1. El 30 de abril la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos aprobó el envío a la Comisión Europea del
Programa Nacional de Reformas (PNR) 2019, junto a la actualización del Programade Estabilidad 2019-2022.
En la nota de prensa oficial se explica que el
PNR “recoge las acciones de tipo estructural para aumentar el crecimiento
potencial de nuestra economía con el fin de hacer frente a los retos futuros.
En línea con las recomendaciones de diversos organismos internacionales, con la
Agenda 2030 de desarrollo sostenible y con la hoja de ruta que ha guiado la
acción del Gobierno, el Programa Nacional de Reformas recoge un conjunto
coherente de reformas y acciones para sentar las bases de un crecimiento
sostenible e inclusivo con siete ejes: (1) Sostenibilidad fiscal y crecimiento
inclusivo, (2) Formación y capital humano (3) Transición ecológica y desarrollo
sostenible, (4) Avance científico y tecnológico, (5) Un mercado laboral
eficiente y justo, (6) Reducción de la desigualdad y protección del Estado de
Bienestar, y (7) Administración eficiente y modernización de la arquitectura
institucional”.
Me referiré al PNR más adelante, porque antes hay
que recordar cuáles son las propuestas de contenido laboral y de protección
social, o al menos las más significativas, recogidas tanto en el programa electoral
del PSOE como en el documento previo, preelectoral aunque fuera aprobado por el
Consejo de Ministros, aprobado el 8 de febrero y que lleva por título la Agenda
del cambio. Es bueno recordar, diría más bien que es obligado, para poder
después evaluar el grado de su cumplimiento por toda la ciudadanía.
La aprobación del PNR se produce después de la
celebración de las elecciones generales de 28 de abril, que han dado una amplia
mayoría parlamentaria al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), si bien sin
disponer de la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, por lo que
será necesario la búsqueda de acuerdos (con qué grupos y con qué contenidos, y
con qué vocación de estabilidad, ya es otro cantar) para poner en marcha las
propuestas presentadas en el programa electoral, y en su caso, incorporar en
los acuerdos las propuestas de otros grupos.
El panorama político español se dibuja muy
interesante en los próximos meses, si bien parece que todo deberá esperar a la
celebración el 26 de mayo de las elecciones municipales y europeas. Sobre el
impacto en los ámbitos laboral y de protección social de las próximas
decisiones políticas tendrá una innegable importancia con qué fuerzas o grupos
políticos se alcanzan acuerdos, y la importancia de optar por unos u otros, con
sus consecuencias sobre la modificación/reforma/derogación de los aspectos más
conflictivos de la reforma laboral de 2012 que fueron muy criticados en su día
por el PSOE y que le llevaron a presentar, junto con Izquierda Unida, un
recurso de inconstitucionalidad, habiéndose ya exigido la derogación por las
organizaciones sindicales con ocasión de las manifestaciones del 1º de mayo, y
apuntándose igualmente por un sector de la doctrina laboralista (véanse las aportacionesdel profesor, y bloguero, Antonio Baylos) la importancia y necesidad de sumar
las fuerzas políticas progresistas para abordar tales cambios.
Desde luego, cobrará nueva relevancia el debate
sobre aspectos de tanto calado como la prevalencia del convenio colectivo de
empresa, la desaparición de la ultraactividad tras un año de pérdida de
vigencia del convenio colectivo anterior, o la inaplicación del convenio por
decisión empresarial aunque necesitada, en caso de desacuerdo con la representación
social, de validación por la Comisión Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos; sin olvidarnos de las reformas que deben producirse en materia de
contratación de duración determinada a fin y efecto tanto de garantizar el estricto
cumplimiento de las normas como de establecer un tipo de sanción por su uso fraudulento
que desincentive la vulneración jurídica.
2. Recordemos primeramente cuales han sido laspropuestas de contenido laboral contenidas en el programa electoral socialista:
“22. Aprobaremos los cambios que eliminen los
aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012. Elaboraremos un nuevo Estatuto
de los Trabajadores para el Siglo XXI que se adapte a los cambios sociales,
económicos y tecnológicos del mundo actual, y que compagine la competitividad
empresarial con la defensa de los derechos laborales.
