jueves, 17 de diciembre de 2009

Acuerdos en Europa, divergencias en España.

1. El lunes 14 y el martes 15 se escenificó el acuerdo y la divergencia entre el gobierno y el principal partido de la oposición en materia de empleo. O dicho de otra forma, mientras que la propuesta gubernamental era rechazada en la conferencia de presidentes (aunque fuera bajo la fórmula de abstención de las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular), el Parlamento aprobaba una proposición no de ley suscrita por varios grupos parlamentarios con contenidos, a mi parecer, sustancialmente idénticos en el fondo (quizás no tanto en la forma) al documento no aceptado el día anterior. En esta entrada del blog me propongo examinar algunos textos que tratan sobre los objetivos de la presidencia española, básicamente en materia de empleo e inmigración, para el primer semestre de 2010.

2. Debo centrar mi atención en primer lugar en el programa presentado por las tres futuras presidencias del Consejo, España, Bélgica y Hungría, para los próximos 18 meses (enero 2010 a junio de 2011), a la espera del futuro examen del programa específico de España cuando sea presentado (ya que hasta ahora sólo se dispone de los grandes ejes o ámbitos de actuación prioritaria que orientarán dicha presidencia).

La primera parte del documento contiene el marco estratégico, es decir los objetivos que la UE debe perseguir a largo alcance y no sólo, necesariamente en el corto período de tiempo de 18 meses aún cuando este período es calificado de “decisivo para sentar las bases de un modelo de crecimiento totalmente sostenible que responda efectivamente a los desafíos actuales y futuros”.

La futura “troika” comunitaria considera prioritaria la revisión de la Estrategia de Lisboa, siendo uno de los objetivos de dicha revisión la promoción del crecimiento económico y empleo, que debe ir de la mano del reforzamiento de la cohesión social, económica y territorial, con objetivos realistas para los próximos diez años (una forma educada, a mi parecer, de poner de manifiesto el carácter demasiado ambicioso de los objetivos marcados en el Consejo Europeo de Lisboa 2000 para este decenio), con una mayor implicación de los poderes locales y regionales, y con una integración en la nueva estrategia de los desafíos demográficos y ambientales que no se tuvieron tanto en consideración en la de Lisboa – 2000. Igualmente, la revisión de la Agenda Social Europea cobrará especial importancia, ya que deberán integrarse las medidas ya adoptadas o por adoptar para dar cumplimiento a los objetivos programáticos marcados en diferentes planes europeos aprobados en los últimos años, que afectan a la juventud, a las políticas de igualdad de género y de protección a la familia.

No menos importante me parece la propuesta de integrar el fomento del modelo social europeo en el marco de las relaciones exteriores multilaterales y bilaterales en el que participa la UE, y la lucha contra la discriminación de diferentes colectivos (con especial atención a las personas con discapacidad y la población de etnia gitana). Por lo que respecta a la política de libertad, seguridad y justicia, y más concretamente a la de inmigración, deberán poner en marcha (muy especialmente España) el nuevo Programa de Estocolmo aprobado en la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno los días 10 y 11 de este mes, que deberá tomar en consideración el Pacto Europeo de inmigración y asilo y el enfoque global de la migración, con el objetivo de de desarrollar “una política europea ambiciosa y global de inmigración y asilo”.

La segunda del programa incluye el llamado “programa operativo”, es decir las previsiones y propuestas, más o menos concretas, de actuación para el período de mandato de los tres Estados, y en el que se reitera, en el apartado dedicado a “empleo, política social, sanidad y consumidores”, que se revisará la Estrategia de Lisboa pero siempre tomando en consideración la Estrategia Europea de Empleo y la Agenda Social Europea, con el objetivo de reforzar las políticas de empleo y de cohesión social y de prestar especial atención a la igualdad de género y a la gestión eficaz de los instrumentos económicos comunitarios destinados a las políticas de empleo y de formación (Fondo social europeo y fondo europeo de ajuste a la globalización). En los ejes específicos de actuación de la presidencia española se destaca que hay que seguir trabajando “por un mercado interior más integrado, revitalizando la Estrategia de Lisboa”.

Las prioridades fundamentales de las presidencias para los próximos 18 meses, con el objetivo de responder a la difícil situación actual y encarar de forma adecuada la salida de la crisis, serán las siguientes: “fomento del empleo y del espíritu empresarial; lucha contra el desempleo estructural y prolongado”; promoción de la inclusión social centrándose en los más vulnerables; asegurar un elevado nivel de los sistemas de protección social; trabajar por la igualdad de oportunidades y luchar contra todas las formas de discriminación e intensificar el diálogo a todos los niveles”.

