Nota sobre las propuestas gubernamentales en el próximo debate sobre la reforma laboral.

1. He dicho, y escrito, en más de una ocasión, que el debate sobre la llamada reforma laboral, del que tanto se habla y debate en los medios de comunicación, es lisa y llanamente incorrecto, porque cada día hay reformas laborales, algunas en sede parlamentaria y otras en la mayor parte de las ocasiones por la vía de los acuerdos colectivos, pactos de empresa, acuerdos entre empresarios y trabajadores, e incluso decisiones unilaterales del empresario sobre cuya conformidad a derecho cabría suscitar críticas en más de una ocasión. Ahora bien, también es cierto que el gobierno español está dispuesto a debatir con sindicatos y patronales nuevas modificaciones del marco normativo laboral, ya se trate de medidas de flexibilidad de entrada (modalidades de contratación), de paso (condiciones de trabajo) o de salida (extinción de los contratos de trabajo). El propósito de esta entrada del blog es analizar algunas de las últimas manifestaciones del gobierno para saber por dónde pueden ir las propuestas que se presenten en el renovado marco del diálogo social a partir de enero de 2010.

2. El primer punto de referencia es la intervención del Presidente del Gobierno en el pleno del Congreso de los Diputados del día 2 de diciembre para presentar las líneas maestras del anteproyecto de economía sostenible, en la que planteó la conveniencia de abordar la reforma de las relaciones laborales en el marco del diálogo social y a partir del próximo trimestre, excluyendo de forma tajante en su intervención que el debate sobre la reforma se polarice sobre una determinada propuesta (y me imagino que el Sr. Rodríguez Zapatero se refería implícitamente a las propuestas presentadas por un destacado grupo de economistas) centrada “en exigir un determinado tipo contractual, una reducción de las indemnizaciones por despido o la exclusión de los conflictos laborales del sistema de control administrativo o judicial. Este señorías, no es nuestro camino”. De todas formas, sugiero que no estaría nada mal plantearse la reforma de la Ley del Estatuto de los trabajadores en cuanto que ahora permite despedir teóricamente con causa y extinguir el contrato reconociendo al mismo tiempo su improcedencia, algo que causa perplejidad desde una perspectiva jurídica y que limita considerablemente el principio de estabilidad en el empleo.

3. El presidente del gobierno apuntó seis ámbitos posibles de negociación. En primer lugar la reforma del sistema de negociación colectiva “para mejorar la flexibilidad interna de las empresas”, es decir reformas en la llamada flexibilidad de paso o de condiciones de trabajo, en donde creo que no se han explotado hasta el presente todas las potencialidades de modificación de tales condiciones que abrió la reforma laboral de 1994 (posiblemente porque se elaboró y aprobó sin el acuerdo de la parte sindical) en cuanto se refiere a la movilidad funcional, movilidad geográfica y modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

En segundo término, el fomento del uso de la reducción de jornada “como instrumento de ajuste temporal de empleo”. Aquí hay que decir que puede llegarse a un acuerdo, a mi parecer, sobre la modificación de la normativa reguladora de los expedientes de regulación de empleo de reducción de jornada para una mayor utilización en detrimento de los de suspensión y extinción de contratos, en el bien entendido que estás políticas son válidas cuando las empresas afectadas tienen viabilidad y sólo sufren de problemas temporales derivados de la actual situación de crisis económica, pero que no tiene sentido su aplicación, al menos a mi parecer, para empresas cuya viabilidad a medio plazo sea inexistente (y ello ocurriría en un número no desdeñable de empresas del sector de la construcción).

En tercer lugar, el presidente pidió la revisión de las políticas de bonificaciones a la contratación, al objeto de reorientar los recursos “hacia políticas de empleo más eficientes”. Hay aquí un amplio campo de posibilidades de acuerdo con los agentes sociales para que las bonificaciones se dirijan sólo a colectivos muy concretos (quizás con carácter prioritario para jóvenes que accedan al primer empleo o para personas de edad avanzada), pero sin olvidar dos cuestiones de importancia: la primera, que hay modalidades contractuales con bonificación durante todo el período de vigencia del contrato y cuyo coste ya ha sido asumido por los poderes públicos y que por ello debe mantenerse; la segunda, que mientras debatimos la reducción o racionalización de las bonificaciones, hay varios sectores afectados por la crisis económica (concretamente el textil y confección, calzado, y muy recientemente juguetería y mueble) que amplían la política de bonificaciones en la contratación de personas desempleadas del sector al colectivo excluido de la política de bonificaciones en el ámbito estatal, los varones desempleados de 31 a 44 años. Hago referencia a estos dos supuestos simplemente para dejar constancia de las dificultades reales con las que el gobierno puede enfrentarse cuando aborde con los agentes sociales la reordenación, racionalización o reducción, y cada uno que le ponga el adjetivo que quiere, de las políticas de bonificación en las contrataciones laborales que tenemos en estos momentos en España.

