Inmigración, diversidad y cohesión social.

1. Reproduzco en esta entrada del blog la presentación, ligeramente revisada y actualizada, de la ponencia que presenté ayer en la jornada sobre diversidad y cohesión social, celebrada en Salt y organizada por la Federación de Municipios de Cataluña.

2. Quiero agradecer a la Federación de Municipios de Cataluña y al Ayuntamiento de Salt su invitación a participar en esta jornada de análisis y debate sobre el fenómeno de la inmigración, dado que me ha obligado a ordenar buena parte de las ideas, tesis y propuestas que he ido elaborando en los últimos meses en esta materia para tratar de transmitirlas de la manera más ordenada posible al conjunto de las personas asistentes a la jornada. Además, también me ha obligado a leer el resumen ejecutivo del informe publicado el pasado día 20 por la UNESCO y que lleva por título “Invertir en la diversidad cultural y en el diálogo intercultural”, cuya lectura recomiendo a todas las personas que trabajan en el ámbito de atención de esta jornada; se trata de un informe, por decirlo con sus propias palabras, que “esboza una nueva visión de la diversidad cultural centrada en el dinamismo de ésta y en la necesidad de luchar contra la propagación de un “analfabetismo cultural” impulsada por la aceleración de las transformaciones sociales”.

Asumo esta obligación con indudable interés por varios motivos: el primero, por encontrarme en una población que tiene un 40 % de ciudadanos empadronados extranjeros, según los datos del Informe anual del observatorio permanente de la inmigración, un total de 11.235 (frente a los 1.350 empadronados en el año 2000), un laboratorio excepcional de cómo gestionar la diversidad; el segundo, porque es una satisfacción reencontrarme con su alcaldesa, la Sra. Iolanda Pineda, alumna mía no hace muchos años en la Universidad de Girona; el tercero, porque la contribución de las políticas locales a la gestión de la diversidad adquieren cada vez más importancia, y como destaca un reciente informe del Comité de las Regiones “las autoridades locales y regionales están en primera línea en lo relativo a la implementación de las políticas de inmigración y asilo, y recuerda que son las primeras que deben reaccionar al impacto social y económico de los flujos migratorios en sus territorios”; el último, y no menos importante, porque la relación entre inmigración y mercado de trabajo es verdaderamente importante y ha de merecer nuestra atención, como también la está mereciendo en las propuestas de la presidencia sueca sobre el programa comunitario de libertad, seguridad y justicia para el período 2010-2014. En este sentido, los datos de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre demuestran la importancia de la presencia de la población inmigrante en el mercado de trabajo español: la población activa extranjera está integrada por 3.658.800 personas, con 2.652.200 ocupadas y 1.006.700 desempleadas, mientras que 1.118.000 persones están conceptuadas como inactivas. Su tasa de actividad es del 76,60 %, más de 19 puntos por encima de la española (57,43 %), y su movilidad en el mercado laboral es también bastante superior, tal como constataba la Secretaria de Estado de Inmigración en una reciente comparecencia en el Congreso de los Diputados, en la que afirmó que “estamos constatando que la movilidad de los inmigrantes es muy importante, multiplica por cuatro la de los autóctonos, y con estos programas estamos viendo como se están recolocando estas personas moviéndose de Madrid… a otras zonas costeras o de interior con demanda de trabajadores en determinadas ocupaciones”.

3. Permítanme una reflexión previa: cuando me acerqué al estudio de la inmigración, a principios de los años noventa del siglo XX, la realidad internacional, europea, española y catalana era en términos cuantitativos sensiblemente diferente de la actual, pero los problemas con los que se encontraban muchos inmigrantes regulares para poder ejercer sus derechos en los países de acogida no diferían mucho de los problemas con los que hoy se encuentran los nuevos inmigrantes, y mucho más ahora si su situación administrativa es irregular, ya sea originaria o sobrevenida, en el país de acogida. Es decir, han cambiado los números, y no olvidemos que detrás de cada cifra hay una persona, pero se han mantenido muchos de los problemas y cuestiones litigiosas que ya se planteaban entonces.

