I. Introducción.
Es objeto de
anotación en esta entrada del blog la sentencia dictada por la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo el15 de enero, de la que fue ponente la magistrada
Isable Olmo, también integrada por los magistrados Antonio V. Sempere, Juan
Molins, Juan Martínez y Félix V. Azón.
La resolución
judicial desestima, en los mismos términos que la propuesta formulada por el
Ministerio Fiscal en su preceptivo informe, el recurso de casación interpuesto
por la Abogacía del Estado en nombre y representación de la Sociedad Estatal Correos
y Telégrafos SA SME, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el 20 de mayo de
2024, de la que fue ponente el magistrado Ramón Gallo.
La AN había estimado
la demanda interpuesta, en procedimiento de conflicto colectivo, por la
Confederación Intersindical Galega (CIG), declarando:
“Que la práctica
empresarial cuestionada en la demanda es contraria al ordenamiento jurídico y a
la doctrina sentada en materia de no discriminación y, por tanto, nula; al
imponer al personal laboral temporal de CORREOS condiciones de trabajo menos
favorables en materia de uniformidad que las reconocidas al personal laboral
indefinido y fijo, sin que exista justificación objetiva para establecer
distinciones en esa materia.
- Que el personal
laboral de CORREOS con contrato de duración determinada y temporal tiene
derecho a recibirlas mismas prendas del uniforme que las que la Sociedad
Estatal viene suministrando al personal laboral indefinido y fijo”.
Agradezco al
letrado Manoel Anxo, que asumió la representación y defensa de la parte
demandante en instancia y recurrida en casación, la amabilidad de enviarme el
texto de la sentencia del TS, aún no disponible en CENDOJ, y tampoco en redes
sociales hasta donde mi conocimiento alcanza, cuando redacto este artículo.
La resolución
dictada por la AN fue objeto de detallada atención por mi parte poco después de
su publicación, en la entrada “Uniformidad de vestimenta en el trabajo.
Diferencia de trato injustificada entre trabajadores con contrato indefinido y
temporal, con perjuicio económico para los segundos. Notas a la sentencia de la
AN de 20 de mayo de 2024 (caso Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos) , en la que manifesté que “... El interés de la resolución judicial radica a
mi parecer tanto en el aspecto puramente jurídico, la igualdad de trato como
regla general entre personas trabajadoras con contratos de duración indefinida
y de duración determinadas, como en el de afectación a toda la plantilla de la
empresa y con independencia de que la demanda fuera interpuesta por un
sindicato más representativo en su ámbito autonómico de actuación”.
Dado que la
sentencia del TS confirma en su integridad la dictada en instancia, me ha
parecido necesario recuperar amplios fragmentos del contenido de esta última antes
de pasar al examen de aquella.
II. Sentencia de
la AN de 20 de mayo de 2024
1. El resumen
oficial de la sentencia, que ya permite tener un muy buen conocimiento del
conflicto y del fallo, es el siguiente “Conflicto colectivo. La Audiencia
Nacional estima la demanda de conflicto colectivo interpuesta por CIG frente a
la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y declara que el personal laboral
de CORREOS con contrato de duración determinada y temporal tiene derecho a
recibir las mismas prendas del uniforme que las que la Sociedad Estatal viene
suministrando al personal laboral indefinido y fijo. Se considera que la
práctica de la empresa que limita el acceso gratuito a determinadas prendas de
ropa resulta contrario al principio de no discriminación entre trabajadores
fijos y temporales, sin que la especial naturaleza de la demandada justifique
la misma, máxime cuando está sujeta al Derecho Laboral en su integridad en las
relaciones que mantiene con la plantilla”.
2. En los
antecedentes de hecho conocemos la pretensión de la parte actora, que se
ratificó en la demanda, y los argumentos por los que se opuso la parte
demandada. Para la primera, existía una discriminación por parte empresarial
hacia los trabajadores temporales en materia de uniformidad de vestimenta en el
trabajo, ya que no les facilitaba determinadas prendas de ropa que sí eran
puestas a disposición del personal con contrato indefinido, subrayando que el
no llevar el uniforme durante la jornada de trabajo era considerado falta grave
según la normativa convencional aplicable...
La parte demandada
planteó primeramente cuestiones procesales formales, y más adelante cuestiones
sustantivas o de fondo. Respecto a las primeras, expuso (véase antecedente de
hecho tercero) que
“Correo Express es
una sociedad distinta de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos en la que
CIG no tiene representación, así como CIG carece de implantación en la misma”.
