Nuevamente sobre el registro, o no, de la jornada de trabajo. Notas a las importantes conclusiones del abogado general de TJUE, de 31 de enero de 2019, favorables a la tesis de su obligatoriedad.

1. Un tweet del incansable profesor bloguero IgnasiBeltrán de Heredia a las 10:24 anunciaba a todos los seguidores de su cuenta, entre los que obviamente me encuentro, la publicación del comunicado de prensanúm. 8/19 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el que se recoge una síntesis de las conclusiones presentada por el abogado general, Giovanni Pitruzella, con ocasión de la cuestión prejudicial planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional sobre la conformidad al Derecho de la Unión de la normativa española sobre el registro (o no registro) de la jornada de trabajo, en la interpretación efectuada de la misma por la jurisprudencia de la Sala Social del Tribunal Supremo.

¿Brexit sin acuerdo? 30 de marzo de 2019. Las incertidumbres para estudiantes Erasmus+, trabajadores y familiares. Una nota a las últimas propuestas de la UE.

1. Un buen número de estudiantes universitarios españoles y de otros Estados de la UE ha realizado, y están realizando, actividades educativas incluidas en el programacomunitario Erasmus+ en el Reino Unido, de la misma manera que estudiantes británicos ha pasado etapas de su vida académica, o las están pasando en la actualidad, en centros universitarios de alguno de los restantes 27 Estados miembros. Según datos de la Comisión Europea, “en el momento en que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se retire de la Unión Europea, habrá casi catorce mil estudiantes de la Europa de los Veintisiete (estudiantes y becarios en el ámbito de la educación superior y de la educación y formación profesionales, jóvenes en aprendizaje y personal educativo) en el Reino Unido, y aproximadamente siete mil británicos realizando actividades de aprendizaje en la Europa de los Veintisiete”.

Universidades Públicas de Cataluña. Validación, con matices, de la política autonómica en materia de profesorado (Plan Serra Hunter). Una nota a la sentencia del TC núm. 141/2018 de 20 de diciembre.

1. Es objeto de breve anotación en esta entrada del blog la sentencia dictada por el Pleno del TribunalConstitucional el 20 de diciembre (núm. 141/2018), de la que fue ponente el magistrado Alfredo Montoya Melgar, publicada en el suplemento de sentencias del BOE núm. 22 de 25 de enero.

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del quart trimestre de 2018.

Segons les dades de l'enquesta de població activa del quart trimestre de 2018, fetes públiques el dimarts 29 de gener, la població activa estrangera estava integrada per 2.886.600 persones, amb 2.287.000 ocupades i 599.600 aturades, mentre que 1.147.600 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 4.034.200, amb un augment trimestral de 73.500 i en sèrie interanual de 234.600 persones.

Cal fer esment del fet que l’EPA es calcula amb la base de població que incorpora la informació actualitzada dels censos de població i habitatge de 2011. L’Institut Nacional d’Estadística publicà el dijous 24 d’abril de 2014 una nota metodològica sobre la nova base poblacional i posant en relleu que segons el cens de 2011 la població de 16 i mes anys supera en 373.700 persones la població que es prenia anteriorment en consideració per a la mostra, més concretament “estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100”.

Feta aquesta matisació, si comparem amb les dades del tercer trimestre del 2018, el creixement de la població activa estrangera ha estat de 73.600 persones i en sèrie interanual l’augment és de 105.600. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha tingut una disminució de 58.800 persones sobre el trimestre anterior i de 1.800 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 71,55 %, 14,43 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,12 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha experimentat un augment del 0,53 % %, mentre que el descens de la taxa de la població espanyola ha estat del 0,22 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un descens del 0,12 %, i la de la població estrangera un descens del 1,64 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 20,77 %, es a dir 7,23 punts per sobre de l’espanyola (13,54 %). Durant el quart trimestre del 2018 la desocupació autòctona va disminuir en 40.600 persones, i la estrangera va créixer en 18.900.

Durant el quart trimestre del 2018 cal fer esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat una disminució de 18.100, i el d’estrangers un augment de 54.700. En sèrie interanual la població ocupada estrangera creix en 161.400 persones, la població aturada minva en 55.700 i la inactiva puja en 129.000, mentre que la població ocupada espanyola creix en 404.800 persones, la població aturada disminueix en 406.600, i la inactiva creix en 70.100 persones.

Com a conclusió, cal destacar que creix tant la població activa estrangera com el nombre d’ocupats, aturats e inactius.

Cuidado del cónyuge gravemente enfermo. Interpretación de la norma convencional en el sentido más favorable al disfrute de permiso. Nota a la sentencia del TSJ de Madrid de 21 de septiembre de 2018.

1. Es objeto de anotación en esta entrada del blog la sentencia dictada por la Sala de lo Social delTribunal Superior de Justicia de Madrid el 21 de septiembre, de la que fue ponente el magistrado Ignacio Moreno.

La paternidad no puede ser causa de discriminación salarial (aunque haya habido conciliación en sede judicial). Nota breve a la sentencia de la AN de 18 de diciembre de 2018.

1. Es objeto de breve anotación en esta entrada del blog la sentencia dictada por la Sala de loSocial de la Audiencia Nacional el 18 de diciembre, de la que fue ponente la magistrada Carolina San Martín.

De Ginebra a Sevilla, pasando por Cornellà del Llobregat. El futuro del trabajo… sin olvidar el presente de las personas que trabajan, de las que buscan trabajo y de las tienen (o no tienen) protección social (a propósito del Informe OIT “Trabajar para un futuro más prometedor”).

1. Hace justamente cuatro años, el 25 de enero de 2015, publiqué una entrada en el blog titulada “Empleo,crisis y pobreza. De los datos (necesarios para conocer el estado general de lacuestión) a las personas (que viven cada día el impacto de la crisis). DeGinebra y Bruselas a Cornellà del Llobregat”.

