Después del 14 de noviembre.

 En los días previos a la huelga general del pasado miércoles tuve oportunidad de debatir en diversos foros sobre el impacto y las consecuencias del conflicto tanto para las organizaciones convocantes como para el gobierno español. Ahora, toca reordenar todo aquello que expuse y que sigue teniendo plena vigencia a mi parecer.

Una de las cuestiones más debatidas, y que levantaba más controversias, era la de saber si las organizaciones sindicales se jugaban su credibilidad el 14 de noviembre, siendo curioso, por decirlo de forma educada, que algunos medios de comunicación y algunos “expertos” ya tuvieran la respuesta negativa antes de saber cómo iba a desarrollarse el conflicto. Pues bien, a mi parecer, donde se gana cada día la credibilidad de las organizaciones sindicales es en los centros de trabajo con propuestas concretas de actuación, y es ahí donde puede mejorar, o retroceder, su incidencia sobre los trabajadores, muy especialmente con los resultados obtenidos en los procesos de negociación colectiva, especialmente difíciles en la actualidad tras la reforma laboral del gobierno popular y el debilitamiento jurídico de la negociación colectiva sectorial.

No obstante, sí hay que reconocer que los sindicatos asumían un reto importante ante toda la sociedad con la huelga general. Mi parecer es que el conflicto ha tenido una incidencia significativa en la vida laboral de un día de trabajo,  muy especialmente en donde los convocantes tienen una mayor presencia, que es el sector industrial, y que las manifestaciones han demostrado tanto un importante poder de convocatoria como que existe un gran descontento por las políticas laborales y sociales que se están aplicando por el gobierno y que tienen el visto bueno de la Comisión Europea. ¡Qué casualidad que en pleno desarrollo del conflicto la Comisión se manifestará favor de las reformas emprendidas por el gobierno presidido por Mariano Rajoy!

En definitiva, el apoyo social se obtiene en las empresas y centros de trabajo, y ahí está bien asentado. Cuestión distinta es cómo se valore el grado de apoyo social obtenido el 14-N, y habrá respuestas para todos los gustos, como en anteriores conflictos.

Otro debate recurrente era sobre la distinta vara de medir, en términos de conflictividad, por las organizaciones sindicales a los gobiernos del PSOE y del PP, acusándolas de inmovilismo con los primeros y actividad conflictiva intensa con los segundos, afirmación que en cualquier caso no se corresponde con la realidad porque también el segundo gobierno presidido por José Luís Rodríguez Zapatero sufrió una huelga general el 29 de septiembre con ocasión de la aprobación de la reforma laboral del gobierno socialista y la introducción de mayores dosis de flexibilidad en las relaciones laborales.

Respondí en estos debates, y me reafirmo ahora en mi tesis, que en modo alguno hay que confundir inmovilismo con diálogo social, un activo muy importante en gran parte de la etapa del gobierno socialista, algo que ahora no ocurre con el gobierno popular. No debe olvidarse que en los años 2006 y 2008 se alcanzaron dos importantes acuerdos en el marco del diálogo social, y que las reformas laborales puestas en marcha durante ese período tuvieron una participación muy intensa de los sujetos sociales, en especial de las organizaciones sindicales. No fue, justamente, hasta 2010, cuando se interrumpió la vía del acuerdo para regular las relaciones de trabajo en vía legal, pero no es menos cierto, y no conviene olvidarlo, que la ruptura se produjo después de un amplio proceso previo de negociación que no llegó a buen puerto.  

También surgió en los debates la obligada referencia al hecho de que la huelga general del 14 de noviembre era la segunda convocada contra el mismo gobierno, sólo pocos meses después de la primera convocatoria del 29 de marzo, y la pregunta de qué significaba tanto para el gobierno y  las organizaciones convocantes como para el conjunto de la sociedad. Soy del parecer, y concreto ahora refiriéndome al gobierno, que esta importante manifestación de descontento debería llevarle a repensar cuál es el motivo de ello, y adoptar las medidas adecuadas para corregir anteriores decisiones, y el ejemplo de la medida adoptada el pasado jueves sobre los desahucios, con independencia de que pudiera ser mucho mejor, demuestra que la presión social obliga a los poderes públicos a actuar. La lástima es que en muchas ocasiones esa actuación llega tarde para buena parte de las personas afectadas, en este caso, por desahucios, y en el ámbito laboral por los despidos o la reducción de sus derechos laborales.

El gobierno debería tomar en consideración a mi parecer, aunque parece que no lo hará si hemos de atender a las manifestaciones de los ministros el mismo día de la huelga y en especial del ministro de economía y competitividad, Sr. Luis de Guindos, que la reforma del mercado de trabajo aprobada este año (primero con el Real Decreto-Ley  3/2012 y después con la Ley 3/2012) es una regulación laboral que debilita los derechos colectivos, en especial el de negociación colectiva, y fortalece de manera desmesurada el poder de dirección, y actuación unilateral, del empleador, que supuso  un fracaso del diálogo social, un activo de primera importancia para lograr unas relaciones laborales que se adapten y adecuen a las nuevas realidades económicas y sociales, adaptación y adecuación que interesa a todos los empresarios y trabajadores.

En fin, último pero no menos importante era la pregunta que se repitió, día sí día también, antes del pasado jueves. En el supuesto de que la convocatoria de huelga general tuviera éxito, y ya saben que el concepto de “éxito” es siempre  muy distinto según quien responda, se planteaba si podría el gobierno, o incluso debería verse obligado a, iniciar el diálogo social con las organizaciones sindicales, y añado yo que empresariales, para abordar una manera consensuada de abordar cómo enfrentarse a la crisis

¡Cuál era mi respuesta? Pues la misma que la que expongo en este artículo.  El diálogo social es el ADN de las relaciones laborales, si deseamos que España, y los países europeos, salgan de la crisis con reforzamiento, y no debilitamiento o desaparición, de los derechos sociales. No me gusta la palabra “obligación”, porque el diálogo social debe existir haya o no, y siempre lo hay, incluso en época de conflictos. No obstante, un conflicto con impacto sí podía “animar” al gobierno español a recuperar lazos con las organizaciones sindicales. Que el conflicto ha tenido dicho impacto es indudable, pero que haya “animado” al gobierno español a recuperar esos lazos ya es más discutible. En cualquier caso, los efectos de estos conflictos se dejan ver con el paso del tiempo, por lo que deberemos estar muy atentos a las decisiones políticas con impacto laboral y social que se adopten en los próximos meses.