domingo, 20 de julio de 2008

El diálogo social de 2008 ante la nueva realidad económica y social.

1. ¿Qué cuestiones deben abordarse en el diálogo social? Parece que el nuevo marco debe llevar a que se planteen cuestiones de carácter global económico y social, y que las vinculadas más directamente al mercado de trabajo tengan una importancia menor (aunque no menospreciable) que en acuerdos anteriores.

A mi parecer, las nuevas políticas que proponga el gobierno español deben tener una visión estratégica de futuro, sin olvidar ciertamente la respuesta a los problemas inmediatos (Ej.: medidas de choque en sectores más intensamente afectados por la crisis, en estrecha colaboración entre las políticas estatales, autonómicas y de las administraciones locales – Planes territoriales de empleo --), y asumir que buena parte de las que se propongan en el diálogo social deben estar, de una parte organizadas en ámbitos interdepartamentales (Ej.: la política de fomento de empleo de la mujer necesita el trabajo conjunto del Ministerio de Trabajo e Inmigración y del nuevo Ministerio de Igualdad), y de otra bien estructuradas con las Comunidades Autónomas (Ej.: la reforma de la formación profesional como un objetivo central de la política educativa y de empleo debe partir de las competencias generales del Estado y de las que han asumido, y son muchas, las Comunidades Autónomas al amparo de los previsto en sus Estatutos de Autonomía). Igualmente, ha de tomar en consideración su relación con las políticas que pueden adaptarse a escala comunitaria y el impacto que tengan sobre diferentes sectores productivos. Y no olvidar que en algunos ámbitos, señaladamente el de las políticas de empleo, habrá que tomar en consideración la normativa de la Organización Internacional del Trabajo (por ejemplo, la Recomendación sobre política de empleo – en que la OIT relaciona muy estrechamente esta política con una adecuada en el campo económico para facilitar el desarrollo regional, la mejora del sector no estructurado y la creación de empleo-, y el Convenio sobre las agencias privadas de empleo).

2. El gobierno debe estar atento a las propuestas de los agentes sociales, tanto en el ámbito estatal como comunitario, para saber cuál es su parecer, de forma que, sin perder un ápice de su capacidad de propuesta y decisión, pueda encarar correctamente esta nueva fase del diálogo social.

