1. Hace
ahora poco más de un año, el 21 de septiembre de 2012, publiqué una entrada enmi blog con el título “Una nota sobre el VII Informe del Observatorio de la
realidad social. Una mirada muy cercana a la crisis.”, cuyo primer párrafo
sigue siendo totalmente válido a día de hoy, incluso diría que más que hace
doce meses, y que decía lo siguiente: “Leer los informes del Observatorio de la realidad
social, elaborados por el equipo de estudios de Cáritas Española debería ser
obligatorio para todos los responsables políticos y sociales. En pocas páginas,
pero con una gran claridad, concreción y precisión, se aportan datos extraídos
de la realidad cotidiana con la que trabajan las Cáritas Diocesanas y como está
evolucionando una parte importante de la sociedad española durante la crisis
iniciada en 2008”.
2. Me acerco ahora al comentario de
los datos más relevantes del VIII Informe, presentado el pasado día 10, que leí
en mi desplazamiento desde la UAB a Barcelona mientras escuchaba problemas
laborales de personas que estaban a mi alrededor en el tren, y hay que
reconocer que sus autores han dado, acertado, con un título, que ya nos da la
pista de aquello que es su contenido, básicamente poner de manifiesto el
incremento de las desigualdades y el empobrecimiento de una parte no poco
importante de nuestra sociedad: “El empobrecimiento y desigualdad social. El
aumento de la fractura social en una sociedad vulnerable que se empobrece”. En
la ficha técnica del Informe se explica que los datos utilizados provienen del
91 % de las Cáritas Diocesanas y que la mayor parte de la información utilizada
se refiere a 2012, “ampliando las representaciones temporales de los
indicadores que hemos venido recogiendo (en los siete informes anteriores) para
ver su evolución hasta el año 2012”.
El documento trata cuatro grandes
cuestiones: en primer lugar, la situación de desigualdad y empobrecimiento de
la sociedad española; a continuación, las características de las personas
empobrecidas; inmediatamente después, las condiciones de acceso a los derechos
sociales; por fin, la acogida y asistencia de esas personas en Cáritas. En la
presentación pública del Informe, y también de la Memoria 2012 de lainstitución, a cargo del obispo responsable de Cáritas en la CEPS (Comisión
Episcopal de Pastoral Social), monseñor Alfonso Milián, y el presidente y
secretario general de Cáritas Española, Rafael del Río y Sebastián Mora,
respectivamente, se puso de manifiesto que el documento “constata la existencia
en España de situaciones y hechos que indican un creciente empobrecimiento de
la sociedad y el aumento del riesgo de fractura social. Más allá de la
coyuntura de la crisis, este deterioro está consolidando una nueva estructura
social donde crece la espiral de la escasez y el espacio de la vulnerabilidad”.
A) Como acabo de indicar, en el
primer capítulo se aborda el proceso de desigualdad y empobrecimiento de la sociedad
española, que afecta más intensamente a las personas y familias más pobres y
excluidas de la sociedad, y no sólo se acude a la información interna sino
también a diversos estudios publicados en los últimos tiempos (del Consejo
Económico y Social, de la Fundación Alternativas, FOESSA) que confirman el
aumento de la desigualdad social en España, tanto respecto a la distribución de
la renta como del acceso al empleo y a los derechos sociales (sanidad,
educación, prestaciones públicas), proceso que va de la mano con una
concentración mayor de la riqueza puesta
de manifiesto a partir de los datos de la Oficina estadística de la Unión
Europea, Eurostat: con datos de 2011, “el 20 % de la población más rica
concentra 7,5 % veces más riqueza que el 20 % más pobre, cuando esta relación
era de 5,5 veces más en el 2008…”.
En apoyo de la tesis del incremento
de la desigualdad, y su especial impacto sobre una parte de la población, se
aportan datos del período comprendido entre 2007 y 2012, tales como el
incremento de la tasa de pobreza de los hogares (19,7 a 21,1 %), de la tasa de pobreza
severa (3,5 a 6,4 %), del número de personas desempleadas (8,6 a 26 %), de las
ejecuciones hipotecarias (25.943 a 91.622), y de las personas perceptoras de
las rentas mínimas de inserción (103.072 a 223.940, en el bien entendido que
los beneficiarios totales de las mismas pasan de 299.756 a 554.089).
