La plataforma europea contra la pobreza y la exclusión social. Un marco europeo para la cohesión social y territorial.

1. Una de las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020 trata sobre la reducción de la pobreza en la UE, y justamente la Comisión Europea ha presentado el día 16 una importante Comunicación con el título de esta entrada (acompañada de un documento mucho más detallado en el que se relacionan todas las actuaciones previstas para llevar a cabo en los próximos años) en la que expone las grandes líneas de cómo actuar para alcanzar los objetivos fijados en aquella. En la misma línea, las directrices de política de empleo para el próximo quinquenio, analizadas con detalle en otras entradas del blog, se marcan también el objetivo de reducir la pobreza en la UE mediante la incorporación de un mayor número de personas al mercado de trabajo.

En esta entrada voy a examinan en primer lugar los datos más recientes sobre la situación de pobreza en la UE; a continuación, haré un breve repaso de los dos textos de referencia de la Comunicación, y después procederé al análisis de sus rasgos más relevantes. Destaco ya dos referencias que son muy ilustrativas de cómo va a actuar la UE en el próximo decenio, no solo en este ámbito sino también en muchos otros que afectan a las políticas sociales: en primer lugar, se anuncia que la próxima década los presupuestos públicos van a ser reducidos (y desde luego el deseo de gobiernos de importante Estados, como por ejemplo del Reino Unido y Alemania, van en esa dirección), y que por ello habrá que gastar mejor, adoptando medidas que aumenten “la eficiencia y la confianza encontrando nuevas formas participativas de abordar la pobreza, sin dejar de desarrollar políticas preventivas y de atender a las necesidades allí donde surjan”; en segundo término, y de acuerdo con las competencias en la materia, se recuerda que son los Estados quienes tienen que poner en marcha las políticas y acciones apropiadas para luchar contra la pobreza y la exclusión social, si bien, y en el marco global de la Estrategia Europa 2020, “la consecución del objetivo de la tasa de pobreza de la UE exigirá que se pongan en común todos los esfuerzos e instrumentos a nivel de la UE y nacional”, puesta en común que se hará al mismo tiempo que se refuerza la coordinación entre los Estados.

2. La oficina estadística de la UE, Eurostat, ha publicado recientemente un estudio sobre los ingresos económicos y las condiciones de vida en Europa, presentado en la conferencia de clausura del año europeo de lucha europea contra la pobreza y exclusión social celebrada en Bruselas el jueves y viernes de la pasada semana. En dicho estudio se constata que 81 millones de personas (17 % de la población) sufren riesgo de pobreza económica después de haber tomado en consideración las transferencias sociales; por otra parte, 42 millones (8 % de la población) padecen una situación de privación material grave, en cuanto que tienen dificultades, por ejemplo, para pagar las facturas pendientes; un 9 % de la población de la UE, es decir alrededor de 34 millones de personas, viven en hogares donde hay una “débil intensidad de trabajo”, expresión que se refiere a que los adultos que viven en un hogar han prestado actividades laborales durante un período inferior al 20 % del que hubieran podido hacerlo. Si se toman en consideración los tres criterios de manera conjunta, cabe decir que casi el 25 % de la población europea (116 millones) se ha visto afectada por una forma de exclusión social, si bien sólo el 1,4 % de dicha población (cerca de 7 millones de personas) se ve afectada por privaciones que se encuentran reflejadas en los tres criterios referenciados.

Por otra parte, en la Comunicación de la Comisión se constata que en el año 2008 más de 80 millones de personas vivieron en la UE por debajo del umbral de la pobreza (16,5 % del total de la población) y que esta situación afectaba de manera especial a las mujeres y los niños, habiendo contribuido la crisis económica a empeorar la situación. Además, la prestación de una actividad laboral no es suficiente para salir del riesgo de exclusión, ya que el 8 % de los trabajadores de la UE se encontraban en tal situación (por bajos salarios, situación de precariedad laboral y bajo nivel de cualificación) al mismo tiempo que el riesgo de pobreza para las personas en situación de desempleo pasó del 39 al 44 % entre 2005 y 2008.


