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domingo, 17 de mayo de 2026

Notas y reflexiones sobre el mundo del trabajo. A propósito del acto de celebración del Primero de Mayo del Ayuntamiento de Barcelona.

 

1. El lunes 18 de mayo tiene lugar el acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Barcelona de conmemoración del 1 de mayo, día internacional del trabajo  , que será presidido por la quinta teniente de alcaldía del Área de Derechos Sociales, Promoción Económica, Trabajo, Feminismos y Memoria Democrática y Presidenta de Barcelona Activa, Sra. Raquel Gil.

Se trata de un día, tal como se expone en la “Propuestade Resolución con motivo del Primero de Mayo”  , presentada por el grupo parlamentario PSC-Units per avançar, publicada en el BOPC el 18 de mayo y que será debatida en una próxima sesión plenaria del Parlament, que es “jornada de memoria, de reivindicación y de compromiso colectivo con los derechos laborales y la dignidad del trabajo”, y en la que se pide que el Parlament “ha de reafirmar su compromiso con la defensa y ampliación de los derechos laborales, adaptándolos a los nuevos tiempos y garantizando que ninguna transformación económica o tecnológica se produzca a expensas de la dignidad de las personas trabajadoras”. 

Según se informa por el gabinete de comunicación   el acto contará la ponencia marco sobre los retos actuales y futuros del empleo de calidad, a cargo del Presidente del Consejo Económico y Social de España, Sr. AntónCostas  , y la presentación del Informe 2025 de la Comisión Derechos laborales de Barcelona, que estará a cargo de la Directora de Formación y Planes Estratégicos de Ocupación de Barcelona Activa, Sra Lorena Ventura. Después, se llevará a cabo un debate con participación sindical sobre los derechos laborales y el empleo de calidad en Barcelona, y cuáles son los retos y estrategias compartidas entre el mundo sindical y el municipal. La parte final del acto contará con la intervención del Secretario de Trabajo del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Cataluña, Sr. Paco Ramos , y la clausura estará a mi cargo como Presidente del Consejo Económico y Social de Barcelona.

La celebración de este acto, que se viene llevando a cabo desde hace varios años por el Ayuntamiento, me ha parecido una buena oportunidad para poner por escrito algunas notas, acompañadas de textos y datos, que sitúen, o al menos intentarlo, el momento en que se encuentra el mundo del trabajo y, como se debatirá en el acto, cuáles son algunos de los retos con los que se encuentra en la actualidad. Por consiguiente, mi mirada tiene primeramente un alcance general, para después centrarme en la realidad de nuestra ciudad y más concretamente de aquello que interesa al mundo laboral.

Disponemos para todo ello de amplísima información, por lo que las referencias y síntesis que efectúo de datos, informes y documentos, son únicamente de aquellos que he tenido la oportunidad de leer recientemente y que creo que aportan valor para poder reflexionar justamente los retos, actuales y de futuro, las estrategias a seguir, para conseguir ese tan apreciado “empleo de calidad”.

Lógicamente, las notas que ahora expongo se basan, igualmente, en buena en mis aportaciones anteriores y que han quedado recogidas en este blog, por lo que me permito remitir a todas las personas interesadas a su lectura, destacando el texto “Eltrabajo decente: pasado, presente y futuro”,  , en el que reproduje,  revisado y ampliado, el texto de mi intervención en la celebración diocesana del Primero de Mayo en la Iglesia de Santa María de Cornellà del Llobregat, en el acto organizado por los movimientos obreros cristianos de Cataluña y Baleares (ACO, GOAC, JOC, MIJAC), curas obreros, religiosas en barrios y delegaciones de pastoral obrera de las diócesis de Cataluña, que considero que sigue plenamente válido en su gran parte.

2. Y como he iniciado esta entrada haciendo referencia a un texto de hace ya diez años, voy seguir mirando hacia atrás para confirmar que muchas reflexiones, de hace ya bastante tiempo, sobre el movimiento obrero y el sindicalismo sigue siendo válidas como “ideas fuerza” en la sociedad actual de la tecnología y de la información.  Recupero, y recomiendo especialmente su lectura, un fragmento de una publicación, lamentablemente no disponible en redes, cuyo autor, título y fecha mencionaré a su finalización.

“.. señalaremos las tres características comunes a todo planteamiento de las relaciones de trabajo en las que, como protagonista, interviene el movimiento obrero y en concreto el sindicato...

a) El carácter colectivo, conflictivo y dinámico de las relaciones de trabajo.   

Sobre el carácter dinámico... el sindicato se desarrolla y organiza de acuerdo con unas variables propias de cada momento histórico y dependientes del desarrollo social y político de las diferentes sociedades.

b) factores variables que intervienen en el desarrollo y organización del sindicato.

Primera variable: grado de desarrollo económico.

Segunda: grado de desarrollo e integración social .... La estrategia sindical suele orientarse, con prioridad, a conseguir y fomentar la cohesividad y conciencia de clase en el mundo del trabajo. Hay, entonces, una acción de educación y sensibilización muy importante, tanto en el nivel económico y social como en el político.

...Tercera: grado de desarrollo político.

Cuarta. Características del empleo. El sindicato se ocupa de los problemas relacionados con el empleo; es lógico que las características de la situación del mercado de trabajo incidirán en el tipo de organizaciones sindicales que surgen. Elementos concretos que influirán: proporción de trabajadores empleados a cuenta ajena; tipo de ocupación.”

Me parece, y por eso las he recogido, que estas reflexiones, adaptadas a la sociedad actual siguen siendo muy válidas. Son de mi maestro, y de muchísimas otras personas, el jesuita Joan N. García-Nieto, en su obra “Introducción al movimiento obrero. Historia, organización y lucha obrera”, publicada por el Instituto de Estudios Laborales en ...1971. He dicho en más de una ocasión, y la cita de esta obra histórica, me sirve para reiterar, que en el mundo laboral hay que aprender del pasado para cambiar el presente y mirar hacia el futuro” (remito a la entrada “Treinta años sin Joan N. García-Nieto: aprender de la historia real del mundo del trabajo, para no perder el presente y el futuro. (1. A propósito del libro “Un món que és urgent transformar”, 2. Con notas y reflexiones adicionales estrictamente personales)” , publicado el 27 de abril de 2024).  

3. Y si nos situamos ya en el momento presente, encontramos retos que vienen de muy lejos en el tiempo y otros que son muy recientes. Aquí reseño algunos, y los acompaño  de fragmentos de lecturas que me sirven de apoyo. Además, muchos ya están plasmados en el manifiesto elaborado por CCOO yUGT para este Primero de Mayo, titulado “Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia”  , en el que puede leerse que

“Es el momento de consolidar y profundizar las reformas progresistas que den continuidad a las realizadas los últimos años. Por eso, las organizaciones sindicales impulsamos una plataforma unitaria centrada en la reforma del despido conforme a la Carta Social Europea, la regulación del contrato a tiempo parcial para acabar con su uso fraudulento, el refuerzo del diálogo social y la negociación colectiva para repartir la riqueza y mejorar salarios, y una respuesta decidida al problema de la vivienda, principal factor de desigualdad, especialmente para jóvenes y personas trabajadoras”.  

A) Empecemos por un mundo del trabajo, a escala internacional, que no aparece en las estadísticas oficiales de los países desarrollados y que existe tanto en estos como muy especialmente en los restantes. Habrán adivinado sin duda, que me refiero a eso que llamamos “economía informal”, y que en algunos países es, si me permiten la expresión, más real que aquello que la calificada de formal. Un texto reciente, publicado el 11 de mayo, sirve para dar luz a esta realidad.

“OIT   Unavisión realista del trabajo decente: la economía informal está en todas partes” , de Rosina Gammarano, Michael Frosch y Quentin Mathys 

“Los datos detallados confirman que la informalidad es una característica sistémica de los mercados laborales en todos los sectores y está estrechamente relacionada con la ocupación... A día de hoy, con casi el 58 % de los trabajadores de todo el mundo ocupando puestos de trabajo informales, la economía informal sigue siendo generalizada, omnipresente y constituye un obstáculo importante para el trabajo decente. Ningún tipo de trabajo está exento del riesgo de la informalidad.

La resolución aprobada por la 21.ª CIET 2023 define la ocupación informal como cualquier actividad que realizan las personas para producir bienes o prestar servicios a cambio de una remuneración o con fines lucrativos y que no está regulada por marcos normativos formales, tales como la legislación laboral, el derecho mercantil, los impuestos sobre la renta y la normativa de la seguridad social (ya sea en la ley o en la práctica).

Por lo tanto, los trabajadores pueden encontrarse en la ocupación informal la ocupación del tipo de empleo que desempeñen y de la naturaleza de sus relaciones laborales: la informalidad puede darse en todas las situaciones de ocupación aunque es mucho más habitual en algunas).

Según la Clasificación Internacional de la Situación Laboral de 2018, la informalidad se manifiesta la ocupación siguiente la ocupación para los trabajadores en cada situación la ocupación:

Empleadores y trabajadores autónomos sin empleados, siempre que sean propietarios o copropietarios y gestionen una empresa informal (una empresa que no está registrada o que no lleva contabilidad a efectos fiscales).

Contratistas dependientes: si no están reconocidos oficialmente, por ejemplo, debido a la falta de registro de sus actividades, o si no están cubiertos de manera efectiva por regímenes formales, como la seguridad social.

Los trabajadores: si su la ocupación no es reconocida formalmente por el empleador en la práctica, lo que da lugar a una falta de acceso efectivo a prestaciones formales como la seguridad social obligatoria, las vacaciones anuales retribuidas o la baja por enfermedad remunerada.

Los trabajadores familiares colaboradores: si sus relaciones laborales no están reconocidas formalmente o si no tienen acceso efectivo a acuerdos formales. Hasta hace poco, se consideraba que los trabajadores familiares colaboradores formaban parte la ocupación informal la ocupación defecto. Un aspecto novedoso de las normas es el reconocimiento de que pueden tener empleos formales en países que cuentan con acuerdos formales, aunque estos casos son excepcionales” (la negrita es mía)

B) Claro, no hay duda alguna de que debemos hablar del impacto de la tecnología, especialmente de la Inteligencia Artificial, aunque también conviene recordar que el mundo del trabajo ha guardado casi siempre una relación de amor-odio hacia los cambios que los avances tecnológicos han implicado en las actividades productivas de los sectores y ocupaciones.