Más concretamente, las presidencias españolas, belga y húngara deberán seguir trabajando en el desarrollo de las políticas que se han ido adoptando en años recientes para abordar los problemas del empleo y su diferente impacto sobre unos u otros colectivos; por consiguiente, se considera prioritario promover la participación en el mercado laboral de jóvenes, mujeres, personas de edad, discapacitados y otros colectivos que puedan ser susceptibles de vulnerabilidad; será necesario intensificar los esfuerzos para adoptar medidas que promuevan la mejora y adaptación de las cualificaciones profesionales de los trabajadores a los nuevos requerimientos productivos, con especial atención a los llamados empleos verdes, velar por la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores autónomos y luchar contra la economía irregular o sumergida; en fin, con un lenguaje prudente y sin entrar en mayores concreciones (por lo que habrá que esperar a conocer cómo se aborda la cuestión en el programa español) se acuerda que los tres Estados abordarán la “facilitación de la aplicación práctica y equilibrada de los principios comunes de la flexibilidad”.

En el ámbito de las políticas de inmigración, la concreción de las políticas de las tres presidencias se plasmará en el desarrollo del programa de Estocolmo y del pacto europeo de inmigración y asilo, con especial atención a la puesta en marcha de políticas que faciliten una buena relación entre las necesidades laborales de los países de destino de los inmigrantes y la incorporación de estos, así como también a la adopción de medidas que promuevan una relación más estrecha entre migración y desarrollo. La política de integración de la población inmigrada deberá seguir mereciendo especial atención, con énfasis en las políticas educativas, formativas y relacionadas con el mercado de trabajo (ej.: reconocimiento de cualificaciones y competencias), y la lucha contra el empleo ilegal y la trata de seres humanos se verá reforzada. En sintonía con el Programa de Estocolmo recién aprobado, me parece importante destacar como el documento hace una mención específica a la protección que debe concederse a los menores no acompañados.

3. Como decía al inicio de mi exposición, el acuerdo sobre cuáles deben ser las prioridades de la presidencia española ha sido logrado por los grupos parlamentarios con mayor presencia cuantitativa en el Congreso, ya que la proposición no de ley aprobada el pasado martes lleva la firma de los grupos socialista, popular y nacionalistas vasco y catalán, habiendo destacado todos ellos en el debate parlamentario el valor del acuerdo para reforzar la presidencia española, o dicho con palabras del portavoz del grupo popular, Sr. Moragas, “un esfuerzo conjunto de consenso cuyo principal objetivo es que el Gobierno cuente con la orientación y el respaldo de la soberanía, a la hora de abordar las importantes responsabilidades que se derivan de la Presidencia española de la Unión Europea”, que aprovechó su intervención para poner de manifiesto su parecer de que “incluso podríamos decir que el Partido Socialista ha captado nuestras ideas para Europa, ideas que rechaza para España”. En cuanto a la primera idea, no obviamente sobre la segunda, las manifestaciones del portavoz socialista, Sr. Moscoso, son casi coincidentes, ya que afirmó que se trata “de un acuerdo para apoyar e impulsar la acción del Gobierno español durante la presidencia de la Unión Europea y un acuerdo sobre elementos troncales en materia de construcción europea, de refuerzo de las políticas comunes y sectoriales, y también de aplicación de nuevos instrumentos y políticas del nuevo Tratado de Lisboa”.

¿Cuáles son las tesis más relevantes del documento en los ámbitos objeto de mi atención? Con carácter general, el deseo de que la UE recupere la estabilidad económica, el crecimiento económico y la creación de empleo, y la consolidación de políticas eficaces y solidarias en materia de inmigración, con el desarrollo y evaluación del plan europeo de inmigración y asilo. Con carácter más concreto, los grupos firmantes piden al gobierno que adopte las medidas necesarias durante su mandado para avanzar en el desarrollo de la estrategia post-Lisboa, y que ahí incluya medidas que potencien y posibiliten avanzar en la recuperación económica y en el impulso “de un modelo de crecimiento sostenible para la creación de empleo de calidad”, entre las que debe incluirse el trabajo por una recuperación económica que sea sostenible, en beneficio de todos y basada en una economía baja en carbono, el reforzamiento de la competitividad de los sectores económicos europeos y el seguimiento de la situación del empleo y de su evolución en el ámbito comunitario, velando porque el nuevo modelo económico, que implica un nuevo modelo energético, se haga de forma gradual y teniendo en consideración cómo evitar la pérdida de competitividad de la economía europea con respecto a terceros Estados y la pérdida de puestos de trabajo.

