La reanudación del diálogo social.

1. El pasado miércoles tuve oportunidad de asistir en Madrid a un debate organizado por nuestra Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social sobre los retos que plantea la actual situación económica y social al marco jurídico de las relaciones de trabajo y de protección social.

El debate fue muy vivo e intenso, y se manifestaron muy diferentes planteamientos de qué es lo que hay que hacer en el ámbito, y para muestra sirva un solo ejemplo: mientras que un ponente, el profesor Antonio Baylos, defendió la supresión del artículo 56.2 de la Ley del Estatuto de los trabajadores que permite despedir al trabajador, aun cuando se reconozca su improcedencia, mediante la consignación de la indemnización, por entender que había desnaturalizado y pervertido el principio de causalidad de la extinción de la relación de trabajo estable, otro ponente, el profesor Salvador del Rey, apostaba por una modificación sustancial de los artículos de la misma norma que regulan la movilidad funcional, movilidad geográfica, modificación sustancial de condiciones de trabajo y la suspensión y extinción colectiva de contratos (ARTS. 39,40,41,47 Y 51), argumentando que en una situación de crisis como la actual hay que introducir las mayores dosis de flexibilidad posible en el ordenamiento jurídico laboral para mantener los puestos de trabajo. Como podrán comprenderse, el debate posterior fue muy vivo e intenso aunque lamentablemente con muy poco tiempo para el mismo. Por cierto, en las intervenciones que tuve oportunidad de escuchar (y fueron casi todas) no se hizo prácticamente mención del papel que deben jugar las Comunidades Autónomas en la política de empleo, y mi intervención durante el debate se centró justamente en reseñar esta laguna y enfatizar que a día de hoy en España es imposible plantearse un debate sobre las políticas de empleo sin tomar en consideración el marco competencial del que disponen las autonomías.

2. En esta jornada también se habló de la importancia de fortalecer el diálogo social y de que se adopten medidas por el gobierno y a los agentes sociales que den respuesta inmediata a la situación de crisis de empleo y aumento del desempleo, aunque también se plantearon visiones muy diferentes de aquello para lo que debe servir el diálogo. Hago referencia a esta cuestión justamente porque ayer se reanudaban las sesiones de trabajo entre el gobierno y los agentes sociales, y muchas de las cuestiones que se plantearon en la jornada también estuvieron sobre la mesa de dicha reunión si nos hemos de guiar por la nota oficial facilitada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Esperar que la política de empleo, o más concretamente la adopción de medidas de mejora de los servicios de empleo, incentivación de la contratación y protección por desempleo, sea la que resuelva los problemas económicos actuales es obviamente una hipótesis errónea, dado que muchas de las decisiones que pueden invertir la situación actual tienen un claro componente político y económico, pero no es menos cierto que decisiones acertadas en el terreno laboral pueden contribuir a garantizar la paz social y a proteger los derechos de las personas más vulnerables en una situación de crisis como la que vivimos, y es ahí donde puede pedirse a los agentes sociales y al gobierno que acierten en sus propuestas y en sus hipotéticos acuerdos.

3. Hay cuestiones importantes que creo que deben ser objeto de atención en esta nueva fase del diálogo social, desde el planteamiento previo, y muy importante por la carga política de confianza que debe tener, de que el gobierno garantizará el mantenimiento del sistema de protección por desempleo, algo que parece que va a costar bastante más de lo presupuestado para 2009, llegándose a plantear la hipótesis de un coste adicional de diez mil millones de euros, y también de que las medidas deben tener en su gran mayoría una perspectiva temporal, de tal forma que deberían contemplar un horizonte de, como máximo, finales de 2010 para llevarlas a cabo.

Por ejemplo, sería bueno plantearse si es posible contemplar la hipótesis de que las prestaciones percibidas durante un período de suspensión temporal de empleo no se computen cuando el trabajador afectado extinga su relación laboral por otro expediente de regulación de empleo. También sería digno de estudio incentivar que las suspensiones colectivas no acaben en extinciones contractuales, mediante un incentivo económico al sujeto empresarial en forma de bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social durante un determinado período de tiempo y vinculado dicho incentivo a un acuerdo expreso de mantenimiento de los puestos de trabajo durante el mismo período. Especialmente interesante a mi parecer, y de ello ya se ha hablado mucho desde hace bastante tiempo, sería convertir las prestaciones contributivas que percibe un desempleado en incentivos a la contratación por parte empresarial, con las debidas y obligadas cautelas para evitar la sustitución de unos trabajadores por otros. ¿Y por qué no plantearse que se pueda utilizar el contrato de fomento de la contratación indefinida para todos los desempleados, es decir también para los varones de 31 a 45 años y que permanezcan menos de seis meses en situación de desempleo?

Igualmente, el refuerzo de los servicios públicos de empleo en una situación como la actual deviene del todo punto necesario, sin olvidar entrar a debatir sobre cómo podría articularse y complementarse la intervención del sector público y del sector privado en la intermediación laboral. Quizás el mantenimiento de los 1.500 orientadores para el empleo que se contrataron por los servicios de empleo a partir de su aprobación por el gobierno del Estado a mediados del 2008 pueda ser una buena vía para ese refuerzo. Por cierto, se critica mucho a los servicios públicos de empleo, pero estoy seguro que la inmensa mayoría de su personal realiza su trabajo de forma excelente, en unas condiciones de presión que ciertamente hacen cada vez más difícil su tarea.

3. Por último, no le pidamos al diálogo social tripartito que resuelva todos los problemas laborales existentes. La negociación colectiva tiene un amplio espacio de intervención para adoptar medidas flexibilizadoras para responder a la crisis, y basta con leer las noticias económicas y laborales para darse cuenta de que diariamente se pactan acuerdos para intentar evitar la pérdida de empleo y para mantener los puestos de trabajo, en muchas ocasiones con interpretaciones muy flexibles de la normativa laboral. Yo no creo que la negociación colectiva, o en concreto su marco regulador, sea limitativo de la flexibilidad que se demanda especialmente desde la parte empresarial, y es ahí donde deben buscarse y encontrarse muchas respuestas al momento de crisis que vivimos. O como se dice coloquialmente, “que cada palo aguante su vela”.