Las situaciones de mayor dificultad
afectan a diversos colectivos en proporción bastante superior a la media, de
tal manera que se ven muy reflejadas entre las personas que viven en hogares
donde la intensidad laboral es muy baja (se trata de hogares “en los que sus
miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20 % del total de su
potencial durante el año de referencia), de los ciudadanos extracomunitarios
(un 43,5 % bajo el umbral de pobreza en 2011, 13,5 % puntos más que en 2007),
las familias monoparentales, personas con estudios primarios o inferiores, y
los menores de 16 años. Hay un dato que merece especial atención a mi entender cuál
es la mejora significativa (8 puntos) de las personas mayores de 65 años que
han pasado por encima del umbral de pobreza en este período, y su contribución
a la contención de los efectos de la crisis en las familias, algo que no sé si
podrán seguir manteniendo los próximos informes que tomen ya en consideración,
si no hay cambios de última hora, el nuevo marco normativo en materia de
pensiones que está en fase de tramitación parlamentaria y al que me he referido
críticamente en una anterior entrada del blog.
Piénsese, por otra parte, en la
importancia de estas prestaciones en particular, y de la familia en general,
para atenuar, a modo de colchón protector, la situación de crisis en aquellas
hogares donde sólo existe ese ingreso o los demás son reducidos y precarios, y
cómo se está trasladando desde los poderes públicos al ámbito familiar la
solución de muchos problemas, siendo así que de esta manera, tal como constata
el informe, se incrementa y mucho la carga económica y emocional de las
familias, “sosteniendo en el tiempo una situación que a veces les lleva al desbordamiento
y al deterioro de los valores al convertirse en urgente y prioritaria la subsistencia”.
B) ¿Cuáles son las características
de las personas empobrecidas? Sigue siendo, al igual que en informes
anteriores, un rostro preferentemente femenino, con un mayor número de personas
desempleadas de larga duración, parejas solas jóvenes (20-40 años) con hijos, y
familias monoparentales (preferentemente con una mujer al frente).
Otro dato de especial interés es la
comparación que realiza el documento entre diversos colectivos de la población
atendida por Cáritas y su peso en la población total en España, de tal manera
que podemos comprobar que la proporción de personas inmigrantes atendidas es 5
veces superior (9,2 y 46,3 % respectivamente), que la de personas desempleadas
en 2,7 veces superior, que la población sin ingresos es 10 veces superior, o
que el número de personas atendidas con estudios primarios o inferiores es el
doble, por lo que se constata que el mundo de la pobreza, el que es bien
conocido por Cáritas, “se desarrolla especialmente entre los inmigrantes, los
parados y las personas con baja formación académica”.
Un dato de especial interés, y
vuelvo a resaltarlo, es el hecho de que casi la mitad de las personas atendidas
por Cáritas son inmigrantes, una circunstancia vinculada sin duda a la
situación de crisis del empleo y de aumento del número de personas desempleadas
y que lleva a una parte de la población extracomunitaria (sin olvidar tampoco los
problemas de una parte de aquella de la UE) a pasar a situación de
irregularidad sobrevenida y a la pérdida, si hubiera tenido derecho a ellas, de
las prestaciones contributivas y asistenciales por desempleo, algo que en el
Informe se califica “como uno de los rasgos más distintivos de la
vulnerabilidad y del riesgo de exclusión social en España”. Repárese en este
dato para confirmar la gravedad de la situación: el 21,5 % de los inmigrantes
atendidos en 2012 estaban indocumentado o en situación de irregularidad,
estimándose que Cáritas “atiende al año alrededor de 100.000 personas en
situación de irregularidad”.
