domingo, 4 de junio de 2023

Desempleo en los Estados de la UE. Mecanismo SURE (junio 2020- diciembre 2022): éxito confirmado. ¿Podría pasar de la excepcionalidad a la habitualidad?

 

1. El 30 de agosto de 2020 publiqué una entrada en este blog titulada “Protección social. Laimportancia real para España del instrumento europeo SURE. Notas a la propuestade la Comisión Europea de 24 de agosto” , del que reproduzco algunos fragmentos por su muy directa relación con el documento comunitario al que me referiré más adelante.

“La reacción de la Unión Europea ante la crisis de la Covid-9..., y en concreto la protección del empleo se plasmó muy poco después de la constatación de encontrarnos ante una crisis de ámbito europeo, y más adelante mundial, en la presentación el 2 de abril de la “Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de un Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE) a raíz del brote de COVID-19”.    Dicha propuesta, con modificaciones relevantes respecto al control por parte de sus Estados miembros de los préstamos que pueden concederse, fue convertida en texto legal con extraordinaria rapidez ya que se aprobó formalmente el 19 de mayo y fue publicada en el DOUE al día siguiente.

Un amplio estudio de todos los avatares de la tramitación de la norma se encuentra en otros dos artículos de muy recomendable lectura: “Esperando a Grouchy? El papel de la Unión Europea en la crisis del Covid-19”, del profesor José María Miranda Boto... y “Entra en vigor el Instrumento SURE: liquidez para el pago de los ERTE”, del profesor Francisco Javier Calvo Gallego

En la Propuesta de Reglamento se establecían las condiciones y procedimientos que permitirían a la Unión “prestar asistencia financiera a un Estado miembro que esté experimentando una grave perturbación económica causada por el brote de COVID-19, o que se vea gravemente amenazado por ella, para la financiación del trabajo a tiempo parcial o de medidas similares destinadas a proteger a los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia y reducir así la incidencia del desempleo y la pérdida de ingresos”. Dicha ayuda complementaría las medidas nacionales y consistiría en asistencia financiera, en forma de préstamo, “para ayudarles a hacer frente al repentino y grave aumento del gasto público real y posiblemente también previsto, destinado a mitigar los efectos económicos directos y sociales negativos de los acontecimientos excepcionales provocados por el brote de COVID-19”.  La futura norma era muy clara en cuanto a la finalidad que perseguía, la evitación de pérdida de puestos de trabajo, ya que en su art. 3 se disponía expresamente que los Estados miembros beneficiarios debían utilizar la ayuda financiera de la Unión “para apoyar los planes nacionales de trabajo a tiempo parcial o medidas similares”.

Como acabo de indicar el texto del Reglamento UE 2020/672, del Consejo, de 19 de mayo de 2020, fue aprobado con extraordinaria rapidez, con un presupuesto de 100.000.000 (cien mil millones) de euros.

Su art. 1 dispone que “El presente Reglamento establece las condiciones y los procedimientos por los que la Unión podrá proporcionar asistencia financiera a un Estado miembro que sufra, o corra el riesgo de sufrir, una perturbación económica grave provocada por el brote de COVID‐19 para que financie, principalmente, regímenes de reducción del tiempo de trabajo o medidas similares destinadas a proteger a los trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena y, de este modo, reducir la incidencia del desempleo y la pérdida de ingresos, así como para que financie, de manera accesoria, algunas medidas relacionadas con la salud, en particular en el lugar de trabajo”.

Conviene también referirse en la explicación a otro precepto de indudable importancia. El art. 3, perfecto complemento del 1, dispone que se podrá solicitar la asistencia financiera cuando el gasto público real, y en su caso también el previsto, del Estado, “haya aumentado de forma repentina y grave desde el 1 de febrero de 2020 debido a las medidas nacionales directamente relacionadas con regímenes de reducción del tiempo de trabajo y medidas similares que tengan por fin hacer frente a las repercusiones económicas y sociales del acontecimiento excepcional causado por el brote de COVID‐19”, debiendo dedicar los recursos disponibles “principalmente para apoyar a sus regímenes nacionales de reducción del tiempo de trabajo o a medidas similares y, en su caso, para apoyar a las correspondientes medidas relacionadas con la salud”. En cuanto a la forma de la asistencia financiera, adoptará la forma de un préstamo concedido por la Unión al Estado miembro de que se trate.