En la primera parte del texto explicaba el contenido del informe anual de la OIT “Perspectivas laborales y sociales en el mundo. Tendencias en 2015”, que en años anteriores se denominaba “Tendencias mundiales del empleo”, así como también del estudio anual de la Comisión Europea, correspondiente a 2014, “de la evolución del empleo y de la situación social en Europa”. Completaba mi exposición con otros dos informes: el primero, de ámbito mundial publicado por Oxfam con ocasión de la reunión anual de Davos, cuyo título era suficientemente expresivo de la realidad que quería mostrar: “Riqueza: tenerlo todo y querer más”; el segundo de ámbito español, el elaborado por el gabinete técnico confederal de UGT, “La precarización del mercado de trabajo. Algunas evidencias”, en el que se analizaba la realidad del empleo creado y del desempleo, con una muy dura crítica a la reforma laboral de 2012 del gobierno del Partido Popular y sus consecuencias sobre el mundo laboral.

En la segunda, parte, explicaba mi intervención, el 23 de enero, en las jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Cornellà del Llobregat y dirigidas por el Presidente de la Fundación Utopía Joan N. García-Nieto de Estudios Sociales del Baix Llobregat, Francesc Castellana, que llevaban por título “Alianza cívica contra la pobrezaen Cornellà”, en las que se reflexionó y debatió sobre la pobreza, sus efectos y las nuevas medidas para paliarla, con intervenciones de representantes de organizaciones sociales y  debates en talleres de trabajo sobre los derechos básicos de ciudadanía, la problemática de la salud y el bienestar, y la igualdad de oportunidades, habiéndose formulado un conjunto de propuestas que fueron recogidas en las conclusiones del encuentro y que ponían de manifiesto la necesidad de abordar transversalmente la realidad de la nueva pobreza que afectaba (sigue afectando, añado ahora) a amplias capas de la sociedad y de la que no escapaba (no escapa) una parte de la población trabajadora con salarios por debajo de los niveles de subsistencia. Tuve la oportunidad de participar en la primera mesa de trabajo de las Jornadas, y desde mi perspectiva laboral enfaticé el impacto que las reformas laborales postcrisis estaban  teniendo sobre el crecimiento del número de trabajadores pobres y sobre la devaluación salarial que se había producido en España no sólo como consecuencia de la crisis sino también como resultado de las reformas laborales emprendidas por el Partido Popular y que habían llevado a mi parecer a un incremento del poder unilateral del empleador en la fijación, y modificación, de las condiciones de trabajo, y a la debilitación de la negociación colectiva como instrumento ordenador de las relaciones laborales y de fijación de los salarios. Que la nueva pobreza afectaba a muchas personas que disponían de empleos en principio estables y bien remunerados pero que como consecuencia de la crisis económica habían desaparecido y habían quedado desprotegidas una vez agotadas las prestaciones sociales contributivas o asistenciales, con especial impacto en trabajadores de medianas y pequeñas empresas, extranjeros extracomunitarios y autónomos.

En fin, tuvimos, como no podía ser menos en unas jornadas organizadas por una Corporación Local, un amplio debate sobre el papel de las Administraciones Locales en la creación de empleo, papel muy importante que se han jugado desde mediados de los ochenta del siglo XX y que en aquel momento se veía puesto en cuestión no sólo por las restricciones económicas sino también por las restricciones legales operadas por la normativa de reforma de las competencias de tales Administraciones, aunque quienes padecen las consecuencias de la crisis no conozcan tales leyes y sigan acudiendo a su administración más cercana, la local, para tratar de intentar encontrar respuesta a su problema. Así, en el ámbito de las medidas más directamente cercanas a la problemática laboral, que fueron objeto de amplio debate en el taller dedicado a la igualdad de oportunidades, se propusieron las siguientes: “Fomentar la aplicación de cláusulas sociales en la contratación pública en Cornellà.; priorizar el empleo de personas en situación de desempleo de larga duración para mayores de 45 años; Continuar tendiendo puentes para vincular la formación profesional con la red de empresas de la ciudad; buscar nuevos espacios en la ciudad que permita ampliar la oferta local de Escuelas de Segunda Oportunidad para apoyar la labor de las entidades que la lideran; impulsar políticas activas de empleo específicas para personas que finalizan planes de empleo locales; estudiar la posibilitar de crear ayudas para complementar los programas de estudio de la Generalidad; buscar intensivamente la colaboración público-privada con el fin de encontrar nuevos yacimientos de empleo y promocionar la formación dual”. Como explicaba unartículo publicado en El Periódico el 17 de enero, “Del primer encuentro de 2015 nacieron más de un centenar de propuestas para hacer frente a la pobreza, 23 de las cuales fueron pactadas como prioritarias y se han ido trabajando en estos cuatro años a través de talleres de trabajo, dedicadas a generar alianzas entre entidades y ciudadanía para llevarlas a cabo. Algunas de estas ideas fueron, por ejemplo, la Botiga Solidària de Cornellà, la oficina de Mediación Hipotecaria o la Oficina de Eficiencia Energética, así como otros proyectos dedicados a promover la inserción laboral de manera personalizada, como el Cornellà Ocupació o los Itinerarios Individuales de Inserción”.

2. He realizado esta amplia introducción recordatoria de un evento celebrado hace cuatro años, y de los informes internacionales y nacionales publicados en 2015, porque muchas de las cuestiones que debatieron entonces, y las propuestas que se formularon, siguen teniendo plena vigencia, con la necesidad a escala internacional, europea, estatal, autonómica y local de seguir buscando respuestas y adoptando medidas, en el ámbito competencial respectivo, para abordar tanto los cambios que se están operando en el mundo del trabajo, en términos de cantidad y de calidad, como las necesidades cada vez mayores para una parte nada menospreciable de la población que se encuentra fuera de aquel, o incluso que dentro del mundo laboral no alcanza los ingresos necesarios para una subsistencia digna (trabajadores pobres, “working poors).

