lunes, 8 de diciembre de 2025

UE. La Comisión pone en marcha la hoja de ruta para la creación de puestos de trabajo de calidad

 

1. La Comisión Europea presentó el jueves 4 de diciembre la Comunicación   “ Hoja de Ruta para el Empleo de Calidad”, que califica en la nota de prensa depresentación    como “ un firme compromiso para mejorar la calidad del empleo y crear puestos de trabajo de alta calidad y con perspectivas de futuro en Europa”,

A la Comunicación se acompaña el documento de consulta a los interlocutores sociales  , con arreglo a lo dispuesto en el art. 154 del Tratado de funcionamiento de la UE, “sobre la posible orientación de la actuación de la UE para mejorar las condiciones laborales, la salud y la seguridad en el trabajo y la aplicación de los derechos de los trabajadores – Ley de Empleos de Calidad”, norma que se califica de “una nueva propuesta legislativa para garantizar los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, adaptarse a los cambios tecnológicos, económicos y sociales”.

Junto con la  Comunicación y el documento de consulta a las organizaciones sindicales y empresariales se adjunta una ficha informativa   y una síntesis de aquellos en forma depreguntas y respuestas 

Recordemos que el art. 154.2 TFUE dispone que “... antes de presentar propuestas en el ámbito de la política social, la Comisión consultará a los interlocutores sociales sobre la posible orientación de una acción de la Unión”.

Con ocasión de los documentos presentados el 4 de diciembre, la Vicepresidente manifestó que “Todos los puestos de trabajo en Europa deben ser de calidad. Así es como atraeremos talento, reduciremos la pobreza de los trabajadores y reforzaremos la competitividad y la cohesión social de Europa. La Hoja de Ruta que se ha puesto en marcha hoy allana el camino para una Ley de Empleo de Calidad que salvaguarde los derechos de los trabajadores y los apoye a medida que se modernizan los lugares de trabajo”.

A dicha norma se refirió la Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea, Roxana Mînzatu, en la Inauguración del Foro Social de Oporto el 18 de septiembre en estos términos:

“Hemos priorizado en esta Comisión la elaboración de una Hoja de Ruta para el Empleo de Calidad. Y, como anunció la presidenta von der Leyen la semana pasada en el Discurso sobre el Estado de la Unión, en el centro de dicha hoja de ruta se encontrará una Ley de Empleo de Calidad.

Esta hoja de ruta tendrá tres objetivos sencillos y contundentes.

Primero: defender y fortalecer los derechos laborales. Garantizar que todos los trabajadores, especialmente los más vulnerables, tengan un salario justo, condiciones de trabajo seguras y dignidad.

Segundo: aprovechar la revolución digital. Aprovechar sus oportunidades para aumentar la innovación y la productividad, evitando al mismo tiempo sus riesgos: la inseguridad laboral y la menor protección.

Tercero: prepararse para el cambio. Ayudar tanto a trabajadores como a empleadores a gestionar las transiciones. Cumplir nuestra promesa de no dejar a nadie atrás”.

En la presentación de los documentos, la Vicepresidenta manifestó que:

“Todos los puestos de trabajo en Europa deben ser de calidad. Así es como atraeremos talento, reduciremos la pobreza de los trabajadores y reforzaremos la competitividad y la cohesión social de Europa. La Hoja de Ruta que se ha puesto en marcha hoy allana el camino para una Ley de Empleo de Calidad que salvaguarde los derechos de los trabajadores y los apoye a medida que se modernizan los lugares de trabajo.

En los documentos comunitarios objeto de este artículo se subraya que

“No existe una definición única de trabajo de calidad. En general, los empleos de calidad ofrecen una remuneración justa, condiciones de trabajo seguras y saludables, protección contra el estrés y otros riesgos en el trabajo, seguridad laboral, conciliación de la vida familiar y la vida profesional, igualdad de género, acceso a las capacidades, formación y desarrollo profesional, una sólida protección social y cobertura de la negociación colectiva.

El empleo de calidad es esencial para el bienestar de las personas y para una Europa social fuerte y competitiva. Los trabajadores en empleos de calidad impulsan la innovación, contribuyendo a una mayor productividad. Los empleos de calidad también benefician a las empresas al apoyar la innovación y ayudar a los empleadores a atraer y retener talento.

El análisis de la Comisión en el Semestre Europeo respalda la necesidad de abordar la calidad del empleo. La propuesta de informe conjunto sobre el empleo, que forma parte del paquete de otoño del Semestre Europeo, destaca que Europa debe abordar las deficiencias estructurales de su mercado laboral mejorando la calidad del empleo y muestra que el empleo de calidad ayuda a lograr un mayor crecimiento de la productividad, mejores resultados económicos y una mayor equidad social y cohesión social”.

2. Antes de exponer los contenidos más destacados del paquete comunitario, me permito recordar que la temática del empleo de calidad ha sido objeto de atención en varias entradas anteriores del blog y que por ello no reitero gran parte de los contenidos que he expuesto en todas ellas. Baste ahora remitirme a

Entrada “UE. informe «Empleo y evolución social en Europa 2025”. Texto de las conclusiones de cada capítulo” 

Entrada “Intervención en la Jornada “Los retos para generar un empleo de calidad e inclusivo” 

Entrada “Eurofound. Encuesta Europea sobre las Condiciones de Trabajo 2024. Primeros resultados” 

Entrada “UE. Semestre europeo 2026. Examen del contenido laboral y de protección social (Recomendaciones sobre la política económica de la zona euro y sobre el capital humanos y propuesta de informe conjunto sobre el empleo)”  

3. La Comunicación de la Comisión, que utilizo como eje central de esta entrada, ya que el documento de consulta profundiza con mayos detalle en sus contenidos, se refiere en primer lugar a la necesidad de construir la competitividad de Europa a través del empleo de calidad, enfatizando que

“La Hoja de Ruta para el Empleo de Calidad («la Hoja de Ruta») es un compromiso renovado para fomentar el empleo de calidad en una economía competitiva. Describe iniciativas para alinear la política de empleo con las necesidades de una economía en rápida evolución, a la vez que se mantiene basada en los principios de la economía social de mercado europea, el progreso social y el pleno empleo. Los sindicatos y las organizaciones empresariales desempeñan un papel fundamental en este esfuerzo. Como se reafirmó en el Pacto para el Diálogo Social Europeo, firmado el 5 de marzo de 2025, la Comisión mantiene su compromiso de reforzar el diálogo social a todos los niveles”.

Sobre el citado Acuerdo entre organizaciones sindicales y empresariales europeas remito a la entrada “UE. Acuerdo para el diálogo social europeo” . En la introducción del Acuerdo se subraya la importancia del diálogo social en estos términos:

“La Comisión y los interlocutores sociales intersectoriales europeos han firmado hoy un nuevo Pacto para el Diálogo Social Europeo que reforzará el papel de los interlocutores sociales en la configuración del mercado laboral, el empleo y las políticas sociales. En una época de transformación global, el nuevo Pacto aborda los principales retos a los que se enfrentan las economías europeas y se basa en la Declaración de los interlocutores sociales de Val Duchesse de 2024 (véase el documento de antecedentes).

El diálogo social es una parte integral de nuestro modelo social europeo y desempeña un papel crucial para mantener la competitividad de las empresas europeas, aumentar su productividad, proporcionar empleos de calidad y garantizar la equidad social. El diálogo social sigue siendo una herramienta esencial para garantizar que los mercados laborales se adapten a las transiciones digital y climática y que los trabajadores estén equipados con las capacidades adecuadas”

La Comunicación, y el documento de consulta. se centran en los ámbitos donde “la actuación de la UE es más necesaria”, que sintetiza en

“Creación de empleo: Garantizar que las industrias y los puestos de trabajo del futuro sigan siendo competitivos en Europa, en un contexto de rápido cambio hacia una economía más ecológica y digital.

Buenas condiciones de trabajo: Promover una remuneración adecuada, unas buenas condiciones de trabajo, la protección social, el acceso a la formación, una mayor aplicación de las normas laborales y el respeto de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Modernización: Garantizar la adopción y el uso responsable de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, protegiendo al mismo tiempo a los trabajadores.

Transiciones justas: Apoyar a los trabajadores en las transiciones ecológica y digital mediante el desarrollo de capacidades y la información y consulta de los trabajadores.

Factores facilitadores clave: el respeto de los derechos laborales existentes, un diálogo social sólido y una cobertura de la negociación colectiva, unos servicios públicos de calidad y una financiación adecuada”.

