1. Al debate sobre la reforma laboral se refería justamente el Presidente del Gobierno en su intervención del día 17 en el Congreso de los Diputados, más exactamente “al impulso del diálogo social para abordar las reformas laborales”, poniendo el acento en la necesidad de adoptar medidas que corrijan la dualidad del mercado de trabajo español y por ello de actuar tanto con medidas que reduzcan el recurso a la contratación laboral como con otras que fomenten la contratación indefinida, y aquí se incluiría la revisión de las múltiples bonificaciones existentes para distintos contratos al objeto de racionalizar su uso y de dirigirlas únicamente a las personas que verdaderamente las necesiten.
Entre las medidas sobre las que hay que trabajar, se apuntó la potenciación del trabajo a tiempo parcial, un programa extraordinario de empleo de jóvenes “que incentive su contratación y la realización de un programa específico de formación junto a las Comunidades Autónomas”, la reforma de los servicios públicos de empleo y la adopción de medidas que faciliten la participación de los agentes privados “en la colocación y recolocación de las personas desempleadas”, la lucha por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, cómo reducir el absentismo laboral, y la no menos importante referencia al llamado modelo alemán, del que tanto se ha hablado y debatido últimamente, “para fomentar el uso de la reducción de jornada como instrumento de ajuste temporal de empleo alternativo a su pérdida”.
Ciertamente, el Presidente no olvidó mencionar las reformas posible en materia de protección social, si bien de forma mucho más concisa que las reformas laborales, y remitiéndose además a lo que decida la subcomisión parlamentaria del Pacto de Toledo, sin dejar de apuntar la necesidad de tomar en consideración en la posible reforma el reto del envejecimiento de la población, “motivado por el espectacular aumento en la esperanza de vida a partir de los 65 años”, un dato que ciertamente hay que tomar en consideración en cualquier análisis que se haga de posibles reformas laborales y de protección social. Sólo a título incidental, me permito citar un dato significativo de la realidad demográfica de Cataluña, facilitado recientemente por el Instituto de Estadística de esta autonomía (IDESCAT): la población menor de 15 años es de 1.119.851 habitantes a 1 de enero de 2009, un 15 % del total, mientras que la de 65 y más años es de 1.217.519 personas, un 16,3 %.
Por cierto, en la intervención del Sr. Rodríguez Zapatero hay algunas menciones muy concretas a fechas en las que se aprobarán textos y programas que deseo destacar en cuanto que también afectan al ámbito de análisis de este comentario, como son el plan de promoción de la inclusión social (que se presentará el 26 de febrero) y el plan de lucha contra la economía sumergida, que lo será una semana más tarde, el 5 de marzo. Sin olvidar, la referencia expresa a la futura Ley de Economía Social, prevista para antes del verano y anunciada ayer jueves en un acto organizado por la Confederación Española de Economía Social (CEPES).
2. El documento presentado por el gobierno a los agentes sociales el día 5 de febrero no contiene medidas muy concretas, y por ello ha sido muy criticado desde algunos ámbitos académicos del mundo económico vinculados a la propuesta del llamado “contrato único”, aunque me atrevo a pensar que la crítica no es por esa falta de concreción sino pura y simplemente porque no recoge sus propuestas. Paso de largo en esta ocasión sobre ese debate, que parece muy relevante cuando te encuentras en debates y foros de reunión profesionales pero que creo que lo es mucho menos cuando se trata de hacer propuestas que respondan a la realidad de los problemas laborales, tanto jurídicos como económicos, que tenemos en el mercado real de trabajo y no solamente en modelos abstractos. Ahora bien, no pierdo la oportunidad para recordar nuevamente que faltan propuestas desde el mundo universitario progresista que avancen en el desarrollo de mecanismos de flexibilidad interna adaptados a unas necesidades económicas y productivas muy rápidamente cambiantes para un gran número de empresas, y que hay un preocupante silencio desde el mundo sindical en la elaboración de dichas propuestas, aunque más correcto sería decir que ese silencio se produce en los órganos de dirección, ya que en muchos sectores, empresas y centros de trabajo los dirigentes sindicales están debiendo encarar en el día a día como adaptarse a la nueva realidad económica y qué mecanismos legales y convencionales pueden ser objeto de utilización, y en su caso de modificación, para alcanzar el objetivo perseguido que no es otro, en la mayor parte de las ocasiones, que el mantenimiento del mayor número de empleos posibles. Es decir, cada día se están adoptando medidas, con mayor o menor voluntariedad, que van en la dirección de una de las propuestas formuladas en la introducción del documento gubernamental, cual es la de “aumentar la flexibilidad interna de las empresas, de manera que la adaptación a la situación económica de las mismas se produzca sin afectar tan intensamente al volumen de empleo”.
Desde el primer borrador de propuestas medidas laborales del MTIN hasta llegar al texto presentado el día 5 de febrero se han producido, y no podría ser de otra forma, numerosos debates que han llevado a que el texto final sea, a mi entender, una síntesis bastante equilibrada de las diferentes “sensibilidades” existentes en el seno del gobierno, si bien creo que predomina en parte la más social. Es un documento de trabajo, y ahora tocar hacer los deberes a todas las partes (gobierno, patronal y sindicatos) para llegar a un acuerdo, y en el supuesto de que no se alcance es cuando el gobierno debería adoptar las medidas oportunas para afrontar la mejora de la normativa laboral y para que este cambio contribuya (aunque muy modestamente, como ocurre con todas las normas laborales, y coincido en este punto con el profesor Ignacio García-Perrote cuando escribía recientemente que “lo primero que, seguramente haya que reconocer es el papel limitado o modesto que la regulación legal de las relaciones laborales tiene a la hora de crear empleo”) a la creación de empleo.
