1. Esta semana se
han hecho públicos dos informes elaborados anualmente por la Comisión Europea y
la Organización Internacional del Trabajo que deben merecer la atención de
todas las personas interesadas por todo aquello que ocurre en el ámbito económico
y con sus repercusiones en las relaciones de trabajo. Me refiero al informesobre la evolución del mercado de trabajo y salarios en Europa, y a las
Perspectivas sociales y del empleo en el mundo, dedicado en esta ocasión a “Empresasy empleos sostenibles: empresas formales y trabajo decente”.
Por otra parte, ha
tenido lugar la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco
Mundial, celebrando este último una cumbre sobre el capital humano con el
objetivo formalmente propuesto de comprometer a los líderes mundiales a “adoptar
medidas audaces y a invertir en las personas para impulsar el crecimiento
económico.”. Por su parte, a reunión del FMI ha tenido como guía de trabajo,
tal como se lee en el título del discurso de inauguración pronunciado el 13 de
octubre por su directora gerente Christine Lagarde, “Hacia una recuperacióncompartida por todos”. A dichas reuniones, como hace todos los años, el
movimiento sindical internacional ha presentado un documento de trabajo en
donde, con el título de “Políticas de las IFI para unas economías equitativas ysostenibles”, aborda cómo tratar de dar respuesta a los graves problemas
existentes en una buena parte del mundo del trabajo a escala mundial, a pesar
del crecimiento económico a escala global.
A estos informes,
documentos y discurso, dedico esta entrada, desde la perspectiva de centrar mi
atención en aquellas cuestiones que afectan más directamente al mundo laboral y
que a mi parecer merecen mayor atención, no siendo por ello el título de la
entrada causal, ya que apunta a la desigualdad como uno de los problemas más
importante actualmente existente y que está, además, en la base de muchos de
los problemas de índoles política que están acaeciendo en diversos países. Sin
olvidar, que la problemática del empleo y sus cambios, con el impacto de la
globalización, la tecnología y el cambio demográfico, está siendo cada vez
merecedor de atención, análisis y estudio en los parlamentos nacionales, y una
buena prueba de ello es el debate abierto en el Reino Unido sobre el futuro deltrabajo a partir del informe sobre prácticas modernas y buen trabajo, conocidocomo “Informe Taylor” y publicado el pasado mes de julio; e igualmente, que
siguen viendo la luz pública aportaciones doctrinales de indudable relevancia
al respecto, como la reciente y sugerente reflexión del profesor Cristóbal
Molina Navarrete, en la RTSSS, con el título “Productividad, trabajo y pobreza:¿un trío posible pero insostenible?, o la contribución no menos interesante de
la profesora Margarita Ramos Quintana, en Trabajo y Derecho, “El futuro del
trabajo. un debate global”.
2. Vayamos
de lo más a lo menos, o dicho de forma más correcta e inteligible, de los ámbitos
geográficos internacionales a los nacionales y pasando por el europeo.
Más
crecimiento, sí, más empleo, también, y al mismo tiempo mayor desigualdad a
escala mundial y en el seno del mundo del trabajo. Si quien efectúa esta
reflexión es la directora gerente del FMI no parece que la realidad sea otra, o
que se la pueda tildar de alarmista.
En su
discurso del día 13, la Sra. Lagarde manifiesta su satisfacción por el crecimiento
económico, porque abarca “al 75 % de la economía mundial”… y a partir de ahí expone
su deseo de que llegue a la población que no disfruta de tales mejoras, los que
corren el riesgo de quedar, o ya lo están, excluidos, en los que incluye, y
cito textualmente el discurso, a “…más de 40 países emergentes y en desarrollo, que
representan aproximadamente un 15% de la población mundial, y que actualmente
están experimentando una disminución del ingreso per cápita”, así como también,
y lo deseo destacar desde la perspectiva laboral, a “muchas personas cuyos
salarios están estancados, que tienen pocas oportunidades laborales, y que se
han visto desplazadas por los cambios tecnológicos, el comercio y las secuelas
de la crisis financiera mundial.”.