La situación económica de las
personas empobrecidas es ciertamente preocupante; su media de ingresos es de
345 euros mensuales (el umbral de pobreza se sitúa en 625,6 euros/mes en 2011),
y un tercio de las personas atendidas no disponen de ingresos, mientras que
estos ingresos sólo provienen del trabajo (en gran medida precario o de la
economía irregular) para un 19,7 % de las personas que acuden a los servicios
de Cáritas. La información obtenida de las Cáritas diocesanas permite constatar
que la situación económica de las personas atendidas durante el período
2007-2012 “ha empeorado mucho” (paso de una pobreza coyuntural a estructural),
y que los motivos de ello son el desempleo, la precarización de las condiciones
laborales, el endeudamiento de los hogares, la insuficiencia del sistema de
protección social y la falta de apoyo familiar.
En suma, los datos disponibles,
tanto los oficiales que provienen de las instituciones y organismos públicos
internacionales y españoles, como el conocimiento directo de la realidad de las
personas que sufren la crisis, lleva a los autores del Informe a afirmar que “la
cronicidad está aumentando, y que se está reforzando no sólo la precarización
social, sino también el proceso de consolidación de una sociedad dual”, dado
que un tercio de las personas que demandan ayuda de la institución lo vienen
haciendo durante más de tres años consecutivos, abarcando el perfil de estas
personas un amplísimo espectro de la población española: “desempleados de larga o
muy larga duración; jóvenes desempleados en busca del primer empleo; mujeres
solas con cargas familiares; familias jóvenes encabezadas por padres de 20 a 40
años de edad con uno o dos hijos pequeños; e inmigrantes en situación de
irregularidad, especialmente sobrevenida”.
C) Un rasgo específico de la crisis
es el recorte de derechos sociales (en la neolengua política se habla de “ajustes”,
aunque no se dice si es para que el cinturón sea más amplio o más estrecho, si
bien la respuesta a favor de la segunda opción es clara y manifiesta), cuestión
que es abordada en el tercer capítulo, dedicado a las condiciones de acceso a
los derechos sociales. El impacto es especialmente negativo en las personas
atendidas por Cáritas, y puedo afirmar que también para una parte de la
sociedad (no es casualidad que existan las mareas verdes y las mareas blancas,
por referirme a la situación conflictiva en el mundo de la educación y de la
sanidad).
El informe constata que en materia de
sanidad los recortes operados están provocando un aumento del gasto en
medicamentos, situaciones de desatención sanitaria (en buena medida, pero no de
forma exclusiva, para población inmigrante y muy especialmente para la que se
encuentra en situación irregular – piénsese en el endurecimiento de los
requisitos de empadronamiento, por ejemplo --), el abandono de tratamientos
médicos por su elevado coste, y algo que no es directamente producto de los
recortes pero que sí encuentra su razón de ser en los mismos, cuál es la
situación de “miedo y estrés en inmigrantes en situación de irregularidad” ante
las dificultades (y las diferencias de trato existentes en las diversas
Comunidades Autónomas) para poder acudir a la sanidad pública.
No menos preocupantes son los
recortes en educación, que conllevan (y no creo desde luego que la nueva Ley
Orgánica denominada de “mejora de la calidad educativa” lo resuelva) aumento de
gasto de las familias, restricción de becas, falta de atención a necesidades
educativas especiales y situaciones de desigualdad (siendo el ejemplo más
significativo el poder realizar o no actividades extraescolares).
Respecto a las prestaciones sociales
públicas, los recortes en los servicios sociales están provocando situaciones
de mayor desprotección social como consecuencia de la reducción de la calidad
de los servicios (véanse los datos de la encuesta de población activa para comprobar
el importante recorte de personal en este sector) y el retraso y endurecimiento
de los requisitos de acceso a tales prestaciones, cuando no, lisa y llanamente,
la supresión del acceso. Piénsese especialmente, y así lo hace el informe, en
las medidas restrictivas adoptadas en el ámbito de la dependencia, que han
llevado a la pérdida de la ayuda económica de los cuidadores familiares, el
aumento de la población dependiente sin cobertura, la reducción de las
prestaciones concedidas o revisadas, y, como ya he apuntado, los retrasos en la
valoración y en la concesión efectiva de la cuantía económica concedida”. La
situación es aún más preocupante en cuanto que sólo un tercio de las personas
atendidas por Cáritas perciben algún tipo de prestación económica pública (es decir,
prestaciones contributivas o asistenciales, rentas mínimas y ayudas de
emergencia).
