1. El pasado 28 de
febrero dediqué una entrada del blog al examen del Estudio de la OIT, “Promoveruna migración equitativa”, además de añadir el análisis de algunos documentos y
estudios dedicado a la problemática de los refugiados en Europa. El citado
Estudio fue objeto de debate en la Comisión de aplicación de normas durante la
recientemente celebrada 105ª reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo. Recupero de aquella entrada
los contenidos más relevantes para enlazarlos con los textos que examino en la
presente.
“Los cuatro instrumentos
objeto de análisis en cuanto a su aplicación por los Estados miembros que los
han ratificado (en el caso de los Convenios) o las razones para que ello no
haya sido así, son los Convenios números 97 de 1949 y 143 de 1975 sobre los
trabajadores migrantes, y las Recomendaciones números 86 y 151 de los mismos
años respectivamente. Han presentado memorias 122 Estados, y 43 organizaciones
de trabajadores y 18 de empresarios han aportado sus informes sobre tales
instrumentos.
Conviene recordar que un
Estudio general sobre los mismos Convenios y Recomendaciones se realizó en
1999, siendo el actual una actualización de aquel, en el bien entendido,
afirmo, que creo que es mucho más que una actualización dados los importantes
cambios operados a escala internacional en la problemática internacional de las
migraciones durante el siglo XXI, y así se puso de manifiesto por la propia OIT
con ocasión de la selección nuevamente de los Convenios y Recomendaciones sobre
los trabajadores migrantes al exponer que “en un mundo cada vez más
globalizado, la migración laboral internacional se ha convertido en una
cuestión que evoluciona a un ritmo vertiginoso y concierne a casi todos los
países, ya fueran los países de origen, de destino o de tránsito”.
… El Informe dela OIT
consta de una amplia introducción de carácter general, con numerosos datos
sobre la realidad actual de la migración, a los que me referiré a continuación.
A continuación aborda el impacto de los instrumentos, deteniéndose después en
cuál es su ámbito de aplicación y
cobertura, de qué forma puede ser objeto de gobernanza a escala
internacional, cuál es la protección de los trabajadores migrantes, cómo puede
garantizarse el control del cumplimiento de las normas y el acceso a la
justicia por parte de aquellos, las dificultades en su aplicación y la manera
de conseguir una mejor aplicación, para finalizar con unas conclusiones y
observaciones finales.
En dichas conclusiones,
se constata que los Convenios y Recomendaciones siguen siendo válidos, pero que
lógicamente no pudieron prever cuando se elaboraron los cambios tan importantes
que iban a producirse en las políticas migratorias, por lo que “ciertos
detalles de las disposiciones de estos instrumentos parecen algo obsoletos”,
debiendo además los cambios que pudieran producirse tomar en consideración los
objetivos de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible aprobada por la ONU,
cuyo objetivo 10.7 “exige facilitar la migración y la movilidad ordenadas,
seguras, regulares y responsables de las personas, entre otras cosas, entre
otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien
gestionadas”. En síntesis, el Informe se manifiesta en los siguientes términos:
“657. Al tiempo que destaca el potencial de los instrumentos para encarar
muchos de los desafíos actuales que plantea la migración a los Estados
Miembros, así como su naturaleza inherentemente flexible, la Comisión alienta a
la OIT a llevar a cabo una campaña general con el fin de promover la aplicación
efectiva de los Convenios núms. 97 y 143, y la sensibilización acerca de los
mismos, así como la aplicación de las Recomendaciones núms. 86 y 151, en el
contexto de su Programa sobre la Migración Equitativa. La Comisión subraya a
este respecto medidas encaminadas a atender las necesidades de las mujeres, así
como de grupos particulares de trabajadores migrantes, tales como las minorías
étnicas y religiosas, las poblaciones rurales e indígenas, los jóvenes, las
personas con discapacidad, y las personas que viven con el VIH y el sida. En
este contexto, la Comisión pone de relieve la importancia que reviste la
adopción de medidas concretas orientadas específicamente a los trabajadores
migrantes en ocupaciones vulnerables y peligrosas, como el trabajo doméstico,
la agricultura y la construcción y ciertas industrias. 658. Asimismo, la
Comisión considera que la Oficina tal vez estime oportuno preparar un documento
de referencia en el que se identifiquen elementos que deben tomarse en
consideración para asegurar la mayor pertinencia de los instrumentos, en el
marco del Mecanismo de Examen de las Normas”.
