miércoles, 31 de enero de 2024

Acuerdo de encomienda de gestión de la Secretaría de Estado de Política Territorial a la Secretaría de Estado de Migraciones, para la gestión de expedientes de extranjería, y constitución de la Comisión Interministerial de Inmigración

 

1. El Boletín Oficial del Estado publicó el martes 30 de enero la Resolución de 29 de enero de 2024, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de encomienda degestión de la Secretaría de Estado de Política Territorial a la Secretaría deEstado de Migraciones, para la gestión de expedientes de extranjería 

El mandato de creación de la UTEX estaba recogido en la disposición adicional única del RealDecreto 629/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril , en estos términos: “En el plazo de seis meses se creará, dependiente de la Dirección General de Migraciones, la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, que llevará a cabo funciones de gestión y apoyo en la tramitación de las autorizaciones de residencia o trabajo, en colaboración con el resto de órganos competentes, y para el ámbito territorial que se establezca”.

En la parte expositiva del RD se justificaba la reforma en estos términos:

“se pretende mejorar la tramitación de expedientes a través de una nueva unidad administrativa, creada a través de la Disposición adicional única. La tramitación media de una autorización para residir y trabajar alcanza varios meses. A ello se une la limitada capacidad de las Oficinas de Extranjería para dar respuesta rápida y eficaz a las demandas que la población extranjera y las empresas requieren, tanto para autorizaciones iniciales como para las renovaciones de dichas autorizaciones.

Se hace necesario avanzar en un nuevo modelo de Oficina que garantice el legítimo interés de las empresas a obtener sin mayores dificultades burocráticas, divergencias en criterios de tramitación o concesión, o retrasos en las autorizaciones y el legítimo interés para las propias personas extranjeras, ya que ambos ven mermada su seguridad jurídica. Las particularidades de los trámites de extranjería permiten apostar por una estrategia específica e innovadora.

Cualquier solución a medio plazo para las Oficinas de Extranjería debe necesariamente pasar por el refuerzo de sus relaciones de puestos de trabajo, la mejora del atractivo de los puestos, la adecuada dotación económica de estos puestos, especialmente en comparación con puestos equivalentes en otras ramas de la administración territorial, y medidas destinadas a la retención del talento.

El mandato de creación de una Unidad flexible, centralizada, que pueda prestar apoyo a las Oficinas en la tramitación, se propone como un paso decidido hacia la innovación en la gestión de la extranjería, basada en principios de deslocalización y tramitación electrónica, que sea un punto de inflexión en el servicio prestado al ciudadano”.

2. Tuve oportunidad de analizar la reforma del Reglamento de extranjería desde que conocí su primer borrador, de 3 de junio, en el que la mención a la UTEX era mucho más detallada que en el texto definitivamente aprobado. Así, se disponía lo siguiente:

“Disposición Adicional única:

Se crea, dependiente de la Dirección General de Migraciones, la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería. Esta Unidad tendrá el nivel que se determine en la Relación de puestos de trabajo del Departamento, y asumirá funciones de gestión y apoyo en la tramitación de las autorizaciones de residencia y/o trabajo que por resolución del Secretaría de Estado de Migraciones se determinen, según las indicaciones de la Dirección General de Migraciones, y para el ámbito territorial que se establezca a través de esta resolución.

La Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería podrá asumir la recepción, instrucción parcial o total, de las autorizaciones, cuando se recomiende por motivos de eficiencia en el uso de los recursos la gestión colectiva y centralizada de las mismas. Asimismo, por Resolución podrá determinarse su labor de apoyo a las Oficinas de Extranjería en la instrucción de las autorizaciones cuya resolución corresponde a las personas titulares de las Delegaciones o Subdelegaciones de Gobierno través de procedimientos de tramitación descentralizada”.

3. El texto final de esta disposición fue deudor de las observaciones formuladas por el Consejo de Estado en su preceptivo Dictamen, y ello es claramente perceptible cuando se compara con el texto que le fue remitido, que era el siguiente: “Se crea, dependiente de la Dirección General de Migraciones, la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería. Se trata de una unidad administrativa conforme al art. 56 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tendrá el nivel que se determine en la relación de puestos de trabajo del Departamento, y asumirá funciones de gestión y apoyo en la tramitación de las autorizaciones de residencia o trabajo que se determinen por resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Migraciones, en colaboración con el resto de órganos competentes, y para el ámbito territorial que se establezca a través de esta resolución teniendo una única sede”.

