1. El 30 de agosto de 2020 publiqué una entrada en este blog titulada “Protección social. Laimportancia real para España del instrumento europeo SURE. Notas a la propuestade la Comisión Europea de 24 de agosto” , del que reproduzco algunos fragmentos por su muy directa relación con el documento comunitario al que me referiré más adelante.
“La reacción de la
Unión Europea ante la crisis de la Covid-9..., y en concreto la protección del
empleo se plasmó muy poco después de la constatación de encontrarnos ante una
crisis de ámbito europeo, y más adelante mundial, en la presentación el 2 de
abril de la “Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de un
Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en
una Emergencia (SURE) a raíz del brote de COVID-19”. Dicha propuesta, con modificaciones
relevantes respecto al control por parte de sus Estados miembros de los
préstamos que pueden concederse, fue convertida en texto legal con
extraordinaria rapidez ya que se aprobó formalmente el 19 de mayo y fue
publicada en el DOUE al día siguiente.
Un amplio estudio
de todos los avatares de la tramitación de la norma se encuentra en otros dos
artículos de muy recomendable lectura: “Esperando a Grouchy? El papel de la
Unión Europea en la crisis del Covid-19”, del profesor José María Miranda Boto...
y “Entra en vigor el Instrumento SURE: liquidez para el pago de los ERTE”, del
profesor Francisco Javier Calvo Gallego
En la Propuesta de
Reglamento se establecían las condiciones y procedimientos que permitirían a la
Unión “prestar asistencia financiera a un Estado miembro que esté
experimentando una grave perturbación económica causada por el brote de
COVID-19, o que se vea gravemente amenazado por ella, para la financiación del
trabajo a tiempo parcial o de medidas similares destinadas a proteger a los
trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia y reducir así la incidencia
del desempleo y la pérdida de ingresos”. Dicha ayuda complementaría las medidas
nacionales y consistiría en asistencia financiera, en forma de préstamo, “para
ayudarles a hacer frente al repentino y grave aumento del gasto público real y
posiblemente también previsto, destinado a mitigar los efectos económicos
directos y sociales negativos de los acontecimientos excepcionales provocados
por el brote de COVID-19”. La futura
norma era muy clara en cuanto a la finalidad que perseguía, la evitación de
pérdida de puestos de trabajo, ya que en su art. 3 se disponía expresamente que
los Estados miembros beneficiarios debían utilizar la ayuda financiera de la
Unión “para apoyar los planes nacionales de trabajo a tiempo parcial o medidas
similares”.
Como acabo de
indicar el texto del Reglamento UE 2020/672, del Consejo, de 19 de mayo de 2020,
fue aprobado con extraordinaria rapidez, con un presupuesto de 100.000.000
(cien mil millones) de euros.
Su art. 1 dispone
que “El presente Reglamento establece las condiciones y los procedimientos por
los que la Unión podrá proporcionar asistencia financiera a un Estado miembro
que sufra, o corra el riesgo de sufrir, una perturbación económica grave
provocada por el brote de COVID‐19 para que financie, principalmente, regímenes
de reducción del tiempo de trabajo o medidas similares destinadas a proteger a
los trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena y, de este modo, reducir
la incidencia del desempleo y la pérdida de ingresos, así como para que
financie, de manera accesoria, algunas medidas relacionadas con la salud, en
particular en el lugar de trabajo”.
Conviene también
referirse en la explicación a otro precepto de indudable importancia. El art.
3, perfecto complemento del 1, dispone que se podrá solicitar la asistencia
financiera cuando el gasto público real, y en su caso también el previsto, del
Estado, “haya aumentado de forma repentina y grave desde el 1 de febrero de
2020 debido a las medidas nacionales directamente relacionadas con regímenes de
reducción del tiempo de trabajo y medidas similares que tengan por fin hacer
frente a las repercusiones económicas y sociales del acontecimiento excepcional
causado por el brote de COVID‐19”, debiendo dedicar los recursos disponibles
“principalmente para apoyar a sus regímenes nacionales de reducción del tiempo
de trabajo o a medidas similares y, en su caso, para apoyar a las
correspondientes medidas relacionadas con la salud”. En cuanto a la forma de la
asistencia financiera, adoptará la forma de un préstamo concedido por la Unión
al Estado miembro de que se trate.
