martes, 24 de noviembre de 2015

La política migratoria de la Unión Europea y la crisis de los refugiados. Las decisiones políticas, las normas y las medidas concretas adoptadas en 2015 (y II).



III. La respuesta de la UE a la crisis de los refugiados. Medidas propuestas y adoptadas durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de este año.   

1. ¿Ha quedado desfasada la AEM con los acontecimientos acaecidos desde la fecha de su presentación, más exactamente con aquello que ha dado en llamarse la crisis de los refugiados?  En puridad no ha sido así, ya que se preveía la adopción de medidas que ya se han puesto en marcha, pero no hay que negar que han tenido que adoptarse otras medidas, y dedicar recursos adicionales, que muy probablemente no estaban inicialmente previstas, al mismo tiempo que dicha crisis ha cuestionado la unidad europea y ha destapado las carencias de la política comunitaria. 

El profesor Javier de Lucas ha escrito recientemente un amplio estudio cuyo título refleja muy claramente su dura crítica a la política europea en materia de asilo. “Mediterráneo, el naufragiode Europa” (ed. Tirant lo Blanch), cuya lectura recomiendo y reproduzco ahorasu presentación en la página web de la citada editorial: “En los últimos dos años, el Mediterráneo se ha convertido en la frontera más peligrosa del mundo. En sus aguas -las nuestras- pierden la vida miles de seres humanos que no son sólo inmigrantes a la búsqueda de mejores condiciones de trabajo, de una vida mejor, sino también y cado vez más, personas que huyen de diferentes formas de persecución: refugiados que deberían poder solicitar y obtener asilo. Los dirigentes europeos se declaran consternados después de las catástrofes de mayor impacto, vierten sus lágrimas de cocodrilo y claman contra las mafias que trafican con seres humanos. Después de la enésima tragedia, en aguas de Libia, en lo que perecieron al menos ochocientas personas, se proclamó una "Nueva Agenda migratoria europea", que incluiría criterios para distribuir entre los Estados miembros a unos 40.000 refugiados. El bochornoso espectáculo, propio de un bazar, en el que los responsables políticos europeos (sobre todo de España, Reino Unido, Hungría, Polonia) pugnaban por rebajas en las cuotas de refugiados hasta conseguir que todo quedara en un criterio de voluntariedad, fue denunciado contundentemente por S. Nair como una cortina de humo que difícilmente podía tapar nuestras vergüenzas y ocultar dos hechos escandalosos. La ridícula desproporción entre la dimensión real de la crisis (sólo en Siria, 4 millones de personas) y la respuesta europea y, en segundo lugar, la verdad sobre quiénes asumen la carga de la solidaridad: países africanos y asiáticos, no los europeos. ¿Debemos seguir asistiendo los ciudadanos europeos, entre la indiferencia y la impotencia, a esa tragedia? ¿Hay otras políticas migratorias y de asilo posibles? ¿Qué medidas se debería adoptar? El autor del libro, que trabaja sobre estos problemas desde el año 1990, trata de ofrecer elementos de análisis y propuestas que permitan evitar que sea la propia Unión Europea, sus principios y valores, quien naufrague en esta tragedia”.

2. En pocas ocasiones a lo largo de su historia la UE habrá dedicado en un mes tanta atención a una política, en este caso la migratoria vinculada a la crisis de los refugiados y la regulación del derecho de asilo, como ha ocurrido el pasado mes de septiembre, atención que en modo alguno ha terminado como he explicado al inicio de mi ponencia. De forma resumida, y remitiéndome a los documentos aprobados por la Comisión, cabe decir que el 9 de septiembre se adoptó un paquete de medidas a las que se refirió el presidente de la Comisión J.C. Juncker el mismo día en su intervención ante el Plenario del Parlamento Europeo, en el que recordó la creación de la Convención sobre el  Estatuto de los refugiados aprobada en Ginebra en 1951, aprobada “para facilitar refugio a quienes, en Europa, debían saltar por encima de los muros para escapar a las guerras y a la opresión totalitaria”, y señaló con acierto que el importante número de refugiados que está afluyendo a Europa en los últimos meses, “no representa más del 0.11 % de la población total en la UE, mientras que en Líbano representan el 25 % de la población, tratándose de un país cuya población es cinco veces menos rica que en la UE”.  

