1. Alrededor de
mediodía del jueves 26 de septiembre el gabinete de comunicación del Poder
Judicial publicaba una nota de prensa titulada “El Tribunal Supremo declara que hay
relación laboral entre los socios cooperativistas de Servicarne y las empresas
de la industria cárnica en cuyas instalaciones prestan servicio”, con el
subtítulo “El Pleno de la Sala Social del Tribunal Supremo ha estimado los
recursos interpuestos por la TGSS y el sindicato CCOO frente a la sentencia
dictada por el TSJ de Navarra”. La noticia fue inmediatamente recogida en
medios de comunicación y redes sociales.
En dicha nota de
prensa se sintetiza el contenido más relevante de la sentencia dictada por el
Pleno el 24 de septiembre, de la que fue ponente el magistrado Sebastián
Moralo, después de que la ponencia de
quien había sido designada inicialmente, la magistrada Concepción Rosario
Ureste, no obtuviera el voto favorable de la mayoría de la Sala, habiendo
emitido después un voto particular discrepante respecto a lo que consideraba,
contra el criterio de la mayoría, falta de contradicción entre la sentencia
recurrida y las aportadas de contraste por cada una de las partes recurrente,
habiéndose adherido al voto la magistrada María Paz García.
Tras la explicación,
en la que se recoge que “el TS concluye que Servicarne actúa en fraude de ley,
porque se ha constituido formalmente como una aparente cooperativa de trabajo
asociado, pero su verdadera actividad se limita únicamente a facilitar mano de
obra a las empresas de la industria cárnica, siendo estas últimas las
auténticas empleadoras de los trabajadores”, su párrafo final informa que “con
este pronunciamiento se abandona la doctrina que había acuñado en 2001 el
propio Tribunal Supremo, rechazando que pudiera defenderse la existencia de un
contrato laboral entre quien es socio cooperativista y la empresa que concierta
los servicios con la Cooperativa. También unifica las soluciones
contradictorias que los Tribunales Superiores de Justicia estaban aplicando”. La
sentencia desestima la tesis propugnada por el Ministerio Fiscal en su
preceptivo informe, en el que sostuvo la falta de contradicción requerida por
el art. 219.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción social.
El letrado Jonathan Gallego , director del gabinete jurídico de Comisiones Obreras de Cataluña ha tenido la amabilidad, que le agradezco, de enviarme el texto de la sentencia . La resolución judicial ya ha sido publicada en CENDOJ y el resumen oficial de la sentencia es el siguiente: “SERVICARNE. Demanda de oficio. Concurre el presupuesto de contradicción. En todos los asuntos en comparación resultan sustancialmente iguales los hechos, pretensiones y fundamentos. Servicarne es una cooperativa de trabajo asociado aparente y ficticia. Actúa en fraude de ley al constituirse formalmente como cooperativa. Su verdadera finalidad es la de intermediar en la prestación de mano de obra. Hay relación laboral entre los socios de Servicarne y la empresa principal en cuyas instalaciones prestan servicio. Aplica doctrina STS 549/2018, de 18 de mayo (rcud. 3513/2016). Voto particular”
Las 18 primeras páginas del texto original están dedicadas a recoger los hechos probados de la sentencia del Juzgado de lo
Social donde se inició el conocimiento del litigio en sede judicial. Desde la
página 20 a 62 encontramos la fundamentación jurídica de la sentencia, que
culminará con el fallo, en el que la Sala decide
"... 1. Estimar los recursos de casación para la
unificación de doctrina interpuestos por la Federación de Industria de
Comisiones Obreras (CCOO) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),
representados y asistidos, respectivamente, por los letrados D. Enrique Lillo
Pérez y la letrada de la Administración de la Seguridad Social, contra la
sentencia dictada el 3 de octubre de 2022 por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra, en el recurso de suplicación nº 241/2022,
interpuesto contra la sentencia de fecha 14 de septiembre de 2021, dictada por
el Juzgado de lo Social nº 3 de los de Pamplona en autos núm. 987/2018,
seguidos a instancia de la TGSS contra U.V.E., S.A., y .... y otros, habiendo
intervenido Servicarne, S. Coop. y la Federación de Industria de CCOO, sobre procedimiento
de oficio, con desestimación del formulado por ... y otros.
2. Casar y anular
la sentencia recurrida, resolver el debate de suplicación en el sentido de
estimar los recursos de tal clase formulados contra la sentencia de instancia,
para revocarla en su integridad, y con estimación de la demanda de oficio
formulada por la TGSS, declarar la existencia de relación laboral entre la
empresa UVESA y los socios de Servicarne que prestan servicios en sus
instalaciones. Sin costas”
Y, desde la página
63 a 95, hay el voto particular discrepante, en el que “se disiente de diversos
razonamientos y fallo alcanzados por la mayoría de la Sala, en atención a las
consideraciones jurídicas que sustentan la inexistencia de contradicción
entre la sentencia recurrida y las referenciales invocadas por los recurrentes
(la negrita es mía).
La sentencia ha
sido recibida, muy lógicamente, con satisfacción por la parte sindical
recurrente, manifestada en la nota de prensa publicada el día 27 y titulada “El
Supremo unifica doctrina tras estimar el recurso de CCOO contra UVESA y
Servicarne en el caso de los falsos autónomos en la industria cárnica” , en el que califica
la resolución judicial de “enorme trascendencia, con importantes consecuencias
jurídicas”. En la nota se expone que “...
Aunque en la
práctica las personas trabajadoras llevan años regularizadas tras la lucha
sindical de CCOO de Industria y la implicación de la Inspección de Trabajo, la
sentencia da un mensaje claro, nítido e inequívoco, que anula cualquier
tentación de volver a un modelo productivo que solo aportó precariedad y
explotación laboral. Por otra parte, al ser de unificación de doctrina,
resuelve definitivamente a favor de la tesis de CCOO los distintos
pronunciamientos de los tribunales, incluso del propio Supremo”,
Y se agradece especialmente
“... el trabajo y la profesionalidad de Enrique Lillo , el abogado del sindicato que pilotó la
estrategia jurídica que culminó con este enorme éxito”.
2. Antes de
examinar el contenido más relevante de la sentencia a mi parecer, quiero hacer
un poco de memoria sobre la conflictividad en las industrias cárnicas y los
conflictos jurídicos y sociales que han generado la presencia de algunas
cooperativas de trabajo asociado, o falsas cooperativas si nos hemos de atener
a la recientísima jurisprudencia del TS y algunas sentencias anteriores de
Salas de lo Social de Tribunales Superiores de Justicia, en el sector.