23. Aumentaremos gradualmente el salario mínimo interprofesional
para hacer efectivo el cumplimiento del artículo 4 de la Carta Social Europea y
las recomendaciones del Consejo de Europa.
24. Abordaremos los problemas estructurales de
nuestro mercado laboral: el paro de larga duración, la alta rotación, el exceso
de temporalidad y parcialidad involuntaria, la dualidad entre trabajadores
temporales e indefinidos y la brecha salarial. Para ello, simplificaremos y
reordenaremos la oferta de contratos de trabajo a tres formas contractuales:
indefinido, temporal y formativo; reforzaremos la causalidad en el uso de los
contratos temporales; reforzaremos el Plan de Empleo Digno; seguiremos luchando
contra el abuso de los contratos de formación y los falsos autónomos.
25. Modificaremos el Régimen Especial de los
Trabajadores Autónomos (RETA) para que coticen de acuerdo con sus ingresos reales.
Seguiremos ampliando la protección social de este colectivo con la intención de
equipararla a la de los trabajadores por cuenta ajena. Extenderemos
gradualmente los derechos laborales a los autónomos.
26. Reformularemos las políticas activas de
empleo siguiendo las mejores prácticas internacionales: redirigiendo recursos hacia
una atención más personalizada, impulsando el perfilado estadístico y la
formación continua. Evaluaremos anualmente la eficacia de las bonificaciones a
la contratación.
27. Promoveremos un Plan Nacional de Empleo que
incluya medidas especiales para incentivar el empleo en el mundo rural. Proseguiremos
con la implementación del Plan de Choque por el Empleo Joven y diseñaremos un
Plan de Choque por el empleo para las mujeres que permita reducir la brecha de
género en el mercado laboral.
28. Aprobaremos un Estatuto del Becario,
fomentando su retribución, limitando el encadenamiento de periodos de prácticas
y estableciendo un porcentaje máximo de becarios en las empresas.
29. Modificaremos la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales para garantizar mayor salud y seguridad a los trabajadores, incorporando
la prevención de nuevos riesgos ambientales y tecnológicos”.
Y en materia de protección social destaco las
siguientes:
“61. Reformaremos el sistema público de
pensiones, con el mayor consenso posible, sobre la base de la solidaridad
intergeneracional y el respeto a los mayores. Para ello, retomaremos el Pacto
de Toledo y el diálogo social como herramientas vertebradoras de la Seguridad
Social.
62. Eliminaremos el actual Índice de
Revalorización. Las pensiones se actualizarán anualmente con el IPC real, aumentando
en mayor medida las pensiones mínimas y no contributivas, y reformaremos la
actual regulación del factor de sostenibilidad promoviendo un diseño compartido
con los interlocutores sociales.
63. Estableceremos una senda de cinco años para
superar y eliminar el déficit del sistema de Seguridad Social a través de la
adopción de un conjunto de medidas que garanticen la sostenibilidad financiera
de largo plazo del sistema.
64. Redefiniremos las fuentes de financiación, de
manera que las cotizaciones sociales soporten primordialmente gastos de naturaleza
contributiva.
65. Incrementaremos progresivamente la aportación
del Estado para hacer frente al aumento del gasto ligado a la jubilación de la
generación del baby-boom”.
3. Buena parte, por no decir prácticamente casi
todas, ya habían sido enunciadas en el documento “La agenda del cambio”,
aprobado por el Consejo de Ministros el 8 de febrero, con propuestas de
actuación tanto para el inmediato futuro como a medio plazo, muchas de ellas
afectando estrechamente al mundo del trabajo. En mi primera reflexión sobre dicho
texto manifesté que “Está por ver cuál pueda ser el recorrido del documento,
dada la difícil situación política en la que nos encontramos, pero no está de
más aconsejar su lectura ya que la agenda pretende guiar la acción futura del
Gobierno español y se alinea “con las reformas contempladas en la Agenda 2030
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para promover la educación, el
crecimiento y el empleo de calidad, la innovación, la salud y el bienestar
social, la igualdad de género, el respeto y la integración de la diversidad, y
la sostenibilidad de los modelos de producción y consumo”, poniendo igualmente
de manifiesto que “Son cuestiones que se abordan también en las recomendaciones
de la Comisión Europea, que ha instado a España a aprovechar la situación
económica actual para “abordar las reformas pendientes con vistas a hacer la
economía española más resiliente y afianzar el crecimiento de la
productividad”. En particular, la UE recomienda actuaciones para mejorar los
servicios sociales, el empleo y la educación, aumentar la inversión en
investigación y desarrollo, y promover el buen funcionamiento de los mercados y
las instituciones”.