3. Una de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 es que el riesgo de pobreza (definido como estar por debajo del 60 % de los ingresos disponibles en un Estado miembro) debería amenazar a 20 millones de personas menos, o dicho en otros términos, “la reducción debería aparejar que un 25 % menos de los europeos de los que están ahora se encuentren, en 2020, en dicha situación”. Para conseguirlo, la iniciativa emblemática que se pondrá en marcha es la “Plataforma europea contra la pobreza, para garantizar la cohesión social y territorial de tal forma que los beneficios del crecimiento y del empleo sean ampliamente compartidos y las personas que sufren de pobreza y exclusión social pueden vivir dignamente y tomar parte activa en la sociedad”. Se trata de mejorar el método abierto de coordinación y convertirlo en una plataforma de cooperación entre Estados, de efectuar un buen uso de los recursos económicos de los fondos estructurales, en especial del Fondo Social Europeo, y de poner en marcha medidas laborales y sociales que tomen en consideración la problemática de los colectivos vulnerables. En concreto, se pide por la Comisión que esta iniciativa permita poner en marcha “una educación innovadora, formación y oportunidades de empleo para las comunidades más desasistidas, luchar contra la discriminación (por ejemplo la de los discapacitados) y desarrollar una nueva agenda para la integración de los inmigrantes con el fin de que puedan explotar plenamente su potencial”.

4. En las Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros de la Unión Europea para el próximo quinquenio, aprobadas el pasado mes de octubre, la número 10 tiene el significativo título de “Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza”. El objetivo a conseguir es la reducción de un 25 % del número de ciudadanos europeos que viven por debajo de los umbrales nacionales de pobreza, y de conseguirlo saldrían de la pobreza más de 20 millones de personas.

Para definir dicha situación se tomarán en consideración los criterios aprobados por el Comité de Empleo, que define a la población en situación de riesgo de pobreza o de exclusión como el número de personas que se encuentran en tal situación de de acuerdo con los tres indicadores siguientes: a) Riesgo de pobreza (personas que vivan con menos del 60% de la renta nacional media); b) Privación material (personas que sufren al menos 4 de las 9 situaciones de privación); c) Personas que viven en hogares de desempleados (población que se define en relación a una intensidad de trabajo igual a cero o muy baja a lo largo de un año completo a fin de reflejar de manera apropiada una perspectiva dinámica de la pobreza vinculada a situaciones de exclusión prolongada del mercado laboral). También se ha acordado que los Estados miembros serán libres de establecer sus objetivos nacionales sobre la base de los indicadores más adecuados, “teniendo en cuenta sus respectivas circunstancias y prioridades nacionales”, y que en este proceso tomarán en consideración el hecho de que sus objetivos nacionales respectivos “deberían contribuir a la consecución del objetivo a escala de la UE”.

5. La Comunicación pasa revista en primer lugar a los diferentes colectivos que se encuentran afectados por el riesgo de pobreza y exclusión social. Además de los datos ya citados con anterioridad, cabe reseñar la importancia que se concede en el documento a la problemática de los jóvenes, ya que un 20 % sufren ese riesgo debido a sus carencias formativas y a las dificultades para encontrar empleo, agravadas desde el inicio de la crisis económica; con respecto a las personas de edad avanzada se pone de manifiesto el riesgo que puede suponer la precariedad de la vida laboral sobre el derecho a percibir una pensión de jubilación y sobre la cuantía de la misma; para los inmigrantes, la constatación de que la crisis ha incrementado notablemente sus porcentajes de desempleo va de la mano con el crecimiento de la precariedad y posterior posible riesgo de exclusión social, ya que en muchas ocasiones su irregular vida laboral les dificulta o impide acceder de forma regular a las prestaciones del sistema público de Seguridad Social; en fin, el documento no olvida referirse a las personas con discapacidad, ya que 6,5 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión “declaran tener alguna forma de discapacidad”.

En la Comunicación, cuya concreción y desarrollo en los próximos años (eso sí, mediante medidas y acciones que en ningún caso, salvo error u omisión por mi parte en la lectura de los documentos, tendrán carácter obligatorio para los Estados) será la contribución de la UE a la Estrategia Europea 2020, se identifican cuatro grandes ámbitos de actuación:

A) Hay que emprender acciones de lucha contra la pobreza y la exclusión en el conjunto de las políticas que se pongan en marcha. En primer lugar, mediante medidas que favorezcan el acceso al empleo, incluidas dentro del objetivo general también marcado para 2020 de conseguir que el 75 % de la población comprendida entre los 20 y 64 años tenga un empleo.