En cuanto a la
segundas,
“Precisó que
Correos entrega a los trabajadores con contrato de duración determinada las
botas, el anorak y el chaleco reflectante, no así los polos de manga larga y
corta, pantalones, largos, cortos y de verano, cinturón, chaleco de invierno y
de verano.
Señaló que Correos
y telégrafos no impone estas prendas a los trabajadores ni a los fijos ni a los
temporales, no existiendo en consecuencia condición laboral, siendo en todo
caso una homogeneización de imagen corporativa.
Invocó el art. 2.1
d) y 2. B) y 3 de la Ley 40/2015 que impone la economía suficiencia,
suficiencia y eficacia, los arts. 2.2 c) y 26 de la Ley General Presupuestaria,
y 3.1 h) y 28 de la Ley de contratos del sector público.
Adujo que el
desconocimiento del número de contratos de temporales impide que se pueda
presupuestar un gasto para los mismos, ni celebrar los correspondientes
contratos de suministro.
Añadió que correos
ha gastado 15M de euros en uniformidad y equipos de protección y solo el 18 por
ciento son de duración determinada.
Defendió que estas
prendas pueden ser compradas por el personal con contrato de duración
determinada.
Negó que
existiesen problemas para los trabajadores temporales de cara a aparcar los
vehículos, o acceder a las viviendas pues están debidamente identificados como
trabajadores de correos”.
3. En los hechos
probados se constata en primer lugar la condición de sindicato más
representativo en Galicia de la CIG, y su presencia en la empresa demandada. A
continuación, se relacionan las “prendas de uniformidad” que la empresa
facilita a los trabajadores con contrato de duración indefinida, así como el
sistema de petición por estos. Se recoge a continuación que todo el personal de
la empresa recibe las prendas que tienen la consideración de Equipo de
Protección Individual (EPI)
Conocemos más
adelante el escrito de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Vigo,
fechado el 8 de mayo de 2023, en el que se requiere a la empresa para que
facilite a los trabajadores temporales la entrega de “prendas de uniforme que
no son calificadas como EPI”, y la respuesta de la empresa que es transcrita
íntegramente.
Además de otros
datos relativos a la actuación empresarial para la contratación de prendas y
calzado corporativo, y a sus cuentas anuales, así como también a la petición
formulada por la parte sindical a la comisión paritaria del convenio,
disponemos (antecedente octavo) del número de trabajadores de la empresa en
toda España el mes de febrero, exactamente “23.492,27 con contrato indefinido y
4328,99 con contrato de duración determinada”.
4. Al entrar en la
resolución del conflicto, la Sala centra con prontitud la cuestión a la que
debe dar respuesta, cual es “si la práctica empresarial que se impugna en
virtud de la cual únicamente tienen acceso gratuito a determinada ropa de
trabajo los trabajadores con vínculo contractual indefinido de la empresa
demandada, resulta o no ajustada a derecho”.
La Sala repasa en
primer lugar la normativa comunitaria, en concreto la Directiva 1999/70/CE y el
Acuerdo Marco anexo, cuya cláusula 4, recordemos, regula el principio de no
discriminación y dispone en su apartado 1 que “Por lo que respecta a las
condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de
duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos
comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a
menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas”. A
continuación, el repaso o recordatorio es de la normativa estatal, en concreto
del art. 15.6 de la Ley del Estatuto de los trabajadores, que en los mismos
términos que la normativa de la Unión dispone en su primer párrafo que “Las
personas con contratos temporales y de duración determinada tendrán los mismos
derechos que las personas con contratos de duración indefinida, sin perjuicio
de las particularidades específicas de cada una de las modalidades contractuales
en materia de extinción del contrato y de aquellas expresamente previstas en la
ley en relación con los contratos formativos. Cuando corresponda en atención a
su naturaleza, tales derechos serán reconocidos en las disposiciones legales y
reglamentarias y en los convenios colectivos de manera proporcional, en función
del tiempo trabajado”.
Procede la Sala a
continuación a repasar la jurisprudencia de la Sala Social del Tribunal Supremo
sobre el principio general de no discriminación, con una amplia transcripción
de la sentencia de 20 de marzo de 2024,
de la que fue ponente el magistrado Sebastián
Moralo, que a su vez se remite a resoluciones anteriores, y recuerda
igualmente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto sobre los
límites a la diferencia de trato entre trabajadores según la duración de su
contrato. ..