La temática laboral y de protección social
contenida en el documento del gobierno español prestaba atención a cuestiones de relevancia política,
económica y social global, tales como “los desarrollos sociodemográficos, el
cambio climático, la revolución digital, los cambios tecnológicos y la
globalización de los mercados”, y yendo en la misma línea de subrayar el aumento de las desigualdades en materia de
“salarios, renta, consumo y riqueza, distribución intergeneracional,
territorial y de género”, así como el incremento de la precariedad laboral y el
incremento de trabajadores pobres, señalando el documento que “algunas
estimaciones apuntan a que uno de cada seis hogares de clase media cayó en la
pobreza durante la crisis y no se ha recuperado la situación anterior en la
fase de crecimiento”.
De especial interés es la importancia dedicada
por el texto a la revolución digital y los cambios profundos en los mercados
con la aparición de cadenas globales de valor o la economía colaborativa, que
ha supuesto “nuevas formas de contratación, cambios en la prestación de
servicios tradicionales, brechas de productividad entre empresas innovadoras y
no innovadoras, surgimiento de posiciones de dominio de mercado que alteran las
condiciones de competencia y el equilibrio negociador entre empresas. La
economía española es más abierta y por tanto expuesta a la competencia y a los
desarrollos que se produzcan en el ámbito internacional”. Refiriéndose al
impacto del cambio tecnológico se subraya la importancia de la inteligencia
artificial, que se apunta como “una de las disciplinas que pueden influir más
en el cambio tecnológico y social”, y que exige “una estrategia decidida para
encauzar el proceso desde el punto de vista científico, empresarial y de
retorno a la sociedad. También hay que encontrar un enfoque coherente con
respecto al uso público de los servicios en la “nube”.
La agenda del cambio propone apostar por la
formación y el capital humano, con el fin de mejorar las competencias
educativas y frenar el fracaso escolar y el abandono “hasta reducir la tasa de
fracaso al 15 %”, fijándose un objetivo ambicioso a medio plazo, 2015, cual es
el de conseguir “alcanzar que el 90% de los jóvenes cuenten, al menos, con una
titulación de educación secundaria (bachillerato o formación profesional); y
que, al menos, el 50% de la población infantil entre 0 y 3 años sea atendida en
centros educativos”.
Con casi toda seguridad, los apartados del
documento que interesarán más a las y los laboralistas son los que abordan
“avanzar hacia un mercado laboral eficiente y justo”, y “reducir la desigualdad
y proteger el estado del bienestar”, que contienen diversas propuestas ya
avanzadas por el gobierno en sede parlamentaria y en las mesas de diálogo con
los agentes sociales y que he abordado en anteriores entradas. Por su interés
reproduzco en primer lugar las 15 propuestas relativas al mercado laboral:
“1. Derogar los aspectos más lesivos de la
reforma laboral de 2012
El gobierno trabajará junto con los agentes
sociales y las fuerzas parlamentarias para alcanzar los consensos necesarios
que permitan la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral
del año 2012.
2. Plan de choque por el empleo joven
Plan orientado hacia la empleabilidad de los
jóvenes y la mejora de sus competencias y cualificación profesional, con
medidas sobre formación profesional, refuerzo de la orientación y
acompañamiento por las oficinas de empleo, revisión y promoción de contratos
formativos, fomento del emprendimiento, y Programas de Retorno del Talento para
recuperar a los jóvenes que salieron de nuestro país en busca de un empleo y
que son tan necesarios para nuestra economía.