Nuevamente, al igual que en documentos anteriores de la Comisión, se pone el acento en políticas de inclusión activa, es decir políticas que combinen, para los colectivos en situación o riesgo de exclusión social en relación con el mercado de trabajo, “unos sistemas de apoyo a la renta bien diseñados, unos mercados de trabajo inclusivos y unos servicios sociales adecuados”. A tal efecto la Comisión se propone evaluar en 2012 los programas existentes para avanzar en esta línea, destacando también que la inclusión requiere de un sistema público de pensiones que sea adecuado y sostenible, y de unos servicios sanitarios y sociales que eviten discriminaciones entre la población, ya que esta constatado fehacientemente que “prevenir la enfermedad y facilitar el acceso a una asistencia sanitaria y social eficaz y asequible son medidas eficaces de lucha contra la pobreza”.

Con respecto a la población inmigrante, y dentro del bloque que lleva el significativo título de “inmigración e integración de los inmigrantes”, se pone de manifiesto el riesgo, que se afirma que ya existe, de que la segunda y tercera generación de inmigrantes sigan experimentando la discriminación en el acceso al empleo y a los bienes y servicios, algo muy perjudicial para mantenerla cohesión social a escala europea, y de ahí que la Comisión anuncie la presentación para el próximo años de una nueva agenda europea de integración “para respaldar mejor los esfuerzos de los Estados miembros encaminados a promover que los nacionales de terceros países con distintos antecedentes culturales, religiosos, lingüísticos y étnicos participen activamente en las economías y las sociedades europeas”.

B) Debe conseguirse que la financiación de la UE ayude a conseguir los objetivos de inclusión social y cohesión social. En particular, la intervención del Fondo Social Europeo ha de dirigirse tanto a los colectivos que más ayuda necesiten como a determinados territorios que se encuentren especialmente afectados por la crisis, complementando sus intervenciones con las de otros fondos europeos como el de integración de nacionales de terceros países y el dedicado a los refugiados. La Comisión se ha marcado el objetivo de facilitar el acceso a las subvenciones a estos colectivos y territorios, así como también a las pequeñas organizaciones, “en particular las ONG y las asociaciones locales, a través de los planes de subvenciones hechos a medida”. Igualmente, será necesario que el marco estratégico común que se ponga en marcha para el período 2014-2020 garantice la coherencia y complementariedad entre todas las actuaciones de los fondos de la UE. Una importante línea de actuación será la puesta en marcha del nuevo instrumento de microfinanciación, al objeto de posibilitar que los colectivos más vulnerables puedan poner en marcha sus propios negocios.

C) Hay que adoptar planteamiento “factual” con respecto a las innovaciones y reformas sociales. Se trata de fomentar la innovación en tiempo de crisis para encontrar soluciones inteligentes y que, en el marco de los recursos económicos disponibles, permitan dar respuesta a los retos planteados. Hay que utilizar métodos basado en hechos a fin de probar y evaluar los cambios en las políticas, poniéndose como ejemplo, “ensayar distintas formas de distribución o gestión de las prestaciones existentes en grupos específicos”.

D) Debe promoverse un enfoque asociativo y aprovechar el potencial de la economía social. Hay que implicar estrechamente a todas las autoridades (nacionales, regionales y locales), así como también a los interlocutores sociales y ONG, al objeto de potenciar el tratamiento territorial y social de la pobreza. A tal efecto, la Comisión elaborará “directrices voluntarias sobre la participación de las partes interesadas en la definición, conformación y realización de medidas de reducción de la pobreza, para su aplicación a nivel nacional, regional y local”.

Con respecto a la economía social, tras recordar que las empresas sociales representan el 10 % de las empresas europeas y proporcionan trabajo a más de 11 millones de asalariados, la Comisión se propone facilitar los medios jurídicos de actuación a escala europea, y potenciar la responsabilidad social de las empresas (no sólo de las de economía social, aunque ciertamente estas tiene un papel relevante a jugar) por ejemplo “teniendo en cuenta consideraciones sociales a la hora de celebrar contratos públicos”.

Por último, cabe decir que la Comisión examinará en 2014 la puesta en funcionamiento de la Plataforma, al objeto de adaptarla si procediera al nuevo marco financiero plurianual que existirá a partir de esa fecha.