Del conjunto de la
normativa y jurisprudencia reseñada, la Sala concluye que la diferencia de
trato en la empresa respecto a las prendas de uniformidad que pone a
disposición de trabajadores con contrato indefinido, por una parte, y de
aquello con contrato de duración determinada, por otra, vulnera el principio,
comunitario y estatal, de no discriminación.
5. Ahora bien,
dado que sabemos que la diferencia puede estar justificada si existe una razón
objetiva para ello, la Sala entra en el examen de las alegaciones de la parte
empresarial respecto a la “especial naturaleza” de la empresa.
A tal efecto, pasa
revista a la normativa aplicable a las relaciones laborales en las sociedades
mercantiles estatales, con una muy amplia transcripción de su sentencia de 28 de febrero de 2023, de la que fue
ponente el mismo magistrado que el de la ahora analizada, en la que hace
mención al art. 2 de la Ley de régimen jurídico del sector público y al art.
2.2 de la Ley General Presupuestaria, para entrar en el art. 113 de la primera
norma que regula el régimen jurídico aplicable a las sociedades mercantiles
estatales, mencionar el art. 166.2 de la Ley de patrimonio de las
Administraciones Públicas, y concluir con el art. 2.1 de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público.
Del examen de toda
dicha normativa, ahora al presente supuesto, se concluye que la empresa
demandada debe respetar plenamente la normativa laboral estatal aplicable, es
decir el art. 15.6 de la LET, ya que “ Los principios de eficiencia, y economía
en el uso de los recursos que proclama el art. 3 de la Ley 40/2015 y que ha
invocado el Abogado del Estado deben entenderse en el marco del sometimiento
pleno a la Constitución y a la Ley que proclama el propio artículo 3 en el
primero de sus párrafos, lo que hace que no puedan justificar una situación de
discriminación proscrita por un mandato legal” (la negrita es mía).
6. Por parte
empresarial se alegó la dificultad de conocer el número de trabajadores con
contrato de duración determinada cuando se abre un contrato de suministros que
está sujeto a la Ley de contratos del sector público, tesis que es rechazada
por la Sala ya que “resulta contradictoria con el hecho de que se proporcionen
tanto a unos como a otros aquellas prendas que son consideradas equipos de
protección individual, para las que sin duda deberán celebrarse contratos de
suministro en los que estimará el número de trabajadores temporales”, por lo
que “carece de la mínima consistencia”.
Por último, se
alegó que, a diferencia de la tesis mantenida por la parte demandante, la
uniformidad no era obligatoria para quienes no se les proporcionan las mismas
prendas (es decir a los trabajadores temporales con respecto a los que tienen
contrato indefinido), ya que el art. 84 conceptúa como falta grave “No prestar
servicio con uniforme cuando el trabajador/a esté obligado a ello y disponga de
los medios necesarios para su uso”. Siendo evidentemente cierta la alegación
empresarial, no afecta a la cuestión objeto de debate en el presente litigio,
cual era, recuerda la Sala antes de llegar al fallo, “si el trabajador con
contrato de duración de determinada tiene derecho a que le sean proporcionadas
de forma gratuita determinadas prendas de trabajo tal y como tienen derecho los
empleados con contrato indefinido”.
7. En definitiva,
la demanda será estimada por existir una diferencia de trato no justificada en
cuanto que, tal como ha quedado probado, los trabajadores temporales para
acceder a determinadas prendas de ropa que facilitan su función “deben
sufragarlas por sí mismos”, mientras que al resto de la plantilla las mismas
“le son proporcionadas por la empresa de forma gratuita”.
III. Sentencia delTS de 15 de enero de 2026.
1. Finalizaba mi
comentario de la sentencia de la AN con esta frase: “A la espera del recurso de
casación que pueda interponer la empresa, algo que desconozco cuando redacto
este artículo y que me parece muy probable, buena lectura”.
Esta vez acerté en
mi suposición. En efecto, se interpuso de recurso de casación, al amparo de los
apartados “c) y e)” (sic) del art. 207 de la Ley reguladora de la jurisdicción
social (si bien parece referirse al apartado d en la explicación posterior).
Respecto a la infracción de normativa y jurisprudencia aplicable, la parte
recurrente sostuvo la infracción de la cláusula 4 del Acuerdo Marco anexo a la
Directiva 1999/70/CE (principio de no discriminación), en relación con el art.