... el 3 de agosto, el gobierno español solicitó acogerse a las ayudas, en forma de préstamo, previstas en el nuevo Reglamento, teniendo conocimiento de esta petición en una nota de prensa publicada el mismo día por el Ministerio de Economía y Competitividad (“España solicita el acceso al nuevo instrumento europeo que permite financiar los costes de los ERTE y de la prestación para autónomos”

En dicha información se expone que “En el caso de España, este instrumento permite financiar programas como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), tanto en lo concerniente a la prestación que recibe el trabajador como a las cotizaciones sociales que se ahorra el empresario. También se pueden utilizar los recursos del SURE para financiar la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos, así como la prestación por incapacidad temporal para personas que hayan estado de baja como consecuencia del COVID-19 o el apoyo a trabajadores fijos discontinuos, en particular del sector turístico”, y que el importe solicitado para la financiación de estos programas era superior a 20.000 millones de euros.

La propuesta de “Decisión de aplicación del Consejo de concesión de apoyo temporal en virtud del Reglamento del Consejo (UE) 2020/672 a España para mitigar los riesgos de desempleo en una situación de emergencia tras el brote de COVID-19”, presentada por la Comisión Europea el 24 de agosto concede en su práctica solicitud la cuantía económica solicitada por España, por un importe máximo de 21 324 820 449 euros (veintiún mil trescientos veinticuatro millones ochocientos veinte mil cuatrocientos cuarenta y nueve euros), solo superado por el montante propuesto para Italia, 27.400 millones....”.

2. El pasado 2 de junio la Comisión Europea presentó su informe semestral final sobre elInstrumento SURE, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) 2020/672 del Consejo. Cabe recordar que el art. 12 dispone en su apartado 3 que “El período de disponibilidad del Instrumento durante el cual podrá adoptarse una decisión a que se refiere el artículo 6, apartado 1, finalizará el 31 de diciembre de 2022” (la negrita es mía).

Una primera información periodística de interés ha sido publicada por el redactor del diario El País, Manuel V. Gómez el mismo día de la presentación, en un artículo titulado “El fondo europeo para los ERTE de la pandemia protegió a casi 42millones de empleos en la UE en tres años”  , acompañado del subtítulo “El SURE ha prestado casi 100.000 millones de euros a 19 Estados miembros, que se han ahorrado 9.000 millones”

Los resultados positivos del SUE ya habían sido constatados en anteriores informes semestrales. Por citar solo los dos primeras, sin duda aquellos más importantes en cuanto que se refieren a períodos en los que se solicitó por los Estados miembros la mayor parte del montante presupuestario disponible, el publicado el 22 de marzo de 2021, en su primera evaluación, ponía de manifiesto el “éxito de SURE a la hora de salvaguardar los empleos y los ingresos”  , manifestando que “Ha contribuido a frenar el aumento del paro en los Estados miembros beneficiarios durante la crisis, logrando que el alza sea bastante inferior a la de la última crisis financiera mundial. Y ello a pesar de que la contracción del Producto Interior Bruto de los Estados miembros ha sido mayor”, y constatando que “... en 2020, entre 25 y 30 millones de personas gozaron de las ayudas del instrumento. Estaríamos hablando de una cuarta parte de la mano de obra total de los dieciocho países beneficiarios”.

El segundo informede evaluación, presentado el 22 de septiembre del mismo año, fue merecedor de una nota de prensa titulada de manera muy semejante a la de la primera: “SURE: Un informe confirma el éxito de SURE a la hora de salvaguardar los empleos y los ingresos”  . Entre sus “constataciones principales” se exponía que “SURE ha prestado apoyo a aproximadamente 31 millones de personas en 2020, de las cuales 22,5 millones eran trabajadores por cuenta ajena y 8,5 millones lo eran por cuenta propia, lo que representa una cuarta parte del número total de personas empleadas de los diecinueve países beneficiarios. Además, en torno a 2,5 millones de empresas afectadas por la pandemia de COVID-19 se han acogido a SURE, lo que les ha permitido retener a su plantilla”.