Se debe prestar especial atención por su indudable interés, a las propuestas conjuntas de las organizaciones empresariales y sindicales europeas, dirigidas a los poderes comunitarios y a los gobiernos de los Estados miembros para que las tengan en consideración y las apliquen en el período 2008-2010, a fin de responder adecuadamente a los grandes desafíos con los que se encuentran los mercados laborales europeos, y con la finalidad de que Europa “ocupe el lugar que le corresponde en los mercados mundiales, mejorando la innovación, la tecnología y la competitividad”. Destaco sólo algunas de las más significativas.
A) Bloque de políticas activas de mercado de trabajo y políticas económicas.
a) Incorporar rápidamente al desempleado a la actividad laboral, reforzando sus capacidades y disminuyendo los períodos de paro.
b) Prestar especial atención a las necesidades de los grupos desfavorecidos a fin de promover su integración en el mercado laboral.
c) Mejorar la calidad de las medidas de activación, con el objetivo de maximizar su eficacia y efectividad.
d) Fijarse objetivos cuantitativos a alcanzar en un determinado período. Los ámbitos serían los de la activación, la educación, el aprendizaje permanente y la igualdad de género. Ahora bien, creo que tampoco conviene olvidar que debería haber otros indicadores a alcanzar, tales como de los eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad.
e) Adecuar los sistemas de educación y formación a las necesidades de las personas y del mercado laboral. Reforzar la participación activa de los adultos en todos los procesos educativos y formativos, justamente para mejorar y ampliar su educación y formación, e independientemente de los niveles alcanzados con anterioridad (educación y formación – es decir, aprendizaje permanente – a lo largo de toda la vida). El desarrollo continuo de capacidades y la adquisición de cualificaciones debe ser un asunto que interese tanto a las empresas como a los trabajadores.
f) Política de fomento de la investigación e innovación, hasta alcanzar el objetivo marcado a escala comunitaria de dedicar el 3 % del Producto Interior Bruto (PIB).
g) Aprovechar al máximo los fondos comunitarios existentes para ayudar a la reconversión de los sectores productivos y las áreas territoriales afectadas por importantes procesos de reestructuraciones empresariales. A tal efecto hay que intensificar la utilización de los recursos del Fondo Social Europeo, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el más recientemente creado Fondo de ajuste a la globalización.
B) Bloque de protección social, cohesión social e inclusión.
a) Hay que garantizar una extensa cobertura contra los riesgos en el trabajo y fuera de él, incluyendo la protección contra y durante el desempleo en un mercado laboral en constante evolución. Hay que alentar a las personas, y para ello puede ser necesario revisar las relaciones entre los sistemas de imposición y las prestaciones sociales, “a entrar, permanecer y progresar en el mercado laboral”.
b) Hay que garantizar la eficacia de los servicios públicos, favorecer el acceso universal a los mismos y en pie de igualdad, y conseguir que se adapten de forma eficaz y rápida a las necesidades cambiantes de la sociedad y de los usuarios. Hay que posibilitar, e incentivar adecuadamente, la integración de los colectivos más desfavorecidos en el mercado laboral y garantizar, como ya se ha indicado, un acceso en pie de igualdad a la salud, la educación, la vivienda y los servicios de Seguridad Social, así como un acceso a los servicios básicos.
C) Bloque de normativa laboral y relaciones laborales.
a) Mejorar la libre circulación de trabajadores, así como también la transparencia y el reconocimiento de los títulos y la experiencia profesional en el ámbito de la UE.
b) Lucha intensa contra el trabajo no declarado (economía irregular y/o sumergida), con actuaciones piloto en los sectores donde los abusos son más frecuentes, con el objetivo de velar porque todos los poderes públicos garanticen el respeto y cumplimiento de la normativa vigente.
c) Justa combinación de flexibilidad y seguridad, que facilite la transición, si fuere necesario, a nuevos empleos productivos y gratificantes. Medidas adecuadas que mejoren y potencien el equilibrio entre la vida profesional y la vida familiar.
d) Recomendación de que las políticas de flexiguridad deben ir estrechamente unidas con “políticas macroeconómicas sólidas, de un entorno empresarial favorable, de recursos financieros adecuados y de buenas condiciones de trabajo”.

3. He aquí algunas propuestas generales de actuación en la nueva fase del diálogo social que creo que deberían merecer la atención de los poderes públicos y de los agentes sociales.
A) Reforma y modernización de los Servicios Públicos de Empleo. Incremento de la dotación de sus recursos humanos. Revisión de las políticas activas de empleo. Revisión de cuáles son y puede ser los agentes (públicos y privados) responsables de la intermediación laboral.
Una vez culminado el proceso de traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas (sólo pendiente aún la del País Vasco) cabe pensar en un nuevo mapa competencial y organizativo. Competencial, porque la regulación de las medidas de política activa de empleo debería ser suficientemente amplia y flexible para que las CC AA puedan tener amplios espacios de actuación para desarrollar las suyas de acuerdo con las realidades territoriales y sectoriales en las que operan; organizativo, porque cada vez es más necesaria una buena y eficaz coordinación de los diferentes servicios de empleo que garantice la unidad de mercado en todo el territorio español y la igualdad de todos los ciudadanos a los servicios públicos de empleo de todos los Estados de la UE.
A partir de todas estas premisas, cabe pensar en la elaboración de una nueva ley general de empleo que adecue el marco normativo a la nueva realidad competencial, organizativa y sectorial del mercado de trabajo, en estrecha coordinación con la política comunitaria y con la Estrategia Europea para el Empleo.

