III. La respuesta de la UE a la
crisis de los refugiados. Medidas propuestas y adoptadas durante los meses de
septiembre, octubre y noviembre de este año.
1. ¿Ha
quedado desfasada la AEM con los acontecimientos acaecidos desde la fecha de su
presentación, más exactamente con aquello que ha dado en llamarse la crisis de
los refugiados? En puridad no ha sido
así, ya que se preveía la adopción de medidas que ya se han puesto en marcha,
pero no hay que negar que han tenido que adoptarse otras medidas, y dedicar recursos
adicionales, que muy probablemente no estaban inicialmente previstas, al mismo
tiempo que dicha crisis ha cuestionado la unidad europea y ha destapado las
carencias de la política comunitaria.
El profesor Javier de Lucas ha escrito
recientemente un amplio estudio cuyo título refleja muy claramente su dura
crítica a la política europea en materia de asilo. “Mediterráneo, el naufragiode Europa” (ed. Tirant lo Blanch), cuya lectura recomiendo y reproduzco ahorasu presentación en la página web de la citada editorial: “En los últimos dos
años, el Mediterráneo se ha convertido en la frontera más peligrosa del mundo.
En sus aguas -las nuestras- pierden la vida miles de seres humanos que no son
sólo inmigrantes a la búsqueda de mejores condiciones de trabajo, de una vida
mejor, sino también y cado vez más, personas que huyen de diferentes formas de
persecución: refugiados que deberían poder solicitar y obtener asilo. Los
dirigentes europeos se declaran consternados después de las catástrofes de mayor
impacto, vierten sus lágrimas de cocodrilo y claman contra las mafias que
trafican con seres humanos. Después de la enésima tragedia, en aguas de Libia,
en lo que perecieron al menos ochocientas personas, se proclamó una "Nueva
Agenda migratoria europea", que incluiría criterios para distribuir entre
los Estados miembros a unos 40.000 refugiados. El bochornoso espectáculo,
propio de un bazar, en el que los responsables políticos europeos (sobre todo
de España, Reino Unido, Hungría, Polonia) pugnaban por rebajas en las cuotas de
refugiados hasta conseguir que todo quedara en un criterio de voluntariedad,
fue denunciado contundentemente por S. Nair como una cortina de humo que
difícilmente podía tapar nuestras vergüenzas y ocultar dos hechos escandalosos.
La ridícula desproporción entre la dimensión real de la crisis (sólo en Siria,
4 millones de personas) y la respuesta europea y, en segundo lugar, la verdad
sobre quiénes asumen la carga de la solidaridad: países africanos y asiáticos,
no los europeos. ¿Debemos seguir asistiendo los ciudadanos europeos, entre la
indiferencia y la impotencia, a esa tragedia? ¿Hay otras políticas migratorias
y de asilo posibles? ¿Qué medidas se debería adoptar? El autor del libro, que
trabaja sobre estos problemas desde el año 1990, trata de ofrecer elementos de
análisis y propuestas que permitan evitar que sea la propia Unión Europea, sus
principios y valores, quien naufrague en esta tragedia”.
2. En pocas
ocasiones a lo largo de su historia la UE habrá dedicado en un mes tanta
atención a una política, en este caso la migratoria vinculada a la crisis de
los refugiados y la regulación del derecho de asilo, como ha ocurrido el pasado
mes de septiembre, atención que en modo alguno ha terminado como he explicado
al inicio de mi ponencia. De forma resumida, y remitiéndome a los documentos
aprobados por la Comisión, cabe decir que el 9 de septiembre se adoptó un
paquete de medidas a las que se refirió el presidente de la Comisión J.C. Juncker
el mismo día en su intervención ante el Plenario del Parlamento Europeo, en el
que recordó la creación de la Convención sobre el Estatuto de los refugiados aprobada en
Ginebra en 1951, aprobada “para facilitar refugio a quienes, en Europa, debían saltar
por encima de los muros para escapar a las guerras y a la opresión
totalitaria”, y señaló con acierto que el importante número de refugiados que
está afluyendo a Europa en los últimos meses, “no representa más del 0.11 % de
la población total en la UE, mientras que en Líbano representan el 25 % de la
población, tratándose de un país cuya población es cinco veces menos rica que
en la UE”.
