insisten en exceso en este punto porque estiman que sólo un 2 % de los antiguos trabajadores pueden estar interesados por acogerse a esta medida), incentivación económica para una reincorporación rápida al trabajo, estímulos a la movilidad profesional y a la geográfica, ayudas para quienes tengan a su cargo personas dependientes y también para quienes tengan miembros de su familia en situación de desempleo, incentivos económicos para los empresarios que contraten con carácter indefinido a los trabajadores afectados, y ayudas específicas adicionales para quienes contraten a trabajadores con discapacidad.
Para la Comisión Europea, y tras haber estudiado toda la documentación facilitada por las autoridades laborales españolas, el caso Delphi cumple con los criterios del Reglamento, tanto por el motivo del cierre como por el número de trabajadores afectados. Dado que el cierre se produjo por el traslado de la producción de la factoría a un nuevo centro de trabajo en la localidad africana de Tánger, con costes laborales inferiores, más ventajas fiscales y mayor proximidad de las materias primas necesarias, la Comisión considera que dicho cierre “es un claro ejemplo de la tendencia existente en la industria automovilística europea de trasladar su actividad a terceros países con costes de producción más bajos, con el correspondiente incremento de las importaciones de la UE y una reducción del empleo en este sector”.
2. Convenio de colaboración, entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el desarrollo, durante el año 2008, del programa de medidas de activación Jaén XXI.
El texto entró en vigor el día de su firma, el 4 de diciembre de 2008, y extiende su vigencia hasta el 31 de diciembre del mismo año. Encuentra sus puntos de referencia en el acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de enero de 2006 que aprobó el programa, y la Ley de presupuestos generales del Estado para 2008, siendo uno de sus objetivos el fomento de la economía y la creación de empleo para aumentar la competitividad y el valor añadido del sistema productivo.
Las tres líneas de actuación a desarrollar en el marco de colaboración entre el SPEE y la Junta son las de favorecer la inserción laboral, con especial atención a la promoción del autoempleo, la mejora de las posibilidades de incorporación al mundo laboral de las mujeres en el entorno rural, y el aprovechamiento de los nuevos yacimientos de empleo como el de atención a las personas dependientes “o los relacionados con sectores ligados a la realidad productiva de la provincia”. Las medidas concretas que han de adoptarse deberán guardar relación con acciones que combinen formación y empleo, que posibiliten tanto la adquisición de experiencia laboral como la contratación de personas desempleadas, que promuevan el autoempleo y el desarrollo local. El texto también contempla prestar especial atención al colectivo de beneficiarios de prestaciones por desempleo, al objeto de facilitar su reincorporación al mercado de trabajo, con mención específica a las mujeres del entorno rural y a los jóvenes perceptores del subsidio agrario o de la renta activa de inserción, “para reconducir en la medida de lo posible sus planteamientos profesionales”.
El SPEE aporta la cantidad de 11.000.000 de euros, mientras que la aportación de la Junta se fija en 5.000.000.
3. Adenda al Convenio de colaboración, entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad Autónoma de Canarias, para la puesta en marcha del III Plan Integral de Empleo de Canarias.
El texto entró en vigor el día de su firma, el 4 de diciembre de 2008, y surte efectos durante todo ese año. Encuentra sus puntos de referencia en el convenio de colaboración suscrito el 23 de octubre de 2007 para el desarrollo del III plan integral de empleo autonómico, y la Ley de presupuestos generales del Estado para 2008.
Para la financiación de las políticas activas de empleo previstas en el Plan, el SPEE aportará 42.070.850 euros, mientras que la administración autonómica destinará 15 millones durante el período 2007-2010.
Las líneas de actuación a desarrollar irán dirigidas a favorecer la generación de empleo en sectores diversificados, facilitar la movilidad geográfica de las personas desempleadas, y prestar especial atención a la creación de empleo en el sector servicios y en concreto en el ámbito profesional de atención a las personas dependientes. En cuanto a los programas y acciones a desarrollar, serán los siguientes: “Acciones para la formación, mayor cualificación y reconversión profesional de desempleados y ocupados. Acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia al autoempleo. Programas que combinen formación y empleo. Contratación de trabajadores desempleados en colaboración con Corporaciones Locales, otros organismos públicos y entidades sin ánimo de lucro para la realización de obras o servicios de interés general y social. Programas integrados o experimentales de empleo.
Iniciativas de desarrollo local. Programas de promoción de actividad generadora de empleo. Programas de apoyo al empleo estable, a través de la mejora de la experiencia profesional. Programas del ámbito de empleo y de formación profesional que coadyuven a la conciliación de la vida familiar y laboral. Actuaciones de modernización del Servicio Público de Empleo”.
4. Adenda al Convenio de colaboración, entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para el desarrollo del I Plan Integral de Empleo de Castilla-La Mancha.
El texto tiene vigencia desde la fecha de su firma, el 22 de diciembre de 2008, y surte efectos durante ese año. Encuentra sus puntos de referencia en el convenio de colaboración suscrito el 24 de abril de 2007 para poner en marcha y desarrollar el Plan integral de empleo autonómico 2007-2010, y en la Ley de presupuestos generales del Estado para 2.008.