4. Tras la introducción, la Comunicación aborda la creación y el mantenimiento de los empleos de calidad en la UE, con un rápido guiño al mundo empresarial, al sostener que

“La creación de empleo de calidad requiere un entorno en el que las empresas, incluidos los autónomos, las empresas emergentes y las pequeñas empresas, puedan innovar, crecer y atraer inversión y talento. Para mantenerse competitivas y, al mismo tiempo, mantener altos estándares laborales, las empresas necesitan un marco regulatorio claro, proporcionado y propicio para la innovación. Esto incluye la reducción de las cargas administrativas, la mejora del acceso a la información y a las herramientas de apoyo, y la garantía de altos estándares sociales y laborales. Los interlocutores sociales también desempeñan un papel clave en la identificación de soluciones prácticas que respondan a las necesidades de las empresas en toda Europa. En este sentido, la Comisión ha propuesto simplificar las normas de la UE y reducir las cargas administrativas, y está explorando la posibilidad de mejorar el apoyo a las microempresas en la aplicación de la legislación de la UE. También propone acciones para ayudar a las startups y scaleups a acceder al talento y crear empleos de calidad”.

Va desgranando a continuación ámbitos de actuación y necesidades del mundo empresarial y laboral del inmediato futuro, poniendo en relación sus propuestas con las contenidas en otros documentos ya presentados con anterioridad, como son, por ejemplo, el Pacto industrial limpio, la Garantía de Competencias, y la Recomendación del Consejo sobre capital humano (para un análisis de la última véase aquí ).

Al respecto, hace especial énfasis en la captación del talento de personas de nacionalidades extracomunitarias y en la facilitación de su acceso a la UE, exponiendo que “La Comisión propondrá una Iniciativa de Portabilidad de Competencias para simplificar y facilitar el reconocimiento de competencias y cualificaciones, incluso mediante una digitalización reforzada, también para los nacionales de terceros países. La UE creará una Reserva de Talentos y potenciará las Asociaciones de Talentos para atraer a nacionales de terceros países cualificados a puestos de trabajo con escasez de personal. La próxima Estrategia de la UE sobre la Política de Visados incluirá medidas para facilitar la llegada de los mejores estudiantes, investigadores y trabajadores cualificados. Las competencias digitales, incluidas las avanzadas, son esenciales para la competitividad de Europa y la creación de empleo de calidad”.

5. Una política que facilite una transición justa ante los cambios demográficos, tecnológicos y ecológicos con los que se enfrenta la UE también esta muy presente en la Comunicación, con propuestas tendentes tanto a facilitar la restructuración empresarial como a potenciar una mayor participación de las personas trabajadoras y de sus organizaciones sindicales en todos los procesos de cambio, manifestando que para garantizar la eficacia de las normas relativas a información y consulta, despidos colectivos y traspaso de empresas, la Comisión está “recopilando datos sobre su aplicación”.

Entre las propuestas de reformas e inversiones que favorezcan el empleo de calidad se encuentran de manera destaca las que afectan a las Administraciones Públicas, las reducciones en las cargas administrativas para las empresas, las “pensiones complementarias”, y la propuesta de nuevas medidas que vayan en la línea del mecanismo “SURE” puesto en marcha durante la crisis sanitaria de 2020, para cuyo examen remito a la entrada “Protección social. La importancia real para España del instrumento europeo SURE. Notas a la propuesta de la Comisión Europea de 24 de agosto” y a la entrada “Desempleo en los Estados de la UE. Mecanismo SURE (junio 2020- diciembre 2022): éxito confirmado. ¿Podría pasar de la excepcionalidad a la habitualidad?” 

Así, la Comisión anuncia que, en el proceso de revisión  de las Directivas datadas de 2014, (2014/24/UE, 2014/25/UE, y 201/23/UE   )     “explorará cómo promover mejor la contratación pública socialmente responsable, incluyendo un uso más amplio de la mejor relación calidad-precio y de la negociación colectiva”, “elaborará directrices específicas para ayudar a los Estados miembros en el diseño de medidas de ayuda estatal para el apoyo social y la inversión social, y pretende reducir significativamente la carga administrativa tanto para las empresas como para los Estados miembros”, propone “aumentar la utilización de pensiones complementarias para garantizar unos ingresos adecuados tras la jubilación”, y recuerda que

“En el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, la Comisión propuso la introducción de un nuevo mecanismo extraordinario y temporal para responder a las consecuencias de crisis graves, dificultades o amenazas graves de las mismas que afecten a la Unión o a sus Estados miembros. El Consejo de la UE decidirá sobre la activación de este mecanismo tras obtener la aprobación del Parlamento Europeo. De activarse, proporcionará préstamos financiados con recursos de la UE y respaldados por una garantía anual del presupuesto de la UE de hasta el 0,25 % de la RNB de la UE”.

6. El apartado tercero de la Comunicación está dedicado a la promoción del empleo de calidad al mismo tiempo que se impulsa la innovación digital, abordando como conciliar  el apoyo de dicha innovación y facilitarla, en especial de la Inteligencia artificial, y la protección de las personas trabajadoras, subrayando que

“Cualquier acción de la UE se centraría en la aplicación y el cumplimiento efectivos de las protecciones existentes de la UE para los trabajadores en todos los Estados miembros, en proporcionar mayor claridad sobre dichas protecciones y, cuando sea necesario, en considerar medidas complementarias específicas no contempladas en la normativa actual. Esto debería garantizar un valor añadido claro, la coherencia con el marco jurídico, evitar duplicaciones y promover la igualdad de condiciones en toda la UE. Otra consideración sería la simplificación, en lo que respecta a la carga administrativa para trabajadores y empresas”.

No faltan, por otra parte, referencias concretas a las propuestas sobre del derecho a la desconexión, que no han alcanzado acuerdo entre los agentes sociales, y al teletrabajo.

7. Más adelante, apartado 4, la Comunicación aborda la problemática, cada vez más importante, de la seguridad y salud en el trabajo, titulando el apartado “Justicia, seguridad e igualdad: la base de un empleo resiliente en Europa”, exponiendo la necesidad de actualización de varias Directivas para adaptarse a los cambios productivos y así promover “la salud física y mental en el trabajo”.

Destacan a mi parecer el anuncio de revisión de las Directivas sobre el lugar de trabajo y sobre equipos con pantalla de visualización “para actualizar las protecciones de la SST en los lugares de trabajo modernos, incluido el teletrabajo, y las herramientas digitales, y, en particular, para abordar mejor los riesgos psicosociales y ergonómicos, y para considerar los riesgos que afectan a los trabajadores con discapacidad”. Sin olvidar, en absoluto, la importancia de la actualización de las Directivas tendentes a la protección de las mujeres contra el acoso sexual en el trabajo.

La Comunicación trata sobre la necesidad de que las personas trabajadoras reciban salarios “adecuados”, del desarrollo del capital humano, y de “reducir la escasez de mano de obra”; es decir, como puede comprobarse hay un cuidado equilibrio entre intereses del mundo laboral y del empresarial. No podía faltar, ya que está presente en prácticamente todos los documentos comunitarios que abordan los retos del inmediato futuro, la referencia al impulso de la productividad, manifestando la Comunicación en estos términos: “durante la última década, muchos países de la UE se han enfrentado a un crecimiento persistentemente débil de la productividad laboral, lo que ha limitado el potencial de aumentos salariales, con un aumento anual de la remuneración real media de los empleados de tan solo un 0,5 %. De cara al futuro, la transformación económica, en particular la transición digital, representa una oportunidad para impulsar la innovación y la productividad, a fin de dar más margen para el crecimiento salarial y un nivel de vida digno entre generaciones”.

También se manifiesta la importancia de la lucha contra la explotación laboral, que concreta en la necesidad de velar para que las normas de subcontratación no lleven a un debilitamiento, o simplemente la falta de su cumplimiento, de la normativa laboral y de protección social, con cita de sectores concretos en donde hay mayores probabilidades, como “la construcción, el transporte, la agricultura y el servicio doméstico”, y con especial afectación a personas trabajadoras de países extracomunitarios .

El fomento de la movilidad laboral justa también merece la atención de la Comisión, con especial atención para las personas trabajadoras del sector del transporte, los artistas, y quienes se dedican a la investigación. De especial relevancia es la normativa reguladora de la protección social, y por ello la Comisión anuncia que

“... publicará un Paquete de Movilidad Laboral Justa en 2026. Este paquete modernizará y simplificará las normas y procedimientos de la UE en materia de coordinación de la seguridad social, aprovechando el potencial de la digitalización, facilitando, entre otras cosas, la prestación temporal de servicios transfronterizos, a la vez que protege los derechos de los trabajadores. Reforzará la Agencia Laboral Europea y digitalizará los procedimientos en el marco de la coordinación de la seguridad social con la Tarjeta Europea de Seguridad Social. La Comisión también explorará maneras de facilitar y acelerar el reconocimiento de cualificaciones para los nacionales de la UE y de terceros países, con el fin de aumentar el atractivo de la UE para el talento global”.

Tampoco se olvida la Comunicación de una amplia referencia específica a las y los trabajadores autónomos, insistiendo en la cuestión de las pensiones complementarias al sostener que estos y las y los trabajadores atípicos “deben tener oportunidades y beneficios equivalentes a los de los trabajadores por cuenta ajena para optar por planes complementarios de pensión en el contexto de la afiliación automática”.

