Políticas activas de empleo. Aprobación del presupuesto para 2025 y del nuevo marco de financiación plurianual 2026-2029 (y una nota sobre la Recomendación del Consejo UE de 13 de mayo sobre la política económica de la zona del euro)

 

1. El Consejode Ministros celebrado el 13 de mayo    , aprobó, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, destinar un total 2.571.961.030 euros para políticas activas de empleo y su distribución entre las Comunidades Autónomas, quedando pendiente de su aprobación, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente (Ley 3/2023 de 29 de febrero de Empleo) por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, y así se ha producido en la reunión de esta que se ha celebrado el 21 mayo 

El texto presentado por el MITES al Consejo de Ministros llevaba por título “Acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial de créditos gestionados por las comunidades autónomas con competencias estatutariamente asumidas en el ámbito de políticas activas de empleo, con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal, para el ejercicio presupuestario 2025, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, por un importe de 2.571.961.030 euros, y se autorizan los criterios de distribución de créditos para los ejercicios 2026, 2027, 2028 y 2029”.

En el mismo, se formulaba la propuesta de distribución de fondos para 2025 de acuerdo a los dispuesto en la Ley 47/2003 de 26 de diciembre, art. 86.2, que dispone que

“2. En la ejecución de los créditos que hayan de distribuirse territorialmente a favor de las comunidades autónomas, para su gestión y administración, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

.... Cuando el importe total a distribuir fuera superior a 12 millones de euros, deberá recabarse con carácter previo a la convocatoria de la Conferencia Sectorial, la autorización del Consejo de Ministros. La citada autorización no conllevará la aprobación del gasto, que corresponderá al órgano competente en cada caso. A efectos de recabar la autorización, se remitirá propuesta de distribución a someter a la Conferencia Sectorial.

... La aprobación del gasto deberá realizarse por el órgano competente con carácter previo a la celebración de la Conferencia Sectorial.

... Tercera. La propuesta de distribución del crédito que se someta a la Conferencia Sectorial habrá de supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, por lo que con carácter previo a la autorización del Consejo de Ministros, en su caso, y a la aprobación por el órgano competente del gasto total máximo que podrá ser objeto de distribución, se recabarán los informes que de acuerdo con la normativa resulten preceptivos. Por parte de la Administración General del Estado, se podrán establecer en los casos en que ello resulte justificado, reservas generales de créditos no distribuidos en el origen con el fin de cubrir necesidades o demandas imprevistas a lo largo de la ejecución del presupuesto”

Igualmente, se autorizaban los criterios de distribución de fondos de los años 2026, 2027, 2028 y 2029 a las CC AA, También sometidos a la aprobación de la citada Conferencia Sectorial. La base jurídica para ello se encuentra con carácter general en el art. 47.2 de la Ley 47/2003, que regula el compromiso de gasto e carácter plurianual y dispone que

“... El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a cuatro. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la operación los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por ciento, en el segundo ejercicio, el 60 por ciento, y en los ejercicios tercero y cuarto, el 50 por ciento

Y con carácter concreto, en el art. 62.2 de la Ley 3/2023, que dispone que

“Para posibilitar la realización de una gestión a medio plazo por parte de las Comunidades Autónomas, por Acuerdo del Consejo de Ministros, previo informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública, se podrán acordar los criterios de distribución de carácter plurianual y distribución de los fondos para ejercicios futuros, siempre que no superen los límites y las anualidades fijadas en el artículo 47.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, sin que resulte de aplicación lo previsto en el apartado tercero de este artículo.

Estos criterios deberán tenerse en cuenta en la elaboración de los respectivos Presupuestos Generales del Estado con los límites recogidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 27 de noviembre y en el marco de la disponibilidad presupuestaria.

Lo previsto en el presente apartado únicamente se aplicará a aquellas Comunidades Autónomas que cumplan los objetivos previamente fijados, que tendrán en cuenta los resultados de las evaluaciones externas o internas realizadas a los miembros del Sistema Nacional de Empleo, de cara a garantizar la eficacia y eficiencia en la ejecución de las políticas activas de empleo”.