3. Simplificar y reordenar el menú de contratos
de trabajo
Avanzar hacia tres fórmulas contractuales:
indefinido, temporal estructural y formativo. Revisar el sistema de prácticas
no laborales en empresas y reconducir a los titulados con estudios finalizados
a los contratos laborales en prácticas. Simplificar y reducir la carga
burocrática de los contratos de formación y aprendizaje y acercar los centros
formativos a las empresas en colaboración con los agentes sociales y las
Comunidades Autónomas.
4. Explorar las opciones posibles para reducir la
dualidad, manteniendo la flexibilidad, favoreciendo el uso del contrato fijo
discontinuo
Con el fin de reducir la dualidad, hacer frente a
la rotación y la multiplicación de contratos para un mismo puesto que trasladan
el coste del ajuste al sistema de prestaciones por desempleo, es preciso
mantener la flexibilidad reduciendo el peso de la contratación temporal.
Reforzar el control de la contratación a tiempo parcial, en especial en lo
relativo a la distribución irregular del tiempo de trabajo contratado.
5. Impulsar la lucha contra el fraude laboral
Utilizar de forma intensiva las nuevas
tecnologías, automatizando y conectando procesos y Big Data de diversas
unidades administrativas y reforzando el sistema sancionador. Dirigir los
esfuerzos a la rotación estacional o periódica de temporales, al encadenamiento
fraudulento de contratos temporales, a la contratación a tiempo parcial
injustificada y abusiva, y a la identificación de falsos autónomos. Introducir
un registro de la jornada de trabajo. Revisar la normativa para prevenir abusos
en las subcontratas y empresas multiservicio, los falso autónomos y becarios.
6. Subida del Salario mínimo interprofesional
Con el fin de reducir la dualidad del mercado, la
brecha de género y la precarización del trabajo se ha elevado a 900 euros el
Salario Mínimo Interprofesional. El objetivo a medio plazo es que el Salario
Mínimo Interprofesional alcance el 60% del salario medio en España tal y como
recomienda la Carta Social Europea.
7. Ley de igualdad de género en el mercado
laboral
Esta Ley deberá garantizar la efectividad de la
igualdad de trato, de oportunidades y de retribuciones entre mujeres y hombres
en el empleo y la ocupación.
8. Mejorar la eficiencia y coordinación de las
políticas activas de empleo
Desarrollar los programas operativos de la
Estrategia española de activación, incluyendo la herramienta de profiling, la
mejora del sistema de información y los programas de mejores prácticas,
refuerzo de la coordinación y eficiencia de los servicios públicos de empleo y
sociales apoyando la colaboración público-privada y la implantación de buenas
prácticas.
9. Mejorar la formación, garantizando la unidad
de mercado en la prestación de servicios de empleo por centros formativos y
empresas
Impulsar el suministro de herramientas formativas
online de libre acceso para los desempleados y ocupados, aumentando la oferta y
contratación centralizada de cursos. Movilizar los recursos públicos formativos
(entre otros, en escuelas y en universidades), incrementando la transparencia y
seguimiento de calidad del sistema. Explorar acuerdos de largo plazo con
empresas tecnológicas para mejorar la formación online, la evaluación y los
sistemas de información. Estos acuerdos abarcarán mejoras en la intermediación
laboral y mecanismos de lucha contra el fraude.
10. Incentivos a la búsqueda activa de empleo y
simplificación de las ayudas asistenciales
Establecer incentivos en el mapa de prestaciones
y subsidios para impulsar la búsqueda activa de empleo, así como reforzar las
políticas activas dirigidas a mejorar la empleabilidad de las personas en
situación de desempleo.
11. En el marco del diálogo social con
empleadores y empleados, y de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo,
reforma del sistema de la Seguridad Social para garantizar la sostenibilidad
del sistema a largo plazo
Medidas, entre otras, para el refuerzo de los
ingresos, revisión de los gastos y de la cobertura de determinados colectivos y
la adaptación de los diferentes parámetros del sistema. Junto al refuerzo del
sistema público, desarrollar la previsión social en las empresas con sistemas
de pensiones complementarias acordados entre empresarios y trabajadores.
Reorganización de la Seguridad Social para dotar de mayor eficacia a la gestión
con menores costes.