Además de remitir a la entrada “La inteligencia artificial a debate en la próxima Conferencia anual de la OIT. Notas descriptivas de la Memoria del Director General, y repaso a nuevas aportaciones de interés laboral”  , publicada el 10 de mayo, hay dos textos que ayudan a comprender su impacto y los retos que plantean.

a) “El complejo desafío de gestionar personas en el trabajo ¿es la IA la solución?   , a cargo de Janine Berg, publicado en la página web de la OIT el 15 de mayo, del que extraigo unos fragmentos:  

“En un reciente documento de trabajo de la OIT, mi coautora, Hannah Johnston, y yo evaluamos la eficacia de distintas aplicaciones de IA en cuatro funciones centrales de recursos humanos: contratación, remuneración, programación del trabajo y gestión del desempeño. Para evaluar las herramientas de IA utilizadas en estas áreas, aplicamos un marco basado en los siguientes tres parámetros:

el objetivo: qué intenta lograr el sistema; Y definirlo “no es tan sencillo”

los datos con los que se entrena y utiliza; “la calidad y pertinencia de los datos son fundamentales

cómo está programado. “La transparencia en la toma de decisiones es fundamental para comprender los resultados

La calidad de cada uno de estos parámetros diferencia a los sistemas que funcionan bien de los que no.

“los responsables de RR. HH. (debe) participar en el diseño, la implementación y la supervisión de los sistemas de IA. Y en aquellas funciones relacionadas con cómo se organiza y evalúa el trabajo (es decir, programación del trabajo y gestión del desempeño), también es necesario involucrar a los propios trabajadores. ... Involucrar a todas las partes interesadas en el diseño de sistemas de IA ofrece una forma de abordar los tres pilares de estos sistemas: aclarar el objetivo, garantizar que los datos utilizados sean adecuados para ese propósito y contexto, además de representativos y transparentes, y asegurar que la programación tenga en cuenta las distintas condiciones a las que probablemente se enfrentará el sistema.” (la negrita es mía)

b) Un nuevo informe de la OIT , publicado el 17 de abril (nota de prensa ) explica qué revelan los indicadores de exposición a la IA sobre el empleo, y sus resultados subrayan tanto la utilidad de estas medidas como sus limitaciones para predecir pérdidas de empleo o resultados en el mercado laboral. Una síntesis es la que referencio a continuación.   

“El informe muestra que los resultados varían según la forma en que se mide la exposición. Los primeros enfoques basados en la automatización señalaban que los empleos rutinarios y de baja cualificación eran los más expuestos. En cambio, medidas más recientes basadas en las capacidades de la IA identifican a las ocupaciones cognitivas y de mayor cualificación —incluyendo áreas como negocios, finanzas, informática y educación— como las más expuestas.

También destaca que la exposición a la IA va más allá de los empleos directamente afectados. Las ocupaciones con alta exposición suelen estar estrechamente conectadas con otras a través de habilidades y trayectorias profesionales compartidas, lo que implica que los cambios en estos roles pueden tener efectos indirectos más amplios en el mercado laboral.

Al mismo tiempo, todas las medidas de exposición presentan limitaciones importantes. Se basan en descripciones estáticas de las tareas actuales, no tienen en cuenta la viabilidad económica ni las limitaciones de adopción, y reflejan supuestos subjetivos. Lo más importante es que indican lo que la IA podría hacer, como primer paso del análisis, y no lo que ocurrirá en la práctica.

La OIT subraya que los indicadores de exposición deben entenderse como señales tempranas de dónde el trabajo puede cambiar. Para orientar eficazmente las políticas, deben combinarse con evidencia sobre la evolución real del mercado laboral, incluidos el empleo, los salarios y las transiciones laborales, así como con factores económicos e institucionales más amplios que influyen en la adopción de la IA” (la negrita es mía).

C) Igualmente válida a escala internacional y europea, aun cuando su pensamiento está centrado en España, es la necesidad de poner el acento en el diálogo y la concertación social.

 Para lograr un empleo de calidad, no bastan, ni mucho menos, las normas, sino que también debe existir un diálogo social fluido y constructivo (remito a la entrada “Diálogo social 2008- 2025 (recopilación)”  ), y cabe señalar la importancia que ha tenido en España durante muchos años y que lamentablemente ahora se encuentra en retroceso.

Un artículo claro, a la par que provocador, de quien fuera Secretario General de la Federación Estatal de Industria Química y Afines, y después de la Federación de Estatal de la Industria Textil-Piel, Químicas y Afines (FITEQA-CCOO) durante muchos años, Joaquim González    , publicado en el 12 de mayo en el diario.es y titulado “Las reales órdenes de Garamendi de la CEOE”  , encaja como anillo al dedo, y del que reproduzco este fragmento:  

“Cuando hablamos de concertación social no hablamos de un mecanismo consultivo, como ocurre en buena parte de Europa. Hablamos de otra cosa: de la capacidad de que Gobierno, sindicatos y patronal negocien acuerdos con efectos reales sobre el mercado de trabajo, la protección social o la negociación colectiva. Esa es su singularidad y su valor.

La concertación española tiene una historia valiosa. Cumplió una función estabilizadora en momentos decisivos y ayudó a ordenar conflictos en etapas complejas. Pero esa historia convive con una contradicción persistente que rara vez se reconoce: sus principios son intermitentes...

Si patronal y sindicatos quisieran tomarse en serio aquello que invocan, hay un debate pendiente: definir qué materias consideran propias de la capacidad de autorregulación de los agentes sociales y que por tanto deberían quedar a salvo de cambios unilaterales, sea cual sea la mayoría parlamentaria o el gobierno y cuáles reconocen como legítimas de la iniciativa política.

Ese acuerdo previo, difícil sin duda pero necesario, daría coherencia y consistencia a la concertación social, ese instrumento que nos hemos dado en España y que no necesita más hipérboles como las del presidente de la CEOE. Necesita reglas de juego estables. Para dejar de ...”ser una coartada y convertirse, de una vez, en una herramienta y un principio compartido” (la negrita es mía).

4. Ahora, me acerco a la realidad de la Unión Europea, y me permito juntar en un primer momento datos UE y de la ciudad de Barcelona, con el título, de mi propia cosecha, “menos niños, más personas mayores”. ¿La razón? Aquí está:  

A) Según la información facilitada por la oficina estadística Eurostat 13 de mayo de 2026  ,                                                                                                                                               

“En 2025, de los 203,1 millones de hogares de la UE, solo 47,4 millones, es decir, el 23,4 %, tenían hijos. La mayoría de ellos eran parejas con hijos (14,7 %), otros tipos de hogares con hijos (5,6 %) y adultos solteros con hijos (3,0 %).

El 76,6 % restante de hogares sin hijos estaba compuesto por adultos solteros (37,5 % del total de hogares), parejas (24,1 %) y otros hogares (15,1 %).

Entre 2016 y 2025, el número de hogares unipersonales sin hijos aumentó un 19,2 % (de 63,9 millones a 76,1 millones) y el número de hogares formados por parejas sin hijos creció un 3,3 % (de 47,3 millones a 48,9 millones). Por el contrario, el número de hogares formados por parejas con hijos se redujo en un 6,3 % (de 31,9 millones a 29,9 millones), y el de otros tipos de hogares con hijos disminuyó en un 3,5 % (de 11,8 millones a 11,4 millones)” (la negrita es mía).

B) Según los Indicadores económicos principales del área de Barcelona, en el documento “Barcelona encifras 2025”  , de la Gerencia del Área de Promoción Económica, Turismo, Relaciones Internacionales y Deportes,

“En Cataluña y en Europa se apunta hacia un crecimiento importante de la población mayor, lo que implica una revisión de las estructuras y servicios de atención a la ciudadanía. En 2024, el 20,8 % de la población de Barcelona tiene 65 o más años y en el 2040 este porcentaje se acercará al 40 %, dato que evidencian que el sector de los cuidados estás destinado a ser un sector de demanda creciente (la negrita es mía).   

B) Hablemos ya de las propuestas, ya que de momento se quedan aquí, sobre el empleo de calidad que ha lanzado la Comisión Europea para consulta con los agentes sociales (ya ha finalizado la primera fase), a la espera de saber si estos optan por negociar un acuerdo propio, algo especialmente difícil si nos fijamos en las posturas adoptadas por cada parte durante dicho primer período de consultas, o la Comisión pone en marcha la tramitación de una norma comunitaria.

Dichas propuestas fueron objeto de detallada atención por mi parte en una entrada anterior, de la que recupero unos fragmentos, a la que acompaño una breve síntesis de las respuestas de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y de Business Europe, así como también una llamada urgente, y muy crítica hacia la actual Comisión Europea, de tres ex altos cargos de la UE, que fueron responsables de las políticas sociales, que llaman a evitar una desregulación del mercado de trabajo que haría a Europa menos competitiva y a las personas trabajadores más pobres y con menos derechos.

a) “UE. LaComisión pone en marcha la hoja de ruta para la creación de puestos de trabajode calidad”  (8 de diciembre de 2025)

“... La Comisión Europea presentó el jueves 4 de diciembre la Comunicación “Hoja de Ruta para el Empleo de Calidad”, que califica en la nota de prensa de presentación    como “un firme compromiso para mejorar la calidad del empleo y crear puestos de trabajo de alta calidad y con perspectivas de futuro en Europa”...  A la Comunicación se acompaña el documento de consulta a los interlocutores sociales, con arreglo a lo dispuesto en el art. 154 del Tratado de funcionamiento de la UE, “sobre la posible orientación de la actuación de la UE para mejorar las condiciones laborales, la salud y la seguridad en el trabajo y la aplicación de los derechos de los trabajadores – Ley de Empleos de Calidad”, norma que se califica de “una nueva propuesta legislativa para garantizar los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, adaptarse a los cambios tecnológicos, económicos y sociales”.

... La consulta destaca varios ámbitos que podrían incluirse en la futura norma, y que se sintetizan en el documento general de presentación de las propuestas en estos términos:

“- la gestión algorítmica y la inteligencia artificial (IA) en el trabajo: las herramientas digitales son ahora fundamentales para la vida laboral. La IA permite ahorrar tiempo y aumentar la productividad. Sin embargo, el 84 % de los europeos cree que estas tecnologías deben utilizarse con prudencia en el mundo laboral;

- la seguridad y la salud en el trabajo: las nuevas tecnologías y los equipos digitales móviles han transformado los lugares de trabajo e incrementado el trabajo a distancia.  Los riesgos psicosociales y ergonómicos en el trabajo han aumentado, lo que pone de relieve la necesidad de actualizar las normas de la UE en materia de seguridad y salud en el trabajo. En 2025, el 29 % de los trabajadores declararon sufrir estrés, ansiedad o depresión causados o agravados por su trabajo, frente al 27 % en 2022, según la última encuesta OSH Pulse;

- la subcontratación: a través de la subcontratación, las empresas pueden innovar y acceder a conocimientos especializados. Sin embargo, la subcontratación también puede dar lugar a prácticas abusivas y a un cumplimiento insuficiente de las normas laborales, sanitarias y de seguridad, especialmente en cadenas de subcontratación largas y complejas;

- la transición justa: las transiciones ecológica y digital están impulsando la reestructuración de las empresas de toda la UE, lo que plantea importantes retos tanto para los trabajadores como para los empleadores;

- la aplicación y el papel de los interlocutores sociales: una aplicación estricta es esencial para que los trabajadores puedan beneficiarse de sus derechos. Los problemas persistentes —como el trabajo no declarado o el escaso cumplimiento— socavan la calidad del empleo y la competencia leal”.

