La sostenibilidad de las finanzas públicas y la recuperación de la economía.

1. La Comisión europea ha presentado reciente una importante Comunicación, que analizo en esta entrada del blog, sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas en un contexto de recuperación de la economía.


Según puede leerse en la introducción del documento presentado por la Comisión, se trata de evaluar la sostenibilidad de las finanzas públicas de los Estados miembros de la Unión Europea, y se ubica en el marco de la reflexión sobre qué estrategias son las más adecuadas para salir de la crisis económica y financiera, así como también en el marco de reformas de las economías europeas, y todo ello teniendo como punto de referencia la estrategia para la Europa de 2.020.


En este marco de consideraciones generales, destaca la preocupación de la Comisión por el incremento de los déficits públicos en los Estados de la UE, que han pasado de una media del 0’8 % del PIB en 2007 “a una media del 6 % del PIB en 2009 y en torno al 7 % en 2.010”. La Comisión se muestra especialmente preocupada por dichos incrementos y llama a la aplicación de reformas estructurales y de medidas de saneamiento, para evitar que en los próximos años se produzcan incrementos considerables del gasto en intereses de la deuda y en pensiones públicas, en asistencia sanitaria y en cuidados de larga duración, incrementos que en su mayor parte tienen que ver con el proceso de envejecimiento de la población.

La Comisión, en cualquier caso, es consciente de la difícil situación en que vive la economía de sus Estados, y de ahí que defienda, al igual que han hecho en los últimos meses otras instituciones y organismos económicos internacionales, que una política fiscal expansiva en tiempos de crisis no afecta negativamente a la sostenibilidad, pero con el obligado añadido de que las medidas adoptadas sean temporales y desaparezcan de manera gradual una vez que se confirme la recuperación. Precisamente en las conclusiones se vuelve sobre esta tesis y se expone que “una política fiscal fructífera que tienda a combatir la recesión no es incompatible con el objetivo de la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo”.

2. Es obvio, igualmente, que la situación de partida es diferente según de qué Estado se trate; es decir, el riesgo a largo plazo es diferente y derivará de tres factores a los que se refiere la Comisión: “a) las diferencias en las situaciones presupuestarias iniciales de sus administraciones públicas en 2009, incluidos los niveles de deuda y déficit estructural; b) las diferencias en la financiación y el alcance de los sistemas de protección social, c) las diferencias en el potencial de crecimiento, que se derivan de sus respectivos niveles de desarrollo y de sus previsiones de evolución demográfica”.

Con la utilización de esos tres criterios, la Comisión llama la atención sobre la difícil situación en que se encuentra España y llama a la adopción de reformas en el sistema de protección social ante el creciente progreso de envejecimiento de la población y el correlativo aumento del gasto público para atender las necesidades que de ello se derivan. Ciertamente esta situación no sólo se da en España, pero deseo destacar esta referencia expresa a nuestro país, cuya “brecha de sostenibilidad” ha aumentado con relación a anteriores evaluaciones. No obstante, también quiero poner de manifiesto que la propia Comisión reconoce el valor del incremento de las finanzas públicas en la difícil situación en que vivimos, en especial en el ámbito de la protección social, para atenuar sus efectos económicos y sociales, y de ahí que la llamada (no sólo a España sino también a varios países más) para reducir sus déficits públicos se hagan con la referencia a su puesta en marcha “tan pronto como las condiciones lo permitan”.

3. Para avanzar en esa línea y volver a la senda de un crecimiento sostenible, y tomando como punto de referencia la estrategia elaborada en la ya lejana reunión del Consejo Europeo en Estocolmo en 2001, la estrategia a seguir ha de tener tres objetivos: en primer lugar, la reducción de los niveles de déficit y deuda; en segundo término, y es el punto más importante desde la perspectiva de las políticas de empleo, un aumento de las tasas de empleo; por fin, la reforma de los sistemas de protección social. Y la Comisión expone de forma clara y contundente que la estrategia a seguir en el momento presente debe operar con los tres objetivos de forma conjunta, “mientras que antes de la crisis los tres componentes de la estrategia representaban opciones entre las que se podía elegir”.

Sobre el aumento de las tasas de empleo, se destacan los avances importantes realizados hasta ahora para incrementar la presencia femenina y de los trabajadores de edad avanzada (55 a 64 años) en el mercado de trabajo, y hay una remisión a las reglas y criterios señalados en otro documento comunitario, la importante Comunicación de 4 de marzo sobre cómo gestionar la recuperación económica, ya analizada en este blog, con una adecuada combinación de los mecanismos de flexibilidad y seguridad, y con una nueva y seria llamada a los Estados para que se abstengan de adoptar medidas como las jubilaciones anticipadas como hipotética respuesta al aumento del desempleo y a los procesos de reestructuración industrial. Una clara indicación de la necesidad de mantener políticas salariales adecuadas y no restrictivas, en especial para quienes perciben ingresos de escasa cuantía, se encuentra a mi parecer en la manifestación que aparece en el documento sobre la necesidad de que “las políticas deberán estar en sinergia con los objetivos sociales de apoyar las rentas de los ciudadanos más desfavorecidos, con lo que estimularía la demanda agregada”.

Desde otra perspectiva, pero también íntimamente relacionada con el empleo, se defiende la conveniencia de adoptar reformas que mejoren el funcionamiento de la educación, la I+D y la innovación, a fin de contribuir al desarrollo tecnológico y al incremento de la productividad, con una llamada adicional a la adopción de medidas que refuercen “el ámbito de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente”.

Además de lo expuesto en el párrafo anterior, la Comisión alerta en el ámbito de la protección social sobre la necesidad de reformar los sistemas de pensiones y de asistencia social como principal instrumento de política económica que puede garantizar a medio y largo plazo la sostenibilidad de las finanzas públicas, y examina con particular interés las propuestas de algunos Estados de aumentar la edad de jubilación efectiva, valorando el efecto favorables que sobre las rentas de los pensionistas podría tener un mayor período de vida laboral y mayor acumulación de derechos de pensión, si bien, y en atención a los diferentes sistemas existentes en los Estados miembros, deja a cada uno de ellos que establezca “la reforma que mejor se adapte a sus características y preferencias sociales”, además de señalar que “es conveniente que se llegue a un consenso para aplicarla”.