Migraciones y refugiados. Ya sobran las palabras, faltan los hechos.

Según la OIT, en 2015 el número de migrantes internacionales era de 243,7 millones (48 % mujeres), alrededor de un 3 % de la población mundial, mientras que al iniciarse el siglo XXI eran 60 millones menos, en concreto 172,7. La principal causa de las migraciones sigue siendo la búsqueda de empleo, ya que  el 72,7 % de la población migrante en edad de trabajar, 207 millones (66,6 millones de mujeres), con datos de  2013, estaban trabajando o habían sido económicamente activos, siendo un dato especialmente relevante que casi la mitad de los trabajadores migrantes (48,5 % en términos globales, con diferencias entre las mujeres, 52,9 %, y los hombres, 45.1 %) se concentran en dos grandes zonas regionales: por una parte, América del Norte; por otra, el norte, sur y oeste de Europa (es decir, sustancialmente la Unión Europea, más exactamente una parte de sus Estados miembros que dejaría de lado los incorporados a partir de 2004, 2007 y 2015).

El 11 de enero el papa Francisco pronunció un importante discurso que en gran medida estuvo dedicado al fenómeno migratorio. Es otra mirada, distinta y más abierta, de la de los responsables políticos, que no obvia la gravedad de la situación pero que al mismo tiempo busca respuestas que coloquen a las personas en el centro de todas  ellas y que protejan su dignidad. La reflexión del Papa es, pues, sobre “la grave emergencia migratoria que estamos afrontando, para discernir sus causas, plantear soluciones, y vencer el miedo inevitable que acompaña un fenómeno tan consistente e imponente, que a lo largo del año 2015 ha afectado principalmente a Europa, pero también a diversas regiones de Asia, así como del norte y el centro de América”, una reflexión en la que expone que la historia de la humanidad, como recuerda la Biblia, está hecha de tantas migraciones, a veces como fruto de su conciencia del derecho a una  libre elección; otras, impuestas a menudo por las circunstancias externas”.

Más preocupantes son las conclusiones del Consejo de Jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea, celebrado el 18 y 19 de febrero, sobre la política migratoria y el  acuerdo para evitar la salida del Reino Unido de la UE. No esperen encontrar en las conclusiones una apuesta decidida por una política social de progreso, más allá de las consabidas referencias a la necesidad de mantener una Europa en la que libertad de circulación de las mercancías, personal, capitales y servicios sea una realidad, aunque inmediatamente nos demos cuenta que la libertad de circulación de las personas cada vez sufre más restricciones. No esperen encontrar alguna referencia a la necesidad de coordinar mejor las políticas sociales, o mejor dicho sí la encontrarán en las propuestas para contentar al Reino Unido…, pero en el sentido de restringir los derechos sociales, y no sólo a ciudadanos de terceros países sino también, y este es el dato a destacar, a ciudadanos de países de la UE, básicamente (aunque es lógico que no se mencione de forma expresa, pero la redacción del texto no deja ningún lugar a duda de cuáles son), aquellos de la Europa central y del este que se incorporaron a la UE en 2004 y 2007.

A diferencia de otros documentos comunitarios en los que se pone el acento, al menos teóricamente, en las políticas de integración, sin olvidar ciertamente las del control y restricción de entrada de refugiados, las conclusiones apuestan claramente por la segunda opción como lo demuestra la lectura de las tres primeras líneas del apartado 4: “En respuesta a la crisis migratoria a la que se enfrenta la UE, el objetivo debe ser, rápidamente, contener la afluencia de llegadas, proteger nuestras fronteras exteriores, reducir la migración ilegal y salvaguardar la integridad del espacio Schengen”.  Mucho más dura aún, tanto desde el respeto a la dignidad humana como jurídica, es la declaración de la reunión del 8 de marzo, en la que se incluye una medida que habla de números cuando en realidad son personas: “reasentar por cada sirio readmitido en Turquía desde las islas griegas a otro sirio desde Turquía en los estados miembros de la U”, eso sí “en el marco de los compromisos vigentes”.  Para la UE, Turquía debe aplicar el plan de acción pactado, y muy bien compensado económicamente, al objeto de integrar a la población siria refugiada en su territorio en el mercado laboral y al mismo tiempo detener los flujos migratorios.  

Justamente la crisis de los refugiados mereció  atención en la reunión de los ministros de finanzas del G20 celebrada a mediados de febrero en  Shanghái, pero no desde la perspectiva humanitaria sino desde su impacto en la estabilidad económica por el impacto que puede tener en el seno de la UE y en consecuencia también en el ámbito mundial. Desde una perspectiva mucho menos economicista y más cercana a los problemas de los refugiados, la red intraeclesial ha puesto de manifiesto que “no estamos ante una crisis humanitaria debido al recrudecimiento de la guerra de Siria y otros conflictos, sino ante el fracaso de las políticas migratorias europeas basadas en el control de flujos y la externalización de fronteras”.  Por otra parte la Comisión Europea ha destacado que los más de 60 millones de refugiados y desplazados internos que se contabilizan en todo el mundo “constituyen la más grave crisis de refugiados desde la II Guerra Mundial”

Tiempos lentos los de la política, tiempos muy rápidos en la vida real en la que muchos refugiados desean acceder a territorio europeo. Muchas reuniones, muchos documentos, muchas palabras (cada vez con contenidos más restrictivos de derechos). Ya sobran, porque lo que faltan son los hechos, las medidas para que Europa mantenga su rostro social ¿será posible?