… Los documentos
elaborados por la OIT son siempre de especial importancia porque permiten tener
una visión global y mundial de las políticas sociales, y en este caso concreto
de las migratorias, siendo el documento que ahora se ha publicado una
actualización de los datos presentados en la reunión de Ministros de Trabajo y
de Empleo del G20 celebrada en Ankara los días 3 y 4 de septiembre de 2015.
Pues bien, en el año 2015
el número de migrantes internacionales era de 243,7 millones (48 % mujeres),
alrededor de un 3 % de la población mundial, mientras que al iniciarse el siglo
XXI eran 60 millones menos, en concreto 172,7. El término “migrante
internacional” es el utilizado por la ONU en las estadísticas de migración, de
tal manera que la definición natural de la “población de migrantes
internacionales presentes en un país” sería “el conjunto de personas que hayan
cambiado alguna vez de país de residencia habitual, es decir, las personas que
hayan pasado al menos un año de su vida en un país distinto del país en el que
viven en el momento en que se recopilan los datos”.
La principal causa de las
migraciones sigue siendo la búsqueda de empleo, ya que el 72,7 % de la población migrante en edad de
trabajar, 207 millones (66,6 millones de mujeres), con datos de 2013, estaban trabajando o habían sido
económicamente activos, siendo un dato especialmente relevante que casi la
mitad de los trabajadores migrantes (48,5 % en términos globales, con
diferencias entre las mujeres, 52,9 %, y los hombres, 45.1 %) se concentran en
dos grandes zonas regionales: por una parte, América del Norte (es decir
Estados Unidos y Canadá); por otra, el norte, sur y oeste de Europa (es decir,
sustancialmente la Unión Europea, más exactamente una parte de sus Estados
miembros que dejaría de lado los incorporados a partir de 2004, 2007 y 2015).
El citado porcentaje de población trabajadora migrante es superior al de la no
migrante (63.9 %), siendo la principal razón de ser de la diferencia el hecho
de que el porcentaje de la población femenina trabajadora migrante es muy
superior al de la no migrante (67,0 y 50.8, respectivamente), ya que no hay
prácticamente diferencia entre los trabajadores (78,0 migrantes y 77,2 % no
migrantes).
Si el número de migrantes
internacionales se sitúa alrededor del 3 % a escala mundial, el porcentaje se
incrementa hasta el 4,4 % cuando nos referimos a personas trabajadoras, y aquí
a diferencia de lo que ocurría en términos cuantitativos, el mayor porcentaje
lo encontramos en los países árabes (35,6 % de todos los trabajadores, mientras
que sólo representan el 10 % de los trabajadores migrantes del mundo), mientras
que las dos zonas regionales con mayor presencia cuantitativa de trabajadores
migrantes se sitúan por detrás, 20,2 % en América del Norte, y el 16,4 % en
Europa del Norte, Sur y Occidental. Un dato añadido para poner de relieve la
importancia de la migración en algunos países árabes: “En 2013, los Estados del
Golfo acogieron más de 22 millones de trabajadores migrantes, o casi un 10 por
ciento de los migrantes internacionales mundiales, incluyendo a la Arabia
Saudita y los Emiratos Árabes Unidos que recibieron a más de 9 y casi 8
millones respectivamente”.
… ¿Dónde trabaja la mayor
parte de la población migrante? Seguro que adivinan la respuesta: el 74,7 %
presta servicios en los países “de altos ingresos”, y el porcentaje casi
alcanza el 80 % (79,2 %) cuando se trata de trabajadores domésticos. La mayor
presencia se concentra en el sector de los servicios 71,1 % del total (106,8
millones de personas sobre un total de 150,3 en 2013, de los que el 7,7 % eran
trabajadores domésticos), mientras que el 17,8 % (26,7 millones) se concentra
en la industria y la construcción, y el 11,1 % (16,7 millones) en la
agricultura.