Es hora de plantearse que una vez que se haya reestructurado el servicio público de empleo, reestructuración que debe incluir una adecuada coordinación de la gestión de las políticas activas de empleo y las políticas pasivas de desempleo, hay que abordar la adecuada regulación de la intermediación privada con o sin ánimo de lucro, permitida por el Convenio núm.181 de la OIT y que en España funciona de forma poco organizada.

B) Mejora del marco de acceso de buena parte de los jóvenes al mercado laboral. Potenciación de los aspectos formativos en el contrato para la formación. Regulación de un Estatuto del becario que garantice adecuadamente que su actividad es formativa y que no sustituye a la mano de obra laboral, y que incentive la permanencia laboral en la empresa una vez finalizada la fase formativa.

C) Cobran especial importancia en la nueva fase las políticas de apoyo a las familias, y una medida de capital importancia es conseguir la universalización de los servicios de escolarización de los niños de 0 a 3 años. Igualmente, el avance en la aplicación de las medidas contenidas en la ley orgánica para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres sigue siendo hoy necesario, así como también apostar por combatir la discriminación (no sólo por razón de sexo) tanto dentro como fuera del trabajo, y a tal efecto deberían trasladarse al ámbito estatal las propuestas contenidas en la agenda social comunitaria renovada una vez aprobada.

D) En el ámbito de la política normativa laboral cabe seguir avanzando en la concreción de qué debe entenderse por contrato para la realización de una obra o servicio determinado, para posibilitar que la flexibilidad demandada por las empresas no se produzca en demérito del cumplimiento de las reglas legales y de la garantía de estabilidad del trabajador.

E) La reforma de la formación profesional, y la efectiva aplicación y desarrollo de la puesta en marcha del sistema integrado (formación reglada, ocupacional y continua) ha de constituir uno de los ejes centrales del diálogo, que debería ir en paralelo con los acuerdos de cooperación en esta materia que deben establecerse entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Dicha política ha de tener como ejes centrales, por una parte facilitar las transiciones del sistema educativo al empleo y a lo largo de las carreras profesionales, y en segundo término garantizar la formación a lo largo de la vida laboral.

F) Una posible reforma de la negociación colectiva debería más margen de amplitud a los agentes sociales para organizar todo lo relativo a las unidades de negociación (sería conveniente una racionalización de dichas unidades), abrir la negociación a nuevos sectores productivos resultantes de los cambios en el mercado de trabajo, evaluar las reglas vigentes de concurrencia entre convenios para valorar la conveniencia de su modificación y para desarrollar – aunque ello ya es posible en estos momentos, pero no se ha desarrollado con la intensidad previsible – la adecuación de la contratación colectiva a los amplios espacios de intervención que les posibilita la normativa laboral, señalada pero no únicamente la Ley del Estatuto de los trabajadores. Un objetivo central de esta fase del diálogo social debe ser posibilitar que todos los trabajadores estén protegidos por la negociación colectiva
G) Conviene poner en prácticas políticas de inmigración que vinculen estrechamente este fenómeno al mercado de trabajo, y que permitan que los mecanismos ordinarios de contratación en origen sean los suficientemente rápidos y flexibles para evitar el crecimiento de las bolsas de población en situación irregular. Al mismo tiempo, y dada la actual situación del mercado de trabajo, poner en marcha planes específicos de formación y recualificación para las personas extranjeras que hayan perdido su empleo anterior y que se encuentren percibiendo prestaciones por desempleo, para facilitar su incorporación a nuevos sectores productivos. La política laboral de inmigración ha de ir de la mano con otra más general que ofrezca la posibilidad de ofrecer voluntariamente, a quienes lo deseen y cumplan unos determinados requisitos, el retorno a sus países de origen, sin cerrar la posibilidad de regreso. En el ámbito laboral, y una vez garantizado el acceso regular y ordenado al empleo, no puede ni debe haber ninguna discriminación de trato por razón de nacionalidad

H) La culminación de la nueva Estrategia para el empleo de las personas con discapacidad debe ser el camino adecuado para la mejora de la situación del empleo de dichas personas, con medidas más intensivas de apoyo para facilitar el cumplimiento de la obligación de reserva de puestos de trabajo o las medidas de sustitución.

