1. Como bien
indico en el título de la presente entrada, el Parlamento Europeo ha aprobado
en la sesión plenaria celebrada esta semana cuatro Resoluciones de importante
contenido social.
Por orden
cronológico, la primera fue aprobada el día 11, “sobre el Fondo Social EuropeoPlus después de 2027” Reproduzco el bloque dedicado a los
principios que deberían informar su actuación.
“Principios del
FSE+ después de 2027
1. Insiste en que
el FSE+ debe seguir siendo el instrumento clave y principal para apoyar a los
Estados miembros, las regiones, las comunidades locales y las personas en el refuerzo
de la dimensión social de la Unión y en la búsqueda de un desarrollo socioeconómico
que no deje a nadie atrás;
2. Destaca que el
FSE+ debe abordar retos sociales como las consecuencias del cambio climático y
la digitalización, contribuir a la respuesta a estos retos y adaptarse a ellos,
al mismo tiempo que aborda otros retos sociales como el aumento del coste de la
vida con un menor ritmo de aumento de los salarios, promueve la resiliencia
social, reduce las desigualdades y protege a las personas más vulnerables;
insiste en que el FSE+ debe impulsar la inversión y el crecimiento a largo
plazo centrándose en la cohesión social y territorial a la vez que apoya la
transformación estructural en toda la Unión y mejora la convergencia entre los
Estados miembros;
3. Insiste en que
el FSE+ debe seguir mejorando la convergencia social ascendente — especialmente
para las personas más desfavorecidas— e invertir en capital humano, empleo,
desarrollo de capacidades e inclusión social, al tiempo que impulsa el emprendimiento
y la innovación social, invierte en la infancia y aborda las transiciones digital
y ecológica, los retos demográficos y las regiones afectadas por crisis como, entre
otras, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania;
4. Insiste en que
el FSE+ debe seguir mejorando las oportunidades de empleo, facilitando una
movilidad laboral justa, fomentando la creación de puestos de trabajo de
calidad, garantizando unas condiciones de trabajo dignas e incrementando la
tasa de participación laboral —en particular, en el caso de las mujeres, las
personas con discapacidad y otras personas en situaciones vulnerables— para
mejorar la resiliencia social y económica y así contribuir a la adaptación a
los cambios industriales, también a través de la formación y el reciclaje y
perfeccionamiento profesional;
5. Subraya la
necesidad de que el FSE+ se base en una estrategia de inversión social y en un
enfoque a lo largo de toda la vida apoyando medidas que puedan proporcionar soluciones
a medio y largo plazo para las personas;
6. Insiste en que
los objetivos del FSE+ deben ser alcanzar la inclusión social, niveles de empleo
elevados con empleos de calidad sostenibles, salarios adecuados, condiciones de
trabajo dignas que incluyan el bienestar de los trabajadores, entornos de
trabajo saludables, sistemas de bienestar social justos en los Estados
miembros, así como oportunidades de educación y formación profesionales, y
aprendizaje permanente para todos, teniendo en cuenta las necesidades
específicas de las personas en situación de vulnerabilidad, con el fin de
desarrollar una mano de obra cualificada, competitiva y resiliente, preparada
para la doble transición y el mundo laboral del futuro, y construir una
protección social justa y sociedades inclusivas y cohesionadas, con el objetivo
de erradicar la pobreza, combatir las desigualdades y cumplir los principios y
los objetivos principales establecidos en el pilar europeo de derechos
sociales;
7. Pide un FSE+
sólido, reforzado e independiente con un aumento significativo del apoyo público
a los instrumentos de los Estados miembros con el objetivo de atender a las personas
en situación de vulnerabilidad y a las personas más necesitadas de nuestras sociedades,
invertir en las personas y las capacidades, ayudar a sacar a las personas de la
pobreza y la exclusión social e impulsar la inversión social y el
emprendimiento social; insiste, por tanto, en que la consecución de los
objetivos del FSE+ después de 2027 requeriría un aumento importante y
fundamentado del presupuesto del FSE+ en la dotación financiera del FSE+ para
el período 2028-2034;
8. Pide a la
Comisión que proporcione una financiación mayor, específica y adecuadamente
asignada para alcanzar las metas del FSE+, así como las del pilar europeo de
derechos sociales y su plan de acción y objetivos principales; expresa por ello
su preocupación por los intentos de dividir o fusionar el FSE+ existente con
otros fondos, ya que ello podría crear graves riesgos para la consecución de
sus metas, así como las del pilar europeo de derechos sociales y su plan de
acción y objetivos principales; advierte de que la unificación,
racionalización, centralización o fusión de los fondos puede no mejorar su
eficacia; subraya, a este respecto, que cualquier posible remodelación del FSE+
debe preservar la eficacia y finalidad de este contribuyendo a los objetivos de
promover el empleo, la inclusión social, la educación, la formación y el desarrollo
de capacidades, y debe gestionarse lo más cerca posible de los beneficiarios;
9. Considera que debe mantenerse el
modelo de gobernanza compartida del FSE+ y que, por lo tanto, se debe evitar
que una gobernanza diferente del FSE+ haga que se pierda la prioridad concedida
a los aspectos sociales —en particular los proyectos de empleo, educación,
capacidades, formación e inclusión social—, que el enfoque pueda perder
especificidad y que la financiación no llegue al plano local, a las personas en
situación de vulnerabilidad ni a las más necesitadas, a la vez que aumente el
riesgo de que los fondos se reasignen para otros fines;
10. Pide a la Comisión y a los Estados
miembros que garanticen la participación, información y consulta de los
interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil —incluidos los
servicios sociales sin ánimo de lucro—, las empresas sociales, los proveedores
de educación y formación y los representantes de los grupos destinatarios en
las fases de diseño, ejecución, seguimiento y evaluación del FSE+, que asignen
una financiación adecuada a este fin y que eviten la exclusión de los agentes
más pequeños; pide a la Comisión que respete el principio de asociación a
escala de la Unión, ya que resulta esencial para el éxito del FSE+ y debe
mantenerse en el próximo marco financiero plurianual (MFP); pide que las
organizaciones de la sociedad civil participen en el Comité del FSE+, ya que
son los principales socios ejecutantes del fondo;