A) Un excelente
análisis de dicha conflictividad, con explicación de las actuaciones sindicales
llevadas a cabo por la Federación de Industria de CCOO, se encuentra en tres
artículos publicados por el profesor Antonio Baylos en su muy reconocido blog.
a) El primero, 10
de mayo de 2019, llevaba por título “Carne sin explotación: los falsosautónomos en las cooperativas cárnicas” , en el que exponía que
“... Ya desde hace
tiempo, pero de manera más intensa a partir de febrero de 2018, se ha
incrementado por parte de la Federación de Industria de CCOO una campaña
denominada “carne limpia de fraude y de explotación laboral” que denuncia la
utilización de la figura de la cooperativa de producción como fórmula para
evitar el disfrute de los derechos laborales y de seguridad social que si
tienen el resto de trabajadores. La utilización de cooperativas se inserta en
un mecanismo de subcontratación de actividades, y en un contexto de cierta
sofisticación organizativa que además se beneficia de posiciones muy
complacientes por parte de la jurisprudencia social tanto respecto del
mecanismo de la descentralización productiva como respecto de la naturaleza de
la relación jurídica”.
b) Más adelante,
el 22 de junio de 2021, publicaba el artículo “Fraude de ley y falsas
cooperativas en el sector cárnico: recogiendo un estudio de Enrique Lillo sobre
el asunto Servicarne” , en el que ,
además de reiterar su crítica jurídica a la “ocultación” de una relación
contractual laboral bajo el ropaje de una cooperativa de trabajo asociado como
empresa ficticia, se sintetizaban las tesis del letrado de CCOO, y se concluía
que
“se trata de un
claro fraude de ley. Es la cárnica a quien controla, dirige, organiza la producción
puesto que la cooperativa solo aporta un conjunto de supuestos autónomos que
realizan la tarea de producción, igual que la de los propios trabajadores de la
cárnica, sin aportar ninguna organización productiva ni de instrumental propia
o independiente, sino unos supuestos jefes de equipos que dependen en calidad
de jefe coordinador del director de recursos humanos, y la contrata o
subcontrata se efectúa realmente con una empresa – la cooperativa – ficticia,
que sólo realiza la aportación de trabajo “autónomo” a las empresas cárnicas.
Es el empresario real la empresa cliente, es decir la cárnica y la cooperativa
(en este caso SERVICARNE) actúa como artilugio formal para la aportación de
personal. Tiene que aplicarse el art. 1.1 del Estatuto de los Trabajadores y el
8.1 del mismo cuerpo legal, así como la doctrina del Tribunal Supremo en casos
de aparentes autónomos que tampoco actúan válidamente como contratistas con las
empresas, porque al carecer de estructura patrimonial y organizativa propia y aportar
solo el trabajo personal, están sometidos a la organización y dirección de la
empresa supuestamente cliente que es quien toma las decisiones productivas
importantes y quien recibe los frutos del trabajo del supuesto autónomo y
obtiene el beneficio económico correspondiente, colocando estos resultados en
el mercado (ajenidad y dependencia en la relación laboral)” (la negrita es mía).
c) Por fin, un
artículo publicado muy poco después, el 29 de agosto de 2021, ya ponía
directamente el foco en dos importantes sentencias de TSJ, titulado “Dos
sentencias y un mismo problema: los falsos autónomos del sector cárnico” .
La explicación, en
especial de la primera, se realiza para subrayar como se reconoce la existencia
de fraude de ley, siendo la empresa para la que prestan sus servicios los
supuestos cooperativistas su empleadora real, siendo la cooperativa Servicarne
un mero instrumento ficticio empresarial que no permite en modo alguno su
consideración de tal. Se trata de las sentencias del TSJ de Galicia de 27 dejulio de 2021 , de la que fue ponente la magistrada Raquel
Naveiro, y del TSJ de Castilla-La Mancha de 13 de julio de 2021 , de la que fue ponente el magistrado Jesús
Rentero.
El artículo del
profesor Baylos destaca un fragmento de la sentencia del TSJ gallego, en la que
se recoge que
“... “el trabajo
ejercido por los cooperativistas en SADA reúne las condiciones de dependencia
directa de los jefes y de SADA , ajenidad del trabajo ya que toda organización
y los productos obtenidos son para SADA y el obtiene los beneficios, amén de
voluntariedad porque la realidad es que acuden los socios a pedir trabajo y se
les deriva a esta opción, aceptando la inclusión pero desconociendo derechos u
obligaciones a que esta firma les expone. La mayoría de los socios desconocen
expresiones como haberes, retorno cooperativo o incluso funciones de un consejo
rector”.
B) Desde un análisis
más social sobre el funcionamiento concreto de dicha cooperativa, el artículo
del profesor Alberto Riesco, “Empresas evanescentes, falsos autónomos y
cooperativas de trabajo asociado en la industria cárnica” , publicado en la obra colectiva “Fronteras
del trabajo asalariado”, con la dirección a su cargo (Ed. La Catarata, 2020),
es de indudable interés por la explicación que realiza del modelo de
subcontratación, y muy especialmente por la muy amplia cita de las actuaciones
llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social desde 2016, con
especial atención a las de la ITSS de Barcelona (“Informe sobre las actuaciones
llevadas a cabo en la empresa Servicarne (O.S.: 8/0019368/16), de 2 de julio”)
de la que recoge amplios fragmentos, siendo en uno de ellos donde se expone
que
“... Según se
desprende de la actuación de la Inspección de Trabajo, el funcionamiento y
organización internos de la cooperativa distan, por otro lado, de ser
participativos, horizontales y democráticos, como exigen los principios del
movimiento cooperativista internacional. Los socios no son informados, ni
consultados respecto a los acuerdos que se establecen con los clientes, ni
tampoco respecto a otras decisiones relevantes. Sólo un 2% de los socios asiste
a las asambleas anuales y la inmensa mayoría de ellos desconoce sus derechos en
tanto que socios propietarios de la cooperativa (Ibídem: 73-74). Las altas de
los socios no son realmente voluntarias, sino consecuencia de que las
cooperativas representan, a menudo, la única vía de encontrar un empleo en esta
industria. Las bajas tampoco suelen responder a una decisión personal del socio
afectado, sino que dependen de las fluctuaciones en la demanda de mano de obra
de las empresas cárnicas (Ibídem: 18-19). Los trabajadores de la cooperativa
carecen de autonomía respecto a unas condiciones y puestos de trabajo que son
definidos unilateralmente y de forma externa a su voluntad. Además, a los
socios se les aplica un estricto régimen disciplinario que genera un número muy
elevado de sanciones (que afecta aproximadamente al 10% de la plantilla cada
año, frente al 0,15% registrado de media en el sector) (Ibídem: 20-28 y 52)”.