I) De poco servirá una reforma o puesta al día de las políticas laborales que no cuenten con la implicación de los agentes sociales y muy señaladamente de los trabajadores en las empresas. De ahí que sea necesario, por una parte, avanzar en el fortalecimiento de los derechos de información y consulta de los trabajadores y de sus representantes, tomando en consideración los cambios que se anuncian en el ámbito comunitario para proteger mejor esos derechos ante los procesos empresariales de reestructuraciones a escala supracomunitaria; y por otra, fomentar la responsabilidad social empresarial mediante la adopción de códigos de conducta en sede empresarial en los que se pacte en qué debe consistir dicha RSE, ya que la mera voluntariedad, aún y siendo un valor destacado, deja en mano de una sola de las partes su aplicación real y efectiva. Cobra especial en la nueva fase del dialogo social una implicación mucho más estrecha de los trabajadores y sus representantes en todas las políticas medioambientales de la empresa.

J) La aplicación y desarrollo de la estrategia española para la seguridad y salud en el trabajo (obviamente en estrecha relación con la estrategia comunitaria) ha de cumplir numerosas funciones, pero quiero destacar dos de ellas: en primer lugar, que en todas las empresas, con independencia de su tamaño y del sector de actividad, se garanticen esas adecuadas condiciones; en segundo término, una adecuada política en la materia, combinada con una reorganización de los tiempos de trabajo y de las políticas formativas, puede facilitar la prolongación de la vida activa de los trabajadores y contribuir a la valoración de su trabajo. Igualmente, esa política debe ser integral, y para ello ha de preverse la elaboración de la normativa adecuada que modifique la existente en orden a la implantación de un único orden jurisdiccional, el social, para dar respuesta a los derechos quebrantados de las personas afectadas.

K) El desarrollo de la Ley del Estatuto del trabajo autónomo debe contribuir al fortalecimiento económico y social de dicho colectivo y de la importante actividad que desarrolla. De esta manera, ha de crearse el Consejo del trabajo autónomo, mejorarse las políticas de fomento de autoempleo mediante el incremento de las cantidades a capitalizar de la prestación reconocida por desempleo para quienes deseen constituirse como autónomos, estudiar las medidas adecuadas para permitir, en el marco de las reformas en materia de protección social que desarrollen el Pacto de Toledo, la jubilación anticipada cuando concurran causas justificadas para ello, y presentar a las Cortes un proyecto de ley que reconozca el derecho de los trabajadores autónomos a percibir una prestación económica en caso de cese de actividad, una vez que el grupo de trabajo constituido al efecto haya finalizado su informe.
Igualmente, cabe pensar en la presentación en el Parlamento de un proyecto de ley general de economía social que refuerce el sector y que permita y posibilite un desarrollo ordenado del mismo, para extraer la máxima rentabilidad económica y social de todas las empresas, instituciones y entidades que pertenecen a dicho sector.

L) Por último, en materia de protección social deben seguir desarrollándose las medidas aprobadas en el Acuerdo de 2006 y seguir trabajando en el marco del grupo de trabajo de desarrollo del Pacto de Toledo para avanzar en la mejora de la cobertura de las situaciones de necesidad como por ejemplo las pensiones de viudedad para quienes sólo dispongan de las mismas como fuente de ingresos, y también en las pensiones de orfandad. También, hay que seguir desarrollando y aplicando la ley de promoción de la autonomía y de atención a la dependencia, en estrecha coordinación con las Comunidades Autónomas.

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