jueves, 28 de agosto de 2008

La presidencia francesa de la Unión Europea (julio- diciembre de 2008) y la política comunitaria de inmigración (IV).

I. Concluyo los comentarios que he ido efectuando sobre la nueva política europea de inmigración, sin perjuicio, obviamente, de volver sobre ella cuando se publiquen normas y documentos que deban merecer mi atención, con el análisis de los aspectos más destacados de la llamada coloquialmente “directiva de retorno”, texto aún pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Se trata de una Directiva que, según afirmaba la vicepresidenta del gobierno Mª Teresa Fernández de la Vega el 7 de agosto en un foro internacional de mujeres en la ciudad de Santo Domingo, en la República Dominicana, “no se ha aplicado ni se va a aplicar nunca en España. Nunca. Nunca. Que quede bien claro”. Según la información periodística facilitada de esa reunión, y siempre con citas literales de las palabras de la vicepresidenta, “la directiva es una norma que introduce en todas Europa garantías donde no las había”, y no se aplicará en España porque “tenemos una legislación más garantista”, y esa Directiva “va dirigida a países del norte de Europa que no tenían recintos ni garantías en el tratamiento de la inmigración. Nada va a cambiar”. Por su parte el Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero había sido aún más contundente que su vicepresidenta con ocasión del debate parlamentario celebrado en el Congreso de los Diputados el 25 de junio sobre la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE celebrada pocos días antes en Bruselas. El presidente afirmó, y nuevamente me remito al debate íntegro para un análisis más pormenorizado de sus palabras, que “ni un solo inmigrante de la Unión Europea ha visto empeorada su situación por la aprobación de la directiva…”, y que “muchos de ellos la van a ver mejorada”. Con referencia concreta a España, el presidente afirmó que para los inmigrantes que están aquí “no supone ningún retroceso, evidentemente, porque en todo estamos mucho más avanzados, pero hay que pensar también en los inmigrantes de otros países”.

No son de la misma opinión que nuestro presidente dos políticos socialistas franceses de reconocido prestigio en el ámbito comunitario, como Jacques Delors y Michelle Rocard, que hubieran preferido que la Comisión hubiera elaborado una propuesta “sobre unas bases más conformes con la idea que tenemos sobre cómo debe respetar Europa la dignidad de las personas”, al mismo tiempo que manifestaban su inquietud por el hecho de que “el primer proceso de codecisión sobre inmigración sea un proyecto ligado a la represión, antes de que las condiciones de acogimiento y de integración de los extranjeros no comunitarios hayan sido debatidas y determinadas por los veintisiete”. Tampoco lo es el coordinador del área de libertades civiles, justicia e interior del Partido de los Socialistas Europeos, el jurista Claudio Fava, que manifestaba, en una entrevista publicada al día siguiente de la aprobación de la Directiva, que con dicho texto “existe la posibilidad de mantener a una persona detenida durante 18 meses, sin culpa alguna, por decisión administrativa y sin intervención judicial. Esto significa que estamos creando una categoría inferior de seres humanos. Es una humillación más fuerte aún”. En fin, la UGT, afirmaba que la Directiva “es lesiva para los derechos de las personas, ya que para defender y fomentar la migración regular no es necesario instaurar un régimen dudosamente compatible con el respeto a los derechos humanos”. En el ámbito académico, puede consultarse un reciente artículo electrónico muy crítico con la Directiva de la profesora Margarita Lema de la Universidad Carlos III, y no he encontrado hasta este momento artículos doctrinales favorables a dicho texto.

II. El 1 de septiembre de 2005 se publicaba la “Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio”. Casi tres años después, el Parlamento Europeo aprobada en primera lectura (y en el procedimiento de codecisión previsto en el Tratado de la Unión Europea) el 18 de junio la propuesta (modificada) presentada por la Comisión.

A continuación, reproduzco algunas de las manifestaciones más relevantes a favor o en contra del texto aprobado por el PE que se efectuaron durante el debate parlamentario del día anterior, y me remito al texto íntegro de dicho debate para quiera conocer (siempre dentro de las posibilidades que le permitan sus conocimientos lingüísticos) los pareceres de todas las personas que intervinieron durante el mismo.