Dichas medidas fueron objeto de atención en la reunión informal de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada el 23 del mismo mes, y la estrategia a medio plazo para abordar la crisis de los refugiados quedó plasmada en la Comunicación presentada por la Comisión ese mismo día y que lleva por título “Gestión de lacrisis de los refugiados: medidas operativas, presupuestarias y jurídicasinmediatas en el marco de la Agenda Europea de Migración”.  Para la Comisión, la necesidad más imperiosa en esos momentos era “apoyar a los Estados miembros que gestionan un número excepcional de refugiados en su territorio”, apoyo que requiere de actuaciones tanto dentro como fuera de la UE. Entre las medidas operativas que se adoptan están la “Aplicación integral de los regímenes de reubicación y despliegue de equipos de apoyo y gestión de la migración en zonas críticas”, la “Activación del Mecanismo de Protección Civil o de equipos de intervención rápida en las fronteras, con el fin de recabar una ayuda práctica e inmediata de la UE y otros Estados miembros de la UE, la “Normalización del espacio Schengen y supresión de los controles en las fronteras interiores”, ya que los controles fronterizos que se habían dado en las semanas anteriores (en Alemania o Dinamarca, por ejemplo) solo pueden justificarse en situaciones de crisis, “pero nunca puede ser más que una medida a corto plazo”. También se propugnaba la intensificación de la ofensiva diplomática y de la cooperación con terceros países, siendo la Cumbre de La Valeta sobre Migración, a celebrar el 11 y 12 de noviembre de 2015, el lugar apropiado para ello. A los resultados de dicha reunión me referiré más adelante.

En perspectiva a medio plazo, la CE planteaba la necesidad de poner en marcha una política sólida y consistente migratoria, que a su parecer pasaría por la protección de las fronteras de la UE; un sistema a escala europea y a largo plazo de reasentamiento y reubicación, que debe pasar por una reforma del Reglamento de Dublín, una Política de retorno “creíble y eficaz”, y en fin una apertura de vías legales de migración, previéndose que en marzo del próximo año la Comisión presentará un paquete sobre migración legal que incluirá la revisión de la tarjeta azul.  

3. Este grupo de medidas aprobadas el 9 de septiembre es del siguiente tenor:

A) Propuesta de reubicación de emergencia de 120.000 refugiados desde Grecia, Hungría e Italia, cifra que se sumaría a la ya propuesta de 40.000 refugiados provenientes de Grecia e Italia, fijándose el número de personas acogidas por cada Estado de acuerdo a estos criterios: 40 %, el tamaño de la población, 40 % el PIB, 10 % el número medio de anteriores solicitudes de asilo, 10 % la tasa de desempleo.

B) Una cláusula de solidaridad temporal, en virtud de la cual aquel Estado que no pudiera participar en dicha reubicación debería aportar una contribución financiera al presupuesto de la UE del 0,002 de su PIB.

C) Un mecanismo de reubicación permanente para todos los Estados miembros, “capaz de activarse en todo momento para ayudar a cualquier Estado miembro de la UE en situación de crisis o de extrema presión sobre su sistema de asilo por una afluencia fuerte y desproporcionada de ciudadanos de terceros países”.