15 de la Ley del Estatuto de los trabajadores (“principalmente” sostiene la
recurrente, “en sus párrafos 6 a 8), y el art. 31.2 de la Constitución, “desarrollado
por el art. 69.1 de la Ley General Presupuestaria 47/2003 de 26 de noviembre”.
2. La Sala centra
con prontitud la cuestión a la que debe dar respuesta, que no es otra que “... determinar
si el personal laboral de Correos con contrato de duración determinada tiene
derecho a recibir las mismas prendas del uniforme que las que la Sociedad
Estatal viene suministrando al personal laboral indefinido y fijo, incurriendo
la demandada en causa de discriminación entre trabajadores indefinidos y
temporales” (la negrita es mía).
En esta ocasión, y
tras efectuar la Sala una síntesis en el fundamento de derecho primero de la
sentencia de la AN, conocemos detalladamente las tesis del Ministerio Fiscal
para oponerse a los dos motivos del recurso. El primero, por haber cumplido
correctamente el tribunal de instancia con los deberes fijados por el art. 97.2
de la LRJS. El segundo, porque la actuación de la empresa “... vulnera de modo palmario el principio de no
discriminación establecido en la cláusula 4ª de la citada Directiva en
concordancia con el artículo 15.6 ET, sin que concurra razón objetiva alguna
que justifique su proceder, lo que ya puso de manifiesto el propio informe de
la Inspección de Trabajo de 8 de junio de 2023”, con cita de la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 104/2004
de 28 de junio, de la que fue ponente el magistrado Javier Delgado (síntesis
analítica: “Actos propios. Procesos constitucionales: coadyuvante, denegado.
Recurso de amparo: comparecencia de terceros interesados; legitimación”).
3. La Sala desestimará
la modificación de hechos probados solicitada por la recurrente, siendo todas
las pretensiones intrascendentes para la modificación del fallo (véase con
detalle el fundamento de derecho segundo). La del hecho probado cuarto, porque “...
no trata de introducir un hecho probado, ya que trata de decir que “no consta
que se impusiera sanción por estos hechos”, lo que por otro lado ya se
recoge como hecho no controvertido, de modo que no es preciso que se incorpore
al relato fáctico”. La del hecho probado sexto, porque “ya se ha dado
por reproducida dicha memoria por la Sala de instancia, de manera que no es
preciso que se incorporen extractos de la misma, pudiendo la parte recurrente
hacer valer cualquiera de sus contenidos a la hora de cuestionar la decisión
alcanzada en la instancia”. La del hecho
probado séptimo, porque se basa “en el mismo documento valorado por la Sala,
sin error que sea preciso corregir, siendo que la misma ha dado por
reproducidas dichas Cuentas lo que hace innecesario hacer constar ese extremo
contenido en las mismas”. La del hecho probado octavo, porque “no trata de
enmendar error de la Sala, siendo además que el dato que se pretende
incorporar no es trascendente para resolver la cuestión litigiosa” (la
negrita es mía).
4. Desestimadas
las peticiones de modificación solicitadas, todas ellas impugnadas tanto por la
parte recurrida como por el Ministerio Fiscal, la Sala se adentra en el examen
de las cuestiones sustantivas o de fono, planteadas al amparo del apartado e)
del art. 207 de la LRJS
En apretada
síntesis, la argumentación de la recurrente se basó en primer lugar en que la
cláusula 4 del Acuerdo Marco solo prohíbe la discriminación “por razón de antigüedad”,
y que “ni la Directiva ni la legislación nacional se refiere a la entrega de
ropa no necesaria para la ejecución del trabajo”. Reprodujo gran parte de los argumentos que se
expusieron ante la AN, sosteniendo la existencia de razones objetivas que justificaban
la diferencia de trato como la corta duración de los contratos temporales, “que
puede provocar que la ropa llegue al centro de trabajo cuando el contrato
temporal ya haya expirado o el trabajador se encuentre en otro centro de
trabajo, haciendo ineficiente el gasto público o encareciendo el gasto por
tener que mandarlo a otro sitio”, y destacó la importancia del principio de
eficiencia en la asignación de los recursos públicos para sostener que “cuando
la decisión empresarial del sector público depende de partidas presupuestarias,
no parece que la empresa pública se rija por el mismo régimen jurídico que las
empresas privadas, concurriendo una situación de proporcionalidad en la
distinción entre temporales y fijos, teniendo en cuenta además el elevado
coste de la uniformidad unido al hecho de que Correos tiene pérdidas” (la
negrita es mía).
