El empleo en la Europa de 2008 y su impacto en la realidad española (y II).

5. Una particularidad importante de la realidad del empleo en la UE- 27, y que tiene un indudable punto de conexión con el apartado anterior de la inmigración extracomunitaria, es el de saber cómo ha impactado la ampliación de la UE a partir del 1 de mayo de 2004 en los procesos de desplazamiento o movilidad geográfica de los trabajadores de los nuevos Estados hacia los que ya formaban parte de la UE con anterioridad. Los temores sobre un aluvión de trabajadores han quedado desmentidos a escala comunitaria, ya que entre 2003 y 2007 la media de la población de los nuevos Estados miembros en la UE-15 ha pasado del 0,2 al 0,5 % para aquellos que ingresaron en 2004, y del 0,1 al 0,4 % para rumanos y búlgaros, en el bien entendido, y lo destaco por la importancia que tiene para la política de empleo en España, que el informe constata que “los flujos que provienen de Bulgaria y Rumania se han dirigido esencialmente hacia España e Italia, y están integrados mayoritariamente por ciudadanos rumanos, un proceso que había comenzado antes de la adhesión de estos países en el año 2007”.

En este punto conviene recordar la importancia de la población trabajadora rumana, y en bastante menor medida la búlgara, en el mercado de trabajo español. Con datos de la media del mes de septiembre, hay un total de 2.088.657 afiliados a la Seguridad Social, de los que 701.415 son comunitarios y 1.387.242 son extracomunitarios, con un incremento interanual del 2,87 %. Por países de procedencia en todo el Estado, los trabajadores marroquíes son los primeros (259.471), seguidos de los ecuatorianos (253.604), los rumanos (248.914) y los colombianos (153.563).

6. El Informe se detiene también ampliamente sobre el concepto de calidad del empleo, y analiza qué criterios conviene tomar en mayor consideración de lo que se ha hecho hasta ahora para medirlo de forma mucho más correcta, poniendo especial énfasis en la necesidad de la toma en consideración del salario y de la intensidad del trabajo que se presta.

Sobre el salario, o más exactamente sobre las diferencias salariales, es obligado referirse en el ámbito internacional al muy reciente estudio de la OIT “Informe mundial sobre salarios 2008-2009”, en el que la institución mundial de mayor importancia en el ámbito laboral manifiesta su preocupación porque los salarios han crecido menos que el producto interior bruto per cápita entre 1995 y 207, y también porque las desigualdades salariales continúan aumentando, aunque justamente uno de los países en los que se ha conseguido reducir la diferencia salarial es en España. El Informe constata que en alrededor del 70 % de los países de los que se disponen datos se observa de forma sistemática “una tendencia descendente en la proporción del PIB distribuido a los salarios, en comparación con los beneficios de las empresas y otras formas de ingresos”, y que en más de 2/3 de los países de los que se disponen datos la desigualdad entre los salarios más altos y los más bajos ha aumentado, siendo Estados Unidos uno de los países en donde se ha producido dicho incremento diferencial. También le parece preocupante a la OIT el escasísimo avance que se ha producido a escala mundial en la corrección de la diferencia salarial por razón de género, poniéndose de manifiesto que en la mayor parte de países, el porcentaje del salario femenino oscila entre el 70 y el 90% del masculino, “pero no es extraño encontrar coeficientes mucho más bajos en otros lugares del mundo, sobre todo en Asia”.

Otro dato importante a considerar, y volvemos ahora a la UE es la importante diferencia en el montante de los salarios mínimos en los 20 Estados miembros que así lo tiene regulado, que van desde 112 euros en Bulgaria a 1.610 euros en Luxemburgo, encontrándose España en el grupo intermedio de países con salario mínimo. Ahora bien, esta diferencia de 1 a 14 entre Estados si nos fijamos sólo en las cuantías, se reduce justamente a la mitad, de 1 a 7, si se ajustan las cantidades al poder de compra de tales salarios, reduciéndose la diferencia de 232 a 1532 euros, y nuevamente España se encontraría en el grupo intermedio.

No es casualidad que la Comisión se detenga en la cuestión de la calidad del empleo, dado que en los últimos años el crecimiento cuantitativo del empleo en la UE no ha ido acompañado en numerosas ocasiones de una mejora de su calidad, a la par que ha ido creciendo la preocupación de muchos trabajadores por la precarización del empleo, por la degradación de las condiciones de trabajo y por la intensificación de los ritmos de actividad. De ahí la importancia de que la UE afine cada vez más en la selección de indicadores que permitan reflejar adecuadamente cuál ha de ser la calidad de empleo adecuada para satisfacer tanto las necesidades organizativas de las empresas como las demandas de los trabajadores. Hay que prestar atención a cómo se distribuyen los salarios entre el conjunto de la población, cuáles son los niveles de educación y de formación de que dispone la población trabajadora, en qué condiciones se presta el trabajo (mayor o menor autonomía, mayor o menor intensidad), y cada vez adquiere mayor importancia el análisis de cómo puede conciliarse la vida profesional y la vida familiar y privada, aspecto éste de especial importancia para posibilitar una incorporación adecuada y en debidas condiciones de la mujer al mercado de trabajo. Que la calidad del empleo es una factor indudable de mejora de la economía de un país lo pone de manifiesto el hecho, por si alguien tuviera alguna duda, de que los Estados miembros de la UE que registran los mejores resultados en este ámbito “son también aquellos que se distinguen por sus tasas de empleo y de productividad”.