8. El penúltimo apartado de la Comunicación está dedicado a los que califica como “factores que faciliten el mantenimiento y la promoción de empleos de calidad”, en el que realizan manifestaciones a las que todavía le queda bastante, a mi parecer, para que se conviertan en una efectiva realidad.

En cualquier caso, cabe destacar la importancia de efectuar un adecuado seguimiento de los avances llevados a cabo con los Reglamentos y las Directivas, aun cuando creo que la Comisión es mucho más prudente en sus propuestas , ya que sostiene que “ El desarrollo de herramientas y orientaciones sobre los derechos laborales de la UE puede reforzar su aplicación, concienciar y desarrollar la capacidad administrativa, por lo que la Comisión colaborará estrechamente con las agencias de la UE, incluidas la ALE y la EU-OSHA, para desarrollarlas, basándose en buenos ejemplos, como las herramientas de evaluación interactiva de riesgos en línea de la EU-OSHA. Las inspecciones laborales ayudan a disuadir las prácticas ilegales, y se explorarán nuevas tecnologías como la IA para que sean más específicas y eficaces”.       

En fin, de especial interés para los agentes sociales es el bloque de este apartado en el que la Comisión subraya la importancia del diálogo social como “nuestra fuerza colectiva y ventaja competitiva”. Tras pasar revista a las dificultades con las que se encuentra, en especial por lo que respecta al ejercicio del derecho de negociación colectiva, en algunos Estados miembros, concluye que “garantizar la autonomía y la libertad contractual de los interlocutores sociales es esencial”, y que “los recursos financieros de la UE seguirán estando disponibles para que los interlocutores sociales europeos, nacionales y de los países candidatos refuercen su capacidad para lograr una participación y acuerdos significativos, en particular a través del presupuesto de la UE”.

Y es justamente sobre la financiación de las políticas tendentes a lograr esa calidad del empleo tan deseada sobre la que gira la última parte del apartado 5, por la vía del Fondo Europeo Plus, Nextgeneration e InvestEU, Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Transición Justa, y programas sectoriales específicos, así como también sobre la importancia de garantizar servicios de calidad (atención a la primera infancia, cuidados de larga duración, atención sanitaria accesible) para todas las personas y todas las regiones, subrayando que “Las regiones y las comunidades locales son fundamentales para el empleo de calidad. De los 26-27 millones de personas que trabajan en el sector público, entre 17 y 19 millones trabajan a nivel local y regional. Estas funciones abarcan la administración, la educación y la formación profesional, los servicios públicos, la sanidad, la asistencia social, el transporte y los servicios de emergencia. Promover empleos de calidad en estas zonas refuerza el atractivo y el desarrollo regional”.

9. En el apartado final de los próximos pasos a seguir se hace expresa referencia al documento, antes referenciado, de primera consulta a los interlocutores sociales para que manifiesten sus pareceres al respecto y la posibilidad de llegar a un acuerdo que abra la vía en su caso a su incorporación posterior a una Directiva, algo que en estos momentos parece difícil de prever, dados los desacuerdos en los debates sobre las propuestas relativas a la regulación de la desconexión.

En su parte introductoria, se expone cuál es el valor añadido que la Ley de Empleo de Calidad puede aportar a la política social de la UE y los posibles ámbitos de actuación para dicha mejora.

“... pretende complementar y actualizar las normas de la UE que garantizan un nivel mínimo de protección de forma específica. Su objetivo es adoptar un enfoque cuidadosamente equilibrado que garantice una protección adecuada de los trabajadores, a la vez que apoya la competitividad y la productividad, especialmente para las pequeñas y microempresas.

La iniciativa tendrá en cuenta la diversidad de los sistemas nacionales, dejando suficiente margen para la aplicación por parte de los interlocutores sociales y minimizando la carga para las empresas. La Ley de Empleo de Calidad contribuirá activamente a la agenda de simplificación de la Comisión cuando proceda”  

La consulta destaca varios ámbitos que podrían incluirse en la futura norma, y que se sintetizan en el documento general de presentación de las propuestas en estos términos:

“ - la gestión algorítmica y la inteligencia artificial (IA) en el trabajo: las herramientas digitales son ahora fundamentales para la vida laboral. La IA permite ahorrar tiempo y aumentar la productividad. Sin embargo, el 84 % de los europeos cree que estas tecnologías deben utilizarse con prudencia en el mundo laboral;

- la seguridad y la salud en el trabajo: las nuevas tecnologías y los equipos digitales móviles han transformado los lugares de trabajo e incrementado el trabajo a distancia.  Los riesgos psicosociales y ergonómicos en el trabajo han aumentado, lo que pone de relieve la necesidad de actualizar las normas de la UE en materia de seguridad y salud en el trabajo. En 2025, el 29 % de los trabajadores declararon sufrir estrés, ansiedad o depresión causados o agravados por su trabajo, frente al 27 % en 2022, según la última encuesta OSH Pulse;

- la subcontratación: a través de la subcontratación, las empresas pueden innovar y acceder a conocimientos especializados. Sin embargo, la subcontratación también puede dar lugar a prácticas abusivas y a un cumplimiento insuficiente de las normas laborales, sanitarias y de seguridad, especialmente en cadenas de subcontratación largas y complejas;

- la transición justa: las transiciones ecológica y digital están impulsando la reestructuración de las empresas de toda la UE, lo que plantea importantes retos tanto para los trabajadores como para los empleadores;

- la aplicación y el papel de los interlocutores sociales: una aplicación estricta es esencial para que los trabajadores puedan beneficiarse de sus derechos. Los problemas persistentes —como el trabajo no declarado o el escaso cumplimiento— socavan la calidad del empleo y la competencia leal”.

El documento finaliza con las preguntas que la Comisión formula a los interlocutores sociales, dando de plazo hasta el 29 de enero de 2026. Tras recordar que “La Comisión examinará las opiniones expresadas por los interlocutores sociales en esta consulta, así como en la consulta previa sobre el derecho a la desconexión y el teletrabajo, y decidirá si procede la actuación de la UE en los ámbitos descritos en este documento. Si la Comisión decide que procede, y en función de las opiniones de los interlocutores sociales sobre las posibles negociaciones, iniciará una segunda fase de consulta con los interlocutores sociales a nivel de la UE. Esta fase abordará el contenido de cualquier propuesta de actuación, de conformidad con el artículo 154, apartado 3, del TFUE”,  las preguntas son las siguientes:

“1) ¿Considera que los problemas y los posibles ámbitos de actuación futura de la UE están correctamente identificados en este documento?

2) ¿Considera que es necesaria la actuación de la UE para abordar los problemas identificados? En caso afirmativo, ¿cuál debería ser la orientación y el alcance de dicha actuación?  

3) ¿Consideraría usted iniciar un diálogo de conformidad con el artículo 155 del TFUE sobre alguna de las cuestiones identificadas en esta consulta?”.

Continuará, seguro. Mientras tanto, buena lectura.

sábado, 6 de diciembre de 2025

La importancia de la jurisprudencia del TEDH. Discriminación por razón de sexo. Protección de la trabajadora despedida por haber reclamado la equiparación salarial con sus compañeros varones, que prevalece en este caso sobre la protección de información confidencial de la empresa. Vulneración de los arts. 14 y 8 del CEDH. Notas a la importante sentencia de 4 de diciembre de 2025 (demanda 36325/22)

 

1. El jueves 4 de diciembre el Consejo de Europa publicó en su cuenta de la red social X   la información sobre una sentencia dictada ese día, habiéndose presentado la demanda el  12 de julio de 2022, que daba respuesta a la demanda presentada por una trabajadora española despedida por su empresa: “successful litigant in sex discrimination proceedings dismissed from her job” (en inglés) ,  “ licenciement de la requérante qui avait obtenu gain de cause dans une affaire de discrimination sexuelle (en francés) .

Al mismo tiempo, en su cuenta en castellano    publicaba la misma información sobre la violación del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH): “Al confirmar el despido de la demandante, después de que esta hubiera reclamado con éxito la igualdad salarial, los tribunales de ES no la protegieron contra la discriminación”.

Una amplia síntesis de la sentencia  se encuentra en la nota de prensa  publicada  por el gabinete de comunicación del TEDH:

“... the Court held that there had been a violation of the prohibition of discrimination taken in conjunction with the right to private life. The case concerned the applicant’s dismissal from her job, following a claim made by her of sex discrimination. The Court held that the reasons given by the national courts in upholding the applicant’s dismissal had not been sufficient. The dismissal had had the effect of negating the protection against discrimination afforded in the separate discrimination proceedings and the national courts had not engaged with that consequence. Furthermore, they had failed to give sufficient weight to relevant elements which could have been indicative of a retaliatory motive (“El Tribunal consideró que se había producido una violación de la prohibición de discriminación en relación con el derecho a la vida privada. El caso se refería al despido de la demandante de su puesto de trabajo, tras una denuncia por discriminación sexual presentada por ella. El Tribunal consideró que las razones aducidas por los tribunales nacionales para confirmar el despido de la demandante no eran suficientes. El despido había tenido como efecto anular la protección contra la discriminación concedida en el procedimiento separado por discriminación, y los tribunales nacionales no habían tenido en cuenta esa consecuencia. Además, no habían dado suficiente importancia a elementos pertinentes que podrían haber indicado un motivo de represalia”).

