1. Durante el
día de hoy y mañana se celebran dos reuniones de indudable interés en la UAB para
el análisis y debate sobre las relaciones laborales en Europa y en España, con
especial atención a las políticas de empleo.
Hoy tiene lugar
el seminario sobre “Empleo y desempleo juvenil: un reto desde la perspectivadel Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, organizado por el Aula
Iuslaboralista de la UAB (dirigida por los profesores Francisco Pérez Amorós y
Albert Pastor), y el grupo de investigación de los derechos laborales de los
trabajadores españoles y extranjeros (cuya dirección está a mi cargo), con el
apoyo del Decanato de la Facultad de Derecho. En dicho seminario contamos con
dos personas de probado prestigio para analizar la realidad del empleo juvenil
en Cataluña en particular, el presidente del Consejo de Trabajo, Económico ySocial, Josep Mª Rañé, y para plantear que medidas deben adoptarse desde el
ámbito normativo en España para abordar la preocupante problemática del
desempleo juvenil, a cargo del catedrático de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universidad de Vigo Jaime Cabeza.
Mañana viernes,
celebramos las segundas jornadas del Instituto de Estudios del Trabajo de la UAB,
del que formamos parte un nutrido grupo de docentes de la sociología, economía,
derecho y relaciones laborales, y a cuyo frente se encuentra el catedrático de
sociología del trabajo Antonio Martín Artiles. Están dedicadas a reflexionar
sobre el posible nuevo modelo de relaciones laborales para Europa, y está
previsto abordar las reformas y transformaciones operadas en la negociación
colectiva, las crisis y transformaciones del contrato de empleo, y cómo está
evolucionando, y el riesgo de desaparición de la concertación y el diálogo
social en Europa, y contaremos con la presencia de destacados docentes e investigadores
españoles y de otros Estados de la Unión Europea. De los resúmenes de las
intervenciones que ha sido enviados por los y las ponentes, quiero destacar
como el profesor Francisco Pérez Amorós pone la reforma laboral de 2012 como “un
ejemplo del olvido y el desprecio de la
concertación social”, ya que su objetivo es “una reordenación de los poderes
normativos y el cambio de modelo de las relaciones laborales”, olvido del
diálogo social que ha sido duramente criticado en la conferencia política celebradala pasada semana por el PSOE, en cuya resolución sobre economía y empleo se
afirma que el diálogo social “constituye una de las señas de identidad de
nuestro sistema de relaciones laborales”, por lo que, ante un futuro cambio
político, “debería recuperarse el consenso político en torno a los enormes
valores positivos de los procesos de diálogo social”.
2. La
celebración de estos dos eventos es una buena oportunidad para examinar algunos
de los últimos documentos publicados sobre los diferentes ámbitos temáticos que
serán objeto de atención en las dos reuniones y que he tenido oportunidad de
leer recientemente, desde la afirmación previa que realizo de la importancia de
colocar el empleo en el centro del debate sobre cómo superar la crisis y reforzar
los mecanismos de cohesión social, algo que no creo que se esté abordando hasta
ahora en las políticas comunitarias y que debería ser uno de los ejes de las
propuestas que se presenten por las diversas fuerzas políticas en las
elecciones europeas del 3 de mayo de 2014. .
