martes, 26 de octubre de 2010

Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros de la Unión Europea (y IV).

Directriz número 10. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza.


El objetivo a conseguir es la reducción de un 25 % del número de ciudadanos europeos que viven por debajo de los umbrales nacionales de pobreza. De conseguirlo, saldrían de la pobreza más de 20 millones de personas. Para definir dicha situación se tomarán en consideración los criterios aprobados por el Comité de Empleo de 8 de junio, que define a la población en situación de riesgo de pobreza o de exclusión como el número de personas que se encuentran en tal situación de de acuerdo con los tres indicadores siguientes:

A) Riesgo de pobreza (personas que vivan con menos del 60% de la renta nacional media).


B) Privación material (personas que sufren al menos 4 de las 9 situaciones de privación).


C) Personas que viven en hogares de desempleados (población que se define en relación a una intensidad de trabajo igual a cero o muy baja a lo largo de un año completo a fin de reflejar de manera apropiada una perspectiva dinámica de la pobreza vinculada a situaciones de exclusión prolongada del mercado laboral.


También se ha acordado que los Estados miembros serán libres de establecer sus objetivos nacionales sobre la base de los indicadores más adecuados, “teniendo en cuenta sus respectivas circunstancias y prioridades nacionales”, y que en este proceso tomarán en consideración el hecho de que sus objetivos nacionales respectivos “deberían contribuir a la consecución del objetivo a escala de la UE”.


9. Como es sabido, las orientaciones para el empleo constituyen, junto con las directrices de política económica aprobadas el 13 de julio, las “directrices integradas 2020”. De las seis orientaciones económicas, destaco ahora aquellos aspectos que se relacionan más directamente con las políticas de empleo.


A) Directriz número 1. Garantizar la calidad y la viabilidad de las finanzas públicas.


La UE plantea que hay que conceder prioridad al gasto en partidas que beneficien al crecimiento y a la competitividad europea, como por ejemplo la educación, las cualificaciones y la capacidad de inserción profesional. La hipotética subida de impuesto, que no me parece que sea valorada con especial interés por los políticos europeos, o como mínimo por los responsables de las políticas económicas de los Estados, deberían ir de la mano con medidas que favorezcan el empleo, y también con la adopción si es necesario de medidas fiscales que incentiven el acceso al trabajo y desincentiven que una persona siga percibiendo ayudas sociales.


Además de políticas de cantidad, el gasto público debe concentrarse en políticas de calidad y un ámbito fundamental de actuación es el del gasto en políticas de empleo que favorezca un incremento de la participación de toda la población en edad laboral en el mercado de trabajo y una consiguiente reducción del gasto en pensiones y salud como consecuencia de un incremento real de la edad de jubilación efectiva, a fin y efecto de conseguir que las medidas que se adopten sobre el gasto público relacionadas con el envejecimiento y los sistemas de bienestar social “sean financieramente sostenibles”.


B) Directriz número 2. Abordar los desequilibrios económicos.


Una clara llamada de atención se dirige a los Estados miembros que sufran tales desequilibrios, para que los corrijan y adoptan las medidas oportunas si fueren necesarias, en su caso, en los ámbitos de la evolución salarial y de los mercados laborales, con una nueva llamada a la negociación colectiva descentralizada para que todo convenio pueda ajustarse a la situación concreta del sector de actividad y de la empresa en cuestión, con una petición a los agentes sociales para una participación activa en la puesta en marcha de este proceso negociador descentralizado que debería siempre tener en cuenta “las capacidades y condiciones de mercado laboral local”, con una debida y adecuada respuesta a “las grandes divergencias en rendimiento económico entre regiones, sectores y empresas dentro de un país”.


No menos importante en esta permanente llamada a la moderación salarial efectuada en los documentos del ECOFIN, y en España está por ver en qué medida las decisiones adoptadas para el sector público repercutirán próximamente en el sector privado, es su petición de que las medidas salariales en el sector público sean correctas y adecuadas para lanzar un claro mensaje al sector privado a fin de que vaya por la misma senda de moderación salarial y “en sintonía con la necesidad de aumentar la productividad”.