3. Entre interrogantes en el título de la presente entrada, planteo si un mecanismo excepcional, diseñado y aprobado con rapidez digna de elogio por las instituciones comunitarias podría convertirse en ordinario o habitual.

No es una pregunta que se formule por primera vez, ya que ha habido en los últimos años diferentes propuestas en esta línea, y en ellas el gobierno español ha jugado un papel destacado, ya que propugnó está tesis poco después de ser nombrado Presidente de Gobierno Pedro Sánchez en 2018  y la reiteró en  2021  .

Y a buen seguro, es una de las propuestas que serán presentadas por algunos grupos europarlamentarios con ocasión de las próximas elecciones al Parlamento Europeo que tendrán lugar, durante la presidencia belga del Consejo de la UE, del 6 al 9 de junio de 2024, presentadas por la Presidenta del PE Roberta Metsola con el siguiente mensaje: “La Unión Europea está en continua evolución. El mundo cambia y nosotros debemos cambiar con él. Necesitamos reformas. No hay que tener miedo al cambio. La Unión Europea no es perfecta. Hemos de aceptarlo mientras seguimos a la escucha, explicando y cumpliendo nuestras promesas... Te animo a recobrar el sentimiento de esperanza y abrirte a lo que te ofrece la UE. A que votes. No dejes que nadie decida por ti. Participa en el mayor ejercicio democrático de Europa” 

En sede comunitaria, la propuesta de un seguro de desempleo europeo ya había sido avanzada varios años antes, y de ello daba buena cuenta el redactor del diario El País Xavier Vidal Folch en su artículo, publicado el 10 de octubre de 2018, titulado “Hacia un seguro de paro europeo”    , acompañado del subtítulo “Vuelve la idea de crear un seguro de desempleo en la Unión Europea”. En efecto, dicha tesis se encontraba en el documento de 2012 “Hacia una auténtica UniónEconómica y Monetaria. Informe del Presidente del Consejo Europeo Herman VanRompuy   ", y en documentos del Parlamento Europeo.

Desde la reflexión teórica, con indudable trascendencia práctica, es muy recomendable la lectura del artículo del profesor Daniel Pérez del Prado “El SURE: ¿Un paso hacia elsistema de protección por desempleo europeo”   , en especial el apartado 2, en el que analiza con mucho detalle la protección por desempleo como política europea y las opciones para una prestación por desempleo europea.

4. Pues bien, me ha parecido interesante, a la par que útil, reproducir en esta entrada (traducción no oficial del texto original inglés, aun no disponible en otros idiomas) el resumen ejecutivo del Informe.

Pone de manifiesto, con toda claridad, el éxito de la iniciativa, y deja abierta la puerta, a mi entender, a que pueda haber propuestas de continuación de tal experiencia, no centradas única y exclusivamente en épocas de graves crisis sociales como la que vivimos por la crisis sanitaria desencadenada en marzo de 2020.

No desconozco, obviamente, la dificultad de alcanzar un acuerdo por todos los Estados miembros, ya que el art. 153 del Tratado de funcionamiento establece la regla de la unanimidad para la regulación en el ámbito europeo de la Seguridad Social y la protección social de los trabajadore, y que además añade que las disposiciones adoptadas en virtud de dicho artículo “no afectarán a la facultad reconocida a los Estados miembros de definir los principios fundamentales de su sistema de seguridad social, ni deberán afectar de modo sensible al equilibrio financiero de éste”. Pero, una vez comprobado que la UE es capaz de adoptar medidas muy útiles cuando la situación social las requiere, cabe una luz de esperanza sobre la posibilidad de adoptarlas en épocas “ordinarias”. ¿Demasiado optimista? El tiempo, y sobre todo los resultados de las elecciones europeas de 2024, lo dirá.