El muy amplio resumen de la sentencia (elaborado por la Secretaría y que no vincula al Tribunal) permite tener un excelente conocimiento del conflicto y del fallo:

“Artículo 14 (+ Artículo 8) • Discriminación • Obligaciones positivas • Los tribunales nacionales confirman el despido de la demandante, presuntamente como represalia por su demanda exitosa de discriminación por razón de sexo en relación con su remuneración • Despido basado en la divulgación de información salarial por parte de la demandante como jefa del departamento financiero • Obligación positiva de los Estados de garantizar una protección efectiva contra las represalias de los empleadores tras las demandas de discriminación por razón de sexo • Enfoque defectuoso de los tribunales nacionales • No se tuvo en cuenta la consecuencia de que el despido anuló la protección de la demandante contra la discriminación, tal como se le otorgó en procedimientos separados • No se dio suficiente importancia al contexto de discriminación sexual persistente contra la demandante y a sus intentos fallidos de ponerle fin internamente • No se dio suficiente importancia a la finalidad de la divulgación de información privada y su limitado impacto • No se dio suficiente importancia a la severidad de la medida, que podría indicar un motivo de represalia • Motivos insuficientes Sentencia para confirmar el despido en las circunstancias del caso: • Incumplimiento de las obligaciones positivas de garantizar la protección efectiva contra la discriminación por razón de sexo en el contexto del empleo y la igualdad de remuneración”.

La sentencia es sin duda muy importante, a mi parecer, ya que plantea un más que relevante análisis entre la protección del derecho de la trabajadora despedida a no sufrir represalias por la parte empresarial por haber solicitado que se le tratara de igual condición salarial que a sus compañeros varones, por una parte, y la protección de información confidencial a la que tiene derecho la empresa, por otra. Sin cuestionar en modo alguno, con carácter general, el derecho a la protección de tal información, el TEDH concluye en el litigio que voy a examinar a continuación que los órganos jurisdiccionales españoles que conocieron del mismo no valoraron adecuadamente la protección del derecho a no sufrir discriminación salarial por razón de sexo, por lo que se produjo la infracción del art. 14, en relación con el art. 8 del Convenio, si bien redujo muy considerablemente la cuantía de la indemnización solicitada por la demandante.  

Agradezco a la profesora, y miembro del Comité Europeo de Derechos Sociales, Carmen Salcedo , y al profesor Francisco Vila, la amabilidad que ambos ha tenido al enviarme el texto de la sentencia, de la que la primera ya ha hecho amplia difusión en las redes sociales  , a través de las que conocemos la valoración muy positiva de los profesores Francisco Vila  y Juan CarlosÁlvarez 

La sentencia   ya ha merecido la atención por parte de medios de comunicación y redes sociales en España. Sirvan como punto de referencia el artículo de la redactora Laura Olías, especializada en el ámbito laboral, de eldiario.es “Estrasburgo condena a España por discriminación a una trabajadora despedida tras denunciar brecha salarial”  , el publicado en InfoLibre   “España, condenada por discriminar a una mujer despedida por pedir una equiparación salarial” , y el publicado en ABC: “TEDH condena a España por discriminación a mujer despedida por pedir equiparación salarial”  

2. Paso a continuación a sintetizar el conflicto suscitado en sede judicial española, dado que disponemos en CENDOJ de las sentencias dictadas por un Juzgado de lo Social de Málaga y, posteriormente en suplicación, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recogiendo en los hechos probados de la primera toda la conflictividad que llevó a la trabajadora a presentar demanda por despido producido a su entender con vulneración del derecho fundamental a la no discriminación por razón de sexo, al ser despedida por haber solicitado su equiparación salarial con sus compañeros varones. Igualmente, también disponemos del auto de la Sala Social del Tribunal Supremo por el que se inadmitió el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la trabajadora, al no apreciarse la obligada contradicción con la sentencia aportada de contraste, requerida por el art. 219.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción social. Por fin, también tenemos conocimiento de que el recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional, de cuyo contenido encontramos buena información en la sentencia del TEDH, no fue admitido al no apreciar aquel la necesaria relevancia constitucional, requerida por el art. 50.1 b) de su Ley Orgánica.

3. En los apartados 1 a 32 de la sentencia se recogen todas las vicisitudes del conflicto en sede judicial española, y no únicamente en vía laboral ya que también se llevaron a cabo actuaciones en vía penal por parte de la empresa, si bien acabaron con el archivo de las actuaciones al no apreciarse infracción penal.

Ya que, como he indicado, disponemos de las resoluciones judiciales del JS, TSJ de Andalucía y TS, parto de las mismas para conocer el desarrollo del conflicto, con algunos añadidos de información que contiene la sentencia del TEDH sobre el recurso de amparo interpuesto ante el TC e inadmitido por este.

El primer punto de referencia es la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Málaga el 10 de agosto de 2017, confirmada en suplicación por el TSJ de Andalucía el 14 de febrero de 2018    y de la que fue ponente el magistrado Francisco Javier Vela (resumen oficial: “Discriminación retributiva por razón de sexo. Se plantea por la actora que viene sufriendo una discriminación al percibir una retribución inferior a sus compañeros por el mismo trabajo”), al desestimar el recurso interpuesto por la empresa. Los hechos probados que considero necesario conocer fueron los siguientes:

PRIMERO.- Dª. Joaquina...  comenzó a trabajar para la demandada... en diciembre de 1994, ostentando la categoría profesional de Oficial 1ª.

En 1996, fue nombrada "Responsable del departamento de Administración" de la demandada.

TERCERO.- El organigrama de cargos y departamentos de la demandada, así como la identidad de las personas que los ocupan, es el referido en el hecho Segundo de la demanda, que se da por reproducido en aras a la brevedad.

En el mismo existen 4 jefaturas (responsables) de departamentos, una Secretaría Técnica y la Gerencia, de la que dependen jerárquicamente todos los responsables de departamentos. Departamentos que sonlos siguientes: Servicios Generales; dos departamentos de Línea de producción; Finanzas, y una Secretaría Técnica.

Todos ellos están ocupados por varones, excepto el de Finanzas que lo ocupa la actora y que tiene tal denominación desde el año 2009, ya que antes se denominaba "departamento de Administración"... .

CUARTO.- En el año 2003, tras un proceso de reestructuración de la empresa y la implantación de un nuevo Organigrama, la categoría profesional de la actora quedó encuadrada en "Oficial de primera".

Las retribuciones que han venido percibiendo todos los responsables de departamento, hasta febrero de 2017, estaba compuesta por dos conceptos: salarios (los establecidos por el CC para su categoría profesional), e incentivos.

SEXTO.- Los responsables de departamento vienen percibiendo un complemento retributivo durante las situaciones de IT hasta alcanzar el 100% de sus retribuciones habituales...

Complemento que se denegó a la actora durante una situación de Incapacidad Temporal padecida en marzo de 2017.

SÉPTIMO.- ... Durante los años 2014 a 2016, ambos incluidos, los responsables de departamento percibieron las retribuciones (salario e incentivos) que se relacionan en el hecho Quinto de la demanda que se da igualmente por reproducido. Cuantías que se corresponden con las relacionadas por la empresa a los folios 27 y 29 T.II de los autos.

OCTAVO. - El 28-01-2016, la actora, al observar que fue la única de sus compañeros que no experimentó un incremento retributivo similar al de ellos, pasando a percibir retribuciones sensiblemente inferiores, dirigió email al Gerente de la empresa (Sr. Eladio) preguntándole acerca de los motivos que justificaban tales diferencias, sin que conste que tuviera respuesta a sus preguntas (f. 107. T. I de los autos).

NOVENO. - En febrero de 2017, Don Eladio, gerente de la demandada, suprimió el concepto de "incentivos", y consolidó las cantidades que venían percibiendo los responsables de departamento por tal concepto, incluyéndolos en el salario de cada uno de ellos.

DÉCIMO.- La empresa demandada no tiene establecido ningún sistema de fijación de incentivos, por lo que el abono de las cantidades a percibir por cada responsable de Departamento constituye una decisión unilateral y discrecional de la empresa a través del Gerente...

DÉCIMO PRIMERO.-.- Asimismo, la empresa abonaba gratificaciones a dichos responsables de departamento en las cuantías que figuran relacionadas al folio 31 del T. II de los autos, que se dan igualmente por reproducidos.

DÉCIMO SEGUNDO.- El 02/05/2017 la actora fue despedida por la empresa demandada...”.

