El pasado mes de junio el Parlamento Europeo aprobaba la posición común del Consejo sobre la propuesta de Directiva relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.
En ese momento, el PE fue fuertemente criticado por numerosas organizaciones sociales por haber dado el visto bueno a una norma que introduce restricciones en el ejercicio de los derechos de los inmigrantes, y que pone el acento en las políticas de seguridad. Todavía hoy sigue habiendo debate, y como ejemplo más reciente sirva la crítica formulada recientemente por los jesuitas de Europa y América Latina-Caribe, alertando de que las políticas de inmigración de la Unión Europea priman la seguridad en detrimento de la libertad y justicia de los inmigrantes. También me permito recordar las críticas de dos políticos socialistas franceses de reconocido prestigio en el ámbito comunitario, como Jacques Delors y Michelle Rocard que hubieran preferido que la Comisión hubiera elaborado una propuesta “sobre unas bases más conformes con la idea que tenemos sobre cómo debe respetar Europa la dignidad de las personas”, al mismo tiempo que manifestaban su inquietud por el hecho de que “el primer proceso de codecisión sobre inmigración sea un proyecto ligado a la represión, antes de que las condiciones de acogimiento y de integración de los extranjeros no comunitarios hayan sido debatidas y determinadas por los veintisiete”. También era muy crítico el coordinador del área de libertades civiles, justicia e interior del Partido de los Socialistas Europeos, el jurista Claudio Fava, que manifestaba, en una entrevista publicada al día siguiente de la aprobación de la Directiva, que con dicho texto “existe la posibilidad de mantener a una persona detenida durante 18 meses, sin culpa alguna, por decisión administrativa y sin intervención judicial. Esto significa que estamos creando una categoría inferior de seres humanos. Es una humillación más fuerte aún”.
De forma silenciosa, y prácticamente desconocida por la opinión pública y los medios de comunicación, la Directiva ha recibido el visto bueno definitivo del Consejo europeo, más exactamente del Consejo de Ministros de transportes, telecomunicaciones y energía, celebrados los días 8 y 9 de diciembre. Quiero pensar, en términos jurídicos, que la aprobación de la Directiva por este Consejo guarda relación con el hecho de que buena parte de la norma trata sobre retorno, y por tanto transporte y desplazamiento, de ciudadanos en situación irregular, pero no alcanzo a entender cuál es la razón de que no se haya aprobado por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior como así ha ocurrido con todas las normas comunitarias dictadas hasta ahora en materia de inmigración.
Dejo de lado el aspecto jurídico y afirmo que la aprobación de la Directiva se ha llevado a cabo con un secretismo deliberado. Sirva para muestra un botón: en la página web de la presidencia francesa de la UE se pueden leer los resultados principales del citado Consejo sólo en el apartado de energía, y no encontramos ninguna referencia a la aprobación de la Directiva. Sí, obviamente, la encontramos en el comunicado de prensa en el que se recogen las conclusiones del Consejo, por cierto en la rúbrica “Justicia y Asuntos de Interior”, en la que de forma breve y escueta, y en la página 24, se informa de la aprobación de la Directiva, de la que se afirma que asegurará una regulación más armonizada y más eficaz por lo que afecta a los procedimientos en materia de retorno, y que respeta los derechos de los ciudadanos de terceros países en situación irregular. En anexo a la norma, y para disipar los temores expresados durante su tramitación y que parece que no se ha conseguido, se adjunta una declaración del Consejo en la que se afirma que la aplicación de la nueva Directiva “no ha de ser utilizada, en sí misma, como motivo para justificar la adopción de disposiciones menos favorables para las personas a las que se aplica”. Mientras tanto, y como quien no quiere la cosa, el gobierno italiano ha endurecido su normativa de inmigración y ha justificado algunas de sus decisiones con cita del nuevo texto comunitarios; por su parte, el gobierno español está a punto de aprobar una reforma de la normativa de extranjería que permitirá ampliar hasta 60 días (incluso 70 en casos excepcionales) el plazo de retención administrativa en los centros de internamiento de extranjeros.
