La reunión de los Ministros de Empleo y Trabajo de la OCDE. Nuevas reflexiones sobre el empleo.

1. La semana que hoy finaliza ha visto la reunión en París de los Ministros de Empleo y Trabajo de la OCDE, a los que se han unido los responsables de Chile, Estonia, Israel, Federación Rusa, Eslovenia y Brasil. En dicha reunión, precedida por un fórum previo de trabajo, se ha debatido sobre cómo pueden las políticas de empleo y las políticas sociales ayudar a los trabajadores a salir de la crisis. El encuentro ha tenido lugar inmediatamente después de la cumbre del G-20 en Pittsburgh, de cuyos resultados ya he dado debida cuenta en otras entradas del blog.

Con anterioridad a la reunión, los representantes sindicales internacionales agrupados en la Comisión Sindical Consultiva en la OCDE (TUAC) hicieron llegar sus propuestas en un documento muy crítico con la situación actual y que reitera, como no podría ser de otra forma, las propuestas formuladas en la cumbre del G-20. Recordemos que en las conclusiones de la citada cumbre se afirma que los países participantes no podrán descansar, dada el elevado volumen de desempleo existente, “hasta que la salud de la economía mundial se halle plenamente restablecida, y las familias trabajadoras de todo el mundo puedan encontrar trabajos decentes”, y que se necesita una recuperación duradera “que cree los buenos empleos que nuestra gente necesita”.

El documento sindical pone el acento en algunos aspectos que deseo destacar: en primer lugar, que los mercados de trabajo no han sido la causa de la crisis, pero sí son los que están sufriendo más intensamente sus efectos; a continuación, la necesidad de que se aproveche la actual coyuntura para hacer una apuesta decidida por la mejora de la formación y de las competencias de todos los trabajadores, tanto de los ocupados como de los que se encuentran en situación de desempleo; no menos importante es que las políticas de empleo que se pongan en marcha lo hagan para que este sea de calidad y productivo, o dicho de forma más contundente “los Ministros de Trabajo de la OCDE tienen la responsabilidad específica de garantizar que las políticas de los mercados de trabajo puestas en marcha reflejan plenamente las lecciones de esta crisis y permitan crear empleos más seguros y mejor remunerados”, tomando en consideración los principios y derechos fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en este ámbito. En fin, y sin ánimo de exhaustividad, por lo que me remito a la lectura del documento, el sindicalismo internacional se plantea, en la misma línea propuesta por el Fondo Monetario Internacional, que las políticas de estímulo de la demanda se mantengan tanto tiempo como sean necesarias para combatir la crisis del empleo (bueno, no estoy tan seguro de que el FMI vaya tan lejos en sus propuestas) y que los planes económicos de expansión tomen plenamente en consideración el empleo y la protección social.

2. En el Forum se plantearon a debate estas tres cuestiones: en primer lugar, si los habituales instrumentos de la política de empleo (prestaciones por desempleo unidas a medidas dirigidas a facilitar una rápida reincorporación al empleo por medio de las políticas activas para desempleados) son suficientes para responder a la crisis, y si deberían ser, en su caso, reforzados por otras iniciativas que la OCDE califica de “menos convencionales” y en las que incluye a la creación de empleos en el sector público y/o al apoyo de la demanda de mano de obra; en segundo término, qué hay que hacer para evitar que el importante volumen de desempleo actual se transforme en una situación estable y duradera durante la recuperación, e incluso con posterioridad; en fin, de qué forma el diálogo social entre los poderes públicos y los agentes sociales puede contribuir a la elaboración y puesta en práctica de políticas apropiadas para ayudar a los trabajadores ante la situación de crisis.

3. En la reunión ministerial se debatió alrededor de tres grandes temas: en primer lugar, la crisis del empleo y cuáles son sus consecuencias para las políticas sociales y de empleo; en segundo término, mantener las políticas de activación durante la crisis (mantenimiento, por cierto, que también ha sido reclamado por el Fondo Monetario Internacional); en fin, ayudar a los jóvenes a insertarse de forma duradera en el mercado de trabajo. En cada ámbito se suscitaron numerosas preguntas de indudable interés (en especial, si hubiera alguien que tuviera las respuestas totalmente correctas que nos permitieran salir de la situación actual, algo que desgraciadamente no ocurre), y para debatirlas los responsables ministeriales pudieron disponer de excelentes documentos de trabajo que ya se pueden consultar en la página web de la OCDE. Además, y en un desayuno de trabajo, se debatió sobre la relación entre el nuevo modelo económico sostenible y las políticas de empleo más apropiadas para favorecerlo, es decir qué medidas serían las más apropiadas para facilitar la transición hacia una economía de bajo contenido en carbono. En la presentación del evento, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurria, no dudó en reconocer que la creación de empleo va por detrás de la recuperación económica, y que en los próximos meses se incrementará la tasa de desempleo y de personas subdesempleadas en muchos países de la OCDE, por lo que será necesario un esfuerzo adicional y sostenido de los poderes públicos para mantener la actividad económica y posibilitar la creación de empleo, esfuerzo en el que deberá incluirse el paquete de ayudas económicas necesarias para evitar el incremento de despidos por parte de las empresas y la sustitución de esa medida por las de reducción de la jornada laboral o la suspensión de los contratos de trabajo.

