domingo, 6 de noviembre de 2011

La OIT alerta sobre la gravedad de la situación social. ¿La escucharán? ¿La escucharemos?

1. En anteriores entradas de este blog me he referido a la preocupación de la Organización Internacional del Trabajo por el desempleo juvenil, preocupación también compartida por los responsables de las organizaciones sindicales y empresariales internacionales, que en una declaración conjunta presentada a la reunión del G20 que ha tenido lugar esta semana en Cannes y en la que piden que hagan de la situación del empleo juvenil su prioridad dada la situación alarmante del empleo de los jóvenes y que requiere de “medidas urgentes de parte de los Gobiernos y de los interlocutores sociales para proporcionar empleos reales, incluidos los aprendizajes y prácticas profesionales relacionados con las oportunidades de formación que proporcionen cualificaciones, perfeccionen las competencias y conocimientos relacionados con el trabajo y mejoren la empleabilidad”.

Más recientemente la OIT ha manifestado su preocupación por la situación global (negativa) del empleo en el mundo, y lo ha hecho en su Informe anual sobre el trabajo en el mundo 2011, presentado el 31 de octubre. La lectura de este documento es altamente recomendable para conocer la gravedad de la situación social que se está viviendo en muchos países y a qué grupos afecta con mayor virulencia (jóvenes, trabajadores con baja cualificación, inmigrantes, mujeres).

Junto al Informe, es recomendable la lectura del documento presentado el 28 de octubre a la 312ª reunión del Consejo de Administración de la OIT, que se celebra durante este mes de noviembre en Ginebra, y cuyo título da debida cuenta de la situación: “¿Un empeoramiento de la situación. Evolución reciente y perspectivas actuales del empleo y la dimensión social de la globalización”. Igualmente, es de mucho interés el reciente informe del grupo de expertos sobre cómo poner en marcha un nivel mínimo de protección social en todos los países, en el que se destaca que en 2011 sólo una pequeña parte de la población mundial tiene acceso a una protección social adecuada, con dos datos que deben merecer inmediata atención: 75 % de la población mundial no dispone de dicha protección; 1.400 millones de personas viven diariamente con menos de 1,25 dólares (USA) según datos del Banco Mundial.

La preocupación por la situación social es claramente compartida por el mundo sindical internacional, que en su declaración a la reunión del G20 en Cannes ha afirmado que “la desaceleración del crecimiento y el aumento del desempleo, combinado con la creciente desigualdad en los ingresos, en la mayoría del G20 durante la década que precedió a la crisis, amenazan la recuperación, debilitan el crecimiento a largo plazo e incrementan el riesgo de una explosión social de gran magnitud así como de la inestabilidad política”, exigiendo como medida totalmente necesaria el cambio de tendencia de la creciente desigualdad de ingresos “mediante la consolidación de los salarios mínimos, ya sea a través de la legislación o de convenios colectivos así como una fiscalidad progresiva”. La OIT, en la misma línea, constata que la desigualdad de ingresos ha aumentado durante los últimos veinte años y que las políticas sociales redistributivas (el debate sobre la puesta en marcha de un nivel mínimo de protección social en todos los países adquiere ahora especial importancia) solamente han podido compensar de forma parcial las diferencias, manifestando con total claridad, y lanzando un mensaje directo de atención a los responsables políticos, que “unas grandes desigualdades de ingresos provocan efectos negativos que ponen en peligro la cohesión social y los resultados económicos”.

2. En el documento de trabajo presentado a la reunión del Consejo de Administración se ponen claramente de manifiesto las dudas existentes sobre la difícil situación de la economía mundial y muy en especial en las economía desarrolladas y con un (negativo) destacado papel de varias economías de países europeos, afirmándose que la inestabilidad y la fragilidad financiera de las mismas “están contribuyendo de manera importante a la desaceleración de la recuperación y aumentan el riesgo de una segunda recesión”, y manifestando la preocupación porque parece que volvemos a un nivel de tensión financiera como el que se registro hace tres años, provocando todo ello “graves consecuencias para los trabajadores y las empresas productivas”.

Las consecuencias de la crisis sobre la creación/destrucción de empleo son claras y evidentes: los informes elaborados por la OIT plantean la necesidad de un crecimiento anual del 1,3 % como mínimo en los países del G20, que suponen alrededor del 63 % del empleo total en el mundo, para volver al nivel anterior a la crisis en… 2015. Ahora bien, la OIT se muestra muy pesimista al respecto ante los datos disponibles para el período 2008-2010 y con las previsiones venideras. Según tales datos, en ese período se crearon 19 millones de empleos menos de los que hubieran sido necesarios para volver a la etapa pre-crisis, y ante la posibilidad de un débil crecimiento hasta finales de 2012, que el documento cifra en un 0,8 %, “el déficit de empleos en los países del G20 aumentaría en aproximadamente 20 millones hasta alcanzar un total de alrededor de 40 millones”. Más preocupante aún, a escala mundial el Fondo Monetario Internacional calcula que a finales de 2012 puede haber 27 millones más de desempleados que antes del inicio de la crisis.