Unas elecciones, por cierto, sobre las que el Parlamento Europeo ha manifestado su preocupación, en Resolución aprobada el 1 de junio , sobre las posibles injerencias extranjeras y los intentos de manipulación y desinformación, manifestando lo siguiente:

“Destaca la suma importancia de proteger la seguridad, la resiliencia y la fiabilidad de la infraestructura electoral, incluidos, entre otros, los sistemas informáticos, las máquinas y equipos de votación, las redes y procedimientos de las oficinas electorales. las bases de datos de registro de votantes y las instalaciones de almacenamiento; subraya que las tecnologías de la información y la comunicación son cada vez más frecuentes en la gestión electoral y en los procesos democráticos; observa que, para responder de manera eficaz a los retos electorales emergentes, los órganos de gestión electoral deben adoptar nuevos patrones de trabajo que mejoren su capacidad para prevenir riesgos y demostrar resiliencia, también en un entorno digital complejo; pide que se dote a los Gobiernos locales y de los Estados miembros de la Unión de un conjunto de servicios y herramientas para luchar contra la manipulación de la información y las injerencias por parte de agentes extranjeros; señala que, cuando se celebran elecciones, las papeletas deben tener un rastro documental verificable y estar sujetas a auditorías independientes para garantizar la precisión de los resultados; destaca el papel fundamental de la observación de elecciones y de los observadores electorales independientes”.

Aquí está la síntesis del último informe semestral de la Comisión sobre el SURE.

“El presente informe es el quinto y último informe semestral sobre el instrumento europeo de apoyo temporal para mitigar los riesgos de desempleo en situaciones de emergencia (SURE). Confirma los resultados expuestos en los informes anteriores, presenta el funcionamiento y la utilización del instrumento y pasa revista a sus repercusiones socioeconómicas. El SURE era un instrumento de crisis, dotado con 100 000 millones de euros, creado por la Unión Europea (UE) para ayudar a los Estados miembros a proteger el empleo y los ingresos de los trabajadores en el contexto de la pandemia de COVID-19. El SURE finalizó el 31 de diciembre de 2022, pero el seguimiento de su aplicación continuó más allá de esta fecha, recogida en el presente informe. El seguimiento finaliza con la publicación de este informe.

Este informe aborda algunas de las observaciones adicionales formuladas por el Tribunal de Cuentas Europeo en su Informe Especial sobre SURE, publicado en diciembre de 2022. Es importante destacar que este informe incluye un análisis más detallado de los sistemas nacionales de control y auditoría, pruebas adicionales que confirman la fiabilidad del número de personas y empresas cubiertas por SURE y un análisis más detallado de las medidas relacionadas con la salud cubiertas por SURE.

Un nuevo instrumento puesto en marcha rápidamente para responder al impacto socioeconómico de la pandemia

La aplicación del instrumento fue rápida y sin contratiempos. Como parte de la respuesta inicial de la UE a la pandemia, la Comisión propuso el Reglamento SURE el 2 de abril de 2020, y el Reglamento fue adoptado por el Consejo el 19 de mayo de 2020. SURE fue una fuerte expresión de solidaridad entre los Estados miembros a través de la UE: todos los Estados miembros acordaron proporcionar garantías bilaterales a la UE para que la Unión pudiera obtener préstamos de los mercados en condiciones muy favorables para financiar los préstamos SURE. La dotación financiera de 100 000 millones EUR quedó disponible el 22 de septiembre de 2020, después de que todos los Estados miembros firmaran acuerdos de garantía. La Comisión aceleró la aplicación del instrumento, colaborando estrechamente con los Estados miembros y concediendo ayuda financiera a Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal y Rumanía. Más del 90% de la ayuda financiera concedida se desembolsó en solo siete meses, de octubre de 2020 a mayo de 2021. En 2022 se realizaron nuevos desembolsos, para dar cabida a los Estados miembros que prefirieron recibir los fondos más tarde o solicitaron ayuda financiera adicional.

 

En otoño de 2022, se concedió ayuda financiera adicional a ocho Estados miembros. Esta ayuda complementaria se destinó a los gastos adicionales efectuados en 2021 -y, en algunos casos, hasta principios de 2022- en relación con las medidas de ayuda de emergencia ya respaldadas por el SURE. El apoyo del SURE podía solicitarse para gastos subvencionables relacionados con el COVID, sobre la base de los gastos previstos o de los gastos realizados, no estando estos últimos sujetos a ningún riesgo de absorción por definición. También se adoptó una Decisión de Ejecución del Consejo modificativa para Polonia a fin de abordar su déficit de absorción.