Probablemente sea cierto que estamos ante una realidad social que cuando la trasladamos al ámbito legal se encuentra con que la distancia entre el marco normativo vigente y su aplicación real y efectiva es muy lejana en muchas ocasiones. De ahí que sugiera prestar atención a las propuestas formuladas en el recientemente presentado Informe sobre desarrollo humano 2009, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el que se plantea que los gobiernos “deben reducir las restricciones al desplazamiento al interior y allende las fronteras, de manera de ampliar las alternativas y la libertad de sus habitantes”, y propone, entre otras medidas, ampliar los sistemas para el trabajo realmente estacional en sectores como agricultura y turismo, y “aumentar la cantidad de visas para personas poco capacitadas, haciendo depender su número de la demanda local”. En la misma línea, un reciente informe de la OIT pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas políticas apropiadas para maximizar la contribución de los inmigrantes, tanto para los países de origen como para los de destino, y destaca que “una respuesta a la crisis que sólo considera la disminución de la demanda general de trabajo, sin atención a la demanda diferencial por sectores, podría generar una migración irregular”.

4. Formulo una pregunta inicial: si es cierto que hay diferencias en el disfrute y ejercicio de derechos entre unas personas (“ciudadanos”) y otras (“extranjeros”), en las sociedades pluriculturales de los países desarrollados (en términos económicos y de ejercicio de derechos políticos, sociales y culturales), debemos preguntarnos cuál es la razón de esa diferencia; es decir, preguntarnos cuál es la razón de esa diferencia, y si podríamos plantearnos su desaparición, al menos en una primera etapa para todas las personas extranjeras que han accedido regularmente a un Estado, dejando para más adelante, por ser una cuestión polémica y vidriosa, si podríamos establecer la igualdad entre las personas con independencia de su nacionalidad y su lugar de origen. No parece una cuestión utópica, ni mucho menos, ya que desde la propia UNESCO se ha abordado el debate y estudio en profundidad de si es posible, y cuáles serían los beneficios y costes, reconocer la libre circulación de todas las personas, es decir hacer viable la inmigración sin fronteras. En el trabajo referenciado, cuya lectura recomiendo, se concluye que la libre circulación presenta fortalezas y debilidades, y que no constituye una solución perfecta al desafío planteado actualmente por los flujos migratorios, pero que tampoco se trata “de una utopía irrealista que desembocaría en el caos”, al tiempo que se pide una amplia visión de miras para imaginar políticas más aceptables que las que ahora se aplican y que están de lejos de dar respuesta adecuada a los retos de la inmigración

5. En los artículos y trabajos que he efectuado en los últimos años sobre la inmigración me he detenido casi siempre en el análisis de la percepción de la ciudadanía europea, española y catalana sobre dicho fenómeno, y lo he hecho porque en muchas ocasiones las diferencias entre las percepciones positivas por parte de quienes conocemos con detalle esta realidad no se corresponden en buena medida con aquellas que tiene una parte no menospreciable de las personas encuestadas, y ese contraste me reafirma más, si cabe, en la necesidad de una explicación didáctica, clara y accesible a todos los públicos, de la realidad de la inmigración, algo que en raras ocasiones ocurre en el debate político y mediático; por ello, es más apreciable aún el trabajo de las organizaciones que apuestan de forma clara y decidida por las políticas de integración de la nueva ciudadanía y por la adopción de medidas para gestionar la diversidad para que esta sea enriquecedora.

Esa percepción problemática de la inmigración aparece en los eurobarómetros comunitarios, en el barómetro que realiza mensualmente el Centro de Investigaciones Sociológicas o en los que periódicamente elabora el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, constatándose también que hay una distancia clara y evidente entre aquello que se considera como un problema general y lo que se considera un problema particular. Igualmente, la percepción de que la inmigración puede ser un problema existe en varios países europeos, o más exactamente aquello que se plantea cada vez más en los debates políticos es la limitación del número de inmigrantes que pueden acceder al país.

En definitiva, mientras buena parte de los estudios constatan la bondad de la inmigración para el crecimiento económico y del empleo, una parte de la ciudadanía considera un problema, más o menos serio, la inmigración. De ahí que sea importante hacer un gran esfuerzo para romper con los tópicos y estereotipos existentes.