3. El Informe 2011 tiene un subtítulo que demuestra claramente qué mensaje se quiere transmitir y aquello que no se ha hecho hasta el presente, “los mercados al servicio del empleo”, destacando la tesis de la importancia de las acciones que se emprendan en los próximos meses si se desea evitar, a escala internacional, “una recaída del empleo y, por lo tanto, un marcado empeoramiento del descontento social”. Un descontento que cada vez se percibe, y se manifiesta, con mayor nitidez en muchos países, y los datos estadísticos (además de la realidad social cotidiana) no dejan lugar a dudas: en el 58 por ciento de los 119 países en los que pudo realizarse estimaciones sobre la situación social, ha aumentado el porcentaje de personas “que afirman que sus condiciones de vida han empeorado”, con un creciente descontento basado fundamentalmente, según el Informe, tanto en la evolución del empleo como (y muy importante a mi parecer) “en la percepción de que el peso de la crisis no se está compartiendo de forma equitativa”. Se critica con dureza que el empleo haya quedado relegado frente a la importancia otorgada por la mayor parte de Estados a los objetivos financieros y se haya convertido, olvidando que afecta a la vida de las personas, a “un tema de segunda instancia”. Sorprende mucho que en una situación de dificultades sociales como la que estamos viviendo en muchos países la mayor parte de ellos “cuentan, actualmente, con planes de consolidación fiscal”, mientras que sólo una economía avanzada, Estados Unidos, “ha anunciado un plan nacional generador de empleos” (plan, por cierto, al que la mayor parte de políticos republicanos están haciendo lo posible, y también lo imposible, para que no pueda ponerse en práctica).

La OIT, en coherencia con el subtítulo del documento, pide poner los mercados al servicio del empleo. Para ello (¿quieren tomar nota algunos responsables políticos de los llamados países desarrollados?) pide en primer lugar replantear el uso de las medidas de moderación salarial porque no ha generado, en la pasada década, “una mayor inversión real”, y porque tal moderación “ha contribuido a exacerbar los desequilibrios globales, lo cual, aunado a las ineficiencias del sistema financiero, dio paso a la crisis y la sigue perpetuando”, y pide reforzar el vínculo entre salarios y productividad por medio de políticas basadas en el diálogo social (un buen ejemplo en Cataluña lo tenemos en el Acuerdo Interprofesional suscrito el pasado 3 de noviembre) y con atención a las características propias de cada país. Desde la perspectiva económica, se pide también reforzar la inversión real mediante una reforma financiera que facilite la obtención del crédito por parte de las pequeñas empresas, destacando (el datos es especialmente significativo) que en la UE una quinta parte de estas empresas manifiestan que el principal problema que afrontan es “la falta de acceso adecuado al financiamiento”.

La crítica a los recortes realizados en los programas públicos de apoyo al empleo y de protección social frente al desempleo, puestos en marcha en 2008 y 2009 y con paulatina desaparición después, es clara por parte de la OIT, que toma en consideración la importancia de reducir la deuda pública y el déficit de cada Estado pero al mismo tiempo critica que no se hayan evaluado suficientemente los efectos positivos que estos programas tienen, tanto directos como indirectos. Pone como ejemplo que los recortes en los programas de apoyo a la renta (me viene a la cabeza el debate sobre la renta mínima de inserción en Cataluña) pueden generar ciertamente reducción de costos a corto plazo, “pero también podría dar paso a un aumento de la pobreza y a una disminución del consumo, lo que tendría efectos a largo plazo sobre el potencial de crecimiento y el bienestar de los individuos”.

La doctrina de la OIT es la misma que viene defendiendo desde hace bastante tiempo y no sólo desde el inicio de la crisis, y me he referido a ella en varias entradas en las que he abordado el análisis de otros documentos, por lo que baste ahora aquí repetir una tesis recogida en el Informe: “Los programas que favorecen el empleo y que son diseñados meticulosamente impulsan la demanda, al mismo tiempo que promueven un regreso más rápido a las condiciones del mercado del trabajo que existían antes de la crisis. Brindar apoyo en las primeras etapas de la crisis es positivo ya que reduce el riesgo de la exclusión del mercado del trabajo y genera ganancias en la productividad. Los efectos positivos que puede tener un servicio más activo de puesta en relación de la demanda y la oferta de trabajo, compensa cualquier efecto negativo que resulte de la exclusión del sector privado”.

Por fin, y en sintonía con la declaración de los Ministros de Trabajo y de Empleo del G20 tras su reunión de los días 26 y 27 de septiembre en París, se pide que la temática del empleo vuelva a ser la prioridad en las agendas tanto nacionales como internacionales, y se recuerda que desde la propia OIT ya se propusieron en 2009 un amplio número de medidas recogidas en el Pacto Mundial por el empleo que guardan relación con programas de protección social, regulaciones de salarios mínimos y medidas de política de empleo, y todo ello “en el marco de un diálogo social productivo”.

Buena lectura, y aplicación, de todos los documentos.