Aunque en el título  sitúo a la localidad de la comarca del Baix Llobregat, un icono de las luchas de la clase trabajadora durante la dictadura franquista, entre el frio suizo y el calor sevillano (y por cierto, no conviene olvidarse tampoco de la cumbre anual de Davos, y más concretamente del informe emitido nuevamente por Oxfam que pretende no solo sacar los colores sino también formular propuestas de cambio para abordar los problemas de una sociedad cada vez más desigual, al que me referiré brevemente más adelante), permítanme que empiece mi exposición por Cornellà, ya que el viernes 25 tuvo lugar una nueva edición de las jornadas de  la Alianza Cívica contra la pobreza y que llevaba por título “Precariedad laboral. Una salida desigual de la crisis”, con una activa participación nuevamente de la Fundación Utopía de estudios Sociales de Baix Llobregat a través de la moderación de las mesas de trabajo de la sesión de mañana, y de una activa intervención en una mesa de la segunda, de su presidente Francesc Castellana.

Fueron objeto de especial atención la precariedad laboral de las y los jóvenes, la importancia de la economía social y solidaria, la “precariedad laboral 4.0”, las nuevas formas de pobreza vinculadas a dicha precariedad laboral, y una exposición de buenas prácticas de creación de empleo y que pusieron de manifiesto qué, como he indicado antes, las jornadas de 2015 no se quedaron solo en palabras sino que se plasmaron en resultados concretos en desarrollo de las propuestas de actuación.  Buena parte de la jornada estárecogida en este enlace que adjunto.

En el manifiesto publicado con ocasión de la jornada, se recuerdan las acciones llevadas a cabo para mejorar tanto la cantidad como la calidad del empleo por parte tanto del Ayuntamiento como de todas las organizaciones sociales implicadas, todas ellas dirigidas “conseguir un nuevo modelo de ciudad capaz de corregir las desigualdades, de garantizar la dignidad del trabajo y la vida de las personas y de mantener la convivencia, la equidad y la cohesión social”, con una finalidad de indudable importancia cual es la de conseguir el “éxito social”, que debe estar fundamentado en “derechos sociales básicos, como son la vivienda para todos, el acceso a un puesto de trabajo digno, la atención a la población menor y adolescente, una educación pública de calidad que garantice la igualdad de oportunidades, y la recuperación del modelo sanitario universal así como el espíritu de la Ley de atención a la dependencia”.

3. Para completar, quien lo desee, el conocimiento de temáticas abordadas en la jornada, como son la situación de las y los jóvenes, y la problemática del mercado de trabajo desde la perspectiva de la precariedad que sufre una parte de la población en el escenario 4.0, me permito remitir a dos trabajos de ponentes que intervinieron en aquella.

Sobre la juventud, la obra colectiva dirigida por las profesoras Agnès Pardell y Mari Àngels Cabasés, de la Universidad de Lleida (esta última, ponente de la primera mesa),"Evaluación de la implantación de la garantía juvenil (2013-2016). Una visión autonómica y europea” (Ed. Tirant lo Blanch, 2018), y de la que escribí en su prólogo que “Se trata, a mi parecer, de una obra de indudable interés, tanto por la temática abordada, la implantación de la garantía juvenil desde una perspectiva que abarca su puesta en marcha en varios países de la Unión Europa y en distintas Comunidades Autónomas de España, como por el carácter pluridisciplinar del texto. En efecto, no estamos sólo en presencia, aunque sí tenga carácter preferente, de un análisis jurídico de la medida “estrella” puesta en marcha en el seno de la UE en el año 2013, en el marco del paquete de empleo juvenil y junto con la Iniciativa de Empleo Juvenil, sino también del examen de la cuestión desde las perspectivas económica, antropológica, sociológica y educativa. Contribuye sin duda a este carácter interdisciplinar de la obra el hecho de que los investigadores e investigadoras de la Universitat de Lleida que han participado en la misma forman parte del Centro de Estudios sobre juventud y sociedad, de dicha Universidad, y también del grupo de investigación consolidado Juventud y Sociedad (JOVIS) de la Generalitat de Catalunya”.

Sobre la precariedad laboral 4.0, ponencia a cargo del economista José Moisés Martín, remito a uno de sus más recientes artículos, titulado “Desigualdad en España: las cuatro brechas sociales” (publicado en el núm. 31, diciembre 2018, de Gaceta Sindical,dedicado a “Distribución de la renta, desigualdades y brechas sociales”), que se centra en el examen de la brecha laboral, “la desigualdad en el acceso al empleo y a los salarios”, la brecha generacional, “la pobreza infantil y juvenil como principal fuente de desigualdad”, la brecha de género, y la brecha fiscal “unos ingresos y gastos poco redistributivos”.

En sus conclusiones, el autor enfatiza que si España “quiere afrontar los próximos años con una agenda de cohesión social y de igualdad económica, es urgente reflexionar sobre dónde y cómo se han generado unas brechas en el mercado laboral – entre precarios y consolidados – entre mayores, niños y jóvenes, entre hombres y mujeres, y entre pagadores y receptores netos de transferencias”.

El citado artículo forma parte, como recoge el título del número monográfico de la revista, de un más amplio análisis de la cuestión, y que tal como explica su director, Jorge Aragón, tiene por objeto reflexionar y debatir sobre “tres aspectos centrales:  las raíces de los procesos de desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza en este período de globalización; las características específicas que tienen en España las desigualdades económicas y sociales, no solo en el período de crisis económica sino también de “recuperación”; y las principales “fracturas sociales” que las desigualdades están produciendo y que se pueden cronificar en el futuro”.