Una cuestión importante a analizar cuando se presta atención a la calidad del empleo es el número de personas que prestan sus servicios en los llamados empleos atípicos, que a mi parecer cada vez lo son menos, en primer lugar por la organización de la actividad productiva y el creciente peso del sector servicios que incluye prestaciones tanto para los clientes como para las personas, y en segundo término porque cada vez es mayor el número de personas que como consecuencia de la flexibilidad horaria y organizativa trabajan de forma regular u ocasional en horarios que no cubren o que no cubren solamente, la franja horaria comprendida entre las 8-9 horas y las 17 -18 horas. Por ejemplo, el porcentaje de personas que trabajan a turnos en la UE se ha incrementado en tres puntos desde el año 2000 hasta el 2007, tanto para los hombres (del 16.3 al 19.0) como las mujeres (del 13.2 al 16.2); un 21,5 % de los hombres y un 18.0 de las mujeres trabajan en horario de tarde, frente al 19.3 y 15.6 que lo hacían en el año 2.000; un 27.3 de los trabajadores y sólo una décima menos, el 27.2, de las trabajadoras prestan sus servicios los sábados, con una práctica estabilidad porcentual con respecto a hace siete años, mientras que se ha incrementado en cerca de dos puntos tanto el porcentaje masculino como el femenino de personas que trabajan el domingo (del 11.3 al 13.2 y del 115 al 13.3, respectivamente). En fin, la diferencia de género todavía es perceptible en el trabajo nocturno, con una diferencia de más de cuatro puntos entre hombres y mujeres (9.4 y 5.3, respectivamente, porcentajes prácticamente inalterados con respecto a los de hace siete años).

7. Por último, el documento comunitario insiste sobre la necesidad de que haya una estrecha relación entre el mundo educativo y el mundo laboral, en términos de adecuación de los conocimientos adquiridos en el primero para que sean válidos en el segundo, y también que puedan validarse todos los conocimientos adquiridos, ya sea por la vía de la educación formal, por la formación profesional o por las experiencias prácticas. En línea con otros documentos comunitarios sobre educación y formación profesional, se insiste en la importancia de que es necesario prever y anticiparse a los cambios en el mundo productivo, y de ahí que convenga mejorar al mismo tiempo “la extensión y la precisión de las informaciones disponibles sobre la demanda presente y futura en materia de empleo y sobre la demanda correspondiente de competencias”, por considerar que la mejora de la adecuación profesional y de las transiciones en el mercado de trabajo “es uno de los principales objetivos de la aproximación a favor de la flexiseguridad”.

Refiriéndonos ahora a España para compararla con el conjunto de la OCDE, hemos de tomar como punto de referencia el periódico informe sobre el panorama de la educación. Con datos del informe de 2007, las diferencias con la media de países de la OCDE y de la UE se deben fundamentalmente al número relativamente modesto de alumnos que se gradúan en España en ciclos formativos de grado medio. En España, el 36% de los jóvenes se gradúan en programas de formación profesional, mientras en la OCDE dicho porcentaje es del 48% y en la UE asciende al 54%. Estas cifras españolas contrastan con las de otros países que llegan incluso a doblar los resultados españoles como Italia (67%), Países Bajos (66%) o Alemania (62%).

Por el contrario, si se atiende a las cifras de los programas de formación general (bachillerato), España se encuentra en la media de la OCDE (44% de graduados), por encima de la media de la UE (42%) y supera a países como Italia (29%), Países Bajos (34%), Alemania (38%) o Suecia (36%).

La tasa española de graduados en secundaria superior ha aumentado a un ritmo mayor que las de la OCDE y la UE desde el año 2000, lo que ha permitido que se reduzca la diferencia con la OCDE de 15 puntos en 1995 a los 10 actuales. Por otra parte, cabe destacar que “la escolarización en la educación secundaria superior ha experimentado un muy notable avance desde el inicio de la transición: de menos de un tercio de los ciudadanos de 15 a 19 años escolarizados en 1971 (31,1%) a más de tres cuartos en 2004 (79,6). Pero esta escolarización tiene una distribución entre los estudios generales y los profesionales diferentes a la de la OCDE y la UE. El porcentaje de alumnos que están matriculados en itinerarios educativos académicos o generales (bachillerato) en España (57,4%) es notablemente superior a la media de la OCDE (50,3%), y a la de la UE-19 (44,1%)”. Paralelamente, la proporción de estudiantes españoles de educación secundaria superior matriculados en formación profesional, siempre según el Informe de la OCDE de 2007, es notablemente inferior (42,6%) tanto a la media de la organización (51,7%) como a la de la UE (56,2%).