A) Jacques Barrot, vice-président de la Commission. − Monsieur le Président, à mon tour, je veux remercier Dragutin Mate, notre ministre Président du Conseil. Je voudrais d'abord dire que ce dossier est vraiment la preuve que la procédure de codécision est efficace, même lorsqu'il s'agit de dossiers complexes et difficiles.

La Commission européenne préconise une approche intégrée de la migration, et cette approche cohérente suppose une consolidation des canaux d'immigration régulière, de l'intégration des immigrés en situation locale, d'un système d'asile effectif et généreux. Mais, bien sûr, dans la mesure où l'on accepte cette régulation des conditions d'admission des ressortissants des pays tiers dans l'Union européenne, il faut aussi prévoir des règles s'appliquant à ceux qui ne remplissent pas ou plus les conditions.

Dans le cas contraire, notre politique migratoire perdrait sa légitimité. Il faut bien reconnaître qu'il y a là un risque de cercle vicieux. En ne faisant rien sur l'immigration irrégulière, on complique la vie de ceux qui risquent d'être exploités par des employeurs malveillants et on complique aussi l'intégration de ceux qui sont là, immigrants réguliers. Donc, je crois qu'il faut briser ce cercle vicieux par cet équilibre dont a parlé M. le ministre Mate.

La directive introduit dans le droit communautaire les dispositions applicables de la Convention européenne des droits de l'homme. Son adoption va nous permettre d'appliquer les mécanismes de contrôle communautaire destinés à contrôler le respect de l'acquis. Qu'il s'agisse de la priorité accordée au retour volontaire, du droit des personnes en séjour irrégulier menacées de retour, de la rétention de ces conditions, de la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, du respect de la vie de famille dans le cadre du retour ou du respect du principe de non-refoulement, la directive réduit les zones grises et permet ainsi de mieux lutter contre l'exploitation d'enfants dont font l'objet les ressortissants des pays tiers en situation irrégulière.

La directive fait obligation aux États membres soit de prendre une décision de rapatrier, soit de conférer un droit de séjour à un ressortissant des pays tiers. Cette approche permet de renforcer la sécurité juridique pour tous les intéressés. La directive a donc l'avantage d'offrir aussi à la Commission la possibilité d'assurer le suivi de sa mise en œuvre et je puis vous assurer que la Commission et moi-même, qui suis en charge de ce dossier, veillerons au respect des principes fondamentaux en matière de respect des droits des migrants. Nous évaluerons en particulier l'impact de certaines dispositions en matière de rétention, d'interdiction de rentrer et d'assistance judiciaire.

Comme l'a dit M. Mate, la directive obligera tous les États membres à être particulièrement attentifs aux droits de l'enfant. La mise en œuvre de ces règles doit se conformer à la Convention européenne des droits de l'homme et à la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. La Commission y veillera tout particulièrement pour s'assurer que la situation spécifique de ces personnes qui sont les plus vulnérables soit suffisamment prise en compte.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, vous me permettrez de remercier particulièrement M. Manfred Weber, ainsi que les rapporteurs fictifs et votre commission pour ce travail extrêmement important qui a été fourni dans le souci d'arriver à - je crois - une directive qui permet d'assurer un contrôle effectif tout en étant très attentive aux droits de la personne.

L'ambition de la Commission est de mettre en place ce cadre européen cohérent pour une politique de retour qui soit à la fois efficace mais aussi respectueuse du droit et placée sous un contrôle démocratique.

Si vous le permettez, pour conclure, je fais référence aux trois déclarations qui font partie du compromis agréé avec les colégislateurs telles qu'elles ont été reprises dans l'annexe de l'amendement de compromis de votre rapporteur, M. Weber.

B) Agustín Díaz de Mera García Consuegra, en nombre del Grupo del PPE-DE. – Señor Presidente, comienzo mi intervención felicitando muy sinceramente a mi colega Manfred Weber.

La propuesta de Directiva es un paso firme y decidido hacia la necesaria política común en materia de inmigración. La Directiva es un instrumento jurídico imprescindible para salvaguardar los derechos fundamentales de los inmigrantes y una precondición para hacer progresos en la regulación de la inmigración legal. La propuesta establece como objetivo prioritario y preferente el retorno voluntario de los inmigrantes que se encuentran en situación irregular en los Estados miembros, poniendo a su disposición los medios necesarios para que el regreso a sus países se realice de forma adecuada y sin coste para ellos.