... el 3 de
agosto, el gobierno español solicitó acogerse a las ayudas, en forma de
préstamo, previstas en el nuevo Reglamento, teniendo conocimiento de esta
petición en una nota de prensa publicada el mismo día por el Ministerio de
Economía y Competitividad (“España solicita el acceso al nuevo instrumento europeo
que permite financiar los costes de los ERTE y de la prestación para autónomos”
En dicha
información se expone que “En el caso de España, este instrumento permite
financiar programas como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo
(ERTE), tanto en lo concerniente a la prestación que recibe el trabajador como
a las cotizaciones sociales que se ahorra el empresario. También se pueden
utilizar los recursos del SURE para financiar la prestación extraordinaria por
cese de actividad para autónomos, así como la prestación por incapacidad
temporal para personas que hayan estado de baja como consecuencia del COVID-19
o el apoyo a trabajadores fijos discontinuos, en particular del sector
turístico”, y que el importe solicitado para la financiación de estos programas
era superior a 20.000 millones de euros.
La propuesta de
“Decisión de aplicación del Consejo de concesión de apoyo temporal en virtud del
Reglamento del Consejo (UE) 2020/672 a España para mitigar los riesgos de desempleo
en una situación de emergencia tras el brote de COVID-19”, presentada por la
Comisión Europea el 24 de agosto concede en su práctica solicitud la cuantía
económica solicitada por España, por un importe máximo de 21 324 820 449 euros (veintiún
mil trescientos veinticuatro millones ochocientos veinte mil cuatrocientos
cuarenta y nueve euros), solo superado por el montante propuesto para Italia,
27.400 millones....”.
2. El pasado 2 de
junio la Comisión Europea presentó su informe semestral final sobre elInstrumento SURE, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE)
2020/672 del Consejo. Cabe recordar que el art. 12 dispone en su apartado 3 que
“El período de disponibilidad del Instrumento durante el cual podrá adoptarse
una decisión a que se refiere el artículo 6, apartado 1, finalizará el 31 de
diciembre de 2022” (la negrita es mía).
Una primera
información periodística de interés ha sido publicada por el redactor del diario
El País, Manuel V. Gómez el mismo día de la presentación, en un artículo
titulado “El fondo europeo para los ERTE de la pandemia protegió a casi 42millones de empleos en la UE en tres años”
,
acompañado del subtítulo “El SURE ha prestado casi 100.000 millones de euros a
19 Estados miembros, que se han ahorrado 9.000 millones”
Los resultados
positivos del SUE ya habían sido constatados en anteriores informes semestrales.
Por citar solo los dos primeras, sin duda aquellos más importantes en cuanto
que se refieren a períodos en los que se solicitó por los Estados miembros la
mayor parte del montante presupuestario disponible, el publicado el 22 de marzo
de 2021, en su primera evaluación, ponía de manifiesto el “éxito de SURE a la
hora de salvaguardar los empleos y los ingresos” , manifestando que “Ha contribuido a frenar el aumento del paro en los Estados
miembros beneficiarios durante la crisis, logrando que el alza sea bastante
inferior a la de la última crisis financiera mundial. Y ello a pesar de que la
contracción del Producto Interior Bruto de los Estados miembros ha sido mayor”,
y constatando que “... en 2020, entre 25 y 30 millones de personas gozaron de
las ayudas del instrumento. Estaríamos hablando de una cuarta parte de la mano
de obra total de los dieciocho países beneficiarios”.
El segundo informede evaluación, presentado el 22 de septiembre del mismo año, fue merecedor de
una nota de prensa titulada de manera muy semejante a la de la primera: “SURE:
Un informe confirma el éxito de SURE a la hora de salvaguardar los empleos y
los ingresos” . Entre sus “constataciones principales” se exponía que “SURE ha prestado apoyo
a aproximadamente 31 millones de personas en 2020, de las cuales 22,5 millones
eran trabajadores por cuenta ajena y 8,5 millones lo eran por cuenta propia, lo
que representa una cuarta parte del número total de personas empleadas de los
diecinueve países beneficiarios. Además, en torno a 2,5 millones de empresas
afectadas por la pandemia de COVID-19 se han acogido a SURE, lo que les ha permitido
retener a su plantilla”.
