Crisis económica e inmigración en la Unión Europea.

La Organización Internacional de las Migraciones (OIM), comisionada por la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea, acaba de publicar un interesante y detallado estudio en el que se analiza el impacto de la crisis económicas en las políticas en materia de inmigración adoptadas por los Estados miembros de la UE, así como también por Croacia, Noruega y Turquía. En el texto se dedica particular atención al estudio de siete Estados, entre los que se incluye España. La tesis principal del trabajo (“Migration and the economic crisis: implication for policy in the European Union”) es que el impacto de la crisis, aunque buena parte de su impacto sólo será visible en los próximos años, ha sido importante para la inmigración y los inmigrantes en Europa, y que sus efectos se han repartido de forma desigual entre los diferentes Estados miembros.

La crisis ha tenido como consecuencia la disminución, en términos generales, de la inmigración hacia la UE, mientras que se ha incrementado la emigración tanto hacia otros Estados de la UE como a países extracomunitarios. Con respecto a esta diferencia, se debe lógicamente a las menores dificultades que padecen los ciudadanos comunitarios para desplazarse dentro del territorio de la UE y para poder reincorporarse al mercado de trabajo, poniéndose el ejemplo del Reino Unido e Irlanda, países de reciente inmigración comunitaria y en los que la emigración de migrantes de países de la UE ha sido particularmente importante en los últimos años, a diferencia de la actuación de los migrantes de países extracomunitarios cuya situación laboral está más negativamente afectada por el desempleo. Por otra parte, sigue habiendo demanda de mano de obra en algunos sectores en muchos Estados de la UE, en especial en el educativo y sanitario, y de ahí que sigan llegando trabajadores extracomunitarios.

Si nos fijamos en el impacto de la crisis sobre hombres y mujeres, el importante impacto que esta ha tenido en sectores con mayoritaria presencia masculina, como la construcción, combinado con el incremento de las necesidades de cuidado de personas menores o dependientes, trabajo mayoritariamente realizado por mujeres, trae como consecuencia que la población inmigrante femenina haya incrementado su porcentaje de participación en el conjunto de la fuerza de trabajo extranjera en países como España, Italia e Irlanda, ya que su presencia en el mercado de trabajo en ese sector, así como también en el educativo y sanitario, ha implicado que se hayan visto menos expuestas a las reducciones de plantillas operadas en ámbitos de actividad (construcción, industria manufacturera,…) con mayor presencia masculina.

En cualquier caso, y a salvo de esta diferencia por razón de sexo, el estudio constata que la crisis ha impactado más negativamente a los trabajadores foráneos que a los autóctonos, dada su importante presencia en sectores más afectados por la recesión, situación que ha llevado a que los inmigrantes incrementen su movilidad intersectorial en búsqueda de nuevos empleo, o que traten de abrirse paso como trabajadores por cuenta propia, cambios con mayor impacto porcentual que los de la población autóctona, destacándose en el estudio el trasvase en España desde el sector de la construcción al de la agricultura, algo que además puede contrastarse con los datos de afiliación mensual facilitados por la Seguridad Social.

Un elemento relevante de la crisis es la dificultad soportada por muchos inmigrantes para mantener su estatus de regularidad administrativa en el país de acogida, debido principalmente a la pérdida del empleo y el impacto que ello tiene para mantener o renovar las autorizaciones de residencia y trabajo, circunstancia que también está llevando a un incremento de la inmigración irregular, destacando con acierto a mi parecer el informe que el incremento de la irregularidad no se debe al aumento de los flujos migratorios desde países terceros, sino al incremento de la irregularidad sobrevenida de personas que accedieron de forma regular al país de acogida. Como todo aquello que ocurre con la economía irregular, el informe constata que no hay información suficientemente fiable para conocer cuál es su grado de intensidad, si bien es altamente probable que muchos trabajadores migrantes “se encuentren en condiciones de mayor vulnerabilidad en el mercado de trabajo durante la recesión”. Por cierto, la reforma del Reglamento de extranjería en España debe posibilitar dar una respuesta jurídicamente adecuada que permita evitar que las irregularidades sobrevenidas contribuyan a crear nuevas, y preocupantes, bolsas de trabajadores extranjeros en situación irregular.

Con buen criterio el informa llama a los Estados miembros a la adopción de medidas que no sólo tengan una visión a corto plazo (quizás más rentables electoralmente pero con posibles impactos negativos a más largo plazo) y que tengan una visión de futuro, teniendo en consideración el proceso de envejecimiento de la sociedad europea y la necesidad de atracción de población migrante una vez que se haya superado la crisis, afirmando con rotundidad que “si Europa quiere tener una economía más competitiva y responder adecuadamente al cambio demográfico, necesitará incrementar la inmigración en el futuro”.

Se pide que se analice detalladamente las cualificaciones de la población inmigrante y la necesidad de adopción de mediadas que permitan responder a las necesidades existentes o que se produzcan en el futuro tanto en los sectores de elevada cualificación como de aquello de bajo nivel profesional, y que se ponga en marcha una auténtica política de inmigración a escala europea, en el marco del desarrollo del programa de Estocolmo y de su programa de acción, en la que deberá integrarse una adecuada y reforzada coordinación con los países de proveniencia de los mayores flujos migratorios hacia la UE.

Último, y no menos importante, la adopción de medidas que contribuyan a maximizar el potencial de la población inmigrada y su integración en la sociedades de acogida deberá permitir también reducir las preocupaciones de la población autóctona y atacar los brotes de racismo y xenofobia que toda crisis plantea en términos de respuestas rápidas y aparentemente sencillas (pero siempre irreales) para resolver los problemas. En especial, la lucha contra toda discriminación en el mercado de trabajo es crucial para potenciar la integración de la población inmigrante ya presente y aquella que venga en el futuro, y para evitar desajustes entre las capacidades y conocimientos de las personas y los puestos de trabajo que ocupen.

Buena lectura del documento.