Interpuesta demanda por vulneración de derechos fundamentales, las pretensiones de la parte actora eran que se declarara su derecho a no ser discriminada por razón de sexo, con obligación de la empresa de reponerla en sus derechos salariales, y que se condenara a esta al pago de una indemnización en cuantía de la remuneración que hubiera debido percibir la demandante durante los años en que se produjo tal discriminación con sus compañeros varones, así como otra por los daños morales causados por la empresa durante todos los años en que estuvo discriminada.

El JS estimó parcialmente la demanda y declaró (véase fundamento de derecho primero de la sentencia del TSJ) “la vulneración de su derecho a no sufrir discriminación salarial por razón de sexo, derecho consagrado en los artículos 14 de la Constitución Española y 28 del Estatuto de los Trabajadores ,declarando la nulidad radical de tal comportamiento empresarial por discriminatorio y contrario al principio de igualdad; condenando a la empresa demandada a restituir el derecho de la actora a percibir, desde enero de 2017, un salario anual de 48.950,16 €, en lugar de los 33.672 € que se consolidaron en enero de 2017 a la misma, omitiendo la empresa haber reconocido el salario que debería haber percibido, en la misma cuantía que el resto de sus compañeros varones comparables, sino hubiera sido objeto del trato discriminatorio que aquí se condena... así como a abonar a la actora la indemnización de 35.000 € por el concepto de los daños y perjuicios sufridos por tal improcedente comportamiento empresarial”.

No es esta sentencia, ni tampoco la posterior dictada en suplicación por el TSJ, las que originarán, al menos directamente, el conflicto que llegará finalmente al TEDH, si bien sí es necesario el conocimiento de los citados hechos probados ya que buena parte de los mismos también serán relevantes para la resolución de aquel por las posteriores sentencias del JS y TSJ que conocieron de la demanda por despido con vulneración de derechos fundamentales.

En cualquier caso, sí me interesa subrayar que uno de los argumentos sostenidos por la empresa en el recurso de suplicación, al amparo del art. 193 c) LRJS, fue la infracción de los arts. 177,178, 179 y 182 de dicha norma procesal laboral, por considerar que la modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales resultaba “inadecuada para conocer de las pretensiones ejercitadas en la demanda, dado que la actora solicita la reposición en un vínculo laboral que ya se ha extinguido al haber sido despedida por la empresa demandada con fecha 2 de mayo de 2017 y el reconocimiento de un concreto salario y de unas diferencias retributivas, reclamación que debe hacerse a través de la modalidad del proceso ordinario”. Tesis, rechazada de plano por el TSJ, para el que “...  la interposición de una demanda de tutela de derechos fundamentales no exige que la relación laboral se encuentre viva y vigente en el momento de formulación de la misma, si los hechos constitutivos de la supuesta vulneración se han producido con anterioridad a la extinción del contrato de trabajo”.

Igualmente digno de destacar, ya que tendrá relevancia para la sentencia del TEDH, es que quedó probado en la sentencia de instancia, y confirmado por el TSJ, que

“la actora durante los años 2014, 2015 y 2016 ha percibido unas retribuciones sustancialmente inferiores a la de los otros cuatro responsables de departamento de la empresa demandada, todos ellos varones, pues en el año 2014 la demandante percibió un total de 37.897, 60 euros, mientras que el resto de sus compañeros de idéntica categoría percibieron una retribuciones comprendidas entre los 39.622,56 € y los 41 1222,64 €,incrementándose dichas diferencias en el año 2015 (la actora percibió 37.897, 60 euros frente a los 42.022 €de sus compañeros) y en el año 2016 (38.047 € de la actora frente a 43.650,04 € de uno de sus compañeros y 48.950,12 € de los tres restantes). Asimismo, consta probado que la cantidad abonada a la actora en concepto de incentivo era inferior a la satisfecha al resto de los responsables de departamento, existiendo unas diferencias que en los dos últimos años ha llegado a superar los 2000 €. Por tanto, resulta incuestionable que la actora durante los últimos años ha percibido unas retribuciones salariales inferiores a la de los otros cuatro responsables de departamento de la empresa, todos ellos varones, por lo que ante esos indicios discriminatorios, debe ser la empresa la que acredite que esa diferencia retributiva de la actora respecto de sus compañeros varones, que ostentan una categoría profesional y cualificación similar y desempeñan puestos de trabajo de igual valor (responsables de departamento), tiene una justificación objetiva y razonable y ajena a todo propósito discriminatorio”,

La empresa, añado, no pudo probar que hubiera tal justificación.

4. En la cita de los hechos probados de la sentencia anterior del JS ya hemos conocido que la trabajadora fue despedida poco antes de presentar su demanda por vulneración de derechos fundamentales. Pues bien, ahora toca conocer de la demanda interpuesta, el 14 de junio, contra dicho despido “por un incumplimiento grave de la Ley de Protección de Datos”, cuya pretensión formulada era que se declarara su nulidad, y se condenara a la empresa al abono de una indemnización de 12.000 euros, y subsidiariamente que se declarara su improcedencia. Ya sabemos, pero no está de más recordarlo, que la demanda fue desestimada, y que la misma suerte corrió el recurso de casación, la posterior inadmisión del RCUD y también del de amparo.

Nuevamente hemos de acudir a los hechos probados de la sentencia de instancia, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 4 de Málaga el 8 de julio de 2019, en los que, además de reiterar algunos de los ya expuestos en el conflicto anterior, se recogen otros que serán determinantes para la resolución del conflicto en un sentido, desestimatorio de las pretensiones de la parte trabajadora en sede judicial española, y en otro, estimatorio por parte del TEDH.

V.- El 7 de julio de 2011 la actora firmó documento de confidencialidad y cesión de datos con el contenido expresado en los folios 312 y 313 cuyo contenido se da por reproducido.

VI.- El 3 de octubre de 2011 C.T. remitió a la plantilla de A.T.G. correo electrónico sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos...

VII.- Desde el 13 de octubre de 2011 la actora tenía disponible en la web de calidad el documento de seguridad de A.T.G.

X.- El 23 de febrero de 2013 la actora remitió al director gerente de la empresa el correo electrónico obrante en los folios 317 y 318.

XIV.- El 28 de enero de 2016 la actora, al observar que fue la única de sus compañeros que no experimentó un incremento retributivo similar al de ellos, pasando a percibir retribuciones sensiblemente inferiores, dirigió email al gerente de la empresa (Don. José .) preguntándole acerca de los motivos que justificaban tales diferencias, sin que conste que tuviera respuesta a sus preguntas (folio 68).

XVII.- El 30 de enero de 2017, la actora no acudió a su puesto de trabajo por encontrarse enferma y a las 1:20horas de la madrugada, remitió correo electrónico a Don Nicanor . (segundo responsable del departamento de administración), con el siguiente contenido "(...) Hemos cobrado pero no me han llegado las nóminas, q siempre me las mandan, y por favor, en cuanto llegues por la mañana y abras el correo envíame el correo con el detalle de las mismas ok? Lo espero. Gracias (folio 249).

XVIII.- El 24 de febrero de 2017 la actora dirigió a Don José, gerente de A.T.G el correo el electrónico obrante en los folios 617 a 619, cuyo contenido se da por reproducido. Antes de esta fecha la actora también había reclamado verbalmente las reivindicaciones contenidas en el citado escrito.

XIX.- El 30 de marzo de 2017, hallándose la actora en situación de incapacidad temporal, envió a Don Nicanor (segundo responsable del departamento de administración), a las 11:28 horas, correo electrónico cuyo asunto era "nominas abril" con el siguiente contenido: "Buenos días Nicanor , Estas ya bien? Puedes hacerme el favor de mandarme el listado de estas últimas nóminas. Gracias". A las 11:38 horas le mandó otro correo electrónico consistente en "Es la de este mes de marzo, Claro. Gracias". A las 12:44 horas ella le volvió a escribir otro correo electrónico con este contenido " Nicanor , puedes hacer el favor de enviármelas! Gracias" (folios 250 y 251).

XXI.- La actora, en el ejercicio de sus funciones y para realizar las mismas, ha tenido acceso autorizado por la Dirección de A.T.G. al fichero de recursos humanos. En concreto, la actora ha tenido acceso y conocimiento desde los años 2006 a 2017 de las nóminas del responsable de gestión y tramitación, del responsable de secretaría y gestión técnica, del responsable de administración y control y del responsable de medios y servicios generales.

XXIII.- El 6 de abril de 2017, a las 16:43 horas, adelcas@asesoriageneral.es envió a "yo gmail" con copia aDIRECCION000 y adelcas@asesoriageneral.es correo electrónico con el asunto "CEMAC: Carolina 12/5/201713:10". A.G. Asesoría General S.L. (CIF B29898640) es la titular del dominio asesoriageneral.es, siendo el usuario de la cuenta adelcas@asesoriageneral.es D. Ezequías y de la cuanta DIRECCION000 Dña. Cecilia .El 7 de abril de 2017, las 0:54 horas, la actora desde la dirección DIRECCION001 envió un correo electrónica a Carolina con el asunto "CEMAC: Carolina 12/5/2017 13:10" (folios 179 y 224).