4. En el primer bloque se debatió si los responsables ministeriales creen que es necesario incrementar los recursos destinados a las políticas sociales y de empleo para reforzar la eficacia de las ayudas que reciben un número creciente de personas desempleadas y sus familias; fue objeto de reflexión cuáles son las medidas más eficaces para encarar la difícil situación del empleo en el actual contexto; por fin, y dado que se plantea que las medidas extraordinarias de protección deben tener “fecha de caducidad”, cómo combinar la disminución progresiva de tales medidas en cuanto se produzca la recuperación económica, teniendo en cuenta que el desempleo seguirá siendo importante durante un período más prolongado.

En relación con el mantenimiento de las políticas de activación durante la crisis, han sido objeto de examen y debate tres cuestiones: cómo puede conseguirse mantener tales políticas (que implican un indudable esfuerzo económico) durante la situación de recesión; ¿es necesario que el sector público juegue un papel importante y eficaz para facilitar la mejora de la situación de las personas desempleadas de más difícil acceso al mercado de trabajo? Por último, pero no menos importante, se plantea la cuestión cada vez más abordada en foros internacionales de si las agencias privadas de empleo pueden completar útilmente la actividad de los servicios públicos de empleo en materia de formación y readaptación.

Para ayudar a los jóvenes a incorporarse de forma duradera al mercado laboral, los Ministros examinaron estas cuestiones: en primer lugar, cuáles son las políticas más apropiadas para conseguir que los jóvenes con dificultades para acceder al mundo del trabajo o permanecer en él puedan seguir en contacto con el mismo, y muy en especial durante la situación de crisis; en segundo término, qué medidas han de adoptarse, en combinación entre el mundo educativo y el laboral, para conseguir que no haya ningún joven que entre en el mercado de trabajo sin una cualificación profesional debidamente reconocida; por fin, se planteó si la crisis que vivimos debe ser el momento para revisar algunas políticas y algunos aspectos institucionales del mercado de trabajo que, siempre según la OCDE, pueden limitar o dificultar el acceso al empleo y a la progresión profesional de jóvenes no cualificados, entre los que se citan los de un salario mínimo elevado y la diferencia de regulación para los empleos de duración indeterminada y los de carácter temporal.

5. ¿Cuál ha sido el resultado de estos dos días de trabajo? A juzgar por el texto de las conclusiones, hay algunas propuestas interesantes de actuación de cara al próximo futuro, así como de pistas de actuación de por dónde deben ir las políticas de empleo en los próximos años. Extraigo de las citadas conclusiones aquellas ideas o tesis que me parecen más interesantes y sobre las que creo que debe mantenerse el debate sobre las políticas de empleo, como mínimo en los próximos meses, partiendo de la constatación (no está mal que se manifieste, aunque después está por ver cómo se aplica) de que los planes de relanzamiento deben estar al servicio de la población y que hay que reafirmar la determinación de la OCDE para tratar “la dimensión humana y social de la crisis, gracias a políticas de empleo y sociales de envergadura y eficaces”. No me parece nada mal (cuestión distinta es su posterior grado de aplicación concreta) la referencia a esa dimensión humana y social de la crisis, que enlaza con las propuestas del G-20 sobre la conveniencia de poner en práctica un nuevo modelo de crecimiento sostenible y el fomento del trabajo sobre métodos de medición “a fin de tener mejor en cuenta las dimensiones sociales y ambientales del desarrollo económico”, así como también sobre su constatación de la importancia de la construcción “de un marco orientado hacia el empleo para el crecimiento económico futuro” y que deberá basarse en políticas laborales activas, educación de calidad y programas de capacitación.

A) La conveniencia y necesidad de que las personas desempleadas, y sus familias, deben gozar de protección social adecuada que les permita quedar protegidas de caer en una situación de pobreza y mantenerlas en el mercado de trabajo.

B) La puesta en marcha de medidas adecuadas para promover la participación laboral de las personas de edad y aquellas con discapacidad que deseen trabajar. Estas medidas tienen su razón de ser, combinadas con otras que pueden ir dirigidas a la mejora de la presencia femenina o de la población inmigrada, en la creencia, acertada a mi entender, de que la reducción de la oferta de mano de obra, y más un en situación de proceso de envejecimiento en gran parte de los países desarrollados, “no puede ser contemplada como una finalidad de las políticas puestas en práctica para afrontar la crisis del empleo”.

