Nuevas sentencias sobre ultraactividad de los convenios colectivos. Una nota breve a la del TSJ de Castilla y León de 23 de julio (a la espera de volver al laboratorio jurídico del País Vasco).

1. Hasta hace pocos días no había efectuado una nueva consulta (la última databa de 31 de julio y motivó el comentario en el blog de la sentencia del Tribunal Superiorde Justicia de La Rioja de 25 de junio) a la base de datos del CENDOJ para conocer si se habían publicado más sentencias de los TSJ de Justicia sobre los litigios derivados de la aplicación del art. 86.3 de la Ley del Estatuto de los trabajadores, es decir sobre la ultraactividad de los convenios colectivos estatutarios y su mantenimiento o no en vigor de los denunciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 3/2012. En esta primera visita postvacacional encontré una sentencia del TSJ de Castilla y León de 23 de julio, de la que fue ponente el magistrado Santiago Ezequiel Marqués, que desestima el recurso de suplicación interpuesto por la empresa demandada, la Diputación de León, y confirma la dictada el 17 de octubre de 2013 por el Juzgado de lo Social núm. 2 de León.

Anoto con brevedad esta sentencia a la espera de volver, tal como reza el título de la entrada, al laboratorio jurídico del País Vaso, más exactamente de su TSJ, ya que la actualización de la base de datos del CENDOJ me ha permitido tener conocimiento de siete nuevas sentencias de 13 de mayo, 20 de mayo, 27 de mayo (dos) 3 de junio y 17 de junio (2), con resolución por varias de ellas de litigios de especial interés jurídico en recursos de suplicación interpuestos contra sentencias dictadas por juzgados de lo social que merecieron, en algunos casos, atención detallada en el blog, y baste ahora citar los casos de la empresa E. Edhart y Cia SA (que provocó un muy interesante debate en el blog) y del convenio colectivo sectorial para la industria siderometalúrgica de Álava 2007-2010. En el bien entendido, que en todas ellas se mantienen las tesis plasmadas en sentencias anteriores y que apuestan en síntesis por la prevalencia de los pactos de vigencia de los convenios anteriores a las reformas y por la imposibilidad de modificación unilateral de las condiciones de trabajo por parte del empleador en caso de inexistencia de pacto de vigencia y de convenio colectivo de ámbito superior, así como también por el rechazo a la aplicación mecánica de la Ley del Estatuto de los trabajadores si no hubiere normativa convencional aplicable, con defensa del mantenimiento de las condiciones contractuales (en todo o en parte).     

2. Pero no adelantemos acontecimiento y volvamos al objetivo de esta breve entrada. En ambas sentencias, la del JS de León y del TSJ castellano-leonés, se mantiene la línea defendida por la gran mayoría de las dictadas por la AN, TSJ y JS hasta el momento presente (recuerdo que no ha habido aún pronunciamiento del TS sobre la cuestión), entendiendo que la existencia de un artículo del convenio colectivo denunciado en el que se mantenía la vigencia del contenido normativo del citado pacto “hasta la aprobación de un nuevo convenio colectivo” implicaba que seguía en vigor y aplicándose en sus propios términos.

Interesa ahora destacar que la parte recurrente defendió en su recurso que el art. 86.3 de la LET, en relación con la disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2012 implicaba que todos los convenios colectivos denunciados, tanto antes como después de la entrada en vigor de dicha norma, disponían de un plazo máximo de un año de ultraactividad, transcurrido el cual dejaban de ser aplicables salvo pacto en contrario (suscrito con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley).

Para la parte recurrente, la reforma laboral en el punto que era objeto de debate en el litigio “tiene carácter imperativo y no es disponible por las partes”, y una interpretación de signo contrario (por cierto, insisto, la de la gran mayoría de sentencias dictadas hasta la fecha) implicaría que la Ley 3/2012 “no tiene viabilidad ni es de aplicación como consecuencia de la ultraactividad de los convenios, produciéndose un efecto torticero contra la voluntad del legislador”. EL TSJ no comparte la tesis de la recurrente porque considera que hay “ausencia de previsiones normativas sobre la aplicabilidad de las regulaciones convencionales antes de la entrada en vigor de la reforma laboral”, y que ello ha provocado una importante litigiosidad laboral que ha llevado a que la mayor parte de sentencias dictadas sobre esta cuestión se hayan  pronunciado a favor “de la pervivencia de las regulaciones anteriores a la reforma”, debido al “silencio del legislador” (que hubiera podido incorporar en la norma, según el TSJ, una referencia expresa a que el plazo de un año era aplicable a todos los convenio, aunque esta tesis suscita más de una duda en relación con el respeto al derecho constitucional a la negociación colectiva y en definitiva a la autonomía de las partes para regular convencionalmente las relaciones de trabajo, tal como he expuesto con mayor detalle en anteriores entradas del blog) y “la remisión general que el art. 86.3 ET efectúa a los convenios colectivos o al pacto en contrario”.

3. Para defender su tesis, el TSJ castellano-leonés se apoya sustancialmente en la sentencia delTSJ de Murcia de 28 de octubre de 2013 cuyo fundamento jurídico cuarto transcribe literalmente. En la sentencia del TSJ murciano se afirma el carácter supletorio del art. 86.3 de la LET y su aplicabilidad sólo en ausencia de pacto en contrario, “entendiendo como tal no sólo el contenido en el convenio denunciado o decadente, sino también cualquier otro alcanzado en otro momento posterior, siempre que el acuerdo esté suscrito por las partes que ostenten legitimación suficiente”, por lo que aplicando esta teoría general al caso concreto enjuiciado en aquel litigio y contener el art. 5 del Convenio colectivo un pacto expreso en materia de ultraactividad del mismo, al establecer la prórroga del convenio denunciado hasta que no se alcance un nuevo acuerdo, “tal acuerdo es válido y no se encuentra afectado por la modificación introducida por la Ley 3/2012 en la redacción del artículo 86.3, del ET , que dispone la perdida de vigencia de un convenio denunciado al trascurrir un año sin que se haya alcanzado acuerdo sobre un nuevo convenio que le sustituya, pues tal regla solo es aplicable en ausencia de un pacto o acuerdo de las partes negociadoras del convenio colectivo, circunstancia que en el presente caso no concurre”.  

Dado que la redacción del art. 3 del IV convenio colectivo para los empleados públicos en régimen laboral de la Diputación Provincial de León es sustancialmente idéntico al anteriormente reproducido, la Sala concluye que el mismo contiene “un pacto colectivo propio y específico en la materia de ultraactividad que es objeto del presente conflicto”. No desconoce el TSJ que hay un sector de la doctrina laboralista que defiende la plena aplicación del plazo máximo de un año de mantenimiento de los contenidos del convenio a todos los denunciados, antes o después de la entrada en vigor de la Ley 3/2012, pero acoge, aunque no haga una referencia expresa o directa, a las tesis defendidas por otro (amplio) sector de la doctrina que ha defendido y sigue defendiendo la plena validez de los pactos suscritos antes del 8 de julio de 2013.

Por decirlo con las propias palabras del TSJ, en el caso enjuiciado estamos en presencia de una norma convencional que es anterior en el tiempo a dicha reforma, “por lo que lo que difícilmente podría entenderse que la regulación de la situación de ultraactividad regulada en aquella pudiese quedar sin efecto por la posterior entrada en vigor de la nueva normativa”, siendo esta en definitiva para el TSJ “la interpretación del carácter subsidiario del precepto invocado que acogemos”.

Buena lectura de la sentencia.