La alternativa del retorno forzoso se plantea como último recurso, y siempre bajo el estricto respeto a los derechos fundamentales. La asistencia letrada y lingüística que se pone a disposición de los inmigrantes y la posibilidad de recurrir la decisión de retorno ante un órgano judicial o administrativo creado al efecto son ejemplos del carácter subsidiario que se ha querido conceder al retorno forzoso frente al voluntario.

La concreción de un período máximo de retención es un elemento esencial de la Directiva. Es difícilmente comprensible que en la actual Unión Europea haya lugares donde los inmigrantes pueden ser retenidos indefinidamente, pero ningún Estado puede utilizar la Directiva para endurecer sus leyes en materia de inmigración, singularmente en lo referido a los plazos de retención.

Por otro lado, hay una clara delimitación entre retorno y asilo. Se establecen garantías jurídicas claras sobre la orden de detención. El nuevo artículo 15 bis establece más y mejores condiciones para menores y sus familias y, en fin, la Directiva ofrece la posibilidad de que el Tribunal de Justicia tenga competencias en la materia.

Por todo ello, señor Presidente, y valorando reiteradamente el esfuerzo del ponente, del Consejo y de la Comisión, ruego el apoyo favorable para la Directiva de retorno.

C) Martine Roure, au nom du groupe PSE. – Monsieur le Président, nous débattons aujourd'hui d'un des aspects de la mise en place d'une politique européenne d'immigration et nous pouvons déjà faire une constatation: nous construisons une Europe qui se referme sur elle-même alors que, pour essayer de combattre l'immigration clandestine, nous devrions mettre en place des outils qui permettent l'arrivée légale des migrants.

Mon groupe n'accepte pas le compromis laborieusement établi entre la Présidence et le rapporteur, non pas parce que nous nous opposons à toute politique européenne de retour, mais parce que le résultat nous paraît très insuffisant en termes de protection des droits fondamentaux. En effet, nous l'avons toujours dit, nous sommes en faveur d'une directive sur les retours parce que nous avons vu trop d'horreurs lors de nos visites des camps de rétention. Mais nous ne voulons pas d'une directive à tout prix. J'ai entendu dire que cette directive permettait de sortir les personnes de la clandestinité. C'est une grave erreur d'appréciation car cette directive fixe simplement des règles quant à l'organisation des retours et elle ne permet en aucun cas de donner des droits de séjour.

Le rapporteur estime que ce compromis est équilibré car il confère un certain nombre de droits. Or, ces droits conférés par le texte, comme l'accès à l'éducation pour les mineurs ou l'accès à une aide juridique, n'ont pas vraiment de caractère obligatoire.

Par ailleurs, la directive ne permettra pas l'amélioration de la rétention dans l'Union européenne. Par exemple, une durée de rétention portée à 18 mois semble une amélioration dans neuf pays sur vingt-sept. Or, sur neuf États membres, trois ne seront pas concernés – le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark – car ils ne participent pas à cette directive. Il y aura très peu d'améliorations dans des pays comme Malte, où la majorité des personnes placées en détention sont des demandeurs d'asile, qui sont exclus de la directive. Et en Grèce, ce sont principalement des personnes interceptées pendant le franchissement irrégulier d'une frontière extérieure qui sont retenues. Et ces personnes sont aussi exclues du champ d'application.

C'est pourquoi le groupe socialiste a déposé un nombre limité d'amendements visant à établir le volet humain de ce texte. C'est la première codécision du Parlement européen dans le domaine de la lutte contre l'immigration clandestine et c'est pourquoi nous avons le devoir, en tant que députés, de défendre une législation claire qui ne soit pas sujette à différentes interprétations par les États membres ou arbitrée par la Cour de justice. Et c'est pourquoi j'appelle le Parlement européen à faire usage de tous les pouvoirs législatifs qui sont les siens afin de permettre l'adoption d'une législation qui améliore le sort des personnes retenues. C'est notre devoir de parlementaires!