Me parece que sería un fracaso para todos, y muy en especial para los agentes sociales, que el gobierno debiera adoptar medidas unilaterales, al margen de que estas recogieran buena parte de las propuestas presentadas en la mesa de negociación, porque ello significaría poner en cuestión uno de los activos más importantes de la política de relaciones laborales que ha habido en España desde la transición de la dictadura a la democracia y que ha sido el diálogo social. Baste recordar el importante número de acuerdo habidos durante la presente década en materia de negociación colectiva, tal como he tenido oportunidad de analizar ampliamente en otra entrada del blog.
Más allá del contenido de algunas propuestas, me parece conveniente destacar, y lo valoro de forma muy positiva, la colocación del trabajo estable en la centralidad del debate. Es decir, no se apuesta por un modelo desregulado y que introduciría probablemente mucha mayor arbitrariedad en las relaciones de trabajo sino que se apuesta por “situar la contratación estable como elemento central del nuevo modelo de crecimiento económico y nuestro sistema de relaciones laborales”. Ello pasa tanto por favorecer el uso de la contratación estable o indefinida como por colocar la contratación temporal en su justo lugar, es decir su utilización cuando realmente concurran las circunstancias que aconsejan acudir a la misma, desincentivando su uso injustificado, punto en el que hay que insistir desde una perspectiva de aplicación práctica de las normas, pues cualquier persona medianamente informado de su funcionamiento conoce la flexibilidad con la que se utilizan modalidades contractuales de duración determinada, señaladamente la del contrato para obra o servicio determinado.
3. ¿Sigue siendo difícil la situación del empleo en España? Me parece que nadie negará esa dificultad, aún cuando los datos gubernamentales prevean la hipótesis de creación de empleo neto a finales de 2010 (y esperemos que acierten). Por consiguiente, cualquier reforma que se plantee ha de tener como norte la justa combinación de medidas que potencien la creación de un empleo estable y de calidad, siendo este el mejor antídoto para evitar situaciones como las que ha vivido nuestro mercado de trabajo en los últimos dos años.
Debe ser un empleo que se cree de forma importante en sectores de actividad y ocupaciones con vocación de crecimiento y que ayuden a las sostenibilidad económica, social y medioambiental, combinado con otras medidas que refuercen la protección de las personas que se han visto, y las que aún se verán, afectadas por la crisis. Dicho refuerzo puede pasar por la adopción de medidas como la recientemente adoptada de prórroga del programa temporal extraordinario de empleo e inserción, así como también por hipotéticas reformas del marco normativo de la protección por desempleo que tengan en consideración las nuevas realidades económicas y sociales (el proyecto de protección económica de los trabajadores autónomos por cese de actividad es un buen ejemplo de ello; podrá discutirse, ciertamente, si puede mejorarse en términos de mayor protección, pero no su interés social para dar respuesta a la problemática de un cada vez más importante número de personas que trabajan por cuenta propia en España).
Si no apostamos por la creación de empleo estable y de calidad, tanto en sectores y ocupaciones en crecimiento como en ámbitos de actividad afectados por la crisis pero que siguen teniendo un caudal importante de creación de empleo, la reforma servirá para atajar problemas a corto plazo pero no contribuirá al crecimiento sostenible que debe plantearse, a mi parecer, para salir de la crisis. Además, poder acceder a un empleo significa un excelente antídoto contra los riesgos de la pobreza y de la exclusión social, tal como constatan recientes documentos comunitarios: el riesgo que sufre una persona adulta desempleada es cinco veces más elevado que el de aquella que se encuentra ocupada (44 y 8 %, respectivamente), y es tres veces también más elevado en el caso de las personas inactivas con respecto a las empleadas (27 y 8 %).
Y un empleo apoyado en una buena formación es un mecanismo aún más eficiente para permanecer en el mercado de trabajo o acceder al mismo en buenas condiciones. Un reciente informe elaborado en sede comunitaria por un grupo de expertos, en relación con las propuestas comunitaria de nuevas capacidades para nuevos empleos, y a las que ya me he referido en este blog, destacan por una parte su preocupación porque uno de cada tres europeos en edad laboral tiene pocas cualificaciones formales o ninguna, “debido a lo cual tienen un 40 % menos de posibilidades de conseguir trabajo que las personas con cualificaciones de nivel medio”, y valoran que las personas con mayor cualificación tienen mayor presencia en la vida laboral, ya que las que disponen de elevados niveles se ocupan en un 84 %, “mientras que es del 70 % para quienes tienen niveles medios de cualificación y del 49 % para las personas con bajos niveles de cualificación”. Por ello, una de las propuestas que se lanza al debate y para la que se pide apoyo por parte de las instituciones comunitarias y de los Estados miembros es la de “proporcionar mejor incentivos a los empleadores y las personas para mejorar sus capacidades, y que las inversiones en capacidades sean significativas e inteligentes, y no sólo financieras”.
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