En poco menos de seis meses el PE pasa de ser el malo al bueno de la película. El pasado día 17 rechazaba otra posición común del Consejo (a la que sólo se habían opuesto muy pocos Estados, entre ellos España) sobre la modificación de la Directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo, con votos en contra de diputados de todos los colores y espectros políticos, algo que parece dejar en entredicho la relación de los europarlamentarios con sus respectivas fuerzas parlamentarias y grupos políticos del Estado al que pertenecen.
El PE aceptó todas las propuestas de modificación aprobadas por la Comisión de Empleo y elaboradas por el diputado socialista español Alejandro Cercas, siendo sin duda las más importantes las que rechazaban la posibilidad de que la semana laboral alcanzara las 65 horas, que se eliminaran las excepciones al máximo anual vigente de 48 horas semanales, y que desapareciera cualquier restricción a la posibilidad de acuerdo “voluntario” (cláusula de opt-out) entre empresario y trabajador para la ampliación de la jornada laboral cuando la normativa legal o convencional así lo posibilitaran. Pero no menos relevante es que se haya mantenido que todo el tiempo de guardia debe considerarse como tiempo efectivo de trabajo, en plena sintonía con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, frente a la propuesta del Consejo de no considerar el período inactivo del tiempo de guardia como tiempo de trabajo, salvo que hubiera acuerdo en tal sentido por el marco normativo o convencional de aplicación. También debe indicarse, frente a los que critican la falta de flexibilidad de la normativa actual, que el Consejo propuso y el PE ha aceptado que el período de referencia para el cálculo de las 48 horas semanales como máximo en cómputo anual pueda hacerse en un período de 12 meses, frente a los 4 actuales.
El rechazo del PE, que ha sido recibido con gran satisfacción por todos los grupos parlamentarios españoles y por las organizaciones sindicales, ha merecido ya un comentario de urgencia por mi compañero bloguero Joaquín Aparicio Tovar, del que me permito copiar literalmente un párrafo de su muy interesante reflexión: “El abrumador rechazo del Parlamento Europeo (421 votos contra 273 y 11 abstenciones) a la propuesta de Directiva sobre tiempo de trabajo pone de manifiesto que, primero, el Parlamento ha actuado en total coherencia con el hecho de ser la única institución europea con directa responsabilidad política ante los ciudadanos que eligen a sus miembros. Las conquistas sociales de los trabajadores europeos son un patrimonio de toda la ciudadanía, especialmente las que se refieren al tiempo de trabajo, por eso a nadie en Europa si se le da libertad para elegir elige vivir para trabajar en vez de trabajar para vivir. Es decir, elige que el tiempo en el que somete a las órdenes de otro (el empresario) este limitado para que su salud no se quebrante y para tener otro tiempo para su disposición”.
En la misma línea, el eurodiputado Alejandro Cercas argumentaba en el debate del día 15 que la plena aceptación de la cláusula del opt-out significaría “simplemente la anulación completa del Derecho y vaciar de contenido a convenios y normas internacionales, y retrotraer las relaciones industriales al siglo XIX”; y sobre la sutil disquisición jurídica entre período activo y período inactivo de trabajo durante el tiempo de guardia, enfatizaba que dejar de reconocer todo el tiempo de guardia del personal sanitario como trabajador “es verdaderamente una agresión sin límites a quienes cuidan de la salud y de la seguridad de millones de trabajadores”. Como puede comprobarse, estas argumentaciones tuvieron buena acogida entre sus compañeros y compañeras del PE.
Habrá que esperar ahora a la respuesta del Consejo, y al posterior trámite de conciliación entre ambas instituciones para poder llegar a un acuerdo, aunque se me antoja que va a ser harto difícil, y de ahí que es probable que se mantenga la normativa vigente.
Tiempo habrá para seguir debatiendo sobre esta cuestión, pero ya ven que en poco tiempo el malo de la película se ha convertido en el bueno. Y a mí, la verdad es que me gustan las películas en las que ganan los buenos, y si además son progresistas aún más.
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