En fin, en la propuesta de Acuerdo se concretaba que tenía por objeto “...  exclusivamente la autorización de los criterios de distribución de fondos con carácter previo a la celebración de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales donde se fijarán estos criterios, criterios que figuran en el anexo I, así como la distribución resultante de su aplicación entre las comunidades autónomas para la ejecución de los programas y servicios en el ámbito laboral por ser de importe total superior a doce millones de euros”.

2. En la nota de prensa del Consejo de Ministros, y también en la publicada por el MITES el mismo día , se explicaba que

“... Esta inversión presupuestaria permitirá gestionar los programas de empleo y formación para el trabajo profesional para el empleo, que le correspondan normativamente, y estén consignados en el presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal. Además, incorpora un marco de financiación plurianual hasta el año 2029 para dar continuidad a la ejecución de las políticas activas de empleo y proporcionar estabilidad al Sistema Nacional de Empleo.

Respecto a la formación para el trabajo, estos fondos financiarán, la formación en alternancia, la formación con compromiso de contratación, la ligada al diálogo social y la negociación colectiva y así como las convocatorias de formación de oferta para ocupados cuando estas acciones formativas no estén ligados a los certificados profesionales y estén vinculadas al Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo.

Respecto de las subvenciones destinadas a financiar la formación en materias relativas al diálogo social y la negociación colectiva, estos fondos, entre otras cuestiones, servirán para priorizar la formación en materia de algoritmos o sistemas de inteligencia artificial en atención al derecho de los representantes de las personas trabajadoras previsto en el artículo 64.4.d) del Estatuto de los Trabajadores, o en materia de negociación de protocolos de actuación relativos a medidas de prevención de riesgos frente a catástrofes y otros fenómenos meteorológicos adversos, previsto como contenido de los convenios colectivos por el artículo 85.1 del mismo texto legal.

Los fondos que, finalmente, recibirán las comunidades autónomas se repartirán en torno a estas cuatro iniciativas y programas:

 

Servicios y Programas de Políticas Activas de Empleo: Empleo y Formación.	1.424.300.250 €
Iniciativas de formación profesional para el empleo dirigidas a personas ocupadas y desempleadas que no corresponden a certificados profesionales.	440.554.480 €
Iniciativas de formación en alternancia en el empleo	633.606.300 €
Modernización Servicios Públicos de Empleo	73.500.000 €
TOTAL	2.571.961.030 €

Los criterios de distribución aprobados también tendrán en cuenta el grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Anual de Fomento del Empleo Digno 2024.

Su impacto en la mejora de la empleabilidad será evaluado dentro del Plan Anual de Fomento del Empleo Digno 2025.

Además, se orientarán al desarrollo de las iniciativas que hubieran mostrado un mayor impacto en la mejora de la empleabilidad”.

3. La importancia de la financiación plurianual fue destacada por mi parte en el análisis de la Ley de Empleo, en concreto en la entrada “Apuntes sobre la nueva Ley de Empleo. Cambios sobre el RDLeg. 3/2015 de 23 de octubre. , en la que manifestaba que  

“... Toda norma que pretenda un cumplimiento adecuado de su contenido, de sus derechos y obligaciones por parte de todos los sujetos implicados, debe estar dotada de la financiación adecuada, y sobre esta concreción ya me he detenido con anterioridad. A esta temática se destina el título V, arts. 62 a 65, siendo especialmente importante a mi parecer destacar dos normas que afectan especialmente a quienes llevan a cabo en su gran mayoría las políticas activas de empleo, es decir las CCAA y que disponen de los fondos distribuidos anualmente en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

En primer lugar, la medida adoptada para posibilitar una gestión a medio plazo por estas, “ por Acuerdo del Consejo de Ministros, previo informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública, se podrán acordar los criterios de distribución de carácter plurianual y distribución de los fondos para ejercicios futuros, siempre que no superen los límites y las anualidades fijadas en el artículo 47.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, sin que resulte de aplicación lo previsto en el apartado tercero de este artículo”. En segundo término, “Como excepción a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en el caso de que las Comunidades Autónomas cumplan los requisitos y objetivos previamente fijados, serán objeto de devolución al Estado los remanentes de créditos no comprometidos hasta el 31 de marzo del ejercicio siguiente al que fueron asignados”.