C) Directriz número 3. Reducir los desequilibrios dentro de la zona euro.


El toque de atención va dirigido a los países con altos déficits por cuenta corriente, a los que se exige una importante actuación en este ámbito, que debe ser paralela a la de reducción de los costes salariales unitarios, con el claro objetivo mejorar los niveles de competitividad y ajustarse a la evolución de la productividad en los diferentes ámbitos regionales, sectoriales y empresariales.


Nuevamente se plantea por parte del ECOFIN la conveniencia de suprimir todas aquellas regulaciones, de “trabas institucionales” habla el documento, que impidan las adaptaciones flexibles de los precios y los salarios a las condiciones del mercado; algo que dicho de forma más comprensible, significaría una reordenación de la regulación de la negociación colectiva (recuérdese que este es un debate recurrente en España y que se ha reabierto con ocasión del debate sobre la reforma del mercado de trabajo operado por el Real Decreto-Ley 10/2010 de 16 de junio y la Ley 35/2010 de 17 de septiembre), con una mucho mayor libertad para la fijación de la regulación salarial en cada ámbito empresarial, y sin necesidad probablemente (la referencia es a España, pero puede ser válida para otros Estados que tengan o puedan tener regulaciones semejantes) de tener que acogerse a cláusulas de descuelgue o de inaplicación de convenios colectivos de ámbito superior a la empresa.


Directriz número 4. Optimizar el apoyo a la investigación, el desarrollo y la innovación (I + D + I), reforzar el “triángulo del conocimiento” y liberar el potencial de la economía digital.


Recuérdese que una de las líneas maestras de la Estrategia Europa 2020 es la apuesta por un crecimiento inteligente, mediante el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación. En este ámbito una iniciativa calificada de “emblemática” para desarrollar durante todo el período y que será el punto de referencia para ver y concretar cómo se avanza en la consecución de los objetivos citados, es la de de la “Unión por la innovación, con el fin de mejorar las condiciones generales y el acceso a la financiación para investigación e innovación y garantizar que las ideas innovadoras se puedan convertir en productos y servicios que generen crecimiento y empleo”. De especial interés me parece la propuesta de adoptar medidas que permitan disponer de un número suficiente de licenciados en ciencias matemáticas e ingeniería, y también la de centrar el currículo “en la creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor”. El objetivo cuantitativo a conseguir es que el nivel de inversión pública y privada alcance el 3 % del PIB.


La inversión pública debe ir dirigida a lograr tanto un mayor crecimiento de la economía como a responder a los “grandes retos sociales”, entre los que la Recomendación comunitaria incluye dos de especial interés para el mundo del trabajo como son la cohesión social y el envejecimiento, sin menospreciar en modo alguno la incidencia que sobre el empleo pueden tener otros de los enumerados, como la energía, el rendimiento de los recursos, el cambio climático, la salud y la seguridad.


También encontramos referencias indirectas al mundo del trabajo en las propuestas de adaptación y simplificación de los sistemas nacionales de financiación y contratación referidos a los sistemas de investigación y al personal investigador, en cuanto que los objetivos a lograr, con indudable impacto sobre la política de inmigración de los investigadores y de otro personal cualificado, son “facilitar la cooperación transfronteriza, la transferencia de conocimientos y una competencia basada en los méritos”.


Por otra parte, ya encontramos aquí una mención expresa a la estrecha relación de las directrices económicas con las de empleo, en cuanto que la ahora examinada ha de guardar conexión con las números 8 y 9 (desarrollar una mano de obra cualificada en condiciones de responder a las necesidades del mercado de trabajo, promover empleos de calidad y la educación y formación durante toda la vida, y conseguir que los sistemas de educación y de formación alcancen resultados adecuados en todos los ámbitos y aumentar la participación en la enseñanza superior), de tal manera que todos los Estados miembros han de poder ofrecer “una amplia gama de capacidades necesarias para la innovación en todas sus formas, incluida la ecoinnovación”, y al mismo tiempo fijarse como objetivo conseguir que haya un número suficiente de licenciados en ámbitos técnicos del conocimiento, es decir en ciencias, matemáticas y tecnología.