C) Sobre la
importancia de los Reglamentos de Régimen Interno de las CTA hay que acudir al
artículo del profesor Juan Escribano “Reglamentos de régimen interno de las
Cooperativas de trabajo asociado y determinación de las condiciones de trabajo”
, publicado en la
Revista de Estudios Cooperativos (Revesco) núm. 143/2023, en el que dedica un
apartado concreto a Servicarne, en el que concluye que “no sólo supone un
menoscabo de los derechos que a las personas socias-trabajadoras hubiera
correspondido en el caso de que se les hubiera aplicado el Derecho del Trabajo,
sino que también se utiliza como vehículo de supresión de algunos de los
derechos que como personas socias le concede la normativa cooperativa”,
poniendo como ejemplos que sustentan tal afirmación, que
“El retorno
societario se elimina en el RRI de Servicarne en aquellos supuestos en los que
la empresa contratista no satisfaga el pago de sus obligaciones a Servicarne.
Es decir, las personas socias-trabajadoras solo cobrarán por su trabajo en
el caso de que se cumpla el contrato mercantil suscrito entre contratante y
contratista. Podrá producirse, a
tenor de este RRI, la baja obligatoria del socio-trabajador en el caso de que
se extinga la contrata. La vigencia del contrato de sociedad se hace
depender del mantenimiento de la contrata entre Servicarne y la correspondiente
empresa del sector de los mataderos. La Junta Rectora de la Sociedad
Cooperativa, gozará de entera libertad en la dirección de trabajo, asignación
de categorías y destinos según marquen las necesidades del mismo” (la negrita
es mía).
D) He dejado para
el final de esta reflexión histórica las reflexiones que efectué en la entrada
“Falsos cooperativistas en la industria cárnica. Notas a la sentencia del TSJ
de Galicia de 5 de noviembre de 2019, y recordatorio de conflictos anteriores” habiéndome
recordado la lectura de la sentencia del TS los muchos puntos de conexión
jurídica con la resolución objeto de mi comentario respecto a la inexistencia
de una relación societaria entre Servicarne y sus socios cooperativistas, y por
ello la existencia de una relación contractual asalariada de estos con la
empresa en la que prestaban sus servicios. Me permito recuperar algunos
fragmentos, y remitir a todas las personas interesadas a su lectura íntegra,
recomendación que extiendo obviamente al resto de artículos referenciados.
“...No es ahora el
momento de detenerse con detalle en la problemática de los falsos autónomos, o
de las falsas cooperativas de trabajo asociado, en el sector de las industrias
cárnicas, tanto en Galicia como en el resto del Estado. Los medios de
comunicación y las redes sociales han difundido numerosa y abundante
información al respecto a partir del momento en que se iniciaron acciones por
diversas organizaciones sindicales para denunciar la vulneración de derechos
laborales individuales y colectivos en el sector, así como también de la
actuación decidida de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para aflorar
las situaciones de irregularidad y sancionar las actuaciones contrarias a
derecho. Baste hacer dos referencias.
En primer lugar, y
con carácter general, un documento de especial interés, y que recoge numerosas
sentencias y actuaciones inspectoras, así como la actividad sindical
desarrollada por la organización, es el publicado por la Secretaria de Empleo y
Cualificación Profesional de Comisiones Obreras el mes de julio del pasado año,
titulado “Propuestas de actuación con las personas que trabajan como falsosautónomos”
Refiriéndose al sector cárnico, el documento
subraya que “se han conseguido grandes
avances tras las denuncias de CCOO. La propia Inspección de Trabajo emitió en
julio del año pasado un informe que nos daba la razón y que concluía que es una
“falsa cooperativa” de trabajo asociado, ya que, entre otras cosas, no disponía
de infraestructura empresarial ni de actividad societaria; además, ha dado de
alta de oficio a los cooperativistas en el régimen General de la Seguridad
Social.
El Ministerio de
Trabajo inició el procedimiento para descalificar a Servicarne después de las
denuncias de CCOO y finalmente a finales de abril ha emitido la Resolución de
descalificación. Se avala la posición de CCOO relativa a que en el sector
cárnico se está produciendo un fraude masivo mediante la figura de las falsas
cooperativas y los falsos autónomos. Siendo esta descalificación muy importante
de cara a los juicios que se van a iniciar relativas a las actas de liquidación
de cuotas a la Seguridad Social contra las empresas cárnicas clientes de
Servicarne”.
“... La aplicación
de la jurisprudencia del TS al caso ahora examinado llevará a la Sala a
desestimar las tesis de la parte recurrente, siempre partiendo los hechos
probados que he referenciado con anterioridad y que ahora trae aquella a
colación nuevamente, que ponen claramente de manifiesto a su juicio que la estructura empresarial de
Servicarne era puramente formal, por carecer de los elementos ordinarios que
permiten concluir en la existencia de una estructura empresarial real, y por
ello sus formalmente socios cooperativistas eran en realidad trabajadores
por cuenta ajena de Mataderos de Ave Suavi, ya que era esta la que asumía
“directa e inmediatamente la organización y dirección de su prestación laboral,
así como los riesgos de su propia actividad”, siendo por ello irrelevante, y no
afectando a la consideración jurídica anterior, que el personal de Servicarne
recibiera de esta la contraprestación económica por sus servicios, o que
hubiera personal suyo “con cierta cualificación” en el matadero.
Respecto a las dos
cuestiones alegadas respecto a la tercera argumentación, relativa al
incumplimiento o infracción del art. 43.3 LET, ambas serán igualmente
rechazadas. La Sala no considera aplicable la base jurisprudencial sobre la que
se sustentaba la primera (la fecha) ya que en el supuesto en juego aquello por
lo que se ha accionado por la parte demandante es por despido, a la que se
acumula otra de cesión ilegal de mano de obra que, recuerda la Sala, ha sido
admitida por el TS, con cita de la sentencia de 5 de febrero de 2008 en la que
se argumenta que “no es obstáculo para accionar conjuntamente la acción de
despido y cesión ilegal, cuando el despido se produce mientras subsiste la
cesión, pues el trabajador puede accionar frente a aquel y alegar la ilegalidad
de la cesión para conseguir la condena solidaria de las empresas cedente y
cesionarias a responder de las consecuencias del despido, ni tampoco para que
el proceso de despido deban extraerse las consecuencias inherentes a este tipo
de cesión". Por ello, debemos estar a la fecha del despido, que no es otra
que la del 8 de agosto, cuando la empresa en la que prestaban servicios (y que
era su empresaria real y no formal) impidió la entrada al trabajo.