11. Destaca la necesidad de que el modelo
de gobernanza del FSE+ permita que, al tiempo que se mantiene un elevado nivel
de transparencia, las especificidades y los retos nacionales, regionales y
locales se reflejen adecuadamente en los programas operativos, en particular
teniendo debidamente en cuenta los conocimientos especializados de las partes
interesadas nacionales y regionales, incluida la sociedad civil, y garantizando
que la financiación llegue a organizaciones y actividades orientadas a personas
necesitadas;
12. Destaca que la disponibilidad de
servicios públicos gratuitos y de calidad —como la educación y los cuidados de
la primera infancia, la educación y la salud— y el acceso universal a estos,
así como el acceso a una vivienda adecuada, asequible y digna y a servicios
esenciales como la energía asequible, el saneamiento, el agua y una
alimentación sana, son condiciones necesarias para garantizar la igualdad de
oportunidades y aumentar los niveles de empleo, mejorar las condiciones de vida
y de trabajo y combatir la pobreza y la exclusión social; subraya el papel que
puede desempeñar el FSE+ a este respecto; llama especialmente la atención sobre
la situación de las personas mayores que, debido al aumento del coste de la
vida y al descenso del poder adquisitivo de sus pensiones, vive o corre el
riesgo de caer en la pobreza extrema, lo que a menudo conduce a que se vean
privados de necesidades básicas como la alimentación, la vivienda y el acceso a
centros asistenciales, lo que conlleva la pérdida de la dignidad social;
13. Observa que el actual programa del
FSE+ se adoptó antes de que surgieran las crisis que han llevado a una elevada
inflación y un aumento del coste de la vida y requieren por ello una inversión
pública y social de mayor envergadura, de modo que el actual FSE+ no alcanza a
satisfacer las necesidades actuales; pide por consiguiente a la Comisión que,
en el próximo marco financiero plurianual, garantice un presupuesto global,
estable y a gran escala para el FSE+, basado en las necesidades y los derechos
que tenga en cuenta la inflación, el aumento del coste de la vida, las tasas de
pobreza y la necesidad de acceso a una vivienda digna;
14. Subraya que el FSE+ posterior a 2027
debe invertir en abordar retos sociales persistentes y no alejarse de los
objetivos generales y específicos establecidos en el actual FSE+, siendo al
mismo tiempo capaz de responder a los cambios en las circunstancias
socioeconómicas y adaptarse a ellos; hace hincapié en la importancia de los
principios de gestión compartida, claridad de objetivos y concentración
temática del fondo y en que la mayor parte del fondo debe gastarse lo más cerca
posible de quienes lo utilizan, en estrecha colaboración con las autoridades y
organizaciones locales y regionales; destaca la necesidad de intercambiar
buenas prácticas respecto a la ejecución más eficiente y transparente del FSE+;
destaca la necesidad de evaluar de forma continua el impacto y la eficacia de
las iniciativas del FSE;
15. Destaca que el FSE+ posterior a 2027
debe abordar ante todo los retos sociales y económicos de carácter estructural;
expresa su preocupación por que el FSE+ se haya utilizado reiteradamente como
herramienta de respuesta de emergencia y subraya que este enfoque supone un
riesgo para los objetivos políticos y de inversión a más largo plazo de la
política de cohesión y también plantea el riesgo de que no se pueda llegar de
manera suficiente a las personas a quienes va dirigida la política de cohesión;
16. Pide, por tanto, a la Comisión que
proteja la dotación presupuestaria del FSE+ con el fin de que este pueda
utilizarse para sus principales objetivos y beneficiarios y que proponga un
instrumento de reserva financiera que permita a la Unión responder con rapidez
y flexibilidad a emergencias sociales y situaciones de crisis de forma
complementaria al FSE+ y otros fondos de cohesión, instrumento que puede
aprovechar el éxito del instrumento temporal de la Unión puesto en marcha en
2020 y titulado «Apoyo para mitigar los riesgos de desempleo en una emergencia
(SURE)», consistir en un régimen de reaseguro de desempleo de la Unión o tomar
como base el Fondo de Solidaridad de la Unión y debe plantearse para ser
movilizado con el fin de reparar los daños causados por catástrofes naturales o
emergencias de salud pública; pide, por tanto, a la Comisión que garantice una
financiación suficiente con vistas al aumento de los riesgos en estos ámbitos
debido al cambio climático”.
2) El día 12 se
aprobaron dos Resoluciones relativas al semestre europeo. La primera, “para lacoordinación de políticas económicas 2025” , y la segunda “para la coordinación de laspolíticas económicas: prioridades sociales y en materia de empleo para 2025”
A) De la primera,
destaco tres referencias a cuestiones de interés especialmente social:
“3. Toma nota del compromiso de la
Comisión de garantizar que el Semestre Europeo impulse la coordinación de las
políticas en favor de la competitividad, la sostenibilidad y la equidad social,
así como la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas y el pilar europeo de derechos sociales; señala que el Pacto
Verde Europeo sigue siendo un resultado clave para la Comisión;
8. Acoge con satisfacción las
recomendaciones de la Comisión relativas a la política económica de la zona del
euro, en las que se insta a los Estados miembros a mejorar la competitividad y
fomentar la productividad mediante un mejor acceso a la financiación para las
empresas, la reducción de las cargas administrativas y la inversión pública y
privada en los ámbitos de las prioridades comunes de la Unión, que incluyen i)
una transición ecológica y digital justa, ii) la resiliencia social y
económica, en concreto el pilar europeo de derechos sociales, iii) la seguridad
energética, y iv) el desarrollo de capacidades de defensa;
41. Destaca la importancia de las
recomendaciones específicas por país en lo que se refiere a abordar los
factores a más largo plazo de la sostenibilidad presupuestaria, en particular
la sostenibilidad y la provisión adecuada de los sistemas públicos de pensiones
y de los sistemas sanitarios y de cuidados de larga duración ante retos
demográficos como el envejecimiento de la población, así como la preparación
ante sucesos adversos, incluidos los riesgos físicos derivados del cambio
climático; hace hincapié en la relevancia de estas recomendaciones a la hora de
atender a la estabilidad del mercado de la vivienda para así contribuir a la
resiliencia económica de la Unión”.