También sobre la precariedad laboral en el mundo laboral es muy interesante, así me lo parece, la aportación de las profesoras Inmaculada Cebrián y Gloria Moreno, de la Universidad de Alcalá de Henares, “Las brechas de la precariedad: empleo y ocupaciones”, en cuya introducción se destaca que “Temporalidad y contratación a tiempo parcial son dos pilares importantes de la precariedad del mercado de trabajo español. Pero esta situación no afecta por igual a todas las personas: mujeres y jóvenes se han visto afectados de manera más intensa”.

4. En mi intervención posterior a la mesa sobre precariedad laboral y nuevas formas de pobreza, en calidad meramente de asistente a la jornada, destaqué tres puntos de atención para tener en consideración tanto en las propuestas de actuación como en próximos debates: en primer lugar, la cercanía entre muchas de las reflexiones que se hacían a mediados de los años ochenta y principios del noventa del siglo XX con las que se realizan en la actualidad sobre el impacto tecnológico en el mundo del trabajo (El presidente de la Fundación Utopía, Francesc Castellana, recordaba con pleno acierto las aportaciones de Adam Schaff, André Gorz y de Joan N. García Nieto); en segundo lugar, que alguna relaciones de trabajo que se anuncian (publicitan, sería mejor decir) como novedades del nuevo mundo laboral, no son sino una versión tecnológica de aquellas ya existentes a finales del siglo XX (el ejemplo de los mensajeros de 1984, reconvertidos ahora en riders, para no utilizar el término trabajador y argumentar que son autónomos, sería el más significativo), y que hay que abordar su regulación, tanto de las “renovadas formas de trabajo” como de las más vinculadas al cambio tecnológico y que ha dado en llamarse la economía de plataformas, por lo que me alegra leer en el informe de la OIT al que me referiré más adelante, que “Si dejamos que la economía digital siga como hasta ahora, probablemente se ensancharán la brecha regional y la brecha de género. Además, los sitios web de trabajo en plataformas de microtareas y el trabajo mediante aplicaciones que conforman la economía de plataformas podrían recrear prácticas laborales que se remontan al siglo XIX y futuras generaciones de jornaleros digitales”, y defendiendo que deben garantizarse los derechos fundamentales del trabajo, “velando por que todos los trabajadores gocen de la protección social adecuada y administrando de manera activa la tecnología para garantizar un trabajo decente”; en fin, que el reto más importante que tenemos en estos momentos es poner en el centro de los debates una agenda social, una agenda que preste atención a las cuestiones que afectan, y preocupan, a la gran mayoría de la ciudadanía, como son las políticas sociales, es decir la educación, la sanidad, la vivienda y  las políticas de empleo.  

5. Y ya estoy en Ginebra (la sexta ciudad más cara del mundo para vivir, con datos de 2018), en la sede de la Organización Internacional del Trabajo, donde el día 22 se presentaba el informe elaborado por la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo, creada en 2017, que lleva por título “Trabajar para un futuro más prometedor”.

La página web dela OIT facilita una muy amplia y detallada explicación de su contenido, así como del acto de presentación del documento que puede seguirse en este enlace El director general de la OIT, Guy Rider, subrayaba en la presentación que “Las cuestiones destacadas en este informe son relevantes para las personas en todas partes y para el planeta… , pueden ser desafiantes, pero si las ignoramos lo hacemos por nuestra cuenta y riesgo. El mandato de la OIT, que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de todas las regiones del mundo, significa que la Organización está bien situada para servir de brújula y de guía para contribuir a abrir nuevas perspectivas en el trabajo para las futuras generaciones”.

La lectura del documento, calificado por quienes lo han elaborado como “el principio del viaje”, es altamente recomendable para todas las personas interesadas en el mundo del trabajo, de cara tanto a conocer cuál es su realidad actual (aunque ciertamente en este terreno hay que acudir para mucho más detalle a los informes anuales sobre las tendencias del empleo) como muy especialmente qué medidas hay que adoptar para conseguir que el futuro sea, como reza el título del informe, “mas prometedor”.

Un documento, en el que se subraya, con pleno acierto a mi parecer, que “no es la primera vez que una alteración tan profunda del mundo del trabajo ha requerido una respuesta colectiva  y mundial”, recordando como fueron las consecuencias de la primera guerra mundial las que sentaron las bases para la creación de la OIT para tratar de evitar que se volvieran a producir situaciones como las vividas, sufridas, en los cinco años anteriores, llegándose a la suscripción de un “contrato social universal”, reiterado y profundizado en la Declaración de Filadelfia de 1944, que sigue siendo hoy, se subraya en el informe, “el más ambicioso de la historia”, trasladado, con las necesarias matizaciones y especificidades, a los marcos estatales, aunque de manera desigual y en ocasiones dejando fuera del mismo a parte de sus poblaciones, y que requiere de un nuevo impulso para afrontar los cambios que están sucediéndose de manera vertiginosa en el mundo laboral. Por ello, me parece acertada la idea-eje central sobre la que se articula el documento, cual es la de tratarse de un programa centrado en las personas para el futuro del trabajo, desagregada en tres ideas-eje más concretas, cuales son invertir en las capacidades de las personas, en las instituciones del trabajo, y en el trabajo decente y sostenible, con un objetivo que sigue siendo el que presidió la creación de la OIT y las acciones que ha venido desarrollando desde entonces, cual es que “a cambio de la contribución de los trabajadores al crecimiento y la prosperidad se les garantiza una participación equitativa en ese progreso, se respetan sus derechos y se les protege contra algunos de los aspectos más espinosos de la economía de mercado”.  

Tal como afirman el presidente y vicepresidente de la Comisión, la ambición de quienes lo han elaborado, tras muchos meses de debates y reuniones, ha sido el de conseguir plasmar “la urgencia de las transformaciones que afronta el mundo del trabajo y las ideas sobre cómo encauzar y aprovechar mejor estas transformaciones”; y no sólo tenía esta objetivo, sino también el de inspirar otros debates sobre todas las cuestiones que se abordan en su interior, “como fortalecer el espacio democrático para el diálogo social y cómo los modelos empresariales pueden ajustarse mejor a un programa centrado en las personas”.