3. Entre
interrogantes en el título de la presente entrada, planteo si un mecanismo
excepcional, diseñado y aprobado con rapidez digna de elogio por las
instituciones comunitarias podría convertirse en ordinario o habitual.
No es una pregunta
que se formule por primera vez, ya que ha habido en los últimos años diferentes
propuestas en esta línea, y en ellas el gobierno español ha jugado un papel
destacado, ya que propugnó está tesis poco después de ser nombrado Presidente
de Gobierno Pedro Sánchez en 2018 y la reiteró en 2021 .
Y a buen seguro,
es una de las propuestas que serán presentadas por algunos grupos europarlamentarios
con ocasión de las próximas elecciones al Parlamento Europeo que tendrán lugar,
durante la presidencia belga del Consejo de la UE, del 6 al 9 de junio de 2024,
presentadas por la Presidenta del PE Roberta Metsola con el siguiente mensaje: “La
Unión Europea está en continua evolución. El mundo cambia y nosotros debemos
cambiar con él. Necesitamos reformas. No hay que tener miedo al cambio. La
Unión Europea no es perfecta. Hemos de aceptarlo mientras seguimos a la
escucha, explicando y cumpliendo nuestras promesas... Te animo a recobrar el
sentimiento de esperanza y abrirte a lo que te ofrece la UE. A que votes. No
dejes que nadie decida por ti. Participa en el mayor ejercicio democrático de
Europa”
En sede
comunitaria, la propuesta de un seguro de desempleo europeo ya había sido
avanzada varios años antes, y de ello daba buena cuenta el redactor del diario
El País Xavier Vidal Folch en su artículo, publicado el 10 de octubre de 2018,
titulado “Hacia un seguro de paro europeo” , acompañado del subtítulo “Vuelve la
idea de crear un seguro de desempleo en la Unión Europea”. En efecto, dicha
tesis se encontraba en el documento de 2012 “Hacia una auténtica UniónEconómica y Monetaria. Informe del Presidente del Consejo Europeo Herman VanRompuy ", y en documentos del Parlamento Europeo.
Desde la reflexión
teórica, con indudable trascendencia práctica, es muy recomendable la lectura
del artículo del profesor Daniel Pérez del Prado “El SURE: ¿Un paso hacia elsistema de protección por desempleo europeo” , en especial el apartado 2, en el que analiza con mucho detalle la protección
por desempleo como política europea y las opciones para una prestación por
desempleo europea.
4. Pues bien, me
ha parecido interesante, a la par que útil, reproducir en esta entrada
(traducción no oficial del texto original inglés, aun no disponible en otros idiomas)
el resumen ejecutivo del Informe.
Pone de
manifiesto, con toda claridad, el éxito de la iniciativa, y deja abierta la
puerta, a mi entender, a que pueda haber propuestas de continuación de tal
experiencia, no centradas única y exclusivamente en épocas de graves crisis sociales
como la que vivimos por la crisis sanitaria desencadenada en marzo de 2020.
No desconozco, obviamente,
la dificultad de alcanzar un acuerdo por todos los Estados miembros, ya que el
art. 153 del Tratado de funcionamiento establece la regla de la unanimidad para
la regulación en el ámbito europeo de la Seguridad Social y la protección
social de los trabajadore, y que además añade que las disposiciones adoptadas
en virtud de dicho artículo “no afectarán a la facultad reconocida a los
Estados miembros de definir los principios fundamentales de su sistema de
seguridad social, ni deberán afectar de modo sensible al equilibrio financiero
de éste”. Pero, una vez comprobado que la UE es capaz de adoptar medidas muy
útiles cuando la situación social las requiere, cabe una luz de esperanza sobre
la posibilidad de adoptarlas en épocas “ordinarias”. ¿Demasiado optimista? El
tiempo, y sobre todo los resultados de las elecciones europeas de 2024, lo dirá.