La revisión de la Estrategia de Lisboa 2000 debe llevar a la presidencia española a poner especial énfasis en el desarrollo de las políticas educativas, de las de inclusión social -- de especial importancia en el año 2010, año europeo de lucha contra la pobreza y exclusión social - y de igualdad de género. En el ámbito de las políticas de inmigración destaco como el documento apuesta por el reforzamiento de su carácter comunitario, con atención al avance en políticas de integración, una mayor implicación de la UE en la gestión integral de los flujos migratorios, una reflexión sobre las políticas de empleo y las migratorias, la lucha contra la inmigración irregular y clandestina, o la cooperación con terceros países de los que proviene buena parte de la inmigración que llega a territorio comunitario. No menos interesante, por el impacto indudable que puede tener sobre las políticas sociales, es la manifestación de que el gobierno español debe preocuparse por impulsar la aplicación a todas las decisiones comunitaria del carácter vinculante de la Carta de Derechos Fundamentales.

Una mayor concreción, aunque tampoco cabe calificarla de excesiva, en el apartado relativo a las propuestas del gobierno español en materia de relaciones laborales para el próximo semestre, se encuentra en la intervención del Ministro de Trabajo e Inmigración, Sr. Corbacho, en la Comisión Mixta para la Unión Europea el día 19 de noviembre., en la que el Ministro recordó que los objetivos y prioridades de nuestra presidencia, en el marco del inicio del debate sobre la estrategia UE -2020 deberán centrarse “en el debate, análisis y propuestas para la reactivación económica y para la prevención y limitación de la pérdida de empleos, prestando especial interés a las personas más vulnerables y a los nuevos riesgos de exclusión”, con el objetivo de conseguir que dicha nueva estrategia tenga una marcada dimensión laboral y social. Buena parte del debate sobre cómo avanzar en esta línea podrá llevarse a cabo en la conferencia informal de Ministros de Trabajo y Empleo que tendrá lugar en Barcelona del 28 al 30 de enero del próximo año, ya que serán especial objeto atención qué medidas deben adoptarse para salir de la crisis, qué mecanismo de reforzamiento de la cohesión social deben mantenerse y/o ponerse en marcha, y cómo conseguir una mayor inserción de dos colectivos especialmente desfavorecidos, como son los jóvenes y las personas desempleadas de larga duración, en el mercado laboral.

En el ámbito de las políticas de inmigración, el avance en la gestión integral de los flujos migratorios y la posible aprobación de las propuestas de directiva relativas al trabajo de determinados colectivos serán sin duda piezas importantes de la actividad española, debiendo destacar en este punto los últimos datos facilitados por Eurostat sobre la población extranjera residente en la UE a 1 de enero de 2008, un total de 30,6 millones de personas ( 6 % sobre el total de la población), de los que 19,5 millones son extracomunitarios, datos que reflejan que España es el segundo país de la UE en número de población extranjera residente en su territorio, un total de 5,3 millones, sólo superada por Alemania con 7,3.

4. Por último, cabe decir que la defensa del empleo como elemento central de los planes de recuperación económica de la UE y de los distintos Estados también se recoge en las propuestas sindicales de UGT y CC.OO, que recuerdan la propuesta de la Confederación Europea de Sindicatos de destinar el 1 % del PIB europeo a impulsar el crecimiento económico y el empleo de calidad, y que por ello apuestan por situar la calidad del empleo en el corazón de la nueva agenda social europea y por una política común europea de inmigración “basada en la solidaridad, el pleno respeto de los derechos de los inmigrantes y en la plena igualdad de trato”.

Igualmente, y en plena sintonía con los documentos que acabo de examinar, se demanda la potenciación de la dimensión social de la política exterior europea, como “elemento fundamental para la preservación del modelo social europeo y de la cohesión social en el resto del mundo”.

En fin, mucho más importante, y con una indudable trascendencia jurídica, es la propuesta, a la que me he referido en otras entradas del blog, de aprobar un “Protocolo de progreso social” anexo al Tratado y que refuerce los derechos colectivos de las organizaciones sociales y de los trabajadores frente a las interpretaciones restrictivas de los mismos efectuadas en las últimas sentencias del Tribunal de Justicia que ha debido pronunciarse sobre tales derechos y su relación la libertad de prestación de servicios en el ámbito territorial comunitario.