1. La semana que
termina ha visto la publicación de dos documentos de especial interés sobre las
políticas económicas y de empleo, uno de ellos referido específicamente a
España y otro de carácter más general de la OCDE, sin olvidar las Resoluciones
aprobadas por el Parlamento Europeo sobre las orientaciones económicas y de
empleo para este año en el marco de la puesta en marcha del semestre europeo.
2. Las propuestas
contenidas en el documento de la OCDE “Going for growth”, hecho público el 26
de febrero, referidas en concreto a España no difieren a mi parecer de las que
se encuentran en documentos de años anteriores: la mejora de las políticas
activas de empleo; la adecuación de los salarios a las necesidades de las
empresas y poniendo el énfasis en el reforzamiento de los criterios de
representatividad de las organizaciones empresariales y sindicales para poder
firmar acuerdos sectoriales, para los que deberían ser las empresas las que
decidieran si se adherían a los mismos (a diferencia del marco de descuelgue
existente en la actualidad); la reducción de las diferencias entre trabajadores
estables y temporales con la introducción de un contrato con indemnización creciente
según la antigüedad (sigue sin abordarse la cuestión de la causalidad de la
extinción); la mejora de los sistemas educativos y formativos, con una estrecha
relación con las necesidades empresariales. Las políticas de mercado de trabajo
deberían facilitar la reincorporación al mismo de las personas desempleadas de
larga duración, algo que a juicio de la OCDE “disminuiría los riesgos de
pobreza y exclusión social, y por ello también la desigualdad”.
3. Por su parte,
la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2016, “sobre el Semestre Europeo para la coordinación de laspolíticas económicas: aspectos sociales y relativos al empleo del EstudioProspectivo Anual sobre el Crecimiento 2016”, recuerda que “el empleo
integrador y de calidad constituye un pilar fundamental de la justicia social,
al fomentar la dignidad humana para todos; opina, en este sentido, que la
creación de empleo de calidad y la generación de crecimiento deben ser aspectos
centrales de las políticas de los Estados miembros y de la UE, especialmente
las destinadas a los jóvenes y a la generación de más de 55 años, en cuanto
instrumento para construir economías más sostenibles desde el punto de vista
social en la UE; insta a los Estados miembros a aplicar y desarrollar
ulteriormente las políticas en materia de desempleo juvenil, adaptando dichas
políticas a las necesidades reales del mercado laboral”. Igualmente “Subraya la
necesidad de dar una respuesta rápida y efectiva a las necesidades de los
desempleados con más de 55 años; pide tanto a la Comisión como a los Estados
miembros que apoyen soluciones de empleo flexibles para este grupo (incluidos
empleos a tiempo parcial y temporales) que atiendan a sus necesidades
específicas y garanticen así que no abandonen de forma prematura el mercado
laboral; subraya el importante papel que desempeñan los trabajadores de edad
más avanzada en el lugar de trabajo, al transmitir sus conocimientos y
experiencia a los trabajadores más jóvenes, por ejemplo, haciendo que
participen en procesos de formación en el lugar de trabajo y asegurando de ese
modo que los trabajadores de más de 55 años no terminen desempleados”.
El Parlamento
europeo es crítico sobre el mal uso de la llamada flexiseguridad en el ámbito
laboral, como lo demuestra este párrafo del documento: “Considera que la
flexiguridad cuidadosamente sopesada contribuye a evitar la fragmentación del
trabajo y a fomentar el mantenimiento del empleo de calidad sostenible, pero
expresa su preocupación por que la flexiguridad no se haya aplicado
adecuadamente en una serie de Estados miembros; pide a los Estados miembros y a
la Comisión, cuando corresponda, que velen por el respeto de los derechos
laborales y las normas en materia de seguridad social cuando se aplique el
modelo de la flexiguridad; pide a los Estados miembros que modernicen su
legislación de protección del empleo con el fin de promover una mayor
estabilidad en el trabajo, así como la seguridad en los periodos de transición
entre empleos, también a través de una mayor y mejor cooperación entre los
servicios de empleo públicos y privados, en su caso, y el acceso de los
empleados a la seguridad social y a los derechos en materia de protección
social; observa que varios Estados miembros han llevado a cabo reformas que han
tenido efectos positivos evidentes, por ejemplo, en el aumento de las tasas de
empleo, pero lamenta que, en algunos casos, las reformas laborales hayan
favorecido la flexibilidad a costa de la seguridad, lo que ha provocado un
aumento de la precariedad y una falta de protección del empleo; pide a la
Comisión que refuerce la supervisión de la práctica abusiva que supone la sucesión
de contratos de duración determinada, así como de otros contratos atípicos
sucesivos, tanto en el sector privado como en el sector público”. ;
4. El documento
que debe merecer especial atención en esta entrada es el elaborado por los servicios
de la Comisión que lleva por título “Informe sobre España 2016, con un examenexhaustivo relativo a la prevención y la corrección de los desequilibriosmacroeconómicos”, documento de trabajo que, tal como se explica en su portada “no
constituye la posición oficial de la Comisión Europea ni presupone ninguna
posición de este tipo”.
