1. He tenido oportunidad de conocer recientemente tres estudios de indudable interés para el análisis de la problemática económica, social y laboral, en dos casos a escala internacional, y en otro en el ámbito europeo.
Además, en uno de
ello hay referencias especificas a los países que forman parte de la organización
(OCDE) y encontramos las recomendaciones y propuestas dirigidas a España.
La lectura de
parte de los mismos me anima a poner a disposición de los lectores y lectoras
del blog amplios fragmentos de sus presentaciones y resúmenes ejecutivos,
disponibles algunos en castellano y otros en versión inglesa o francesa
(traducción del original) (la negrita en los textos es mía) .
Se trata más concretamente de la “Encuesta Europea sobre las Condiciones de Trabajo 2024.Informe general”, elaborada por Eurofound , del informe de la OIT “Protección social universal en mercados laborales cambiantes: Protegera los trabajadores en todo tipo de empleo” , y del presentado por la OCDE “Fundamentos para el crecimiento y la competitividad 2026” .
2. Me refiero en primer
lugar a la Encuesta europea sobre condiciones de trabajo 2024, cuyo resumen es
el siguiente:
“Ahora en su octava
edición, la Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo macia los cambios en la
vida laboral a lo largo de más de tres décadas. Esta encuesta de alta
calidad basada en probabilidades abarca 35 países europeos, incluidos los 27
Estados miembros de la UE: Noruega, Suiza, Albania, Bosnia y Herzegovina,
Montenegro, Macedonia del Norte, Kosovo y Serbia. Más de 36.600 entrevistas
presenciales, cada una de aproximadamente 45 minutos de duración, se realizaron
como parte de la encuesta. Este informe general ofrece una descripción completa
de la fuerza laboral e incluye información sobre prácticas laborales digitales,
relaciones sociales en el trabajo y lugares de trabajo inclusivos. Evalúa la
calidad del empleo en siete dimensiones: ingresos, perspectivas, habilidades y
discreción, tiempo de trabajo, intensidad del trabajo, entorno social y entorno
físico. El informe analiza la vida laboral de los trabajadores,
considerando aspectos como el equilibrio entre vida laboral y personal, la
seguridad profesional y laboral, la salud y el bienestar y la sostenibilidad
laboral. Describe cómo se comportan los empleos en función de la calidad del
empleo y del papel de la calidad laboral en el apoyo a una buena vida laboral.
Ahora en su octava
edición, EWCS 2024 traza los cambios en la vida laboral a lo largo de más de
tres décadas. Esta encuesta de alta calidad abarca 34 países europeos,
incluidos los 27 Estados miembros de la UE, Noruega, Suiza y seis países
candidatos y potenciales: Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia
del Norte, Kosovo y Serbia. Más de 35.000 entrevistas, cada una con una
duración aproximada de 45 minutos, se realizaron como parte de la encuesta.
Mensajes clave
Las tecnologías
digitales y el cambio climático están transformando los empleos y la forma en
que se organiza el trabajo. Su impacto en las condiciones laborales está
transformando el mercado laboral europeo de múltiples maneras.
Una mejor calidad
laboral beneficia tanto a los trabajadores como a las empresas. Está vinculado
a una mejor salud y bienestar, mayor motivación y mayores niveles de
implicación, y es esencial para apoyar la competitividad.
A pesar de las
mejoras generales en la calidad del empleo, los beneficios no se reparten de
forma equitativa. Persisten brechas significativas en cuanto a género, edad,
lugar de origen, estado de salud, ocupación y sector.
Los hombres
reportan una mayor calidad laboral que las mujeres en cinco de las siete
dimensiones de calidad laboral. En algunas áreas la brecha se está ampliando:
la intensidad del trabajo empeora para las mujeres mientras mejora para los
hombres, lo que pone de manifiesto la necesidad de una atención política
específica.
Los trabajadores
mayores, las mujeres, los trabajadores con problemas crónicos de salud y los
trabajadores migrantes representan una proporción cada vez mayor de la fuerza
laboral. Ante una fuerza laboral envejecida y reducida, los empleos de calidad
serán fundamentales en Europa para atraer y retener una mayor proporción de una
población más diversa trabajando durante más tiempo.
Resumen ejecutivo
Introducción
La Encuesta
Europea sobre las Condiciones Laborales 2024 (EWCS 2024) ofrece una visión
integral de la calidad del empleo en Europa, examinando las características de
la fuerza laboral, los lugares de trabajo, la calidad del empleo y la calidad
de vida laboral. El CEE 2024 es una herramienta crucial para los responsables
políticos, ya que destaca la importancia de la calidad del empleo para lograr
un crecimiento sostenible e inclusivo en Europa. Los resultados de la encuesta
se basan en 36.644 entrevistas presenciales en 35 países; Cada entrevista
duraba unos 45 minutos. Ofrecen una visión única del estado del trabajo en
Europa.