... El documento finaliza con las preguntas que la Comisión formula a los interlocutores sociales: “1) ¿Considera que los problemas y los posibles ámbitos de actuación futura de la UE están correctamente identificados en este documento? 2) ¿Considera que es necesaria la actuación de la UE para abordar los problemas identificados? En caso afirmativo, ¿cuál debería ser la orientación y el alcance de dicha actuación?  3) ¿Consideraría usted iniciar un diálogo de conformidad con el artículo 155 del TFUE sobre alguna de las cuestiones identificadas en esta consulta?”.

b) Respuesta de laCES  (28 de enero de 2026).

“Para la CES, un puesto de trabajo de calidad es aquel que ofrece un salario justo, un empleo seguro, condiciones de trabajo seguras y saludables, igualdad de oportunidades, acceso a la formación y al desarrollo profesional, y una voz significativa para los trabajadores a través de la negociación colectiva y la democracia en el trabajo.

... Con demasiada frecuencia, la clase trabajadora se enfrenta a una brecha entre los derechos formales y su realidad en el trabajo, debido a la débil aplicación de la ley, la insuficiente capacidad de inspección laboral y los modelos de negocio que se basan en eludir responsabilidades mediante la subcontratación, la intermediación laboral, el falso autoempleo y la externalización.

Una Ley de Empleo de Calidad no solo tiene por objeto mejorar la vida laboral, sino que es esencial para alcanzar los objetivos económicos y sociales de Europa. La CES recuerda la evaluación del informe Draghi de que la promoción de la competitividad no debe basarse en «el uso de la represión salarial para reducir los costes relativos» y que «la competitividad actual tiene menos que ver con los costes laborales relativos y más con los conocimientos y las competencias que posee la mano de obra». La UE no puede alcanzar una economía competitiva, resiliente y socialmente justa sin puestos de trabajo seguros, con salarios justos, seguros y compatibles con la salud de los trabajadores y trabajadoras, la vida familiar y el desarrollo de competencias a largo plazo. La CES insta por tanto, a la Comisión a que garantice que la Ley de Empleo de Calidad aborde de frente el déficit de puestos de trabajo de calidad y se convierta en un instrumento concreto para elevar los estándares en toda Europa, con un impacto tangible para las trabajadoras y trabajadores de todos los Estados miembros” (la negrita es mía)

c)  Respuesta de Business Europe     (27 de enero de 2026)

“Los empleos de calidad son el resultado de la competitividad. Las empresas competitivas generan crecimiento económico y empleo. Su fortaleza es una condición previa para invertir en protección social y mejorar las condiciones laborales. En su documento de consulta, la Comisión destaca acertadamente la importancia de la simplificación y la reducción de la carga normativa como medios para mejorar la competitividad en Europa. Sin embargo, presentar la calidad del empleo como un «factor que propicia la competitividad de la UE» es engañoso. Da la impresión errónea de que los empleos de alta calidad pueden crearse por decreto y pasa por alto muchos factores —como la competitividad empresarial y la dinámica del mercado laboral— que , en última instancia, son los que propician la calidad del empleo. Tal y como se explica en el informe Draghi, la UE sufre actualmente una carga normativa pesada, compleja y fragmentada en comparación con EE. UU. y China. Esto frena la innovación y la inversión al generar una burocracia excesiva, especialmente para las pymes, lo que obstaculiza la capacidad de Europa para competir en tecnología, IA y a escala industrial, lo que hace necesario un cambio hacia normas menos numerosas y más eficaces y una mejor coordinación de las políticas...

Se debe confiar en los interlocutores sociales. Dejar margen para que el diálogo social ofrezca soluciones que mejoren aún más la calidad del empleo cuando sea necesario y posible, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, es el enfoque preferible. Permite proponer soluciones específicas para cada empresa o sector que puedan adaptarse eficazmente a las necesidades de las diferentes empresas y trabajadores. Las leyes estrictas y las cuotas en relación con el diálogo social y la negociación colectiva ignoran la autonomía de los interlocutores sociales, su libertad contractual y la diversidad de los sistemas de relaciones laborales en toda la UE. Nos oponemos firmemente a la introducción de un umbral obligatorio para la cobertura de los convenios colectivos en la Ley de Empleos de Calidad, tal y como se sugiere en el documento de consulta de la Comisión. Hacerlo sería un enfoque erróneo para fomentar un diálogo social basado en la confianza” (la negrita es mía)

d) Nicolas Schmit, László Andor y Anna Diamantopoulou. “La desregulación hará a Europa más pobre,no más fuerte”.   , publicado en Social Europe el 13 de mayo.

“... Los líderes europeos han perdido su sentido de la solidaridad y la ambición. Hoy en día, todo se enmarca en términos de competitividad y desregulación, eliminando precisamente las normas que han convertido a la Unión Europea en una potencia reguladora respetada en el mundo. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, Friedrich Merz, canciller alemán, y Giorgia Meloni, primera ministra italiana, se guían casi exclusivamente por los intereses de las grandes empresas y las instituciones financieras, a expensas de los trabajadores y los grupos vulnerables. Han olvidado lo que hace fuerte a nuestra Unión: su economía social de mercado. Han olvidado que la competitividad solo se consigue mediante empleos de calidad, una protección social sólida y unos servicios públicos de alto nivel.

“... Como antiguos comisarios europeos responsables de los derechos sociales, hacemos un llamamiento para dar un nuevo impulso a la Europa social, reviviendo el espíritu de Oporto cinco años después. Ahora que el coste de la vida y la capacidad de acceso a los servicios se han convertido en la principal preocupación de los ciudadanos, nuestro deber es responder con soluciones concretas. Pedimos una agenda socioeconómica renovada que responda a los retos actuales: la creciente digitalización de la economía, los riesgos a los que se enfrenta la industria europea y las inquietudes de millones de personas en toda la Unión.

Las grandes perturbaciones geopolíticas a las que se enfrenta Europa exigen una Unión más soberana. Esa soberanía requiere una base social renovada y reforzada, con una mayor capacidad de inversión y fiscal, también para los servicios públicos. Centrarse exclusivamente en la desregulación, en la dilución de la autonomía reguladora europea y en la rebaja de los estándares sociales y medioambientales no es la forma adecuada de mejorar la competitividad de Europa —al menos no la que sitúa a las personas y sus derechos en el centro” (la negrita es mía).

e) En la misma línea que la tesis de los tres ex altos cargos comunitarios se encuentra la “Propuesta de resolución sobre la orientación social del semestre europeo y la necesidad que las políticas económicas de la Unión Europea se centren en las personas”  , presentada por el grupo parlamentario PSC-Units per avançar,  publicada en el BOPC el 18 de mayo y que será debatida en un próximo pleno del Parlament, en la que se plantea   

“la necesidad de consolidar el Pilar Europeo de Derechos Sociales como marco de referencia para orientar todas las reformas e inversiones impulsadas en el marco del Semestre Europeo”

Y también el rechazo  

“... al retorno a políticas de austeridad que puedan incrementar las desigualdades sociales, y apuesta por alternativas basadas en la inversión pública, la cohesión social y el crecimiento sostenible”.

C) Las aportaciones del profesor Luis Ayala  en su artículo “Las nuevas desigualdades en la Unión Europea”, publicado en la obra colectiva “VII Informe sobre la desigualdaden España 2026. Evolución de la desigualdad. Nuevas manifestaciones” (Fundación Alternativas 2026)  , son de indudable interés.

En las conclusiones de su trabajo, el profesor Ayala sintetiza algunas de sus tesis anteriormente expuestas en estos términos:  

“El modelo social europeo, que durante décadas se apoyó en la expansión de las clases medias, en la estabilidad de los ingresos y en sólidos sistemas de protección social, sufre una creciente crisis de legitimación. El incremento de la polarización social, la precarización laboral y la pérdida de cobertura de los sistemas de bienestar generan inseguridad y debilitan el apoyo al proyecto de integración europea, especialmente entre los jóvenes y las regiones rezagadas. Sin una distribución más equitativa de los beneficios del crecimiento y sin una respuesta eficaz frente a las transiciones digital y energética, la desafección puede ir en aumento, poniendo en riesgo algunos de los pilares fundamentales del modelo europeo.

El mercado de trabajo ha transitado hacia mayores niveles de inseguridad en gran parte de los países europeos, con mayor desempleo y precariedad. Aunque existe cierta relación entre la incidencia del desempleo y la desigualdad, el empleo de bajos salarios y la pobreza laboral se han convertido en factores más determinantes de la segunda, lo que obliga a replantear las estrategias de cohesión social en la UE. Actualmente, cerca de uno de cada diez trabajadores europeos es pobre pese a tener empleo, lo que refleja la erosión de los sistemas de protección y la creciente vulnerabilidad de amplios sectores asalariados.

Las nuevas transiciones están generando nuevos riesgos sociales que amplían los procesos de inseguridad económica en Europa. Los hogares con menos ingresos y las regiones más dependientes de sectores expuestos al cambio climático o a la automatización son los más vulnerables, lo que amenaza con ampliar las divisiones territoriales y sociales. Frente a esto, las respuestas de la Comisión Europea han sido insuficientes. Sin un refuerzo decidido de las políticas sociales y de formación, se corre el riesgo de que los nuevos procesos económicos y sociales se conviertan en una nueva fuente estructural de desigualdad en la UE.

... es urgente el desarrollo de políticas activas eficaces que permitan amortiguar los efectos distributivos de las transiciones digital y energética. Para reducir su posible impacto negativo, es necesario el desarrollo de medidas que favorezcan la adaptación de empresas y trabajadores a las transformaciones en los mercados de productos y de trabajo. En este sentido, son fundamentales los programas de formación que proporcionen competencias frente a los nuevos retos y el apoyo público a nuevas actividades productivas. Para alcanzar estos objetivos es imprescindible tanto el refuerzo de la capacidad financiera y de la orientación estratégica de la Unión Europea como mejorar su coordinación y gobernanza. Esta doble exigencia solo podrá materializarse desde una Europa más coherente, en la que los recursos sean suficientes, las reglas estén claras, los incentivos alineados y, sobre todo, en la que haya una visión estratégica compartida por los Estados miembros” (la negrita es mía).

D) Un titular periodístico de impacto podría ser “El problema de la vivienda no es sólo de Barcelona, es europeo”, si se quisiera destacar cómo este ha entrado de pleno en el debate en el seno de la UE.