6. Así pues, para hablar del futuro del trabajo es necesario primero conocer su presente, sus datos más preocupantes a los que es necesario prestar atención para tratar de corregirlos, y que el informe sintetiza en estos términos: la necesidad de crear 344 millones de empleos antes de 2030 (fecha fijada por la ONU para alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible) “además de los 190 millones que son necesarios, para poner fin al desempleo actual”, un desempleo que afecta a 64 millones de jóvenes; abordar la situación de 2.000 millones de personas que basan su sustento en la economía informal (“La mitad de la población ocupada mundial desempeña un trabajo informal en actividades no agrícolas. El nivel de desarrollo socioeconómico se relaciona positivamente con la formalidad. Los países emergentes y en desarrollo tienen tasas sustancialmente más elevadas de informalidad que los países desarrollados. El sector informal incluye el mayor componente del empleo informal en todas las regiones. Al desagregar el porcentaje de empleo informal por sexo, los hombres (63,0 por ciento) tienen mayores porcentajes de empleo informal que las mujeres (58,1 por ciento) en todo el mundo, habiendo sin embargo más países (55,5 por ciento) en los que el porcentaje de las mujeres en el empleo informal supera al porcentaje de los hombres”); la situación de pobreza extrema en que viven 300 millones de trabajadores (con ingresos que no superan 1,90 dólares USA/día); el elevado número, cerca de 2,78 millones de personas que fallecen anualmente por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales: más de un tercio de la población mundial trabajadora (36,1 %) que trabaja más de 48 horas semanales; el muy escaso incrementos de las rentas salariales  (uno de los factores que más ha agravado el incremento de la desigualdad tanto a escala mundial como en el seno de muchos países), ya que si era de 2,4 % en 2006 ha pasado a un 1,8 en 2017, siendo las remuneraciones salariales percibidas por las trabajadores cerca de un 20% de promedio  inferior a la de los trabajadores; la desigualdad a la que acabo de hacer referencia se manifiesta en que “Entre 1980 y 2016, el 1 por ciento más rico de la población mundial experimentó un aumento global de los ingresos del 27 por ciento, mientras que el 50 por ciento de la población mundial más pobre solo experimentó un aumento del 12 por ciento”; en fin, en la sociedad tecnológica en la que vivimos, no está de más recordar que poco más de la mitad de los hogares, el 53,6 % tiene acceso a Internet, y que en los países emergentes ese porcentaje es mínimamente superior al 15 %.

7. Invertir en las capacidades de las personas incluye cuatro elementos básicos que deben ser aplicados por todos los países, que son “un derecho universal al aprendizaje permanente, el apoyo a las personas en las transiciones, una agenda transformadora para la igualdad de género y una protección social más sólida”.

Respecto al primero, y en una línea semejante a la existente en algunos países desarrollados, me parece importante destacar la propuesta de establecer “un sistema rediseñado de «seguro de empleo» o de «fondos sociales» que permita a los trabajadores tomarse tiempo libre remunerado de sus trabajos para participar en la formación. Se podría reconocer a los trabajadores el derecho a un determinado número de horas de formación, independientemente del tipo de trabajo que hagan”, enfatizando que este sistema “tiene la ventaja de apoyar a los trabajadores más vulnerables mediante su formación continua, en particular a los trabajadores por cuenta propia o los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, que tienen menos posibilidades de beneficiarse de la formación financiada por el empleador”.

En cuanto al apoyo a las personas a lo largo de las transiciones del futuro del trabajo, se pone especial atención tanto en las medidas dirigidas a jóvenes, con políticas de formación, aprendizaje y emprendimiento que permitan la inclusión de todos ellos, como en las enfocadas a la población de edad avanzada “para ampliar sus opciones y favorecer una sociedad activa a lo largo de toda la vida”. Me quedo, como idea relevante de este segundo elemento, con la propuesta de elaborar “nuevos mecanismos para rediseñar el seguro de desempleo, la formación y los permisos como el «seguro de empleo», así como para mejorar la empleabilidad (por ejemplo, la formación para el empleo, el trabajo por cuenta propia o la iniciativa empresarial) y empoderar a los trabajadores de manera que sepan reorientar sus vidas ante la pérdida de puestos de trabajo”.

En relación con la agenda transformadora para lograr la igualdad de género, más allá de las medidas necesarias que deben adoptarse en el ámbito de las relaciones de trabajo (una buena noticia es el muy reciente acuerdo alcanzado entre el Consejoy el Parlamento Europeo sobre la directiva para la conciliación de la vida familiary laboral, que establece el mínimo de cuatro meses de permiso de paternidad y maternidad, dos de los cuales deberán ser intransferibles y remunerados, cómo mínimo del 65% del sueldo neto, con obligación empresarial de dar diez días a sus empleados por el nacimiento de sus hijos, y la asignación de cinco días por trabajador y año como permiso para cuidadores, además de abrir el abanico de opciones para acogerse a un trabajo flexible en materia de jornada y salario), hay que cambiar cómo se mide y valora el trabajo, para conocer exactamente la importancia de aquel que no entra en los circuitos de la actividad estadísticamente productiva, recomendando el informe que “se adopten medidas para garantizar la rendición de cuentas con el fin de impulsar la igualdad de género. Importa lo que medimos. Tener en cuenta el trabajo de prestación de cuidados no remunerado puede cambiar la reflexión acerca de su valor y puede revelar un panorama más exacto del bienestar nacional y mundial. Las políticas de transparencia salarial, como el cumplimiento de requisitos obligatorios de presentación de información y otras medidas que protegen el derecho de los trabajadores a compartir información, pueden arrojar luz sobre la magnitud de las diferencias salariales basadas en el género y facilitar que se corrijan”. Es especialmente interesante, tal como ha sido puesto ya de manifiesto en estudios elaborados sobre dicha temática, que hay que corregir el posible sesgo negativo de género en los algoritmos utilizados para encontrar puestos de trabajo, y de ahí que el informe recomiende “que se adopten medidas concretas para garantizar la igualdad de oportunidades y la igualdad de género en los puestos de trabajo del mañana que las nuevas tecnologías harán posible”.