Dichas
medidas fueron objeto de atención en la reunión informal de Jefes de Estado y
de Gobierno celebrada el 23 del mismo mes, y la estrategia a medio plazo para
abordar la crisis de los refugiados quedó plasmada en la Comunicación
presentada por la Comisión ese mismo día y que lleva por título “Gestión de lacrisis de los refugiados: medidas operativas, presupuestarias y jurídicasinmediatas en el marco de la Agenda Europea de Migración”. Para la Comisión, la necesidad más imperiosa
en esos momentos era “apoyar a los Estados miembros que gestionan un número
excepcional de refugiados en su territorio”, apoyo que requiere de actuaciones
tanto dentro como fuera de la UE. Entre las medidas operativas que se adoptan
están la “Aplicación integral de los regímenes de reubicación y despliegue de
equipos de apoyo y gestión de la migración en zonas críticas”, la “Activación
del Mecanismo de Protección Civil o de equipos de intervención rápida en las
fronteras, con el fin de recabar una ayuda práctica e inmediata de la UE y
otros Estados miembros de la UE, la “Normalización del espacio Schengen y
supresión de los controles en las fronteras interiores”, ya que los controles
fronterizos que se habían dado en las semanas anteriores (en Alemania o
Dinamarca, por ejemplo) solo pueden justificarse en situaciones de crisis,
“pero nunca puede ser más que una medida a corto plazo”. También se propugnaba
la intensificación de la ofensiva diplomática y de la cooperación con terceros
países, siendo la Cumbre de La Valeta sobre Migración, a celebrar el 11 y 12 de
noviembre de 2015, el lugar apropiado para ello. A los resultados de dicha
reunión me referiré más adelante.
En
perspectiva a medio plazo, la CE planteaba la necesidad de poner en marcha una
política sólida y consistente migratoria, que a su parecer pasaría por la
protección de las fronteras de la UE; un sistema a escala europea y a largo
plazo de reasentamiento y reubicación, que debe pasar por una reforma del
Reglamento de Dublín, una Política de retorno “creíble y eficaz”, y en fin una
apertura de vías legales de migración, previéndose que en marzo del próximo año
la Comisión presentará un paquete sobre migración legal que incluirá la
revisión de la tarjeta azul.
3. Este
grupo de medidas aprobadas el 9 de septiembre es del siguiente tenor:
A) Propuesta
de reubicación de emergencia de 120.000 refugiados desde Grecia, Hungría e Italia,
cifra que se sumaría a la ya propuesta de 40.000 refugiados provenientes de
Grecia e Italia, fijándose el número de personas acogidas por cada Estado de
acuerdo a estos criterios: 40 %, el tamaño de la población, 40 % el PIB, 10 %
el número medio de anteriores solicitudes de asilo, 10 % la tasa de desempleo.
B) Una
cláusula de solidaridad temporal, en virtud de la cual aquel Estado que no
pudiera participar en dicha reubicación debería aportar una contribución
financiera al presupuesto de la UE del 0,002 de su PIB.
C) Un
mecanismo de reubicación permanente para todos los Estados miembros, “capaz de
activarse en todo momento para ayudar a cualquier Estado miembro de la UE en
situación de crisis o de extrema presión sobre su sistema de asilo por una afluencia
fuerte y desproporcionada de ciudadanos de terceros países”.