Unas elecciones,
por cierto, sobre las que el Parlamento Europeo ha manifestado su preocupación,
en Resolución aprobada el 1 de junio , sobre las posibles injerencias extranjeras y los intentos de manipulación y
desinformación, manifestando lo siguiente:
“Destaca la suma
importancia de proteger la seguridad, la resiliencia y la fiabilidad de la
infraestructura electoral, incluidos, entre otros, los sistemas informáticos,
las máquinas y equipos de votación, las redes y procedimientos de las oficinas
electorales. las bases de datos de registro de votantes y las instalaciones de
almacenamiento; subraya que las tecnologías de la información y la comunicación
son cada vez más frecuentes en la gestión electoral y en los procesos
democráticos; observa que, para responder de manera eficaz a los retos
electorales emergentes, los órganos de gestión electoral deben adoptar nuevos
patrones de trabajo que mejoren su capacidad para prevenir riesgos y demostrar
resiliencia, también en un entorno digital complejo; pide que se dote a los
Gobiernos locales y de los Estados miembros de la Unión de un conjunto de
servicios y herramientas para luchar contra la manipulación de la información y
las injerencias por parte de agentes extranjeros; señala que, cuando se
celebran elecciones, las papeletas deben tener un rastro documental verificable
y estar sujetas a auditorías independientes para garantizar la precisión de los
resultados; destaca el papel fundamental de la observación de elecciones y de
los observadores electorales independientes”.
Aquí está la
síntesis del último informe semestral de la Comisión sobre el SURE.
“El presente
informe es el quinto y último informe semestral sobre el instrumento europeo de
apoyo temporal para mitigar los riesgos de desempleo en situaciones de
emergencia (SURE). Confirma los resultados expuestos en los informes
anteriores, presenta el funcionamiento y la utilización del instrumento y pasa
revista a sus repercusiones socioeconómicas. El SURE era un instrumento de
crisis, dotado con 100 000 millones de euros, creado por la Unión Europea (UE)
para ayudar a los Estados miembros a proteger el empleo y los ingresos de los
trabajadores en el contexto de la pandemia de COVID-19. El SURE finalizó el 31
de diciembre de 2022, pero el seguimiento de su aplicación continuó más allá de
esta fecha, recogida en el presente informe. El seguimiento finaliza con la
publicación de este informe.
Este informe
aborda algunas de las observaciones adicionales formuladas por el Tribunal de
Cuentas Europeo en su Informe Especial sobre SURE, publicado en diciembre de
2022. Es importante destacar que este informe incluye un análisis más detallado
de los sistemas nacionales de control y auditoría, pruebas adicionales que
confirman la fiabilidad del número de personas y empresas cubiertas por SURE y
un análisis más detallado de las medidas relacionadas con la salud cubiertas
por SURE.
Un nuevo
instrumento puesto en marcha rápidamente para responder al impacto
socioeconómico de la pandemia
La aplicación del
instrumento fue rápida y sin contratiempos. Como parte de la respuesta inicial
de la UE a la pandemia, la Comisión propuso el Reglamento SURE el 2 de abril de
2020, y el Reglamento fue adoptado por el Consejo el 19 de mayo de 2020. SURE
fue una fuerte expresión de solidaridad entre los Estados miembros a través de
la UE: todos los Estados miembros acordaron proporcionar garantías bilaterales
a la UE para que la Unión pudiera obtener préstamos de los mercados en
condiciones muy favorables para financiar los préstamos SURE. La dotación
financiera de 100 000 millones EUR quedó disponible el 22 de septiembre de
2020, después de que todos los Estados miembros firmaran acuerdos de garantía.
La Comisión aceleró la aplicación del instrumento, colaborando estrechamente
con los Estados miembros y concediendo ayuda financiera a Bélgica, Bulgaria,
Croacia, Chipre, Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Grecia,
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal y
Rumanía. Más del 90% de la ayuda financiera concedida se desembolsó en solo
siete meses, de octubre de 2020 a mayo de 2021. En 2022 se realizaron nuevos
desembolsos, para dar cabida a los Estados miembros que prefirieron recibir los
fondos más tarde o solicitaron ayuda financiera adicional.
En otoño de 2022,
se concedió ayuda financiera adicional a ocho Estados miembros. Esta ayuda
complementaria se destinó a los gastos adicionales efectuados en 2021 -y, en
algunos casos, hasta principios de 2022- en relación con las medidas de ayuda
de emergencia ya respaldadas por el SURE. El apoyo del SURE podía solicitarse
para gastos subvencionables relacionados con el COVID, sobre la base de los
gastos previstos o de los gastos realizados, no estando estos últimos sujetos a
ningún riesgo de absorción por definición. También se adoptó una Decisión de
Ejecución del Consejo modificativa para Polonia a fin de abordar su déficit de
absorción.