B) De la segunda,
sin duda muy relevante a los efectos de mi exposición, destaco aquellos
contenidos que me han parecido de mayor interés:
1. Estima que la Comisión y el Consejo
deben redoblar sus esfuerzos para aplicar el pilar europeo de derechos
sociales, en consonancia con el plan de acción de marzo de 2021 y la
Declaración de La Hulpe a fin de alcanzar los objetivos principales de 2030; pide
a la Comisión que garantice que el Informe conjunto sobre el empleo de 2026
analice la aplicación de todos los principios del pilar europeo de derechos
sociales en consonancia con el Reglamento (UE) 2024/1263 y que incluya un
análisis de la dimensión social de los planes fiscales-estructurales nacionales
a medio plazo por lo que respecta a la resiliencia social, incluido el pilar
europeo de derechos sociales; acoge con satisfacción a este respecto el anuncio
de un nuevo plan de acción sobre la aplicación del pilar europeo de derechos
sociales para 2025 con el fin de dar un
nuevo impulso al progreso social; celebra el hecho de que se espera que casi
todos los Estados miembros aumenten la inversión pública en 2025, lo que es
necesario para garantizar el acceso a servicios públicos de calidad y alcanzar
los objetivos del pilar europeo de derechos sociales; recuerda que los Estados
miembros pueden movilizar el MRR dentro del ámbito de aplicación definido por
el Reglamento (UE) 2021/241 hasta el 31
de diciembre de 2026, relativo a las políticas para un crecimiento sostenible e
integrador y para la próxima generación
4. Acoge con satisfacción la inclusión
de un análisis sobre la contribución positiva de los ODS y las estrategias
europeas de igualdad en el Informe conjunto sobre el empleo de 2025 y pide a la
Comisión que garantice que el Informe de 2026 incluya una sección en la que se
analicen los avances hacia los ODS relacionados con el empleo y la política
social y otra sobre los avances hacia la eliminación de la discriminación
social y laboral en consonancia con la Estrategia para la Igualdad de Género
2020 2025, el Plan de Acción de la UE Antirracismo para 2020 2025, el marco
estratégico de la UE para la igualdad, la inclusión y la participación de los
gitanos 2020 2030, la Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ 2020
2025 y la Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para
2021 2030;
23 ... destaca que
la transposición de la Directiva sobre los salarios mínimos será clave para
prevenir y combatir los riesgos de pobreza entre los trabajadores, al mismo
tiempo que reforzará los incentivos al trabajo, y acoge con satisfacción el
hecho de que varios Estados miembros hayan modificado sus marcos relativos al
salario mínimo o tengan previsto hacerlo; expresa su preocupación por el
aumento de las formas atípicas de empleo, en las que los trabajadores están más
expuestos al riesgo de pobreza y a la falta de una protección jurídica
adecuada;
27. .. considera
que una mejor aplicación de los salarios mínimos y el refuerzo de la cobertura
de la negociación colectiva pueden tener un efecto beneficioso en los niveles
de desigualdad salarial, especialmente al ayudar a los trabajadores más
vulnerables situados en la parte inferior de la distribución salarial, que cada
vez se ven más excluidos;
28. Pide a los Estados miembros que
garanticen unas condiciones de trabajo dignas, que incluyan, entre otras cosas,
salarios decentes, acceso a la protección social, oportunidades de aprendizaje
permanente, salud y seguridad en el trabajo, un buen equilibrio entre la vida
laboral y familiar y el derecho a la desconexión, un tiempo de trabajo
razonable, representación de los trabajadores, democracia en el trabajo y
convenios colectivos; insta a los Estados miembros a que fomenten la democracia
en el trabajo, el diálogo social y la negociación colectiva y a que protejan
los derechos de los trabajadores, en particular en el contexto de las
transiciones ecológica y digital; pide también que garanticen la igualdad de
retribución para un mismo trabajo por parte de hombres y mujeres, mejoren la
transparencia salarial y aborden la desigualdad de género para acabar con la
brecha salarial de género en la Unión;
33. Pide a la Comisión y al Consejo que
prioricen la reducción de las cargas administrativas, simplificándolas, pero
siempre respetando las normas laborales y sociales...;
50. Subraya la necesidad de disponer de
datos oportunos y armonizados sobre las políticas sociales para mejorar la
elaboración de políticas basadas en pruebas y las inversiones sociales
específicas; pide que se mejore el cuadro de indicadores sociales a fin de
cubrir los veinte principios del pilar europeo de derechos sociales con la
introducción de indicadores pertinentes que reflejen las tendencias y las
causas de la desigualdad, como el empleo de calidad, la distribución de la
riqueza, el acceso a los servicios públicos, unas pensiones adecuadas, la tasa
de personas sin hogar, la salud mental y el desempleo; recuerda que el
indicador de riesgo de pobreza o exclusión social no revela las causas de la
compleja desigualdad; pide a la Comisión y a los Estados miembros de la Unión
que desarrollen un marco europeo de recogida de datos sobre servicios sociales
para supervisar la inversión en servicios sociales y su cobertura;
4. Sobre el
semestre europeo y los documentos presentados, remito a la entrada “UE.
Semestre europeo 2025. Notas descriptivas del contenido laboral y de protección
social (Recomendación sobre la política económica de la zona euro, y propuesta
de informe conjunto sobre el empleo)” .
En el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y
Consumidores (EPSCO) celebrado el 10 de marzo se aprobaron las
conclusiones del Consejo relativas al informe conjunto de la Comisión y elConsejo sobre el empleo 2025 , que fueron las
siguientes:
“EL CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA,
12. INSTA a los
Estados miembros a que, en estrecha cooperación con los interlocutores
sociales, refuercen unas políticas del mercado de trabajo y de capacidades que
promuevan el aprendizaje permanente, incluidos el reciclaje y perfeccionamiento
profesionales de los adultos, así como la participación en el mercado laboral,
en particular de los grupos infrarrepresentados. INSTA a los Estados miembros a
que refuercen dichas políticas con vistas a contribuir a la competitividad de
la Unión y a propiciar un mercado laboral y una sociedad inclusivos, en
particular solventando la escasez de mano de obra y de personal cualificado
—también mediante la mejora de la información estratégica y las previsiones
sobre capacidades—, facilitando las transiciones hacia empleos de calidad y
promoviendo la creación de empleo de calidad, en consonancia con la evolución
de las dinámicas del mercado laboral, también de las derivadas de las
transiciones digital y ecológica y del cambio demográfico.
13. INSTA a los
Estados miembros a que aceleren la modernización de los sistemas de protección
e inclusión social y mejoren el acceso a una protección social adecuada y
sostenible y a servicios de capacitación y esenciales, con el fin de reducir
los riesgos de pobreza y exclusión social, en particular entre los menores.
INSTA a los Estados miembros a que aumenten la disponibilidad de vivienda
asequible o de ayudas a la vivienda e intensifiquen los esfuerzos para
erradicar el sinhogarismo.
14. INVITA a los
Estados miembros a que lleven a cabo periódicamente evaluaciones de impacto ex
ante y ex post de las reformas e inversiones en los ámbitos del empleo, las
capacidades y la política social que abarquen también sus efectos
distributivos.
15. INSTA a los
Estados miembros a que tengan en cuenta las conclusiones del Informe conjunto
sobre el empleo cuando apliquen su plan fiscal-estructural nacional a medio
plazo y elaboren el informe anual de situación correspondiente, en consonancia
con la necesidad de informar sobre los avances hacia la aplicación de los
principios del pilar europeo de derechos sociales en el marco del Semestre
Europeo. INVITA al Comité de Empleo y al Comité de Protección Social a que
supervisen los aspectos sociales y de empleo de los planes
fiscales-estructurales a medio plazo y los informes anuales de situación, y a
que informen al Consejo.