12. Implantación gradual de un sistema de cuentas
individuales de capitalización para la movilidad a través de la creación del
Fondo correspondiente
Dicho Fondo permite a los trabajadores hacer
efectivo el abono de las cantidades acumuladas a su favor en los supuestos de
despido improcedente, de movilidad geográfica, para el desarrollo de
actividades de formación o en el momento de su jubilación. Esta propuesta se
abordará en el marco del diálogo social para que su diseño y aprobación cuente
con los mayores consensos posibles.
13. Elaboración de un nuevo Estatuto de los
Trabajadores del siglo XXI
En concertación con los agentes sociales se
elaborará un nuevo Estatuto de los Trabajadores que compagine el reconocimiento
de nuevos derechos de los trabajadores propios de la realidad económica, social
y laboral del siglo XXI, con la necesaria competitividad empresarial y el papel
de la negociación colectiva como elemento de reequilibrio necesario.
14. Reformas para garantizar la migración
ordenada, regular y segura
Partiendo de las necesidades de nuestro mercado
de trabajo, se reforzará el sistema de contrataciones circulares en origen,
favoreciendo el impacto positivo de una política de migración bien gestionada,
en línea con la Agenda 2030, el Pacto Global de Migraciones y la Agenda Europea
de Migración para conseguir una migración ordenada, regular y segura.
15. Plan de Retorno a España
Se aprobará un plan de retorno de los nuevos
emigrantes españoles, en su mayoría altamente cualificados, favoreciendo la
conexión con las empresas. También se modernizarán y simplificarán los
procedimientos de contratación de trabajadores altamente cualificados y los
emprendedores para facilitar la instalación de empresas de alto conocimiento en
España”.
4. Pasemos a examinar los contenidos más
destacados del PNR, en el bien entendido que tienen muchos puntos de conexión,
lógicamente, tanto con la Agenda del cambio como con las propuestas
electorales. Para el estudio detallado de las normas citadas remito a mis análisis efectuados en anteriores entradas del blog.
A) De acuerdo al marco económico existente, y las
previsiones para el inmediato futuro, tanto a escala internacional (previsiones
del Fondo Monetario Internacional) como europeo (previsiones de la Comisión
Europea), el PNR prevé que el crecimiento del empleo se mantendrá ligeramente
por debajo del incremento del PIB, “con tasas de variación del empleo
equivalente a tiempo completo del 2,1% en 2019, que irán moderándose hasta el
1,6% en 2022. La tasa de paro continuará su trayectoria descendente, y caerá
por debajo del 14% en el año 2019 y por debajo del 10% en 2022”, y se plantea
como objetivos de mayor relevancia que una vez recuperadas las principales
magnitudes macroeconómicas tras la crisis, ahora hay que poner el foco en otros
dos: “hacer frente a los grandes retos de futuro de nuestro país, cruciales
para asegurar su prosperidad a largo plazo; y reforzar la cohesión e inclusión
social, fundamentales para que el éxito macroeconómico sea socialmente estable
y políticamente perdurable”.
B) La lectura del apartado 2.5 del PNR, que lleva
por título “ Un mercado laboral eficiente y justo”, parecerá repetitiva para
quienes conozcan todas las propuestas y documentos anteriormente explicados,
así como también otros que han sido puestos sobre las mesas abiertas para el
diálogo social con las organizaciones empresariales y sindicales, así como
también presentados y debatidos en la Conferencia sectorial de empleo y asuntos
laborales, si bien es lógico que aparezcan nuevamente en el PNR por cuanto que
es el documento remitido a la Comisión Europea en el marco del semestre europeo
y que servirá de base a la Comisión para la preparación de las recomendaciones
del año en curso. Recordemos que una de
las formuladas en 2018, tras la presentación del PNR por el gobierno español,
fue “Garantizar que los servicios sociales y de empleo tengan capacidad para apoyar
eficazmente a los demandantes de empleo, en particular a través de una mejor
cooperación con los empresarios. Favorecer la transición hacia contratos
indefinidos. Mejorar el apoyo a las familias e intensificar la eficacia de los
sistemas de renta mínima garantizada, abordando las lagunas en la cobertura,
simplificando la multiplicidad de sistemas nacionales y reduciendo las
disparidades en las condiciones de acceso a los sistemas autonómicos. Reducir
el abandono escolar prematuro y las disparidades autonómicas en los resultados
educativos, en particular mediante un mejor apoyo a los estudiantes y
profesores”.