Respecto a la
responsabilidad solidaria de la empresas
cedente y cesionaria, que entiende que no ha aplicado la sentencia de
instancia, de manera indebida, por absolver a una de ellas (el sujeto
empresarial formal), la Sal acude a mi entender a un formalismo jurídico para
su desestimación, cual es el de su contradicción con el suplico del recurso, ya
que la parte recurrente se limita a pedir su absolución y no la condena solidaria de Servicarne, por
lo que la súplica “no resulta formulada en los términos adecuados al contenido
de la pretensión ejercitada”, de tal manera, seguimos con el formalismo
jurídico, que en esta ocasión me parece bien fundamentado, que la Sala “no
puede enmendar la divergencia referida, ponderando el carácter extraordinario y
cuasicasacional del recurso de suplicación ( art. 193 LRJS), la vigencia del
principio de justicia rogada también en el presente trámite ( arts.216 LEC, 196
LRJS en relación con art. 80.1.d LRJS), y por respeto a los principios de
neutralidad, equilibrio procesal y tutela judicial ( TS ss. 23-10-2003,
22-3-2004)” (la negrita es mía).
3. Llega el
momento de centrar mi atención en la sentencia del alto tribunal. En esta
entrada expondré aquellos contenidos que me parecen de especial interés y que creo
que ayudarán a entender el importante cambio de jurisprudencia que ha operado
el TS y que afectará todas las resoluciones judiciales pendientes en Juzgados
de lo Social y TSJ.
Desde una
perspectiva más doctrinal, el litigio vuelve a poner de manifiesto la
importancia de la delimitación del criterio de contradicción entre una
sentencia recurrida y la aportada de contraste para admitir a trámite el
recurso de casación para la unificación de doctrina, y en el supuesto de
haberlo admitido y concluir tras el examen del caso que no procedía dicha
admisión, dictar sentencia desestimatoria. Dejo apuntado mi criterio de que, de
haberse acogido la tesis sostenida por el voto particular, seguiríamos
encontrando ante conflictos que, siendo sustancialmente semejantes (aquí
disiento de la tesis formalista del voto) podrían seguir mereciendo respuestas
distintas según el parecer de cada TSJ.
Buena prueba de
ello es fijar nuestra atención en CENDOJ, con la voz de Servicarne” ,
refiriéndome solo a la jurisdicción social, y encontrar un total de 201
resultados desde el auto del TS
de 1 de diciembre de 1998, del que fue ponente el magistrado Fernando Salinas,
hasta el auto de 11 de septiembre de 2024 , del que fue ponente el magistrado Juan
Molins; y, por poner otro ejemplo, con diez sentencias dictadas por TSJ desde
la de Castilla-La Mancha de 27 de abril de 2023 , de la que fue ponente la magistrada Ethel
Honrubia, hasta la del TSJ de Madrid de 25 de abril de 2024 , de la que fue
ponente la magistrada María del Amparo Rodríguez.
4. Se
interpusieron tres RCUD, en concreto por la TGSS, la Federación de Industria de
CCOO, y por varios trabajadores y trabajadoras. La sentencia recurrida fue la dictada por el TSJ de Navarra el 3 de
octubre de 2022, de la que fue ponente la magistrada María del Carmen Arnedo
(resumen oficial: “Socios trabajadores de cooperativa. Contratación en fraude
de ley. Subcontratación .Empresa real .Cesión ilegal de trabajadores”). La
sentencia desestimó los recursos de suplicación interpuestos por la TGSS, la
Federación de Industria de CCOO, UGT Navarra, un muy amplio número de
trabajadores y trabajadoras, y CCOO de Industria, contra la sentencia dictada
por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Pamplona el 14 de septiembre de 2021,
confirmando íntegramente la sentencia recurrida. El fallo de la sentencia del
JS fue el siguiente:
“... desestimando la demanda de procedimiento de
oficio interpuesta por Don Alvaro, en su condición de Subdirector General de
Ordenación e Impugnaciones de la TGSS, contra UVE, S.A. y los codemandados que
aparecen relacionados en el encabezamiento de la presente resolución y en el
acta de liquidación, habiendo intervenido SERVICARNESOCIEDAD COOPERATIVA y la
FEDERACIÓN DE INDUSTRIA CCOO, debo declarar y declaro que la relación entre
UVESA y los socios cooperativistas a que se refiere la demanda de oficio no es
laboral y, en consecuencia, con ese sólo alcance, debo absolver y absuelvo a
las demandadas de las pretensiones frente a ellas ejercitadas”
Tras la
reproducción de los amplísimos y detallados hechos probados de la sentencia de
instancia, y la mención a la desestimación de los recursos de suplicación, la
sentencia del TS da cuenta de la presentación de tres RCUD, siendo aportada
como sentencia de contraste en los recursos interpuestos por la parte sindical
y por el grupo de trabajadores y trabajadoras la dictada por el TSJ de Galiciael 12 de noviembre de 2019 de la que fue
ponente la magistrada Beatriz Rama, y por la TGSS la dictada por la misma Sala
autonómica el 27 de julio de 2021 , de la que fue ponente la magistrada Raquel Naveiro,
que recuerdo que fue objeto de atención en un artículo del profesor Antonio
Baylos anteriormente referenciado.
5. En la
fundamentación jurídica de la sentencia, la Sala centra con prontitud la
cuestión a la que debe dar respuesta, que no es otra que “determinar si la
mercantil UVE SA es la verdadera empleadora de quienes prestan servicios en sus
instalaciones bajo la formal condición de socios cooperativistas de SERVICARNE
S.COOP (en adelante Servicarne), conforme al acuerdo de subcontratación de
servicios formalizado entre ambas entidades”.
Tras un amplio
recordatorio del contenido de la sentencia del TSJ navarro, se informa de los
tres RCUD presentados, advirtiendo ya del rechazo del presentado por el grupo
de trabajadores y trabajadoras, por incurrir “... en el insubsanable defecto de anudar sus
motivos a las distintas sentencias invocadas en el recurso de CCOO, salvo,
precisamente, a aquella sentencia de la de la Sala Social del TSJ de Galicia de
12 de noviembre de 2019, rec.3192/2019, que no menciona en ningún momento, ni
respecto a la que efectúa por tanto un análisis comparado en los términos del
art. 219.1 LRJS y 224.1 a) de la LRJS”.
A continuación,
sintetiza el Informe del Ministerio Fiscal, que defiende la falta de
contradicción en los tres recursos, tanto en los hechos como en las
pretensiones de los litigantes, exponiendo entre otros contenidos que “no hay identidad
de litigantes como afirma el recurrente, salvo las actoras TGSS y CCOO y la
interviniente Cooperativa Servicarne, pues, las demandadas SADA y UVESA son
diferentes y por tanto diversos los centros de trabajo, y los cooperativistas
individuales”. Más adelante, resume la impugnación a los RCUD efectuada por la
dirección letrada de Servicarne, con fundamentación sustancialmente semejante a
la de la sentencia recurrida, con la afirmación de que “... la consideración de
corrección de Servicarne ha sido admitida de forma constante por las numerosas
resoluciones judiciales dictadas y así la verdadera naturaleza de cooperativa
de trabajo asociado y, en consecuencia, su condición de operador mercantil –y
no empresario laboral-...”. En parecidos términos se manifiesta la impugnación
de los RCUD por la empresa en la que prestaban sus servicios las y los
cooperativistas, enfatizando que “... en la relación mercantil entre UVE SA y Servicarne
no existe fraude alguno sino el uso de una opción legítima, siendo lícita la
subcontratación con cooperativas de trabajo asociado”.