16. INSTA a la
Comisión a que presente de forma más sistemática estadísticas desglosadas por
sexo en la propuesta anual de Informe conjunto sobre el empleo, a fin de
desvelar y colmar gradualmente las brechas de género que persisten.
17. INVITA a la
Comisión a que, en los próximos trabajos sobre el marco de convergencia social,
facilite en mayor medida la identificación de los riesgos y retos de la
convergencia social al alza y considere al mismo tiempo la posibilidad, junto
con el Comité de Empleo y el Comité de Protección Social, de introducir
eventuales ajustes, concretamente revisar la metodología del análisis de la
primera fase y solventar las deficiencias del cuadro de indicadores sociales
actual, además de reducir la carga administrativa que conlleva el proceso, tal
como se indica en la evaluación realizada por el Comité de Empleo y el Comité
de Protección Social en 2024. INVITA al Comité de Empleo y al Comité de
Protección Social a que examinen las conclusiones de la segunda fase del
análisis con vistas a informar al Consejo sobre la situación de la convergencia
social en la Unión”.
Por otra parte, y
a la espera de su aprobación definitiva por el Consejo, se dio el visto bueno
al proyecto de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zonadel euro , en el que hay
también algunas referencias de directo interés social:
“El Consejo
RECOMIENDA que, durante el período 2025-2026, los Estados miembros de la zona
del euro adopten medidas individualmente, en particular mediante la aplicación
de sus planes de recuperación y resiliencia, y colectivamente, dentro del
Eurogrupo, con el fin de:
1. En materia de
competitividad
... Promover la
mejora de las capacidades y el reciclaje profesional de los trabajadores,
especialmente en el contexto del cambio demográfico, así como los empleos de
calidad, con vistas a aumentar la productividad y apoyar una transición verde y
digital justa. Seguir incrementando la participación en el mercado de trabajo
mejorando, entre otras, las políticas activas del mercado de trabajo. Mejorar
las políticas de educación y formación, incluida la educación y formación
profesionales, con el fin de mejorar los resultados educativos y garantizar una
mejor adecuación entre […] la oferta y […] la demanda de capacidades.
2. En materia de
resiliencia
Facilitar la
integración en el mercado laboral de los grupos infrarrepresentados, en
particular las mujeres, las personas jóvenes, las personas mayores, las
personas poco cualificadas, las personas con discapacidad y las personas de
origen migrante. Eliminar los obstáculos a la participación de la población
activa, en particular mejorando el acceso a la educación y la atención de la
primera infancia y a los cuidados de larga duración, así como su calidad.
Adoptar medidas para mejorar las malas condiciones de trabajo y facilitar la
gestión de la migración legal de nacionales de terceros países hacia
ocupaciones que presenten escasez de mano de obra, en complementariedad con una
movilidad laboral justa y aprovechando la oferta de trabajo y las capacidades
internas de la Unión.
De conformidad con
las prácticas nacionales y respetando el papel de los interlocutores sociales,
reforzar las condiciones que sustentan el crecimiento sostenible de los
salarios y la productividad, especialmente para las rentas bajas y medias. La
negociación salarial debe tener en cuenta la dinámica de la competitividad
relativa […] y evitar contribuir a divergencias duraderas en la competitividad
dentro de la zona del euro. Garantizar la participación efectiva de los
interlocutores sociales en la formulación de políticas y reforzar el diálogo
social. Promover la salud y la seguridad en el trabajo en todos los sectores.
Adoptar un enfoque centrado en el ser humano al aplicar nuevas tecnologías.
Reforzar los
incentivos al trabajo desplazando la carga fiscal desde el trabajo hacia otros
impuestos, en particular mediante reformas específicas de los regímenes
tributarios y de prestaciones. Adoptar medidas para luchar contra la pobreza
salvaguardando y reforzando unos sistemas de protección e inclusión social
adecuados y sostenibles, incluido el acceso a una vivienda asequible y
sostenible”.
Además, se
presentó un escrito de las presidencias del Comité de Empleo y del Comité de ProtecciónSocial “sobre los aspectos sociales y en materia de empleo de los planes
fiscales-estructurales nacionales a medio plazo de los Estados miembros”, en la que se dio cuenta de las reuniones mantenidas
con los veintidós Estados que habían presentado sus planes, y se manifestó que
“En primer lugar,
el COEM y el CPS acogieron favorablemente que los planes presentaran un enfoque
muy marcado en materia social y de empleo, en consonancia con la necesidad de
responder a las recomendaciones específicas por país formuladas anteriormente y
a las prioridades comunes de la Unión, entre las que se encuentra el pilar
europeo de derechos sociales. Los veintidós planes presentados hasta la fecha
contienen medidas para reforzar las políticas activas del mercado de trabajo,
los incentivos laborales y la educación y la capacitación. Esto resulta
coherente con la necesidad esencial de mejorar la competitividad de la Unión,
abordando para ello los elevados niveles de escasez de mano de obra y de
personal cualificado, incrementando la participación en el mercado laboral, en
particular de los grupos infrarrepresentados, y mejorando sustancialmente los
resultados educativos y la educación de personas adultas. Casi todos los planes
incluyen también medidas para reducir los riesgos de pobreza y exclusión social,
así como para mejorar el acceso a la vivienda y a la atención sanitaria, en
consonancia con las prioridades sociales señaladas en los ciclos recientes del
Semestre Europeo”.
5. En efecto, un
documento siempre de obligada lectura es el Informe conjunto sobre el empleo dela Comisión y el Consejo , que ha sido ya adoptado por el EPSCO . Reproduzco, por su importancia, un amplio fragmento del mismo
“A) La propuesta
de informe conjunto sobre el empleo confirma que el mercado laboral de la UE
sigue destacando por su resiliencia. La tasa de empleo de la UE alcanzó un
máximo histórico del 75,3 % en 2023 y siguió subiendo hasta el 75,8 % en el
segundo trimestre de 2024. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo disminuyó
hasta un mínimo histórico del 6,1 % en 2023, tendencia que se mantuvo en 2024.
La productividad del trabajo siguió desacelerándose en 2023, tras ralentizarse
considerablemente entre 2010 y 2019. Esto podría perjudicar la capacidad de la
UE para competir a escala mundial y sostener el crecimiento económico, la
creación de empleo y la mejora del nivel de vida.
Los salarios
reales empezaron a recuperarse en el segundo semestre de 2023, según fueron
atenuándose las presiones inflacionistas. Sin embargo, estos beneficios aún no
han restablecido plenamente el poder adquisitivo perdido en años anteriores.