Añado por mi parte
que, como puede comprobarse, se trata de argumentos básicamente de contenido
económico, reiteradamente rechazados por la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea en sentencias en las que ha debido pronunciarse
sobre la posible existencia de discriminación entre trabajadores con contratos
indefinido y aquellos que tienen contrato temporal, siempre que puedan ser
objeto de comparación.
Las tesis de la
parte recurrente son, como era lógico esperar, radicalmente rechazadas por la
parte recurrida, que destacó el carácter “puramente economicista” del recurso,
con tesis que vulneraban el principio de igualdad, afirmando de manera harto
más que contundente, que “... con la eficiencia predicada por la Abogacía del
Estado, sería mucho más eficiente, aún, que los trabajadores temporales ni
siquiera tuviesen derecho a vacaciones”. En definitiva, según su parecer, las
tesis de la parte recurrente supondrían, de prosperar, un cuestionamiento de un
principio básico de la relación laboral cuál es el de velar por la seguridad y
salud en el trabajo.
5. Antes de
responder a la parte recurrente, la Sala pasa revista a la normativa aplicable,
en concreto la cláusula 4 del Acuerdo Marco, y el art. 15.6 de la LET,
analizando en primer lugar si el uso de uniforme de trabajo debe incluirse
dentro del concepto de “condiciones de trabajo” , en los términos fijados tanto
por la normativa comunitaria como por la nacional, y concluye, con pleno
acierto a mi parecer, que la respuesta ha de ser afirmativa, ya que las prendas
que se ponen a disposición del personal con contrato indefinido, y no del
temporal, “constituyen lo que se ha denominado “uniformidad”, de modo que no
solo se utilizan para la prestación de los servicios, sino que es evidente que las
mismas cumplen la función de identificar a la persona trabajadora con la
empresa para la que prestan servicios. El uniforme forma parte de la marca
corporativa y ayuda a garantizar la profesionalidad, así como genera confianza
en la ciudadanía, respecto de quién se dirige a ella para la entrega de un
paquete o correo. De este modo, el personal interino debe prestar sus
servicios con su propia indumentaria, sin la seguridad, transparencia y
confianza que el uniforme le genera al empleado fijo, sin olvidar el ahorro de
gasto que supone para el personal fijo el disponer de prendas entregadas por la
empresa para realizar el trabajo, beneficio del que no gozan los trabajadores
temporales” (la negrita es mía).
6. Afirmada ya la
existencia de una condición de trabajo, aplicable a todo el personal con independencia,
en principio, de la modalidad contractual, se trata de comprobar si existen “razones
objetivas” que justifiquen la diferencia de trato, y no las encontrará el TS
tras ponerse de manifiesto que los trabajadores con contratos indefinidos y
temporales se hallan en una situación comparable y “realizan las mismas tareas
y funciones”, apoyándose en la sentencia del TJUE de 3 de junio de 2025, asunto
C-268/24
La citada
sentencia fue objeto de atención por mi parte en la entrada “UE. Discriminación
en las ayudas para formación entre profesorado titular y profesorado interino
con sustituciones de corta duración (Italia). Notas a la sentencia del TJUE de
3 de julio de 2025 (asunto C-268/24)” de la que reproduzco algunos fragmentos en los que se apoya precisamente
nuestro TS en la sentencia ahora analizada
“Tercer punto a
debate: ¿existen razones objetivas que justifiquen la diferencia de trato entre
el profesorado titular y el profesorado sustituto de corta duración?
Para responder, el
TJUE sintetiza su más que consolidada jurisprudencia al respecto, con nuevas
menciones al auto de 18 de mayo de 2022 (asunto C-450/21) y a la sentencia de
20 de febrero de 2024 (asunto C-715/20).