D) Una lista
europea común de países de origen seguros, por lo que los peticionarios de
asilo de tales países serían devueltos a los mismos. Combinado con lo anterior,
una política de retorno más eficaz que promueva el retorno voluntario y
refuerce la aplicación de la Directiva 2008/115/CE, y en la Comunicaciónpresentada el 9 de septiembre se propone aumentar la influencia de la UE en
materia de retorno y readmisión, es decir una mayor presión, sobre los países
de los que provienen la mayor parte de los migrantes, quedando muy clara la
intención de la política comunitaria en estos fragmentos del texto: “Pero
también deben identificarse instrumentos de presión sustanciales fuera del ámbito
de los asuntos de interior para aumentar la cooperación en materia de
readmisión de los terceros países, en consonancia con la petición del Consejo
Europeo de 25 y 26 de junio de 2014 «apoyándose en el principio de «más por
más», la ayuda y las actuaciones de la UE se utilizarán para crear incentivos
para la aplicación de los acuerdos de readmisión vigentes y la celebración de
otros nuevos». Entre los elementos adicionales de presión que deben utilizarse
figuran la ayuda al desarrollo, la política de vecindad, los acuerdos y las
preferencias comerciales (con la posibilidad de vincular la conclusión de
acuerdos de libre comercio o la concesión del trato preferencial a determinados
terceros países a la celebración de un acuerdo de readmisión paralelo), la educación
(Erasmus +) y la cultura. Se anima encarecidamente a los Estados miembros a
identificar elementos de presión en los ámbitos de su competencia nacional,
como el acceso de nacionales de terceros países a sus mercados laborales”.
E) Una
comunicación sobre las normas de contratación pública para los dispositivos de
recepción de refugiados, al objeto de facilitar que el cumplimiento de las
normas de la UE por parte de los Estados para garantizar tales servicios se
realice “de forma sencilla y poco burocrática”.
F) En fin,
abordar la dimensión exterior de la crisis de los refugiados, dedicando una
importante ayuda económica a los países en guerra (Siria Irak y Libia) y a los
países vecinos que acogen la mayor parte de los refugiados (Jordania, Líbano y
Turquía). También, la creación de un fondo fiduciario de 1.8000 millones de
euros destinado a África para mejorar la estabilidad y abordar las causas de
los flujos migratorios.
4. Las
medidas puestas en marcha fueron objeto de atención crítica por el Parlamento
europeo en su sesión plenaria de septiembre, aprobándose el día 10 una
Resolución “sobre la migración y los refugiados en Europa”, en la que se ponía
de manifiesto que las medidas a corto plazo no pueden ni deben hacer olvidar
que la migración es un fenómeno complejo y mundial que requiere de un enfoque a
largo plazo que aborde sus causas, entre ellas “la pobreza, la desigualdad, la
injusticia, el cambio climático, la corrupción, la mala gobernanza y los
conflictos armados”, con una crítica a los intentos de la CE de vincular las
ayudas al desarrollo en terceros Estados al incremento de los controles en
frontera o a los acuerdos de readmisión.
En el plano
de las medidas a corto plazo, pero con indudable incidencia también a medio
y largo, el Parlamento propuso como una
prioridad de primer orden, ante las dificultades para poder acceder legalmente
a la UE, que esta y sus Estados miembros “creen vías seguras y legales para los refugiados, como corredores
humanitarios y visados humanitarios”. Una propuesta muy parecida fue presentada
por Caritas Europea el 8 de octubre, con
el argumento de que “abriría a muchos migrantes un camino hacia el acceso legal
y seguro al territorio de la UE, además de salvar miles de vidas y acabar con
el negocio de los contrabandistas de personas”, argumentando a efectos
jurídicos que “Sólo a su llegada al país de destino, el solicitante podrá
presentar una solicitud de asilo ante las autoridades responsables y, sólo si
esta solicitud es aceptada por el Estado miembro interesado, se entregaría un
permiso de residencia a largo plazo. Por lo tanto, los Gobiernos no deberían
temer este tipo de visado y, en cambio, proceder rápidamente en su aplicación”.
5. Los
nuevos retos de la política migratoria a escala europea fueron objeto de
especial atención en el eurobarómetro del Parlamento europeo realizado del 19al 29 de septiembre, cuya primera parte se dedicó específicamente a dicha
política. En cuanto a los desafíos que debe abordar la UE en el inmediato
futuro, no es de extrañar, atendiendo a la realidad cotidiana de los flujos
migratorios y las permanentes informaciones al respecto en los medios de
comunicación y en las redes sociales, que la inmigración se sitúe en segundo
lugar a solo dos puntos del desempleo (47 y 49 %, respectivamente), con un
espectacular incremento del 33 % desde julio de 2013, incremento que supera el
50 % en nueve Estados miembros.