6. Merece atención detenerse, siquiera sea con brevedad, en el análisis del empleo en la Europa de 2008 y su impacto en la política de inmigración, y lo hago a partir del Informe anual presentado por la Comisión Europea, en noviembre del pasado año, junto con una Comunicación en la que recogen los mensajes clave de dicho Informe. El Informe de la Comisión dedica un amplio apartado a la inmigración recientemente llegada a la Unión Europea, es decir en la década actual, y pone de manifiesto que su participación ha sido positiva (en un porcentaje cercano al 25 % del crecimiento de la economía y del empleo) para superar algún déficit de mano de obra autóctona y también para incrementar la flexibilidad del mercado de trabajo, dada la mayor movilidad del personal inmigrante en su vida laboral, destacándose el elevado grado de complementariedad y no de sustitución con los trabajadores autóctonos. Además, y me parece especialmente importante por lo que significa de entendimiento de las diferentes realidades migratorias y de su impacto en cada territorio, el Informe analiza cómo se diferencian los Estados septentrionales y meridionales de la UE por lo que respecta a la integración de la población inmigrada en el mercado de trabajo, cómo se utilizan (o infrautilizan en muchos casos) sus competencias profesionales, y cuál es la calidad de los empleos que ocupan.

Además, para analizar el impacto de la inmigración en el mercado de trabajo hay que prestar igualmente atención a diferentes variables como son la procedencia geográfica, el origen cultural y los conocimientos de la lengua o lenguas del país de acogida, los niveles de competencias y cómo se reconocen, sus especificidades socioeconómicas y las vías de entrada en el territorio de la UE. Del informe comunitario me interesa ahora destacar una consideración general y otra mucho más concreta, por el impacto que ambas tienen sobre la futura política de inmigración europea y sobre el tipo de inmigrante que se desea acoger en la EU-27. En primer lugar, que los países del sur de Europa han gestionado mejor la integración de la inmigración extracomunitaria que en otros Estados; en segundo término, que Europa necesita seguir trabajando mucho y bien para atraer a personal cualificado a su territorio, ya que entre los inmigrantes recientemente llegados y en edad de trabajar el 48 % tenía una escasa cualificación, mientras que sólo el 20 % eran altamente cualificados.

La relación entre la inmigración y el empleo es una de las características más relevantes que afectan a la realidad económica y social del territorio español y catalán. Justamente esa realidad de la inmigración es un elemento destacado de diferenciación respecto de nuestro marco de análisis de la realidad económica y social con respecto al de una década atrás, pues difícilmente hubiéramos podido pensar entonces que los extranjeros (básicamente los ciudadanos extracomunitarios) supondrían más del 10 % del total de afiliados a la Seguridad Social al finalizar el mes de septiembre de 2009, y que en Cataluña superaría el 13 %. El reto de futuro más importante es garantizar la integración regular y ordenada de los inmigrantes en el mercado de trabajo, así lo constatamos en los debates del pacto nacional para la inmigración de Cataluña durante 2008, y dejar de debatir si el fenómeno migratorio es positivo o negativo para la realidad económica y social española y catalana.

El mercado de trabajo ha absorbido bien hasta hace poco tiempo la incorporación de mano de obra extranjera, pero no ha sabido aprovechar las cualificaciones de buena parte de los inmigrantes que han estado ocupados por debajo de su nivel profesional. Baste aportar algunos datos significativos: en el año 2008 se formalizaron en España un total de 3.631.768 contratos de trabajo con extranjeros, un 21,87 % sobre el total, mientras que el número de personas extranjeras contratadas fue de 1.618.834, el 21,78 % sobre el total, con predominio de los trabajadores marroquíes, ecuatorianos y rumanos. Incluso en plena situación de crisis económica, en los 8 primeros meses de este año se han formalizado 1.897.024 contratos de trabajo con extranjeros, que suponen ciertamente un brusco descenso del 24,1 % (600.836) sobre el mismo período del año 2008. Y si nos concentramos en la demarcación territorial de Girona, el total de 78.197 contratos celebrados en 2008 supusieron el 35,75 % sobre el volumen total de contratación, habiéndose formalizado en la población que nos acoge en esta jornada un total de 2.623 (2.289 de extracomunitarios y 334 de comunitarios), es decir un 31,32 % sobre el total.

Cuando algunas Comunidades Autónomas superan el 10 % de población extranjera (en su gran mayoría extracomunitaria, a salvo de las que tienen un importante volumen de población rumana) parece un ejercicio de hipocresía intelectual seguir debatiendo sobre las bondades o maldades de la inmigración, porque lo que hay que hacer es gestionar correctamente la situación y saber hacia dónde queremos dirigirla. En muchas ocasiones la inmigración se percibe como un problema, lo demuestran los barómetros del CIS a los que me he referido con anterioridad, y negar que en ocasiones ello pueda ser así sería negar los ojos a la realidad. Pero aún peor sería no reconocer que buena parte de la economía del país, y en concreto algunos sectores productivos, difícilmente hubiera podido funcionar sin el trabajo, regular o irregular, de los inmigrantes, y que en gran medida esa situación sigue siendo la misma a pesar de la crisis.