Directiva número 5. Mejorar la utilización eficiente de los recursos y reducir los gases de efecto invernadero.


Recuérdese que unos de los objetivos a conseguir según la Estrategia Europa 2020 es el llamado «20/20/20» en materia de clima y energía (incluido un incremento al 30 % de la reducción de emisiones si se dan las condiciones para ello). La Comisión apuesta por la adopción de medidas que refuercen el liderazgo europeo en el mercado de tecnologías verdes como medio de garantizar un uso eficaz de los recursos en toda la economía (liderazgo que cada vez más está sufriendo la competencia de China y Estados Unidos), pero al mismo tiempo “eliminando los cuellos de botella en infraestructuras de red claves e impulsando nuestra competitividad industrial”.


Las nuevas oportunidades de negocio y empleo se han de desarrollar en el marco de un sistema económico que ha de adoptar las medidas necesarias, a escala europea, para adaptarse a una nueva realidad en la que deberá hacerse cada vez más un uso eficiente de los recursos disponibles y prestar especial atención a las políticas de protección, potenciación y desarrollo del medio ambiente (creación de “empleos verdes”); tales políticas tenderán, y así se plantea en los documentos comunitarios que se ocupan de esta cuestión, a lograr la puesta en marcha de políticas económicas que favorezcan un crecimiento sostenible y el empleo, al mismo tiempo que serán políticas que favorezcan el uso de tecnologías de baja intensidad en carbono y el ahorro de energía. Al mismo tiempo, y con un impacto directo sobre el empleo de las personas ocupadas en el sector, y de ahí que las medidas que se adopten deban tomar en consideración las medidas correctoras necesarias para amortiguar su impacto, la Recomendación llama a los Estados miembros a la supresión gradual de los subsidios con efectos nocivos para el medio ambiente, y a garantizar “un reparto justo de sus costes y beneficios”.


Directriz número 6. Mejorar el entorno empresarial y de los consumidores, y desarrollar la base industrial para garantizar el pleno funcionamiento del mercado interior.


La UE llama a los Estados miembros a la promoción del espíritu emprendedor, con una referencia explícita en cuanto a su impulso por parte de las mujeres, y a la agilización, y si fuera posible supresión, de todas las rigideces de índole administrativa que dificultan la actividad empresarial en el seno del mercado interior europeo.


La apuesta por un desarrollo global sostenible se configura como una de las ideas-eje de la nueva política comunitaria, sin olvidar en modo alguno que ha de ser compatible con un desarrollo del sector industrial que sigue siendo un puntal de referencia en las políticas de la UE y que ha de servir para identificar los problemas de la economía europea y para permitir los cambios que sean necesarios. Para conseguir ese objetivo es conveniente, yo diría que es necesario, fomentar la puesta en práctica y desarrollo de políticas de responsabilidad social corporativa en el ámbito empresarial que impliquen una mayor participación de todos los trabajadores en todas las decisiones que les afecten.


10. Concluyo. Para que la nueva política comunitaria tenga éxito social, requerirá de una mayor adaptación a las necesidades de la gran parte de la población europea que la que ha existido en el período posterior a la revisión en 2005 de la estrategia de Lisboa, y está por ver si todos los Estados, o más concretamente sus gobiernos, están por esa labor. En caso afirmativo podremos plantearnos cómo mejorar el modelo social europeo en el marco de una realidad económica y social a escala mundial cada vez más interdependiente y que no podemos nunca olvidar en nuestros análisis; en caso contrario, el riesgo de una mayor conflictividad y exacerbación de las tensiones sociales está servido.


Sería bueno y necesario concretar mucho más los objetivos sociales a alcanzar y reforzar la dimensión social de la Europa 2020, con un correcto equilibrio entre las dimensiones económica, medioambiental y social. ¿Estamos preparados para ello, lo conseguiremos, o nos resignamos a un mundo peor para la mayor parte de la población?

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