Unos salarios mínimos adecuados siguen siendo esenciales para proteger a los
trabajadores con salarios bajos y reducir la pobreza de los ocupados, además de
estimular la demanda y reforzar los incentivos para trabajar. La escasez
generalizada de mano de obra y de capacidades sigue siendo un obstáculo para el
aumento de la productividad, la innovación y la competitividad. En marzo de
2024, la Comisión presentó un plan de acción para resolver la escasez de mano
de obra y de capacidades, basándose en las iniciativas existentes y
estableciendo nuevas medidas que deben aplicar la UE, los Estados miembros y
los interlocutores sociales.
El informe
conjunto sobre el empleo de 2025 sigue haciendo gran hincapié por país en los
aspectos sociales, de empleo y de capacidades basados en los principios del
marco de convergencia social, tal y como se prevé en el nuevo marco de
gobernanza económica. El informe también examina los avances hacia los
objetivos para 2030 establecidos en el Plan de Acción del Pilar Europeo de
Derechos Sociales. La UE va por buen camino para alcanzar su objetivo principal
de una tasa de empleo del 78 % de aquí a 2030. Sin embargo, siguen siendo
necesarios grandes progresos para garantizar que el 60 % de los adultos
participe en actividades de aprendizaje cada año y para reducir en 15 millones
como mínimo el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social”.
B) En la
presentación del Informe se expone que “ofrece un análisis específico por
países basado en los principios del Marco de Convergencia Social (MCE), de
conformidad con el artículo 3, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) nº
2024/1263. Sobre la base de las herramientas existentes (el Cuadro de
Indicadores Sociales y la metodología del semáforo del ICE acordada), se
analizan el mercado laboral, las capacidades y los retos sociales de los
Estados miembros con el fin de identificar los riesgos potenciales para la
convergencia social ascendente que requieren un análisis más profundo en una
segunda fase. En conjunto, el análisis de la primera fase del MCE apunta a lo
siguiente
i. la continuación
de la convergencia al alza en el mercado laboral en 2023, mientras que los
resultados en materia de empleo de los grupos infrarrepresentados aún deben
mejorar;
ii. ligeras
mejoras a escala de la UE en materia de cualificaciones, aunque persisten los
riesgos para la convergencia al alza en este ámbito
iii. estabilidad
general de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social a nivel de la UE,
aunque persisten algunos riesgos de convergencia al alza en lo que respecta a
los resultados sociales”.
... Además, el ICE
2025 mide, por primera vez, los avances hacia los objetivos nacionales y de
laUE para 2030 en materia de capacidades
. Con la escasez de mano de obra y de cualificaciones y el
envejecimiento de la población, una amplia participación en el aprendizaje de
adultos es clave para garantizar que los trabajadores mantengan actualizadas
sus cualificaciones. A pesar de ello, las cifras recientes de la Encuesta sobre
Educación de Adultos (EEA) indican solo un ligero aumento de las tasas de
participación en el aprendizaje de adultos (excluida la formación guiada en el
puesto de trabajo) en los 12 meses anteriores, del 37,4 % en 2016 al 39,5 % en
2022 para la UE, con grandes disparidades entre los Estados miembros
C) En el Informe
se indica que los Estados miembros “deberían tomar medidas para abordar los
retos en materia de empleo, cualificaciones y política social identificados en
este Informe conjunto sobre el empleo”, y que “en particular, en consonancia
con las Directrices de Empleo”, deberían ser las siguientes:
- Mejorar la
mejora y la recualificación de los adultos para garantizar la competitividad,
hacer frente a la escasez de mano de obra y de cualificaciones, adaptarse a la
situación y a las perspectivas cambiantes del mercado laboral y fomentar las
transiciones ecológica y digital, en particular integrando el uso de
herramientas de información sobre las capacidades, reforzando la oferta de
derechos individuales de formación, como las cuentas individuales de
aprendizaje, y fomentando el desarrollo, la aplicación y el reconocimiento de
microcredenciales, en consonancia con las recomendaciones del Consejo sobre las
cuentas individuales de aprendizaje y sobre un enfoque europeo de las
microcredenciales.
- Reforzar las
políticas activas del mercado laboral y la capacidad y eficacia de los
servicios públicos de empleo -incluyendo la inversión en infraestructuras y
servicios digitales, la mejora de la orientación profesional, los servicios de
asesoramiento, la información sobre capacidades y la formación del personal-
con vistas a apoyar la creación de empleo de calidad y las transiciones.
- En consonancia
con las legislaciones y/o prácticas nacionales y respetando plenamente el papel
y la autonomía de los interlocutores sociales, promover una evolución salarial
que mitigue la pérdida de poder adquisitivo, en particular para los trabajadores
con salarios bajos, fomentando al mismo tiempo la convergencia social al alza,
teniendo en cuenta la evolución de la productividad, la creación de empleo de
calidad y la salvaguardia de la competitividad.
- Garantizar la
disponibilidad de regímenes de apoyo concebidos para preservar y seguir
desarrollando el capital humano mediante la mejora y el reciclaje de las
cualificaciones asociadas, con el fin de apoyar procesos de reestructuración
justos cuando sea necesario, facilitar las transiciones laborales y contribuir
a la modernización de la economía.
- Prestar apoyo a
los trabajadores y a los hogares más afectados por las repercusiones económicas
y sociales de la adaptación al cambio climático y a las nuevas tecnologías
verdes y digitales, en particular a los trabajadores y hogares vulnerables, en
particular mediante servicios de empleo y medidas de formación eficaces;
programas de empleo bien diseñados, específicos y con plazos concretos,
incentivos a la contratación y a la transición; una seguridad de ingresos
adecuada con un planteamiento de inclusión activa; y el fomento del espíritu
empresarial, en consonancia con la Recomendación del Consejo sobre una
transición justa hacia la neutralidad climática.
- Promover la
movilidad dentro de la UE y estudiar la posibilidad de atraer a trabajadores
cualificados nacionales de terceros países. Además, garantizar el respeto y la
aplicación de los derechos laborales y sociales y encauzar a los nacionales de
terceros países que entren en la UE a través de vías legales de migración hacia
profesiones en las que haya escasez, con el apoyo de una política de
integración eficaz, en plena complementariedad con el aprovechamiento de los
talentos procedentes del interior de la Unión.
- Adaptar la
normativa del mercado laboral y los regímenes fiscales y de prestaciones
sociales para reducir la segmentación del mercado laboral y las diferencias
entre hombres y mujeres en el mercado laboral y fomentar la creación de empleo
de calidad, incluida una posible reducción de la cuña fiscal, especialmente
para las personas con bajos ingresos, sin obstaculizar la transición hacia
empleos mejor remunerados, y un cambio de la fiscalidad del trabajo a la
fiscalidad medioambiental.
- Garantizar
entornos de trabajo sanos, seguros y bien adaptados.