En cuarto lugar, y parece una propuesta recurrente desde que el presidente accedió al poder en marzo de 2004, se desea plantear el refuerzo de los servicios públicos de empleo y la mejora general de la intermediación laboral “a través de todos los instrumentos disponibles”. En esta línea ya avanza el texto que en pocos días será aprobado definitivamente por el Congreso, la ley que encuentra su origen en el Real Decreto-Ley 2/2009 de medidas urgentes de mantenimiento y fomento del empleo y de protección de las personas desempleadas, en el que se recoge la obligación de los poderes públicos de reordenar las políticas activas de empleo, establecer una más estrecha relación entre la actuación de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas que poseen la gestión de tales políticas, y de ampliar el ámbito de actuación de las empresas de trabajo temporal en sintonía con la directiva comunitaria de 19 de noviembre de 2008, así como la regulación normativa de las empresas de recolocación de los trabajadores desempleados. Por cierto, el refuerzo de los servicios de empleo pasa por reforzar los mecanismos de relación con los ciudadanos potenciales usuarios, con el pleno aprovechamiento de las nuevas tecnologías, siendo la Red Trabaj@ en el ámbito estatal un muy buen ejemplo de cómo puede utilizarse la tecnología en beneficio de la población.

En quinto lugar, el Sr. Rodríguez Zapatero planteó para el debate una de las cuestiones más polémicas en el debate actual, cual es la adopción de medidas “tendentes a reducir la dualidad y la tasa de temporalidad en nuestro mercado laboral”, debiendo a mi parecer ser objeto de especial atención la política dirigida al colectivo juvenil al objeto de posibilitar un acceso, que puede ser ciertamente temporal de entrada, al mercado de trabajo que vaya estrechamente relacionado con la adquisición de los conocimientos y aptitudes necesarias para permanecer en el mismo, ya sea como trabajador por cuenta ajena, en la misma o distinta empresa, o como trabajador por cuenta propia o emprendedor. Igualmente, conviene recordar que la tasa de temporalidad se ha reducido sensiblemente, cerca de 8 puntos, desde el inicio de la crisis económica porque el impacto ha sido de primera magnitud sobre los trabajadores con contratos de duración determinada y a los que en gran medida no se ha procedido a su renovación o conversión en indefinidos, y que donde queda mucho por hacer es en el ámbito de la función pública (señaladamente las autonómicas y locales), ya que en estos momentos la tasa de temporalidad en el ámbito público supera a la del sector privado.

Por último, se apunta la necesidad de abordar otros aspectos como la “mejora del control de los procesos de incapacidad y la adopción de medidas para reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres”; es decir, hay que fortalecer los mecanismos de control de las bajas laborales, para que tengan derecho a las prestaciones sociales legalmente reconocidas aquellas personas que realmente lo necesiten por su estado de salud, y teniendo presente también, por si alguien se ha olvidado, que buena parte de la mejora y reducción del llamado absentismo laboral pasa por una mejora del clima laboral de las empresas y por una importante implicación de las direcciones de recursos humanos en la mejora de ese clima (en términos de condiciones de trabajo) para facilitar la reducción. Por lo que respecta a las reducciones salariales entre hombres y mujeres hay que operar a mi parecer en dos planos: el primero, en velar por el cumplimiento de la normativa laboral y aplicar el respeto del principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo; el segundo, por diversificar la presencia femenina en todos los sectores y actividades productivas, y evitar su concentración en niveles medios y bajos de los ámbitos profesionales en los que tienen mayor presencia (administraciones públicas, educación, sanidad, servicios sociales y comercio).

3. El debate sobre la reforma laboral debe ir acompañado de las necesarias adaptaciones y modificaciones, en su caso, en el ámbito normativo de la Seguridad Social para dar respuesta a los procesos de envejecimiento demográfico y a las nuevas realidades familiares. De ahí que tanto el diálogo social como los debates parlamentarios en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo deban ser objeto en los próximos meses de algunas de las cuestiones apuntadas de forma esquemática por el Presidente del Gobierno en su intervención: cómo vincular más estrechamente (¿que hasta ahora? me pregunto) cotización y prestación; avanzar en el proceso de integración de los distintos regímenes (siendo uno de los más significativos en el que debe producirse importantes modificaciones, para proteger los derechos de las personas trabajadoras, el del personal al servicio del hogar familiar); incentivar la permanencia en el mercado laboral y apoyar esa medidas con incentivos adecuados, algo que en lo que todos están (estamos) de acuerdo pero que se da de bruces con la realidad de los acuerdos de reducción de plantillas (y los últimos ejemplos de los procesos de fusión de las cajas de ahorro en Cataluña y los acuerdos laborales pactados es un clarísimo ejemplo), en los que una medida estrecha son los “acuerdos voluntarios” sobre jubilaciones anticipadas a partir de los 55 o 56 años en medianas y grandes empresas; en fin, mejorar la protección familiar y adaptar las prestaciones a las nuevas realidades familiares (incremento de hijos nacidos fuera del matrimonio, aumento del número de parejas de hecho, familias “reconstituidas” con presencia de miembros de dos o más unidades familiares con anterioridad, etc.).