La
ciudadanía europea encuestada se manifiesta globalmente partidaria de que sean
tomadas más decisiones en el seno de la UE (66 %) y de que los Estados miembros
más afectados directamente por los flujos migratorios reciban más ayudas
económicas de la UE (62 %), así como también que debería simplificarse el
procedimiento de admisión regular de acceso de los migrantes a territorio
europeo, a fin de luchar contra la inmigración irregular (66 %). En cuanto a la
distribución de los demandantes de asilo entre los Estados de la UE, el 78 %
manifiesta su creencia de que deberían estar mejor repartidos que actualmente,
si bien los porcentajes varían de forma espectacular, desde el 97 % en Alemania
(el país que más refugiados ha recibido) hasta el 31 % en Eslovaquia. Un
porcentaje bastante elevado (75 %) es partidario de fijar cuotas obligatorias
de distribución entre los Estados UE con la misma importante diferencia que en
el supuesto anterior entre los Estados.
En fin,
sobre la percepción de necesidad en los Estados miembros de migrantes
económicos en situación regular para trabajar en algunos sectores de actividad
en los que haya falta de mano de obra, hay posiciones mayoritarias a favor de
tal necesidad (51 % de los encuestados) pero no están nada lejos las de quienes
consideran que no existe tal necesidad (42 %), con tasas muy positivas en
países como Suecia, Alemania, Dinamarca o Reino Unido (entre el 70 y 77 %)
frente a las negativas de otros diecinueve Estados en los que no se alcanza la
mitad favorable (desde sólo el 19 % en Eslovaquia, el Estado más reticente y
refractario a la admisión de
trabajadores migrantes y de refugiados). No es de extrañar, pues, que
las diferentes percepciones sobre el impacto económico positivo de los
migrantes sean muy diferente entre Estados, en parecidos términos a los
anteriores, y que la misma divergencia se produzca, a favor y en contra, cuando
se pide el parecer sobre el enriquecimiento de la vida cultural del país por
parte de los migrantes. Por cierto, hago un apunte incidental sobre el impacto
económico y demográfico en el País Vasco, para poner de manifiesto que un
reciente estudio realizado por el Observatorio vasco de inmigración constata que es positivo “el
saldo de la aportación económica del colectivo de nacionalidad extranjera…
tanto para el período de bonanza económica – 2008 – como en el de crisis – 2012
–“, y con mayor claridad si cabe se concluye, después del estudio de los datos
disponibles, que estos indican que “la hipótesis, extendida en nuestra
sociedad, de que el colectivo de nacionalidad extranjera aporta menos de lo que
recibe a través del sistema de protección social, no se sustenta en los datos
estadísticos disponibles, y lógicamente volverán a aportar más cuando el cambio
de ciclo se haya confirmado”.
6. Un
documento de obligada lectura y análisis a fin de conocer la política europea
para gestionar la situación derivada del incesante flujo de refugiados hacia
territorio comunitario es la Comunicación presentada por la Comisión el 14 de
octubre, que lleva por título “Gestión de la crisis de los refugiados: estadode ejecución de las acciones prioritarias con arreglo a la Agenda Europea deMigración”. Se trata de un documento cuyo contenido es permanentemente
actualizado para conocer justamente el
estado de la ejecución de las medidas citadas, siendo el día 17 de este mes el
último, hasta el momento en que redacto este texto, en que la Comisión Europea
ha procedido a la actualización de los datos.
Las llamadas
acciones prioritarias se agrupan en tres grandes bloques: medidas operativas,
ayuda presupuestaria y aplicación del derecho de la UE. En las primeras se presta
especial atención a la puesta en marcha, y apoyo técnico y presupuestario para
los países en donde se ubiquen, de los llamados “puntos críticos”, existentes
ya en Italia y en Grecia, y definidos como “una sección de la frontera exterior
de la UE o de una región con extraordinaria presión migratoria y que pide un
apoyo reforzado y concertado por parte de las agencias de la UE”. Igualmente,
al despliegue efectivo (mucho más lento de lo inicialmente previsto) del
sistema de reubicación, es decir el traslado desde Italia, Grecia y Hungría de
160.000 personas “con necesidad manifiesta de protección internacional” hacia
otros Estados de la UE mediante la fijación de un sistema de cuotas. Hasta la fecha de la Comunicación sólo seis
Estados habían manifestado que estaban en condiciones de acoger a personas
reubicadas, entre los que se encontraba España, que recientemente, el 6 de noviembre, ha aprobado
un programa de reasentamiento que afectará a algo menos de 1.000 refugiados,
más exactamente 854, y de ellos 130
pertenecen al cupo de 2014, por lo que en puridad son solo 724 refugiados los
acogidos para dar respuesta a la petición de los órganos de gobierno
comunitarios.