Contexto de
política
La UE ha tenido un
compromiso de larga data con la mejora de las condiciones laborales y la
promoción de la calidad del empleo, una ambición que ha estado arraigada en las
ambiciones de Europa desde el Tratado de Roma. El Pilar Europeo de Derechos
Sociales dedica 6 de sus 20 principios a condiciones laborales justas,
destacando su plan de acción la necesidad de hacer que 'los estándares
laborales sean adecuados para el futuro del trabajo'. La publicación de la Hoja
de Ruta de Empleos de Calidad por parte de la Comisión Europea en diciembre de
2025 subraya aún más la importancia de la calidad del empleo para lograr un
crecimiento sostenible e inclusivo y para apoyar a los trabajadores y empresas
europeos en esta doble transición. Los resultados del EWCS 2024 también son
relevantes para el debate en curso sobre cómo mejorar la competitividad de
Europa, ya que la Competitiveness Compass establece que los empleos de calidad
son un requisito previo para una mayor participación en la fuerza laboral y un
aumento de la productividad.
Hallazgos clave
La fuerza laboral
de la UE sigue creciendo a pesar de los desafíos demográficos, con la creciente
participación de mujeres, trabajadores migrantes y trabajadores prejubilados
que contribuyen al crecimiento del empleo agregado.
Cuatro quintas
partes de la plantilla de la UE gozan de buena o muy buena salud, con un 18 %
de los trabajadores que reportan problemas de salud que limitan su capacidad
para realizar actividades normales.
Solo uno de cada
cuatro trabajadores (23 %) en la UE trabaja en un lugar de trabajo equilibrado
en cuanto a género, mientras que aproximadamente la mitad de la fuerza laboral
es femenina. Durante el último cuarto de siglo, ha habido un progreso limitado hacia
el equilibrio de género a nivel directivo.
Las prácticas de
gestión algorítmica, como la asignación de tareas basada en ordenador, la
programación del trabajo y la monitorización del rendimiento, son reportadas
por una minoría de trabajadores a nivel agregado. Sin embargo, la prevalencia
varía significativamente según las ocupaciones, sectores y tamaños de lugares
de trabajo.
Una quinta parte
de los empleados en la UE (21 %) no tiene representación formal ni reuniones en
el lugar de trabajo donde puedan expresar sus opiniones.
El EWCS confirma
la asociación positiva de algunos índices de calidad laboral con el compromiso,
la motivación, la confianza y la cooperación, así como la asociación negativa
con la intención de los empleados de dejar su empleo. Esto confirma la importancia
de la calidad laboral para la competitividad de las empresas.
La distribución de
la calidad del empleo varía según el género, la edad, la ocupación, el sector y
el país.
Los trabajadores
en ocupaciones caracterizadas por la escasez de mano de obra experimentan peor
calidad laboral en muchos ámbitos.
La amplia variedad
de diferencias en la calidad del empleo entre distintos grupos de trabajadores
y situaciones laborales confirma la necesidad de desarrollar políticas y
prácticas que tengan en cuenta las siete dimensiones de la calidad del empleo.
La calidad del
empleo ha mejorado en los últimos 15 años en todas las dimensiones, excepto en
el entorno social y la intensidad del trabajo. El índice de entorno social ha
disminuido para las mujeres, mientras que el índice de intensidad laboral para
las mujeres se ha deteriorado pero ha mejorado para los hombres.
La mejora general
del entorno físico se debe a la reducción de la mayoría de los riesgos y
demandas físicas. Sin embargo, la exposición a altas temperaturas, productos
químicos y materiales infecciosos ha aumentado.
Aunque el uso de
habilidades, las oportunidades de desarrollo y el acceso a la formación han
mejorado, ha habido una disminución en la capacidad de los trabajadores para
influir en los procesos de trabajo colectivo y aplicar sus propias ideas, lo
cual es preocupante.
El 30 % de los
trabajadores en la UE reporta sobrecualificación, mientras que el 13 % afirma
que necesitan más formación para desempeñar bien su trabajo.
La mayoría de los
trabajadores en la UE (56 %) afirman que les gustaría trabajar el mismo número
de horas que actualmente trabajan, pero la proporción de quienes prefieren
trabajar menos horas aumentó del 27 % en 2015 al 33 % en 2024.
Entre los
trabajadores de la UE, el 14 % declaró estar 'poco informado' o 'nada bien
informado' sobre los riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo. Una
proporción aún mayor (29 %) reportó no ser consciente de las medidas para
prevenir el estrés relacionado con el trabajo.
Para la mayoría de
los trabajadores, su trabajo tiene un significado. Más del 80 % de los
trabajadores encuentran útil su trabajo y experimentan la sensación de que el
trabajo está bien hecho. Además, el 85 % de los empleados se siente tratado de
forma justa. Dos tercios de los empleados coinciden en que reciben el
reconocimiento que merecen.
No todo se trata
de dinero: un entorno de trabajo seguro para la salud mental y física y un
entorno de confianza son los aspectos más importantes para la mayor parte de
los trabajadores en la UE.
En la UE,
alrededor de 1 de cada 5 encuestados de 45 años o más desea trabajar 'el mayor
tiempo posible', mientras que 1 de cada 10 respondió que prefiere jubilarse 'lo
antes posible'. Para quienes especificaron una edad concreta, la edad media
deseada para la jubilación era de 63,9 años para los hombres y 63,1 para las
mujeres.