D) Una lista europea común de países de origen seguros, por lo que los peticionarios de asilo de tales países serían devueltos a los mismos. Combinado con lo anterior, una política de retorno más eficaz que promueva el retorno voluntario y refuerce la aplicación de la Directiva 2008/115/CE, y en la Comunicaciónpresentada el 9 de septiembre se propone aumentar la influencia de la UE en materia de retorno y readmisión, es decir una mayor presión, sobre los países de los que provienen la mayor parte de los migrantes, quedando muy clara la intención de la política comunitaria en estos fragmentos del texto: “Pero también deben identificarse instrumentos de presión sustanciales fuera del ámbito de los asuntos de interior para aumentar la cooperación en materia de readmisión de los terceros países, en consonancia con la petición del Consejo Europeo de 25 y 26 de junio de 2014 «apoyándose en el principio de «más por más», la ayuda y las actuaciones de la UE se utilizarán para crear incentivos para la aplicación de los acuerdos de readmisión vigentes y la celebración de otros nuevos». Entre los elementos adicionales de presión que deben utilizarse figuran la ayuda al desarrollo, la política de vecindad, los acuerdos y las preferencias comerciales (con la posibilidad de vincular la conclusión de acuerdos de libre comercio o la concesión del trato preferencial a determinados terceros países a la celebración de un acuerdo de readmisión paralelo), la educación (Erasmus +) y la cultura. Se anima encarecidamente a los Estados miembros a identificar elementos de presión en los ámbitos de su competencia nacional, como el acceso de nacionales de terceros países a sus mercados laborales”.

E) Una comunicación sobre las normas de contratación pública para los dispositivos de recepción de refugiados, al objeto de facilitar que el cumplimiento de las normas de la UE por parte de los Estados para garantizar tales servicios se realice “de forma sencilla y poco burocrática”.

F) En fin, abordar la dimensión exterior de la crisis de los refugiados, dedicando una importante ayuda económica a los países en guerra (Siria Irak y Libia) y a los países vecinos que acogen la mayor parte de los refugiados (Jordania, Líbano y Turquía). También, la creación de un fondo fiduciario de 1.8000 millones de euros destinado a África para mejorar la estabilidad y abordar las causas de los flujos migratorios.

4. Las medidas puestas en marcha fueron objeto de atención crítica por el Parlamento europeo en su sesión plenaria de septiembre, aprobándose el día 10 una Resolución “sobre la migración y los refugiados en Europa”, en la que se ponía de manifiesto que las medidas a corto plazo no pueden ni deben hacer olvidar que la migración es un fenómeno complejo y mundial que requiere de un enfoque a largo plazo que aborde sus causas, entre ellas “la pobreza, la desigualdad, la injusticia, el cambio climático, la corrupción, la mala gobernanza y los conflictos armados”, con una crítica a los intentos de la CE de vincular las ayudas al desarrollo en terceros Estados al incremento de los controles en frontera o a los acuerdos de readmisión.

En el plano de las medidas a corto plazo, pero con indudable incidencia también a medio y  largo, el Parlamento propuso como una prioridad de primer orden, ante las dificultades para poder acceder legalmente a la UE, que esta y sus Estados miembros “creen vías seguras y  legales para los refugiados, como corredores humanitarios y visados humanitarios”. Una propuesta muy parecida fue presentada por  Caritas Europea el 8 de octubre, con el argumento de que “abriría a muchos migrantes un camino hacia el acceso legal y seguro al territorio de la UE, además de salvar miles de vidas y acabar con el negocio de los contrabandistas de personas”, argumentando a efectos jurídicos que “Sólo a su llegada al país de destino, el solicitante podrá presentar una solicitud de asilo ante las autoridades responsables y, sólo si esta solicitud es aceptada por el Estado miembro interesado, se entregaría un permiso de residencia a largo plazo. Por lo tanto, los Gobiernos no deberían temer este tipo de visado y, en cambio, proceder rápidamente en su aplicación”. 

5. Los nuevos retos de la política migratoria a escala europea fueron objeto de especial atención en el eurobarómetro del Parlamento europeo realizado del 19al 29 de septiembre, cuya primera parte se dedicó específicamente a dicha política. En cuanto a los desafíos que debe abordar la UE en el inmediato futuro, no es de extrañar, atendiendo a la realidad cotidiana de los flujos migratorios y las permanentes informaciones al respecto en los medios de comunicación y en las redes sociales, que la inmigración se sitúe en segundo lugar a solo dos puntos del desempleo (47 y 49 %, respectivamente), con un espectacular incremento del 33 % desde julio de 2013, incremento que supera el 50 % en nueve Estados miembros.