Con respecto
a la política de reasentamiento de refugiados en países vecinos, está prevista
la acogida de 20.000 en los próximos dos años, habiéndose iniciado la puesta en
marcha de esta medida con el reasentamiento de 132 ciudadanos sirios en la República
Checa. Italia y Liechtenstein. Por fin, en relación con la política de retorno
y readmisión, la Comisión critica la lentitud en la aplicación de medidas de
dicho tenor en cumplimiento de la Directiva de 2008, y cree que de ello “se
aprovechan las redes de tráfico para atraer a migrantes que no necesitan
protección internacional”, y de ahí que llame a los Estados miembros para que
incrementen la aplicación de la Directiva cuando se den las condiciones legales
requeridas para ello, con una explicación de su importancia que no deja lugar
dudas de la visión instrumentalista y de presión sobre terceros países de donde
provienen buena parte de los migrantes irregulares y que no necesitan
protección especial: “Los Estados miembros y la Comisión deben trabajar
conjuntamente para establecer un delicado equilibrio entre presiones e
incentivos en sus relaciones con los terceros países, a fin de aumentar el número de retornos”, poniendo como
ejemplo la necesidad de mejorar el acuerdo de readmisión con Pakistán, suscrito
en 2012.
En cuanto a
la ayuda presupuestaria, la UE ha aprobado modificaciones de sus presupuestos
para dedicar un importe adicional de 1.700 millones de euros para 2015 y 2016,
de tal manera que dispondrá de un total de 9.200 millones para estos dos años,
y ha pedido a los Estados miembros que contribuyan y complementen la
financiación comunitaria, pero hasta ahora los resultados son bastante pobres
ya que a 17 de noviembre sólo se habían aportado 577 millones, (Reino Unido,
140; Alemania 108; Francia, 103).
Sobre la
aplicación del Derecho de la UE, la Comisión parte de la base de la existencia
de “un sólido conjunto de normas comunes en materia de asilo y migración
regular”, por lo que plantea que aquello que hay que hacer ahora es aplicarlas
correctamente. Su preocupación sobre la política de retorno, es decir la
aplicación de la Directiva de 2008, se pone nuevamente de manifiesto en este
punto, ya que insiste en que los Estados miembros “deben garantizar la
disponibilidad física de los migrantes irregulares para su retorno y hacer uso
de la detención, como medida legítima de última instancia, cuando sea necesaria
para evitar que los migrantes se fuguen”. La Comisión es crítica (¿lo seguirá
siendo después de los atentados de Paris el 13 de noviembre?) sobre la
supresión, temporal, de la libre circulación de personas en territorio UE
aplicada por varios Estados para enfrentarse al aumento del número de
refugiados que deseen transitar por ellos o bien acceder a los mismos, y
reconoce que se trata de una medida
excepcional, “pero nunca puede ser nada más que una medida a corto plazo antes
de que la situación se estabilice”.
Más control
de las fronteras exteriores… y también de las interiores. Este parece ser una
de las conclusiones más relevantes de la Comunicación y de los documentos
posteriores. Respecto a las primera, existe el compromiso de presentar antes de
finalizar 2015 “propuestas para crear una guardia costera y de fronteras
plenamente operativa”, como medida comunitaria de respaldo a los países
europeos que se encuentran con mayores dificultades (en especial Grecia e
Italia) para llevar a cabo en la actualidad, teniendo en consideración el
elevado número de personas refugiadas que llegan, o pretenden llegar, a sus
territorios, “el reto de la gestión de las fronteras exteriores de Europa”.