Ceci ne nous exonérera pas de réfléchir à une question plus vaste et plus philosophique: la Terre appartient-elle à tous les humains? Y a-t-il vraiment une part de ces humains qui devrait être assignée à résidence dans la pauvreté? Ne croyez-vous pas que là est la vraie question?

D) Jeanine Hennis-Plasschaert, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, negotiations with the Council have been long, intensive, complicated and tough. The starting point for most Member States was: ‘How do we get rid of this directive, as we do not want any European standards on the return of illegally staying third-country nationals?’ Clearly Council and Parliament had a very different understanding of what should be a serious return directive with sufficient safeguards. Parliament had to fight for each and every single word and comma.

To everybody and to the PSE Group in particular, it should by now be crystal clear that the compromise package puts in rules where none exist at present. Member States with more favourable conditions in place should maintain these, or introduce them if they wish to do so. National parliaments have a role to play to ensure this in the implementation of the directive. Moreover, we also secured a political declaration from the Council that this directive will not and cannot be used as an excuse to lower existing standards. Experiences with 10 other asylum and migration directives do show that the fear that there is a tendency among Member States to use the transposition of such directives as a pretext for making their national law more repressive does not materialise.

At present, no EU legislation exists as regards the return of illegally staying third-country nationals. With the adoption of the package, Community control mechanisms will become available. Infringement procedures, competence of the European Court of Justice, Commission reporting, EP monitoring: all these will be available.

Three years of debate have shown that there is no more room for manoeuvre and it is obvious that at second reading no further improvements will be made. Yes, it is unfortunate, I admit, but it is true. Council will start tabling a list with many ‘no-go’ proposals. Pandora’s Box will indeed be opened.

Clearly the current political climate in most Member States will not be of any help. So how to put in place common minimum rules where none exist at present? How to make sure that Community control mechanisms will be available? How to make sure that COE guidelines are made legally binding for all Member States?

At this stage, the fundamental question is: do we want a directive or not? Do we want a directive which is not perfect but undoubtedly a first step in the right direction, or do we not want a directive at all as we consider the current situation to be satisfactory?

Even now, many Member States would be relieved if the directive died out due to Parliament’s fault. So, what an irony that those Members of Parliament trying to break up the compromise package are effectively supporting those Member States not wanting to have any European safeguards on return in the first place!

The compromise package should be seen as a very modest but important first step. The return policy cannot be looked upon in an isolated way, but should be seen as a necessary part of a total package on migration, including legal, as well as asylum. Indeed, in my view, after almost three years of debate and negotiations, it is high time to take up our responsibility.

E) Jean Lambert, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, I would like to start by expressing thanks to the rapporteur on this issue for the integrity and openness with which he has approached the questions. I should also like to thank our colleagues, where we have tried our best to find a common approach, recognising the need to treat people as individuals in the process of return and the need for due process and clarity in the law.

Discussions with the Council have shown clearly the shortfalls existing in some Member States for their own citizens at present, especially in relation to legal aid – crucial if people are to have access to the law and some defence against those who have the power – and also where effective systems are not in place to adequately represent lone children and young people in their own right. This has created certain problems in the discussions with the Council.

I regret that, after such long negotiations, my group cannot accept the negotiated position because, while we do not object in theory to such a directive, it certainly does not meet the standards that we set at the beginning. Why not? Because for us it entrenches many of the problems we have been fighting in our own Member States.

One of the issues is the length of detention. While the proposed directive puts limits on that, we know what long periods of detention do to the mental health of individuals and to children who are detained. We have seen it for ourselves, and the research is there. We have seen the conditions in which many people are kept and while the proposed directive makes clear that detention centres should not be prisons, it is not always clear to us what the difference is between those centres and prisons.

We also have questions about the entry ban, and Article 9 makes clear it should be the general rule for anybody who is returned involuntarily. So Member States signing up will have to answer questions like that of one my constituents, Serwa Nouri Yousef, who has refugee status, who is now eight months pregnant and whose husband has been forcibly returned to Iraq and is now missing. Under this directive he would also face an entry ban. So what happens to family life, despite the claims to humanitarian protection?