El Informe de la OIT
aporta datos de especial interés para conocer la realidad del trabajo migrante
doméstico, poniendo de manifiesto que los 11,5 millones que forman este grupo
suponen el 17,2 % de los 67,1 millones de trabajadores domésticos en el mundo,
siendo el 73,4 % (8,5 millones) mujeres. En fin, otro dato significativo es que
uno de cada ocho trabajadores migrantes tiene entre 15 y 24 años, desplazándose
en gran parte desde regiones con elevado número de trabajadores pobres y
niveles bajos de protección social “para buscar mejores medios de
subsistencia”. Para la OIT, la migración
laboral podría ser una respuesta adecuada, obviamente si es bien gestionada,
para dar respuesta en países desarrollados al envejecimiento de su población y
la reducción de la fuerza de trabajo como consecuencia de ello, ya que cerca
del 20 % de la población en las economías avanzadas tiene 60 años o más,
mientras que ese porcentaje no alcanza el 10 % en países en desarrollo.
Por fin, la OIT no olvida
los problemas del reconocimiento de los derechos de los trabajadores migrantes,
o más crudamente su vulneración, el llamado déficit de trabajo decente,
calculando que “9,1 millones de víctimas del trabajo forzoso (el 44 % de un
total de 20,9 millones) se han desplazado en el interior de su país o a otro
país”.
2. El estudio general fue
objeto de examen durante la 105ª Conferencia internacional del trabajo en el
seno de la Comisión de aplicación de normas, pudiendo leerse el interesante
debate suscitado en el Acta provisional número 16 de 10 de junio. La Comisión
aprobó unas conclusiones a partir de los debates previos, que sin duda serán un
punto de referencia obligado para la discusión general sobre la migración
laboral que la OIT celebrará en la Conferencia Internacional anual del próximo
año.
En efecto, en la 325 ªreunión del Consejo de Administración de la OIT, celebrado del 29 de octubre al
12 de noviembre de 2015, se decidió “completar el orden del día de la 106.ª
reunión (junio de 2017) de la Conferencia inscribiendo un punto sobre migración
laboral con miras a la celebración de una discusión general”. Se justifica
dicha decisión, según puede leerse en los documentos de la citada 325ª reunión
porque “En la 103.ª reunión (2014) de la Conferencia, muchos gobiernos,
organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadores hicieron
hincapié en la importancia de reglamentar los servicios de contratación y
colocación para impedir las prácticas fraudulentas y las violaciones graves de
los derechos de los trabajadores migrantes, y de asegurarse de que los
interlocutores sociales tengan un mayor protagonismo en las decisiones de
política sobre migración. Un gran número de países ha adoptado acuerdos o
memorandos de entendimiento bilaterales en importantes corredores de migración,
pero la movilidad de los trabajadores es un aspecto que está cada vez más
presente y que plantea problemas de gobernanza en la mayoría de los procesos de
integración regional. Muchos países, que en su día fueron países de origen, son
ahora países de destino, y los flujos transfronterizos de trabajadores,
especialmente en el hemisferio sur, se han intensificado en los últimos diez
años. La propuesta de celebrar una discusión de la Conferencia sobre estas
cuestiones recibió un apoyo más amplio en la reunión del Consejo de
Administración de noviembre de 2014”.
A tal efecto, se propuso
basar la discusión general en “… el programa de la OIT para una migración
equitativa, que fue aprobado por la Conferencia en 2014, y en la labor
realizada por la OIT durante su ejercicio de la presidencia del Grupo Mundial
sobre Migración en 2014, en particular en la iniciativa de la OIT para la
equidad en la contratación (Fair Recruitment Initiative) desarrollada en el
marco del Equipo especial sobre migración y trabajo decente constituido por el
Grupo Mundial sobre Migración, así como en la labor realizada en colaboración
con la Alianza Mundial de Conocimientos sobre Migración y Desarrollo (KNOMAD)
que dirige el Banco Mundial. …La discusión general se basaría en los resultados
de la labor de fortalecimiento de la capacidad realizada por la Oficina para
propiciar la participación de los interlocutores sociales en la formulación de
políticas de migración laboral a nivel regional, en particular en el marco del
resultado 9 del Programa y Presupuesto de la OIT para 2016-2017 («Promoción de
políticas equitativas y eficaces en materia de migraciones laborales»)”.
