Una nota sobre el plan europeo de recuperación económica y su contenido laboral.

1. La Comisión Europea ha elaborado un plan europeo de recuperación económica que se presenta a la reunión de Jefes de Estado y de gobierno que tendrá lugar en Bruselas los días 11 y 12 de este mes, y de los que pide que lo avalen y respalden las acciones que en él se plantean, petición que también se formula al Parlamento Europeo. En la presentación del documento, el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, enfatiza su importancia porque se trata de “un Plan destinado a contener la magnitud de la desaceleración, estimular la demanda y generar confianza, salvando cientos de miles de puestos de trabajo y manteniendo la actividad de pequeñas empresas a la espera de que se restablezca el crecimiento”.

2. El Plan se justifica, a juicio de la Comisión, por la difícil situación económica que se vive en todo el planeta y que hace del todo punto necesario que, en el ámbito europeo, los Estados miembros y la Unión Europea trabajen juntos, se coordinen entre sí y contribuyan a una respuesta global más amplia, dado que buena parte de los instrumentos que es necesario activar en estos momentos están en manos de los Estados, en especial aquellos que son capaces de estimular la demanda de los consumidores a corto plazo. Se concibe este Plan como una aportación de la UE a una cooperación macroeconómica internacional más estrecha y que ha de incluir a las economías emergentes, cooperación que ha de ir destinada “a restablecer el crecimiento, evitar consecuencias indirectas negativas y ayudar a los países en vías de desarrollo”.

El deterioro de la situación económica es especialmente preocupante al parecer de los redactores del documento por la fragilidad de los mercados financieros (hay una serie llamada de atención en el texto a que los bancos faciliten liquidez y contribuyan a la inversión en la economía real, y a los Estados a que actúen para garantizar que las medidas adoptadas de apoyo al sector repercutan en los prestatarios), el vertiginoso descenso de la confianza de los hogares y de las empresas, y también porque las exportaciones europeas están sufriendo mucho como consecuencia de la desaceleración de las llamadas economías emergentes.

3. De ahí que el Plan europeo persiga cuatro objetivos estratégicos que, a grandes rasgos, son los siguientes: estimular la demanda con celeridad y aumentar la confianza de los consumidores; amortiguar el coste humano del bache económico y su incidencia en las personas más vulnerables, o dicho de forma más clara hay que adoptar medidas que contribuyan a detener la pérdida de empleo y a facilitar la reincorporación al mismo de aquellas personas que lo han perdido; realizar las reformas estructurales, con especial atención y medidas de apoyo a la innovación y la economía del conocimiento, para que Europa se encuentre bien preparada para encarar la fase posterior de la actual crisis económica; en fin, acelerar la transición hacia una economía más limpia, más “verde”, con bajo nivel de emisiones de carbono y con menor dependencia del suministro energético exterior, proponiéndose por ejemplo en el sector del automóvil, y destaco este sector por su importancia, “una «iniciativa europea por unos coches verdes, que abarcará la investigación en una amplia gama de tecnologías y de infraestructuras energéticas inteligentes fundamentales para dar un salto cualitativo en el uso de fuentes de energía renovables y no contaminantes y en la seguridad y fluidez del tráfico”. El documento comunitario llama nuevamente a reducir las cargas administrativas para las empresas, y formula dos propuestas concretas de especial interés a mi parecer: en primer lugar, garantizar que en el plazo de tres días y con coste cero “se pueda crear una nueva empresa en cualquier punto de la UE y que a través de un único punto de acceso se pueda tramitar la contratación del primer empleado; en segundo término, conseguir que las autoridades públicas paguen sus facturas a las pymes en el plazo máximo de un mes.