La ciudadanía europea encuestada se manifiesta globalmente partidaria de que sean tomadas más decisiones en el seno de la UE (66 %) y de que los Estados miembros más afectados directamente por los flujos migratorios reciban más ayudas económicas de la UE (62 %), así como también que debería simplificarse el procedimiento de admisión regular de acceso de los migrantes a territorio europeo, a fin de luchar contra la inmigración irregular (66 %). En cuanto a la distribución de los demandantes de asilo entre los Estados de la UE, el 78 % manifiesta su creencia de que deberían estar mejor repartidos que actualmente, si bien los porcentajes varían de forma espectacular, desde el 97 % en Alemania (el país que más refugiados ha recibido) hasta el 31 % en Eslovaquia. Un porcentaje bastante elevado (75 %) es partidario de fijar cuotas obligatorias de distribución entre los Estados UE con la misma importante diferencia que en el supuesto anterior entre los Estados.

En fin, sobre la percepción de necesidad en los Estados miembros de migrantes económicos en situación regular para trabajar en algunos sectores de actividad en los que haya falta de mano de obra, hay posiciones mayoritarias a favor de tal necesidad (51 % de los encuestados) pero no están nada lejos las de quienes consideran que no existe tal necesidad (42 %), con tasas muy positivas en países como Suecia, Alemania, Dinamarca o Reino Unido (entre el 70 y 77 %) frente a las negativas de otros diecinueve Estados en los que no se alcanza la mitad favorable (desde sólo el 19 % en Eslovaquia, el Estado más reticente y refractario a la admisión de  trabajadores migrantes y de refugiados). No es de extrañar, pues, que las diferentes percepciones sobre el impacto económico positivo de los migrantes sean muy diferente entre Estados, en parecidos términos a los anteriores, y que la misma divergencia se produzca, a favor y en contra, cuando se pide el parecer sobre el enriquecimiento de la vida cultural del país por parte de los migrantes. Por cierto, hago un apunte incidental sobre el impacto económico y demográfico en el País Vasco, para poner de manifiesto que un reciente estudio realizado por el Observatorio vasco de  inmigración constata que es positivo “el saldo de la aportación económica del colectivo de nacionalidad extranjera… tanto para el período de bonanza económica – 2008 – como en el de crisis – 2012 –“, y con mayor claridad si cabe se concluye, después del estudio de los datos disponibles, que estos indican que “la hipótesis, extendida en nuestra sociedad, de que el colectivo de nacionalidad extranjera aporta menos de lo que recibe a través del sistema de protección social, no se sustenta en los datos estadísticos disponibles, y lógicamente volverán a aportar más cuando el cambio de ciclo se haya confirmado”.         

6. Un documento de obligada lectura y análisis a fin de conocer la política europea para gestionar la situación derivada del incesante flujo de refugiados hacia territorio comunitario es la Comunicación presentada por la Comisión el 14 de octubre, que lleva por título “Gestión de la crisis de los refugiados: estadode ejecución de las acciones prioritarias con arreglo a la Agenda Europea deMigración”. Se trata de un documento cuyo contenido es permanentemente actualizado  para conocer justamente el estado de la ejecución de las medidas citadas, siendo el día 17 de este mes el último, hasta el momento en que redacto este texto, en que la Comisión Europea ha procedido a la actualización de los datos.