- Promover la
negociación colectiva y el diálogo social, en consonancia con la Recomendación
del Consejo sobre el refuerzo del diálogo social, junto con una participación
oportuna y significativa de los interlocutores sociales en la elaboración de
las políticas pertinentes a nivel nacional y de la UE, también en relación con
la aplicación de los planes de recuperación y resiliencia de los Estados
miembros y en el contexto del Semestre Europeo. - Mejorar las perspectivas de
los jóvenes en el mercado laboral, entre otras cosas mediante una educación y
formación profesionales y una educación terciaria inclusivas y de calidad;
apoyo específico de los servicios de empleo (que incluya tutoría, orientación y
asesoramiento); y períodos de prácticas y aprendizaje de calidad, en
consonancia con la Garantía Juvenil reforzada.
- Apoyar la
equidad, la calidad y la pertinencia para el mercado laboral de la educación
superior, así como el reconocimiento automático de las cualificaciones, para
hacer frente a la escasez y la inadecuación de las cualificaciones, en
particular aumentando el número de titulados en algunas disciplinas STEM,
reduciendo las diferencias de género y capacitando a las universidades para que
se conviertan en agentes del cambio en las transiciones ecológica y digital.
- Garantizar la no
discriminación, promover la igualdad de género, mejorar la integración de la
igualdad y reforzar la participación de las mujeres y los grupos desfavorecidos
en el mercado laboral, fomentando la igualdad de oportunidades y la progresión
profesional, garantizando la igualdad de retribución por un mismo trabajo o por
un trabajo de igual valor, la transparencia de las estructuras salariales y
promoviendo la conciliación de la vida laboral, familiar y privada, en
particular mediante el acceso a unos cuidados asequibles y de alta calidad
(educación y cuidados en la primera infancia y cuidados de larga duración), así
como permisos por motivos familiares y acuerdos laborales flexibles para los
padres y otros cuidadores informales, en consonancia con la Estrategia Europea
de Cuidados.
- Fomentar la
igualdad de oportunidades para los niños a fin de hacer frente a los elevados
niveles de pobreza infantil y aprovechar al máximo los recursos nacionales y de
la UE. Acelerar la aplicación de la Garantía Infantil Europea, en particular
proporcionando una educación y una atención a la primera infancia asequibles y
de calidad, y abordando el abandono escolar prematuro y la escasez de
profesores. Apoyar el acceso a una educación de calidad de los niños y jóvenes
de grupos desfavorecidos y zonas remotas, mejorar sus resultados de aprendizaje
y promover la formación en todos los niveles de cualificación.
- Adoptar medidas
globales para mejorar las capacidades básicas y, más ampliamente, el desarrollo
de las competencias clave (incluidas las capacidades transversales) de los
alumnos y abordar los retos estructurales relacionados con el rendimiento y la
equidad de los sistemas de educación y formación, entre otras cosas mediante
enfoques eficaces de enseñanza, aprendizaje y evaluación, apoyando la práctica
profesional de los educadores y los directores de centros escolares,
promoviendo entornos de aprendizaje propicios, ofreciendo apoyo específico a
las escuelas y los alumnos desfavorecidos, y abordando la escasez de profesores
y aumentando el atractivo de la profesión docente (también mediante la creación
de marcos profesionales atractivos, el apoyo a los educadores a lo largo de su
carrera y el apoyo adecuado a los profesores de zonas desfavorecidas, rurales y
remotas).
- Impulsar las
capacidades y competencias digitales de alumnos y adultos de todas las edades,
mejorar el pensamiento crítico y la alfabetización mediática, y aumentar la
reserva de talentos digitales en el mercado laboral mediante el desarrollo de
ecosistemas de educación y formación digitales apoyados por habilitadores
clave, como la conectividad de alta velocidad para las escuelas, el
equipamiento y la formación del profesorado; y apoyar a las instituciones con
conocimientos técnicos sobre digitalización con especial atención a la
inclusión y a la reducción de la brecha digital.
- Garantizar una
protección social adecuada y sostenible para todos, en consonancia con la
Recomendación del Consejo sobre el acceso a la protección social; mejorar la
protección de quienes no están suficientemente cubiertos, como los trabajadores
con formas de empleo atípicas, incluido el trabajo en plataformas, y los
autónomos; mejorar la adecuación de las prestaciones, la transferibilidad de
los derechos y el acceso a servicios de calidad, salvaguardando al mismo tiempo
la sostenibilidad de las finanzas públicas; y apoyar eficazmente la integración
en el mercado laboral de quienes pueden trabajar.
- Desarrollar y
reforzar los regímenes de renta mínima que proporcionen un apoyo adecuado y
sigan un planteamiento de inclusión activa, en consonancia con la Recomendación
del Consejo sobre una renta mínima adecuada que garantice la inclusión activa;
y fomentar el acceso a los servicios esenciales, incluida la energía,
especialmente para los hogares con rentas bajas y vulnerables.
- Evaluar el
impacto distributivo de las reformas y las inversiones en los ingresos de los
distintos grupos de la población, en consonancia con la Comunicación sobre una
mejor evaluación del impacto distributivo de las políticas de los Estados
miembros.
Proporcionar a
todos los niños en riesgo de pobreza o exclusión social un acceso gratuito y
efectivo a la asistencia sanitaria, la educación y los cuidados en la primera
infancia, y la educación, la formación y las actividades escolares; así como un
acceso efectivo a una nutrición sana y a una vivienda adecuada; en consonancia
con la Garantía Infantil Europea y los planes de acción nacionales
correspondientes.
Apoyar el acceso a
una vivienda de calidad y asequible, a una vivienda social o a ayudas a la
vivienda, cuando proceda; abordar el problema de las personas sin hogar como la
forma más extrema de pobreza; promover la renovación de las viviendas
residenciales y sociales y los servicios sociales integrados.
- Invertir en la
capacidad del sistema sanitario, incluidos los servicios de prevención y
atención primaria, así como la capacidad de la sanidad pública, la coordinación
de la atención, el personal sanitario y el uso de la sanidad electrónica y la
IA; reducir los pagos directos cuando proceda; mejorar la cobertura sanitaria;
y promover mejores condiciones de trabajo, así como la mejora y el reciclaje
del personal sanitario.
- Reforzar la
prestación de servicios de cuidados de larga duración de calidad, asequibles y
sostenibles, en consonancia con la Recomendación del Consejo sobre el acceso a
cuidados de larga duración asequibles y de calidad.
- Garantizar
sistemas de pensiones inclusivos y sostenibles que permitan unos ingresos
adecuados en la vejez y la equidad intergeneracional.
La financiación de
la UE, en particular a través del FSE+, el FEDER, el FCPT, el IAC y el FRR para
inversiones y reformas subvencionables, ayuda a los Estados miembros a
intensificar la actuación política en estos ámbitos”.