La UE emitió bonos
sociales por primera vez bonos sociales para financiar la ayuda financiera SURE
a los Estados miembros. Además de los requisitos del Reglamento SURE, este
informe también proporciona la información pertinente en virtud del Marco de
Bonos Sociales SURE de la UE y vuelve a confirmar que el gasto SURE ha estado
bien alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
La Comisión emitió
con éxito 6 500 millones EUR de bonos sociales SURE en diciembre de 2022, lo
que casi agotó toda la dotación SURE. Esta fue la transacción final de una
exitosa campaña de emisión que atrajo un gran interés de los inversores y
condiciones de precios favorables. En conjunto, se desembolsó un total de 98
400 millones EUR de ayuda financiera SURE a 19 Estados miembros, cerca del
importe máximo de 100 000 millones EUR. Los 1 600 millones de euros restantes
no pueden solicitarse para usos futuros, ya que el instrumento ha finalizado.
Uso continuado del
SURE por los Estados miembros beneficiarios
Este informe
confirma la estimación anterior de que el SURE cubría a unos 31½ millones de
personas y a más de 2½ millones de empresas en 2020, cuando la pandemia se hizo
sentir por primera vez. Esto representa casi un tercio del empleo total y más
de una cuarta parte del total de empresas de los Estados miembros
beneficiarios. Se ha confirmado la alta fiabilidad de estas cifras de
cobertura, que se basan principalmente en los datos administrativos de los
Estados miembros siguiendo las orientaciones de la Comisión. Las PYME fueron
las principales beneficiarias de la ayuda financiera de SURE. Los sectores más
apoyados fueron los servicios intensivos en contactos (servicios de alojamiento
y alimentación, comercio mayorista y minorista) y la industria manufacturera.
En 2021, sobre
todo en el primer semestre del año, cuando la pandemia seguía causando
estragos, el SURE prestó apoyo a unos 9 millones de personas y a más de 900 000
empresas. Las medidas de apoyo económico siguieron siendo necesarias en el
primer semestre de 2021, pero posteriormente se fueron retirando a medida que
se debilitaba el impacto tanto económico como sanitario de la pandemia. Esta
reducción gradual se produjo cuando se extendieron las vacunas y las economías
de la UE se adaptaron mejor a la pandemia.
En 2022, se
calcula que el SURE habrá ayudado a casi 350 000 personas y a más de 40 000
empresas, en consonancia con la disminución de los gastos relacionados con el
SURE. La mayoría de los Estados miembros beneficiarios del SURE habían
eliminado progresivamente sus medidas de emergencia para el mantenimiento del
empleo a mediados de 2022. Solo cuatro Estados miembros utilizaron el SURE para
financiar medidas en 2022, gastando apenas 5 000 millones EUR a medida que el
impacto de la pandemia seguía remitiendo.
Ya se ha ejecutado
todo el gasto público total previsto en el marco del SURE. El gasto público
total en medidas subvencionables por el SURE alcanzó los 122 000 millones EUR
en los Estados miembros beneficiarios. Esta cifra es muy superior a la ayuda
financiera total concedida (98 000 millones EUR), ya que varios Estados
miembros complementaron la financiación SURE de las medidas subvencionables con
fondos nacionales, lo que demuestra la pertinencia de las medidas apoyadas por
el SURE.
Casi la mitad del
gasto público total en medidas subvencionables por el SURE se destinó a
programas de trabajo a jornada reducida. Casi un tercio se destinó a medidas
similares para los trabajadores autónomos. El resto del gasto público se
destinó a medidas de subvención salarial -similares a los regímenes de jornada
reducida, aunque no basadas en las horas trabajadas- y a medidas relacionadas
con la salud. La participación de las mujeres y los jóvenes en el trabajo a
jornada reducida también aumentó durante la crisis COVID-19.
Se confirmó el
carácter accesorio de los gastos relacionados con la salud, que sólo afectaron
a dos quintas partes de los Estados miembros beneficiarios del SURE y sólo
representaron el 5% de los gastos totales. 8 de los 19 Estados miembros
utilizaron el SURE para financiar medidas relacionadas con la salud. De ellas,
el 22% se referían a medidas adoptadas en el lugar de trabajo para garantizar
una reincorporación segura al trabajo.