Sin duda, son de
especial importancia para examinar cómo puede evolucionar la situación económica
y social los documentos elaborados por la Comisión Europea en el marco del
semestre europeo y que deben ser aprobados por el Consejo europeo del mes de
marzo de 2014, todos ellos publicados el 13 de noviembre. Se trata del “Estudioprospectivo anual sobre el crecimiento para 2014”, el “Informe sobre elmecanismo de alerta (2014)”, y el “Proyecto de informe conjunto sobre el empleo”,
documento este último que es, ciertamente, el de mayor relevancia al objeto del
análisis de políticas laborales en la UE. También debe mencionarse la “Propuestade Decisión del Consejo sobre las directrices de las políticas de empleo de losEstados miembros” para el próximo año, aunque sólo sea para decir que no
plantea ningún cambio y propone mantener las directrices aprobadas en 2010, y
así lo recoge el art. 1: “Las directrices para las políticas de empleo de los
Estados miembros expuestas en el anexo de la Decisión del Consejo de 21 de
octubre de 2010 relativa a las directrices para las políticas de empleo de los
Estados miembros se mantienen para 2014
y los Estados miembros las tendrán en cuenta en sus políticas de empleo”. Los
documentos del semestre europeo ya han merecido la atención de la profesora
Laura Pérez Ortiz en una reciente entrada en el excelente blog “Un mundo de
relaciones laborales”.
3. El estudioprospectivo anual sobre el crecimiento realiza de una parte un balance de cuál
es la situación económica y social de Europa, y de otra fija las políticas a
desarrollar durante 2014. Como punto de partida pone de manifiesto la existencia
de “signos de lenta recuperación en la UE”, la elaboración del estudio en
relación con las nuevas reglas de coordinación de las políticas presupuestarias
de la zona euro (recordemos que la Comisión cumple el papel de guardiana de la
ortodoxia presupuestaria de los presupuestos de los Estados miembros), y el
hecho de que 2014 será el primer año en el que se aplicará el nuevo marco financiero
plurianual europeo, que ha sido objeto de especial atención, y aprobación de
varias Resoluciones, en el pleno de esta semana del Parlamento Europeo, con una
mención expresa, que hay que destacar por su importancia, a que está previsto
dedicar más de 400 millones de euros “para potenciar el crecimiento y la
creación de puestos de trabajo a nivel nacional y regional con cargo a los
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos ESI)”. Para la Comisión,
la máxima prioridad para el próximo año es “construir crecimiento y
competitividad” en el marco de una recuperación duradera, y para ello es
necesario además “proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado que
favorezca el crecimiento, restablecer las condiciones normales de préstamo a la
economía; luchar contra el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis,
y modernizar la Administración Pública”.
La Comisión
analiza todo aquello que se ha hecho hasta ahora en los Estados miembros en el
marco del proceso llamado de semestre europeo iniciado en 2010, destacando que
es necesaria una mayor implicación de los Estados (de sus parlamentos, agentes
sociales y sociedad civil) en el proceso de gobernanza económica europea, al
mismo tiempo que una mayor coordinación en los países de la zona euro y el
abordaje de los problemas desde una perspectiva más global que la estrictamente
nacional, y que los Estados apliquen mejor las recomendaciones emanadas del
Consejo. En el ámbito de las políticas laborales y de empleo se destacan las
reformas emprendidas en varios Estados y la atención especial dedicada a las
políticas de lucha contra el desempleo juvenil y de mejora de los mecanismos de
formación y aprendizaje, en el bien entendido que los tiempos de la
recuperación económica y del empleo no son los mismos, de tal manera que “dado
el desfase temporal entre las reformas, la recuperación económica y los
resultados en el mercado de trabajo, la situación en cuanto al empleo tardará
tiempo en mejorar”.
¿Qué propuestas
afectan de manera más concreta a las políticas laborales, de empleo y de
protección social? Entre las recogidas en el objetivo marcado de “proseguir un
saneamiento presupuestario diferenciado que favorezca el crecimiento”,
encontramos, una vez más, la de disminuir las cotizaciones la Seguridad Social,
eso sí condicionada a “cuando haya un margen de mayor maniobra presupuestaria”,
y la de reducir la carga impositiva del trabajo, desplazándola a “bases
imponibles vinculadas al consumo y la propiedad”.