Las llamadas acciones prioritarias se agrupan en tres grandes bloques: medidas operativas, ayuda presupuestaria y aplicación del derecho de la UE. En las primeras se presta especial atención a la puesta en marcha, y apoyo técnico y presupuestario para los países en donde se ubiquen, de los llamados “puntos críticos”, existentes ya en Italia y en Grecia, y definidos como “una sección de la frontera exterior de la UE o de una región con extraordinaria presión migratoria y que pide un apoyo reforzado y concertado por parte de las agencias de la UE”. Igualmente, al despliegue efectivo (mucho más lento de lo inicialmente previsto) del sistema de reubicación, es decir el traslado desde Italia, Grecia y Hungría de 160.000 personas “con necesidad manifiesta de protección internacional” hacia otros Estados de la UE mediante la fijación de un sistema de cuotas.  Hasta la fecha de la Comunicación sólo seis Estados habían manifestado que estaban en condiciones de acoger a personas reubicadas, entre los que se encontraba España, que recientemente, el 6 de noviembre,  ha aprobado un programa de reasentamiento que afectará a algo menos de 1.000 refugiados, más exactamente  854, y de ellos 130 pertenecen al cupo de 2014, por lo que en puridad son solo 724 refugiados los acogidos para dar respuesta a la petición de los órganos de gobierno comunitarios.  

Con respecto a la política de reasentamiento de refugiados en países vecinos, está prevista la acogida de 20.000 en los próximos dos años, habiéndose iniciado la puesta en marcha de esta medida con el reasentamiento de 132 ciudadanos sirios en la República Checa. Italia y Liechtenstein. Por fin, en relación con la política de retorno y readmisión, la Comisión critica la lentitud en la aplicación de medidas de dicho tenor en cumplimiento de la Directiva de 2008, y cree que de ello “se aprovechan las redes de tráfico para atraer a migrantes que no necesitan protección internacional”, y de ahí que llame a los Estados miembros para que incrementen la aplicación de la Directiva cuando se den las condiciones legales requeridas para ello, con una explicación de su importancia que no deja lugar dudas de la visión instrumentalista y de presión sobre terceros países de donde provienen buena parte de los migrantes irregulares y que no necesitan protección especial: “Los Estados miembros y la Comisión deben trabajar conjuntamente para establecer un delicado equilibrio entre presiones e incentivos en sus relaciones con los terceros países, a fin de  aumentar el número de retornos”, poniendo como ejemplo la necesidad de mejorar el acuerdo de readmisión con Pakistán, suscrito en 2012.

En cuanto a la ayuda presupuestaria, la UE ha aprobado modificaciones de sus presupuestos para dedicar un importe adicional de 1.700 millones de euros para 2015 y 2016, de tal manera que dispondrá de un total de 9.200 millones para estos dos años, y ha pedido a los Estados miembros que contribuyan y complementen la financiación comunitaria, pero hasta ahora los resultados son bastante pobres ya que a 17 de noviembre sólo se habían aportado 577 millones, (Reino Unido, 140; Alemania 108; Francia,  103).

Sobre la aplicación del Derecho de la UE, la Comisión parte de la base de la existencia de “un sólido conjunto de normas comunes en materia de asilo y migración regular”, por lo que plantea que aquello que hay que hacer ahora es aplicarlas correctamente. Su preocupación sobre la política de retorno, es decir la aplicación de la Directiva de 2008, se pone nuevamente de manifiesto en este punto, ya que insiste en que los Estados miembros “deben garantizar la disponibilidad física de los migrantes irregulares para su retorno y hacer uso de la detención, como medida legítima de última instancia, cuando sea necesaria para evitar que los migrantes se fuguen”. La Comisión es crítica (¿lo seguirá siendo después de los atentados de Paris el 13 de noviembre?) sobre la supresión, temporal, de la libre circulación de personas en territorio UE aplicada por varios Estados para enfrentarse al aumento del número de refugiados que deseen transitar por ellos o bien acceder a los mismos, y reconoce que se trata de  una medida excepcional, “pero nunca puede ser nada más que una medida a corto plazo antes de que la situación se estabilice”.

Más control de las fronteras exteriores… y también de las interiores. Este parece ser una de las conclusiones más relevantes de la Comunicación y de los documentos posteriores. Respecto a las primera, existe el compromiso de presentar antes de finalizar 2015 “propuestas para crear una guardia costera y de fronteras plenamente operativa”, como medida comunitaria de respaldo a los países europeos que se encuentran con mayores dificultades (en especial Grecia e Italia) para llevar a cabo en la actualidad, teniendo en consideración el elevado número de personas refugiadas que llegan, o pretenden llegar, a sus territorios, “el reto de la gestión de las fronteras exteriores de Europa”.