Dicho sea incidentalmente, un dato
que demuestra la gravedad de la situación, y al que se refiere el Informe, es
que el sistema de las RMI, es decir el mecanismo que cubre a las personas que
no tienen derecho a otro tipo de prestaciones, y además sujeto a diversas
condiciones, alcanza sólo al 17 % de la población bajo el umbral de la pobreza
severa. Las Cáritas diocesanas constatan que, como media en toda España, se ha
incrementado el período que media entre la solicitud y el cobro efectivo, que
alcanzaba 198 días en 2012, unido a un endurecimiento de los requisitos para
poder percibirla (ej: exigencia de empadronamiento y aumento del tiempo mínimo
que debe estar en el municipio); también, el endurecimiento y ampliación de los
requisitos sociales y económicos; las importantes diferencias por razón de la
cuantía básica, que van desde los 658,5 euros mensuales en el País Vasco a los
300 de la Región de Murcia según el Informe del Ministerio de Sanidad, servicios sociales e igualdad del año 2011; en fin, la falta de liquidez y la insuficiencia de
un presupuesto suficiente por cada autonomía para atender a todas las
solicitudes (el debate producido en Cataluña durante el segundo semestre de
2012 es un claro ejemplo de esta dificultad).
D) Por último, el cuarto capítulo
está dedicado a la acogida y asistencia en Cáritas, sintetizando toda la
problemática actual en tres grandes aspectos: de una parte, el mantenimiento de
la tendencia de crecimiento del número de personas atendidas; de otra, la
constatación de que quedan necesidades básicas por cubrir que no lo hace
nuestro actual de modelo de bienestar; en fin, que las situaciones de pobreza y
exclusión social no responden a una única problemática.
La frialdad de los datos esconde que
detrás de los números hay personas, pero esa misma frialdad ayuda a entender
las dificultades por las que pasan muchas personas, siendo significativo que
desde 2007 a 2012 el número de personas atendidas ha pasado de 370.251 a
1.300.914, con un importante número (340.000) que han acudido a Cáritas por
primera vez en 2102. En la España de 2013, en un país del llamado mundo
desarrollado, nos encontramos con que la demanda de subsistencia, es decir de
alimentación, es la más importante, seguida de otra no menos importante para
esa subsistencia como es la vivienda, y las dos antes de la petición de empleo.
Las ayudas económicas para personas solas (26 %) y familias (74 %) alcanza casi
los 44 millones de euros, con un peso muy importante, como acabo de indicar de
la alimentación (40 %) y vivienda (25 %).
A modo de síntesis del informe, hay
una reflexión-constatación en esta cuarta parte del Informe que me parece muy
relevante: durante la primera parte de la crisis (iniciada en 2008) los efectos
de las crisis fueron amortiguados por las prestaciones públicas (señaladamente
las prestaciones por desempleo) y por la protección familiar: en el momento
actual, el hecho del mantenimiento del desempleo (con la importancia que tiene
el de larga duración), las políticas de recortes de prestaciones sociales, y el
correlativo impacto sobre las familias de la crisis y de dichos recortes, han
creado, para los autores del Informe, “un caldo de cultivo para el comienzo de
una segunda oleada de empobrecimiento y exclusión social con efectos más
intensos”.
3. Concluyo. Mi comentario es sólo
una breve síntesis (o así lo he intentado) del contenido más relevante a mi
parecer del Informe. Para conocer todos los datos, y la magnitud de la gravedad
de la situación, lean por favor todo el documento, y después piensen en cómo es
y cómo se está estructurando (o mejor dicho desestructurando) nuestra sociedad.
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