a) La primera propuesta contenida en el PNR, tras
una explicación detallada de la dualidad existente en el mercado de trabajo
español y las diferencias existentes entre trabajadores estables y temporales
(aunque sobre el concepto de estabilidad vinculado a un contrato indefinido habría
que hacer muchas matizaciones, ya que como ha puesto de manifiesto un muy
reciente informe elaborado por el gabinete económico de la ConfederaciónSindical de Comisiones Obreras, “Entre 2012 y 2018 se han firmado 11 millones
de contratos indefinidos, de los que 3,4 millones ni siquiera llegaron a
alcanzar el año de duración y solo 7,6 millones superaron al menos un año de
duración. En el cuarto trimestre de 2018 tan solo se mantenía el 63% de los
contratos indefinidos firmados en 2017)., se anuncia, en concertación con los
agentes sociales, la elaboración “de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que
compagine el reconocimiento de nuevos derechos de los trabajadores propios de
la realidad económica, social y laboral del siglo XXI, con la necesaria competitividad
empresarial y el papel de la negociación colectiva como elemento de
reequilibrio necesario”, haciendo expresa mención, como no podría ser de otra
forma, a que en el recientemente aprobado
Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, se ha incluido la previsión de
constituir un grupo de expertos y expertas para llevar a cabo los trabajos y
estudios preparatorios para su elaboración.
b) Como segunda medida, que sin duda debe ir
estrechamente vinculada a la primera, se insiste en la reordenación de las
modalidades de contratación laboral para reducir la segmentación existente,
remitiéndose a las propuestas ya recogidas en la agenda del cambio, que dejaría
el mapa contractual reducido a tres “fórmulas contractuales básicas
-indefinido, temporal estructural y formativo-“. También se insiste en abordar,
de forma gradual, es decir sin prisas, la implantación de la llamada
coloquialmente “mochila austriaca”, es decir “un sistema de cuentas
individuales de capitalización para la movilidad (CSR 2.2.3) a través de la
creación de un Fondo que permita a los trabajadores hacer efectivo el abono de
las cantidades acumuladas a su favor en los supuestos de despido improcedente,
de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el
momento de su jubilación”, por considerar, y aquí no hay acuerdo ni mucho menos
con los agentes sociales, que “esta propuesta tiene potencial para contribuir
significativamente al dinamismo laboral y a la productividad española, y se
abordará en el marco del diálogo social para que su diseño y aprobación cuente
con los mayores consensos posibles”.
c) En tercer lugar se sitúa la lucha contra el
desempleo juvenil y el de larga duración, con obligada mención y recordatorio
de los ya aprobados Plan de choque por el empleo joven 2019-2021 (con objetivo
de reducir la tasa de paro juvenil hasta el 23,5% y conseguir que 168.000
desempleados menores de 25 años se incorporen al mercado laboral) y el Plan
Reincorpora-T, 2019-2021 (con objetivo de reducir la tasa de paro de larga
duración en 2,5 puntos, hasta el 4,3% en el cuarto trimestre de 2021, “lo que
supondría una reducción neta de 422.100 personas desempleadas de larga duración
mayores de 30 años”).
d) En cuarto lugar, se abordan las medidas contra
la precarización del mercado de trabajo y el fraude laboral, enfatizando la
importancia del aumento del SMI en 2019, y fijándose el objetivo a medio plazo
de que alcance “el 60% del salario medio en España, tal y como recomienda el
Comité Europeo de Derechos Sociales en interpretación de la Carta Social
Europea”. Para lucha contra el fraude se recuerda la importancia de las medidas
puestas en marcha a partir de la aprobación a finales de julio de 2018 del Plan
Director por un Trabajo Digno 2018-2020.
e) En quinto lugar, el PNR trata de la lucha
contra la brecha de género en el mercado laboral, con una amplia explicación de
las medidas de potenciación del permiso de paternidad, tanto en el ámbito del
empleo privado como en el público, y la reordenación del permiso por
maternidad, recogidas en el RDL 6/2019 de 1 de marzo, así como también las
modificaciones operadas en la Ley del Estatuto de los trabajadores y en la Ley
Orgánica de Igualdad entre mujeres y hombres para hacer efectiva tal
reducción.