La imagen general
confirma que las dimensiones de calidad del empleo y su interacción están
fuertemente relacionadas con el bienestar, la salud y el compromiso de los
trabajadores, lo que confirma la importancia de la calidad del empleo para
apoyar una vida laboral sostenible.
Consejos de
política
La calidad del
trabajo es multidimensional, y los grupos de trabajadores se comportan de
manera diferente en las distintas dimensiones. Hay multitud de formas de
mejorar la calidad del trabajo. Se deben considerar las siete dimensiones.
Muchos actores y
canales contribuyen a la mejora de la calidad laboral. Los socios sociales y la
negociación colectiva están entre los más importantes.
Para avanzar en la
calidad laboral, es necesario tener en cuenta las diferencias de género entre
las carreras laborales de hombres y mujeres.
Ante una población
en edad de trabajar en disminución y envejecimiento, Europa necesita ofrecer
una buena calidad de empleo a más personas para permitir que una mayor parte de
una población más diversa se incorpore al mercado laboral y permanezca empleada
por más tiempo.
La transición de
los gemelos trae desafíos pero también oportunidades para la calidad laboral.
El progreso en la calidad del empleo debe apoyarse a medida que se desarrolla
esta transición gemela.
La calidad del
empleo apoya el rendimiento de las empresas mediante una plantilla motivada y
comprometida, apertura a la innovación, menor ausencia laboral y la mejora del
ambiente social. Las mejoras en la calidad del empleo pueden apoyar claramente
políticas que buscan lograr un trabajo sostenible e inclusivo.
3. A continuación,
la remisión es al Informe de la OIT “Protección social universal en mercadoslaborales cambiantes: Proteger a los trabajadores en todo tipo de empleo” del que
reproduzco la nota de prensa de presentación y su introducción.
Nota de prensa
“GINEBRA (OIT
Noticias) – Un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
insta a reforzar de manera decisiva los sistemas de protección social en todo
el mundo, advirtiendo de que las actuales brechas en materia de cobertura,
adecuación y financiación están dejando desprotegidos a millones de
trabajadores en una economía mundial cada vez más volátil. El informe,
titulado «Universal social protection in changing labour markets: Protecting
workers in all types of employment» (Protección social universal en mercados de
trabajo en transformación: Proteger a los trabajadores en todos los tipos de
empleo), hace hincapié en que reforzar los sistemas de protección social es
esencial para garantizar que todas las personas trabajadoras — independientemente
de su situación en el empleo — estén protegidas frente a los riesgos sociales,
permitiéndoles afrontar las profundas transformaciones del mercado de trabajo.
Colmar las brechas
críticas en la protección
Para hacer frente
a las persistentes brechas de cobertura, el informe insta a una extensión
progresiva y sistemática de la cobertura, garantizando que todos los
trabajadores, incluidos los temporales, a tiempo parcial y por cuenta propia,
estén adecuadamente protegidos. Destaca las experiencias de los países en
la ampliación de la cobertura de la seguridad social a categorías de
trabajadores que a menudo se enfrentan a brechas de protección, como los de las
micro y pequeñas empresas, la agricultura, el trabajo doméstico, las
modalidades atípicas de empleo y el trabajo por cuenta propia.
Garantizar que los
trabajadores en todos los tipos de empleo estén adecuadamente cubiertos no solo
respalda los objetivos sociales y económicos, sino que también facilita la
transición de la economía informal a la formal.
De una protección
mínima a sistemas integrales y adecuados
Más allá de
ampliar la cobertura, el informe subraya la necesidad urgente de mejorar la
adecuación e integralidad de las prestaciones para aumentar su eficacia en la
prevención de la pobreza y la reducción de la vulnerabilidad.
El informe
sostiene que la protección social debe ir más allá de los enfoques limitados y
reactivos para ofrecer una protección fiable a lo largo de todo el ciclo de
vida de las personas, proporcionando apoyo durante las transiciones entre
empleos, sectores y formas de empleo, así como en las etapas claves de la
vida, desde la primera infancia y la transición de la escuela al mundo laboral
hasta la paternidad, los períodos de desempleo, enfermedad, o situación de
discapacidad, y la vejez.
Garantizar una
financiación sostenible y equitativa
Un mensaje central
del informe es que el fortalecimiento de la protección social requiere
mecanismos de financiación sostenibles y equitativos. Destaca el papel de la
movilización de recursos nacionales —incluidas las cotizaciones a la seguridad
social y la fiscalidad progresiva— como elemento central de las estrategias de
financiación, complementado, cuando sea necesario, con subsidios públicos para
incluir a los trabajadores con capacidad contributiva limitada. Este enfoque
permite la mancomunación de riesgos, la redistribución y la sostenibilidad del
sistema a largo plazo.
El informe también
reconoce que, para los países con capacidad fiscal insuficiente, la solidaridad
internacional sigue siendo esencial para apoyar el desarrollo de los sistemas
de protección social y para prepararse ante las crisis o responder a ellas.