7. Poco
antes de hacerse pública esta Comunicación se habían reunido el 8 deoctubre los ministros de justicia einterior, y el reforzamiento de las medidas de seguridad “frente a” es un rasgo
definitorio de las conclusiones adoptadas en materia de retorno, considerando
una política sobre este punto, siempre con el consabido añadido (y no siempre
respetados) de respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas
afectadas, “un elemento esencial de la una política global de la UE en materia
de migración”, insistiendo en la necesidad de incrementar los porcentajes de
personas retornadas ya que tal aumento “debería tener un efecto disuasorio para
la migración irregular”. El lenguaje utilizado es claro y no deja lugar a dudas
del reforzamiento de las medidas de seguridad: “Deberán adoptarse todas las medidas
necesarias para garantizar el retorno efectivo de los migrantes irregulares,
incluida la utilización de detención como medida legítima de último recurso. En
particular, los Estados miembros deben reforzar su capacidad de internamiento
previo a la expulsión a fin de garantizar la disponibilidad física de los
migrantes irregulares para su retorno y adoptar medidas que impidan el abuso de
los derechos y los procedimientos”. El “más por más” o “yo te doy a cambio de
que tú me des”, o más simplemente la política del palo y la zanahoria, se
manifiesta con toda su crudeza en este párrafo: “Los Estados miembros, la
Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior darán prioridad a la
readmisión en todos los contactos pertinentes a nivel político con los países
de origen de los inmigrantes irregulares para asegurarse de que dichos países
reciban un mensaje coherente, que incluya la necesidad de una plena y efectiva
aplicación de los acuerdos de readmisión vigentes respecto de todos los Estados
miembros. La cooperación con los países de origen debe también centrarse en la
identificación de los inmigrantes irregulares y la expedición de documentos de
viaje”, así como también en la manifestación de que “la condicionalidad debe
utilizarse, cuando proceda, con el objetivo de mejorar la cooperación”.
8. Un día
después de hacerse pública la Comunicación, se reunió el Consejo Europeo en
Bruselas, y cabe destacar que desde esa fecha la política de migración, y la
crisis de los refugiados, han estado muy presente en sus reuniones y en las de
los ministros de justicia e interior. En la del 15 de octubre, se fijaron
nuevas orientaciones (o más bien a mi parecer readaptación de las ya existentes
para tomar en consideración la importancia creciente del flujo de refugiados).
La política de seguridad “frente a” va cogiendo fuerza sobre la política de
acogida “a favor de”. Ejemplo claro de esta línea es la primera orientación
cuyo título es claro y contundente: “Cooperar con terceros países para detener
los flujos”, con una amplia mención a la necesidad de lograr un acuerdo con
Turquía, que debería ir acompañado (como contrapartida o moneda de cambio) con
un decidido impulso a su proceso de adhesión a la UE, “con el fin de realizar
avances en las negociaciones de acuerdo con el marco de negociación y las
conclusiones del Consejo”; igualmente, el planteamiento de puesta en marcha de
medidas eficaces para garantizar a los refugiados el acceso a la educación y el
empleo va de la mano con la referencia expresa a que tales medidas, y otras de
acogida, estarán en práctica “hasta que (los refugiados) puedan regresar a sus
países de origen”. En la misma línea se sitúa a mi parecer la orientación de
“reforzar la protección de las fronteras exteriores de la UE (tomando el acervo
de Schengen como fundamento), y la de “dar respuesta a la afluencia de
refugiados en Europa y garantizar los retornos”, en la que se insiste en la
importancia de una aplicación efectiva por parte de los Estados miembros de la
Directiva de retorno, y la promoción de la aceptación por parte de terceros
países “de un salvo conducto europeo de retorno perfeccionado como documento de
referencia a efectos de retorno”.
