En los días previos a
la huelga general del pasado miércoles tuve oportunidad de debatir en diversos
foros sobre el impacto y las consecuencias del conflicto tanto para las
organizaciones convocantes como para el gobierno español. Ahora, toca reordenar
todo aquello que expuse y que sigue teniendo plena vigencia a mi parecer.
Una de las cuestiones
más debatidas, y que levantaba más controversias, era la de saber si las
organizaciones sindicales se jugaban su credibilidad el 14 de noviembre, siendo
curioso, por decirlo de forma educada, que algunos medios de comunicación y
algunos “expertos” ya tuvieran la respuesta negativa antes de saber cómo iba a
desarrollarse el conflicto. Pues bien, a mi parecer, donde se gana cada día la
credibilidad de las organizaciones sindicales es en los centros de trabajo con
propuestas concretas de actuación, y es ahí donde puede mejorar, o retroceder,
su incidencia sobre los trabajadores, muy especialmente con los resultados
obtenidos en los procesos de negociación colectiva, especialmente difíciles en
la actualidad tras la reforma laboral del gobierno popular y el debilitamiento
jurídico de la negociación colectiva sectorial.
No obstante, sí hay que
reconocer que los sindicatos asumían un reto importante ante toda la sociedad
con la huelga general. Mi parecer es que el conflicto ha tenido una incidencia
significativa en la vida laboral de un día de trabajo, muy especialmente en donde los convocantes
tienen una mayor presencia, que es el sector industrial, y que las
manifestaciones han demostrado tanto un importante poder de convocatoria como
que existe un gran descontento por las políticas laborales y sociales que se
están aplicando por el gobierno y que tienen el visto bueno de la Comisión
Europea. ¡Qué casualidad que en pleno desarrollo del conflicto la Comisión se
manifestará favor de las reformas emprendidas por el gobierno presidido por
Mariano Rajoy!
En definitiva, el apoyo
social se obtiene en las empresas y centros de trabajo, y ahí está bien asentado.
Cuestión distinta es cómo se valore el grado de apoyo social obtenido el 14-N,
y habrá respuestas para todos los gustos, como en anteriores conflictos.
Otro debate recurrente
era sobre la distinta vara de medir, en términos de conflictividad, por las
organizaciones sindicales a los gobiernos del PSOE y del PP, acusándolas de
inmovilismo con los primeros y actividad conflictiva intensa con los segundos,
afirmación que en cualquier caso no se corresponde con la realidad porque
también el segundo gobierno presidido por José Luís Rodríguez Zapatero sufrió
una huelga general el 29 de septiembre con ocasión de la aprobación de la
reforma laboral del gobierno socialista y la introducción de mayores dosis de
flexibilidad en las relaciones laborales.
Respondí en estos
debates, y me reafirmo ahora en mi tesis, que en modo alguno hay que confundir
inmovilismo con diálogo social, un activo muy importante en gran parte de la
etapa del gobierno socialista, algo que ahora no ocurre con el gobierno
popular. No debe olvidarse que en los años 2006 y 2008 se alcanzaron dos
importantes acuerdos en el marco del diálogo social, y que las reformas
laborales puestas en marcha durante ese período tuvieron una participación muy
intensa de los sujetos sociales, en especial de las organizaciones sindicales.
No fue, justamente, hasta 2010, cuando se interrumpió la vía del acuerdo para
regular las relaciones de trabajo en vía legal, pero no es menos cierto, y no
conviene olvidarlo, que la ruptura se produjo después de un amplio proceso
previo de negociación que no llegó a buen puerto.
También surgió en los
debates la obligada referencia al hecho de que la huelga general del 14 de
noviembre era la segunda convocada contra el mismo gobierno, sólo pocos meses
después de la primera convocatoria del 29 de marzo, y la pregunta de qué
significaba tanto para el gobierno y las
organizaciones convocantes como para el conjunto de la sociedad. Soy del
parecer, y concreto ahora refiriéndome al gobierno, que esta importante
manifestación de descontento debería llevarle a repensar cuál es el motivo de
ello, y adoptar las medidas adecuadas para corregir anteriores decisiones, y el
ejemplo de la medida adoptada el pasado jueves sobre los desahucios, con
independencia de que pudiera ser mucho mejor, demuestra que la presión social
obliga a los poderes públicos a actuar. La lástima es que en muchas ocasiones
esa actuación llega tarde para buena parte de las personas afectadas, en este
caso, por desahucios, y en el ámbito laboral por los despidos o la reducción de
sus derechos laborales.
El gobierno debería
tomar en consideración a mi parecer, aunque parece que no lo hará si hemos de
atender a las manifestaciones de los ministros el mismo día de la huelga y en
especial del ministro de economía y competitividad, Sr. Luis de Guindos, que la
reforma del mercado de trabajo aprobada este año (primero con el Real
Decreto-Ley 3/2012 y después con la Ley
3/2012) es una regulación laboral que debilita los derechos colectivos, en
especial el de negociación colectiva, y fortalece de manera desmesurada el
poder de dirección, y actuación unilateral, del empleador, que supuso un fracaso del diálogo social, un activo de
primera importancia para lograr unas relaciones laborales que se adapten y
adecuen a las nuevas realidades económicas y sociales, adaptación y adecuación
que interesa a todos los empresarios y trabajadores.
En fin, último pero no
menos importante era la pregunta que se repitió, día sí día también, antes del
pasado jueves. En el supuesto de que la convocatoria de huelga general tuviera
éxito, y ya saben que el concepto de “éxito” es siempre muy distinto según quien responda, se
planteaba si podría el gobierno, o incluso debería verse obligado a, iniciar el
diálogo social con las organizaciones sindicales, y añado yo que empresariales,
para abordar una manera consensuada de abordar cómo enfrentarse a la crisis
¡Cuál era mi respuesta?
Pues la misma que la que expongo en este artículo. El diálogo social es el ADN de las relaciones
laborales, si deseamos que España, y los países europeos, salgan de la crisis
con reforzamiento, y no debilitamiento o desaparición, de los derechos
sociales. No me gusta la palabra “obligación”, porque el diálogo social debe
existir haya o no, y siempre lo hay, incluso en época de conflictos. No
obstante, un conflicto con impacto sí podía “animar” al gobierno español a
recuperar lazos con las organizaciones sindicales. Que el conflicto ha tenido
dicho impacto es indudable, pero que haya “animado” al gobierno español a
recuperar esos lazos ya es más discutible. En cualquier caso, los efectos de
estos conflictos se dejan ver con el paso del tiempo, por lo que deberemos
estar muy atentos a las decisiones políticas con impacto laboral y social que
se adopten en los próximos meses.
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