La UE emitió bonos sociales por primera vez bonos sociales para financiar la ayuda financiera SURE a los Estados miembros. Además de los requisitos del Reglamento SURE, este informe también proporciona la información pertinente en virtud del Marco de Bonos Sociales SURE de la UE y vuelve a confirmar que el gasto SURE ha estado bien alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

La Comisión emitió con éxito 6 500 millones EUR de bonos sociales SURE en diciembre de 2022, lo que casi agotó toda la dotación SURE. Esta fue la transacción final de una exitosa campaña de emisión que atrajo un gran interés de los inversores y condiciones de precios favorables. En conjunto, se desembolsó un total de 98 400 millones EUR de ayuda financiera SURE a 19 Estados miembros, cerca del importe máximo de 100 000 millones EUR. Los 1 600 millones de euros restantes no pueden solicitarse para usos futuros, ya que el instrumento ha finalizado.

Uso continuado del SURE por los Estados miembros beneficiarios

Este informe confirma la estimación anterior de que el SURE cubría a unos 31½ millones de personas y a más de 2½ millones de empresas en 2020, cuando la pandemia se hizo sentir por primera vez. Esto representa casi un tercio del empleo total y más de una cuarta parte del total de empresas de los Estados miembros beneficiarios. Se ha confirmado la alta fiabilidad de estas cifras de cobertura, que se basan principalmente en los datos administrativos de los Estados miembros siguiendo las orientaciones de la Comisión. Las PYME fueron las principales beneficiarias de la ayuda financiera de SURE. Los sectores más apoyados fueron los servicios intensivos en contactos (servicios de alojamiento y alimentación, comercio mayorista y minorista) y la industria manufacturera.

En 2021, sobre todo en el primer semestre del año, cuando la pandemia seguía causando estragos, el SURE prestó apoyo a unos 9 millones de personas y a más de 900 000 empresas. Las medidas de apoyo económico siguieron siendo necesarias en el primer semestre de 2021, pero posteriormente se fueron retirando a medida que se debilitaba el impacto tanto económico como sanitario de la pandemia. Esta reducción gradual se produjo cuando se extendieron las vacunas y las economías de la UE se adaptaron mejor a la pandemia.

En 2022, se calcula que el SURE habrá ayudado a casi 350 000 personas y a más de 40 000 empresas, en consonancia con la disminución de los gastos relacionados con el SURE. La mayoría de los Estados miembros beneficiarios del SURE habían eliminado progresivamente sus medidas de emergencia para el mantenimiento del empleo a mediados de 2022. Solo cuatro Estados miembros utilizaron el SURE para financiar medidas en 2022, gastando apenas 5 000 millones EUR a medida que el impacto de la pandemia seguía remitiendo.

Ya se ha ejecutado todo el gasto público total previsto en el marco del SURE. El gasto público total en medidas subvencionables por el SURE alcanzó los 122 000 millones EUR en los Estados miembros beneficiarios. Esta cifra es muy superior a la ayuda financiera total concedida (98 000 millones EUR), ya que varios Estados miembros complementaron la financiación SURE de las medidas subvencionables con fondos nacionales, lo que demuestra la pertinencia de las medidas apoyadas por el SURE.

Casi la mitad del gasto público total en medidas subvencionables por el SURE se destinó a programas de trabajo a jornada reducida. Casi un tercio se destinó a medidas similares para los trabajadores autónomos. El resto del gasto público se destinó a medidas de subvención salarial -similares a los regímenes de jornada reducida, aunque no basadas en las horas trabajadas- y a medidas relacionadas con la salud. La participación de las mujeres y los jóvenes en el trabajo a jornada reducida también aumentó durante la crisis COVID-19.