XXIV.- El 7 de abril de 2017 la actora, a las 9:29 horas, remitió correo electrónico a Don José ., Dña. Ángeles., Don Pablo ., Don Romualdo . con el asunto "RV:CEMAC Carolina . 12/5/2017 13:10" cuyo contenido era "Adjunto envío remitido al CEMAC y la fecha de la citación a los efectos oportunos. Atentamente" (folios 224a 232 y 248). La empresa tuvo conocimiento del correo electrónico el mismo día.

XXVII.- El 3 de mayo de 2017 la actora presentó contra A.T.G. y Don José . (gerente de la empresa) la denuncia que obra en el folio 684 y cuyo contenido se da por reproducido.

XXIX.- El 30 de mayo de 2017 A.T.G. presentó denuncia contra la actora. La denuncia fue turnada al Juzgado de Instrucción n.º 7 de Málaga que concluyó mediante Auto de sobreseimiento provisional”

Con respecto a este último hecho probado, disponemos de más información en los apartados 29 a 32 de la sentencia del TEDH, siendo la denuncia por “revelación ilícita de secretos basándose en los mismos hechos contenidos en la carta de despido”. Sobreseída la denuncia por el JI, fue estimado el recurso de la empresa por la Audiencia Provincial de Málaga el 11 de diciembre de 2017. Finalmente,

 “El juzgado de instrucción, tras interrogar a la demandante y a varios testigos, dictó una nueva resolución de suspensión del procedimiento. Afirmó que la demandante había tenido acceso a los datos debido a su cargo en la empresa y reiteró que su propósito no había sido revelar secretos ni atentar contra la vida privada de terceros, sino aportar información relevante en el marco del procedimiento por discriminación contra la empresa. Señaló que la existencia de la presunta discriminación se había reconocido en dicho procedimiento y que la empresa no había alegado que las pruebas se hubieran obtenido ilícitamente. Al parecer, la empresa no impugnó dicha decisión”.

Contra la sentencia de instancia, que desestimó la demanda, se interpuso recurso de suplicación, que fue desestimado por sentencia  dictada por la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía el 13 de mayo de 2020, de la que fue ponente el magistrado José Luis Barragán. Conocemos en el tercer párrafo del fundamento de derecho tercero, la argumentación de la sentencia de instancia para desestimar la demanda:

La sentencia recurrida, en su tercer fundamento de derecho, analiza los indicios aportados en la demanda en que se basa la pretensión de que el despido supone una vulneración del derecho a la indemnidad de la demandante, y llega a la conclusión de que esos indicios han quedado desvirtuados por la prueba practicada, fundamentalmente por las reiteradas reclamaciones efectuadas por la demandante a la empresa a lo largo de su vida laboral, sin que las mismas diesen lugar, en su día, a represalia alguna de la empresa; en su cuarto fundamento de derecho, analiza la carta de despido y llega a la conclusión de que la misma es suficientemente explicativa de las causas del despido, y, además, considera probado que la demandante ha sido responsable del departamento de finanzas de la demandada, que tiene inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos un fichero para la gestión de personal, nóminas y recursos humanos, que la demandante firmó un documento de confidencialidad con la demandada el 7 de julio de 2011, que tenía acceso al referido fichero, que presentó papeleta de conciliación 6 de abril de 2017 en la que figuraban las retribuciones del responsable de gestión y tramitación, del responsable de secretaría y gestión técnica, del responsable de administración y control y del responsable de medios y servicios generales desde 2006 a 2017; y que el 7 de abril de 2017 remitió el correo electrónico reflejado en el hecho probado vigésimo cuarto de la sentencia; y termina ese fundamento de derecho calificando los hechos probados imputados a la demandante como una falta muy grave sancionable con despido disciplinario, razón por la cual desestima la demanda”.

El núcleo duro de la sentencia del TSJ, que será después sobre el que girará la resolución del TEDH se concentra en los dos últimos párrafos del fundamento de derecho cuarto, cuyo conocimiento previo es del todo punto necesario a mi parecer para examinar después la sentencia del TEDH. Tras afirmar, en sintonía con la sentencia del JS, que la trabajadora había recopilado información existente en un fichero sobre gestión de personal, nóminas y recursos humanos de la empresa, siendo así que incumplía la obligación de confidencialidad que había suscrito, y que había utilizado aquella para fundar su demanda sobre discriminación salarial con respecto a sus compañeros varones, el TSJ se pregunta si “podría valorarse la colisión de la obligación de confidencialidad con el derecho fundamental de la demandante a la no discriminación”, y responde que

“... aun admitiendo que la demandante hubiese estado legitimada para utilizar los datos reservados de la empresa a los que había tenido acceso por razón de su trabajo para fundar en ellos su reclamación de diferencias salariales, basada en discriminación de género, en ningún caso esa colisión le habría facultado para notificar esos datos a personas ajenas a la empresa, en concreto a los titulares de las cuentas de correo electrónico expresadas y a don Romualdo. Y, frente a loque se afirma en el recurso de suplicación, no ha quedado probado que los titulares de esas direcciones de correo electrónico ni don Romualdo tuviesen conocimiento previo de los datos reservados que figuraban en la papeleta de conciliación, siendo intranscendente a estos efectos que dos de esas direcciones de correo electrónico perteneciesen a personas que trabajan en otras empresa del mismo grupo empresarial que la demandada, tal y como se ha razonado, en el precedente fundamento de derecho, al desestimar la redacción alternativa propuesta del hecho probado vigésimo cuarto, debiendo resaltarse además que la demandante no había obtenido previamente autorización de sus compañeros de trabajo para la utilización de los datos de sus nóminas. Y la remisión de la papeleta de conciliación a estas personas, sin motivo que lo justifique, es evidente que supone una infracción de lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica de Protección Datos, en relación con el artículo 5 d) del Estatuto de los Trabajadores, infracción que integra la transgresión de la buena fe contractual tipificada en el artículo 54.1 d) del Estatuto de los Trabajadores.

Así que el indicio de vulneración del derecho a la indemnidad de la demandante derivado de la circunstanciade que su despido fuese posterior a la presentación por ella de papeleta de conciliación en reclamación de diferencias salariales, queda desvirtuado, más que por la reiteración de reclamaciones verbales a lo largo de su relación laboral, por la constatación de la veracidad de los hechos imputados en la carta de despido. En consecuencia, la sentencia recurrida, al desestimar la pretensión formulada en la demanda de que el despido de la demandante violaba su derecho a la indemnidad y concluir que los hechos imputados en la carta de despido y cuya realización ha quedado probada, son constitutivos de un incumplimiento grave y culpable, no ha infringido los apartados 1, 4 y 5 del artículo 55 el Estatuto de los Trabajadores ni los artículos 105.2,179.3 y 181.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, lo que conduce a la desestimación del recurso de suplicación formulado contra la misma, y a su confirmación” (la negrita es mía)”.

5. Finalmente, el litigio en sede judicial laboral española concluyó con el auto  dictado por el TS el 24 de marzo de 2021, del que fue ponente la magistrada Concepción Rosario Ureste (resumen oficial: “Tutela de derechos fundamentales. Vulneración de la garantía de indemnidad. Relación con el principio de confidencialidad. Despido. Calificación. Falta de contradicción”), al no apreciar contradicción con la sentencia aportada de contraste, dictada por el TSJ de Cantabria el 14 de diciembre de 2005    , de la que fue ponente la magistrada María Jesús Fernández.

6. Y la misma suerte desestimatoria corrió el recurso de amparo, de cuyo contenido tenemos conocimiento en los apartados 25 a 28 de la sentencia del TEDH. Para justificar la trascendencia constitucional requerida por el art. 50.1 de la LOTC, la recurrente, además de reiterar los argumentos expuestos en sede judicial laboral, expuso que

“... planteaba una cuestión sobre la que no existía jurisprudencia constitucional. En concreto, la decisión de inadmisibilidad del recurso de casación había supuesto una vulneración del derecho a la protección contra represalias. Por otra parte, era necesario aclarar las relaciones entre los diferentes derechos implicados (el derecho a no ser discriminado, el derecho a comunicarse y recibir información, el derecho a la protección contra represalias y el derecho a la tutela judicial efectiva), afectados por la denegación del acceso a un recurso de casación, lo que dio lugar a la confirmación de la represalia. La relevancia constitucional resultaría de determinar si, indirectamente, desde la perspectiva del acceso a un recurso, podía confirmarse un resultado que vulnerara el derecho a la protección contra represalias. La falta de examen de una presunta represalia sobre la base de los estrictos criterios de admisibilidad del Tribunal Supremo daría lugar a una situación de inmunidad para las empresas que actuaran en violación de derechos fundamentales”.