7. Poco antes de hacerse pública esta Comunicación se habían reunido el 8 deoctubre  los ministros de justicia einterior, y el reforzamiento de las medidas de seguridad “frente a” es un rasgo definitorio de las conclusiones adoptadas en materia de retorno, considerando una política sobre este punto, siempre con el consabido añadido (y no siempre respetados) de respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas afectadas, “un elemento esencial de la una política global de la UE en materia de migración”, insistiendo en la necesidad de incrementar los porcentajes de personas retornadas ya que tal aumento “debería tener un efecto disuasorio para la migración irregular”. El lenguaje utilizado es claro y no deja lugar a dudas del reforzamiento de las medidas de seguridad: “Deberán adoptarse todas las medidas necesarias para garantizar el retorno efectivo de los migrantes irregulares, incluida la utilización de detención como medida legítima de último recurso. En particular, los Estados miembros deben reforzar su capacidad de internamiento previo a la expulsión a fin de garantizar la disponibilidad física de los migrantes irregulares para su retorno y adoptar medidas que impidan el abuso de los derechos y los procedimientos”. El “más por más” o “yo te doy a cambio de que tú me des”, o más simplemente la política del palo y la zanahoria, se manifiesta con toda su crudeza en este párrafo: “Los Estados miembros, la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior darán prioridad a la readmisión en todos los contactos pertinentes a nivel político con los países de origen de los inmigrantes irregulares para asegurarse de que dichos países reciban un mensaje coherente, que incluya la necesidad de una plena y efectiva aplicación de los acuerdos de readmisión vigentes respecto de todos los Estados miembros. La cooperación con los países de origen debe también centrarse en la identificación de los inmigrantes irregulares y la expedición de documentos de viaje”, así como también en la manifestación de que “la condicionalidad debe utilizarse, cuando proceda, con el objetivo de mejorar la cooperación”.

8. Un día después de hacerse pública la Comunicación, se reunió el Consejo Europeo en Bruselas, y cabe destacar que desde esa fecha la política de migración, y la crisis de los refugiados, han estado muy presente en sus reuniones y en las de los ministros de justicia e interior. En la del 15 de octubre, se fijaron nuevas orientaciones (o más bien a mi parecer readaptación de las ya existentes para tomar en consideración la importancia creciente del flujo de refugiados). La política de seguridad “frente a” va cogiendo fuerza sobre la política de acogida “a favor de”. Ejemplo claro de esta línea es la primera orientación cuyo título es claro y contundente: “Cooperar con terceros países para detener los flujos”, con una amplia mención a la necesidad de lograr un acuerdo con Turquía, que debería ir acompañado (como contrapartida o moneda de cambio) con un decidido impulso a su proceso de adhesión a la UE, “con el fin de realizar avances en las negociaciones de acuerdo con el marco de negociación y las conclusiones del Consejo”; igualmente, el planteamiento de puesta en marcha de medidas eficaces para garantizar a los refugiados el acceso a la educación y el empleo va de la mano con la referencia expresa a que tales medidas, y otras de acogida, estarán en práctica “hasta que (los refugiados) puedan regresar a sus países de origen”. En la misma línea se sitúa a mi parecer la orientación de “reforzar la protección de las fronteras exteriores de la UE (tomando el acervo de Schengen como fundamento), y la de “dar respuesta a la afluencia de refugiados en Europa y garantizar los retornos”, en la que se insiste en la importancia de una aplicación efectiva por parte de los Estados miembros de la Directiva de retorno, y la promoción de la aceptación por parte de terceros países “de un salvo conducto europeo de retorno perfeccionado como documento de referencia a efectos de retorno”.