En el CESB se elaboró un estudio que creo conveniente recordar por su importancia, “El parc de l'habitatge a la ciutat de Barcelona i Regió Metropolitana de Barcelona. 2024” (El parque de la vivienda en la ciudad de Barcelona y Región Metropolitana de Barcelona. 2024), en cuya nota de prensa de presentación   se explicaba que

“... A lo largo de este informe se ha presentado el estado de la situación de la vivienda en la Región Metropolitana de Barcelona, ​​una temática que ha ganado protagonismo en los últimos tiempos a raíz de la emergencia habitacional que experimenta una parte importante de la población, especialmente en torno a las grandes ciudades como Barcelona”, y que “... en estas páginas se ha visto cómo la vivienda es un problema complejo que afecta a una parte muy importante de la población metropolitana. Al ser una problemática que se ve afectada por una multitud de inputs, no pueden buscarse soluciones fáciles para resolverla. Aquellas soluciones que se planteen tendrán que ser tan complejas como el problema que buscan resolver. Nos encontramos, sin lugar a dudas, ante uno de los grandes problemas de la sociedad actual y solucionarlo será el gran reto de una generación”.

Pues bien, los datos de la edición de 2025 “Housing in Europe”, publicados por Eurostat, ponen de manifiesto la importancia que ha alcanzado la problemática de la vivienda en la mayor parte de la Europa comunitaria, por lo que me ha parecido muy oportuno y conveniente reproducir algunos de los datos más significativos.   

“Evolución de los precios de la vivienda y los alquileres. Los precios de la vivienda subieron un 53 % en la UE entre 2010 y 2024

... Si se analiza la evolución de los precios de la vivienda en la UE entre 2010 y 2024, se observa una tendencia al alza entre 2013 y 2022, con importantes incrementos anuales del 8 % tanto en 2021 como en 2022. En 2023, los precios registraron un ligero descenso del 0,3 %, seguido de un aumento del 3 % en 2024. En total, se produjo un aumento del 53 % entre 2010 y 2024...

... La sobrecarga por gastos de vivienda es mayor en las ciudades. Con el aumento de los precios de la vivienda y los alquileres, los gastos de vivienda pueden suponer una carga. Esto se puede medir mediante la tasa de sobrecarga por gastos de vivienda, que indica el porcentaje de la población que vive en un hogar en el que los gastos totales de vivienda representan más del 40 % de la renta disponible.

En la UE, en 2024, casi el 10 % de la población de las ciudades vivía en un hogar de este tipo, mientras que la tasa correspondiente a las zonas rurales era del 6 %. Las tasas de sobrecarga de los costes de la vivienda más elevadas en las ciudades se observaron en Grecia (29 %) y Dinamarca (23 %), y las más bajas en Chipre y Croacia (ambas del 3 %). En las zonas rurales, las tasas más elevadas se registraron en Grecia (28 %) y Alemania (11 %), y las más bajas en Chipre (1 %).

... Los alquileres subieron un 25 %. Se produjo un aumento constante de los alquileres en la UE entre 2010 y 2024: un 25 % en total durante todo el periodo. Se produjo un aumento en todos los países de la UE excepto en Grecia (-16 %).

Inflación: los precios subieron un 39 %. Entre 2010 y 2024, la inflación en la UE fue del 39 %. Durante este periodo, se registró inflación en todos los países de la UE” (la negrita es mía).

5. Sobre las desigualdades en España, y en especial su impacto en el mundo laboral, hay dos aportaciones en el ya citado VII Informe, que deben merecer nuestra atención.

A) En primer lugar, la Introducción de la obra, en la que si directora, la profesora Olga Salido  , y su director, el profesor JesúsRuiz-Huertas  , exponen que  

“... el Informe que ahora se presenta recoge buena parte de los problemas y las preocupaciones de los ciudadanos y sus representantes sobre la distribución de los recursos y también sobre otros tipos de desigualdad que deben ser objeto de especial atención, además de ofrecer múltiples alternativas y propuestas de reforma en todos los campos objeto de atención.

Como expresaba hace algunas semanas en una entrevista D. Rodrik con relación a las desigualdades económicas, “La desigualdad es un desafío mayúsculo. Se traduce en la falta de oportunidades económicas en la desaparición de buenos empleos, en regiones enteras que se quedan atrás. Por eso digo que está muy bien acometer políticas industriales, pero la innovación y la productividad no lo son todo. Hay que redistribuir y crear empleos de calidad...” No podemos por menos que coincidir con ese diagnóstico y con la importancia de buscar alternativas y reformas, aunque no sólo en el ámbito estricto de la desigualdad de recursos económicos. La desigualdad no es sólo un problema económico, sino una cuestión fundamental para garantizar la cohesión social y la estabilidad de las democracias contemporáneas” (la negrita es mía).

B) En segundo término, el artículo de Ernesto García (Oxfam Intermon)    “La percepción social de la desigualdad en España: bajos ingreso y vivienda como principales factores de malestar”, en el que, tal como expone su autor,

“... sintetiza varias de las principales conclusiones obtenidas tras la realización de la segunda encuesta sobre percepciones (la primera se llevó a cabo en 2023). Dicho ejercicio se desarrolló durante los meses de marzo y abril de 2025 junto a la agencia de investigación 40dB15, y lleva por título Vivir la desigualdad”. 

Refiriéndose al ámbito laboral, el texto destaca que

“... A pesar del crecimiento económico, del aumento del empleo y las mejoras del salario mínimo interprofesional, el 30% considera que sus ingresos no le permiten llevar una vida digna (casi tres puntos porcentuales más que en 2023). Cuatro de cada diez personas afirman que su vida laboral no es buena (dato que también empeora respecto a 2023). Esto afecta especialmente a quienes tienen jornadas parciales y contratos temporales o fijos-discontinuos. El 37,5% declara necesitar un segundo empleo por razones económicas, aunque la conciliación y los cuidados se lo impidan. Estos desafíos se agudizan en el caso de las mujeres y personas racializadas, quienes muestran una menor satisfacción con su situación económica y laboral” (la negrita es mía). 

6. Toca ya referirse más concretamente a Barcelona, preferentemente a su vida laboral, sin olvidar algunas referencias a la problemática económica y social más general, ya que para ello hay un excelente número de la Revista Barcelona Metrópolis(138, abril 2026), cuya lectura obviamente me permito recomendar, con el título “La ciudad frente a su futuro”    y del que más adelante seleccionaré algunos fragmentos de la introducción y de sus artículos para animar a su lectura.  

A) Pues bien la excelente y actualizada información que facilita la Oficina Municipal de Datos y que se encuentra disponible en abierto en su página web  permite tener conocimiento de los datos más recientes de la situación del mercado laboral en nuestra ciudad, de los que he seleccionado para su reproducción aquello que he considerado más relevantes a los efectos de mi exposición. Son los siguientes:  

 “Población activa

 Los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) en Barcelona correspondientes al primer trimestre de 2026 muestran una recuperación del número de personas activas en la ciudad por tercer trimestre consecutivo, con un total de 948.600 personas, 18.500 más que en el último trimestre del año pasado (+2%). Aun así, la evolución en términos interanuales presenta cierta tendencia a la baja, con 2.300 personas activas menos que en el primer trimestre de 2025 (-0,2%) ...  

 ... La población activa en Barcelona se ha recuperado en relación con el último trimestre de 2025 a un ritmo similar al de la población en edad de trabajar y la tasa de actividad se ha mantenido relativamente estabilizada. En los primeros tres meses de 2026 se ha situado en el 80,6% de la población de 16 a 64 años, de forma similar en el trimestre anterior (80,5%), pero por debajo de la tasa de ahora hace un año (83,3%) y de los registros de 2023, cuando rozó el 85%.

 ... Las diferencias en las tasas de actividad entre mujeres y hombres en Barcelona se han ido reduciendo en los últimos años. La tasa de actividad femenina en el primer trimestre de 2026 se ha situado en el 80%, como en el trimestre anterior, siente poco más de un punto porcentual inferior a la tasa masculina (81,3%).

Población ocupada

 De forma similar a la población activa, también la población ocupada en Barcelona se ha ido recuperando en los últimos trimestres. De acuerdo con los resultados de la EPA, la cifra de ocupación en la ciudad es de 862.000 personas, 7.600 más que en el cuarto trimestre de 2025 (+0,9%). Aun así, en términos interanuales la ocupación se presenta más estancada, con 22.200 personas menos que ahora hace un año (-2,5%). La población ocupada sigue por debajo de los máximos logrados al inicio de 2024, pero se mantiene mucho por encima de los registros de antes de la pandemia, con 101.700 personas ocupadas más que a final de 2019 (+13,4%), en línea con el que muestran las fuentes registrales como por ejemplo las afiliaciones a la Seguridad Social.

 Según la EPA, el crecimiento de la población ocupada en relación con el último trimestre de 2025 no ha estado tan intenso como el de la población en edad de trabajar y esto ha dado lugar en un descenso de las tasas de ocupación en el primer trimestre de 2026, tanto en la ciudad como el resto del país. La tasa en Barcelona se ha situado en el 73,2%, con un descenso de casi un punto porcentual en relación con el registro de final de 2025 (74,1%) y de más de cuatro puntos en relación con un año atrás (77,4%) ...  

 Temporalidad.

 En cuanto a la tasa de temporalidad de los ocupados asalariados la evolución es muy favorable en el primer trimestre de 2026. La tasa se ha situado en el 8,7%, corrigiendo buena parte del repunte de final de 2025 y recuperando un nivel similar al mínimo logrado en verano del año pasado (8,4%). La tasa es 1,5 puntos porcentuales inferior a la de un año atrás y se ha reducido prácticamente en la mitad si se compara con la de final de 2021, antes de la última reforma laboral, cuando superaba el 17%. A la vez, la tasa se mantiene también muy por debajo de los niveles inmediatamente anteriores a la pandemia, cuando no bajaba del 20%.

 Afiliación a la Seguridad Social por sectores de actividad

 Los datos de afiliaciones a la Seguridad Social por sectores a partir del 2026 corresponden a la nueva Clasificación de actividades económicas (CCAE-2025), que supone una ruptura con la serie temporal y no permite hoy por hoy las comparaciones con los años anteriores en términos homogéneos.

En Barcelona, el número de afiliaciones a la Seguridad Social al sector primario es muy residual (0,1% del total),

En la industria, el ritmo de crecimiento de la ocupación en Barcelona a final de 2025 era el más contenido de los tres grandes sectores de la economía. Aun así, de acuerdo con los resultados que se desprenden de la nueva CCAE-2025, la ocupación industrial ha cerrado el primer trimestre de 2026 por encima de las 72.000 afiliaciones en la ciudad y representa el 5,8% del total de puestos de trabajo.

En la construcción -el sector que en los últimos trimestres de 2025 lideraba el ritmo de crecimiento de la ocupación en Barcelona- los puestos de trabajo en la ciudad a final de marzo de 2026 representan solo el 2,9% del total...