Las observaciones formuladas, con la consideración de esenciales, por el Consejo de Estado, estaban en consonancia con las formuladas en el informe emitido por el Ministerio de Hacienda sobre la creación de la nueva unidad a través de la relación de puestos de trabajo. El texto final acogió la sugerencia formulada por el Consejo, que se manifestó en estos términos: “... no objeta, como es obvio, a la creación de la nueva Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería. Ni tampoco a que se mencione este hecho en el preámbulo, como elemento de apoyo a la reforma del Reglamento. La objeción se ciñe a que se prevea que se crea por el propio Real Decreto, como proclama el texto del proyecto en su disposición adicional única. También sería admisible un mandato para que se creara en el futuro, por el procedimiento legalmente previsto, esta nueva unidad”.

4. Con respecto al Dictamen del Consejo de Estado me interesa también recordar un fragmento de su contenido que guarda directa relación con la reforma de la tramitación de los expedientes de extranjería, tal como lo expuse en su momento:

“... Por lo que respecta a la Memoria de impacto del análisis normativo..., se destaca que la motivación de la reforma va vinculada a cinco factores: la situación económica y del mercado laboral, el contexto demográfico, el contexto internacional, el potencial de la migración en la cobertura de vacantes en el mercado de trabajo, y el papel de la normativa migratoria vigente en el contexto actual.

Más allá de las modificaciones propuestas, solo dos de ellas de carácter obligado respecto a su acogimiento, como así ha sido, en el texto aprobado por el Consejo de Ministros, me interesa destacar dos de sus valoraciones con respecto a los informes emitidos desde el Ministerio de Política Territorial y desde el de Interior.

Con respecto al primero, del que dependen orgánicamente las Oficinas de Extranjería, se destacaba la modificación normativa tendente a mejorar la tramitación de los expedientes, a través de procedimientos electrónicos y de la deslocalización, y exponía que el proyecto “introducía una serie de modificaciones que previsiblemente aumentarían “de manera importante las cargas administrativas” de las oficinas citadas, impacto que debía “ser analizado y cuantificado para a continuación poner en marcha las medidas de refuerzos humanos, tecnológicos y materiales” que permitieran “cumplir con los plazos de resolución reglamentarios”.  Y dado el volumen que se esperaba recibir de autorizaciones de residencia por arraigo para la formación, “consideraba forzoso contemplar un “decalaje temporal” en las disposiciones transitorias, pues el breve plazo de veinte días para la entrada en vigor era “con toda seguridad insuficiente para poder analizar y valorar los cambios” que se pretendían introducir (humanos, informáticos y de recursos materiales), “especialmente las importantes adaptaciones informáticas” que la propuesta conllevaba. El informe consideraba que se debían reforzar los recursos con que contaban las Oficinas de Extranjería”.  Los datos en que basaba sus tesis eran los siguientes: “De una parte, se han de prever los desarrollos informáticos necesarios para que las peticiones se puedan realizar por vía electrónica. De otra, calcula que serán muchos millares los solicitantes de esta nueva figura, teniendo en cuenta que en el año 2021 todos los arraigos solicitados (laborales, sociales y familiares) fueron 154.000, el número más alto desde 2005, y prevé que en 2022 serán unos 200.000. Estima que las personas que podrán acogerse al nuevo arraigo para la formación serán más de 1.300.000 (punto noveno de antecedentes)”

...  Con respecto a las del Ministerio de Política Territorial relativos a la entrada en vigor, el Ministerio de la Presidencia entendía que “debería establecerse un período transitorio para la aplicación de este nuevo tipo de arraigo, dada la insuficiencia de los veinte días previstos desde la publicación oficial hasta la entrada en vigor”.  El mismo planteamiento era el efectuado por el Consejo de Estado que ponía de manifiesto en el Dictamen que la aplicación de la norma “.... incluso si no se considera el nuevo arraigo para la formación, dará lugar a un incremento significativo de la carga de trabajo de las Oficinas de Extranjería, ya de por sí con dificultades para asumir su tarea al presente”, y tras recordar que “por este motivo se prevé la creación de la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería en la disposición adicional única del proyecto, la cual sin duda tardará un tiempo en organizarse”, manifestaba que “sería conveniente añadir al proyecto una nueva disposición transitoria, que concediese un período de tiempo razonable para la aplicación del nuevo arraigo para la formación”.