6. El eje del litigio
se centrará primeramente en la existencia o no del requisito de contradicción
requerido por el art. 219.1 de la LRJS, ya que, de ser acogido, como así será,
permitirá entrar a la Sala en el examen del contenido sustantivo o de fondo de
los dos RCUD admitidos, mientras que, de no ser así, como sostendrá el voto
particular, hubiera debido ser no admitido a trámite. De la importancia de esta
cuestión procesal en el caso concreto enjuiciado da debida cuenta que en la
fundamentación jurídica se dediquen 19 páginas, con la manifestación previa,
para subrayar su importancia, de que “la complejidad del asunto exige que
comencemos por exponer diversas consideraciones al respecto”, mientras que
prácticamente todo el voto particular está dedicado a ella.
¿Cuál es aquella
parte de la fundamentación jurídica que me parece más importante para que la
Sala acabe concluyendo que existe contradicción?
En primere lugar,
la afirmación de darse una misma realidad en todos los litigios, cuál es que Servicarne
“formaliza un contrato de arrendamiento de servicios con distintas empresas
dedicadas a actividades propias de la industria cárnica en mataderos
industriales de aves o ganado”. Que siendo evidentemente cierto que la empresa
principal y titular del matadero es distinta en cada procedimiento, “la entidad
subcontratada es siempre Servicarne, para la prestación de servicios
sustancialmente idénticos en todos los casos, que consisten en el despiece,
envasado y manipulación de los productos cárnicos”, y que en todos los litigios
suscitados en sede judicial laboral “se discute si Servicarne es una entidad
real o ficticia que aporta su propia infraestructura empresarial y organizativa
en la subcontrata a que se refiere cada litigio, en orden a determinar, con
base en esa exclusiva circunstancia, si la empresa principal pudiere ser el
verdadero empleador de los socios de Servicarne que bajo esa formal condición
prestan servicios en sus instalaciones”.
Tras volver a
repasar el contenido de la sentencia del TSJ gallego y las aportadas de
contraste por la TGSS y la Federación de Industria de CCOO, la Sala pone de
manifiesto (aquí habrá un punto en el que el voto particular enfatizará su
tesis discrepante) que en algunos casos se debate si hay cesión ilegal de
personal, mientras que otros el núcleo del debate gira sobre la posible
condición de empleadora de la empresa en la que prestan sus servicios las y los
cooperativistas. Distinción que en modo alguno empaña la verdadera problemática
que hay tras todos los conflictos, cuál es quién es la verdadera empleadora.
Enfatiza la Sala que en todos los litigios, al margen de cual sea la cuestión a
la que debían dar respuesta los JS y TSJ, “los hechos, pretensiones y
fundamentos que están en juego en todos los casos son sustancialmente los
mismos”, y más precisamente “sustancialmente coincidentes, por no decir
idénticos” (la negrita es mía).
Hay que examinar
con más detalle el caso ahora enjuiciado, siempre partiendo, con una muy
correcta manifestación a mi parecer por parte del TS, de sus circunstancias
concretas, aceptando, como no podría ser de otra forma, que “... aunque se trate de la misma empresa
subcontratada, las diferencias en las circunstancias de hecho relevantes a tal
efecto pueden sin duda justificar la distinta solución que haya de aplicarse en
cada supuesto concreto, en razón de que verdaderamente haya puesto o no en
juego su infraestructura empresarial”. Y a partir de aquí es donde la Sala
apunta que el punto principal para apreciar si existe o no contradicción es que
las diferencias antes apuntadas según se trate de una empresa ficticia o de una
empresa real y no aparente, y que pueden llevar, como así ha ocurrido en
diversas resoluciones judiciales, a que se hayan dictado sentencias de diverso
tenor en atención a que se haya puesto o en juego la infraestructura
empresarial, “... no podrán apreciarse cuando la empresa o entidad
subcontratada es ficticia y aparente, carente de cualquier clase de
infraestructura empresarial propia, porque en este caso no es posible que la
haya puesto en juego bajo ninguna circunstancia”, para llegar a su primera
conclusión, cual es, acertadamente a mi parecer, que
“si Servicarne
resulta ser finalmente una cooperativa ficticia constituida en fraude de ley y
abuso de derecho, no es posible que en ningún caso haya activado una
infraestructura organizativa de la que carece, por lo que resultan entonces
manifiestamente contradictorias las sentencias con pronunciamientos diferentes
sobre la verdadera cualidad de empleadora de la empresa principal” (la negrita
es mía).
Será a partir de
aquí cuando la Sala se adentre (fundamento de derecho tercero) en el examen de
los datos de organización, estructura y funcionamiento interno de Servicarne,
previa manifestación de ser todos ellos “comunes y coincidentes en todos los
asuntos a los que se refieren las sentencias en comparación”. En cinco páginas
se pasa revista a todos esos datos de forma muy amplia, de los que ahora
destaco que constan en todos ellos que
“Servicarne no
aporta ningún tipo de infraestructura material propia. Alquila una oficina a la
propia empresa principal en las instalaciones de sus centros de trabajo por la
que paga un determinado alquiler mensual. Los socios utilizan las herramientas,
maquinaria y medios de producción de la empresa titular del matadero. Otros
útiles de trabajo, tales como cuchillos, ropa de trabajo y EPIS, son
suministrados por la empresa principal que posteriormente emite factura a
Servicarne por estos elementos”.
En mi examen de la
sentencia del TSJ de 5 de noviembre de 2019, recogí los datos más importantes
del organigrama organizativo de la empresa, y la lectura de los que aparecen en
la sentencia del TS confirman su práctica semejanza, por lo que me permito
reproducir unos fragmentos de aquella entrada:
“Al 31 de
diciembre de 2016, la compañía tenía un total de 4934 miembros activos y un
capital social de 444800,10 euros, que provenían exclusivamente de las
contribuciones pagadas por los socios. Para poder trabajar en las principales
empresas, las personas interesadas fueron derivadas por estas a la entidad
cooperativa, por lo que se registraron como socios. El porcentaje de bajas de
los miembros afiliados a la cooperativa es de un 30 % anual en promedio y está
determinado por la satisfacción de las necesidades de producción de la empresa
principal.