En las conclusiones de la
discusión en la Comisión de aplicación de normas, se destaca la importancia de
abordar en el máximo foro mundial sociolaboral la que se califica de “cuestión
extremadamente actual y crítica de la gobernanza efectiva de la migración
laboral y la protección de los
trabajadores migrantes en un mundo globalizado”, porque además de llevar a cabo
esa discusión el próximo año, las conclusiones han de tener importancia también
para dos reuniones que van a celebrarse próximamente, en primer lugar la
reunión tripartita el mes de julio sobre el acceso de refugiados y otras
personas desplazadas por la fuerza al
mercado de trabajo, y en segundo término la que tendrá lugar en septiembre de
una reunión tripartita de expertos sobre contratación equitativa.
La celebración de la
primera reunión se aprobó en la 326 ª reunión del Consejo de Administración, a
instancias de la representación de los trabajadores. Tal como puede leerse en
las actas “Director General sugirió que el Consejo de Administración hiciera
suya esa propuesta, habida cuenta de que sería muy útil para preparar la
contribución de la OIT a la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea
General de las Naciones Unidas que tendría lugar en septiembre. La reunión
tripartita podría proporcionar orientaciones prácticas sobre las respuestas a
corto y largo plazo respecto del acceso de refugiados a los mercados de trabajo
y la protección de los derechos de todos los trabajadores. La elaboración de
orientaciones de la OIT sobre el acceso al mercado laboral sería fundamental
para que los Estados Miembros, los interlocutores sociales, el sistema
multilateral y los organismos asociados puedan contribuir de un modo eficaz a
formular respuestas internacionales que prevean soluciones duraderas para los
refugiados mediante el acceso al mercado de trabajo y la creación de empleo,
sin perder de vista las necesidades de los trabajadores nacionales. Esas
orientaciones estarían fundadas en las normas del trabajo y los derechos
humanos internacionalmente reconocidos”.
Por su parte, la justificación
de la segunda reunión, aprobada igualmente en la 326ª reunión del Consejo de Administración, se plasmó en los siguientes términos: “Los reclutadores de mano
de obra, públicos y privados, desempeñan un papel importante para conciliar la
oferta de competencias y la demanda de mano de obra a nivel nacional y
transnacional, actividad que cuando se realiza de manera eficaz, puede
contribuir considerablemente a mejorar los resultados en materia de desarrollo
para los migrantes y sus países de origen y de destino, y para mejorar la
coherencia entre las políticas de empleo y las políticas de migración. En el
contexto de la crisis mundial de los refugiados también se está prestando mayor
atención a la manera de promover y facilitar el acceso de los refugiados al
mercado de trabajo a través de medidas más específicas en materia de contratación.
Por consiguiente, es esencial elaborar unas directrices sobre contratación
equitativa de la OIT para ayudar satisfactoriamente a los Estados Miembros, los
interlocutores sociales, los reclutadores de mano de obra y otros actores clave
a establecer políticas y prácticas eficaces de contratación que estén en
consonancia con las normas internacionalmente reconocidas sobre derechos
humanos y sobre cuestiones laborales y a prestar asistencia para mejorar los
resultados en materia de desarrollo con miras a la consecución de las metas de
los ODS relativas al trabajo decente, la erradicación del trabajo forzoso y la
migración que integran la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Por
consiguiente, se propone celebrar una reunión tripartita de expertos en
septiembre de 2016”.
En las conclusiones, la
Comisión no duda en manifestar que los derechos fundamentales de los
trabajadores migrantes (Convenios núm. 97 y 143, y Recomendaciones núms. 86 y
143) deben garantizarse no sólo en la ley sino también en la práctica, así como
también la mejora de la gobernanza de las migraciones a escala mundial por ser
un fenómeno que afecta a todo el mundo del trabajo y por estar éstas en gran
medida relacionadas con la búsqueda de empleo por los migrantes, aun cuando no
convenga olvidar que hay otras, variadas e importantes, causas de las
migraciones, como “presiones climáticas y medioambientales, conflictos y
situaciones de crisis, pobreza y desigualdades dentro de los países y entre los
mismos, así como necesidades de la empresa”.