Como es bien sabido esta sugerencia no ha sido tomada en consideración, por lo que habrá que esperar a la entrada en vigor de la norma para conocer su auténtico impacto en términos de rápida y efectiva aplicación de la norma, lo que pasa en definitiva por la creación de la Unidad Tramitación de Expedientes de Extranjería y por el refuerzo del personal destinado a las Oficinas de Extranjería. Sobre este segundo punto, cabe reseñar que el diario El País publicaba el 2 de agosto un artículo firmado por María Martín y Gonzalo Moncloa titulado “El Gobierno lanza un plan de choque para agilizar los trámites de los inmigrantes”   , en el que recogía información facilitada por el Ministerio de Política Territorial y en el que afirmaba que este “ha lanzado un plan de choque para mejorar la atención en las oficinas de extranjería, responsables de la tramitación de las autorizaciones de las que dependen los extranjeros para residir y trabajar legalmente en España. Fuentes del ministerio confirman que se incorporarán unos 300 nuevos funcionarios interinos, casi un tercio más del total de la plantilla actual, durante los próximos nueve meses. El refuerzo pretende resolver los casi 200.000 expedientes pendientes y acortar los plazos de tramitación que están desfasados en prácticamente todo el territorio. La medida empezó a perfilarse en marzo, aunque coincide ahora con la recién aprobada reforma del Reglamento de la ley de Extranjería, que al flexibilizar algunas normas traerá, previsiblemente, miles de nuevas solicitudes. Su coste será de 5,2 millones de euros. El plan tendrá una aplicación inmediata y se ejecutará en los próximos nueve meses”.

5. La puesta en marcha de la UTEX se demoró bastante más del período fijado en la disposición adicional única del RD 629/2022, y ha sufrido diversos avatares.

Fue el 25 de mayo del pasado año cuando se anunciaba que “en verano”, entraría en funcionamiento la UTEX, con sede en la localidad gallega de Vigo, de la que formarían parte 50 trabajadores y trabajadoras, según se informaba en la página web de Legalteam     . En respuesta a una consulta formulada por el letrado Francisco Javier Galparsoro   , la Dirección General de Migraciones lamentaba “este retraso en el cumplimiento del plazo estipulado se debe principalmente a la laboriosidad de la búsqueda, la adscripción de la cesión, y  el acondicionamiento, del edificio que será sede de la UTEX, así como a los plazos necesarios e ineludibles para tramitar la creación de los puestos de trabajo y asegurar la cobertura de los mismos”. Añadía la respuesta que “este retraso en el cumplimiento del plazo estipulado se debe principalmente a la laboriosidad de la búsqueda, la adscripción de la cesión, y el acondicionamiento, del edificio que será sede de la UTEX, así como a los plazos necesarios e ineludibles para tramitar la creación de los puestos de trabajo y asegurar la cobertura de los mismos”,  y que “En cuanto a la dotación económica y partida presupuestaria asignada a la UTEX, la misma funcionará con fondos de contingencia este año, hasta que mediante la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio anual 2024 se le pueda asegurar una dotación propia y estable”.