En Servicarne
sociedad cooperativa, existe una asamblea general de la que sus miembros no
reciben información personal de convocatoria, y el caso de aquellos que desean
asistir tiene que pagar sus gastos de viaje y manutención, y asumir la pérdida
de salarios por no asistir al trabajo. En términos generales, es el Consejo de
Gobierno quien designa a los miembros que asistirán a la asamblea general,
siempre eligiendo a los jefes de equipo. La asistencia a la Asamblea General de
los miembros sin cargo a partir de 2018 es del 0.6% del número total de
miembros. En la Asamblea General, solo se discuten asuntos relacionados con
asuntos administrativos, aprobación de cuentas, provisión de reservas legales y
voluntarias y elección de órganos. La Asamblea General elige la Junta de
Gobierno, que está compuesta por 11 personas (7 de las cuales son jefes de
equipo, limitando su desempeño a las actividades de gestión de recursos
humanos, altas, bajas y sanciones a los miembros, sin abordar cuestiones
relacionadas con la actividad económica y la gobernanza. Los socios tienen
información limitada sobre el funcionamiento de la cooperativa, participan en
los excedentes tan solo mensualmente como resultado de su trabajo reflejado en
el recibo de haberes. la recepción de activos.
Servicarne
Sociedad Cooperativa no tiene instalaciones, ni maquinaria ni equipos de
trabajo, empleando los socios los existentes en las instalaciones de la empresa
principal Matadero de Aves Suavi SL. Los útiles como cuchillos y ropa de
trabajo son comprados a demanda de los socios trabajadores y según su necesidad
de prestación de actividad en la empresa principal sin que la Cooperativa
disponga de modelos específicos o stock. Servicarne Sociedad Cooperativa carece
de personal técnico y directivo para el cumplimiento de su objeto social, no
tiene sistema informático propio y común, confecciona las facturas en función
de datos proporcionados por las empresas principales y no asume riesgo por la
actividad de su objeto social ni por el abono de los salarios de los socios
trabajadores. Los socios no tenían ni vacaciones ni descansos retribuidos".
Tras explicar a
continuación cuál es el objeto de social de la empresa que sería condenada, se
subraya que esta contaba con 32 trabajadores en plantilla, que trabajaban junto
con 11 socios cooperativistas de Servicarne, uno de ellos jefe de equipo, con horarios
diferentes, si bien el de prestación de servicios de los socios cooperativistas
“podía verse aumentado o disminuido en razón de la producción de la empresa”.
En cuanto a las instrucciones, ritmos y órdenes de trabajo eran fijadas por la
empresa a través de su encargado, “quien las transmitía al jefe de equipo
designado por SERVICARNE, SOCIEDAD COOPERATIVA, que se limitaba “a transmitir
las órdenes recibidas, para supervisar, controlar la presencia de los socios y
computar las horas efectivamente realizadas para su facturación”.
7. La nueva
conclusión a la que llega la Sala, tras el examen anterior del organigrama
organizativo, es que “... el modo y manera de prestar sus servicios por parte
de Servicarne, incluso de captar a los socios cooperativistas, es exactamente
el mismo en todos y cada uno de los centros de trabajo de las diferentes
empresas principales a las que destina a sus socios”, y que
“... la actuación
y el modo de operar de los socios de Servicarne en cada una de las
instalaciones de la empresa principal resulta sustancialmente idéntico en todas
las subcontratas que formaliza, con independencia de que el volumen de la
actividad haga necesaria la mayor o menor dotación de socios cooperativistas
jefes de equipo, de línea o celadores, o de socios dedicados directamente al
sacrificio, despiece y manipulación de los productos cárnicos”.
Va acercándose la
Sala a su conclusión definitiva sobre la aceptación de la existencia de
contradicción entre la sentencia recurrida y las aportadas de contraste,
enfatizando, una vez aceptada la semejanza de los hechos en los distintos
litigios, que las divergencias radican en como distintos órganos judiciales los
han valorado, y que en el caso ahora enjuiciado se manifiesta en que la
sentencia recurrida concluye que Servicarne es “una cooperativa real y no ficticia, que dispone de una estructura
organizativa propia”, mientras que las sentencias de contraste se pronuncian en
sentido contrario, por apreciar “abuso de derecho y fraude de ley en la
utilización de la fórmula de la cooperativa de trabajo asociado”, y tras repasar
nuevamente los hechos de las tres sentencias llega a la definitiva conclusión
de no ver “ninguna diferencia relevante...
con independencia de las diferentes consecuencias jurídicas que cada una de
tales sentencias ha extraído de los mismos”.
En la parte final
de su amplio análisis de la existencia de contradicción la Sala formula unas
consideraciones de indudable interés jurídico y social, a las que la nota de
prensa anteriormente citada se refiere en su último párrafo. La Sala no
desconoce evidentemente, ahí está el CENDOJ para dar prueba de ello, que ha
dictado varios autos de inadmisión de RCUD “en supuestos muy similares al
presente, en los que igualmente se encontraba involucrada Servicarne como
empresa subcontratada”, y justifica la necesidad de modificar su jurisprudencia,
en primer lugar porque
“... la
proliferación del número de asuntos que siguen llegando a este Tribunal, unido
al hecho de que el Ministerio de Trabajo haya dictado la Resolución de 30 de
abril de 2019, de la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en la
que se acordó descalificar a Servicarne como cooperativa de trabajo asociado,
que ha sido posteriormente ratificada por numerosas sentencias de la Sala de lo
contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, nos ha llevado a un nuevo
análisis de la cuestión. Es cierto que las sentencias que confirman esa
resolución no han ganado firmeza, pero eso no es óbice para que podamos tomarla
en consideración en sus justos términos”,
Y es este razonamiento,
unido a la correcta valoración del requisito de contradicción, es el que lleva
a la Sala a concluir que “en todos estos asuntos en los que se encuentra
involucrada Servicarne como empresa subcontratada concurre en realidad una
sustancial identidad en los fundamentos, pretensiones y hechos litigiosos”,
rectificando de esta forma su criterio anterior sobre la inexistencia del
requisito de contradicción.
8. Tras rechazar
(véase apartado 8 del fundamento de derecho tercero) las alegaciones procesales
formales planteados por el Ministerio Fiscal y las partes recurridas sobre el
incumplimiento de los requisitos requeridos por el art. 224 de la LRJS, y
aceptar el relativo al RCUD del grupo de trabajadores y trabajadoras, la Sala
entra en el fundamento de derecho cuarto en el examen sustantivo o de fondo de
los recursos interpuesto, y lo hará con el previo recordatorio de que ya ha
abordado desde muchos años antes “la problemática que genera en el ámbito del
derecho del trabajo la intervención de las cooperativas de trabajo asociado,
cuando se utiliza esta figura jurídica para la subcontratación de obras y
servicios con otras empresas”.