En su
presentación, así como de los de los restantes países de la UE, la ComisiónEuropea explicó en su nota de prensa, de 26 de febrero, lo siguiente: “Los
informes son una herramienta englobada en el proceso armonizado del Semestre
Europeo de coordinación de políticas económicas que permite supervisar las
reformas y señalar cuanto antes los retos que los Estados miembros deben afrontar.
Tras la publicación en noviembre del Estudio Prospectivo Anual sobre el
Crecimiento 2016 y de las recomendaciones para la zona del euro, que establecen
las prioridades a nivel europeo, los informes de hoy trasladan la atención del
Semestre Europeo a la dimensión nacional. Los informes servirán de base para un
debate con los Estados miembros en torno a sus opciones de política nacional de
cara a sus programas nacionales, previstos para abril, y el proceso culminará a
finales de primavera, cuando la Comisión formule recomendaciones específicas
por países”. También según la Comisión, los informes elaborados este año “reflejan
la mayor atención a consideraciones sociales y de empleo que la Comisión quiere
introducir en el semestre europeo”.
5. En el ámbito de
las políticas laborales y de empleo el documento es bastante laudatorio de las
reformas operadas en la legislatura recién finalizada, aun cuando no deja de
subrayar los problemas importantes que siguen existiendo en la realidad laboral
y social española. Con carácter general, y en la síntesis del informe, se
afirma que “Las reformas del mercado laboral han aumentado la capacidad de
reacción del empleo al crecimiento. En comparación con lo sucedido en repuntes
anteriores, la creación de empleo se ha reanudado en una fase más temprana de
la recuperación, cuando el crecimiento del PIB aún era modesto. Se espera que
el empleo en equivalentes en tiempo completo haya aumentado un 3 % en 2015,
gracias a la moderación salarial y al aumento de la flexibilidad introducida
por las reformas del mercado laboral en años anteriores. Aunque el desempleo
disminuyó a un ritmo récord en 2015, sigue estando entre los más elevados de la
UE, por encima del 20 % de la mano de obra”. No obstante, el elevado desempleo
y el riesgo de exclusión social que afectan en gran medida a jóvenes y personas
poco cualificadas, según el Informe, “obstaculizan el ajuste y conllevan
elevados costes sociales”.
Los servicios
técnicos valoran positivamente los cambios habidos en el marco normativo de la
negociación colectiva, que califican (y supongo que se refieren a la prioridad
de los convenios de empresa) como “un paso adelante en la fijación de los
salarios”, así como algunas medidas adoptadas en el ámbito de las políticas
activas de empleo, pero echan en falta avances en los procesos de movilidad en
el mercado laboral de la mano de obra y critican los desajustes o diferencias
en la regulación de los sistemas de asistencia social, en concreto de las
rentas mínimas de inserción, en las distintas autonomías. Que sí se refieren a
los acuerdos de empresa se constata en la valoración positiva que realizan del
Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015- 2017, ya que tras la
reforma laboral operada en 2012 puede considerarse que el AENC “promueve la
coordinación de la negociación descentralizada, ofreciendo orientaciones para
el nivel intersectorial, pero flexibilidad para el nivel de empresa”.
No deja de lado el
informe una vez más la consabida crítica de la dualidad del mercado de trabajo
entre contratos permanentes y temporales (aunque no formula propuestas
concretas sobre la implantación del mal llamado contrato único, como sí se hace
en otros documentos de la Comisión de años anteriores), dualidad que considera
elevada y que es objeto de crítica por su repercusión negativa “en las
condiciones de trabajo y en la cohesión social”. No me parece nada mal que un
documento comunitario, todo lo meramente técnico que se quiera pero comunitario
al fin y al cabo, destaque que más del 70 % de todos los contratos temporales
se caracterizan “por una duración media de seis meses”, que quienes tienen un
contrato temporal sufren un riesgo de pobreza del 23 %, frente al 15,6 % en la
UE, y que las tasas de transición de la contratación temporal a la estable son
bajas “ya que sólo el 12 % de los trabajadores temporales de España pasó a
tener un contrato indefinido en 2014, frente a un 23 % en la UE”.