We also have questions surrounding Article 3(c) about where people should be returned to, and feel that, if the reference to ‘other arrangements’ includes the metaphorical handshakes that we have seen in the past between Mr Berlusconi and Gadafi, this is unacceptable as such accords are made outside of written public agreements.

F) Giusto Catania, a nome del gruppo GUE/NGL. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa direttiva è una vergogna, un insulto alla civiltà giuridica dell'Europa. È un orrore che rischia di cancellare millenni di cultura dell'accoglienza, le radici profonde di un'identità europea forgiata da pratiche di ospitalità. Questa direttiva è l'ennesimo monumento alla fortezza Europa, la materializzazione dell'utopia reazionaria che vuole impedire la libertà di circolazione di uomini e donne.

Non si può arginare il diritto alla mobilità rinchiudendo dietro un filo spinato o dentro un puzzolente centro di detenzione gli uomini e le donne. Per diciotto mesi, ministro Mate, questo è il periodo massimo di detenzione, non sei mesi come lei ha detto. Diciotto mesi senza alcun reato!

Guardate, mi appello a quello che ha detto Mons. Agostino Marchetto del Consiglio dei migranti della Conferenza episcopale italiana, il quale ha detto che non si può detenere una persona per una semplice violazione amministrativa e in più detenere persone in luoghi disumani e degradanti come quelli che ha visitato la commissione libertà civili di questo Parlamento.

Inoltre, questa direttiva è una direttiva inumana perché prevede il rimpatrio in paesi di transito. La Libia rischia di diventare il luogo della deportazione di massa dei migranti. Prevede detenzione ed espulsione di minori non accompagnati, prevede il divieto di ringresso, in questo modo violando sistematicamente il diritto d'asilo, prevede un'assistenza legale discrezionale. È questa la vera natura di questa direttiva!

Inoltre, questa direttiva è un'imposizione dei governi. Abbiamo assistito in quest'Aula alla dittatura del Consiglio che ha detto al Parlamento: "bere o affogare", addirittura minacciando l'ipotesi di continuare qualsiasi ipotesi di discussione sull'immigrazione. Il Parlamento europeo sta subendo supinamente questa decisione. Mi appello alla dignità del Parlamento europeo. Altro che codecisione! Siamo davanti a un parere conforme nei confronti del Consiglio. La verità è che i governi vogliono immediatamente attivare i 700 milioni di euro previsti dal fondo per il rimpatrio. È questa la natura vera di questa direttiva.

Bisogna invece ascoltare la società, quello che c'è fuori da questo Parlamento, i capi di Stato dei paesi terzi, Amnesty International, le chiese, le conferenze episcopali europee, il sindacato, il Consiglio d'Europa. Tutti ci dicono di non approvare questa direttiva. Perfino l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, che secondo il trattato di Amsterdam dovrebbe essere consultato in tutte le materie di asilo e di immigrazione della Commissione europea, ci dice di non approvare questa direttiva.

Queste politiche repressive sono la vera causa della più grande tragedia dell'Unione europea: i morti in mare. Ieri ne sono morti 150, negli ultimi dieci anni ne sono morti 12.000. L'Unione europea si macchia di un crimine inaccettabile e con questa direttiva si rende ulteriormente complice di questi omicidi che hanno trasformato il Mediterraneo in un cimitero. Probabilmente, come tributo nei confronti di questi martiri, sarebbe opportuno non approvare questa direttiva.

G) Claudio Fava (PSE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, permettetemi di rivolgermi al Consiglio perché non è sulla nostra direttiva, sulla proposta della Commissione che stiamo discutendo, ma sul modo in cui il Consiglio le ha svuotate di ogni significato.

Questa direttiva riflette il senso comune che sta assumendo il dibattito in Europa sull'immigrazione. Il fatto che sia stata approvata dal Consiglio all'unanimità non attenua ma inasprisce il messaggio che essa rappresenta. Ed è un messaggio che ci parla di un'Europa costruita sul principio della diffidenza. Il tema non è l'utilità di una direttiva, che crea una disciplina comune e condivisa. Il tema è ciò che questa direttiva prevede.