Una referencia
tan general que no contiene ninguna concreción y que me suscita dudas sobre la
real voluntad de la afrontar el problema es la de “atender las necesidades de
las personas más vulnerables de nuestra sociedad”. Sobre este último punto,
debemos detenernos brevemente en la realidad española, bien descrita en la
Encuesta de condiciones de vida 2013 (datos provisionales) que publicó ayer el
Instituto Nacional de Estadística y que nos aporta algunos datos muy
significativos para acercarse a la realidad de la crisis: el ingreso monetario
anual neto por hogar fue de 23.123 euros, disminuyendo en 3,5 % sobre 2012,
mientras que el ingreso medio por persona fue de 9.098 euros, con descenso
anual del 2,4 %; la población en riesgo de pobreza es del 21,6 %, algo inferior
a la de 2.012 (22,2 %), siendo especialmente preocupante la de los menores de
16 años (27,7 %); en fin, con datos definitivos de 2012, y tomando en
consideración el dato de la nacionalidad, la encuesta del INE constata que “el
porcentaje de personas por debajo del umbral del riesgo de pobreza es del 18,5
% para los españoles, del 31,2 % para los extranjeros de la Unión Europea (UE),
y del 46,0 % para las personas cuya nacionalidad no es de un país de la UE”.
La Comunicación,
cuyo contenido en materia de relaciones laborales y empleo tiene, lógicamente,
mucha similitud con el proyecto de informe sobre el empleo, pone de manifiesto
el fuerte impacto social de la crisis y las importantes diferencias existentes
entre países de la Europa central y del norte por una parte, y los del sur por otra, de tal manera que “existe una
divergencia creciente en empleo y resultados sociales entre Estados miembros”.
La Comisión insiste con sus consabidas recetas, que en ocasiones se acercan al
llamado contrato único aunque en esta ocasión no se enuncia de forma expresa,
de “modernizar” la legislación de protección del empleo “con objeto de hallar
una solución a la segmentación existente del mercado de trabajo”, la activación
de las políticas de empleo y la apuesta por la creación de empleo en sectores
en expansión, así las mejoras de los niveles de formación y cualificación
profesional en el marco de una vida laboral que parece (bueno, de hecho ya es
así para muchas personas) alargarse por las dificultades económicas existentes
en los sistemas de protección social. La Comisión sigue colocando a las
reformas laborales en un papel subordinado y complementario al del crecimiento
económico, valorando positivamente tales reformas cuyos efectos positivos, a su
parecer, “se irán observando conforme vaya mejorando el entorno macroeconómico”.
Sí me parece
importante y positiva, y de ello sin duda hablaremos en la jornada del IET, la
tesis de la Comisión de que “Una mayor participación de los interlocutores
sociales, en consonancia con las prácticas y tradiciones nacionales, es
esencial a la hora de elaborar y aplicar medidas de respuesta política”, y también no me cabe duda del debate que tendremos
hoy y mañana sobre la llamada garantía de empleo juvenil, solicitando la
Comisión que los Estados apliquen lo más rápidamente posible los planes de
aplicación de aquella, y para ponerla en marcha “los programas de financiación
conexos (Iniciativa de Empleo juvenil y fondo social europeo) deben ultimarse
lo antes posible”. Justamente ayer el Parlamento Europeo aprobó una Resolución
sobre la propuesta de nuevo Reglamento relativo al Fondo Social Europeo, en la
que introduce diversas modificaciones al texto presentado por la Comisión y
pide que sean tenidas en cuenta en el texto que definitivamente se apruebe.
También se
hablará en la jornada del IET sobre el empleo femenino, con una ponencia de la
profesora Janine Leschke sobre las transformaciones del empleo en Alemania y el
impacto de los minijobs, recordando ahora que el Comité Económico y Social
Europeo aprobó un Dictamen sobre “El empleo de las mujeres y el crecimiento” el
día 18 de septiembre, en el que destaca que el empleo femenino “debería dejar
de plantearse como un debate más sobre la igualdad de género y pasar a
considerarse como un imperativo económico para traer prosperidad y empleo a la
Unión Europea -una necesidad social para afrontar los retos demográficos y las
preocupaciones sociales y medioambientales a fin de garantizar el crecimiento
sostenible-“.