Se confirmó el carácter accesorio de los gastos relacionados con la salud, que sólo afectaron a dos quintas partes de los Estados miembros beneficiarios del SURE y sólo representaron el 5% de los gastos totales. 8 de los 19 Estados miembros utilizaron el SURE para financiar medidas relacionadas con la salud. De ellas, el 22% se referían a medidas adoptadas en el lugar de trabajo para garantizar una reincorporación segura al trabajo.

Además, el SURE se utilizó para financiar eficazmente diferentes tipos de medidas relacionadas con la salud. Estas medidas se distribuyeron casi por igual entre i) medidas preventivas contra el COVID-19, ii) costes laborales adicionales para contratar y apoyar al personal sanitario y iii) compra de material sanitario y medicamentos, incluidas vacunas. Estas medidas facilitaron una reincorporación más rápida al trabajo o proporcionaron un bienvenido apoyo de emergencia al sector sanitario en los ocho Estados miembros que utilizaron el SURE para apoyar los gastos relacionados con la salud.

Es importante señalar que todos los Estados miembros han absorbido ya toda la ayuda financiera del SURE. El problema de absorción en dos Estados miembros (Rumanía y Polonia), que fue objeto de un estrecho seguimiento y del que se informó detalladamente en el cuarto informe bianual, ha quedado ahora totalmente resuelto. En Rumanía, la brecha de absorción se ha cerrado completamente gracias a la reducción del importe total concedido y a la introducción de medidas subvencionables adicionales en julio de 2022. Esto se confirmó con los datos finales de ejecución presupuestaria. En Polonia, la moderada brecha de absorción en comparación con el importe concedido se resolvió con la inclusión de dos nuevas medidas subvencionables por el SURE en una Decisión de Ejecución del Consejo modificativa adoptada en noviembre de 2022.

Evaluación actualizada del impacto de SURE

La respuesta política a la crisis COVID-19 impidió efectivamente que alrededor de 1,5 millones de personas quedaran desempleadas en 2020 y los regímenes financiados por el SURE pueden haber contribuido a la mayor parte de ello. El aumento del desempleo en 2020 en los Estados miembros beneficiarios fue muy moderado, a pesar de la gran caída de la producción económica, y significativamente inferior a lo esperado en términos históricos. Esto se consiguió gracias a la retención de los trabajadores en sus empresas y al mantenimiento de la actividad de los autónomos. Otras simulaciones ilustrativas realizadas por la Comisión utilizando el modelo multinacional global sugieren que los regímenes de jornada reducida y medidas similares financiadas directamente por el SURE podrían haber salvado hasta un millón de puestos de trabajo en 2020 solo en la zona del euro (lo que representa 14 de los 19 beneficiarios del SURE). Esto sugiere que los regímenes de jornada reducida financiados por el SURE probablemente representaron la mayor parte del total estimado de 1,5 millones de puestos de trabajo salvados por la respuesta política global a COVID-19 en los 19 beneficiarios del SURE.

El SURE también puede haber contribuido a evitar un aumento de la desigualdad en el mercado laboral en toda la UE. Esto contrasta con la evolución que tuvo lugar tras la crisis financiera mundial. En el período 2020-2022, la dispersión de las tasas de desempleo se redujo entre los beneficiarios del SURE y los demás Estados miembros, así como entre los beneficiarios del SURE.

En concreto, el SURE aportó un valor añadido al fomentar la confianza en la economía y animar eficazmente a los Estados miembros a establecer regímenes de trabajo a jornada reducida amplios y ambiciosos a escala nacional. Los datos basados en encuestas presentados en informes anteriores confirman el impacto específico del SURE. En primer lugar, el SURE -uno de los primeros instrumentos financieros de la UE puestos en marcha en respuesta a la COVID-19- contribuyó a mejorar la confianza económica general al demostrar la capacidad de la UE para responder rápida y eficazmente a una crisis sin precedentes. En segundo lugar, a través del SURE, la UE apoyó y fomentó el uso extensivo de los regímenes de trabajo a jornada reducida (creación de nuevos regímenes o ampliación de los existentes). En tercer lugar, el SURE reforzó la confianza de los Estados miembros a la hora de endeudarse y gastar más en medidas de mantenimiento del empleo de lo que lo habrían hecho en otras circunstancias. Las investigaciones del Centro de Estudios Políticos Europeos afirman que la adopción de regímenes de jornada reducida aumentó significativamente durante la pandemia debido en gran parte al gran incremento de la financiación pública de estas medidas.