6. Por último, hay
que hacer referencia a la Resolución aprobada el día 13 que versa “sobre los aspectossociales y de empleo de los procesos de reestructuración: necesidad de protegerlos puestos de trabajo y los derechos de los trabajadores” Hay cinco
apartados de la Resolución que considero de especial importancia.
“5. Insta a la Comisión, en el contexto de
la próxima revisión de la Directiva europea sobre contratación pública , a que
continúe promoviendo la negociación colectiva y el uso de la cláusula social,
así como el trato preferente para las empresas cuyos trabajadores estén
acogidos a convenios colectivos; subraya que las entidades adjudicadoras deben
excluir de las licitaciones públicas a los operadores económicos que hayan
participado en actividades delictivas; sostiene que la contratación pública
debe reforzar estratégicamente la responsabilidad social de las empresas;
destaca la importancia de garantizar que los fondos nacionales y europeos se
utilicen para facilitar la transición hacia una economía climáticamente neutra,
en particular promoviendo el diálogo social y la negociación colectiva;
considera asimismo que no debe destinarse ayuda financiera de la Unión a las
empresas que no cumplan las condiciones de trabajo y empleo aplicables y las
obligaciones patronales que se deriven de la legislación nacional o de la Unión
en materia laboral o de los convenios colectivos pertinentes; considera que
esta ayuda también debe utilizarse para promover la competitividad industrial
europea y la creación de empleos de calidad en la Unión, así como la
negociación colectiva y el respeto de los derechos y leyes nacionales y de la
Unión en materia laboral, incluidas unas condiciones de trabajo dignas; pide
que la financiación de la Unión y las ayudas estatales de los Estados miembros
estén en consonancia con una política industrial europea con el fin de ofrecer
puestos de trabajo de alta calidad, promover la negociación colectiva y el
respeto de los derechos y normas laborales de la Unión, mejorar la
competitividad de las empresas europeas y garantizar la mejora de las condiciones
de trabajo;
12. Subraya que los procesos de
reestructuración no deben utilizarse como pretexto para vulnerar los derechos
de información y consulta de los trabajadores, así como el derecho a la
negociación colectiva y los derechos sindicales ; lamenta la vulneración de los
derechos fundamentales de negociación colectiva y de información y consulta
antes de la toma de decisiones; considera que los sindicatos deben contar con
recursos y capacidad suficientes para evaluar la decisión de una empresa de
reestructurarse y para recurrir a un experto independiente que les asesore;
pide a la Comisión, los Estados miembros y los interlocutores sociales que
establezcan salvaguardias adicionales para garantizar la negociación colectiva
y evitar el uso indebido de los procesos de reestructuración como medio para
sustraerse a las obligaciones de los empleadores; subraya que deben imponerse
sanciones en caso de infracción e incumplimiento;
15. Subraya que la igualdad de género debe
formar parte integrante de las estrategias de transición e integrarse en las
medidas políticas y legislativas conexas para reforzar la equidad de nuestras
sociedades; considera esencial garantizar la igualdad de trato y la igualdad de
acceso a oportunidades económicas para las mujeres, prestando atención a las
más vulnerables, como las mujeres con discapacidad, las madres solteras, las
mujeres pertenecientes a minorías y las mujeres migrantes;
18. Pide a la Comisión que, en estrecha
colaboración con los interlocutores sociales, se plantee el establecimiento de
una Directiva marco para abordar los retos y complejidades asociados a las
obligaciones de los empleadores en las cadenas de subcontratación y a los
intermediarios del mercado laboral en Europa, a fin de garantizar unas
condiciones de trabajo dignas y el respeto de los derechos de los trabajadores;
pide que esta Directiva marco incluya medidas que regulen el papel de los
intermediarios del mercado laboral distintos de las empresas de trabajo
temporal e introduzca un marco jurídico general de la Unión que limite la
subcontratación y garantice la responsabilidad solidaria a lo largo de toda la
cadena de subcontratación, con el fin de poner fin a la subcontratación abusiva
y proteger los derechos de los trabajadores y sus reclamaciones por cuestiones
como atrasos salariales, impago de las cotizaciones sociales, quiebra,
desapariciones y «subcontratistas ficticios» que no pagan según lo acordado;
pide que dicha Directiva incluya disposiciones que garanticen el respeto de los
derechos de información y consulta y el derecho de negociación colectiva,
también para los trabajadores subcontratados;
19. Pide a la Comisión y a los Estados
miembros que apoyen a los interlocutores sociales en sus esfuerzos por incluir
cuestiones relacionadas con la transición ecológica en la negociación colectiva
a los niveles adecuados; destaca que los convenios colectivos pueden abarcar
las repercusiones de las actividades de las empresas en el medio ambiente, la
protección de los trabajadores frente a los efectos del cambio climático y el
impacto de la transición ecológica en las condiciones de trabajo; pide a la
Unión y a los Estados miembros que sigan apoyando medidas e iniciativas que
incentiven a los empleadores y los trabajadores a adaptarse a la transición
ecológica y que hagan de la negociación colectiva en un instrumento clave para
garantizar modelos de producción equilibrados que protejan el medio ambiente y
creen puestos de trabajo de calidad”.
6. Además de los
textos anteriormente referenciados sobre el semestre europeo, el Consejo EPSCO
celebrado el 10 de marzo mantuvo un debate de orientación sobre “Retos de latransformación plateada: incentivos y soluciones sistémicas para promover laprolongación voluntaria de la actividad profesional de las personas de edadavanzada”, a partir de un documento preparado por la Presidencia. La tesis
central del documento queda perfectamente reflejada en estos fragmentos del
documento:
“Aunque la tasa de
actividad y de empleo de las personas de entre 55 y 64 años han aumentado desde
2009, siguen siendo considerablemente inferiores a las de los trabajadores en
edad de máximo rendimiento, especialmente entre las mujeres de edad avanzada, lo
que sugiere que sigue habiendo un potencial sin explotar que podría
aprovecharse para una mayor activación. La tasa de desempleo de larga duración
(doce meses o más) también es mucho mayor entre los trabajadores de edad
avanzada que en otros grupos de edad. La activación de las personas de edad
avanzada puede ayudar a mitigar los efectos adversos del envejecimiento de la
población en la mano de obra de la UE, así como el aumento previsto de la
escasez de personal cualificado y de mano de obra. Se necesitan políticas
adaptadas para abordar los obstáculos específicos relacionados con el empleo a
los que se enfrentan las personas de edad avanzada, como la discriminación por
edad en la contratación. Las políticas de empleo tienden a centrarse
principalmente en los adultos en edad laboral, lo que limita el acceso de las
personas en edad de jubilación a oportunidades de empleo o a actividades de
educación y formación dirigidas a personas adultas. Además, la limitada
disponibilidad de servicios asistenciales repercute en las responsabilidades
asistenciales no profesionales de las mujeres de edad avanzada y afecta
negativamente a su participación en el mercado laboral...