4. Como acabo de exponer, el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros requiere la aprobación de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Su regulación se encuentra en el art. 9 de la Ley 3/2023, conceptuándola como

“el órgano de colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de política de empleo. Estará presidida por la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social y estará constituida por los miembros de los Consejos de Gobierno, de las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, con competencias en materia de empleo”.

Se le asignan “las funciones consultivas, decisorias o de coordinación y cooperación en materia de empleo y asuntos laborales, en el marco de la Estrategia Europea de Empleo, las políticas de empleo de las administraciones territoriales con el objetivo de optimizar la capacidad de los servicios públicos de empleo de acompañar a las personas y entidades demandantes de los servicios de empleo para mejorar su empleabilidad y facilitar la intermediación o colocación laboral”. Y entre otras funciones, le corresponde:

“d) Acordar los criterios de distribución de los créditos presupuestarios destinados a Comunidades Autónomas, así como a gestionar por la Agencia Española de Empleo los servicios y programas señalados en el artículo 22 h) y deliberar sobre los programas desarrollados con cargo a esos créditos, según lo establecido en el artículo 62.

e) Acordar la asignación de recursos financieros para el sistema de formación en el trabajo en el ámbito de las Comunidades Autónomas”.

5. Pues bien, como ya he indicado al inicio de mi exposición, la Conferencia sectorial celebrada el 21 de mayo ha aprobado la distribución territorial de los recursos económicos antes referenciados y los criterios de distribución de créditos para el período 2026-2029 “para dar continuidad a la ejecución de las políticas activas de empleo y proporcionar estabilidad al Sistema Nacional de Empleo”    

En la muy amplia y detallada nota de prensa del MITES, publicada inmediatamente después de finalizada la reunión, se enfatiza también que “...  Por primera vez se priorizan fondos para la formación en algoritmos, inteligencia artificial, prevención de riesgos frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos.  El 20% de los fondos distribuidos en cada ejercicio se destinarán a las atenciones que hubieran mostrado un mayor impacto en la mejora de la empleabilidad del Plan Anual de Fomento del Empleo Digno del año inmediatamente anterior. Un 29% de los fondos se distribuirán en función del grado de cumplimiento del PAFED de 2024.  633 millones de euros se destinarán a colectivos prioritarios como ciudadanos de etnia gitana, parados y paradas de larga duración y personas jóvenes”.

Reproduzco a continuación la restante parte del contenido de la nota de prensa:

“... Respecto a la formación para el trabajo, estos fondos financiarán, la formación en alternancia, la formación con compromiso de contratación, la ligada al diálogo social y la negociación colectiva y así como las convocatorias de formación de oferta para ocupados cuando estas acciones formativas no estén ligados a los certificados profesionales y estén vinculadas al Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo.

Las subvenciones destinadas a financiar la formación en materias relativas al diálogo social y la negociación colectiva, estos fondos, entre otras cuestiones, servirán para priorizar la formación en materia de algoritmos o sistemas de inteligencia artificial en atención al derecho de los representantes de las personas trabajadoras previsto en el artículo 64.4.d) del Estatuto de los Trabajadores, o en materia de negociación de protocolos de actuación relativos a medidas de prevención de riesgos frente a catástrofes y otros fenómenos meteorológicos adversos, previsto como contenido de los convenios colectivos por el artículo 85.1 del mismo texto legal.

Cada comunidad autónoma percibirá el 70% del importe asignado en base a los criterios de aplicación del artículo 62.2 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero de Empleo.

El programa destinado a reforzar los medios personales dedicados a labores de orientación y prospección de empleo en los Servicios Públicos de Empleo con 3.000 personas y las subvenciones destinadas a financiar la formación en materias relativas al diálogo social y la negociación colectiva se distribuirán en la misma cantidad asignada a cada comunidad autónoma en 2024.

 La cantidad restante, que supone un 28,91% del total de fondos asignados en 2025, se distribuirá entre las comunidades autónomas en función en del grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el PAFED de 2024, teniendo en cuenta el esfuerzo realizado en las atenciones que mayor impacto positivo tuvieron en la empleabilidad, el porcentaje de personas perceptoras de prestaciones atendidas, el esfuerzo dedicado a la formación, la calidad de sus redes de orientación laboral, y el valor obtenido en los Índices de Cumplimiento de Objetivos definidos en el PAFED 2024.

