miércoles, 19 de septiembre de 2007

Nicolas Sarkozy y la reforma de las relaciones laborales.

El discurso que el presidente francés pronunció ayer martes en el Senado, con ocasión de la reunión de la asociación de periodistas de información social, ha suscitado duras críticas por parte de un amplio sector de la izquierda política y del movimiento sindical.

Ciertamente, Sarkozy usa un estilo directo que le permite acercarse a la ciudadanía de forma efectiva, y trata de demostrar que las reformas propuestas son necesarias para mantener el modelo social francés, ya que en caso de no adoptarse ello sería, siempre según su criterio, imposible.

Desde su llegada al poder el presidente ha encarado con dureza y firmeza los asuntos sociales, aprovechando en gran medida el desconcierto de una izquierda dividida que se mira permanentemente el ombligo y que por ello no puede dar respuesta conjunta a las decisiones gubernamentales, así como también el hecho de saber que cuenta con un respaldo importante de gran parte de la población según los sondeos de opinión, incluyendo a un número no menospreciable de votantes de izquierdas y de afiliados sindicales.

Primero fue la regulación del derecho de huelga en el sector público del transporte terrestre, o más exactamente la concreción de la determinación de los servicios que deben mantenerse en caso de conflicto, ley validada en su integridad por el Consejo Constitucional y que incluye preceptos que probablemente no pasarían el test de constitucionalidad en España de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (por ejemplo la obligación de los trabajadores de comunicar con 48 horas de antelación su decisión de participar o no en el conflicto, al objeto de que la empresa pueda organizar debidamente el servicio a prestar).

Estos días, en segundo lugar, se debate en el Parlamento el proyecto de ley de reforma de la normativa de inmigración, que pretende el endurecimiento de la política de reagrupación familiar y un control más estricto sobre el acceso de ciudadanos de terceros países a Francia, con un anuncio por parte del ministro Brice Hortefeux, durante la presentación del proyecto de ley, del estudio de una posible modificación constitucional para que pudiera establecerse un número máximo de personas que pudieran acceder a Francia, y que ese “plafond” tuviera carácter normativo. El proyecto, en su versión actual, ha sido duramente criticado por organizaciones de defensa de los inmigrantes, y tampoco cuenta con el beneplácito de todos los grupos políticos que apoyan al gobierno, pero parece bastante probable que se apruebe en una versión sensiblemente semejante a la presentada ante la Asamblea Nacional, quedando casi seguro a la espera de la decisión del Consejo Constitucional por el recurso que con toda seguridad se interpondrá por los diputados socialistas y comunistas.

Ayer martes, el presidente francés cuestionó el modelo social francés, no porque no sea válido sino porque a su parecer es necesario que sufra importantes modificaciones para hacerlo viable. No descartó el diálogo social aunque sí estableció unos plazos muy breves que han merecido duras críticas sindicales. Y tocó asuntos extremadamente sensibles, que está por ver cómo se concretarán en futuras reformas normativas.

Por ejemplo, avanzar en una interpretación cada vez más amplia y flexible de la llamada ley de las 35 horas que llevaría, probablemente, a un incremento del número de horas trabajadas y, también, abonadas en metálico y no compensadas por tiempo de descanso. Cuestionó con dureza la política de prejubilaciones de los trabajadores de 55 a 60 años y llamó a un endurecimiento de la normativa para hacerlas lo menos atractivas posible. Volvió a insistir en la necesidad de establecer una adecuada relación entre flexibilidad y seguridad en el trabajo, tanto para las empresas como para los trabajadores, y criticó ácidamente el coste de la extinción de los contratos, considerándolo como un desincentivo para facilitar nuevas contrataciones. Avanzó también la tesis de la fusión de los organismos públicos encargados de la gestión del empleo y del pago de prestaciones por desempleo, con el objetivo de facilitar un trato y seguimiento personalizado de los demandantes de empleo. Resaltó la importancia de una nueva política de formación profesional, de revisar los regímenes especiales de Seguridad Social existentes para algunos colectivos, y de adoptar medidas de control que sancionen el uso indebido y abusivo de las prestaciones sociales. Con su peculiar estilo, que tan buenos resultados políticos le ha proporcionado hasta ahora, concluyó que estas reformas deberían ponerse en marcha a partir del próximo año y que estaba dispuesto a debatir sobre los medios de llevarla a cabo y sobre el método, pero que no transigirá “ni sobre los objetivos ni sobre los principios”.

No comparto buena parte de los planteamientos del presidente francés y ya habrá momentos y foros adecuados para debatir desde el ámbito jurídico, pero desde luego lo que no haría nunca, si fuera un diputado de la oposición, un dirigente sindical, o un miembro de una ONG, sería restar importancia a sus propuestas. Se avecinan, si es que no han llegado ya, vientos de cambio en Francia, y se requiere que el mundo académico también entre en el debate de por dónde debe ir su modelo social.

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