Los dos RCUD serán
examinados conjuntamente, al abordar una misma cuestión. La TGSS alegó la
infracción de los arts. 1.1 y 8.1 de la Ley del Estatuto de los trabajadores, en
relación con los arts. 139 y 144 de la Ley General de Seguridad Social, y de
los arts. 6.4, 7.2 y 1.544 del Código Civil, en relación con algunos preceptos
de la Ley estatal de Cooperativas y el art. 42 de la LET. Por su parte, la Federación de Industria de
CCOO alegó infracción de los de los arts. 1.1 y 43.1 de la LET, 2.b) y 11.2 c) de
la Ley 20/2007, del estatuto del trabajador autónomo, y arts. 1.1 y 80.1 de la
Ley estatal de Cooperativas en relación con el Reglamento de la Alianza
Cooperativa Internacional.
En el amplio
repaso de la jurisprudencia de la Sala sobre casos anteriores en los que debió
abordar semejante problemática a la ahora enjuiciada, encontramos una amplia
cita de la sentencia de 18 de mayo de 2018, de la que fue ponente el
magistrado Sebastián Moralo (resumen oficial: “Transportista. Aplicación del
art. 1.3 g) ET para determinar la naturaleza laboral de la relación jurídica”,
y un muy extenso examen de su sentencia de 17 de diciembre de 2001, de la que fue
ponente el magistrado Luis Ramón Martínez (resumen oficial: “Contratos y cesión
ilegal de trabajadores. Cooperativas de trabajo asociado”), para subrayar que,
más allá de como resolvió el conflicto, dejaba la puerta abierta a que no se
excluía que “... la posibilidad de que pueda existir una situación de
ilegalidad, si la norma se utiliza con ánimo de defraudar, pero el
enjuiciamiento de estas situaciones exigirá una acreditación rigurosa de la
existencia de tal actuación en fraude de Ley, lo que ocurrirá cuando la
relación entre la arrendataria y los trabajadores de la cooperativa puedan
subsumirse en las previsiones del art. 1 del Estatuto de los Trabajadores",
y en la que encontramos una afirmación obiter dicta que encaja perfectamente
con el supuesto ahora analizado, cual era que las peculiaridades del régimen
jurídico de las cooperativas
“... no permiten
llegar al punto de que pueda valer la mera y simple constitución puramente
formal de una cooperativa de esta naturaleza para dar visos de legalidad a
cualquier fórmula de relación con terceras empresas, si se demuestra que la
cooperativa carece de cualquier infraestructura organizativa propia o actividad
económica real y está siendo utilizada como un simple mecanismo para poner mano
de obra a disposición de esas otras empresas”.
Tras este
recordatorio, la Sala pasar a examinar, a efectos de dilucidar si Servicarne es
una empresa real o ficticia, cuál es su estructura organizativa, y distingue
con claridad los datos formales de la realidad en el ámbito negocial. Sobre los
primeros, no hay duda de la constitución como cooperativa de trabajo asociado,
pero sobre la segunda concluye que estamos en presencia de una CTA “ficticia y
puramente aparente, que carece de cualquier infraestructura organizativa
dirigida a operar en el mercado como una verdadera cooperativa de esa
naturaleza”, tesis que desarrolla extensamente a partir del apartado 3 del
fundamento de derecho quinto, y que se basa en la aplicación de los arts. 6.4
del Código Civil y los arts. 1.2 y 43. 1 de
la LET, para subrayar que
“... Si la
constitución de la cooperativa es puramente formal y su actuación se limita a
la simple y mera intermediación para facilitar mano de obra al verdadero
empleador, no puede entonces calificarse como una auténtica cooperativa de tal
clase. Esa formal constitución lo ha sido en fraude de ley, y debe aplicarse en
consecuencia la norma legal que se ha tratado de eludir, que no es otra que la
de atribuir a la empresa principal la condición de empleador de los
trabajadores en virtud de lo dispuesto en el art. 1.1 ET”. El recordatorio
nuevamente de los datos fácticos recogidos en las sentencias recurrida y de
contraste, y también de casi todos los litigios en los que sea visto envuelta
Servicarne, expuestos de forma detallada en el fundamento de derecho sexto, y
poniendo especial acento en que su infraestructura material es de una oficina
en Barcelona “en la que desarrolla exclusivamente las tareas burocráticas
relativas a la gestión de la documentación y datos personales de los socios”,
le lleva a sostener que tiene una forma de operar “que hace recaer sobre la
empresa principal la necesidad de facilitar y gestionar toda la infraestructura
material que requieren los socios para realizar sus tareas”,
Y que le permite
“... desentenderse,
total y absolutamente, de la necesidad de mantener una estructura propia
dedicada a la gestión de todas las actuaciones encaminadas al alquiler de
locales, o a la compra y suministro de material para los socios, como podría
ser una de las finalidades más relevantes de una cooperativa de trabajo
asociado que verdaderamente se hubiere constituido para facilitar el acceso de
sus socios a todos estos medios materiales que necesitan para desempeñar su
trabajo”.
Otro argumento de
indudable importancia a mi parecer es que
“... no queda
constancia de la existencia en Servicarne de ninguna clase de infraestructura
organizativa propia, de carácter estable y permanente. Lo que hay es una
concreta y puntual movilización del número de socios cooperativistas que exige
cada contrata, a la que envía cuantos sean necesarios en razón de la mano de
obra demandada por la empresa principal a través del contrato de arrendamiento
de servicios suscrito entre ambas entidades, entre los que se incluyen los
socios necesarios para realizar las distintas funciones intermedias y de
control que requiere el proceso productivo, entre ellos a los jefes de línea y
celadores, que no pueden por lo tanto considerarse como una estructura
organizativa propia de Servicarne, sino que son una parte más del engranaje de
socios cooperativistas puestos a disposición de la empresa principal”.
Y por todo ello,
la Sala rectifica, o mas correctamente rechaza, el criterio de la sentencia
recurrida, a partir de los hechos probados en instancia, de disponer Servicarne
de una estructura organizativa propia y por consiguiente tratarse de una CTA
real, ya que “solo es en realidad una mínima e irrelevante dotación de personal
administrativo destinada a cumplir con la gestión y tramitación de la
documentación de los socios cooperativistas para mantener la formal apariencia
de la existencia formal de una actividad cooperativizada”, para llegar a
concluir en este punto que no estamos en presencia de una CTA real
“... cuando los
únicos servicios que realmente presta a sus socios vienen a ser los propios y
genéricos de cualquier gestoría dedicada a la tramitación y gestión de la
documentación del trabajador autónomo, sin ofrecer ninguna otra clase de
prestaciones directamente vinculadas con el desarrollo y desempeño de
actividades en la industria cárnica”.
De todas las
conclusiones particulares anteriores se llega a la definitiva y que se plasmará
en el fallo de la sentencia anteriormente transcrito:
“... Servicarne no
realiza de forma real y efectiva la actividad cooperativizada que formalmente constituye
su finalidad y objeto social, sino que se ha constituido de manera formal y
aparente como una cooperativa de trabajo asociado que utiliza en fraude de ley
esa configuración legal para actuar en el mercado como una entidad destinada
exclusivamente a la intermediación de mano de obra, para la puesta a
disposición de trabajadores en favor de la empresa principal que ha subcontratado
sus servicios y es por este motivo la verdadera empleadora de quienes trabajan
en sus instalaciones”.