En cuanto al terciario, la principal base económica de Barcelona con el 91,3% de los puestos de trabajo, factores como por ejemplo la consolidación de la ciudad como destino de grandes acontecimientos internacionales han impulsado la creación de ocupación en los últimos años ...

Salarios.

El salario medio de las personas residentes en Barcelona en 2024 fue de 36.466 euros brutos anuales, de acuerdo con los resultados de la explotación de la Muestra Continúa de Vidas Laborales (MCVL). Las remuneraciones medias de la población siguieron creciendo en términos nominales por cuarto año consecutivo con un incremento anual del 3%, similar a la inflación. De este modo, la capacidad adquisitiva de los salarios se mantuvo relativamente estable respecto al 2023 (+0,1%), igualando el nivel de prepandemia de 2019. Aun así, los salarios todavía no habían recuperado el poder adquisitivo de 2010 (-4,2%).

... El salario medio de las mujeres residentes en Barcelona (33.349 euros) fue un 15,8% inferior al de los hombres (39.602 euros), de forma similar a 2023 (15,7%). La brecha salarial de género relativamente estabilizada indica que el salario de las mujeres en 2024 creció a un ritmo anual del 3% nominal (+0,1% real), similar al de los hombres (+3,1% nominal, +0,2% real). Pero con una perspectiva temporal más amplia, la brecha se ha acortado en la última década en más de nuevo puntos porcentuales. En relación con el 2010, las remuneraciones medias de las mujeres han crecido en términos reales (+1,8%), puesto que se han visto más favorecidas por los aumentos del SMI que los hombres, que han sufrido una notable devaluación salarial (-8,8%)” (la negrita es mía).

B) Añado a estos datos los facilitados por el Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC)  sobre la realidad laboral de Barcelona en 2025, en los que se recogen que al finalizar dicho año había 181.421 personas inscritas como demandantes de empleo, de las que el 42 % estaban trabajando, por lo que el número de personas inscritas como desempleadas quedaba en 63.355. Además, hubo 759.190 afiliaciones a la Seguridad Social, y se formalizaron 261.414 contratos.   

C) Tal como he indicado al inicio de este texto, en el acto de conmemoración del Primero de Mayo se efectuará la presentación del Informe 2025 de la Comisión de derechoslaborales de Barcelona, “Actuaciones, tendencias y retos”, ya disponible en la página web de Barcelona Activa.   . 

Tras su atenta lectura, me permito resaltar brevemente algunos de sus contenidos ya que enlazan muy directamente con algunos de los retos que he señalado en la primera parte:

“Se acuerda consolidar los espacios de trabajo creados e impulsar líneas de trabajo prioritarias orientadas a:

• Fortalecer la formación en derechos laborales en centros educativos, equipamientos municipales y sectores económicos estratégicos.

• Mejorar y simplificar los circuitos de coordinación entre servicios municipales, sindicados, Inspección de Trabajo y administraciones competentes.

• Ampliar la capacidad de intervención en sectores vulnerables y prioritarios, incluyendo el trabajo doméstico y de curas, así como actividades prestadas a través de la contratación pública municipal.

• Promover materiales informativos unificados y accesibles, especialmente dirigidos a jóvenes, mujeres y personas recién llegadas y a personas trabajadoras de los sectores más precarizados.

Línees de trabajo futura. Retos prioritarios para el periodo 2026-2027. La Comisión identifica como retos estratégicos:

• La lucha contra la economía irregular y la vulneración sistemática de derechos en los sectores más precarizados, reconociendo que no está en su ámbito competencial poder cambiar las legislaciones que afectan de forma más directa en estas situaciones.

• El avance en la cultura de derechos laborales como elemento central de un modelo de ocupación de calidad en la ciudad.

• Fortalecer especialmente los circuitos de derivación, acciones conjuntas y trabajo coordinado entre los diferentes agentes miembros.

• Promover materiales informativos unificados y accesibles, especialmente dirigidos a jóvenes, mujeres y personas recién llegadas y a personas trabajadoras de los sectores más precarizados” (la negrita es mía).

D) Por último, me refiero al ya mencionado número 138, abril 2026, de la Revista Barcelona Metrópolis.

a) En su presentación  , a cargo de la directora Milagros Pérez, titulada “Pensar el mañana”, en la que recuerda primeramente que la revista cumple 40 años, subraya que “queremos aprovechar este aniversario para hacer un análisis prospectivo de los retos que la ciudad deberá afrontar en las próximas décadas. ¿Cuáles son sus fortalezas y sus debilidades? ...”. Me permito reproducir algunas de las preguntas y reflexiones que formula la directora:

“... Una primera cuestión relevante es analizar cómo está posicionada en los principales indicadores económicos, teniendo en cuenta las dinámicas globales y las variables sociodemográficas, que serán determinantes. Está claro el objetivo de seguir estimulando la economía productiva y del conocimiento, pero también habrá que reconducir el turismo y poner diques de contención a las ansias extractivas de los actores económicos que solo ven la ciudad como una oportunidad para la especulación urbanística.

... Fruto de su éxito económico, Barcelona tiene, y probablemente seguirá teniendo, una presión migratoria constante, que la obligará a redefinir las políticas de vivienda y movilidad si quiere garantizar el derecho a la ciudad de sus habitantes. Este derecho no es solo el de seguir viviendo en ella, sino también el de poder decidir y formar parte de su prosperidad. El gran reto será fortalecer la resiliencia de la ciudad frente a los cambios, de forma que se puedan garantizar los derechos de la ciudadanía y la equidad social.

... La transformación demográfica no es solo cuantitativa. También es cualitativa, con una población cada vez más diversa y con elementos de transitoriedad en una parte de los residentes que se deberán gestionar. En este contexto, es importante generar mecanismos de inclusión de los recién llegados que permitan preservar al mismo tiempo la identidad cultural y lingüística de la ciudad.

La clave de todo ello es evitar la segregación urbana mediante una planificación urbanística con perspectiva metropolitana que permita una oferta suficiente de vivienda asequible y una mejora sustancial de la ciudad ya construida, parte de la cual presenta evidentes señales de obsolescencia. Todos estos retos difícilmente podrán afrontarse sin profundizar en una gobernanza de ámbito metropolitano...”.

b) Del artículo “Retosy fortalezas de una economía en construcción”, de Joan Ramón Rovira, director del Gabinete de Estudios Económicos y de Infraestructuras de la Cambra de Comerç de Barcelona,  , me quedo con su conlusión:

“... En conclusión: el sistema económico de la Barcelona metropolitana, desarrollado a lo largo del tiempo, ha logrado niveles comparativamente elevados de conectividad, diversidad, profundidad, complejidad y sostenibilidad. Pero, a medida que la ciudad crece y se desarrolla, aparecen nuevos retos y se divisan nuevas oportunidades, que reclaman más conectividad territorial, más diversidad sectorial, preservar la profundidad del tejido empresarial, prosperar en la complejidad científica y tecnológica, y gestionar la sostenibilidad social y ambiental. Una ciudad es un proyecto en construcción. Barcelona lo sabe, y ha hecho siempre del progreso parte esencial de su proyecto” (la negrita es mía).

C) Por último, hago mención al artículo del profesor Antonio López-Gay “Barcelona 2045: El horizonte demográfico de la ciudad “   , en el que aborda la migración, poniendo de relieve su diversidad y los cambios operados, tal como se constata en estos fragmentos de su texto:                                          

“Migración: diversidad, calificación y transitoriedad creciente

... Actualmente, más de un tercio de la población ha nacido en el extranjero, y en la franja entre los 24 y los 44 años la población nacida fuera de España es mayoritaria.

... Otro cambio destacado es el incremento del nivel educativo de la población migrante. En las últimas décadas ha aumentado notablemente el volumen de llegadas con estudios universitarios y, en el caso del municipio de Barcelona, aproximadamente la mitad de las nuevas incorporaciones ya tienen esta calificación.

Paralelamente, se hace cada vez más visible la transitoriedad de una parte de esta población, especialmente entre los perfiles más cualificados. El trabajo remoto, los cambios en los sectores productivos y las nuevas movilidades globales vinculadas al estilo de vida han propiciado trayectorias migratorias más cortas y dinámicas de hipermovilidad, que incluyen estudiantes internacionales, profesionales desplazados temporalmente o los llamados nómadas digitales...

... Estos procesos se inscriben en transformaciones más amplias de la economía urbana y en la competencia entre ciudades para atraer talento y actividades vinculadas al conocimiento. Aun así, también tienen implicaciones territoriales y sociales, especialmente en relación con el mercado de la vivienda y los procesos de gentrificación. La elevada rotación poblacional incide en la ciudad: debilita los vínculos comunitarios, transforma el comercio y el espacio público y puede acentuar dinámicas de polarización y segregación socioespacial” (la negrita es mía).

Buena lectura.    

lunes, 14 de noviembre de 2022

El trabajo decente o digno. Pasar de las palabras a las normas y a los hechos.

 

 

Reproduzco en esta entrada del blog el prólogo que he redactado para la obra colectiva “Trabajo decente. Hacia la dignidad y la realización de la persona trabajadora”, de inminente publicación, a cargo de un amplio y cualificado grupo de profesorado que forma parte del Grupo de Investigación SEJ-058 del Plan Andaluz I+D “Cátedra de EstudiosJurídicos y Económicos del Campo de Gibraltar, Francisco Tomás y Valiente”    , siendo la responsable del mismo la profesoraMaría José Foncubierta Martínez  

 

“Trabajo decente”, o “trabajo digno”, son los términos utilizados según las distintas traducciones utilizadas para referirse al “decent work”, acuñado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde que quien fuera director general, Juan Somavia, lo utilizara en 1999, y que en la página web de dicha organización, el máximo foro mundial en materia sociolaboral, se caracteriza como que “se refiere a la generación de oportunidades para que todos los hombres y mujeres accedan a un empleo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad, y dignidad humana”.  En la Memoria presentada a la Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo, celebrada dicho año, que llevaba por título “Trabajo decente”, se afirmaba en su prólogo que proponía “una finalidad primordial para la OIT en estos momentos de transición mundial, a saber, la disponibilidad de un trabajo decente para los hombres y las mujeres del mundo entero. Es la necesidad más difundida, que comparten los individuos, las familias y las comunidades en todo tipo de sociedad y nivel de desarrollo. El trabajo decente es una reivindicación mundial con la que están confrontados los dirigentes políticos y de empresa de todo el mundo. Nuestro futuro común depende en gran parte de cómo hagamos frente a ese desafío”.

Cualquiera de los dos citados es valido y de utilidad para abordar la temática de la obra colectiva, estructurada en diez capítulos, que tengo la oportunidad de prologar y que lleva por título “Trabajo decente. Hacia la dignidad y la realización de la persona trabajadora”, a cargo de un amplio y cualificado grupo de profesorado que forma parte del Grupo de Investigación SEJ-058 del Plan Andaluz I+D “Cátedra de Estudios Jurídicos y Económicos del Campo de Gibraltar, Francisco Tomás y Valiente”.