Construir sistemas
resilientes para el futuro del trabajo
En un contexto
marcado por el cambio climático, las transformaciones tecnológicas y los
cambios demográficos, la publicación subraya que unos sistemas de
protección social sólidos son indispensables para la resiliencia. Estos
sistemas ayudan a los trabajadores y a las empresas a adaptarse a los cambios,
apoyan las transiciones hacia economías más sostenibles y refuerzan la cohesión
social”.
Introducción
Actualmente se
acepta ampliamente que la protección social¹ es clave para el progreso
económico sostenido y la prosperidad (Razavi 2022). A medida que los
mercados laborales se transforman debido a cambios interconectados relacionados
con el clima, la demografía, la tecnología y las estructuras económicas, los
sistemas de protección social son fundamentales para proteger a las personas y
las economías de las crisis y las tensiones, y para promover el desarrollo
social y económico (OIT 2024i).
Impulsados por
los avances en la digitalización, la inteligencia artificial, la automatización
y la globalización, los mercados laborales cambiantes pueden generar
oportunidades, pero al mismo tiempo crear nuevos riesgos. El crecimiento
económico a menudo no genera suficientes oportunidades de trabajo decente, en
particular para los jóvenes. Al mismo tiempo, las recientes transformaciones
del mercado laboral han suscitado preocupación por el aumento de la inseguridad
económica, incluso para quienes trabajan en el sector informal y quienes
participan en nuevas formas de trabajo emergentes, como la economía de
plataformas (OIT 2024c; 2025b). Donde hay crecimiento, cada vez menos de sus
beneficios llegan a los trabajadores, ya que la participación del trabajo en la
renta ha disminuido significativamente desde el inicio de la pandemia de
COVID-19 (OIT 2024h), lo que contribuye al aumento de la desigualdad
estructural. La creciente inseguridad económica y las desigualdades en los
resultados para ciertos trabajadores, empresas y comunidades, especialmente
donde la protección laboral es débil, están socavando los contratos sociales (OIT
2024e; 2025c).
Además, la crisis
climática exige urgentemente medidas de adaptación y mitigación para una
transición justa. Como parte de una respuesta política más amplia, las
políticas de protección social pueden facilitar las transformaciones económicas
conexas y contribuir a fomentar la innovación y la asunción de riesgos
productivos para que los trabajadores y las empresas transiten hacia sectores
más sostenibles y modos de producción resilientes (OIT 2024i; 2015; 2023e;
Bischler et al. 2024).
A medida que el
envejecimiento de la población avanza en la mayor parte del mundo, la falta de
protección de los ingresos en la vejez, así como los sistemas de atención
subdesarrollados, no solo representan una grave amenaza para la salud y el
bienestar de las personas, sino que también incrementan aún más la carga de
cuidados no remunerados, que recae principalmente sobre las mujeres, en
detrimento de su bienestar y sus oportunidades de acceder a un trabajo decente.
Al mismo tiempo,
muchos jóvenes se enfrentan a dificultades para encontrar un empleo digno en un
mercado laboral cambiante y, a menudo, carecen de la protección social adecuada
que les permita afrontar mejor las transiciones laborales y vitales (OIT 2024g).
La protección
social es fundamental para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia
de las personas, las economías y las sociedades, al proporcionar una respuesta
política sistemática a los riesgos relacionados con el ciclo de vida y el
clima, que se refuerzan mutuamente (OIT 2024i). Además, las inversiones en
protección social pueden generar efectos multiplicadores económicos positivos,²
al tiempo que reducen las desigualdades y fomentan la cohesión social. La
pandemia de COVID-19 demostró el valor de una protección social integral para
salvaguardar la salud, el empleo y los ingresos de las personas, así como la
importancia de invertir en la creación de sistemas de protección social sólidos
desde el principio como medio para fortalecer la resiliencia y lograr una
respuesta más eficaz ante las crisis (OIT 2024i; Alfers y Juergens-Grant 2023).