Por todo ello, la
necesidad de una regulación y control adecuado de la normativa es necesaria, al
objeto de evitar que los trabajadores migrantes “sean sometidos a condiciones
fraudulentas y abusivas”, y en este punto la Comisión destacó con acierto laimportancia del Protocolo relativo al trabajo forzoso, aprobado en la CIT de2014. En este, se constata la importancia que han tenido, y siguen teniendo,
los convenios núms. 29 y 105 para luchar contra el trabajo forzoso, pero
también se manifiesta que su aplicación ha tenido lagunas que requieren, para
su corrección, de medidas adicionales, medidas que pueden tener una importancia
indudable en el ámbito laboral para evitar situaciones de dumping social, con
independencia de que las relaciones laborales existentes sean o no conformes a
derecho, en cuanto que la supresión efectiva de un trabajo forzoso contribuiría
“a garantizar una competencia leal entre los empleadores, así como protección a
los trabajadores”. Se trata pues, y tomando en consideración los Convenios de
la OIT que regulan derechos fundamentales en el trabajo y otras normas
internacionales que garantizan también la protección de todos los trabajadores,
de “reforzar las medidas de prevención, protección e indemnización de las
víctimas con vistas a la supresión efectiva del trabajo forzoso u
obligatorio..”. Las medidas que adopten los Estados miembros para lograr esa
supresión deben incluir “actividades específicas para luchar contra la trata de
personas con fines de explotación laboral…”, así como también “la ampliación
del ámbito de aplicación de la legislación relacionada con el trabajo forzoso u
obligatorio, incluida la legislación laboral, a todos los trabajadores y a
todos los sectores de la economía, y el fortalecimiento de los servicios de
inspección del trabajo y de otros servicios responsables de la aplicación de
esta legislación, cuando sea necesario…”, así como también, y este es un
aspecto muy importante en relación con la buena gobernanza de la migración, a
proteger a los trabajadores, en especial a los migrantes, que recurren a
servicios de contratación y colocación para acceder al mercado de trabajo, en
su país de origen o en un tercero, al objeto de evitar “abusos y prácticas
fraudulentas”.
Justamente uno de los
informes que se presentó a la Conferencia anual de 2014 trató sobre “Migración
equitativa. Un programa para la OIT”, en el que se exponía que “…si bien es
cierto que hay algunas experiencias positivas que pueden y deberían ser
mencionadas, la migración sigue estando asociada con demasiada frecuencia a
abusos laborales inaceptables, con respecto a los cuales toda inacción
constituye una abdicación de responsabilidad…”, por lo que “debemos dotarnos de
un programa para una migración equitativa que no sólo respete los derechos
fundamentales de los trabajadores migrantes, sino que también les ofrezca
oportunidades reales de obtener un trabajo decente. El reconocimiento de la
contribución que los migrantes aportan a la sociedad, tanto en sus comunidades
de origen como en las comunidades donde trabajan, tiene que plasmarse en
instrumentos de gobernanza que garanticen un reparto equitativo de la
prosperidad que la población migrante contribuye a crear…”. Se trata, en definitiva, de garantizar que las
migraciones laborales se desarrollen con pleno respeto a los derechos laborales
y que eviten los abusos que algunos colectivos (con especial atención a las
mujeres migrantes) experimentan en la práctica; o lo que es lo mismo, que las
migraciones laborales “beneficien a los trabajadores, a los empleadores y a la
comunidad en general”, siendo necesario “un equilibrio entre los derechos, las
responsabilidades y las necesidades de todas las partes interesadas”, y el
pleno reconocimiento de que una eficaz gestión de la migración laboral
internacional “exige una buena gobernanza mundial y la cooperación
internacional…”.
3. Las migraciones
laborales, y el impacto que sobre los mercados de trabajo europeos puede tener
la llegada de un importante número de refugiados, ha sido objeto de atención
especial en un reciente estudio de la OCDE titulado “Recruiting immigrantwokers. Europe 2016”. En el documento se destaca precisamente la importancia de
la llegada de refugiados pero se recuerda al mismo tiempo que esta en modo
alguno va a suplir la importancia de las migraciones laborales “ordinarias” en
una sociedad que envejece y que puede tener carencias de capacidades en el
próximo futuro, por lo que hay que plantearse, ya que hasta ahora no hay
respuesta según la OCE, “si Europa sigue siendo un destino interesante para el
talento y … qué papel pueden desempeñar las políticas de la UE para impulsar su
atractivo”. Hasta hace poco tiempo, y muy probablemente ello guarde relación
con la reciente propuesta de la CE sobre la reforma de la directiva de acceso a
la UE para trabajadores cualificados, los migrantes en países de la OCDE con
pocos estudios se concentraban en la UE (del 36 % en 2000 al 45 % en 2010), si
bien también se ha producido un incremento de aquellos migrantes con nivel de
estudios superiores, “pues mientras que en 2000 la UE tenía un porcentaje de
inmigrantes recientes con estudios superiores por debajo del de Estados Unidos
(21 % frente al 27 %), en el año 2010 esta brecha se ha reducido, presentando
ambas zonas una cuota comparable (34 y 33 %)”.