Un 20% de los fondos asignados en 2024, esto es 514.392.206 euros, se orientará al desarrollo de los objetivos relativos a las atenciones que hubieran mostrado un mayor impacto en la mejora de la empleabilidad según se indique en el Plan Anual de Fomento del Empleo Digno de 2025.

Los fondos que, finalmente, recibirán las comunidades autónomas se repartirán en torno a estas cuatro iniciativas y programas:

 

Servicios y Programas de Políticas Activas de Empleo: Empleo y Formación.	1.424.300.250 €
Iniciativas de formación profesional para el empleo dirigidas a personas ocupadas y desempleadas que no corresponden a certificados profesionales.	440.554.480 €
Iniciativas de formación en alternancia en el empleo	633.606.300 €
Modernización Servicios Públicos de Empleo	73.500.000 €
TOTAL	2.571.961.030 €

 

 

Su impacto en la mejora de la empleabilidad será evaluado dentro del Plan Anual de Fomento del Empleo Digno 2025.

 

Además, se orientarán al desarrollo de las iniciativas que hubieran mostrado un mayor impacto en la mejora de la empleabilidad.

 

 

                                         

Comunidad Autónoma		TOTAL: FORMACIÓN, EMPLEO, FLEXIBILIDAD Y MODERNIZACIÓN 2025
1	Andalucía	417.997.869
2	Aragón	87.582.102
3	Asturias	82.943.390
4	Illes Balears	62.543.675
5	Canarias	157.073.222
6	Cantabria	38.451.322
7	Castilla- La Mancha	123.475.931
8	Castilla y León	162.281.075
9	Cataluña	414.208.541
10	Comunidad Valenciana	243.319.510
11	Extremadura	121.258.194
12	Galicia	195.421.931
13	Madrid	344.658.108
14	Murcia	73.296.375
15	Navarra	32.885.171
16	La Rioja	14.564.614
Total para todas las CCAA		2.571.961.030

 

6. La aprobación de las partidas presupuestarias destinadas a las Políticas Activas de Empleo para 2025 y la fijación de criterios de distribución plurianual para los años 2026 a 2029 coincide en el tiempo con la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de la Recomendación del Consejo de 13 demayo de 2025 sobre la política económica de la zona del euro , en cuyo contenido se contienen amplias referencias a las políticas económicas y laborales que inciden directamente en el empleo y que deben marcar las actuaciones de los distintos poder públicos en sus respectivos ámbitos competenciales.

Por ello, he seleccionado aquellos fragmentos que a mi parecer guardan, de manera directa o indirecta, relación con las PAE que ya existen en España, y cuyo contenido deberá tenerse en consideración, sin duda, en las medidas que se adopten próximamente.

“ (4) ... A pesar del debilitamiento de la actividad económica, los mercados laborales se mantuvieron sólidos en 2024. Entre finales de 2022 y mediados de 2024, el número de puestos de trabajo alcanzó un máximo histórico en la zona del euro tras incrementarse en tres millones. El empleo creció con fuerza para todos los grupos de edad, sexo y nivel de formación. Los índices de actividad también han aumentado hasta alcanzar un nuevo máximo en 2024, aunque persisten las dificultades en particular para las mujeres, las personas jóvenes y mayores, la población romaní y las personas con discapacidad. Al igual que muchas otras economías avanzadas, la zona del euro se ha beneficiado de grandes flujos migratorios, entre ellos los procedentes de Ucrania y otras zonas, que se han sumado a la oferta de mano de obra y han ayudado a reducir la escasez de esta y de capacidades en algunos sectores y países. En octubre de 2024 la tasa de desempleo de la zona del euro se estabilizó en torno al mínimo histórico del 6,3 %. En los últimos tiempos, la creciente tendencia a la escasez de mano de obra y de personal cualificado, derivada de la disminución de la población en edad de trabajar y de la demanda de nuevas competencias, que se recrudeció por la rápida recuperación de la recesión provocada por la pandemia, se ha moderado levemente. No obstante, persiste una importante escasez de mano de obra en múltiples sectores. La solidez de los beneficios empresariales y la evolución de los balances han contribuido a la pujanza en la demanda de mano de obra. Últimamente se ha observado una disminución en el número de empresas que manifiestan que la mano de obra es un factor limitativo para su producción, y la tasa de vacantes de empleo se ha reducido tras alcanzar máximos históricos, aunque ambas cifras siguen siendo elevadas y se sitúan por encima de los niveles anteriores a la pandemia.