Sin embargo, la
eficacia de la protección social para ayudar a las personas, las empresas y las
economías a afrontar estas transformaciones se ve obstaculizada por
persistentes deficiencias en la cobertura, la adecuación, la exhaustividad y la
financiación, que también dificultan el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
Invertir en
sistemas de protección social para lograr una protección adecuada para todos
es, por lo tanto, más crucial que nunca (OIT 2024i) y requiere medidas audaces
y una acción concertada. Los compromisos nacionales e internacionales para
ampliar la cobertura de la protección social en al menos dos puntos
porcentuales anuales constituyen un paso importante en la dirección correcta
(ONU 2025, párr. 27(i)). En el contexto de la transformación de los mercados
laborales, esto exige garantizar que todos los trabajadores, independientemente
del tipo de empleo, disfruten de una cobertura de seguridad social adecuada,
tal como lo reconoce explícitamente la Conferencia Internacional del Trabajo,³
en la Agenda Común del Secretario General de las Naciones Unidas y en el
Acelerador Mundial de las Naciones Unidas sobre Empleo y Protección Social para
Transiciones Justas.⁴ Este es un paso fundamental para extender la protección
social a los trabajadores del sector informal y apoyar su transición del empleo
informal al formal. Estas políticas son esenciales no solo para abordar las
injusticias y privaciones existentes, sino también las diversas formas de
desigualdades interrelacionadas que surgen o se magnifican como resultado de
las tendencias mundiales. La experiencia internacional demuestra que los
sistemas sólidos de protección social combinan planes contributivos y no
contributivos (financiados principalmente con impuestos) que permiten una
redistribución vertical y horizontal adecuada. Los planes de seguro social de
amplia base son indispensables para brindar una protección suficiente,
distribuir el consumo a lo largo del ciclo vital y fomentar la mancomunación de
riesgos y la solidaridad entre ricos y pobres, sanos y enfermos, personas con y
sin hijos, personas con y sin discapacidad, ancianos y jóvenes; por lo tanto,
constituyen un elemento clave de los contratos sociales. Al mismo tiempo, deben
complementarse con planes financiados con impuestos, como las prestaciones
universales para amplios sectores de la población (por ejemplo, las
prestaciones por hijos o las pensiones sociales, así como la cobertura
sanitaria universal) y una capa residual de asistencia social para quienes se
encuentran en riesgo de pobreza. En conjunto, los planes de seguro social y
no contributivos pueden garantizar un nivel mínimo de protección social, a la
vez que proporcionan mayores niveles de protección para amplios segmentos de la
población mediante contribuciones proporcionales —y generalmente progresivas—.
La elevada volatilidad económica actual hace más importante que nunca
fundamentar la gestión de riesgos en la solidaridad colectiva, en lugar de en
la mera responsabilidad individual. Dado que tanto trabajadores como
empleadores contribuyen a la financiación de la seguridad social, ambos tienen
interés en garantizar la buena gobernanza de los sistemas y un diálogo social
eficaz. Como instrumentos de política pública, los sistemas de seguridad social
pueden combinar diferentes fuentes de ingresos de forma eficaz y eficiente.
Esto significa que, en consonancia con los objetivos específicos del gobierno,
las cotizaciones de trabajadores y empleadores pueden complementarse con
transferencias del presupuesto público, por ejemplo, para subvencionar las
cotizaciones de los trabajadores u otros grupos de la población con capacidad
de cotización limitada, a fin de garantizar niveles mínimos de prestaciones,
mantener la protección durante periodos de desempleo o inactividad, o responder
a crisis, como ocurrió durante la pandemia de COVID-19. Especialmente cuando
los sistemas de seguridad social abarcan más allá de un grupo reducido de
empleados e incluyen también a trabajadores a tiempo parcial y temporales, así
como a los autónomos, constituyen un pilar fundamental de los sistemas
universales de protección social que pueden impulsar las transformaciones del
mercado laboral.
Al mismo tiempo,
la expansión de los sistemas no contributivos en las últimas décadas representa
un avance importante y puede ser un elemento esencial de los sistemas
nacionales de protección social basados en derechos, que garantizan el acceso
a prestaciones esenciales, incluso para los grupos más vulnerables. Sin
embargo, la asistencia social focalizada por sí sola no basta para
proporcionar una protección social adecuada a la población en edad laboral.
En ausencia de estrategias que apoyen la transición a la seguridad social,
estos programas dejarán a la mayoría de los trabajadores sin protección,
mientras que solo unos pocos privilegiados podrán costear las soluciones
privatizadas e individualizadas basadas en el mercado, como los seguros de
salud privados o las pensiones (OIT e IPEA 2025; Razavi 2022).
Este documento de política de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene como objetivo analizar los desafíos, las experiencias de los países y las posibles soluciones políticas para la protección social universal en un mercado laboral cambiante, fundamentadas en las normas y buenas prácticas internacionales de seguridad social. Centrándose en la relación entre empleo y protección social, el documento desarrolla una visión para que los sistemas de protección social universales respondan a los desafíos actuales y futuros del mercado laboral de manera sostenible y equitativa, y promuevan el trabajo decente y la justicia social.
El documento se
estructura de la siguiente manera: El capítulo 2 describe la situación actual,
destacando las brechas de cobertura para ciertas categorías de trabajadores y
para la población en general, que limitan la capacidad de los países para
abordar los desafíos de hoy y de mañana. El capítulo 3 expone las prioridades
clave para adaptar los sistemas de protección social a un Contexto cambiante
del mercado laboral. El capítulo 4 retoma el importante papel del seguro social
dentro de los sistemas universales de protección social y propone nuevas formas
de combinar las cotizaciones y la financiación fiscal. El capítulo 5 concluye
con una visión de los sistemas universales de protección social que puedan
responder a los desafíos actuales y futuros de manera sostenible y equitativa,
como parte de un marco coherente de políticas de empleo y protección social que
promuevan el trabajo decente y la justicia social.