4. El Informesobre el mecanismo de alerta 2014, que tal como se explica en el resumen del
documento “es el punto de partida del ciclo anual del Procedimiento de
Desequilibrio Macroeconómico (PDM), que tiende a detectar y corregir los
desequilibrios que dificultan el buen funcionamiento de las economías de la UE
y pueden poner en peligro el funcionamiento adecuado de la Unión Económica y
Monetaria”, también constata que la situación social y del empleo se deterioró
en algunos países “durante el proceso de reequilibrio”, y llama la atención sobre
el importante crecimiento del desempleo experimentado en algunos países del UE,
entre ellos España. Como reflexión general, el IMA enfatiza que el crecimiento
de la tasa de desempleo “refleja el deterioro en
el ajuste de las cualificaciones profesionales a las necesidades del mercado
laboral”, mientras que el aumento de las tasas de desempleo de larga duración y
desempleo juvenil, inactividad, pobreza y exclusión social, “denotan una
infrautilización de los recursos y el deterioro de la cohesión social”.
El documento dedica un apartado específico a España y pone de relieve algo
que otros estudios, tanto nacionales como internacionales, también han
constatado, como es la importante disminución de los costes laborales unitarios
experimentada en 2012 (y que todos los datos disponibles constatan que incluso
se incrementa en 2013), consecuencia de la moderación salarial y de los
aumentos de productividad, en el bien entendido que estos últimos “fueron
propiciados en gran medida por la supresión de puestos de trabajo”. Las
consideraciones del documento comunitario no deberían caer en saco roto, ya que
el riesgo de fractura de la cohesiòn social es cada vez algo más que evidente
en España: para la Comisión, “Los costes sociales de la crisis son cada vez más
evidentes. Las altas tasas de desempleo de larga duración y de desempleo
juvenil, y un creciente número de economías domésticas con un bajísimo nivel de
intensidad laboral, junto con la disminución de los ingresos de las economías
domésticas, están pasando factura y llevando a un aumento de la pobreza y la
exclusión social”.
La clara tendencia a la moderación salarial, y en ocasiones a la reducción
real de los salarios en España, se recoge también el recientemente publicado VIBarómetro del mercado de trabajo de la Fundación Sagardoy, con dos datos de
especial interés: “En relación a las condiciones económicas pactadas, se
aprecia una clara tendencia hacia
moderación salarial: el promedio de los convenios firmados durante los
últimos meses los incrementos salariales
pactados son inferiores al 1%, frente a una inflación que se mantiene en niveles entre el 2% y el 3%”, y “Los costes
salariales han sufrido una importante reducción. Desde el 2011, con el máximo
de 20,1 euros por hora de aquel año, los
costes se han reducido en un 6,68% hasta el segundo trimestre de este año”. De dicho barómetro me
interesa también reseñar un importante dato que pone de relieve que la crisis
acaecida desde 2008 ha afectado de forma desigual a los diversos sectores de la
actividad productiva, ya que “De los 3,6 millones de puestos de trabajo
perdidos durante la crisis un 85%
pertenecían a tres ramas: la construcción (un 45.5%), la industria
manufacturera (27,8%) y al Comercio
minorista y al por mayor y reparación de bicicletas y vehículos a motor (11,8%)”.
5. Centro ahora
mi atención en el proyecto de informe conjunto sobre el empleo, que será
aprobado en marzo de 2014, uno de cuyos datos más destacados es la afectación
de la situación de crisis, y sus secuelas en términos de desempleo, con mayor
intensidad entre los jóvenes, los trabajadores poco cualificados y los
nacionales de terceros países. Sobre el desempleo juvenil se manifiesta una
clara preocupación por su elevado nivel, que alcanza en septiembre de este año
el 23,5 % en la UE-28, con muy grandes diferencias que van desde el 7,7 % en
Alemania al 57,3 % en Grecia, así como también por el incremento de jóvenes de
15 a 24 años que ni estudian ni trabajan, un 12,9 % del total, fenómeno que
según la Comisión “se debe principalmente a un aumento del desempleo juvenil y
no a una inactividad vinculada a carencias educativas”, siendo el empleo
juvenil vinculado en buena medida al trabajo temporal y a tiempo parcial.