Igualmente,
manifiesta su preocupación por los elevados porcentajes de pobreza y exclusión social
en relación con la media de la UE, dato que sugiere, y yo diría que algo más
que sugerir, que “a pesar de las mejoras del mercado laboral, revertir el
impacto social de la crisis puede llevar tiempo”. Destaca el crecimiento del
empleo en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo y el incremento de
cotizantes a la Seguridad Social, aunque se olvida de la importancia que tiene,
para las arcas de la SS, que el incremento del número de cotizantes no vaya de
la mano con el incremento de los ingresos, teniendo ello su razón de ser en los
bajos salarios, y las consiguientes bases de cotización, y un importante número
de contratos a tiempo parcial. En efecto, la mejora del empleo no ha ido de la
mano con la mejora de los indicadores sociales, y el informe constata algo que
ha sido ya puesto de manifiesto con anterioridad en informes de las
organizaciones sindicales y de economistas críticos con las tesis oficiales: “El
aumento de la proporción de trabajadores en empleos a tiempo parcial (del 14,5
% en 2012 al 15,6 % en 2015) y temporales (del 23,4 % en 2012 al 25,7 % en
2015) en los últimos años fue de la mano de un creciente riesgo de pobreza
entre los trabajadores a tiempo parcial (del 18,7 % en 2013 al 22,9 % en 2014),
y los trabajadores temporales (del 17,5 % en 2013 al 22,9 % en 2014). Junto con
la moderada evolución de los salarios, ello contribuyó al aumento general del número
de ocupados pobres observado entre estos dos años)”.
Por otra parte, el
impacto de las múltiples bonificaciones en materia de Seguridad Social
existentes en España para fomentar la contratación indefinida es muy poco claro
respecto a su resultado positivo, y el propio informe, confirmando otros
estudios realizados, pone de manifiesto que “los costes asociados a estas
medidas en términos de ingresos de la Seguridad Social pueden no quedar
compensados por los mayores niveles de empleo”. Entre los aspectos negativos
del Informe está el de ser España uno de los países de la UE con más elevado
nivel de desigualdad, que aumento durante la crisis “impulsada principalmente
por el desempleo y la polarización creciente de ingresos entre las personas
ocupadas”.
Las líneas
generales apuntadas en la síntesis del documento son ampliadas y desarrolladas
en el
capítulo 2.4, dedicado al denominado “ajuste del mercado laboral”, en el
que se combinan los datos positivos (el aumento del empleo en un 3,1 %, 546.000
puestos de trabajo, desde el comienzo de la crisis hasta el tercer trimestre de
2014, por ejemplo), con el mantenimiento de un muy elevado volumen de desempleo
de larga duración, el 51 % del total en el mismo trimestre. Si la valoración
de la reforma laboral del gobierno popular es positiva en cuanto al número de
puestos de trabajo mantenidos (calcula que en ausencia de esta “se habrían
perdido otros 400.000 puestos de trabajo”), lo es menos respecto a las nuevas
contrataciones, y se remite, haciéndolo suyo, al informe de la OCDE sobre la
reforma laboral en 2014, de tal manera que con los datos con que trabajan se
sugiere que “la reforma consiguió reducir la tasa de pérdida de empleo, sobre
todo merced a una mayor flexibilidad interna, si bien el efecto en las nuevas
contrataciones fue más limitado”, dato que impacta negativamente en las tasas
de desempleo, en especial de aquellas personas desempleadas durante doce o más
meses y que son las que menos se benefician de la mejora del mercado laboral,
constatándose que “casi el 60 % de los parados de larga duración están poco
cualificados y tienen menos posibilidades de encontrar empleo”, y que la existencia de una elevada tasa de
desempleo, y no sólo de larga duración, puede encontrar buena parte de su razón
de ser en el desajuste entre las aptitudes ofertadas por los demandantes de
empleo y las demandadas por las empresas.
5. Por último, el
documento recuerda cuáles fueron las recomendaciones específicas formuladas a
España en 2015 y qué modificaciones se han producido, así como los objetivos
nacionales de la Estrategia Europea 2020 y los avances, o retrocesos, operados,
recordando que el objetivo de la tasa de empleo es de un 74 % de las personas
de 20 a 64 años, y que en 2014 se situaba en el 59, 9 %, habiéndose incrementado
2,4 puntos desde 2013 y con previsión de nuevos incrementos ante la mejora de
empleo, pero señalando también que el impacto de la crisis sigue pasando
factura, ya que “en cualquier caso, todavía se mantiene 8 puntos porcentuales
por debajo del nivel alcanzado en 2007”. Tampoco se ha avanzado en el objetivo
de reducir el número de personas en situación o en riesgo de pobreza y de
exclusión social, sino que por el contrario “ha aumentado en más de 1,3 millones entre 2010 y 2014”.
Buena lectura de
los documentos.
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