La protección del empleo en los dos primeros años de la pandemia también condujo a una recuperación más rápida en 2021 que en crisis anteriores. Los datos de las encuestas muestran que, en 2021, el apoyo del SURE se centró en los sectores aún muy afectados por la pandemia. El gasto del SURE también se concentró en la primera mitad del año, cuando las medidas de contención eran más estrictas. Esto sugiere que el SURE se centró en las necesidades más acuciantes apoyando a los sectores más afectados.

Concretamente, se estima que los Estados miembros se han ahorrado un total de 9.000 millones de euros en pagos de intereses al recibir ayuda financiera a través del SURE. Esta cifra se explica por las condiciones de financiación muy favorables de que disfruta la UE y la larga duración media de los préstamos concedidos a los Estados miembros. El ahorro de intereses estimado aumentó con la novena y última operación SURE en diciembre de 2022.

Los sistemas de control y auditoría implantados por los Estados miembros

En consonancia con sus obligaciones legales, todos los Estados miembros declararon haber verificado la ejecución de las medidas apoyadas por el SURE, ya sea mediante controles ex ante o controles ex post, incluida la auditoría (o ambos). Casi todos los Estados miembros declararon haber controlado todas las medidas apoyadas por SURE ex ante (antes de que los fondos se entregaran a los beneficiarios finales). Más de la mitad de los Estados miembros declararon haber controlado todas o la mayoría de las medidas a posteriori (una vez liberados los fondos). Otros cinco Estados miembros declararon haber controlado a posteriori la mayor medida o la medida con mayor riesgo de fraude e irregularidad. Con el fin de garantizar la correcta utilización de los fondos públicos, las medidas que no se controlaron ex ante se controlaron ex post.

Ningún Estado miembro considera que las medidas apoyadas por SURE presenten un alto riesgo de irregularidades o fraude. Esto se explica a menudo por las condiciones de elegibilidad legal y claramente definidas que se establecieron y controlaron ex ante.

En el caso de irregularidades o fraudes confirmados, todos los Estados miembros recuperaron o están recuperando los fondos utilizados indebidamente. Concretamente, la incidencia de irregularidades o fraudes en la mayor medida apoyada por SURE en cada Estado miembro ha sido en la mayoría de los casos inferior al 2% del gasto total. La mayoría de los Estados miembros han recuperado hasta ahora más del 75% del importe total adeudado. Además, en los casos de fraude, todos los Estados miembros tomaron medidas más allá de la recuperación de los fondos utilizados indebidamente, como la notificación a los organismos de investigación pertinentes. Algunos Estados miembros comunicaron haber tomado medidas preventivas como respuesta a fraudes o irregularidades.

La expiración del instrumento SURE a finales de 2022

La cláusula de extinción del instrumento SURE entró en vigor el 1 de enero de 2023. El Reglamento SURE contenía una "cláusula de extinción" que especificaba que el Instrumento finalizaría el 31 de diciembre de 2022, a menos que el Consejo decidiera prorrogarlo, a propuesta de la Comisión. El cuarto informe semestral de septiembre de 2022 no iba acompañado de una propuesta de prórroga del Instrumento. Las medidas de emergencia del COVID-19 se eliminaron casi por completo a finales del verano de 2022 y el impacto epidemiológico y económico del COVID-19 ha seguido una tendencia a la baja a lo largo de 2022. El 5 de mayo de 2023, la Organización Mundial de la Salud volvió a clasificar el COVID-19 como un problema sanitario establecido y en curso en lugar de una emergencia de salud pública de importancia internacional. Esto confirma la evaluación de la Comisión de que ya no se dan los acontecimientos excepcionales que justifican la SURE. En los primeros meses de 2023 se ha seguido realizando un seguimiento minucioso para garantizar la absorción de toda la ayuda financiera del SURE, que ahora se confirma. El seguimiento de la utilización de la ayuda financiera SURE finaliza con el presente informe”.

Buena lectura.


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