No hay duda de que hemos de apostar por la mejora de calidad y la competitividad de nuestro tejido productivo, y ello no puede hacerse por la vía de una política de mano de obra que opte por la precariedad, la desregulación y el incumplimiento de la legalidad. Necesitamos apostar por una política de mano de obra que potencie la formación y la cualificación del personal. De ahí que la incorporación de los inmigrantes al mercado de trabajo ha de hacerse de forma que aprovechen todos sus conocimientos y habilidades, y que las políticas activas de empleo han de dirigirse a toda la población. De ahí que cobre toda su importancia a mi parecer, aunque creo que se ha avanzado poco en el camino, la creación de un Servicio Exterior de Empleo que canalice el acceso al mercado de trabajo español de los ciudadanos extranjeros que puedan incorporarse en adecuadas condiciones y con los conocimientos profesionales requeridos. Y de ahí también que cobre toda su importancia el cumplimiento de lo dispuesto en varios Estatutos de Autonomía sobre ampliación de competencias autonómicas en materia de inmigración, señaladamente la concesión de las autorizaciones iniciales de trabajo, tal como ya ocurre en Cataluña a partir del 1 de octubre de este año.

Desde una perspectiva crítica del marco jurídico vigente, pero que también pone el acento en la relación entre una adecuada política migratoria y una buena integración de las personas extranjera en el ámbito laboral, en las conclusiones del XIX encuentro de la abogacía dedicada a la extranjería, celebrado en Santander el pasado mes de mayo, se expuso que falta incorporar “mecanismos de política de empleo y promoción empresarial en la política migratoria española, así como potenciar medidas de inserción laboral y favorecer una normativa menos limitativa en materia de acceso a las autorizaciones laborales, con la finalidad de evitar el incremento de la exclusión social en este colectivo, favorecer la lucha contra la explotación laboral y en definitiva, permitir el ejercicio a un verdadero “derecho de movilidad” en Europa”.

7. La normas que regulan la inmigración no puede ir por un lado mientras que la realidad económica y social va por otro; ni tampoco puede un Estado, o una Comunidad Autónoma, hacer una política migratoria que no tome en consideración la realidad comunitaria e internacional, y buena prueba de ello es la aprobación el 15 de octubre de 2.008 del Pacto europeo comunitario para la inmigración y asilo. En España y en Cataluña, el objetivo a conseguir, y en ello han de implicarse activamente todas las Administraciones (General de Estado, autonómica y local) y todos los agentes sociales, es la plena regularidad del trabajo que presten los inmigrantes. Es obvio que es muy fácil de decir y más que difícil de aplicar, pero nos jugamos buena parte de la cohesión social que debemos tener, y mucho más ante la difícil situación económica y social en la que estamos instalados desde 2.008.

La inmigración nos interpela, nos interroga, nos crea problemas, pero también nos aporta riquezas económicas, culturales y humanas (porque conviene recordar también que los inmigrantes son personas y no meramente mano de obra). No hay que negar que se produce un incremento de necesidades económicas por parte de las Administraciones competentes para cubrir las nuevas realidades, por ejemplo, en los ámbitos sanitarios o educativos. Pero, ¿quién puede negar que la actividad productiva, por cuenta propia o ajena, mejora el nivel de crecimiento del país, y al mismo tiempo puede significar un mecanismo importante para favorecer las políticas de codesarrollo con los países de origen?

El debate ya no es la inmigración sino la integración de los inmigrantes. Y del debate, de las palabras, hemos de pasar a los hechos, las medidas para facilitar esa integración regular. Y creo que conviene recordar estas premisas antes los tiempos difíciles que vivimos desde 2008 y los que aún viviremos durante los próximos años. Esperemos que la reforma de la normativa estatal de extranjería e inmigración, así como también la nueva normativa catalana, vayan por este camino. Justamente lo que debe hacer la política de inmigración es evitar desde un primer momento las situaciones de irregularidad, y garantizar que todas las personas extranjeras que trabajen en la UE, España y Cataluña puedan hacerlo regularmente y con plenitud de derechos y obligaciones. A lograr ese objetivo deberían, a mi parecer, dedicar sus fuerzas y esfuerzos los grupos políticos y las organizaciones sociales.