La necesidad de avanzar
rápidamente hacia una política de migración a escala europea, y en especial en
el ámbito laboral, es resaltada en el estudio, aunque no se niega su dificultad
para cambiar un marco normativo recogido en el TFUE, ya que “la decisión final
sobre la admisión de ciudadanos de terceros países sigue correspondiendo a cada
Estado miembro, que puede establecer límites al acceso nacional de quienes
pretenden entrar por razones económicas”. El documento apuesta, entre otras
medidas, por la puesta en marcha de un “visado europeo de empleo”, si bien
reconoce su dificultad en el marco legislativo vigente y reconoce que el
aspecto positivo de “aumentar el número de candidatos disponibles para las empresas”,
requeriría ineludiblemente de “ciertas garantías y supervisión”. Igualmente, se apuesta por facilitar la
permanencia en el país de acogida de los estudiantes internacionales una vez
obtengan su graduación y para aprovechar el valioso capital intelectual que
poseen, proponiéndose “exenciones en el examen del mercado laboral y brindándoles
la posibilidad de solicitar un cambio de su estatuto dentro de la UE”.
En definitiva, el
documento apuesta por aumentar el valor añadido de las iniciativas en la esfera
de la UE (por ejemplo, “establecer bases de datos de búsqueda de empleo a nivel
de toda la UE compatibles con los canales y los mecanismos de inmigración
laboral”), impulsar la marca UE y promover medidas migratorias en su ámbito
geográfico (con una propuesta de impulso de las migraciones laborales, hasta
ahora muy poco desarrollada ciertamente, “en las Asociaciones para la movilidad
existentes en otros países”) y reforzar
la armonización de las políticas de la UE (donde, además de las propuestas ya
citadas, se introduce alguna de carácter más polémico jurídicamente hablando y
que requeriría de un estudio más pausado, cual es la de dotar al proceso
legislativo de la UE de una mayor flexibilidad, “creando mecanismos que
permitan introducir ajustes en algunos de sus parámetros al margen de las
directivas (a través de las medidas de desarrollo)”).
4. El análisis y examen
de las migraciones en territorio UE desde la perspectiva del ámbito laboral
debe también tomar en consideración el cambio en la situación jurídica de una
buena parte de los ciudadanos originarios de terceros Estados por lo que
respecta a su nacionalidad, es decir a la adquisición de la de un Estado UE,
así como también, si bien en mucha menor proporción, debe ser objeto de interés
el cambio de nacionalidad intra Estados UE. Repárese en que ello tiene especial
importancia en punto a la plena equiparación de derechos y deberes laborales de
dichos ciudadanos de terceros Estados con respecto a los de la población
nacional de origen.
Hago referencia a este
aspecto jurídico porque justamente hace muy pocos días, el 13 de junio, la
oficina estadística Eurostat ha publicado los datos correspondientes a 2014sobre la adquisición de la nacionalidad de un Estado UE por nacionalesoriginarios de terceros países, que fueron un total de 889.139 personas, de los
que el 10 % correspondieron a ciudadanos de Marruecos, un 4,6 % a albaneses y el 4,2 % a turcos, por
citar sólo los tres países más relevantes de los que son originarios los “nacionalizados
UE”. El 89 % de los cambios de
nacionalidad se realizaron por personas nacionales extracomunitarias para
acceder al la nacionalidad de un Estado UE, mientras que el 11 % restante (95.700)
fue intracomunitaria,
Ahora bien, si nos
fijamos en la realidad española los países originarios lógicamente varían, ya
que detrás de los marroquíes (16,9 %) encontramos los ecuatorianos (15,9 %) y
colombianos (12,2 %), sin olvidar también la importancia de otros países
sudamericanos como Bolivia y Perú. Durante
2014 se produjeron un total de 205.880 nacionalizaciones en España, de las que un
98 % correspondieron a ciudadanos de países extracomunitarios y un muy reducido
2 % a los de países UE. Otro dato importante a tomar en consideración es que un
23 % de los ciudadanos que adquirieron nacionalidad de un Estado UE lo hicieron
en España (205.900), reduciéndose el porcentaje al 15 % en Italia, 14 % en el
Reino Unido, y 12 % en Alemania y Francia.