4. Si del debate parlamentario en el Congreso pasamos a los debates entre Presidentes en el marco de la IV Conferencia de Presidentes que se celebró en el Senado el pasado día 14, la atención se ha de centrar en el documento presentado por el gobierno y que se propone aplicar aún cuando no recibiera el visto bueno de los presidentes de las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular y que optaron por la abstención.

En dicho documento se reiteran, en alguna ocasión de forma más concreta, las propuestas presentadas por el Presidente del Gobierno en el Congreso, marcando una fecha para la presentación de propuestas por el gobierno en el marco del diálogo social, que es concretamente “el próximo mes de enero”, tanto en lo que se refiere a las reformas laborales como a las propuestas en materia de Seguridad Social.

Igualmente, el documento llama a una estrecha implicación de las Comunidades Autónomas, en el marco de sus competencias en materia de políticas activas de empleo, para relacionar estrechamente las medidas que se adopten en materia de formación profesional con la validez de las titulaciones académicas y de de los conocimientos prácticos adquiridos, al objeto de facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, junto con una mejor regulación de los contratos formativos que favorezcan su mayor utilización por parte de las empresas, aunque en este punto no hay mayor concreción. En este punto, conviene mencionar la muy reciente Resolución del Consejo Europeo, de 27 de noviembre, relativa a un marco renovado para la cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-2018), en el que se dispone que uno de los objetivos generales para dicho período es el de crear más oportunidades, y en condiciones de igualdad, “para todos los jóvenes en la educación y en el mercado de trabajo”, y en el que como medidas más específicas se pide que se faciliten y apoyen la transición entre la educación y la formación y el mercado laboral, y la reducción del abandono escolar prematuro, así como también que se adopten las medidas adecuadas por los Estados y la Comisión Europea que permitan “promover los períodos de prácticas y de aprendizaje profesional de calidad a fin de facilitar el acceso y la promoción en el mercado laboral”, y que se aumenten y mejoren las inversiones para lograr, por los jóvenes, “competencias adecuadas para los empleos demandados en el mercado laboral que se adapten mejor a corto plazo y teniendo una mejor visión de futuro sobre las cualificaciones que necesitarán”. También en este punto será necesario tomar en consideración el acuerdo alcanzado por los grupos parlamentarios en el Congreso el pasado 1 de diciembre sobre las políticas a adoptar contra el paro juvenil, en el marco del diálogo social y con la participación de las Comunidades Autónomas, en el que se propone, entre otras medidas, mejorar y revisar los contratos para la formación y en prácticas, la adecuación del contrato a tiempo parcial para poder combinar empleo y formación, el impulso de “la utilización de la contratación indefinida para el colectivo de trabajadores jóvenes”, y una mayor participación del colectivo juvenil en los programas de políticas activas de empleo.

En fin, de particular interés, y está por ver como participaran las autonomías gobernadas por el Partido Popular, me parece la propuesta de favorecer la coordinación de los distintos servicios públicos de empleo para mejorar los mecanismos de acceso al empleo de los trabajadores y para lograr una adecuada relación de los distintos mecanismos de protección social existentes (prestaciones contributivas, prestaciones asistenciales, renta activa de inserción, ayudas extraordinarias y rentas o ingresos mínimo de inserción autonómicos), con el objetivo declarado, y que comparto plenamente, de “proporcionar ayudas a quienes, al agotar las prestaciones contributivas y asistenciales del sistema público de protección social, carezcan de ingresos”.

5. Hay mucho trabajo para después del período vacacional de Navidades y de Año Nuevo (¿o tengo que llamarlo ya sólo “vacaciones de invierno” para ser políticamente correcto?). Esperemos y deseemos que todas las partes hagan sus deberes en beneficio de la población afectada, que es mucha, por la crisis económica y social que nos ha tocado vivir en 2008 y 2009, y que parece, y ojala nos equivoquemos, que se mantendrá en buena parte del próximo 2010.