5. En materia de protección social, hay un
apartado 2.6.3, que se refiere de forma concreta a su refuerzo en el mercado de
trabajo, con mención a las modificaciones operadas por el Real
Decreto-Ley 8/2018 de medidas urgentes de protección social y de lucha contra
la precariedad laboral en la jornada de trabajo, del que se explica que su
objetivo es “dar la cobertura necesaria a personas que se encuentran en
situaciones de especial vulnerabilidad como es el caso de los parados de larga
duración, pensionistas, jóvenes, inmigrantes y determinados colectivos de
trabajadores. Destaca la medida consistente en la modificación de la regulación
del subsidio para mayores de 55 años que, básicamente, afecta tanto a la edad
de acceso -se rebaja a 52 años- como a la prolongación de su duración hasta la
edad ordinaria de jubilación, además del incremento de la cotización por la
contingencia de jubilación, o la percepción de la cuantía completa aunque
provenga de la realización de trabajos a tiempo parcial. Deben mencionarse también
el incremento de la cuantía de las prestaciones familiares y de la pensión
mínima de Incapacidad Permanente Total para quienes tienen menos de 60 años. En
materia de incentivos al empleo, se establecen bonificaciones a la contratación
de las personas en desempleo de larga duración, la reducción de las
cotizaciones de los trabajadores asalariados del Sistema Especial Agrario y un
plan de conversión a contratos indefinidos o fijos discontinuos de este
colectivo. Además, se impulsan medidas para la prolongación del periodo de
actividad de los trabajadores fijos discontinuos en sectores con un alto grado
de temporalidad por estar vinculados a la actividad turística”.
6. Para finalizar estas notas sobre el PNR 2019,
es conveniente examinar, tal como lo hace el documento, de qué forma se ha
avanzado, o no, para cumplir con los objetivos marcados en España para dar
cumplimiento a los fijados en la Estrategia Europea 2020. Sólo me refiero al
objetivo más vinculado al mundo laboral, el primero, que es el de alcanzar el
74 % de la tasa de empleo para las personas de 20 a 64 años. Pues bien, en 2017
el porcentaje estaba aún lejano, el 65,5 %, si bien se ha incrementado
considerablemente desde el punto más bajo durante la crisis, un 58,6 % en 2013.
Para seguir avanzando, el gobierno español espera
que contribuya positivamente tanto el plan de choque por el empleo joven como
el plan de medidas dirigidas a las personas desempleadas de larga duración, e
igualmente la afloración de una parte importante del empleo irregular, no
declarado, a partir de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social en el marco del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, aprobado
en el Consejo de Ministros de 27 de julio de 2018 para luchar contra el fraude laboral,
el empleo informal y la economía sumergida. En la misma línea de intentar
mejorar el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo, se apuesta por
reforzar los programas de formación del Servicio Público de Empleo Estatal en
colaboración con el sector privado, por considerar que este tipo de programas
“son fundamentales para proveer a los desempleados de capacidades que se
correspondan con las necesidades del mercado de trabajo, facilitando de este
modo su inserción laboral”, y reorientar las acciones formativas “hacia áreas
relacionadas con competencias digitales y otras relacionadas con las nuevas
formas de empleo”. Contribuirá también al incremento de la tasa de empleo,
según el gobierno, la reordenación de las modalidades contractuales y el buen uso
de las mismas.
7. Concluyo. El nuevo gobierno, o no tan nuevo ya
que supongo que mantendrá a un número no menospreciable de ministras y
ministros del anterior, tiene ante sí la tarea de continuar con las reformas
emprendidas en junio de 2018. Las condiciones objetivas para un cambio relevante
en materia laboral y de protección social que refuerce la protección de las
personas trabajadoras son ahora mucho mejores que hace un año. Es de esperar, y
desear, que no sean desaprovechadas, justamente porque estas reformas están en
todos los documentos anteriormente referenciados. Ahora solo falta una cosa,
que a veces es la más difícil en la práctica: cumplirlos.
Buena lectura.
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