Además, el SURE se
utilizó para financiar eficazmente diferentes tipos de medidas relacionadas con
la salud. Estas medidas se distribuyeron casi por igual entre i) medidas
preventivas contra el COVID-19, ii) costes laborales adicionales para contratar
y apoyar al personal sanitario y iii) compra de material sanitario y
medicamentos, incluidas vacunas. Estas medidas facilitaron una reincorporación
más rápida al trabajo o proporcionaron un bienvenido apoyo de emergencia al
sector sanitario en los ocho Estados miembros que utilizaron el SURE para
apoyar los gastos relacionados con la salud.
Es importante
señalar que todos los Estados miembros han absorbido ya toda la ayuda
financiera del SURE. El problema de absorción en dos Estados miembros (Rumanía
y Polonia), que fue objeto de un estrecho seguimiento y del que se informó
detalladamente en el cuarto informe bianual, ha quedado ahora totalmente
resuelto. En Rumanía, la brecha de absorción se ha cerrado completamente
gracias a la reducción del importe total concedido y a la introducción de
medidas subvencionables adicionales en julio de 2022. Esto se confirmó con los
datos finales de ejecución presupuestaria. En Polonia, la moderada brecha de
absorción en comparación con el importe concedido se resolvió con la inclusión
de dos nuevas medidas subvencionables por el SURE en una Decisión de Ejecución
del Consejo modificativa adoptada en noviembre de 2022.
Evaluación
actualizada del impacto de SURE
La respuesta
política a la crisis COVID-19 impidió efectivamente que alrededor de 1,5
millones de personas quedaran desempleadas en 2020 y los regímenes financiados
por el SURE pueden haber contribuido a la mayor parte de ello. El aumento del
desempleo en 2020 en los Estados miembros beneficiarios fue muy moderado, a
pesar de la gran caída de la producción económica, y significativamente
inferior a lo esperado en términos históricos. Esto se consiguió gracias a la
retención de los trabajadores en sus empresas y al mantenimiento de la
actividad de los autónomos. Otras simulaciones ilustrativas realizadas por la
Comisión utilizando el modelo multinacional global sugieren que los regímenes
de jornada reducida y medidas similares financiadas directamente por el SURE
podrían haber salvado hasta un millón de puestos de trabajo en 2020 solo en la
zona del euro (lo que representa 14 de los 19 beneficiarios del SURE). Esto
sugiere que los regímenes de jornada reducida financiados por el SURE probablemente
representaron la mayor parte del total estimado de 1,5 millones de puestos de
trabajo salvados por la respuesta política global a COVID-19 en los 19
beneficiarios del SURE.
El SURE también
puede haber contribuido a evitar un aumento de la desigualdad en el mercado
laboral en toda la UE. Esto contrasta con la evolución que tuvo lugar tras la
crisis financiera mundial. En el período 2020-2022, la dispersión de las tasas
de desempleo se redujo entre los beneficiarios del SURE y los demás Estados miembros,
así como entre los beneficiarios del SURE.
En concreto, el
SURE aportó un valor añadido al fomentar la confianza en la economía y animar
eficazmente a los Estados miembros a establecer regímenes de trabajo a jornada
reducida amplios y ambiciosos a escala nacional. Los datos basados en encuestas
presentados en informes anteriores confirman el impacto específico del SURE. En
primer lugar, el SURE -uno de los primeros instrumentos financieros de la UE
puestos en marcha en respuesta a la COVID-19- contribuyó a mejorar la confianza
económica general al demostrar la capacidad de la UE para responder rápida y
eficazmente a una crisis sin precedentes. En segundo lugar, a través del SURE,
la UE apoyó y fomentó el uso extensivo de los regímenes de trabajo a jornada
reducida (creación de nuevos regímenes o ampliación de los existentes). En
tercer lugar, el SURE reforzó la confianza de los Estados miembros a la hora de
endeudarse y gastar más en medidas de mantenimiento del empleo de lo que lo
habrían hecho en otras circunstancias. Las investigaciones del Centro de
Estudios Políticos Europeos afirman que la adopción de regímenes de jornada
reducida aumentó significativamente durante la pandemia debido en gran parte al
gran incremento de la financiación pública de estas medidas.