5. La importancia de la
migración laboral, en estrecha relación con las medidas que deben adoptarse
para abordar, y tratar de dar debida respuesta, a la problemática de los
refugiados que llegan a Europa, también aparece en los números documentos
emanados de la CE en los últimos tiempos, algunos de ellos como desarrollo de
la Agenda Europea de Migración aprobada en 2015, y otros que también guardan
relación con la Agenda pero que encuentran su punto principal de referencia en cómo
dar respuesta a la problemática de los refugiados.
Destaco en esta entrada la
Comunicación presentada por la CE el 7 de junio “sobre la creación de un nuevomarco de asociación con terceros países en el contexto de la agenda europea demigración”, si bien ciertamente el núcleo central del texto son las políticas
de control de la migración irregular y las vías para conseguirlo, apostando por
medidas que permitan que los refugiados y sus familias puedan permanecer cerca
de sus hogares y de sus familias (forma educada de decir que son los países limítrofes
– como Líbano y Jordania, por ejemplo, con respecto a Siria) – los que han de asumir
la carga mayor de ayuda y apoyo a los refugiados, y siendo un principio básico
de las nuevas, o no tan nuevas, reglas la disuasión de los viajes “irregulares
y peligrosos”, para lo que es necesario poner en marcha “una política
coherente, creíble y efectiva con respecto al retorno de nacionales de terceros
países en situación de estancia ilegal que respete plenamente los derechos
humanos y la dignidad de las personas humanas, así como el principio de no
devolución” (vista la realidad actual de la política UE hacia los refugiados,
lo del retorno es claro, lo del respeto a los derechos humanos,
desgraciadamente, mucho menos), siendo más clara aún, si cabe, la manifestación
de que el objetivo de la UE debe consistir en la actualidad “en unos aumentos
específicos y mensurables del número y la tasa de retornos y admisiones”, de tal
manera que todo nuevo pacto que se formalice entre la UE y un tercer Estado “se
compondrá especialmente de esfuerzos conjuntos para conseguir que los retornos
y la readmisión funcionen”. Todo ello se concreta en donde más importancia
tiene, en el ámbito económico, al poner de manifiesto la Comunicación que la
ayuda económica mediante el uso de los instrumentos financieros existentes
deberá hacerse de forma que se preste “una especial atención a los proyectos
destinados a mejorar la gestión de la migración y a dar prioridad a aquellos
que permitan a los terceros países cumplir sus obligaciones en materia de
readmisión de sus nacionales”. En la perspectiva laboral, el documento
comunitario apuesta por efectuar inversiones en los países de origen de la
población migrante, al objeto de evitar que los migrantes irregulares” se arriesguen
la vida tratando de llegar a los mercados de trabajo europeos”.
6. En estrecha relación
con el anterior, en un documento presentado el mismo día 7 de junio y que lleva
por título “An economic take of the refugee crisis”, se destaca la contribución
positiva que puede significar la integración regular y ordenada de la población
refugiada en los mercados nacionales de trabajo de los Estados de la UE a medio
y largo plazo, superando el coste económico que puede implicar a corto plazo,
en los siguientes términos: “ In the medium to long term, integration is key. If well integrated, refugees can contribute to greater
flexibility in the labour market, help address demographic challenges, and
improve fiscal sustainability. The characteristics of the migrants, as well as
of the structure, cyclical position and the integration policies of the
destination countries will define the results. The impact will differ across
countries, but also across regions within countries, as it depends on the
extent to which the skills of migrants substitute or complement the native work
force. Nevertheless, what is clear from previous research and literature, is
that the earlier and better the integration, the more likely it is that legally-residing,
third-country nationals — regardless of their reasons for coming to the EU —
will make a positive contribution to growth and public finances in the medium
term. In particular, lowering barriers to facilitate the ‘employability’ of
migrants is essential for their ability to get a regular job and to have a
positive impact on growth and public finances in the medium term. In
particular, lowering barriers to facilitate the ‘employability’ of migrants is
essential for their ability to get a regular job and to have a positive impact
on growth and public finances in the medium term”.