4. Por último, la mención es al informe de la OCDE “Fundamentos para el crecimiento y lacompetitividad 2026”, del que reproduzco la nota de prensa de presentación y el apartado específico dedicado a España
Nota de prensa
“La mejora del
entorno empresarial, junto con el impulso de las competencias y el empleo,
claves para reactivar el crecimiento económico y aprovechar las oportunidades
de las nuevas tecnologías
Las perspectivas
de crecimiento económico se ven amenazadas en todo el mundo por la
incertidumbre a corto plazo asociada a las tensiones geopolíticas y por retos a
más largo plazo como el bajo crecimiento de la productividad, la débil
inversión empresarial, el escaso dinamismo, la falta de competencias y el
envejecimiento de la población. Según un nuevo informe de la OCDE,
resulta urgente reavivar el impulso de las reformas adoptando medidas que
reactiven los motores estructurales del crecimiento y aseguren la
competitividad y resiliencia de las economías en un contexto global de rápida
transformación.
La primera edición
de Fundamentos para el Crecimiento y la Competitividad, que se presenta hoy en
París, ofrece a los países una herramienta basada en datos empíricos para
ayudarles a poner en marcha reformas estructurales que mejoren la
productividad.
La nueva
iniciativa de la OCDE identifica tres ámbitos prioritarios en los que acometer
reformas estructurales: factores habilitantes ―como el capital humano, la
gobernanza, las infraestructuras y la política macroeconómica―, incentivos de
mercado y asignación eficiente de recursos ―en ámbitos como la fiscalidad, la
regulación de los mercados de productos y de trabajo, el comercio y la
inversión extranjera directa― y medidas específicas y sectoriales ―que
favorezcan la innovación y la seguridad energética―.
Fundamentos para
el Crecimiento y la Competitividad aporta datos sobre el desempeño en estos
ámbitos de un total de 48 países y se nutre de una nueva base de datos de la
OCDE que abarca múltiples indicadores de marcos de políticas estructurales que
favorecen el crecimiento. Asimismo, incluye notas específicas que ofrecen a los
responsables políticos y demás partes interesadas un análisis detallado sobre
la situación de sus países, facilitando la identificación de los principales
obstáculos al crecimiento y el diseño de paquetes de reformas coherentes,
respaldados por datos y adaptados a las circunstancias de cada país.
«Es fundamental
revertir la trayectoria descendente del crecimiento económico registrada
durante las últimas tres décadas para asegurar y mantener unos avances
significativos en los ingresos de los hogares y en los niveles de vida», ha
afirmado Mathias Cormann, Secretario General de la OCDE. «Las prioridades son
claras: mejorar el entorno empresarial, impulsar la innovación e invertir en
competencias y empleo. Una aplicación eficaz de estas medidas impulsará el
crecimiento y la competitividad, ayudará a amortiguar las presiones fiscales
derivadas del envejecimiento de la población y permitirá a los países
aprovechar plenamente el potencial de la inteligencia artificial y otras
tecnologías transformadoras».
Las reformas
estructurales favorables al crecimiento funcionan mejor cuando son integrales y
refuerzan distintos ámbitos de políticas públicas. Para ello, es necesario
crear unas condiciones sólidas y favorables, entre otras, un capital humano de
calidad, unas instituciones robustas, una gobernanza eficaz, infraestructuras
seguras y estabilidad macroeconómica.
En un contexto en
el que la digitalización y la inteligencia artificial están transformando los
procesos productivos y laborales, es importante dar respuesta a una demanda de
competencias en rápida evolución para aprovechar el potencial de estas tecnologías.
Uno de los principales obstáculos para la adopción productiva de la IA es la
escasez de trabajadores con las competencias adecuadas. El análisis de la OCDE
sugiere que la IA podría aumentar el crecimiento anual de la productividad
laboral en los países de la OCDE entre un 0.7% y un 1.2% anual durante la
próxima década, dependiendo de la velocidad de su adopción. La agenda en
materia de competencias debe centrarse en adaptar los planes de estudios de la
educación académica y de la formación profesional, al tiempo que se amplía el
acceso al aprendizaje permanente y se refuerzan los vínculos entre las
universidades y el mercado laboral.
Los mercados deben
funcionar de manera eficiente para garantizar que la mano de obra y el capital
se destinen a sus usos más productivos. La eliminación de obstáculos excesivos
a la creación de empresas y al crecimiento de las que prosperan, junto con la
reforma de regulaciones restrictivas en los mercados de productos y de los
sistemas de insolvencia ineficientes, reforzaría el dinamismo empresarial y
aceleraría la reasignación del capital y la mano de obra.
Para mejorar la
movilidad laboral y el empleo, y hacer frente a los impactos económicos,
sociales y fiscales del envejecimiento de la población, es fundamental reducir
las barreras a la participación —sobre todo para las mujeres, los trabajadores
de más edad y otros colectivos infrarrepresentados—, reforzando los incentivos
para trabajar más horas y ampliando el acceso a servicios asequibles de cuidado
infantil. La adopción de unas políticas de vivienda que faciliten la movilidad
y unos sistemas tributarios que amplíen la base impositiva al tiempo que
limiten las distorsiones podrá mejorar aún más la eficiencia en la asignación
de recursos.