Este año 2022 el lema de la Jornada sobre el trabajo decente, que se celebra desde el año 2008 por impulso del sindicalismo internacional, ha sido el de “Justicia salarial”. Para la Confederación Sindical Internacional se justificaba ampliamente esta elección, resaltando que aquella “es una piedra angular del contrato social entre trabajadores/as, gobiernos y empleadores que se ha roto en aras de la codicia corporativa”, manifestando que “El mundo necesita un nuevo contrato social en el que la justicia salarial ocupe un lugar central. Hay que acabar con el déficit mundial de 575 millones de puestos de trabajo, respetar los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras, reemplazar discriminación por igualdad, ampliar la protección social a todas las personas y construir una economía mundial inclusiva, libre de los vestigios del colonialismo. Sobre estos cimientos se puede construir la paz y afrontar y superar los acuciantes retos del presente y del futuro”. 

Agradezco a la responsable del grupo de investigación, Dra. María José Foncubierta Rodríguez, su amable invitación a prologarlo. Invitación que, inevitablemente, conlleva una obligación para quien, como es mi caso, la ha aceptado, cuál es demostrar, o al menos intentarlo, que dispone de los conocimientos necesarios sobre la temática abordada en la publicación para que el prólogo responda a las expectativas despertadas. Por ello, me ha parecido necesario, a la par que conveniente, reordenar aportaciones que he ido realizando en los últimos años, para que puedan servir de “enganche” con las diversas aportaciones pluridisciplinares que se recogen en la obra, tan variadas en cuanto que provenientes de la organización de empresas, psicología, economía aplicada, derecho constitucional, derecho romano, etc.

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Pero antes, formulo una pregunta que puede resultar sorprendente a primera vista, pero que en realidad no lo es: ¿tenemos necesidad de hablar, escribir, debatir en foros, reuniones, congresos y eventos variados, sobre la “decencia” o sobre la “dignidad” del trabajo? ¿No hemos de presuponer, dar por sentado, que el trabajo, sea cual sea, debe llevar aparejado la nota de “decente” o “digno”?

Si la respuesta real fuera que, en efecto, todo trabajo es decente o digno, me temo que aquí debería finalizar este prólogo, y no sé si la editorial publicaría una obra con diez capítulos en los que se aborda la problemática del trabajo desde los riesgos que existen para que pueda no ser decente o digno.

Ahora bien, no se preocupe el profesorado que ha participado en la obra, ya que estoy seguro de que esta verá la luz pública, en cuanto que, desgraciadamente, tenemos que seguir hablando, escribiendo, debatiendo y formulando propuestas para que, fíjense la paradoja de lo que voy a decir a continuación, dejemos de hablar del “trabajo decente o digno” porque todo trabajo ya lo sea. Además, tal como ha puesto de manifiesto la OIT en su Informe 2022 sobre perspectivas sociales y de empleo en el mundo, se subraya, con preocupación, que muchos de los logros en materia de trabajo decente conseguidos antes de la pandemia se han visto considerablemente afectados, y que “los déficits de trabajo decente preexistentes están mermando las perspectivas de una recuperación sostenible en muchas regiones”. En efecto, se constata el desigual impacto de la crisis y afectación más negativa y grave para las naciones en desarrollo, que ya presentaban “mayores niveles de desigualdad, condiciones laborales más diversas y sistemas de protección social más débiles incluso antes de la pandemia”. Ello, no obstante, se produce un impacto negativo de la crisis en todas las regiones mundiales, subrayándose en el documento que “en general, los indicadores clave del mercado de trabajo aún no han vuelto a los niveles anteriores a la pandemia en ninguna de las regiones: África, las Américas, los Estados Árabes, Asia y el Pacífico, y Europa y Asia Central”.

Ya había manifestado la OIT su preocupación en un documento en el que abordaba las desigualdades en el mundo del trabajo, presentado en la Conferencia Internacional Anual de 2021. Reiteraba el documento una tesis ya expuesta en anteriores informes y que no parece que haya sido tomada muy en consideración, al menos hasta el inicio de la crisis sanitaria, cual es que los niveles de desigualdad son excesivos y por ello “socavan los progresos sociales, ambientales y económicos”, o dicho de otra forma, pero con contenido sustancialmente idéntico, los altos niveles de desigualdad de ingreso “erosionan la cohesión social y aumentan el riesgo de inestabilidad y conflictos sociales”, enfatizándose algo que hemos vivido muy recientemente, cual es que “en algunos países con crecientes niveles de desigualdad —en especial cuando esta va aparejada a un estancamiento de los ingresos medios— el malestar social ha alcanzado a las clases medias y el pacto social ha empezado a quebrarse; esto ha socavado la confianza de la población en las políticas y las instituciones y, a veces, ha llegado incluso a provocar disturbios sociales. En casos más extremos, la persistencia de las desigualdades y de la discriminación”. Se alerta de cuáles son los grupos o colectivos que se han visto especialmente perjudicados por el impacto de la COVID-19 sobre el mercado de trabajo, como han sido los trabajadores con empleos mal remunerados y precarios o los trabajadores independientes con ingresos bajos, las mujeres por la asunción mayoritaria de las tareas de cuidados, y  trabajadores de la economía informal, que en realidad son, se subraya en el informe, “la mayoría de los trabajadores de los países de renta baja”, y además dentro de cada uno de estos grupos ha habido subgrupos que se han visto especialmente perjudicados, como han sido los jóvenes, migrantes y personas de comunidades étnicas o indígenas”, y concretando aún más ha habido especial afectación negativa a quienes tenían un nivel de formación bajo.

En la misma línea sobre los déficits de trabajo decente y el incremento de las desigualdades, el informe 2021 de Intermon-Oxfam, y cuyo título no merece comentario añadido alguno: “Las desigualdades matan”, recogía que según el análisis y los datos publicados por el WorldInequality Lab en diciembre de 2021, desde 1995, el 1 % más rico ha acaparado una parte veces mayor del crecimiento de la riqueza global que la mitad más pobre de la humanidad.40 Actualmente, las desigualdades son tan pronunciadas como lo eran en el culmen del imperialismo occidental a principios del siglo XX. Hemos sobrepasado la Edad Dorada de finales del siglo XIX”.

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He escrito en varias ocasiones sobre las aportaciones del Papa Francisco en relación con los temas de interés social en general, y del mundo del trabajo más en particular, desde la publicación en 2015 de la Encíclica Laudatio SI. Querría ahora destacar de esta, por su importancia, el concepto amplio de trabajo que utiliza, coherente a mi parecer con las nuevas realidades del mundo laboral, planteándose la “correcta concepción del trabajo” y manifestando que no debemos hablar sólo del trabajo manual o del trabajo con la tierra, “sino de cualquier actividad que implique alguna transformación de lo existente, desde la elaboración de un informe social hasta el diseño de un desarrollo tecnológico”, concluyendo que “cualquier forma de  trabajo tiene detrás una idea sobre la relación que el ser humano puede o debe establecer con lo otro de sí”, y afirmando más adelante que “la diversificación productiva da amplísimas posibilidades a la inteligencia humana para crear e innovar, a la vez que protege el ambiente  y crea más fuentes de trabajo”.

Y ahora, parémonos a pensar en los debates actuales sobre las relaciones de trabajo y la necesidad de poder manifestar en ellas todos los valores que tiene una persona, en muchas ocasiones tapados, oscurecidos o simplemente inexistentes por el ejercicio desmesurado, y poco productivo, del poder de dirección empresarial; porque, si no supiéramos quien realiza las manifestaciones que recojo a continuación, bien pudiéramos pensar que estábamos, al menos en parte, ante palabras de un director inteligente y responsable de recursos humanos: “El trabajo debería ser el ámbito de este múltiple desarrollo personal, donde se ponen en juego muchas dimensiones de la vida: la creatividad, la proyección del futuro, el desarrollo de capacidades, el ejercicio de los valores, la comunicación con los demás, una actitud de adoración. Por eso, en la actual realidad social mundial, más allá de los intereses limitados de las empresas y de una cuestionable racionalidad económica, es necesario que «se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos”.

En esta búsqueda del empleo digno para tener una vida digna (¿a que éstos términos les suenan mucho de documentos de la OIT?) el Papa Francisco alerta sobre un mal uso del cambio tecnológico que sólo se concrete en la reducción de costes de producción y de personas empleadas reemplazadas por máquinas, llamando su atención (que creo que es coincidente con la de todas las instituciones y organismos internacionales que abordan los efectos de la tecnología sobre el mundo del trabajo) sobre la necesidad de tener en consideración, ante cualquier decisión que se adopte al respecto, el coste humano que puede tener (y aunque no lo diga expresamente estoy seguro de que cabe añadir que es necesario plantearse qué medidas sociales adoptar para evitar tales costes), alertando de que “dejar de invertir en las personas para obtener un mayor rédito inmediato es muy mal negocio para la sociedad”.

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De ahí, y una vez superada la preocupación que alguna o algún miembro del grupo de investigación haya podido tener al leer los párrafos anteriores, que la obra prologada cumpla un papel importante en esta tarea de dignificar el trabajo. Y lo hace, como ya he indicado, desde una perspectiva pluridisciplinar, tan necesaria, cada vez más, para abordar temáticas como las de esta publicación, con una estrecha relación entre distintos ámbitos de conocimiento, y muy en especial, si me permiten una mención más concreta y que no supone en modo alguno un demérito de las restantes, entre el derecho y la economía.

Permítanme, por ello, que, intercalando mis reflexiones sobre la obra prologada con las mías propias sobre la muy estrecha relación entre el derecho y la economía, formule unas breves consideraciones al respecto, porque, la normativa laboral y de protección social, y la economía, van inseparablemente unidas a mi parecer, siendo necesario actuar en los dos ámbitos para proteger y defender a la gran mayoría de la población.

 Como ha subrayado la destacada economista Mariana Mazzucato, “una agenda progresista debe ofrecer tanto un Estado del bienestar bien dotado de recursos como un Estado de la innovación dinámico, porque ambos van de la mano. Sin servicios sociales, demasiadas personas seguirán siendo vulnerables e incapaces de acceder a los ingredientes básicos del bienestar y la participación económica, como la educación, la seguridad laboral y la salud. Y sin innovación, el crecimiento económico y las soluciones a los problemas sociales más acuciantes -ya sea una pandemia, el cambio climático o la brecha digital- seguirán estando fuera de nuestro alcance”. Y caben otras alternativas, ahora enfocadas desde la realidad económica y social europea, como son las de reforzar la negociación colectiva a través de la contratación pública, ya que se ha defendido que “las normas deberían poner un piso de decencia bajo cada trabajador del sector privado bajo un contrato de contratación pública. Pueden hacerlo a través de un cambio simple pero profundo: al permitir que sólo las empresas en las que los trabajadores tienen acuerdos de negociación colectiva accedan al dinero público, los trabajadores recuperarían los medios que necesitan para hacer frente a la crisis del coste de la vida”.