9. De
parecido tenor son las conclusiones adoptadas por el Consejo del 9 de noviembresobre las medidas que deben adoptarse para gestionar la crisis migratoria y de los
refugiados. Se sigue insistiendo en el control y reforzamiento de las fronteras
exteriores, se plantea ya la reintroducción de controles en las fronteras
interiores, se insiste en la necesidad de que los terceros países de los que
provienen, en origen o mediante tránsito desde otros, la mayor parte de los
refugiados adopten medidas adecuadas para su contención si quieren gozar de
ayudas por parte de la UE o de sus Estados miembros, y se enfatiza nuevamente
la necesidad de mejorar sustancialmente, por parte de los Estados miembros y
con el pleno apoyo de la Comisión y Frontex, “la proporción de retornos”. Un
ejemplo claro de la política del palo y la zanahoria, es el ofrecimiento que
hace la UE a los Estados “cumplidores de políticas de contención de refugiados
hacia la UE” de poner en marcha una política de liberalización de visados para
todos los Estados que contribuyan con sus políticas a lograr ese objetivo.
10. Lacumbre de La Valetta sobre migración, celebrada los dís11 y 12 de noviembre, es
un punto de encuentro relevante entre la UE y los terceros países de los que
proviene la mayor parte de las migraciones, ya sea con el deseo de acceder al
mundo del trabajo en algún Estado de la UE, o bien huyendo de las condiciones
de vida indigna y de pobreza a las que las guerras han llevado a cientos de
miles de personas, fundamentalmente en Siria y Afganistán. Los ámbitos
específicos que centraron su actividad fueron los siguientes:
A) Abordar
las causas profundas de la migración, que no son en su gran mayoría en la
actualidad sino “los conflictos, la inestabilidad económica y política, las
violaciones de derechos humanos y la pobreza”, por lo que difícilmente los
flujos migratorios se detendrán a no ser que las políticas emprendidas
conjuntamente por la UE y los terceros países, básicamente africanos, contribuyan
a crear “paz, estabilidad y crecimiento económico”. Una de las medidas adoptadas ha sido la
creación por la UE del fondo fiduciario de emergencia para abordar las causassubyacentes de la migración irregular en África, al que la UE aporta 1.800
millones de euros y espera que esta cantidad sea complementada en idéntica
cuantía por las aportaciones de los Estados de la UE, si bien queda mucho por
hacer en este terreno ya que en el momento de su creación sólo se habían
aportado algo más de 78 millones de euros por los Estados, de los que tres de
ellos corresponden a la aportación española.
B) Establecimiento
y organización de canales de migración legal. A tal efecto se plantea, ya
estamos en ello desde hace bastante tiempo sin alcanzar aún resultados
tangibles, la revisión de la Directiva sobre tarjeta azul , así como también la
mejora de las condiciones de acceso, y permanencia, a territorio UE para
nacionales de terceros países que desean realizar actividades de investigación
o estudios, y la mejora igualmente de la normativa vigente sobre las
condiciones de los trabajadores de temporadas y las del personal desplazados
dentro de una misma empresa.
C) Potenciar
la protección de los migrantes y solicitantes de asilo, con ayuda económica y
técnica para los países de los que provienen muchos refugiados, así como
reforzar la capacidad operativa de Frontex para evitar la muerte de personas en
alta mar.
D) El
combate de la explotación y el tráfico de migrantes es otro criterio o pauta de
actuación enfatizada por los mandatarios europeos y africanos, en donde juegan
un papel relevante no sólo las operaciones militares y civiles en territorios
donde se concentra buena parte de las actuaciones de los traficantes de mano de
obra, sino también las asociaciones de movilidad bilaterales que implican,
entre otras medidas de carácter conjunto “la mejora de la vigilancia y la
gestión fronterizas y la cooperación transfronteriza”.
E) En fin,
nuevamente aparece la referencia a la mejora de la cooperación entre los
Estados de acogida y aquellos de los que provienen los migrantes irregulares o
indocumentados y los refugiados en materia de retorno y readmisión, ya que los
datos estadísticos de los que dispone la UE ponen de manifiesto que de los
252.003 nacionales de terceros países que estuvieron sujetos en 2014 a la
obligación de abandonar la UE sólo fueron devueltos efectivamente 161.309, con
porcentajes del 40 % de retornos voluntarios y 43 % de forzosos.