7. Habiendo conocido ya todo el itinerario del conflicto en sede judicial española, estamos en condiciones adecuadas de entrar a examinar la sentencia del TEDH, que pasa primeramente revista a la normativa española, europea e internacional aplicable, así como también se refiere a una sentencia de nuestro TC.  

A) Normativa española.

a) Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, arts. 5 y 9.

b) Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, arts. 5, 17, 54 y 55.

c) Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, arts. 76, 77, 90, 105, 108, 109 y 181.

d) VII Conveniocolectivo de ámbito estatal de gestorías administrativas  , arts. 35 y 36.

e)  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales   arts. 10 y 11.

B) Jurisprudencia española.

a) Sentencia  del Tribunal Constitucional, núm. 16/2006, de 19 de enero de 2006 (síntesis analítica: “Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (indemnidad): indicios de discriminación al no contratar a unos veterinarios como represalia por actuaciones de la Inspección de trabajo y por conflicto colectivo instado por un sindicato contra la Administración. Votos particulares”), de la que fue ponente el magistrado Vicente Conde.

C) Normativa europea e internacional. 

a) Carta Social Europea, arts.4.

b) Protocolo Adicional a la Carta Social Europea, art. 1.

c) Carta Social Europea (revisada), art. 20.

d) Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, art. 157.

e) Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 23.

f) Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, arts. 17 y 24.

g)  Directiva (UE) 2023/970 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023 por la que se refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor a través de medidas de transparencia retributiva y de mecanismos para su cumplimiento, arts. 14 y 25.

h) Convenio sobre igualdad de remuneración (núm. 100) de la Organización Internacional del Trabajo, art. 2.

i) Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 23

j) Convención de las Naciones Unidas (ONU) sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, art. 11.

8. El primer trámite que debe superar la demanda es el de su admisibilidad, que se sustancia en los apartados 50 a 64.

Y a lo primero que debe responder el TEDH es a la alegación procesal formal del gobierno español de no ser aplicable el art. 8 del CEDH al litigio suscitado, sosteniendo que el despido de la trabajadora “no había afectado a (su) vida privada y familiar”.

 Al efecto, el TEDH pasa revista a su jurisprudencia sobre el art. 14 del CEDH (“El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación”), recordando que “complementa las demás disposiciones sustantivas del Convenio y sus Protocolos. Carece de existencia independiente, ya que su efecto se limita al disfrute de los derechos y libertades que este protege”, y previamente subraya que “aunque la demandante no presentó argumentos específicos al respecto, denunció que su despido había sido una represalia contra ella por su anterior denuncia de discriminación. Argumentó además que el despido había dado lugar a una sanción impuesta por utilizar datos sin los cuales no habría sido posible obtener protección contra la discriminación sexual y que, al confirmar el despido, los tribunales nacionales habían privado de facto de sus efectos útiles las sentencias a su favor que reconocían la violación de su derecho a no ser discriminada por razón de sexo”.

Inmediatamente después entra en el examen de la aplicabilidad de dicho precepto en conjunción con el art. 8 (“1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás”), del que me interesa ahora destacar, con respecto al concepto de vida privada que “algunos aspectos típicos (de esta) pueden verse afectados en litigios laborales por despido, degradación, no admisión a una profesión u otras medidas igualmente desfavorables”, con cita del caso  Denisov c. Ucrania [GC], núm. 76639/11 

El Tribunal valora muy especialmente, y a mi parecer ello será extraordinariamente importante para concluir con estimación de la demanda, las condiciones concretas del caso, que se resumen en el apartado 55.

“El Tribunal toma en cuenta además que la demandante trabajó para la misma empresa durante más de 20 años y que, según la información presentada por las partes, estuvo desempleada durante casi cinco años tras su despido. Por lo tanto, la confirmación del despido de la demandante por parte de los tribunales nacionales tuvo consecuencias financieras claramente negativas...  Además, el hecho de que su despido fuera disciplinario, basado en una falta muy grave, y que dichas consideraciones fueran confirmadas por los tribunales nacionales afectó directamente a su integridad personal y competencia profesional, y sugiere que su reputación profesional se vio afectada... En opinión del Tribunal, dicha combinación de circunstancias también tuvo efectos adversos en su autopercepción y autoestima”, y de ahí concluye que los hechos del caso “se enmarcan en el ámbito de aplicación del artículo 8 del Convenio”.

También se alegó otra excepción procesal formal por el gobierno español, para quien no se habrían agotado los mecanismos de resolución judicial internos antes de acudir al TEDH, tesis igualmente rechazada por considerar el TEDH, siempre partiendo de los datos fácticos disponibles, que la demandante identificó “suficientemente” los términos del conflicto y la pertinencia de resolución sobre los derechos constitucionales en juego, siendo importante subrayar que el TEDH recuerda, con cita del caso Arribas Antón c. España núm. 16563/11  , que “...  el hecho de que el Tribunal Constitucional haya declarado inadmisible un recurso de amparo por carecer de la especial trascendencia constitucional requerida o, en su caso, por no haber demostrado el recurrente la existencia de dicha trascendencia, no impide al Tribunal pronunciarse sobre la admisibilidad y el fondo de una demanda”  En definitiva, “... el demandante brindó a los tribunales nacionales y, en última instancia, al Tribunal Constitucional la oportunidad de subsanar la supuesta vulneración”.

9. Tras declarar admisible la demanda, el TEDH entra en el contenido sustantivo o de fondo del litigio, en los apartados 65 a 101.

Ya he sintetizado con anterioridad los argumentos de la parte demandante en sede judicial laboral española, que ahora profundiza en su demanda ante el TEDH y de la que creo importante destacar tres de ellos: en prime lugar, que no se le protegió contra las represalias de la empresa por haber presentado poco antes la demanda por discriminación salarial; en segundo término, que la información utilizada no causó ningún perjuicio a sus compañeros y  que, por ello, no era necesario esperar a solicitarla al JS en trámite procesal (art. 77 LRJS) de exhibición previa de documentos (“En todos aquellos supuestos en que el examen de libros y cuentas o la consulta de cualquier otro documento se demuestre imprescindible para fundamentar la demanda o su oposición, quien pretenda demandar o prevea que vaya a ser demandado podrá solicitar del órgano judicial la comunicación de dichos documentos...”); por fin, y es uno de los argumentos que impactará más a mi parecer en la decisión estimatoria del recurso, que el mismo TSJ “había considerado las mismas pruebas con resultados opuestos en los procedimientos de discriminación y de despido, restringiendo así los efectos de la sentencia que declaraba una situación de discriminación en su contra por razón de sexo”.

Por parte del gobierno se sostuvo la plena conformidad a derecho de las resoluciones judiciales, además de insistir en la posibilidad que tenía la trabajadora de acudir al trámite previo de exhibición de documentos previsto en el art. 77 LRJS si consideraba necesario disponer de aquella información para fundamentar su demanda, y reafirmar que el despido se había basado única y exclusivamente en el incumplimiento de los deberes profesionales por parte de la trabajadora, que estaba sometida al deber de confidencialidad de la información a la que tenía acceso.

10. El TEDH efectúa primeramente, como es su práctica habitual, unas consideraciones generales sobre la interpretación y aplicación de los artículos en disputa, esto es el 14 en relación con el 8 del CEDH, insistiendo una vez en el amplio margen del que disponen los Estados miembros para velar por su cumplimiento en las relaciones entre particulares, supuesto como el ahora contemplado, y que por consiguiente, su función no es de la sustituirlos, “sino revisar, a la luz del caso en su conjunto, si sus decisiones fueron compatibles con las disposiciones del Convenio”.

Trasladando sus principios generales, de las tesis del TEDH resalto su énfasis en la protección efectiva de los derechos reconocidos en el Convenio, y su llamada a los poderes públicos nacionales, entre los que obviamente se incluye el poder ejecutivo y el poder judicial, o más bien diría obligación, para que velen por dicha protección. Tratándose de un conflicto sobre posible discriminación por razón de sexo de una trabajadora, la primera pregunta que se plantea el TEDH, y así lo expone expresamente en el apartado 77, es, “si, en las circunstancias del presente caso, las obligaciones positivas del Estado demandado en virtud del artículo 14, en conjunción con el artículo 8 del Convenio, se extendían a brindar protección contra presuntas medidas de represalia en forma de despido laboral tras una demanda de discriminación por razón de sexo”.

A partir de aquí, y con apoyo tanto en la normativa de aplicación como en su consolidada jurisprudencia, el TEDH hace una defensa firme y decidida del principio de igualdad de género, resaltando los avances que se ha producido al respecto en los Estados miembros, y ello incluye obviamente también el garantizar, por todos los poderes públicos, la igualdad de remuneración y evitar todo tipo de represalias contra quienes solicitan su aplicación por considerar que no está respetando la normativa legal y convencional aplicable. Y más específicamente refiriéndose al poder judicial, a fin de garantizar los derechos que ahora están en disputa, subraya que los tribunales nacionales “deben tener debidamente en cuenta el supuesto carácter retaliativo de la medida impugnada y el contexto, y sopesar cuidadosamente los intereses pertinentes en juego, aportando razones pertinentes y suficientes para justificar sus decisiones”.