Quizás hubiera sido deseable, aunque
supongo que peco de optimista, que la Sra. Lagarde hubiera reconocido que los
informes y medidas adoptadas por el FMI para muchos países no han ido
precisamente en la dirección de la creación de empleo y de la mejora de las
condiciones de vida para aquella parte importante de la población que lo
necesitaba, pero esta autocritica no van a encontrarla en su discurso.
Las tres
prioridades marcadas para el inmediato futuro son, y obsérvense la importancia
de todas ellas, “dar con los
fundamentos económicos adecuados; abordar de manera más decidida el problema de
la desigualdad excesiva; y atender las principales inquietudes de nuestros
jóvenes a fin de ayudar a garantizar excelentes perspectivas para ellos y para
las futuras generaciones”.
Centrada mi atención en esta entrada
en la problemática de la desigualdad, destaco que el discurso llama a abordar
con decisión “el problema de la desigualdad excesiva”, término este último que
sin duda merecería conocer con mayor detalle qué se entiende por ello, y al
mismo tiempo abordar cuál es la razón de que la desigualdad sin adjetivos puede
considerarse como beneficiosa (¿para quién?).
Brexit, Donal Trump, elecciones
alemanas (y probablemente las austriacas, que se están celebrando mientras
redacto esta entrada), son señales inequívocas de cómo las desigualdades económicas
y sus consecuencias en los mercados laborales y en los sistemas de protección
social han generado una nueva realidad política a la que hay que dar respuesta
si no se quiere profundizar en el deterioro de la cohesión política, económica
y social, con el incremento de la desafección de la ciudadanía hacia sus
dirigentes. No es casualidad por ello, y reparo en que quien lo dice no es un “ocupaplazas”,
que la Sra. Lagarde enfatice que “si bien la pobreza y la desigualdad entre
países han disminuido durante la última generación, la desigualdad de ingreso y
riqueza dentro de los países está en aumento. Hoy en día, alrededor de
la mitad de la riqueza mundial está en manos del 1% de la población que más
tiene”.
La pócima mágica para resolver el
problema parece que todos la tienen (tenemos), porque siempre se hace
referencia a “la inversión en la gente”, incluyendo concretamente las políticas
de salud, educación y formación permanente. Por ello, la duda que surge es por qué
si hay acuerdo sobre las medidas a adoptar no lo hay sobre su contenido
concreto. Tampoco es de extrañar, porque así lo hacen todos los informes que he
tenido oportunidad de leer, que se insista en una perspectiva de género en el
desarrollo económico y social, para aprovechar al máximo el capital femenino,
adoptando las medidas necesarias, de ámbito económico y laboral, que permitan
incrementar su presencia en los mercados de trabajo a la par que potenciar las
políticas de igualdad, con derechos y deberes compartidos por hombres y
mujeres.
En fin, es importante traer a
colación dos de las conclusiones del ya citado Informe Taylor, que si bien se
refieren a las relaciones de trabajo en el Reino Unido son perfectamente
extrapolables a otras realidades económicas y laborales: “Es esencial, tanto
para los ciudadanos como para la economía, que todo el mundo tenga al alcance
formas realistas de fortalecer sus perspectivas de promoción y que los
trabajadores puedan -desde el comienzo hasta el final de su vida laboral-
realzar las aptitudes adquiridas tanto en el trabajo como mediante la formación….
Existe una enorme relación entre la forma y el contenido del trabajo, la salud
y el bienestar individual. Es necesario promover activamente la salud en el
lugar de trabajo para el beneficio de empresas, trabajadores e interés público”.
3. Como ya he indicado, el
sindicalismo internacional ha presentado un muy detallado documento a las
reuniones anuales del FMI y BM, en el
que pide y exige a las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) que
dirijan sus políticas a “la creación de empleos de calidad, la extensión de la
protección social, una transición hacia el futuro con bajas emisiones de
carbono y la reducción de las desigualdades”, manifestando al mismo tiempo su
preocupación, compartida sin duda a escala nacional por muchas organizaciones
sindicales, por “el incremento del nacionalismo de extrema derecha en numerosos
países, en parte debido a una falta de confianza en el sistema económico
mundial”.