Por fin, sobre el fortalecimiento de la protección social, se enfatiza la necesidad de disponer, ante los cambios que ya se están produciendo, y que seguirán con mayor intensidad, en el mundo del trabajo, de un sistema que dé respuesta a tales cambios y que ha de basarse “en los principios de solidaridad y de reparto de los riesgos que ayude a satisfacer las necesidades de las personas a lo largo del ciclo de vida”, y, más importante si cabe, que llegue a todos los trabajadores, sea cual sea la forma de trabajo, con mención expresa a la inclusión de los trabajadores por cuenta propia, no descartando en modo alguno, si fuera necesario por la insuficiencia económica para alcanzar tal objetivo, reasignar el gasto público y proceder al aumento de los ingresos fiscales.

8. Invertir en las instituciones del trabajo requiere partir de una tesis central que no por ser repetida una y mil veces deja de tener un valor fundamental: el trabajo no es una mercancía, y los trabajadores “son seres humanos, con derechos, necesidades y aspiraciones”. Por ello, disponer de unos derechos en la vida laboral es determinante y necesario para conseguir esa cohesión social de la que tan necesitados estamos en estos momentos en gran parte de los Estados miembros de la OIT.

No es de extrañar que una de las medidas propuestas en el Informe que ha recibido más atención en los ya numerosos artículos publicados en los medios de comunicaciones y en las redes sociales sea la del establecimiento de una “garantía social universal” (supongo que traducción literal del texto original inglés “Universal Labour Guarantee”), que incluya algo que ya existe en buena parte de los Estados miembros pero que constituye un objetivo a alcanzar en los restantes, además de velar por su estricto cumplimiento en todos en los que existen, como son proteger los derechos fundamentales de los trabajadores (la remisión a los ocho convenios fundamentales de la OIT es aquí obligada, con mención a los derechos de libertad sindical y  negociación colectiva, la prohibición del trabajo forzoso y del infantil, y la prohibición de todo tipo de discriminación), un “salario vital adecuado”, limitar el tiempo de trabajo y garantizar la seguridad y salud en el lugar donde se preste la actividad, poniendo acertadamente de manifiesto la interconexión existente entre todos ellos.

La propuesta ha sido valorada muy positivamente por el sindicalismo internacional, habiendo subrayado la presidenta de la Confederación Sindical Internacional SharanBurrow, que el informe “representa un paso importante en el camino hacia la Conferencia del Centenario de la OIT en junio, donde los sindicatos presionarán para que se adopten decisiones concretas y ambiciosas para conformar un mundo del trabajo que esté, tal como menciona la Comisión, centrado en las personas. Incluye muchas recomendaciones importantes respecto al aprendizaje permanente, el apoyo a los trabajadores para gestionar la transición en el trabajo, la igualdad de género, los trabajadores rurales e informales, la inversión en cuidados e infraestructura, el ajuste climático, así como la protección social. Asigna un papel esencial a las políticas públicas, indicando que los Gobiernos deben regular y asegurar la aportación de servicios de todo tipo, y apoya el desarrollo de nuevos indicadores económicos que vayan más allá del estrecho ámbito del PIB”.,

También se propone “ampliar la soberanía sobre el tiempo”, para satisfacer, aprovechando las posibilidades que la tecnología ofrece, las necesidades e intereses tanto de los empleadores como de los trabajadores, evitando que se difumine o se convierta en inexistente la línea divisoria entre tiempo “laboral” y tiempo “personal”, o lo que es lo mismo, hablamos del conocido como “derecho a la desconexión digital”. Pero, obsérvese bien que esta situación no sólo afecta a quienes tienen una jornada y horario de trabajo mas o menos conocido y estable, sino también, y desde una perspectiva mucho más negativa, a quienes trabajan pocas horas habitualmente o que deben estar pendientes (“trabajo a la llamada”) del requerimiento empresarial para prestar sus servicios (contrato de cero horas). Es decir, las dificultades entre la conciliación de los tiempos de vida personal y de trabajo no afectan solo a los primeros, sino, como explica muy acertadamente el Informe, también a los segundos, ya que “casi uno de cada cinco trabajadores de todo el mundo que trabaja pocas horas señala que le gustaría trabajar más horas. Para muchos de ellos, las horas de trabajo pueden variar mucho y ser impredecibles, sin un número garantizado de horas semanales de trabajo remunerado, y con poco o ningún derecho a escoger cuándo trabajan”.  

Es decir, la autonomía debe predicarse para todos  los trabajadores, yendo el informe en la misma línea que se propone  por las organizaciones sindicales en sus propuestas a las instituciones comunitarias sobre cómo garantizar condiciones de trabajo transparentes y previsibles, recomendando que a efectos de disponer de mayor conocimiento y mayor soberanía sobre su tiempo “se adopten medidas de reglamentación apropiadas que establezcan un número mínimo de horas garantizadas y previsibles”, así como también que “se deberían adoptar otras medidas para compensar el horario variable con una prima por un trabajo que no está garantizado y una remuneración por tiempo de espera para compensar los periodos en los que los trabajadores por hora están «de guardia»”.