¿Se ha garantizado tal protección eficaz contra represalias? Supongo que el gobierno respirará con tranquilidad cuando lea los apartados 81 y 82, concluyendo el TEDH que no detecta “deficiencias” en nuestro marco normativo, haciéndose eco también de una Decisión del CEDS que manifiesta que España cumple con las obligaciones de la Carta Social Europea y sus protocolos sobre el derecho a la igualdad de retribución.

Por tanto, de aquello que se trata en realidad es de determinar si los tribunales nacionales han aplicado correctamente dicha normativa, y así lo concreta en el apartado 83 al exponer que debe analizar si “... los tribunales laborales que examinaron el caso de la demandante proporcionó suficiente protección a su derecho a no ser discriminada, junto con su derecho al respeto de su vida privada, teniendo en cuenta el contexto pertinente y la importancia de la protección contra represalias cuando ya se había establecido la discriminación sexual, y sopesando los intereses contrapuestos en juego” (la negrita es mía).

11. ¿Dónde se “fija” más el TEDH, si me permiten la expresión, al examinar las resoluciones judiciales? Pues en que quedó probado por el JS que las reclamaciones previas de la trabajadora, alegando la discriminación salarial “no habían dado lugar a ninguna reacción de represalia” por la empresa, y por el TSJ que la tesis de la entonces recurrente carecía de fundamento, ya que había sido descartada, más que por la reiteración de alegaciones a lo largo de su relación contractual, “por la veracidad de los hechos atribuidos en la carta de despido”. 

Y el TEDH critica con innegable contundencia jurídica estas manifestaciones, subrayando que “no tuvo en cuenta que la ausencia de medidas de represalia se prolongó mientras la demandante solo planteó la cuestión de la discriminación internamente, en la empresa, y que su reacción cambió tras la presentación de la demanda por la demandante el 6 de abril de 2017, que fue la primera vez que presentó sus reclamaciones contra la empresa ante un órgano externo, ya sea administrativo o judicial”, y sigue abundando el TED en la línea crítica al sostener que “los tribunales nacionales no tuvieron suficientemente en cuenta el contexto pertinente al omitir la diferencia entre la reclamación de la demandante de 6 de abril de 2017 y su contacto interno previo con la dirección de la empresa, así como el hecho de que la supuesta medida de represalia se produjo inmediatamente después de la primera”, y aún con más contundencia crítica si cabe, sostiene que “... no comprende cómo la ausencia de reacción de un empleador ante las reiteradas quejas internas de un empleado —lo que en sí mismo puede indicar la intención de no garantizar los derechos potencialmente afectados— podría interpretarse como un hecho que descartara cualquier intención de represalia por su parte cuando el conflicto escaló a la fase de procedimiento administrativo o judicial”.

12. Pasa a continuación el TEDH a examinar uno de los puntos nucleares del litigio, en concreto las razones de despido de la trabajadora, basado por la empresa, recordémoslo una vez más, en la revelación de información confidencial de la empresa a la que tenía acceso por razón de su cargo y que utilizó para fundamentar su demanda por discriminación salarial, observando con plena corrección a mi parecer que había en el litigio en juego “...  varios intereses contrapuestos: por un lado, el derecho de la demandante a no ser discriminada por razón de sexo en el ámbito laboral y su derecho a interponer las acciones necesarias para defender dicho derecho, sin exponerse a represalias; y, por otro lado, el derecho a la protección de los datos personales de sus compañeros y el deber de la empresa de protegerlos”.

¿Se otorga prioridad a un derecho sobre el otro? No es esta a mi entender la tesis del TEDH, sino que será el acercamiento a los datos concretos del litigio lo que le llevará a la estimación parcial de la demanda. No se cuestiona, conviene señalarlo, la importancia jurídica de la protección de datos personales y el deber de la empresa de velar por el respeto de ese derecho de sus empleados y adoptar las medidas oportuna cuando algún empleado o empleada haga un uso indebido de los mismos, si bien, y nuevamente volviendo al caso concreto examinado, se enfatiza que los tribunales nacionales debían sopesar, así lo defiende “los diversos intereses en juego y evaluar si el despido —una medida disciplinaria severa— estaba justificado en las circunstancias específicas del caso, teniendo en cuenta, en particular, el contexto pertinente y la necesidad imperiosa de garantizar una protección efectiva contra la discriminación”.

Con reiteración de la importancia que confiere el TEDH a la existencia de un conflicto existente desde hacía varios años por no dar respuesta la empresa a las reclamaciones de la trabajadora sobre su discriminación salarial con respecto a los compañeros varones, y sin cuestionar en absoluto que se había producido un incumplimiento contractual por parte de aquella al utilizar la información confidencial, entra en el examen de todas las vicisitudes del conflicto y va desgranando aquellos aspectos que relativizan a su parecer tal incumplimiento, o dicho de otra forma que no tienen la catalogación de infracción muy grave que le otorgó la empresa para proceder al despido disciplinario. Quedan muy bien recogidos en los apartados 91 y 92, de los que reproduzco unos fragmentos:

“En particular, en el procedimiento interno, no se discutió que la demandante hubiera recopilado los datos salariales y los hubiera incluido en su demanda con el único fin de fundamentarla. Asimismo, la empresa no impugnó el uso de dichos datos como prueba en el procedimiento por discriminación, lo que constituyó la base para la constatación de una vulneración del derecho de la demandante a no ser discriminada ... Si bien era indudable la pertinencia de señalar, como hicieron los tribunales nacionales, que la demandante podría haber solicitado dicha información a través de los tribunales nacionales... y que no había tenido derecho a compartirla con terceros ajenos a la empresa..., al realizar la evaluación pertinente de la justificación del despido, los tribunales nacionales también deberían haber considerado los demás elementos conexos señalados anteriormente ...  Además, los tribunales nacionales no tuvieron en cuenta que el correo electrónico pertinente formaba parte de una cadena de correos electrónicos de los días 6 y 7 de abril de 2017, estrictamente relacionada con la demanda de discriminación de la demandante: su abogada envió la demanda de conciliación a su cuenta de correo electrónico privada y a otra abogada que también la representaba en dicha demanda, y posteriormente la reenvió a su cuenta corporativa y, desde esta, a cuatro personas... informándoles de que dicho documento se había presentado al Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación... Las decisiones de los tribunales tampoco incluyeron ninguna evaluación del impacto de la divulgación de datos personales en las personas afectadas, teniendo en cuenta la naturaleza de los datos... y la aparente ausencia de denuncias presentadas por las personas afectadas...”.

13. Conclusión del TEDH, que luego trasladará al fallo: los argumentos de los tribunales nacionales para desestimar las pretensiones de la trabajadora despedida “no fueron suficientes en las circunstancias del presente caso”, y lo sintetiza en estos términos:

“... los tribunales nacionales confirmaron el despido del demandante aplicando un enfoque defectuoso, incompatible con las obligaciones positivas en materia de protección contra la discriminación. El despido tuvo el efecto de anular la protección contra la discriminación otorgada en los procedimientos antidiscriminatorios separados; los tribunales nacionales no analizaron esta consecuencia. Además, no dieron suficiente importancia a elementos relevantes como el contexto de persistente discriminación sexual al que había sido sometida la demandante, la reiterada falta de reacción de la empresa ante los intentos de la demandante de ponerle fin por medios internos, la finalidad de la divulgación de información privada, el limitado impacto de dicha divulgación y la severidad de la medida adoptada contra la demandante, lo cual podría indicar un motivo de represalia”.

14. Por último, el TEDH ha de pronunciarse sobre la reparación económica solicitada por la demandante, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 41 del CEDH y da respuesta a sus pretensiones (véanse apartados 98 a 101) rebajando muy sustancialmente sus peticiones, dejándola únicamente en 12.000 euros en concepto de daño moral por la violación constatada de los dos preceptos reiteradamente citados del CEDH.  

Por todo lo anteriormente expuesto, el TEDH

“1. Declara admisible la demanda;

2. Declara que se ha violado el artículo 14 del Convenio, en relación con su artículo 8;

3. Decide

(a) Que el Estado demandado debe pagar al demandante, en el plazo de tres meses a partir de la fecha en que la sentencia sea firme, de conformidad con el artículo 44, apartado 2, del Convenio, 12.000 euros (doce mil euros), más cualquier impuesto que resulte exigible, en concepto de daño moral; (b) que, desde el vencimiento de los tres meses antes mencionados hasta la liquidación, se pagarán intereses simples sobre la cantidad antes mencionada a un tipo igual al tipo de interés marginal de préstamo del Banco Central Europeo durante el período de mora, más tres puntos porcentuales;

2. Desestima el resto de la demanda de satisfacción equitativa del demandante”.

Buena lectura.