No olvida el TJUE
subrayar, primeramente, el “amplio margen” del que disponen los Estados
miembros para definir las medidas que permitan dar prioridad a un objetivo en
materia de política social y de empleo, con apoyo en su sentencia de 7 de marzo
de 2021 (asunto C-652/19), que mereció mi atención en la entrada “Despido
colectivo no ajustado a derecho (en Italia). 349 trabajadoras y trabajadores
readmitidos, 1 indemnizada ..., y es válido y no hay discriminación para el
TJUE. Notas a la sentencia de 17 de marzo de 2021 (asunto C-652/19)” , de la
que reproduzco este fragmento:
“Voy concluyendo
esta entrada, y lo hago con mención de esas “frases cortas” que, a modo de
interrogante propio de series policiales nos deja el TJUE a las y los juristas
que procedamos a su “interpretación autentica” y que tantos ríos de tinta hacen
correr con posterioridad (incluso con reinterpretación, como ocurrió cuando el
TS español dejó de referirse a la contratación “inusualmente larga” para
convertirla en “injustificadamente larga”). Será el tribunal nacional el que
deba realizar todas la comprobaciones pertinentes para concluir si la medida
adoptada por el legislador italiano es ajustada a derecho, siempre partiendo de
las consideraciones anteriormente efectuadas por el TJUE sobre el carácter
apropiado y necesario de la medida de incentivar la contratación de unos a
cambio de la desprotección de otros, y desde el presupuesto aceptado por el
tribunal europeo de que la medida de
asimilación a una nueva contratación de la transformación de un contrato
temporal en indefinido “… se inserta en un contexto particular, tanto desde el
punto de vista fáctico como jurídico, que justifica excepcionalmente la
diferencia de trato”.
Ahora bien, ese
“amplio margen” tiene un límite reiteradamente señalado por el TJUE y que en
esta sentencia vuelve a recordar, cual es que la diferencia de trato “responda
a una necesidad auténtica y no proceda, en realidad, de una elección que se
asemeja más bien a un criterio basado, de manera general y abstracta,
exclusivamente en la duración misma de la relación laboral”, ya que “...
admitir que la mera naturaleza temporal de una relación laboral basta para
justificar una diferencia de trato entre trabajadores con contrato de duración
determinada y trabajadores fijos vaciaría de contenido los objetivos de la
Directiva 1999/70 y del Acuerdo Marco y equivaldría a perpetuar el
mantenimiento de una situación desfavorable para los trabajadores con contrato de
duración determinada”, debiendo nuevamente ser el órgano jurisdiccional
remitente el que aprecie si se da o no dicha razón ...
... “... aunque
las consideraciones de índole presupuestaria puedan ser el motivo de las
opciones de política social de un Estado miembro e influir sobre la naturaleza
o el alcance de las medidas que este desea adoptar, no justifican un objetivo
perseguido por esta política y, por tanto, no pueden justificar la aplicación
de una normativa nacional que dé lugar a una diferencia de trato en perjuicio
de los trabajadores con contrato de duración determinada”.
Con todo este
bagaje jurisprudencial del TJUE trasladado al caso ahora examinado, la Sala
concluye en primer lugar que “... Ningún objetivo de política social se ha
alegado, más allá de aludir a los procesos de consolidación en trámite, para
poner de manifiesto que ello permitirá reducir la temporalidad, de modo que se
considera que es ineficiente y difícil exigir ahora esa igualdad de trato en la
entrega de las prendas de uniformidad. Así es que se tilda de “ineficiente” la
implementación de la medida en cuestión precisamente en atención a la rotación
del personal temporal, de manera que la propia temporalidad se convierte en el
argumento para justificar la diferencia de trato”.
Y, en segundo
término, con más apoyo de la citada sentencia del TJUE, que el argumento
económico “no puede justificar la diferencia de trato”, con una dura crítica a
la tesis de la recurrente, que combina a mi parecer la reflexión jurídica y la
social, al defender la Sala que “... La buena gestión del dinero público
también se debe predicar en relación a la adecuada utilización de la
contratación temporal, especialmente elevada en la entidad pública demandada,
sin que sea de recibo afirmar que el acceso al suministro de ropa de uniforme
lo es para mera satisfacción del empleado”, y reitera lo ya expuesto con
anterioridad al afirmar que “es evidente que el uniforme cumple una función y
que el dotar de las prendas de ropa antes enumeradas supone no solo un
beneficio económico para el personal fijo sino también el cumplimiento de su
prestación laboral en condiciones de profesionalidad, transparencia y
confianza, para lo cual no pueden ser esgrimidas razones presupuestarias” (la
negrita es mía).
7. Por todo lo
anteriormente expuesto, el TS desestima el recurso de casación, y confirma y
declara la firmeza de la resolución recurrida.
Buena lectura.