Invertir en las instituciones del trabajo significa igualmente revitalizar la representación colectiva, adoptándose por los Estados políticas públicas que promuevan la representación colectiva y el diálogo social, con reivindicación del papel central que han de tener las organizaciones representativas de trabajadores y empresarios en dicha revitalización, subrayándose con preocupación los efectos negativos que la concentración del poder económico y el debilitamiento de las organizaciones sindicales y de la negociación colectiva ha tenido sobre el incremento de la desigualdad. Para que puedan cumplir eficazmente su laboral se pide, y me consta que muchas organizaciones ya lo están haciendo desde hace tiempo, que las organizaciones sindicales se adapten a los cambios tecnológicos y a la cambiante composición de la población de trabajadora, en la que un número que cada vez más va en aumento no se inserta en los circuitos hasta hace poco tiempo ordinarios de la actividad productiva, además de establecer y forjar alianzas con otras organizaciones sociales. La revitalización de la negociación colectiva ha de significar la de la política salarial, con mejoras salariales que afecten positivamente a todo tipo de trabajadores, incluyendo pues a los que se encuentran en la economía informal.

En fin, especial atención presta el informe a uno de los ejes concretos en los que se desagrega el de invertir en la instituciones, cual es el de la utilización de la tecnología para potenciar el trabajo decente y “bajo  control humano”, ya que, se vuelve a insistir, el trabajo  no es una mercancía y el trabajador no es un robot, poniendo de manifiesto que “La realización del potencial de la tecnología en el futuro del trabajo depende de decisiones fundamentales en relación con la concepción del trabajo, que podrían implicar debates en profundidad entre trabajadores y directivos para el «diseño» de los puestos de trabajo”. El informe aboga por el establecimiento de un sistema de gobernanza internacional de las plataformas digitales de trabajo que “establezca y exija que las plataformas (y sus clientes) respeten ciertos derechos y protecciones”, poniendo como posible ejemplo a tomar en consideración el Convenio sobre trabajo marítimo de 2006, que no es “sino un código mundial para las gentes del mar” (sobre esta cuestión es recomendable la lectura de la obra colectiva, coordinada por la profesora Olga Fotinopoulos, de la Universidad del País Vasco, “Laseguridad marítima y los derechos laborales de la gente del mar”, Gomylex, 2014).

El informe, en la misma línea que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el convenio europeo que recoge tales derechos, el Reglamento comunitario sobre protección de datos personales y la reciente Ley orgánica española sobre protección de datos y garantía de los derechos digitales, llama a las empresas a asegurarse de  que “cuentan con políticas de transparencia y de protección de datos para que los trabajadores sepan qué información se está rastreando”, así como de la obligación de informarles “de cualquier control que se realice en el lugar de trabajo e imponer límites a la recopilación de datos que puedan dar lugar a discriminación”. En definitiva, una política de aplicación de la tecnología en la vida laboral que debe tener como objetivo, y no es de menor importancia, “que se respete la dignidad de los trabajadores”.   

9. Por último, el tercer eje central del informe es el de invertir en trabajo decente y sostenible. En este punto se plantea primeramente la conveniencia de adoptar incentivos para promover inversiones en las que se califican de “áreas clave que promuevan el trabajo decente y sostenible”, en línea con las recomendaciones formuladas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, haciendo por ejemplo expresa mención a que la economía de los cuidados “podría generar más de 475 millones de empleo en todo el mundo para 2030”, que medidas necesarias para mitigar el cambio climático, apostar por la economía verde, las energías renovables y la construcción y el acondicionamiento medioambiental sostenibles, reforzar inversiones en la economía rural (de la que se recuerda que sigue ocupando a “más de dos de cada cinco trabajadores del mundo), o la mejora de la modernización de la agricultura de la agricultura de subsistencia a pequeña escala, son todas ellas necesarias para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de gran parte de la población mundial, y que además, y con independencia de cuáles sean las áreas de inversión económica que elija cada país, “será un requisito indispensable disponer de unas infraestructuras físicas, digitales y sociales, en particular de servicios públicos de alta calidad”.

Por fin, se trata de reorientar los incentivos hacia un modelo empresarial y económico, leit motiv del informe, “centrado en las personas”, pidiendo un cambio en la gobernanza y la conducta empresariales que pasa por una mayor transparencia y rendición de cuentas de sus actividades, manifestando el informe su preocupación “por la concentración de poder en manos de las empresas tecnológicas actuales”, apoyando las iniciativas internacionales, existentes o en marcha, “para promover más competitividad por la innovación y el desarrollo de empresas que se adapten mejor a la consecución de objetivos sociales”.

Especialmente importante me parece su propuesta (que no es una novedad en el panorama internacional, pero que tiene la fuerza de provenir de una institución de la importancia de la OIT) de cambiar los criterios para medir el progreso social y económico, cuestionado que solo el producto interior bruto deba ser el criterio de referencia. Por su interés, reproduzco este breve fragmento del informe: “Esto se debe a que el PIB mide únicamente el valor monetario de los bienes y servicios producidos por las personas y las unidades económicas, incluido el gasto público. Es un criterio incompleto de creación de valor y, por sí mismo, un indicador insuficiente del éxito de las políticas aplicadas. Por tanto, nos sumamos a los numerosos llamamientos a que se incluyan otros indicadores complementarios del PIB que alienten y determinen con más precisión el progreso en la ejecución del programa centrado en las personas. Recomendamos la concepción y la aplicación de un indicador para el trabajo no remunerado realizado en los hogares y en las comunidades. Esto nos permitiría contar con una medida global del valor general del trabajo realizado en la sociedad y facilitaría a los gobiernos la formulación de políticas en apoyo de los sectores remunerados y no remunerados de la fuerza de trabajo, y en particular de la economía de los cuidados. Además, recomendamos el desarrollo de un indicador que refleje las externalidades de la actividad económica, especialmente las relativas al medioambiente, incluidos los costos de saneamiento y del cuidado de la salud. Por último, recomendamos la creación de uno o varios indicadores para medir las dimensiones relativas a la distribución y la equidad del crecimiento económico, que abarcarían la evolución de la renta familiar y el acceso a la educación, la salud y la vivienda”.