C) Hay que dedicar más recursos a los programas de políticas activas de mercado de trabajo (PAMT), y adaptarlos a la situación actual del mercado de trabajo, dedicando buena parte de los recursos a los colectivos más desfavorecidos. Las medidas pueden ser instrumentadas tanto por los servicios públicos como por las agencias privadas de empleo que suscriban un contrato para llevar a cabo tales acciones. Para los Ministros, las políticas de formación, ayudas específicas para facilitar la contratación, prácticas laborales en las empresas y creación de empleo en el sector público, son algunas de las medidas que pueden contribuir a lograr el objetivo perseguido.

D) Mejora de las competencias educativas y formativas de los jóvenes, y mejora de las competencias profesionales de todas las personas trabajadoras a lo largo de su vida, son medidas que deben valorarse conjuntamente aún cuando la forma de ponerlas en práctica sea diferenciada, con atención especial a los jóvenes salidos del ámbito educativo antes de la finalización del período obligatorio de escolaridad. Las nuevas competencias deben vincularse al modelo de la economía del conocimiento, de la economía sostenible, y a las nuevas necesidades de la población en sectores de atención y cuidado a las personas dependientes.

6. En definitiva, las conclusiones se sitúan en la misma línea que otros documentos emanados de instancias internacionales (OIT, UE, G-20) y que he analizado en anteriores entradas del blog. Ahora, sólo queda, y no es poco, su concreción, tanto a escala internacional como de cada Estado. Las “tareas pendientes” que los Ministros asignan al comité de empleo, trabajo y asuntos sociales de la OCDE para los próximos cinco años tienen un indudable interés e importancia: seguir la evolución de los mercados de trabajo y las respuestas de las políticas públicas durante la crisis y la posterior fase de recuperación; analizar de qué forma las políticas públicas pueden contribuir a un mejor equilibrio entre la necesaria reactivación del mercado de trabajo y las cuestiones de calidad del empleo; examinar la evolución de las necesidades en cualificaciones y competencias de la mano de obra y sus implicaciones para las políticas públicas; asegurar el seguimiento de las políticas destinadas a promover la participación de los trabajadores de edad avanzada en el mercado de trabajo, incrementar su empleabilidad y desincentivar su salida del mismo; evaluar el potencial de empleos vinculados con la transición hacia una economía de débil intensidad en carbono, como contribución social a la estrategia de crecimiento verde adoptada por la OCDE; en fin, seguir el desarrollo y evolución de los mercados de trabajo y de las políticas sociales en los países emergentes, con cita expresa de África del Sur, Brasil, China, India e Indonesia.

7. Por último, quiero referirme a un reciente documento emanado de la Comisión Europea y que guarda estrecha relación con los que acabo de analizar de la OCDE. Se trata del Informe sobre protección social, en el que se pone el acento en reforzar la dimensión social de la estrategia para el crecimiento y el empleo, con una articulación muy estrecha de la protección social con las estrategias para el crecimiento y el empleo. En el documento se constata que el crecimiento económico y del empleo en gran parte de la década ha contribuido a mejorar el nivel de vida global de la población europea, pero no ha evitado el incremento de las desigualdades sociales y que la pobreza sea un problema importante para varios países de la UE-27. Igualmente, el informe pone de manifiesto que hay colectivos que tienen difícil acceso al mercado de trabajo, entre los que se cita de forma expresa a las personas con escasa cualificación, los titulares de familias monoparentales y los inmigrantes, así como también que la cantidad del trabajo no ha ido de la mano en muchas ocasiones con su calidad, y por ello las formas de empleo precarias han contribuido a perennizar niveles elevados de pobreza entre los trabajadores, poniéndose de manifiesto que en el año 2007 el 8 % de los ocupados vivían por debajo del umbral de pobreza.

A fin de corregir estas situaciones, la UE apuesta por la lucha contra la segmentación del mercado de trabajo y por la promoción de los empleos de calidad, y en el ámbito de la protección social se llama a corregir las desigualdades aún existentes en materia de protección de la salud, así como también a velar por el mantenimiento de las personas de edad avanzada en el mercado de trabajo y por la desincentivación de las jubilaciones anticipadas. Desde la perspectiva económica, obviamente con indudables repercusiones sociales, se manifiesta en el Informe que “para que los gastos de protección social sean eficaces como instrumento de estabilización automática de la economía, deben crecer en tiempos de crisis (es decir cuando el desempleo aumenta) y después disminuir cuando la economía mejora”.