Una normativa laboral en la que debe adquirir especial importancia la protección de las personas trabajadoras, en especial los colectivos más vulnerables, con políticas de empleo adecuadas, que deben prestar especial atención a la evolución demográfica, al cambio climático y a la digitalización, factores todos ellos que cada vez tienen y tendrán mayor influencia en el devenir del mundo del trabajo y que afectan a todas las personas con independencia de su edad, debiendo además inscribirse en el marco de políticas económicas y sociales que sitúen la igualdad de género en el centro de sus planteamientos y el aprendizaje permanente y dirigido a todas las capas de la población.  Así lo ponía de manifiesto también la Comisión Europea con ocasión de la apertura de una consulta sobre un Pilar Europeo de Derechos Sociales, Pilar, que vería la luz pública, y que está siendo desarrollado normativamente desde entonces, en la cumbre interinstitucional del Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeo, celebrada en la ciudad sueca de Gotemburgo en noviembre de 2018, que además de subrayar la paradoja existente entre el aumento de los niveles de educación y el desajuste generalizado de las aptitudes, destacaba en su análisis las crecientes desigualdades en el mundo del trabajo, las nuevas necesidades y oportunidades que se derivan de los avances en la esperanza de vida y del envejecimiento demográfico, y los cambios tecnológicos y la digitalización de la sociedad y la economía, las transformaciones ocurridas en las estructuras sociales y los patrones familiares y laborales, la prolongación de la vida laboral, y, en fin, la diversificación de la mano de obra y la propagación de nuevas formas de trabajo.

Porque, aun cuando la situación laboral de muchas personas trabajadoras ha mejorado a lo largo de los años, habiendo sido necesario para ello muchos conflictos laborales para reivindicar primero, obtener después, y mantener más adelante, derechos laborales, no podemos olvidarnos de un dato proporcionado por la OIT en 2016 y que la crisis de la Covid-19 ha probablemente mantenido o incluso incrementando si hemos de hacer caso, como siempre es así, a los informes elaborados por la organización internacional sobre el impacto de la crisis sanitaria en el mundo del trabajo a escala mundial: “aproximadamente la mitad de los trabajadores asalariados y a sueldo de todo el mundo carecen de contratos de trabajo permanentes, lo cual tiene consecuencias en materia de derechos laborales, seguridad de los ingresos, desigualdad de salarios e ingresos, cobertura de la protección social y consecuencias para el progreso económico y social en sentido más amplio”.

En el siglo XXI, pensar el trabajo en términos únicamente de ingresos económicos, me parece erróneo, aunque sea importante, ya que si no va acompañado de un desarrollo de la persona perderá todo su valor. Y no olvidemos, por favor, que no todo trabajo se encuentra en el mercado. La vida laboral es mucho más que normas, y de ahí la importancia del día a día de las relaciones de trabajo, donde la flexibilidad y el acuerdo entre las partes es muy importante Si planteamos el debate sobre el pleno empleo vinculándolo a reducción de derechos económicos y sociales nos estaremos equivocando. Sí es cierto que hay que plantearse cómo está cambiando el trabajo y el impacto sobre el mismo, por ejemplo, del cambio tecnológico, de los datos demográficos de envejecimiento de la población en países desarrollados, de la mayor presencia femenina en el mercado laboral y de la necesaria incorporación de los jóvenes. Es este el debate, y no el de una reducción de condiciones de vida, y de trabajo, para gran parte de la población mientras se incrementan cada vez más las desigualdades sociales. Al hablar de pleno empleo no podemos pensar únicamente en un porcentaje bajo de trabajadores desempleados, sino también y muy especialmente “la categoría de los puestos de trabajo disponibles y los ingresos que generan”, pues no basta con que una persona pueda trabajar, sino que es necesario que este trabajo sea gratificador, que satisfaga las necesidades materiales y sociales de las personas; o dicho de otra forma, hay que apostar por un auténtico y verdadero “trabajo decente”.

Y un apunte sobre la diversidad del mundo del trabajo. Si tuviera que hacer un muy rápido inventario de la diversidad del mundo del trabajo, y por consiguiente de la complejidad que tiene ante sí la normativa laboral y de protección social para garantizar el trabajo decente, centraría mi atención en especial en dos grupos específicos:

Trabajadores voluntarios versus trabajadores forzosos.

La OIT ha publicado recientemente un nuevo informe en el que aborda la problemática del trabajo forzoso y también del matrimonio forzoso, aportando no solo reflexiones y propuestas de indudable valor sino también estimaciones mundiales del número de personas que en pleno siglo XXI siguen en situación de “esclavitud moderna”.

El documento, además de nuevas propuestas, pone al día los datos disponibles en un anterior informe que, con el título “Intensificar la lucha contra el trabajo forzoso”, se presentó en la   103ª reunión anual de la Conferencia Internacional de Trabajo, celebrada en 2014, y en el que se explicaba que se calculaba que había 20,9 millones de personas víctimas del mismo, y de ellas, “18,7 millones (90 %) son explotados en la economía privada por individuos o empresas. De estos últimos, 4,5 millones (22 por ciento) son víctimas de explotación sexual forzada y 14,2 millones (68 por ciento) son víctimas de explotación laboral forzada en actividades económicas como la agricultura, la construcción, el trabajo doméstico o la manufactura”.

Se conceptuaba el trabajo forzoso, y sigue siendo válida esta referencia, como “la expresión utilizada por la comunidad internacional para referirse a las situaciones en las que las personas afectadas – mujeres y hombres, niñas y niños – son obligadas a trabajar en contra de su voluntad, coaccionadas por sus patronos o empleadores, por ejemplo mediante violencia o amenazas de violencia, o por medios más sutiles como la acumulación de sumas adeudadas, la retención de los documentos de identidad o la amenaza de denuncia a las autoridades de inmigración. Dichas situaciones también pueden considerarse como trata de personas o prácticas análogas a la esclavitud, que son expresiones similares, aunque no idénticas, en términos jurídicos”.

Se piden préstamos económicos para migrar a otros países y una vez en ellos se ven obligados a trabajar contra su voluntad en determinadas actividades para poder devolver las cantidades adeudadas, a la par que evitar represalias contra miembros de sus familias que permanecen en los países de origen; trabajadores, preferentemente trabajadoras, en el sector doméstico que son desprovistos de sus documentos personales de identidad durante la prestación laboral y que por ello no disponen de libertad para rescindir la relación de trabajo o más simplemente para poder desplazarse por el territorio en el que residen, y ello siempre y cuando puedan salir de la residencia en que se alojan. Estas realidades no se dan sólo ni muchos menos, en países en vías de desarrollo, sino que las conocemos en países desarrollados y practicadas por sujetos empleadores de lo que poco se podría pensar, en principio, que iban a incumplir flagrantemente las normas laborales hasta llevar a sus trabajadores o trabajadoras a una situación de explotación severa y cercana a la esclavitud moderna.

Por ello, la falta real de voluntariedad de la prestación convierte a las personas trabajadores en esclavos modernos del siglo XXI, donde las condiciones laborales se asemejan a las del siglo XIX o anteriores, con flagrantes incumplimientos de la normativa sobre jornada y horario de trabajo, y con remuneraciones que, cuando existen, están muy por debajo del mínimo exigible.

Trabajadores en la economía formal y en la economía informal. Los datos de la OIT, de 2021, son muy relevantes ya que demuestran claramente la diversidad del mundo del trabajo por lo que respecta tanto a las condiciones laborales como de protección social: nada más ni nada menos que el 61,2 % de la población ocupada a escala mundial, el 61,2 % del total desempeña su actividad en la economía informal, , y que dentro de este gran grupo  “los trabajadores independientes (con o sin empleados asalariados) representan el 47,7 por ciento de los trabajadores del sector informal, los trabajadores asalariados el 36,2 por ciento y los trabajadores familiares auxiliares el 16,1 por ciento”, con especial afectación por lo que respecta a los (inferiores) ingresos obtenidos por las mujeres, aportándose el dato muy significativo de que “una mujer en la economía informal gana, en promedio, el 47 por ciento del salario mensual de un hombre en el empleo formal, un hombre con empleo asalariado en la economía informal gana el equivalente al 66 por ciento, mientras que una mujer con empleo asalariado formal gana, de media, el 79 por ciento de lo que ganaría un hombre en la misma situación”. El impacto de la economía informal también es muy significativo cuando examinamos los datos del nivel de pobreza, ya que, excluyendo al sector de la agricultura, mientras que dicho nivel es del 15,1 % en el empleo formal, se duplica hasta llegar al 31,3 % en el empleo informal.

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He dedicado varios artículos anteriores al trabajo decente, tanto con ocasión de mi participación en eventos académicos como en reuniones de movimientos y grupos del mundo trabajador y movimientos cristianos. La hemeroteca de mi blog deja constancia de las entradas dedicadas al trabajo decente, y por desgracia pone también de manifiesto que sigue quedando mucho por hacer para que sea una realidad en todo el planeta.

Ya en 2016 participé en un acto organizado por los movimientos obreros cristianos de Cataluña y Baleares, curas obreros, religiosos en barrios y delegaciones de pastoral obrera de la Diócesis de Cataluña, con ocasión de la celebración del Primero de Mayo  

Más adelante, con motivo de la invitación formulada por la Universidad de León, en marzo de 2018, para participar en las “Jornadas sobre la empleabilidad y la calidad del empleo: apostando por una igualdad efectiva”, pronuncié la conferencia sobre “El empleo decente: un reto presente y de futuro”  , en la que expuse mi parecer, relacionándolo con la necesidad ineludible del trabajo decente, que  “el mundo del trabajo está cambiando a pasos acelerados, mezclándose una realidad que en ocasiones nos retrotrae al siglo XIX (la palabra explotación todavía tiene, desgraciadamente, sentido en nuestra vida laboral) y en otras nos traslada a un próximo futuro donde el trabajo humano se da la mano con la utilización del realizado por aparatos tecnológicos (robots) que pueden llevar a cabo muchas de las tareas, y no sólo manuales o repetitivas, que todavía hoy realiza una persona (repárese en la llamada economía de los cuidados, la atención a personas necesitadas, y cómo el cambio tecnológico puede ayudar a mejorar su situación)”. 