... Las políticas
nacionales deben integrar en la planificación social y económica el
envejecimiento y los mecanismos adecuados de apoyo a las personas de edad
avanzada. Las políticas de empleo, condiciones laborales, salud, transporte,
vivienda y bienestar deben tener en cuenta las necesidades de las personas de
edad avanzada. Estos objetivos sectoriales también deben integrarse en
estrategias sociales más amplias”.
... Si nuestro
objetivo es redoblar los esfuerzos encaminados a promover una economía
resiliente y la inclusión social, debemos considerar la manera en que queremos
que el Semestre Europeo analice las políticas públicas en materia de
envejecimiento en general y los incentivos positivos para prolongar la vida
laboral en particular, y formular recomendaciones a los Estados miembros en
consecuencia...”
En la nota de
prensa de explicación de los debates del Consejo se explica que “se centró en
particular “....
en el papel del
Semestre Europeo a la hora de abordar los retos y las oportunidades
relacionados con el envejecimiento de la población. Entre los puntos planteados
por los Estados miembros figuran la importancia de ayudar a las personas
mayores a mejorar sus capacidades y reciclarse para emprender nuevas carreras
profesionales, de luchar contra los estereotipos negativos y de reconocer los
retos particulares a los que se enfrentan las mujeres de edad avanzada. Varios
ministros también han compartido ejemplos de incentivos políticos utilizados en
sus países para promover una vida laboral más larga”.
En este debate
debió plantearse, sin duda, el incremento de la edad media de la población enla UE, que es de 2,2 años desde 2014, según los recientes datos
difundidos por la oficina estadística Eurostat , en los que se recoge que
“El 1 de enero de
2024, la edad media de la población de la UE alcanzaba los 44,7 años. Esto
significa que la mitad de los habitantes de la UE tenía más de 44,7 años,
mientras que la otra mitad era más joven. En toda la UE, oscilaba entre los
39,4 años de Irlanda y los 48,7 de Italia”..., la edad media de la población
nacida en la UE era 2 años superior a la de la población nacida en el
extranjero (45,1 frente a 43,1 años)..., en comparación con la población
nativa, los nacidos en el extranjero estaban sobrerrepresentados entre los 20 y
los 54 años, mientras que estaban infrarrepresentados tanto en los grupos de
edad más jóvenes como en los de más edad. En total, el 59,7% de la población
nacida en el extranjero tenía entre 20 y 54 años, frente al 42,1% de la
población nativa.
En relación con
este importante debate social y económico, no conviene olvidar el muy reciente
Dictamen aprobado por el Pleno del Comité Económico y Social Europeo el 27 de
febrero sobre “Permanencia de las personas mayores en el empleo: factoressistémicos a la hora de optar por trabajar durante más tiempo” , por 146 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones , elaborado a petición de
la presidencia polaca. Los puntos clave del documento son los siguientes:
“(el CESE) comparte
la opinión de la Presidencia polaca del Consejo de la Unión Europea de que la
activación profesional de las personas mayores se ha convertido en uno de los
retos clave de las políticas públicas. Dado que la esperanza media de vida con
buena salud está aumentando en la UE, la actividad profesional de las personas
mayores tiene el potencial de influir positivamente no sólo en el desarrollo
económico, sino también en su bienestar a través de mejores condiciones
financieras, sociales y sanitarias, así como en la solidaridad
intergeneracional en la sociedad;
señala que el 15º
principio del Pilar Europeo de Derechos Sociales (el derecho a una pensión
proporcional a sus cotizaciones y que garantice unos ingresos adecuados para
una vida digna en la vejez) debe aplicarse plenamente;
señala que la
creación de puestos de trabajo de calidad con un entorno laboral que anime a
todos los grupos de edad a incorporarse y permanecer en el mercado laboral es
un aspecto importante.
señala que otro
factor para aumentar el empleo de las personas mayores es la creación de
equipos de trabajo multigeneracionales y reitera su petición a la Comisión
Europea para que adopte una recomendación en la que se pida a los Estados
miembros que garanticen la presencia de trabajadores de distintas generaciones
y su cooperación en el lugar de trabajo;
señala que entre
los instrumentos que apoyan el empleo de las personas mayores se incluyen: (a)
la creación de un entorno de trabajo propicio que anime a los mayores a
permanecer más tiempo en el mercado laboral cuando así lo deseen, (b) el
mantenimiento y el aumento de las cualificaciones mediante políticas de
aprendizaje permanente, (c) medidas que permitan compaginar el trabajo con las
responsabilidades de cuidado de familiares mayores (d) la promoción de una vida
laboral más larga, y (e) la lucha contra la discriminación relacionada con la
edad y otros factores que impiden a los trabajadores mayores permanecer en el
mercado laboral. Las entidades de la economía social, las organizaciones de la
sociedad civil y los interlocutores sociales tienen un papel clave que
desempeñar en todos estos ámbitos;
sugiere que la
Comisión Europea, en cooperación con el CESE, los interlocutores sociales y
otras organizaciones de la sociedad civil, cree un foro para el intercambio de
buenas prácticas entre los Estados miembros y que, posteriormente, teniendo en
cuenta los resultados de los debates del foro, la Comisión Europea publique una
«caja de herramientas» de buenas prácticas”.
7. Por último, también
fue objeto de debate informal el derecho a la desconexión. En este punto, y tal
como se explica en la nota de prensa del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social , la Vicepresidenta segunda del Gobierno
y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, reclamó una directiva
que regule tal derecho de las personas trabajadoras, en la misma línea que
defiende la Confederación Europea de Sindicatos desde hace varios años y que no pudo alcanzarse en 2024 por la vía del diálogo social con las
organizaciones empresariales europeas. Para la Ministra,
“una cultura de
hiperdisponibilidad erosiona los límites entre el trabajo y la vida. “No se
trata solo de salud laboral o de conciliación. Se trata de algo más profundo:
de garantizar que el desarrollo tecnológico esté al servicio del progreso
humano”, afirmando que se precisa “una norma vinculante que garantice que
ningún trabajador o trabajadora pueda ser penalizado por ejercer su derecho al
tiempo propio. Desconectar no es una concesión. Es un derecho”, ha asegurado la
vicepresidenta quien ha señalado el riesgo que supone una jornada laboral sin
límites para la salud mental. Díaz ha recalcado la necesidad de “garantizar
condiciones de trabajo humanas, donde el descanso sea un derecho real y no un
privilegio para unos pocos”.
Buena lectura.