9. De parecido tenor son las conclusiones adoptadas por el Consejo del 9 de noviembresobre las medidas que deben adoptarse para gestionar la crisis migratoria y de los refugiados. Se sigue insistiendo en el control y reforzamiento de las fronteras exteriores, se plantea ya la reintroducción de controles en las fronteras interiores, se insiste en la necesidad de que los terceros países de los que provienen, en origen o mediante tránsito desde otros, la mayor parte de los refugiados adopten medidas adecuadas para su contención si quieren gozar de ayudas por parte de la UE o de sus Estados miembros, y se enfatiza nuevamente la necesidad de mejorar sustancialmente, por parte de los Estados miembros y con el pleno apoyo de la Comisión y Frontex, “la proporción de retornos”. Un ejemplo claro de la política del palo y la zanahoria, es el ofrecimiento que hace la UE a los Estados “cumplidores de políticas de contención de refugiados hacia la UE” de poner en marcha una política de liberalización de visados para todos los Estados que contribuyan con sus políticas a lograr ese objetivo.  

10. Lacumbre de La Valetta sobre migración, celebrada los dís11 y 12 de noviembre, es un punto de encuentro relevante entre la UE y los terceros países de los que proviene la mayor parte de las migraciones, ya sea con el deseo de acceder al mundo del trabajo en algún Estado de la UE, o bien huyendo de las condiciones de vida indigna y de pobreza a las que las guerras han llevado a cientos de miles de personas, fundamentalmente en Siria y Afganistán. Los ámbitos específicos que centraron su actividad fueron los siguientes:

A) Abordar las causas profundas de la migración, que no son en su gran mayoría en la actualidad sino “los conflictos, la inestabilidad económica y política, las violaciones de derechos humanos y la pobreza”, por lo que difícilmente los flujos migratorios se detendrán a no ser que las políticas emprendidas conjuntamente por la UE y los terceros países, básicamente africanos, contribuyan a crear “paz, estabilidad y crecimiento económico”.  Una de las medidas adoptadas ha sido la creación por la UE del fondo fiduciario de emergencia para abordar las causassubyacentes de la migración irregular en África, al que la UE aporta 1.800 millones de euros y espera que esta cantidad sea complementada en idéntica cuantía por las aportaciones de los Estados de la UE, si bien queda mucho por hacer en este terreno ya que en el momento de su creación sólo se habían aportado algo más de 78 millones de euros por los Estados, de los que tres de ellos corresponden a la aportación española.

B) Establecimiento y organización de canales de migración legal. A tal efecto se plantea, ya estamos en ello desde hace bastante tiempo sin alcanzar aún resultados tangibles, la revisión de la Directiva sobre tarjeta azul , así como también la mejora de las condiciones de acceso, y permanencia, a territorio UE para nacionales de terceros países que desean realizar actividades de investigación o estudios, y la mejora igualmente de la normativa vigente sobre las condiciones de los trabajadores de temporadas y las del personal desplazados dentro de una misma empresa.

C) Potenciar la protección de los migrantes y solicitantes de asilo, con ayuda económica y técnica para los países de los que provienen muchos refugiados, así como reforzar la capacidad operativa de Frontex para evitar la muerte de personas en alta mar.

D) El combate de la explotación y el tráfico de migrantes es otro criterio o pauta de actuación enfatizada por los mandatarios europeos y africanos, en donde juegan un papel relevante no sólo las operaciones militares y civiles en territorios donde se concentra buena parte de las actuaciones de los traficantes de mano de obra, sino también las asociaciones de movilidad bilaterales que implican, entre otras medidas de carácter conjunto “la mejora de la vigilancia y la gestión fronterizas y la cooperación transfronteriza”.

E) En fin, nuevamente aparece la referencia a la mejora de la cooperación entre los Estados de acogida y aquellos de los que provienen los migrantes irregulares o indocumentados y los refugiados en materia de retorno y readmisión, ya que los datos estadísticos de los que dispone la UE ponen de manifiesto que de los 252.003 nacionales de terceros países que estuvieron sujetos en 2014 a la obligación de abandonar la UE sólo fueron devueltos efectivamente 161.309, con porcentajes del 40 % de retornos voluntarios y 43 % de forzosos.