(5) En 2023 y 2024, los salarios nominales aumentaron debido a la situación de elevada inflación y a un mercado laboral restringido. En el segundo trimestre de 2024, la remuneración nominal por empleado creció un 4,5 % (media de la zona del euro) en comparación con el mismo período de 2023, una tasa ligeramente inferior a la observada en 2023. En las previsiones económicas del otoño de 2024 de la Comisión, se prevé un crecimiento fuerte de los salarios nominales en 2024 y su moderación en 2025. Los salarios reales, que disminuyeron en 2022 y en el primer semestre de 2023, comenzaron a recuperarse en el tercer trimestre de 2023. El incremento de los beneficios de las empresas en los últimos años y su posterior disminución sugieren que estas están absorbiendo los aumentos salariales mediante la reducción de sus márgenes de beneficio en lugar de mediante la subida de los precios. El restablecimiento gradual que están experimentando los salarios reales refleja, en gran medida, una dinámica de recuperación y la expectativa actual de crecimiento de los salarios nominales y la productividad parecen coherentes con el retorno al objetivo de inflación a medio plazo del 2 %. En el último año, las rentas situadas en el tramo inferior recibieron el apoyo de las transferencias públicas y de los aumentos del salario mínimo. Sin embargo, son necesarios esfuerzos adicionales para promover salarios adecuados y empleos de calidad, ya que el riesgo de pobreza sigue siendo solo marginalmente inferior al de 2019 y las dificultades financieras de los hogares siguen siendo elevadas tras haber aumentado durante la crisis energética, tanto para los hogares de renta baja como de renta media-baja.

RECOMIENDA que, durante el período 2025-2026, los Estados miembros de la zona del euro adopten medidas individualmente, en particular mediante la aplicación de sus planes de recuperación y resiliencia, y colectivamente, dentro del Eurogrupo, con el fin de:

... Promover la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional de los trabajadores, especialmente en el contexto del cambio demográfico, así como los empleos de calidad, con vistas a aumentar la productividad y apoyar una transición verde y digital justa. Seguir incrementando la participación en el mercado de trabajo mejorando, entre otras, las políticas activas del mercado de trabajo. Mejorar las políticas de educación y formación, incluidas las políticas de educación y formación profesionales, con el fin de mejorar los resultados educativos y garantizar una mejor adecuación entre la oferta y la demanda de capacidades.

... Facilitar la integración de los grupos infrarrepresentados en el mercado laboral, en particular las mujeres, las personas jóvenes, las personas mayores, las personas poco cualificadas, las personas con discapacidad y las personas de origen migrante. Eliminar los obstáculos a la participación de la población activa, en particular mejorando el acceso a la educación y la atención de la primera infancia y a los cuidados de larga duración, así como su calidad. Adoptar medidas para mejorar las malas condiciones de trabajo y facilitar la migración legal gestionada de nacionales de terceros países hacia ocupaciones que presenten escasez de mano de obra, en complementariedad con una movilidad laboral justa y aprovechando la oferta de trabajo y las capacidades internas de la Unión.

De conformidad con las prácticas nacionales y respetando el papel de los interlocutores sociales, reforzar las condiciones que sustentan el crecimiento sostenible de los salarios y la productividad, especialmente para las rentas bajas y medias. La negociación salarial debe tener en cuenta la dinámica de la competitividad relativa y evitar contribuir a divergencias duraderas en la competitividad dentro de la zona del euro. Garantizar la participación efectiva de los interlocutores sociales en la formulación de políticas y reforzar el diálogo social. Promover la salud y la seguridad en el trabajo en todos los sectores. Adoptar un enfoque centrado en el ser humano al aplicar nuevas tecnologías.

Reforzar los incentivos al trabajo desplazando la carga fiscal desde el trabajo hacia otros impuestos, en particular mediante reformas específicas de los regímenes tributarios y de prestaciones. Adoptar medidas para luchar contra la pobreza salvaguardando y reforzando unos sistemas de protección e inclusión social adecuados y sostenibles, incluida la mejora del acceso a una vivienda asequible y sostenible” (la negrita es mía).  

Buena lectura.