Para conseguir tales objetivos, el Plan, que se apoya en dos puntos básicos de referencia comunitaria como son el Pacto de estabilidad y crecimiento y la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo, pretende poner en circulación 200.000 millones de euros, una cantidad que supone cerca del 1,5 % del producto interior bruto de la UE, debiendo ser cubierta esa cantidad en un elevado porcentaje por las aportaciones de los Estados miembros, en concreto 170.000 millones (1,2 % del PIB), mientras que los restantes 30.000 millones (0,3 % del PIB) serían aportados por la UE en forma de ayudas de utilización inmediata, planteándose que, dado que se trata de recursos limitados, han de ser utilizados de forma selectiva y dirigidos a atacar de raíz la actual problemática económica que afecta a las personas desempleadas, las empresas y los hogares con dificultades de acceder al crédito. De ahí que se valore positivamente un aumento del gasto público que puede contribuir a mejorar la situación de los desempleados y de los hogares con bajos ingresos, así como también una política de reducción de impuestos y cotizaciones sociales que mejore el poder adquisitivo de los trabajadores con salarios más bajos y que alivie, por otra parte, la presión económica sobre la parte empresarial y de retrueque contribuya a la creación y mantenimiento de puestos de trabajo.

La Comisión es consciente de que algunos Estados que adopten las medidas oportunas para afrontar la crisis pueden superar el 3 % del déficit de su PIB, porcentaje máximo fijado en el pacto de estabilidad y crecimiento, y por ello llama a que las medidas que se adopten sean temporales, y previendo que un hipotético déficit excesivo deberá corregirse en etapas posteriores, “velando por la sostenibilidad a largo plazo de las posiciones presupuestarias”.

Además, y en la estrategia a medio plazo, se propone la adopción de una serie de medidas (básicamente en el ámbito de las infraestructuras) que sirvan también para dar respuestas positivas a la actual situación de crisis. En el ámbito del empleo cabe destacar las referencias, ya suficientemente conocidas por haberse propuesto en documentos anteriores, a la mayor vinculación entre el mecanismo de revisión salarial y la evolución de la productividad, y a la conveniencia de adoptar medidas que eviten una pérdida excesiva de empleo, algo que puede lograrse a juicio de la Comisión si se introduce mayor flexibilidad en los acuerdos sobre la jornada laboral y se mejoran los servicios de empleo para posibilitar la reincorporación de las personas desempleadas al mercado de trabajo.

4. Para acabar esta nota, me refiero a las propuestas de intervención que se formulan en el ámbito laboral.

Se llama a proteger el empleo y fomentar la iniciativa empresarial, con la puesta en marcha de medidas de políticas activas de inclusión y de flexiseguridad integradas, que se centren en medidas de activación, reciclaje profesional y mejora de las cualificaciones, sin olvidar por otra parte la importancia de disponer de una protección social adecuada “que ofrezca incentivos para trabajar al tiempo que reserva el poder adquisitivo”.

Como propuestas concretas en el ámbito de competencias comunitarias, se propone la simplificación de los criterios para poder acceder a las ayudas del Fondo Social Europeo y, algo mucho más importante a mi parecer, que se pueda disponer de forma adelantada de parte del presupuesto del Fondo, en concreto de hasta 1.800 millones de euros para llevar a cabo las medidas de activación; en segundo término, se formula una propuesta de revisión de la normativa del Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización, para que pueda jugar un papel más ágil y eficaz en el mantenimiento del empleo y en las políticas de formación y colocación de trabajadores desempleados en sectores clave de la economía.

Por otra parte, la Comisión propone reducir la fiscalidad sobre el trabajo que se aplica a las rentas más bajas, por creer que de esta manera se mejorará la permanencia en el mundo laboral de los trabajadores menos cualificados, y llama a explorar fórmulas innovadoras como los cheques-servicio para facilitar la contratación de personas en el ámbito del hogar familiar y de aquellas que tengan más dificultades para acceder al mercado de trabajo; en fin, se llama a mantener con carácter permanente los tipos reducidos del impuesto sobre el valor añadido en los servicios con gran intensidad de mano de obra.