11. La concreción más detalladas de los cinco criterios o pautas de actuación debatidas en La Valetta se realiza en el Plan de acción aprobado por todos los Estados participantes, al que acompaña la declaración política  sobre la necesidad de poner en marcha una política migratoria basada en la solidaridad y responsabilidad compartida y que debe tener en cuenta (repárese en que todos las declaraciones políticas han de guardar un delicado equilibrio en su contenido) el pleno respeto de los derechos humanos y la soberanía de los Estados participantes, “tomando en consideración la legislación y las peculiaridades nacionales”. El Plan de acción recoge dieciséis iniciativas prioritarias a desarrollar desde ahora hasta final del próximo año, de las que destaco algunas de las que me parecen más significativas y remito a las personas interesadas a la lectura del documento:

“1.1. Investing in development and poverty eradication.

Encourage triangular cooperation between Sub-Saharan countries, Southern Mediterranean countries and European ones on migration-related topics to foster development in regions of origin and transit.

Create new economic opportunities for young women and men through initiatives focused on, among others, targeted measures to create jobs and employment opportunities and stimulate entrepreneurship), and programmes with civil society to foster youth participation in the public sphere.

1.2 Development benefits of migration.

By 2030, reduce to less than 3 percent the transaction costs of migrant remittances and eliminate remittance corridors with costs higher than 5 percent.

2. Legal migration and mobility.

Treat the portability of social rights of lawfully residing migrants, in conformity with international conventions, bilateral conventions, and national laws applicable in this area.

Facilitate the short stay visa issuing processes for certain types of visitors, such as students, researchers, business people and artists and holders of diplomatic passports. Facilitate the procedures related to applications for legal migration, including family reunification.

While respecting the national selection and admission procedures, launch pilot projects that pool offers for legal migration (e.g. for work, study, research, and vocational training) by some EU Member States or associated countries to selected African countries as an element of the comprehensive logic of the Action Plan.

4. Prevention of and fight against irregular migration, migrant smuggling and trafficking in human beings

Step up capacity building to counter the production and use of forged and fraudulent documents, including by engaging Frontex and Europol

– Ensure effective implementation by relevant national authorities of existing legislation and measures against employers who exploit irregular migrants

- Provide easy and continuous access to adequate and credible information on legal migration opportunities and dangers of engaging in irregular migration, as well as giving a realistic view of living conditions in European countries

Organise information campaigns in countries of origin, transit and destination, to raise awareness of the general public and potential migrants and victims on the dangers of trafficking in human beings and smuggling of migrants, their recruitment processes, including through public broadcasting services programmes aimed at informing the general public and potential migrants about the migratory situation in Europe”.

12. Por último, cabe destacar que los atentados terroristas de París han llevado a un radical endurecimiento de la política europea en materia de control de fronteras, no sólo exteriores sino también interiores, con el consiguiente impacto que ello puede tener sobre el acceso de refugiados a territorio europeo. La reunión de los ministros de justicia e interior celebrada el 20 denoviembre ha aprobado el reforzamiento de los controles de las fronteras exteriores de la UE, que se realizarán no sólo a ciudadanos de terceros países que deseen acceder a territorio europeo sino que se extenderán a personas que disfrutan del derecho de libre circulación.

Dirigida en especial a los refugiados, ante el temor de que se introduzcan terroristas mezclados con las personas necesitadas de especial protección, los Ministros han acordado controles muy estrictos tanto para los migrantes como para las personas necesitadas de especial protección, en estos términos: “c) in the context of the current migration crisis, carry out a systematic registration, including fingerprinting, of third country nationals illegally entering the Schengen area, whether migrants or applicants for international protection, and perform systematic security checks by using relevant databases, in particular SIS II, Interpol databases, VIS and national police databases, with the support of Frontex and Europol, and ensure that hotspots are equipped with the relevant technology. Europol will deploy guest officers to the hotspots in support of the screening process, in particular by reinforcing secondary security controls”.

¿Continuará? Seguro que sí.