Las líneas de actuación a desarrollar serán la mejora de las condiciones de ocupabilidad de las personas desempleadas, con la puesta en marcha de itinerarios personalizados de inserción y con atención preferente a la problemática de quienes se encuentren en situación de desempleo de larga duración, mujeres, personas que hayan abandonado el mercado de trabajo, colectivos en riesgo de exclusión social y beneficiarios de prestaciones. En cuanto a los programas y acciones a desarrollar serán los siguientes: “Acciones para la formación, mayor cualificación y reconversión profesional de desempleados y ocupados. Acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia al autoempleo. Programas que combinen formación y empleo. Contratación de trabajadores desempleados en colaboración con Corporaciones Locales, otros organismos públicos y entidades sin ánimo de lucro para la realización de obras o servicios de interés general y social. Programas integrados o experimentales de empleo.
Iniciativas de desarrollo local. Programas de promoción de actividad generadora de empleo. Programas de apoyo al empleo estable, a través de la mejora de la experiencia profesional. Programas del ámbito de empleo y de formación profesional que coadyuven a la conciliación de la vida familiar y laboral”.
Ambas partes aportan la misma cantidad, 15.000.000 de euros, disponiéndose que la partida autonómica “complementará las actuaciones financiadas por la Administración General del Estado”
5. Adenda al Convenio de colaboración, entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el desarrollo del I Plan Integral de Empleo de Extremadura.
El texto tiene vigencia desde la fecha de su firma, el 22 de diciembre de 2008, y extiende sus efectos a todo ese año. Sus puntos de referencia son el convenio de colaboración suscrito el 21 de julio de 2005 para la puesta en marcha del Plan integral de empleo autonómico 2005-2008, y la Ley de presupuestos generales del Estado para 2008.
La partida presupuestaria asignada al efecto por el SPEE es de 25.000.000 de euros, y una cuantía idéntica por la Junta de Extremadura para complementar las actuaciones financiadas por la otra parte.
Las líneas de actuación a desarrollar serán la mejora de las condiciones de ocupabilidad de las personas desempleadas, con la puesta en marcha de itinerarios personalizados de inserción y con atención preferente a la problemática de quienes se encuentren en situación de desempleo de larga duración, mujeres, personas que hayan abandonado el mercado de trabajo, colectivos en riesgo de exclusión social y beneficiarios de prestaciones. En cuanto a los programas y acciones a desarrollar serán los siguientes: “Acciones para la formación, mayor cualificación y reconversión profesional de desempleados y ocupados. Acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia al autoempleo. Programas que combinen formación y empleo. Contratación de trabajadores desempleados en colaboración con Corporaciones Locales, otros organismos públicos y entidades sin ánimo de lucro para la realización de obras o servicios de interés general y social. Programas integrados o experimentales de empleo.
Iniciativas de desarrollo local. Programas de promoción de actividad generadora de empleo. Programas de apoyo al empleo estable, a través de la mejora de la experiencia profesional. Programas del ámbito de empleo y de formación profesional que coadyuven a la conciliación de la vida familiar y laboral”. El texto dispone que para articular los itinerarios de inserción se procurará coordinar e integrar como mínimo dos de las medidas enunciadas.
6. Adenda al Convenio de colaboración, entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Junta de Galicia, para el desarrollo del I Plan Integral de Empleo de Galicia.
El texto tiene vigencia a partir de su firma, el 21 de noviembre de 2008, y surte efectos durante todo ese año. Sus puntos de referencia son el convenio de colaboración suscrito el 29 de marzo de 2006 para la puesta en marcha y desarrollo del plan integral de empleo autonómico 2006-2009, y la Ley de presupuestos generales del Estado de 2008.
La partida presupuestaria a cargo del SPEE es 24.000.000 de euros, y la Junta aporta una cuantía idéntica para complementar las actuaciones.
Las líneas de actuación a desarrollar serán la mejora de las condiciones de ocupabilidad de las personas desempleadas, con la puesta en marcha de itinerarios personalizados de inserción y con atención preferente a la problemática de quienes se encuentren en situación de desempleo de larga duración, mujeres, personas que hayan abandonado el mercado de trabajo, colectivos en riesgo de exclusión social y beneficiarios de prestaciones. Deberá prestarse especial atención a la problemática de los ámbitos locales y rurales, así como crear un entorno económico adecuado para el favorecimiento de la iniciativa emprendedora.
En cuanto a los programas y acciones a desarrollar serán los siguientes: “Acciones para la formación, mayor cualificación y reconversión profesional de desempleados y ocupados. Acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia al autoempleo. Programas que combinen formación y empleo. Contratación de trabajadores desempleados en colaboración con Corporaciones Locales, otros organismos públicos y entidades sin ánimo de lucro para la realización de obras o servicios de interés general y social. Programas integrados o experimentales de empleo.