7. En parecidos términos
se pronuncia el nuevo plan de acción sobre la integración de los nacionales deterceros Estados, también hecho público el 7 de junio, reforzándose la idea de
que una integración exitosa puede contribuir a un mejor funcionamiento del
mercado laboral, ayudar a enfrentarse a la nueva realidad demográfica y mejorar
la sostenibilidad presupuestaria. El nuevo Plan plantea propuestas dirigidas
por una parte a los poderes públicos europeos y por otra a los de cada Estado.
Las primeras son: “Develop an online repository of
promising practices on integration into the labour market for refugees and,
where there are good prospects of granting them protection, asylum seekers, as
a source for policy makers in Member States.-- Under the New Skills Agenda for
Europe: a) develop a "Skills and Qualifications Toolkit" to support
timely identification of skills and qualifications for newly arrived third
country nationals; b) ensure that better information about qualification
recognition practices and decisions in different countries is collected through
the Europass portal; c) and improve the transparency and understanding of
qualifications acquired in third-countries, through the revision of the European
Qualifications Framework.-- Provide specific support for early recognition of
academic qualifications of third country nationals including refugees,
including through enhancing cooperation between National Academic Recognition
Information Centres (NARIC) centres and training staff in reception facilities.--
Launch projects (under the Asylum Migration and Integration Fund and under the
EU Programme for Employment and Social Innovation) promoting labour market
integration of refugees, 'fast track" insertion into labour market and
vocational training and labour market integration of women. -- Identify best
practices to promote and support migrant entrepreneurship and fund pilot
projects for their dissemination.
Para los Estados miembros, son las siguientes: “Support
fast track insertion into the labour market of newly arrived third-country
nationals, through for example early assessment of skills and qualifications,
combined language and on-the-job training, specific guidance and mentoring. -- Remove
obstacles to ensure effective access to vocational training and to the labour
market for refugees and, where there are good prospects of granting them protection,
for asylum seekers. -- Assess, validate and recognise as soon as possible
skills and qualifications of third country nationals, making full use of tools
available at EU level. -- Encourage entrepreneurship through tailored business
training and mentoring and by opening up to third country nationals mainstream
entrepreneurship support structures”.
8. Por último, pero no
por ello de menor interés, la importancia de la migración desde la perspectiva
laboral para enfrentarse adecuadamente a la crisis de los refugiados a escala
europea ha sido también objeto de especial atención por el sindicalismo
europeo, por la Confederación Europea de Sindicatos, con dos resoluciones de
especial importancia adoptadas el 13 de abril y el 15 de junio. La CES
considera necesario “evaluar y mejorar la educación y las cualificaciones de
los solicitantes de asilo y regularizar a los trabajadores que se encuentren en
situación irregular. Aproximadamente un 40% de estos solicitantes de asilo
posee cualificaciones que pueden ser aprovechadas inmediatamente por el mercado
de trabajo de la UE. Se requiere apoyo para aproximadamente unas 300.000
personas indocumentadas a fin de evitar que el número de personas en situación
irregular aumente una vez que expiren los visados o permisos de residencia de
corta duración que han sido otorgados por razones humanitarias”.
La CES reconoce que la
misión de lograr que los solicitantes de asilo y los refugiados entren en el
mercado de trabajo “significa un reto y una oportunidad al mismo tiempo”, y por
todo ello los sindicatos “-- Apoyarán aquellas inversiones que estimulen el
crecimiento económico y la creación de empleos de calidad en beneficio de
todos. -- Instarán a los servicios públicos de empleo a identificar, mejorar y
adaptar las cualificaciones de los refugiados a fin de que éstos puedan acceder
rápidamente al mercado de trabajo. La Declaración de los Interlocutores
Económicos y Sociales sobre la Crisis de los Refugiados, suscrita en el marco
de la Cumbre Social Tripartita de 16 de marzo de 2016, debe ser aplicada. --
Proseguirá su lucha en favor de la plena igualdad de trato en el mercado
laboral, la igualdad de acceso a los servicios sociales tanto para los
trabajadores locales como para los inmigrantes y oportunidades de empleos de
calidad para todos, como principios básicos para una integración y una
inclusión justas de los refugiados. -- Pedirá que se asignen más fondos
europeos a los países que reciben a los refugiados a fin de luchar contra el dumping,
la explotación y la discriminación que genera la mala gestión del arribo
descontrolado de refugiados”.
Buena lectura de los
documentos.
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