Con las
condiciones adecuadas, los gobiernos pueden implantar con mayor eficacia sus
estrategias económicas. La aplicación de intervenciones bien diseñadas —en
ámbitos como las políticas de innovación, la seguridad energética y la
transición hacia energías verdes— puede abordar las deficiencias del mercado y
alinear el crecimiento con los objetivos sociales a largo plazo. Al combinar
las ayudas públicas a la investigación y el desarrollo con un capital humano
sólido y unos mercados competitivos se podrían impulsar aún más las mejoras en
la productividad. Por último, la adopción de reformas en el mercado energético
que reduzcan las barreras de entrada y fomenten la inversión en energías
renovables y la eficiencia reforzarían tanto la resiliencia como la competitividad.
«No se trata de
promover la desregulación sin más», ha afirmado Stefano Scarpetta, Economista
Jefe de la OCDE. «El objetivo de las reformas regulatorias debe ser garantizar
que la competencia, la apertura y la movilidad impulsen la innovación y el
espíritu emprendedor. La transformación digital y la inteligencia artificial
ofrecen nuevas oportunidades, pero, para aprovechar su pleno potencial, se
requieren reformas coherentes, basadas en datos y bien secuenciadas. Los países
pueden reactivar el crecimiento de la productividad, mejorar su competitividad
y garantizar una mejora sostenida de los niveles de vida de las generaciones
futuras».
Haga clic aquí https://www.oecd.org/en/publications/foundations-for-growth-and-competitiveness-2026_40a7532f-en.html para obtener más
información sobre la iniciativa Fundamentos para el Crecimiento y la
Competitividad, incluidas las Notas País y la nueva base de datos (este enlace
puede utilizarse en artículos de prensa).
España
La brecha de
ingresos entre España y las economías más avanzadas de la OCDE se ha reducido
recientemente, gracias al crecimiento resistente y constante del PIB registrado
en los últimos años. El crecimiento de la productividad, aunque sigue siendo
moderado, ha mejorado y la inversión general se ha fortalecido en los últimos
años tras una década de debilidad. La evolución del mercado laboral también ha
avanzado significativamente, con tasas de desempleo a la baja, aunque aún
elevadas. Las importantes reformas de los últimos años han dado lugar a una
fuerte creación de empleo, a pesar de que las tasas de empleo siguen estando
muy por debajo de las de los países comparables.
España ha
mostrado un comportamiento positivo en la productividad laboral por hora desde
2022, junto con una fuerte creación de empleo, aunque sigue manteniendo una
brecha significativa con respecto a la zona del euro y los principales países
de la OCDE. Un mayor crecimiento de la productividad y hacer frente al
envejecimiento de la población requieren un mercado laboral flexible y un sector
empresarial dinámico. Una mayor inversión en investigación y
desarrollo podría acelerar la innovación y las ganancias de productividad.
Promover un sistema de formación de adultos flexible y específico ayudaría a
los jóvenes que abandonan prematuramente la escuela y a los adultos a mejorar
sus competencias y ampliar sus opciones de empleo. Ampliar la base imponible
del IVA y reducir los elevados tipos impositivos marginales efectivos para las
personas con bajos ingresos puede hacer que el sistema sea más eficiente y
mejorar los incentivos para trabajar.
Fiscalidad:
Mejorar la eficiencia del sistema tributario y los ingresos fiscales en
general. El sistema tributario español adolece de varias deficiencias que
obstaculizan la productividad y el rendimiento de los ingresos. Impone una
elevada carga sobre el trabajo, lo que desalienta el empleo y la creación de
puestos de trabajo. A pesar de las recientes reformas, los tipos impositivos
efectivos marginales siguen siendo elevados, debido a la interacción entre los
elevados impuestos sobre el trabajo y la rápida reducción de las prestaciones,
lo que merma los incentivos para trabajar, especialmente en el caso de los
trabajadores con bajos ingresos que tienen hijos y de los segundos
sustentadores de la familia. El sistema también muestra un sesgo a favor de la deuda
frente al capital, lo que desincentiva la inversión y la innovación. Varios
gastos fiscales, como las exenciones del IVA y los tipos reducidos, merman la
neutralidad y reducen la base impositiva.
Recomendaciones
✓ Reequilibrar la estructura
tributaria hacia impuestos menos distorsionadores, como el IVA y los impuestos
medioambientales.
✓ Eliminar
gradualmente las prestaciones para reforzar los incentivos al trabajo sin
penalizar el aumento de los ingresos.
Innovación:
reforzar el apoyo público a la I+D y fomentar la adopción de tecnologías
digitales
España se
encuentra entre los países de la OCDE con menor proporción de empresas
innovadoras y presenta un bajo gasto empresarial en I+D en comparación con los
países con mejores resultados. Las generosas deducciones fiscales por I+D son
un elemento central del sistema de apoyo a la innovación de España, pero su
utilización sigue siendo limitada. Las pymes tienen un acceso limitado a mano
de obra cualificada y a financiación externa. España ha dado pasos importantes
en la digitalización, pero la adopción de tecnologías digitales avanzadas, como
el análisis de datos, la computación en la nube y la automatización de
procesos, sigue siendo baja entre las pymes, lo que frena el aumento de la
eficiencia y la innovación en todos los sectores.