Por otra parte,
el incremento de la tasa de actividad, en gran medida debido a la mayor
participación de trabajadores de edad avanzada y de mujeres en el mercado de
trabajo (71,9 % en el segundo trimestre de 2013), no va del mano con la tasa de
empleo, ya que está disminuye por debajo del 68 % en el grupo de población de
20 a 64 años, tomado como punto de referencia en la Estrategia Europea 2002 y
que ha fijado un objetivo del 75 % para esa fecha.
Otro dato muy
importante para entender los cambios que se están operando en el mercado de
trabajo a escala global en la UE es la importante reducción del número de
trabajadores a tiempo completo (descenso de 8,3 millones desde el segundo trimestre
de 2008) y el auge del empleo a tiempo parcial, “con 2,5 millones más del
último trimestre de 2008”, con importantes diferencias porcentuales entre
mujeres y hombres (31,9 y 8,4 %, respectivamente). La importancia del trabajo a
tiempo parcial también se reconoce en España en el VI Barómetro del mercado detrabajo antes referenciado, en el que se pone de manifiesto su paulatino
incremento desde 2008 hasta llegar al 16,4 % de la población ocupada, con otro
dato no menos relevante y al que conviene prestar atención (y el que me detengo
cada mes cuando consulto los datos de empleo y paro registrado del MEySS): el
elevado porcentaje de trabajadores a tiempo parcial con contratos temporales,
un 44,2 %.
Sobre las
posibilidades de crecimiento del empleo, el documento sigue insistiendo en las
mismas tesis defendidas en informes de años anteriores, con especial atención a
las posibilidades existentes en el sector de las tecnologías de información y
comunicación, en el ámbito de la salud y servicios sanitarios (aunque al mismo
tiempo es consciente de los importantes recortes operados en el sector público
en varios países, entre ellos España), en el proceso de ecologización de la
economía (los empleos verdes). Las tendencias sobre creación de empleo siguen
apuntando al incremento de la demanda de trabajadores altamente cualificados,
mientras que disminuye la de aquellos trabajadores con cualificaciones medias y
bajas.
Por cierto, y no
podía ser de otra forma, el proyecto de informe enfatiza que la crisis ha
provocado tanto una divergencia creciente en las desigualdades entre Estados
miembros como en el seno de algunos de ellos, con especial importancia en los
países del sur de Europa, al mismo tiempo que destaca que desde 2011 “la renta
disponible de los hogares ha ido disminuyendo en términos reales de media en la
UE y en la zona del euro”, con importantes descenso de “más de 5 puntos
porcentuales acumulados en los dos años” en varios países, entre los que se
encuentra España, y que desde el mismo año 2011 “el gasto social ha disminuido
a pesar del aumento del deterioro de las condiciones económicas y sociales”.
A continuación
de las consideraciones de carácter global sobre la situación del empleo en la
UE, el Informe pasa revista a la aplicación de las orientaciones para la
política de empleo aprobadas anualmente, en el bien entendido, ya me he
referido a ello, que desde 2010 no han experimentado
prácticamente ningún cambio. Por ello, se examina en primer lugar qué medidas
han adoptado para dar cumplimiento al objetivo número 7 de “Aumento de la participación
en el mercado de trabajo”, tales como reforzamiento de las políticas activas
del mercado de trabajo; mejora de la eficacia y eficiencia de los servicios
públicos de empleo; atención especial a colectivos desfavorecidos como personas
con discapacidad, desempleados de larga duración e inmigrantes; medidas
dirigidas de forma concreta a los jóvenes como son la garantía de empleo
juvenil y la reducción de los costes salariales y de Seguridad Social de
contratación; adopción de medidas que posibiliten la conciliación de la vida
familiar y laboral y con especial atención a una regulación de los permisos
parentales más favorable a dicha conciliación; incentivos para la permanencia
en el mercado laboral; en fin, y sin ningún ánimo exhaustivo, reformas en la
legislación de protección del empleo, dejando caer, y es coherente con las
tesis defendidas en otros documentos citados en esta entrada, que en varios
países, entre los que falta España, “una relajación de la legislación sobre
contratos por período determinado y protección del despido favorecería una mayor
participación en el empleo y la fluidez del mercado de trabajo”.