La obligación del movimiento
sindical no es, desde luego, loar las bondades del crecimiento económico
global, sino poner de manifiesto los problemas que siguen existiendo y a los
que hay que dar respuesta, como por ejemplo, con aportación de datos de la OIT,
que cerca del 43 % de personas trabajadoras en el mundo se encuentran en una situación
de vulnerabilidad, y que casi un 29 % pueden ser considerados en 2017 como ”trabajadores pobres”, así como
también de la realidad mucho más específica de la población migrante y
refugiada, en cuanto que una integración “justa y efectiva” de la misma en el
mercado de trabajo es considerada clave, con pleno acierto a mi parecer, dado
el riesgo que sufren de ser “vulnerables al desempleo, a tener empleos
precarios y a la exclusión social”.
A diferencia del silencio de la
directora gerente del FMI, el sindicalismo internacional sí critica con dureza
que muchos informes del FMI, y el más significativo sería el caso de Grecia,
han promovido reformas nacionales de los mercados de trabajo que ha
incrementado las políticas de austeridad y erosionado “los derechos de los
trabajadores”, con disminución de la importancia de la presencia sindical y el
debilitamiento de la negociación colectiva como instrumento regulador por
excelencia de las condiciones de trabajo. Igualmente, las políticas de igualdad
de género se consideran fundamentales para avanzar en la reducción de las
desigualdades sociales, que no pueden basarse sólo, aunque sea necesario, en políticas
de creación de empleo, sino también en un enfoque más global que tenga en
consideración “la cuestión de los bajos salarios, trabajo precario, la economía
informal y el trabajo no remunerado”.
El informe sindical pide una vez
más, y ahora con renovado énfasis una vez que la desigualdad (excesiva o no)
esté en el centro de la gran mayoría de los informes y debates políticos a
escala internacional, que se revierta la política de desigualdad de ingresos, y
que se recupere la pérdida de participación del trabajo en los ingresos
nacionales, “por medio de la inversión pública e incrementos salariales
coordinados”, poniendo final a la desregulación del mercado de trabajo y
adoptando decisiones que potencien “el diálogo social, la negociación colectiva
y las instituciones del mercado de trabajo”. Sin olvidar, que las políticas de
mercado de trabajo son incompletas si no van acompañadas de otras que refuercen
los mecanismos de cohesión social, como son lograr la cobertura sanitaria
universal, la educación primaria y secundaria para todos, y unos sistemas
globales de protección social.
Mucho por hacer todavía a escala
mundial ¿no les parece?
4. El 9 de octubre, a las 20:00, era
hecho público el último informe de la OIT sobre las perspectivas sociales y del
empleo en el mundo, dedicado este año, como ya he apuntado, a las empresas y
empleos sostenibles, a las “empresas formales y trabajo decente”, textopublicado en inglés y cuyo resumen ejecutivo se encuentra disponible en varios
idiomas.
En el informe se analiza cómo han
afectado a las empresas los cambios acaecidos desde el inicio de la crisis
económica de 2008; es decir, cuál ha sido el impacto de un menor crecimiento
económico, el menor desarrollo del comercio en las cadenas mundiales de
suministro, la disminución de la calidad del empleo en numerosas ocasiones, el
cambio tecnológico y las políticas de innovación. Tal como puede leerse en el
texto, “en el informe se analizan las consecuencias de estos acontecimientos
sobre el rendimiento empresarial y las dinámicas laborales, al mismo tiempo que
se presentan maneras en que las políticas destinadas a apoyar a las empresas y
el entorno en el que operan podrían ayudar a crear más y mejores empleos y, de
esta manera, lograr un crecimiento inclusivo y sostenible”.
Los documentos de las OIT son
especialmente importantes, lo he destacado en muchas ocasiones, porque aportan
datos a escala mundial que difícilmente serían obtenibles por otras vías. En
esta ocasión, sirva señalar que en 2017 hay más de 201 millones de trabajadores
en situación de desempleo, “un incremento de 3,4 millones desde 2016”, que casi
un tercio de los trabajadores a escala mundial siguen viviendo en condiciones
de pobreza extrema o moderada, y que la vulnerabilidad de los empleos aumenta
cada año en 11 millones y por consiguiente también el número de trabajadores
afectados, con lo que todo ello conlleva de adoptar medidas correctoras, ya que
todos ellos “tienen menos probabilidades de encontrar empleo seguros con
ingresos regulares y de tener acceso a la protección social”.