11. La
concreción más detalladas de los cinco criterios o pautas de actuación
debatidas en La Valetta se realiza en el Plan de acción aprobado por todos los
Estados participantes, al que acompaña la declaración política sobre la necesidad de poner en marcha una
política migratoria basada en la solidaridad y responsabilidad compartida y que
debe tener en cuenta (repárese en que todos las declaraciones políticas han de
guardar un delicado equilibrio en su contenido) el pleno respeto de los
derechos humanos y la soberanía de los Estados participantes, “tomando en
consideración la legislación y las peculiaridades nacionales”. El Plan de
acción recoge dieciséis iniciativas prioritarias a desarrollar desde ahora
hasta final del próximo año, de las que destaco algunas de las que me parecen
más significativas y remito a las personas interesadas a la lectura del
documento:
“1.1. Investing in development
and poverty eradication.
Encourage triangular
cooperation between Sub-Saharan countries, Southern Mediterranean countries and
European ones on migration-related topics to foster development in regions of
origin and transit.
Create new economic
opportunities for young women and men through initiatives focused on, among
others, targeted measures to create jobs and employment opportunities and
stimulate entrepreneurship), and programmes with civil society to foster youth
participation in the public sphere.
1.2 Development benefits of
migration.
By 2030, reduce to less than 3
percent the transaction costs of migrant remittances and eliminate remittance
corridors with costs higher than 5 percent.
2. Legal migration and
mobility.
Treat the portability of
social rights of lawfully residing migrants, in conformity with international
conventions, bilateral conventions, and national laws applicable in this area.
Facilitate the short stay visa
issuing processes for certain types of visitors, such as students, researchers,
business people and artists and holders of diplomatic passports. Facilitate the
procedures related to applications for legal migration, including family
reunification.
While respecting the national
selection and admission procedures, launch pilot projects that pool offers for
legal migration (e.g. for work, study, research, and vocational training) by
some EU Member States or associated countries to selected African countries as
an element of the comprehensive logic of the Action Plan.
4. Prevention of and fight
against irregular migration, migrant smuggling and trafficking in human beings
Step up capacity building to
counter the production and use of forged and fraudulent documents, including by
engaging Frontex and Europol
– Ensure effective implementation
by relevant national authorities of existing legislation and measures against
employers who exploit irregular migrants
- Provide easy and continuous
access to adequate and credible information on legal migration opportunities
and dangers of engaging in irregular migration, as well as giving a realistic
view of living conditions in European countries
Organise information campaigns
in countries of origin, transit and destination, to raise awareness of the
general public and potential migrants and victims on the dangers of trafficking
in human beings and smuggling of migrants, their recruitment processes,
including through public broadcasting services programmes aimed at informing
the general public and potential migrants about the migratory situation in
Europe”.
12. Por
último, cabe destacar que los atentados terroristas de París han llevado a un
radical endurecimiento de la política europea en materia de control de
fronteras, no sólo exteriores sino también interiores, con el consiguiente
impacto que ello puede tener sobre el acceso de refugiados a territorio
europeo. La reunión de los ministros de justicia e interior celebrada el 20 denoviembre ha aprobado el reforzamiento de los controles de las fronteras
exteriores de la UE, que se realizarán no sólo a ciudadanos de terceros países
que deseen acceder a territorio europeo sino que se extenderán a personas que
disfrutan del derecho de libre circulación.
Dirigida en
especial a los refugiados, ante el temor de que se introduzcan terroristas
mezclados con las personas necesitadas de especial protección, los Ministros
han acordado controles muy estrictos tanto para los migrantes como para las
personas necesitadas de especial protección, en estos términos: “c) in the
context of the current migration crisis, carry out a systematic registration,
including fingerprinting, of third country nationals illegally entering the
Schengen area, whether migrants or applicants for international protection, and
perform systematic security checks by using relevant databases, in particular
SIS II, Interpol databases, VIS and national police databases, with the support
of Frontex and Europol, and ensure that hotspots are equipped with the relevant
technology. Europol will deploy guest officers to the hotspots in support of the
screening process, in particular by reinforcing secondary security controls”.
¿Continuará?
Seguro que sí.
No hay comentarios:
Publicar un comentario