Tuvimos oportunidad de debatir ampliamente el trabajo decente en el Congreso interuniversitario OIT sobre el futuro del trabajo que tuvo lugar en la Universidad de Sevilla en febrero de 2019, quedando recogida mi intervención en la entrada “El trabajo decente en las normas y documentos de la OIT”, en la que recordaba que se trata de un concepto “que se utiliza reiteradamente pero que, hasta el presente, salvo error u omisión por mi parte, sólo aparece expresamente recogido en un Convenio, el número 189 dedicado a las trabajadoras y trabajadores domésticos, cuyo art. 6 dispone que “Todo Miembro deberá adoptar medidas a fin de asegurar que los trabajadores domésticos, como los demás trabajadores en general, disfruten de condiciones de empleo equitativas y condiciones de trabajo decente, así como, si residen en el hogar para el que trabajan, de condiciones de vida decentes que respeten su privacidad”.

Me réferi en mi exposición justamente, y lo subrayo por el extraordinario interés que levantó, al Simposio interamericano OIT sobre el futuro del trabajo, celebrado en Santa Cruz de La Palma los días 30 y 31 de octubre de 2018, y más concretamente a sus conclusiones, siendo especialmente relevante la número 1, que me permito reproducir: “El origen, recorrido e institucionalización de la idea misma de “trabajo decente” se remonta a la Constitución de la OIT, en 1919, para actualizarse décadas más tarde en la Declaración de Filadelfia, en 1944. Textos más recientes, como el Pacto Mundial para el Empleo de 2009 siguen dando cuenta de dicha categoría normativa, la cual ha tenido impacto en los ordenamientos internos y en normas internacionales y ha trascendido a otros foros y espacios como Naciones Unidas, proyectándose en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La noción de “trabajo decente” afronta actualmente nuevos desafíos: configurar un Derecho del trabajo modular, que abarque las modalidades de trabajo atípicas, la transición de la economía informal a la formal, el desdibujamiento de la relación de trabajo y la reevaluación de los indicios de laboralidad. A este respecto hay que destacar la relevancia de la Recomendación número 198 sobre la relación de trabajo de 2006, cuya principal virtud ha sido la sistematización -no así la creación, ni la elaboración- de los indicios de laboralidad que utilizan los legisladores y los órganos judiciales”.

Insistí sobre la misma temática con ocasión del I Congreso interuniversitario OIT sobre justicia social, trabajo decente y objetivos de desarrollo sostenible, celebrado en la Universidad Complutense de Madrid en noviembre de 2021, y concluía mi artículo, mirando al futuro, de esta forma: “Con la clausura del Congreso, con la conferencia magistral a cargo de la profesora María Emilia Casas, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UCM,  y de las intervenciones de Yolanda Sánchez Uran y María Luz Vega, se daba el pistoletazo de salida para seguir trabajando conjuntamente la OIT y el mundo universitario en la búsqueda de respuestas a cómo conseguir un trabajo digno, un trabajo decente, para todas las personas. Que no decaiga, que no decaigamos en el empeño”.

Seguí reflexionando sobre el trabajo decente en el artículo dedicado a la Comunicación de la Comisión Europea de 23 de febrero de este año, dedicada al trabajo digno en todo el mundo en el que expuse, antes de su análisis, que “El documento toma como punto de referencia los cuatros elementos del concepto universal de trabajo digno que han sido desarrollados por la Organización Internacional del Trabajo, y que también se encuentran reflejados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, es decir “1) la promoción del empleo; 2) las normas y los derechos del trabajo, incluida la eliminación del trabajo forzoso y del trabajo infantil; 3) la protección social; 4) el diálogo social y el tripartismo”. Con claridad se afirma en la introducción de la Comunicación que el enfoque que se adopta en el texto, “está en consonancia con el llamamiento mundial a la acción de la OIT”.

La Comunicación de la CE acompaña la mención en el título a un trabajo digno con  la referencia a que este debe ir de la mano con “una transición justa a escala mundial y una recuperación sostenible”, y al igual que en todos los documentos que las diversas instituciones internacionales han elaborado en los últimos años sobre el mundo del trabajo y las perspectivas de futuro, destaca que junto a la preocupante realidad del mantenimiento del empleo infantil y del trabajo forzoso en el mundo, “las megatendencias mundiales están transformando rápidamente el mundo del trabajo. Los avances tecnológicos, la crisis medioambiental y climática, el cambio demográfico y la globalización son los motores de esta evolución. Estas transformaciones pueden generar crecimiento económico y crear nuevas oportunidades de empleo, pero, en algunos casos, también pueden contribuir a una normativa laboral menos exigente”, siendo necesario, si se desea ser coherente con el modelo de política social europea, reforzar el respeto del trabajo digno en todo el mundo, y de esta forma “evitar así una competición a la baja basada en un modelo de atracción de la inversión mediante la reducción de normas de protección laboral”.

No puede olvidarse el documento ahora examinado de que muchas personas, en países con los que la UE tiene acuerdos, trabajan en la economía informal, por lo que se enfatiza que la política de desarrollo “garantizará que las medidas para promover el trabajo digno se extiendan a la economía informal”. Desde una perspectiva de reflexión más general y mucho menos concreta, y tras recordar que existen acuerdos estratégicos de colaboración y cooperación de la UE, y diálogos a diferentes niveles con terceros países “que ofrecen la oportunidad de compartir los conocimientos de la UE en el ámbito del trabajo”, se afirma que “la UE promoverá la inclusión del trabajo digno, incluidos los derechos laborales, en todos los acuerdos y diálogos bilaterales y regionales pertinentes, futuros o actualizados, en diferentes niveles, incluidos los acuerdos estratégicos de colaboración y cooperación y todos los comités que ejecuten los acuerdos bilaterales y regionales pertinentes, como las comisiones conjuntas y los subcomités temáticos”.

Y para seguir con las reflexiones sobre el trabajo decente, es obligado, y además satisfactorio, acudir al muy recientemente aprobado, en el Pleno del mes de septiembre,  Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “Trabajo decente en todo el mundo”, del que ha sido ponente la dirigente de la UGT María del Carmen Barrera Chamorro .  

El dictamen se ha elaborado justamente en relación con la Comunicación de la Comisión Europea anteriormente citada y fue aprobado por 113 votos a favor, 22 en contra y 33 abstenciones. Deseo destacar del mismo algunas de las tesis que considero más destacadas y que guardan muy estrecha relación con las de la Comisión Europea y, por supuesto de la OIT, y que se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por las Naciones Unidas, remitiendo como siempre a todas las personas interesadas a su lectura íntegra.

“1.5       El CESE insta a la Comisión a desarrollar determinados aspectos del principio del trabajo digno que hoy en día tienen un valor particular, tanto social como económico. Como ejemplo, el CESE destaca, junto a la igualdad de género y la no discriminación (promoción de una perspectiva de igualdad de género en el objetivo del trabajo digno), la lucha contra el riesgo de exclusión de los colectivos más vulnerables —como las personas con discapacidad— en los mercados de trabajo, la salud y seguridad en el trabajo, así como el carácter sostenible del empleo en el escenario de la transición ecológica. Todos ellos constituyen objetivos transversales de la OIT y de la Agenda 2030. En este contexto, el CESE acoge con satisfacción la modificación de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo para incluir el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable”. 

4.2       El CESE reitera que la protección del trabajo digno en todo el mundo es una exigencia del respeto debido a la dignidad humana y por ello considera esta propuesta como un paso importante en el respeto y la promoción de los derechos humanos en las empresas y espera que suponga un impulso significativo para seguir avanzando”.

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La pluridisciplinariedad de la obra prologada queda patente en las diversas aportaciones efectuadas. Desde análisis históricos, relativos a la dignidad del trabajo en Roma, que no queda tan alejado de nuestro momento histórico actual como lo prueba la preocupación manifestada por la OIT por el mantenimiento del trabajo forzoso en el mundo en pleno siglo XXI, al marco constitucional español que proporciona cobertura al concepto, en estrecha relación con normas internacionales y la agenda 2030 de la ONU en la que se marcan los veinte objetivos de desarrollo sostenible. El análisis de sectores concretos de actividad, como el educativo, y con especial atención a la consecuencia de la crisis sanitaria, o en el sector turístico, y también en el de las energías renovables. Sin olvidar el acercamiento a un análisis más centrado en factores de índole organizativo empresarial y con plena afectación al bienestar de las personas trabajadoras, como son las dedicadas al papel mediador del compromiso organizativo, la gestión del miedo en la empresa, o la mediación en un sector de actividad muy concreto, el educativo, como mecanismo para un entorno escolar seguro libre de violencia. En fin, sin dejar de lago la aportación geográfica exterior, centrada en el caso mejicano, dedicado a la justicia organizacional y su relación con la satisfacción de los trabajadores. Todo ello conforma una publicación académica de indudable interés y que deberá merecer una atenta lectura por todas las personas interesadas, y ojalá que sean muchas, en cómo avanzar en el logro del trabajo decente o digno.

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Concluyo este prólogo reiterando mi felicitación al grupo de investigación en general, y a cada uno de los autores y autoras de los diferentes artículos en particular, y por supuesto a la responsable de aquel, animándoles a continuar en la noble, y no fácil, tarea, de seguir aportando propuestas para que, algún día, podamos utilizar el término “trabajo” sin el término añadido de decente o digno, porque ya se haya consolidado la teoría, y por supuesto la práctica, de que deben ir indisolublemente unido.

¿Desaparecerá el grupo de investigación? ¿Estoy provocando con mis reflexiones una posible “extinción contractual” de alguna o algún miembro del equipo que no tenga consolidada su estatus universitario? Por supuesto que no, estén tranquilos y tranquilas, ya que investigación sobre el mundo del trabajo nunca faltará, y además (me sale al final del prólogo mi vena más jurídica iuslaboralista) la reforma de la ley de la ciencia, la tecnología y la investigación, ha regulado con mayor protección que con anterioridad los derechos de las y los investigadores.

Estamos, en suma, ante un mundo del trabajo cada vez más cambiante y diversificado, con muchos retos con los que se enfrenta, que es claro que no son solo de índole jurídica, sino que tiene ante sí los económicos y los sociales. En esta tarea, el acercamiento a los documentos emanados del máximo foro mundial internacional, la OIT, es del todo punto necesario.  De ahí que sea importante acudir nuevamente a su Informe 2022, en cuyas conclusiones se insiste en la importancia de disponer de “datos empíricos actualizados y pertinentes” para la elaboración de nuevas políticas de empleo, cuya evaluación será una herramientas básica para descubrir sus aspectos positivos y corregir los errores o disfunciones que se hayan detectado, en las que deberá prestarse especial atención tanto a la calidad como la cantidad del trabajo, y aprovechar el potencial tecnológico  “para lograr un empleo pleno y productivo a través de mecanismos como la formación, los servicios de empleo y la formalización electrónica”.

Y permítanme que acabe señalando que queda mucho por hacer para conseguir ese objetivo marcado por la OIT, el trabajo decente, digno y con derechos, el eje sobre el que gira la obra que ha merecido este prólogo, y que hay que seguir luchando para que ello sea posible, ya que, como nos recordaba ese gran poeta español que fue Antonio Machado, “caminante no hay camino, se hace camino al andar”.