De ahí, la importancia, igualmente,
de potenciar la creación de empresas formales y sostenibles, en donde el
trabajo decente sea una realidad, a la par que disminuir el grado de
informalidad empresarial y sus secuelas en las relaciones de trabajo, prestando
especial atención a la consolidación y fortalecimiento de las pequeñas y
medianas empresas, ya que son las que han contribuido a un mayor crecimiento
del empleo, mientras que las de gran dimensión lo han hecho en mucha menor
medida; si bien, se aporta otro dato de relevancia sobre los problemas de las
pymes, cual es que en los países en desarrollo y emergentes la dinámica de la
creación de empleo a tiempo completo se ha debilitado durante la crisis, dato
que para los autores del informe sugiere que en ambos, y en mayor medida en los
segundos, “muchas pymes surgen por necesidad, lo cual quiere decir que su
primer objetivo es sobrevivir y no necesariamente expandirse”.
El informe aporta el importante dato
de que el sector privado ocupa en todo el mundo a 2.800 millones de personas
(datos de 2016), incluyendo tanto las empresas informales como las formales, si
bien inmediatamente añade que las empresas formales “emplean a más de la mitad
de la mano de obra y con sueldo”. Son objeto de atención diversos factores que
afectan de manera específica al desarrollo empresarial en cada país y que
demuestra la importancia de tenerlos bien presente y de adoptar las medidas
necesarias para su buen funcionamiento, como por ejemplo las instituciones del
mercado de trabajo, el tamaño del mercado y la disponibilidad de financiación,
sin olvidar otros que inciden a escala internacional sobre todo el entramado
empresarial, como son el acceso al comercio y las cadenas mundiales de
suministro.
Más preocupante me parece el dato,
relativo a condiciones laborales, que todavía chirríe el ejercicio del derecho
de libertad sindical en muchos países en los que las cadenas mundiales de
suministro tienen una relevancia especial, y que la vigilancia de las normas
laborales internacionales sea todavía una asignatura pendiente en muchos casos,
a pesar de los avances ya realizados.
En definitiva, concluye el informe, “Un
enfoque exhaustivo que aborde las barreras sistémicas que caracterizan el
entorno empresarial actual puede ayudar a las empresas a organizarse en una
manera que sea positiva para todos (a saber, una manera que lleve al
mejoramiento de las condiciones de empresas y trabajadores). Este enfoque podría
fomentar el crecimiento de empresas sostenibles y, por lo mismo, el crecimiento
inclusivo y resultados en materia de trabajo decente”.
5. Quedémonos ahora en el ámbito territorial
de la Unión Europea, con el informe 2017 sobre la evolución del mercado detrabajo y salarios, que según la nota de prensa de presentación “analiza el
mercado laboral desde una perspectiva macroeconómica. Analiza la evolución
reciente del empleo y los salarios en la zona del euro y en el conjunto de la
Unión, en comparación con la de sus socios comerciales en todo el mundo”.
Los resultados han
sido valorados de forma muy positiva por la comisaria de empleo, asuntos
sociales, capacidades y movilidad laboral, Marianne Thyssen, por aportar unos
datos globales que demuestran que el número de personas trabajadoras (235
millones) es superior al de la etapa anterior a la crisis (me pregunto si se ha
tomado en consideración la cantidad de horas trabajadas por cada persona
trabajadora) y que el porcentaje de desempleo (7,6 %) está cercano al de aquel
momento histórico, habiéndose reducido sensiblemente los elevados niveles
alcanzados hasta 2012. En cuanto a las modalidades de trabajo “flexibles” (una
buena pregunta sería para quien existe realmente tal flexibilidad) el informe
es muy optimista, así me lo parece, al sostener que han aportado beneficios
para las dos partes de la relación de trabajo, si bien sí reconoce que “en
algunos casos” (¿algunos o muchos? me pregunto) “ha creado una brecha entre
trabajadores con diversos tipos de contratos: la temporalidad y el trabajo por
cuenta propia conllevan menos protección”.