Más adelante, se
aborda cómo se instrumenta en cada Estado el objetivo número 8, estos es “conseguir
una población activa cualificada”, destacando que la prioridad en varios de los
Estados ha sido tanto la mejora de la oferta de cualificaciones como el fomento
de aprendizaje de adultos, así como también de medidas que faciliten la
transición de la escuela a la vida laboral, haciendo concreta referencia a
España y el desarrollo en nuestro país del contrato para la formación y el
aprendizaje y el establecimiento de las bases de la formación profesional dual
(ámbitos temáticos que sin duda abordará el profesor Jaime Cabeza en su
intervención en el seminario sobre el empleo juvenil).
La Orientación
número 9 versa sobre la mejora de la calidad de los sistemas de educación y
formación, que pasa en varios Estados por la mejora de los sistemas de
educación y formación profesionales para adecuarlos a las necesidades del
mercado de trabajo, sin olvidar tampoco la adaptación de los sistemas de
enseñanza superior por una parte, y de los de enseñanza primaria y secundaria
por otra. La lucha contra el fracaso escolar, el absentismo y la integración de
las personas poco cualificadas en el mercado laboral son también objeto de
especial atención por los Estados.
Por último, la
orientación para empleo número 10 trata sobre la promoción de la inclusión
social y la lucha contra la pobreza, con medidas de atención a la infancia y de
reorientación de la vida profesional con un incremento del período de tiempo
trabajado y que guarda relación con los debates sobre la ampliación no solo de
la edad sino también de los requisitos para acceder a la pensión de jubilación.
El documento constata como los Estados están crecientemente vinculando las
políticas de asistencia social a medida de activación de las personas que
perciben ingresos económicos, poniéndose de relieve que “a pesar de los
esfuerzos, aún queda mucho por hacer en los Estados miembros para llegar a la
combinación justa de un apoyo a la renta adecuado, unos mercados laborales
inclusivos y el acceso a los servicios”.
Por primera vez,
el Informe acompaña un cuadro de indicadores sociales y de empleo, tal como se
propuso por la propia Comisión en su Comunicación sobre “Reforzar la dimensión
social de la unión económica y monetaria”, a la que dediqué un comentario
monográfico en otra entrada del blog. Del análisis de dichos indicadores, se
confirman las importantes diferencias existentes entre los Estados miembros y
también en el seno de cada Estado, y no repito algunos de los datos ya
mencionados en otros documentos, pero sí me quedo con una reflexión general del
documento que es muy clara y diáfana: “La
desigualdad de la renta está creciendo entre los Estados miembros y dentro de
ellos, especialmente en el sur y la periferia de la UE. Estos son también los
Estados miembros que registraron los mayores aumentos del desempleo. En muchos
países, la crisis ha intensificado las tendencias a largo plazo de polarización
salarial y segmentación del mercado laboral, que junto con unos sistemas
fiscales y de prestaciones menos redistributivos, han impulsado el aumento de
las desigualdades. Unas tasas de desempleo elevadas (con los mayores aumentos
en la parte inferior del mercado de trabajo) y, en algunos casos, un impacto
del saneamiento presupuestario, también explican los grandes aumentos de las
desigualdades en los países más afectados por la crisis”.
Buena lectura de los documentos.
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