Il giorno dopo la morte di 150 clandestini annegati nel Mediterraneo, voi ci chiedete di mandare a dire ai sopravvissuti che da domani quelli come loro che già si trovano nei nostri paesi si troveranno di fronte a un provvedimento che prevede fino a diciotto mesi di reclusione. Noi stiamo affermando un principio giuridico devastante che prevede la possibilità di privare della libertà un individuo fino a diciotto mesi per provvedimento amministrativo e senza aver commesso alcun reato. Ciò che mai tollereremmo nei nostri paesi nei confronti di un cittadino europeo, lo permettiamo e lo sosteniamo per gli immigrati irregolari.

I diciotto emendamenti che restituiscono segni di civiltà politica a questa normativa presentati dal nostro gruppo sono un tentativo di restituire una dignità sul piano normativo a un provvedimento che noi riteniamo umiliante non soltanto per l'Unione europea ma anche per i nostri Stati membri. Se non verranno accolti, ci saranno molti voti contrari tra cui anche il mio, Signor Presidente.

Non credo che ci sia un largo consenso, on. Weber. Non c'è alcun consenso sulla discrezionalità e l'arbitrio che noi stiamo consegnando ai nostri paesi sul modo in cui verranno trattati i punti più significativi di questa direttiva. E questo Parlamento non è il custode di regole astratte. È un Parlamento al quale i trattati consegnano il dovere di tutelare principi concreti, principi giuridici e di civiltà politica concreti. Il Consiglio ci chiede di rinunciare a questi principi per fare presto. Noi crediamo che su questo ci sia un equivoco di fondo. Qui non ci chiedete di fare presto, ci chiedete di fare male. Male per gli immigrati, male per l'Europa, male per i nostri Stati membri, ed è una responsabilità che noi non vogliamo condividere con voi.

H) Javier Moreno Sánchez (PSE). – Señora Presidenta, Señorías, esta Directiva supone un paso adelante hacia una política de inmigración común. Es un paso necesario que debe ir acompañado, desde ya, de otros pasos enmarcados en un enfoque global europeo.

Debemos desarrollar instrumentos legislativos y financieros que nos permitan, decididamente, abrir nuestras puertas a los inmigrantes legales e impulsar su integración en nuestras sociedades. Del mismo modo, debemos cerrar el paso a la inmigración clandestina, al trabajo ilegal y contribuir a desmantelar las redes mafiosas que trafican con seres humanos.

Todo esto sólo se conseguirá con una estrecha colaboración con los países de origen y de tránsito. Por eso, instamos a la Comisión a que haga gala de su poder de iniciativa y pedimos al Consejo que apruebe cuanto antes todas las directivas que están en el tintero, porque, sin un conjunto general de medidas, los ciudadanos no entenderán esta Directiva. Su objetivo es acercar 27 legislaciones dispares para garantizar la eficacia en los procedimientos de retorno, así como la dignidad y el respeto de los derechos fundamentales de los inmigrantes.

Con nuestras enmiendas, los socialistas queremos acercar la Directiva a las legislaciones más avanzadas y garantistas. Los socialistas españoles hacemos especial hincapié en la protección y en la atención a los menores, pedimos que tengan acceso a la educación y que sean recibidos en centros de acogida especializados. Igualmente, queremos favorecer el retorno voluntario y reforzar las garantías judiciales del procedimiento.

Señorías, para terminar, quiero agradecer el rechazo a la propuesta del ponente, Manfred Weber, que buscaba un atajo en el procedimiento, lo que hubiera debilitado el poder de codecisión y la credibilidad de esta Cámara.

En los tiempos que corren, necesitamos un Parlamento fuerte, que asuma sus responsabilidades.

I) Willy Meyer Pleite (GUE/NGL). – Señora Presidenta, Señorías, es una vergüenza, una verdadera vergüenza intentar deportar a más de 8 millones de personas, sobre la base de la figura de la detención administrativa.

Si se toma esta decisión —que, desgraciadamente, se puede tomar—, será el fin de la Europa garantista. Muchos ciudadanos europeos sufrimos detenciones administrativas en condiciones de dictadura. Ésta es la figura que va a prevalecer para la deportación de 8 millones de personas.