En efecto, hay
datos positivos en el mercado laboral a escala europea cuando se analiza con
detalle toda la ampliación información y documentación disponible en el
informe, como son los ya indicados crecimiento del número de personas ocupadas,
la reducción del desempleo y la disminución del número de personas desempleadas
de larga duración (que ha caído al 4 %, con reducción de 1,5 puntos sobre los datos de 2008), y no menos
relevante, obviamente relacionado con el primero, es el incremento de la tasa de
participación en el mercado de trabajo, que alcanza el 73 % en el primer
trimestre de 2017, y en el que el incremento de la presencia de mujeres y de
trabajadores de mayor edad ha supuesto un factor de primera magnitud.
¿Qué hay que poner
en el debe, en el otro platillo de la balanza? La infrautilización de una buena
parte del capital humano disponible, tanto por el elevado porcentaje de trabajo
a tiempo parcial involuntario en muchos países (España se encuentra entre las
primeras posiciones), como por el número de personas desanimadas ante las
dificultades que tienen (por capacidades, conocimientos, habilidades, edad…) para
acceder o reincorporarse al mercado laboral, algo que pone de manifiesto que la
mejora de la situación económica no va de la mano en el tiempo con la del
empleo, y que son necesarias medidas de apoyo para mejorar la situación tanto
de quienes desean trabajar más horas como de la de aquellos que podrían
incorporarse al mercado laboral si dispusieran de las posibilidades reales para
ello.
No descubre nada
nuevo el documento cuando pone de manifiesto que la situación de los
trabajadores con contratos temporales, por cuenta propia o a tiempo parcial
involuntario, puede ser negativa en términos de eficiencia económica y de
equidad, y que los mercados segmentados de trabajo conllevan una débil inversión
en capital humano, un bajo crecimiento de la productividad, y bajos salarios,
con su impacto a escala global sobre una mayor volatilidad de los niveles de
consumo. La cuestión a debate es nuevamente qué medidas hay que adoptar para
corregir tal situación, en donde, como ya he escrito en numerosas ocasiones,
divergen las tesis.
Mayor crecimiento
sí, más empleo sí.., y mayor desigualdad también. Al menos, eso es lo que se
deduce de los datos disponibles en el informe, por lo que respecta a los niveles
salariales en más de la mitad de los países de la UE, aunque por el contrario
en otros las políticas fiscales puestas en marcha durante la crisis
contribuyeron a su reducción, algo que demuestra que las políticas de
austeridad no han servido para mejorar la situación de buena parte de la
población trabajadora.
Es agradable
observar, aunque como se dice coloquialmente “del dicho al hecho hay un trecho”,
la valoración positiva que el informe efectúa del diálogo social como elemento “imprescindible”
para el desarrollo, apropiación y puesta en práctica “de una agenda creíble de
reforma económica”, con la necesidad de coordinar las políticas económicas y
sociales. No creo, desde luego, que el movimiento sindical sea reticente al
diálogo propuesto, y está por ver cuál será la reacción del movimiento
empresarial europeo.
6. En definitiva,
y voy concluyendo, una realidad económica y social con algunas luces y muchos
clarosocuros, como se comprueba en los documentos e informes analizados en esta
entrada. Los beneficios de la recuperación económica siguen distribuyéndose muy
desigualmente, y el riesgo de nuevas recesiones y de regresividad de las
condiciones laborales es algo que no puede en modo alguno descartarse.
Por ello, es
necesario pensar tanto a escala internacional como europea y de cada Estado
cómo abordar las medidas necesarias para evitar que ello se produzca, algo que
pasa necesariamente a mi entender por políticas redistributivas que permitan
mejorar las condiciones, tanto laborales como de protección social, de la mayor
parte de la población.
Y refiriéndonos en
concreto a España, no cabe sino estar de acuerdo con el profesor CristóbalMolina cuando afirma que “si se quiere aprender realmente alguna lección del
pasado para el futuro es la de anticipar esos riesgos, incluyendo reformas
realmente estructurales, pero no al estilo tradicional – mayor liberalización
del mercado de trabajo – sino que asegure un crecimiento económico
suficientemente distributivo”.
Buena lectura. +
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