La protección del
empleo en los dos primeros años de la pandemia también condujo a una
recuperación más rápida en 2021 que en crisis anteriores. Los datos de las
encuestas muestran que, en 2021, el apoyo del SURE se centró en los sectores
aún muy afectados por la pandemia. El gasto del SURE también se concentró en la
primera mitad del año, cuando las medidas de contención eran más estrictas.
Esto sugiere que el SURE se centró en las necesidades más acuciantes apoyando a
los sectores más afectados.
Concretamente, se
estima que los Estados miembros se han ahorrado un total de 9.000 millones de
euros en pagos de intereses al recibir ayuda financiera a través del SURE. Esta
cifra se explica por las condiciones de financiación muy favorables de que disfruta
la UE y la larga duración media de los préstamos concedidos a los Estados
miembros. El ahorro de intereses estimado aumentó con la novena y última
operación SURE en diciembre de 2022.
Los sistemas de
control y auditoría implantados por los Estados miembros
En consonancia con
sus obligaciones legales, todos los Estados miembros declararon haber
verificado la ejecución de las medidas apoyadas por el SURE, ya sea mediante
controles ex ante o controles ex post, incluida la auditoría (o ambos). Casi
todos los Estados miembros declararon haber controlado todas las medidas
apoyadas por SURE ex ante (antes de que los fondos se entregaran a los
beneficiarios finales). Más de la mitad de los Estados miembros declararon
haber controlado todas o la mayoría de las medidas a posteriori (una vez
liberados los fondos). Otros cinco Estados miembros declararon haber controlado
a posteriori la mayor medida o la medida con mayor riesgo de fraude e
irregularidad. Con el fin de garantizar la correcta utilización de los fondos públicos,
las medidas que no se controlaron ex ante se controlaron ex post.
Ningún Estado
miembro considera que las medidas apoyadas por SURE presenten un alto riesgo de
irregularidades o fraude. Esto se explica a menudo por las condiciones de
elegibilidad legal y claramente definidas que se establecieron y controlaron ex
ante.
En el caso de
irregularidades o fraudes confirmados, todos los Estados miembros recuperaron o
están recuperando los fondos utilizados indebidamente. Concretamente, la
incidencia de irregularidades o fraudes en la mayor medida apoyada por SURE en
cada Estado miembro ha sido en la mayoría de los casos inferior al 2% del gasto
total. La mayoría de los Estados miembros han recuperado hasta ahora más del
75% del importe total adeudado. Además, en los casos de fraude, todos los
Estados miembros tomaron medidas más allá de la recuperación de los fondos
utilizados indebidamente, como la notificación a los organismos de
investigación pertinentes. Algunos Estados miembros comunicaron haber tomado
medidas preventivas como respuesta a fraudes o irregularidades.
La expiración del
instrumento SURE a finales de 2022
La cláusula de
extinción del instrumento SURE entró en vigor el 1 de enero de 2023. El
Reglamento SURE contenía una "cláusula de extinción" que especificaba
que el Instrumento finalizaría el 31 de diciembre de 2022, a menos que el
Consejo decidiera prorrogarlo, a propuesta de la Comisión. El cuarto informe
semestral de septiembre de 2022 no iba acompañado de una propuesta de prórroga
del Instrumento. Las medidas de emergencia del COVID-19 se eliminaron casi por
completo a finales del verano de 2022 y el impacto epidemiológico y económico
del COVID-19 ha seguido una tendencia a la baja a lo largo de 2022. El 5 de
mayo de 2023, la Organización Mundial de la Salud volvió a clasificar el
COVID-19 como un problema sanitario establecido y en curso en lugar de una
emergencia de salud pública de importancia internacional. Esto confirma la
evaluación de la Comisión de que ya no se dan los acontecimientos excepcionales
que justifican la SURE. En los primeros meses de 2023 se ha seguido realizando
un seguimiento minucioso para garantizar la absorción de toda la ayuda
financiera del SURE, que ahora se confirma. El seguimiento de la utilización de
la ayuda financiera SURE finaliza con el presente informe”.
Buena lectura.