Recomendaciones
✓ Simplificar los procedimientos
de solicitud y reembolso para acceder a las ayudas públicas a la I+D a través
de una plataforma digital de «ventanilla única».
✓ Promover el uso de la
financiación basada en el mercado entre las pymes, fomentando la cooperación
público-privada y poniendo en contacto a las pymes con los participantes en los
mercados de capitales, para facilitar la inversión en innovación.
✓ Ampliar los servicios de
asesoramiento digital y la formación dirigidos a las pymes, incluyendo el uso
de la IA, la infraestructura y los servicios en la nube y el análisis de datos.
Energía y
capital natural: Ampliar la inversión en infraestructura de red
España se
enfrenta a unos costes económicos y fiscales crecientes derivados de las
catástrofes relacionadas con el clima. La política de adaptación de España está
bien alineada con las mejores prácticas, pero su implementación sigue siendo
desigual a nivel regional y local, mientras que la falta de inversión en
medidas preventivas agrava las vulnerabilidades. España ha aumentado
significativamente la generación de electricidad renovable, que representará
más de la mitad del mix en 2023, al tiempo que ha reducido los precios
mayoristas de la electricidad. Se están aplicando algunas medidas para hacer
frente a las restricciones de suministro, la congestión de la red y los
retrasos en la concesión de permisos.
Recomendaciones
✓ Mejorar la coordinación entre
el ámbito nacional y el regional para armonizar las políticas de prevención y
reforzar las capacidades municipales.
✓ Aumentar las inversiones en
infraestructuras de resiliencia y preparación ante desastres.
✓ Seguir agilizando los procesos
de concesión de permisos y acelerando la inversión en infraestructuras de red,
incluidas las interconexiones, para hacer frente a la congestión y las
restricciones de suministro.
Capital
humano: Apoyar a quienes abandonan prematuramente los estudios y promover el
aprendizaje y la mejora de las competencias de los adultos
Las tasas de
repetición de curso y de abandono escolar prematuro siguen estando muy por
encima de la media de la OCDE, incluso tras las recientes mejoras. La
matriculación en la educación y formación profesional (EFP) ha aumentado
considerablemente, pero la proporción de alumnos en la EFP y en el nivel de
educación secundaria superior sigue estando por debajo de la media de la OCDE,
mientras que el sistema educativo podría estar mejor conectado con el mercado
laboral. Los adultos obtienen malos resultados en lectura, aritmética y
resolución de problemas en comparación con otros países europeos miembros de la
OCDE, a pesar de que las tasas de participación en la educación y la formación
son similares.
Recomendaciones
✓ Ofrecer
planes de formación profesional flexibles, con especial atención a las opciones
de formación profesional dual, para que la educación resulte más relevante y
atractiva, y dar una segunda oportunidad a quienes abandonan prematuramente la
educación y a los adultos que necesitan mejorar sus competencias.
✓ Mejorar la
identificación temprana de los estudiantes en situación de riesgo.
✓ Promover un
sistema de aprendizaje para adultos flexible y específico mediante el
establecimiento de procedimientos para validar las competencias profesionales
adquiridas en el lugar de trabajo, permitiendo a los adultos que sus
competencias sean reconocidas y que construyan itinerarios de aprendizaje
individualizados.
Movilidad
laboral y participación: mejorar las políticas activas del mercado laboral
El mercado
laboral español ha mostrado solidez en los últimos años, con una disminución
del desempleo y de los empleos temporales hasta niveles históricamente bajos.
Sin embargo, la tasa de empleo en España sigue estando por debajo de las medias
de la UE y la OCDE, mientras que las tasas de desempleo siguen siendo elevadas,
especialmente entre los jóvenes. A pesar de los recientes esfuerzos por mejorar
las prestaciones por desempleo y los servicios públicos de empleo, varios
factores siguen lastrando el empleo, entre ellos el desajuste entre las
competencias y las necesidades laborales, y la escasa participación en la
búsqueda de empleo, la formación y los programas de empleo.
Recomendaciones
✓ Reforzar aún
más el papel de las oficinas regionales de empleo público mediante la
digitalización, la contratación de más personal y una mayor colaboración con el
sector privado.
✓ Ampliar las
opciones de aprendizaje flexible y a distancia para adaptarse a horarios y
necesidades variados, con el fin de hacer que la formación y la mejora de las
competencias sean más accesibles a un mayor número de personas.
Avances
recientes en las reformas estructurales
El Gobierno ha
introducido varias reformas estructurales respaldadas por fondos de la UE y
alineadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En 2021 y
2022 se promulgaron reformas clave para fortalecer el mercado laboral,
modernizar el sistema de formación profesional, mejorar el entorno empresarial
—en particular para apoyar a las pymes— e impulsar la digitalización. En 2024 y
2025 se aceleraron otras reformas destinadas a flexibilizar el sistema de
inmigración, facilitar la ampliación de la oferta de vivienda y fomentar la
inversión en vivienda social”.
Buena lectura.