9. Ya he hecho
referencia con anterioridad a la tesis central del voto particular, cuál es la
discrepancia con la mayoría de la Sala sobre la existencia de contradicción
entre la sentencia recurrida y las aportadas de contraste. De su muy extenso contenido,
cabe reseñar que en el apartado primero se exponen “las circunstancias presentadas
al Pleno” por la que fue designada inicialmente ponente, previa mención a la
importancia que concede a que el litigio “no versó sobre la concurrencia de una
cesión ilegal entre las entidades identificadas, sino concretamente acerca de
la existencia de dicha relación laboral con UVE SA y los socios”, para pasar en
el segundo a exponer su parecer sobre la existencia o no de la contradicción
requerida por el art. 219.1 de la LRJS, y pasa a sintetizar, en el apartado 2, “los
datos fácticos definitivamente conformados, a los que la resolución inexorablemente
debe ceñirse, a juicio de este voto particular” (la negrita es mía), que
ocupan un total de nueve páginas, para concluir, apuntando ya en la dirección
contraria a la de la sentencia, que
“... Del elenco
probatorio resaltado deriva la sentencia impugnada dos afirmaciones: Servicarne
no es una sociedad ficticia ni aparente y no concurre una prestación de
servicios de carácter laboral para la empresa cliente UVE SA. En este punto
cabe reiterar que el núcleo de la litis actual consistió efectivamente en
determinar si los servicios prestados por los trabajadores asociados a la
cooperativa Servicarne lo han sido en régimen de ajenidad, dependencia y
retribución para UVE SA (empresa cliente), y que dilucidar el ajuste o no a la
normativa reguladora de la sociedad cooperativa como pudiera suceder en el
citado proceso de descalificación es una cuestión residenciable en el orden
contencioso-administrativo de la jurisdicción”.
El voto particular
pasa a exponer a continuación las diferencias que considera existen con la
sentencia aportada de contraste del TSJ de Galicia de 27 de julio de 2021, para
enfatizar una vez más que en la recurrida “(no) se ha cuestionado la condición
de socios de la cooperativa demandada, mientras que la sentencia de contraste “concluye
que las personas allí afectadas solo formalmente formaban parte de la
cooperativa, pues nunca recibieron el tratamiento propio de un cooperativista y
la mayoría de los socios desconocían expresiones como haberes, retorno
corporativo o incluso funciones de un consejo rector”, y eleva poco a poco el
tono de su crítica hacia la sentencia al sostener que
“... las
circunstancias en que se prestan los servicios no resultan coincidentes sino
radicalmente distintas en los supuestos objeto de comparación. En el caso
referencial concurren las notas que tipifican una relación como laboral, lo que
no acaece en el actual litigio”.
Ahora bien, la
dureza del voto queda más bien puesta de manifiesto en una afirmación que
parece sostener, y lo digo con toda prudencia pero también con claridad, que la
mayoría de la Sala se ha apartado deliberadamente de aquella que, siempre a
juicio de quienes firman el voto particular, debería ser la interpretación del
art. 219.1 de la LRJS. Para quienes suscribe el voto
“Discrepamos de la
argumentación y decisión contenida en la sentencia mayoritaria, en tanto que no
examina el presupuesto de contradicción desde la perspectiva de la propia
pretensión y delimitación efectuadas -que se acaban de repasar en su
literalidad-, sino que lo circunscribe o limita a un punto anexo: determinar si
la cooperativa Servicarne (constituida en 1977) es real o ficticia, e inclusive
desde tal visión no alcanza a considerar los datos fácticos definitivamente
conformados por la recurrida, que difieren claramente de los declarados por la
seleccionada de contraste”,
y con mayor contundencia
si cabe, afirman que
“... El detalle
arriba relatado de la resultancia fáctica en cada una de las sentencias objeto
de contraste evidencia una situación radicalmente distinta, tributaria de la
falta de contradicción que sostenemos, y pone también de relieve que la
óptica de análisis del presupuesto de contradicción se ha efectuado por la Sala
plasmando la conclusión jurídica que luego reitera en sus fundamentos de
derecho, como su mera lectura pone de relieve” (la negrita es mía).
Quizá se olvida el
voto de la existencia de numerosas sentencias de la Sala en las que se ha hecho
una interpretación harto flexible del requisito de contradicción requerido por
el art. 219.1 de la LRJS, y que en varias ocasiones ha merecido análisis crítico
por mi parte en algunas entradas, pero no creo que ello sea en modo alguno un
argumento para negar la validez de una interpretación como la defendida en la
sentencia que pone el acento en la necesidad de abordar una problemática harto
compleja en atención a la diversidad de pronunciamientos judiciales y que gira
siempre, sea real o ficticia la CTA recurrente, sobre si es o no la auténtica
empleadora de las y los (formalmente) socios y socias cooperativistas que pone
a disposición de una empresa.
Respecto a la crítica
a la sentencia aportada de contraste por la Federación de Industria de CCOO, se
insiste en el voto en que está en juego si se trata o no de una cesión ilícita,
y que ello no se plantea en la sentencia recurrida, por lo que “operará a su
vez como uno de los elementos divergentes en las sentencias que se someten a
comparación...”.
Para concluir, a
modo de recapitulación de toda su extensa argumentación, que
“la recurrida,
junto a los datos acreditados que sustentan la realidad del funcionamiento
de Servicarne como cooperativa, detalla con nitidez todos y cada uno de los
elementos que conformarían en su caso una relación laboral ex art. 1.1 ET,
alcanzando la convicción de su falta de concurrencia en relación con la
demandada en este procedimiento (UVE SA). Tales elementos probatorios -además
de la divergencia en las pretensiones y en el debate- no convergen en las
referenciales, por lo que no existiría doctrina que unificar” (la negrita es
mía).
Recapitulando
también por mi parte, la interpretación deliberadamente formalista del voto particular
lleva a la conclusión de que litigios sustancialmente idénticos en cuanto al
fondo podrían seguir mereciendo respuestas distintas por los TSJ, algo que en
modo alguno creo que ayude al valor de la seguridad jurídica que tanto se
predica desde las instancias judiciales.
10. Concluyo aquí
mi comentario, a la espera de conocer próximamente las aportaciones doctrinales
que con toda seguridad merecerá la sentencia y aprender de las mismas. Mientras
tanto, concluyo que sale ganando el respeto al art. 1, apartados 1 y 2. de la
LET, es decir el respeto a los presupuestos sustantivos que caracterizan la
existencia de una relación contractual asalariada con su auténtico empleador y
no el meramente formal o ficticio.
Buena lectura.