El anuncio fue realizado por el, entonces, Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y así se recogía la información en los diarios La Voz de Galicia  y El Faro de Vigo     “Agilizar los trámites para que todos los extranjeros que solicitan permiso de residencia o de trabajo no tengan que esperar por las desbordadas oficinas provinciales. Ese es el objetivo de la nueva unidad de tramitación de expedientes de extranjería que hoy el ministro José Luis Escrivá ha anunciado para Vigo. Según ha recordado, agilizar la situación formaba parte de los objetivos de la nueva legislación de extranjería que promovieron hace meses. A la hora de buscar una localización, el socialista valoró la buena disponibilidad de los funcionarios para trasladarse a Galicia y las posibilidades de la ciudad, donde ya contaban con un edificio dependiente de la Seguridad Social disponible. Asegurando que en Vigo han encontrado las mejores condiciones, ha anunciado que su puesta en marcha será en el mes de julio, puesto que ahora mismo ya se están seleccionando los 50 funcionarios que serán movidos para empezar con este trabajo.... "En la reforma que hicimos del reglamento de la Ley de Extranjería hace unos cuantos meses establecimos una nueva forma de tramitar los expedientes de las personas que solicitan permiso de residencia y de trabajo en España, que en lugar de tener que tramitarse completamente en las oficinas de extranjería provinciales, que están muy saturadas y muy presionadas ante la demanda creciente de este tipo de solicitudes, establecer un centro único en una parte de España donde se van a tramitar un porcentaje significativo de expedientes", explica. "Y, efectivamente, ese centro va a estar en la ciudad de Vigo", ha afirmado. Remarca que en Vigo existen las instalaciones para este centro y "hay disponibilidad mayor a desplazarse a Galicia por parte de los trabajadores". Así, ya está la relación de puestos de trabajo, "los funcionarios están ya seleccionándose", "las oficinas existen" y "en el mes de julio empiezan a funcionar".

Más adelante, tenemos conocimiento de la Resolución de 7 de junio de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convocaba “concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería”.   , y hemos de esperar a la Resolución de 2 de noviembre de 2023, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por aquella Resolución  , que supuso la incorporación de 48 funcionarios y funcionarias.

6. Y así hemos llegado al acuerdo de encomienda de gestión.  

Según dispone el apartado primero de la Resolución de 29 de enero, el Secretario de Estado de Política Territorial y la Secretaria de Estado de Migraciones han acordado en el marco de lo dispuesto en el art. 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que la Secretaría de Estado de Migraciones, a través de la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX) que depende de la Dirección General de Migraciones (DGM), “por razones de eficacia, lleve a cabo la gestión material de la tramitación de los expedientes de extranjería que se prevean a través de esta Encomienda de gestión, o en las Adendas de la misma”.

En virtud del acuerdo, cuya vigencia será de dos años a partir de su publicación en el BOE y con una posible prórroga por idéntico período de tiempo. La UTEX asumirá “la tramitación material completa de aquellos procedimientos de autorizaciones de residencia y de trabajo de extranjeros, susceptibles de un mayor y mejor tratamiento homogéneo y automatizable, de aquellas oficinas de extranjerías deficitarias en recursos humanos asignados”. Dicha asignación, añade la norma, “se efectuará en función del volumen de solicitudes a tramitar y plazos de resolución máximo deseable que, a criterio de la Comisión de Seguimiento prevista en el apartado cuarto, resulte conveniente que gestione la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, en los términos fijados en la presente encomienda, para garantizar el cumplimiento adecuado de todas las restantes funciones que tienen asignadas”.

¿Qué incluirá tramitación?: “las gestiones de grabación, instrucción (incluyendo toda la tramitación de peticiones de informes, su recepción, subsanaciones y audiencias) así como propuesta de resolución de las autorizaciones previstas en el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, y de las autorizaciones previstas en el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, que se acuerden en el seno de la Comisión de Seguimiento ... “de modo que la UTEX, como unidad deslocalizada, flexible y versátil, preste apoyo grabando e instruyendo los procedimientos relativos a aquellas Oficinas de Extranjería donde se estén incumpliendo los plazos máximos de resolución, o se esté resolviendo en plazos que superan de forma notable el promedio del resto de oficinas, siempre que esto sea debido a una insuficiencia de medios humanos, por una elevada carga de trabajo por empleado, en aras de preservar la cohesión territorial y de evitar que se preste a los ciudadanos un servicio desigual en función del territorio donde residan, trabajen o estudien” (la negrita es mía)