Por lo tanto, se va a consolidar la Europa insolidaria. Los mismos Estados que van a pretender recuperar esta figura son los Estados que — ¡por primera vez!— han bajado, en este ejercicio económico, la ayuda a la cooperación internacional.

No se van a poder cumplir los Objetivos del Milenio y ésta va a ser nuestra contribución, desde la vieja Europa, la vieja Europa de los valores solidarios, a la hambruna, a la crisis alimentaria. La deportación de 8 millones de personas sin ningún tipo de garantía: ¡¡una vergüenza!!

Yo creo y apelo a la movilización europea, a esos ciudadanos que dan la espalda a este tipo de legislación.

J) Jacques Barrot, vice-président de la Commission. − Madame la Présidente, je vais me borner à donner quelques éléments d'information complémentaires dans ce débat.

D'abord, la directive sur le retour, si elle doit exister, ne sera pas isolée. Elle fait partie d'un ensemble qui s'appuie sur le concept d'immigration concertée. Par conséquent, comme l'ont rappelé un certain nombre de membres du Parlement, il y aura en effet des textes sur l'immigration légale et des textes qui vont renforcer nos procédures d'asile et notre accueil des réfugiés. Il y aura aussi, et il y a déjà, toute une politique concertée avec les États tiers d'où viennent les immigrés. Je suis personnellement convaincu que c'est dans un partenariat avec un certain nombre de pays tiers que nous arriverons à trouver les voies et moyens de cette immigration concertée. Voilà ce que je voulais dire en premier lieu.

Deuxièmement, je voudrais rappeler que l'intérêt d'une directive est effectivement de nous donner, et c'est très important, un cadre juridique qui nous permettra d'appliquer les mécanismes communautaires qui nous permettront de contrôler le respect de l'acquis, à savoir procédure d'infraction, compétence de la Cour de justice, rapport de la Commission, contrôle exercé par le Parlement européen. L'avantage d'avoir une telle directive est de nous ouvrir les voies d'un contrôle beaucoup plus effectif sur le plan juridictionnel.

Troisième élément pour la réflexion du Parlement, c'est que le Parlement a quand même fait avancer les choses, notamment à travers les articles concernant les enfants. L'esprit de ces articles nouveaux, l'article 8 bis et l'article 15 bis, c'est que, dans la mesure du possible, il ne faut pas mettre les enfants en rétention. Et si jamais on les met en rétention, la valeur ajoutée de la directive réside alors dans le fait qu'elle oblige les États membres qui ont décidé d'y recourir à respecter les garanties minimales définies à l'article 15 bis que vous venez de rappeler, Monsieur le ministre.

Le quatrième point que je voudrais verser au dossier, c'est que nous disposons aussi de moyens financiers qu'il faudra utiliser. Nous avons un Fonds retour d'environ 700 millions qui doit nous permettre d'apporter une aide en matière d'assistance juridique, de soins de santé et d'un certain nombre de problèmes pour la réintégration dans certains pays d'origine.

Le cinquième point, je l'emprunterai au président Deprez, qui a rappelé que la Commission serait chargée d'établir un rapport dans les trois ans. Je tiens à vous dire que ce n'est pas seulement ce rapport qui va nous créer une obligation, mais tout ce qui sous-tend ce texte: la volonté de donner à l'Union européenne des procédures soumises au contrôle juridictionnel, des procédures qui essaient d'équilibrer à la fois ce besoin de régularité sans lequel nous ne pouvons pas faire accepter l'immigration régulière par nos opinions publiques et ce besoin de veiller toujours au respect des principes de la Convention des droits de l'homme. Je puis vous dire que, si cette directive doit être adoptée, je m'impliquerai personnellement dans sa mise en œuvre afin de bien veiller à ce que cet esprit ne soit pas perdu de vue.

1 comentario:

http://www.orkut.com.br/Main#Home.aspx dijo...

BONJOUR, je voudrais obtenir des informations sur le DROIT DE ;ÉDUCATION aborder cette question, parce que dans mon pays est la politique de ;inclusion sociale et de coopération, toutefois, contre ;influence des médias nationaux spondee en standard et d'éliminer la concurrence avec la transmission de la réalité, fait de ce processus dans les écoles.

Cordialement,
http://institutodelinguaviva.blogspot.com