Iniciativas de desarrollo local. Programas de promoción de actividad generadora de empleo. Programas de apoyo al empleo estable, a través de la mejora de la experiencia profesional. Programas del ámbito de empleo y de formación profesional que coadyuven a la conciliación de la vida familiar y laboral”. El texto dispone que para articular los itinerarios de inserción se procurará coordinar e integrar como mínimo dos de las medidas enunciadas.
La immigració i les dades d’atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de gener de 2009.
1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració el dimarts 3 de febrer.
Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades el dimarts inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.
Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:
La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de desembre ha estat de 1.876.358, amb un descens de 62.274 persones sobre el mes anterior. Per règims cal destacar que s’ha produït un descens important d’afiliació en el General (- 60.767), que continua la tendència del tres mesos anteriors.
Durant el mes de desembre el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 979.055, mentre que el d’estrangers es reduí en 123.744. Cal destacar que es tracta del tercer mes consecutiu on es produeix aquesta reducció del nombre d’afiliats estrangers en sèrie interanual.
Cal recordar que a partir del mes de gener de 2007 els treballadors romanesos i búlgars han passat al grup de comunitaris, per la entrada dels seus països a la Unió Europea.
2. Analitzo a continuació les dades les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat, contractes i prestacions, que corresponen al mes de gener i que han estat fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració també el dimarts 3 de febrer.
Les dades més destacades son les següents:
A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 449.505 (13,5 % del total). 137.132 són comunitaris i 312.373 extracomunitaris. Increment interanual de 208.798.
B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 93.491 (20,5 % del total). 20.177 són comunitaris i 73.314 extracomunitaris. Increment interanual de 47.084. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (47.347), tot i que ja no és menyspreable la importància de l’atur en el sector de la construcció (25.020).
C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de desembre de 2008: 311.953. Increment interanual del 104,3 %. 89.548 aturats són comunitaris i 222.405 són extracomunitaris. Aquest nombre suposa el 13,46 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 16,29 % si es tracta de la prestació contributiva, del 10,45 % en cas de subsidi, 5,26 % en la renda activa d’inserció, i 1,50 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 75,91 %. La despesa total per als aturats estrangers és de 287,7 milions d’euros, un 12,5 % de la despesa total (increment interanual del 31,6 %).
D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid és la primera (16,53 %), seguida de Barcelona (15,12 %), Illes Balears (6,42 %), Alacant (5,19 %) València (4,47 %), Múrcia (4,35 %), Girona (4,07 %), Tarragona (3,79 %), Màlaga (3,57 %) i Almeria (2,93 %).
E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (66.696, un 21,38 %), i els segueixen els equatorians (41.140, 13,19 %), els romanesos (35.618, 11,42 %), els colombians (22.446, 7,20 %) i els portuguesos (10.101, 3,24 %).
Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades el dimarts inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.
Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:
La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de desembre ha estat de 1.876.358, amb un descens de 62.274 persones sobre el mes anterior. Per règims cal destacar que s’ha produït un descens important d’afiliació en el General (- 60.767), que continua la tendència del tres mesos anteriors.
Durant el mes de desembre el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 979.055, mentre que el d’estrangers es reduí en 123.744. Cal destacar que es tracta del tercer mes consecutiu on es produeix aquesta reducció del nombre d’afiliats estrangers en sèrie interanual.
Cal recordar que a partir del mes de gener de 2007 els treballadors romanesos i búlgars han passat al grup de comunitaris, per la entrada dels seus països a la Unió Europea.
2. Analitzo a continuació les dades les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat, contractes i prestacions, que corresponen al mes de gener i que han estat fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració també el dimarts 3 de febrer.
Les dades més destacades son les següents:
A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 449.505 (13,5 % del total). 137.132 són comunitaris i 312.373 extracomunitaris. Increment interanual de 208.798.
B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 93.491 (20,5 % del total). 20.177 són comunitaris i 73.314 extracomunitaris. Increment interanual de 47.084. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (47.347), tot i que ja no és menyspreable la importància de l’atur en el sector de la construcció (25.020).
C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de desembre de 2008: 311.953. Increment interanual del 104,3 %. 89.548 aturats són comunitaris i 222.405 són extracomunitaris. Aquest nombre suposa el 13,46 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 16,29 % si es tracta de la prestació contributiva, del 10,45 % en cas de subsidi, 5,26 % en la renda activa d’inserció, i 1,50 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 75,91 %. La despesa total per als aturats estrangers és de 287,7 milions d’euros, un 12,5 % de la despesa total (increment interanual del 31,6 %).
D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid és la primera (16,53 %), seguida de Barcelona (15,12 %), Illes Balears (6,42 %), Alacant (5,19 %) València (4,47 %), Múrcia (4,35 %), Girona (4,07 %), Tarragona (3,79 %), Màlaga (3,57 %) i Almeria (2,93 %).
E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (66.696, un 21,38 %), i els segueixen els equatorians (41.140, 13,19 %), els romanesos (35.618, 11,42 %), els colombians (22.446, 7,20 %) i els portuguesos (10.101, 3,24 %).
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