Asume, pues, una especial importancia la creación inmediata de la Comisión de Seguimiento, en atención a sus funciones recogidas en el apartado cuarto, que serán las siguientes: “– La determinación de las Oficinas de Extranjería y de los tipos de autorizaciones previstas en el apartado primero, cuya tramitación asumirá la UTEX. – La aprobación de las especificaciones operativas que sean necesarias para la puesta en marcha de la encomienda y para la adecuada coordinación entre la UTEX y las Oficinas de Extranjería. – La resolución de las posibles dudas interpretativas o controversias que pudieran surgir en ejecución de la encomienda. – La elevación de propuestas de prórroga de la encomienda o de aprobación de las adendas que se consideren necesarias. – La elevación de la propuesta de finalización de la encomienda por la pérdida de finalidad de la misma o la constatación del incumplimiento de las obligaciones de alguna de las partes. – Cualesquiera otras que tengan relación con las anteriores”.

El apartado segundo concreta con mayor detalle  las actuaciones objeto de la encomienda, que serán “la realización de todas las actividades materiales que conciernan a la grabación, instrucción (incluyendo los posibles trámites de petición de informes, subsanación y audiencia), propuesta de resolución, notificación de la resolución, recepción de los posibles recursos que se interpongan contra las resoluciones que se hayan tramitado por las UTEX, su instrucción y propuesta de resolución, notificación de la resolución, preparación de los expedientes e informes para su remisión a los órganos jurisdiccionales. Quedan excluidas de la presente encomienda aquellas solicitudes de modificaciones de autorizaciones previas salvo que se inste la obtención de alguna de las incluidas en la misma”, así como también “la realización de cualquier otro trámite relacionado con las actuaciones cuya gestión se encomienda, siempre que no suponga alteración de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, y siempre que resulte accesorio de los ya encomendados”. 

7. Y ahora, a esperar la agilización de la tramitación, que es en definitiva aquello que están esperando, y desde hace bastante tiempo, muchas personas de nacionalidad extranjera que han solicitado las pertinentes autorizaciones y permisos, o su renovación. 

Y esperar y desear también que sean fructíferos los trabajos de la Comisión interministerial deinmigración  ,  constituida formalmente el 30 de enero, presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Recordemos que la Comisión fue creada por el Real Decreto 48/2024, de 16 de enero  , muy vinculada al incremento de la inmigración irregular, como se pone claramente de manifiesto en el primer párrafo de su introducción en el que se expone que “La inmigración irregular en nuestro territorio creció un 82,1 por ciento en 2023. De enero a diciembre llegaron 56.852 personas en situación irregular, 25.633 personas más que el año anterior siendo el segundo año con más llegadas de forma irregular. Con el fin de impulsar y coordinar las medidas que hayan de adoptarse por la Administración General del Estado para atender el repunte inmigratorio es necesario crear un órgano colegiado interministerial que permita abordar con agilidad y al más alto nivel, los retos que esta situación plantea, viniendo a complementar la actuación de los órganos colegiados y de cooperación actualmente existentes. A estos efectos, se dispone la creación de una Comisión Interministerial al amparo del artículo 22.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público”, y que se concreta en el texto articulado en su art. 1, que dispone que “Se crea la Comisión Interministerial de Inmigración (en adelante, la Comisión Interministerial), para el impulso y coordinación de las medidas que hayan de adoptarse por la Administración General del Estado con el fin de atender los flujos inmigratorios irregulares en territorio español”.

Justamente en su primera reunión, la Comisión ha dedicado su atención a la situación en las Islas Canarias, tal como se recoge en la nota de prensa: “Torres ha explicado que, en la sesión de hoy, cada departamento ha hecho balance de su gestión y se han establecido las prioridades que, en estos momentos, por el importante volumen de llegadas de embarcaciones irregulares, se centra en Canarias “El 80% de la migración irregular que llega a España lo está haciendo a Canarias”, apuntó el ministro, quien también recordó que el 83% de las embarcaciones están saliendo desde las costas de Mauritania. Sobre esta cuestión, el Ministerio de Exteriores ha informado de que está intensificando su labor en el país africano “para tratar de reducir al máximo la salida de embarcaciones en una ruta extremadamente peligrosa”, añadió Torres”.

Buena lectura.

 

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