10. El informe de la OIT puede ser completado, también a escala internacional, por la lectura del informe de Oxfam “Bienestar público o beneficio privado”, presentado nuevamente con ocasión con la conferencia anual de Davos, cuyas tres principales recomendaciones son las siguientes: “1. Universalizar la provisión gratuita de servicios públicos como la salud y la educación que funcionen también para las mujeres y las niñas. Dejar de apoyar la privatización de los servicios públicos. Ofrecer pensiones, prestaciones por hijos y otras prestaciones sociales a todas las personas. Diseñar todos los servicios de manera que se garantice que también benefician a las niñas y las mujeres. 2. Liberar tiempo a las mujeres reduciendo los millones de horas no remuneradas que dedican cada día al cuidado de sus familias y sus hogares. Posibilitar que quienes realizan este trabajo esencial puedan manifestar su opinión en la toma de decisiones en materia presupuestaria. Invertir en servicios públicos como el abastecimiento de agua, la red eléctrica y las guarderías para reducir el tiempo que dedican las mujeres al trabajo de cuidados no remunerado. Diseñar todos los servicios públicos de manera que beneficien a las personas que disponen de poco tiempo libre. 3. Poner fin a la carrera a la baja en la tributación de las personas más ricas y las grandes empresas. Gravar la riqueza y el capital a niveles más justos. Poner fin a la carrera a la baja en los impuestos sobre la renta empresarial y de las personas físicas. Acabar con la evasión y la elusión fiscal de las grandes empresas y fortunas. Consensuar un nuevo conjunto de normas e instituciones a nivel mundial que permitan rediseñar el sistema tributario para que sea justo, en un proceso en el que los países en desarrollo participen en pie de igualdad”.

Para España, el informe también publicado por Oxfam lleva un título de claras implicaciones deportivas: “Desigualdad 1 – Igualdad de oportunidades 0”, siendo sus tres principales recomendaciones, en relación con el objetivo 10 de los OBS, las siguientes: “Empleo: Recuperar el peso que los salarios tenían sobre el PIB antes del estallido de la crisis ha de ser un objetivo prioritario. Reducir la desigualdad ocasionada por el mercado laboral y la estructura económica pasa por incrementar los salarios más bajos, reduciendo la precariedad, y prestando especial atención a las mujeres como mayores afectadas por estas desigualdades. Protección social: Los partidos políticos deben ponerse como objetivo modernizar y dotar con más fondos a nuestro sistema de protección social, invertimos 5,4 puntos de PIB menos que la media UE. Hay que aumentar los fondos destinados a asistencia social y reformar el diseño del sistema para mejorar su eficiencia y eficacia y alcanzar la media europea de reducción de desigualdad y pobreza y desarrollando un verdadero sistema de garantía de ingresos.  Fiscalidad: Si invertimos menos en asistencia social es en gran parte porque recaudamos mucho menos. Hay que fijar como objetivo recaudatorio alcanzar, en el plazo de tres años, la media de presión fiscal de la zona euro (estamos 6,9 puntos de PIB por debajo), y hacerlo sin olvidar los principios de equidad del diseño tributario. Además, hay que asegurar que las grandes empresas y las personas más ricas pagan su cuota justa de impuestos luchando contra los paraísos fiscales y acabando con las deducciones y beneficios que no contribuyan al bien común”. 

Por fin, para Cataluña, es recomendable la lectura del informe elaborado por ComisionesObreras sobre la evolución de las desigualdades sociales en esta ComunidadAutónoma, en el que se pone de manifiesto que se mantiene la brecha social, y del que reproduzco dos puntos centrales de su contenido: “Los resultados del Estudio muestran que la crisis no se ha repartido de forma equitativa y que se han incrementado las desigualdades y la pobreza. Esta es una situación que con los últimos datos disponibles no ha variado sustancialmente. La desigualdad social en Cataluña ha crecido últimamente, un hecho que nos aleja de la Unión Europea en cuanto a cohesión y bienestar social. Factores determinantes son: el menor peso del gasto social, las rebajas fiscales sobre la renta y la riqueza, la precarización del mercado de trabajo y el retroceso de los salarios en la distribución de la renta”.

11. Voy concluyendo esta entrada. De todo lo debatido en el Informe de la OIT, en los de Oxfam y de CCOO de Cataluña, y en la jornada sobre la precariedad laboral en Cornellà del Llobregat, se hablará y debatirá ampliamente en el Congreso Interuniversitario OIT sobre el futuro del Trabajo que tendrá lugar en la preciosa ciudad de Sevilla los días 7 y 8 de febrero (“Sevilla, tan sonriente, Yo me lleno de alegría cuando hablo con su gente. Sevilla enamora el cielo para vestirlo de azul Y hasta el sol duerme en Triana y la luna en Santa Cruz”, preciosa canción de los Del Rio) en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad que lleva el nombre de la ciudad.

Doy fe del interés que ha despertado el Congreso entre el mundo universitario, ya que se han presentado 144 comunicaciones, habiéndome correspondido, como miembro del comité científico del Congreso y asignado al diálogo II, dedicado, al trabajo decente, la evaluación de 43 comunicaciones, todas ellas de innegable interés, un grato esfuerzo en la medida en que ha sido un tiempo de aprendizaje, ya que en todas ellas ha habido puntos de especial interés.

No adelantemos ahora acontecimientos, y esperemos a los debates del Congreso para poder seguir hablando sobre el futuro del trabajo, un futuro que, como he dicho en el título, no debe hacer olvidar el presente, el de la gran mayoría de personas que, en todo el mundo trabajan, buscan trabajo, o adquieren derechos a protección social como consecuencia del mismo.

Buena lectura y buen congreso.