1. En una entradaanterior del blog, publicada el 15 de septiembre, me referí a los deberes
puestos por la presidenta electa de la Comisión Europea, la alemana Ursula von
der Leyen, a las y los futuros miembros de su equipo en materia de trabajo,
empleo, igualdad e inmigración. En su discurso ante el PE el 16 de julio, la
nueva presidenta marcó ya algunas de las propuestas sociales que ahora tocará
desarrollar una vez que la nueva Comisión se ponga en marcha, afirmando que “Todas
las personas que trabajan a tiempo completo deben obtener un salario mínimo que
permita disfrutar de una vida digna. Por tanto, desarrollaremos un marco común
al respecto, respetando, por supuesto, los diferentes mercados laborales”, y
“una mejor protección para quienes pierden su empleo cuando nuestra economía
sufre un impacto grave. Un Sistema Europeo de Reaseguro de Desempleo apoyará a
nuestras economías y a nuestros ciudadanos en tiempos de perturbaciones
externas. Por supuesto, existen seguros de desempleo nacionales, pero Europa
necesita un régimen de reaseguro para estas conmociones externas”.
Estos miembros
están pasando el examen del Parlamento Europeo y no todos han obtenido el visto
bueno. Pueden seguirse las sesiones, tanto en directo como las ya celebradas en
el canal Multimedia Centre del PE.
He tenido
oportunidad de ver algunas, y no ha sido precisamente un camino de rosas el que
han debido atravesar quienes van a formar parte de la nueva Comisión Europea
para su aprobación por el PE. De especial interés para las políticas laborales
ha sido la presentación del Comisario de Trabajo, Nicolas Schmit y de la responsable de igualdad, HelenaDalli
2. En el mientras
tanto, el sindicalismo europeo ya ha hecho llegar sus inquietudes a la nueva
Comisión, y ha pedido que tengan debidamente en consideración en la nueva política
sociolaboral europea cuestiones y problemas que preocupan a la población trabajadora
y que ya se han puesto de manifiesto con anterioridad en diversas resoluciones
adoptadas por el Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos y
en el Manifiesto para el período 2019-2023 aprobado en el 14º congresocelebrado en Viena el pasado mes de mayo, que recoge hasta trece iniciativas
para poner en marcha, en el marco de un “Plan de Acción para la consecución de
un nuevo contrato social para Europa”, al mismo tiempo que ha manifestado su preocupación
por las omisiones existentes en el programa de trabajo de la nueva Comisión en
materia de seguridad y salud en el trabajo, política de integración de las
personas migrantes, y sobre la democracia en el trabajo.
Siendo, sin duda,
importantes todas las iniciativas propuestas en el Manifiesto, a mi parecer hay
tres que merecen especial consideración y que son las siguientes: “1. Protocolo
de progreso social, que anteponga a los trabajadores, los derechos sindicales y
sociales, para su inclusión en los Tratados y su aplicación a través de la
legislación y la política de la UE. 2. Relanzamiento de un plan extraordinario
de aumento de la inversión pública y privada destinada a la creación de empleo
de calidad en todos los sectores de la economía e inversión pública en
servicios públicos, bienes públicos y protección social. 4. Reconstrucción del
modelo social europeo, reforzando y aplicando los principios del Pilar Europeo
de Derechos Sociales a través de políticas, legislación, regulación social, convenios
colectivos y medidas firmes para la redistribución y la convergencia por arriba”.
¿Cuáles son las
cuestiones que se han hecho llegar a las y los futuros miembros de la Comisión?
En síntesis, y de acuerdo a lo recogido en la página web de la CES, y siempre
tomando como referencia las competencias que les han sido asignadas en el nuevo
equipo son las siguientes:
“A Valdis
Dombrovskis y Paolo Gentiloni: ¿Cómo reformarán la gobernanza económica de la
UE para cumplir su ambición de una "economía que funcione para las personas"
impulsando la inversión pública, creando puestos de trabajo de calidad y
promoviendo un crecimiento económico sostenible?
Para Nicholas
Schmit: ¿Puede garantizar que el pilar europeo de los derechos sociales se
convierta en una legislación concreta que mejore los derechos de los
trabajadores, incluso en materia de salud y seguridad, e incluirá una directiva
para aumentar los salarios mediante la ampliación de la cobertura de la
negociación colectiva?
Para Frans
Timmermans: Las recientes elecciones han demostrado que las consecuencias
sociales de la desindustrialización son uno de los principales impulsores del
sentimiento antieuropeo. ¿Se asegurará de que el "Fondo para la Transición
Justa" vaya mucho más allá de la formación profesional para garantizar que
ninguna región o trabajador se quede atrás en el camino hacia una economía
verde?
Para Margrethe
Vestager: ¿Va a legislar la Comisión para garantizar que los derechos de los
trabajadores sean adecuados para la era digital a través de un nuevo derecho a
la desconexión, una mayor protección de los datos y una mayor democracia en el
lugar de trabajo?
Para Margaritis
Schinas e Ylva Johansson: ¿Protegerán ustedes la vida de las personas que huyen
de los conflictos y de la pobreza extrema poniendo en marcha auténticas
operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo y poniendo fin a la
criminalización de los activistas solidarios, garantizando al mismo tiempo la
existencia de canales legales para la migración económica y la integración
efectiva de los inmigrantes en la sociedad y en el mercado laboral?
Para Phil Hogan:
¿Se asegurará de que todos los acuerdos comerciales de la UE tengan un capítulo
de sostenibilidad social y medioambiental sólido y aplicable, de que se
consulte a los interlocutores sociales en las negociaciones de los acuerdos y
de que un futuro acuerdo comercial entre la UE y el Reino Unido defienda los
derechos de los trabajadores garantizando que el Gobierno británico no pueda
competir injustamente destruyendo los derechos y las condiciones de trabajo de
los ciudadanos en el Reino Unido?”.
3. Una de las
principales prioridades en materia de trabajo es la de “ayudar a establecer y
apoyar el trabajo de la nueva Autoridad Laboral Europea”. Recuerdo ahora, por
mi parte, que la ALE fue creada por el Reglamento (UE) 2019/1149 del ParlamentoEuropeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, disponiendo el art. 1.2, en
cuanto a su objeto, que “ayudará a los Estados miembros y a la Comisión en la
aplicación y cumplimiento efectivos de la legislación de la Unión en materia de
movilidad laboral en toda la Unión y la coordinación de los sistemas de
seguridad social dentro de la Unión. La Autoridad actuará en el ámbito de
aplicación de los actos de la Unión enumerados en el apartado 4, incluidas
todas las directivas, reglamentos y decisiones basados en dichos actos, así
como en el de cualquier otro acto de la Unión jurídicamente vinculante por el
que se encomienden funciones a la Autoridad”).
Pues bien, es importante
destacar que la nueva ALE ya se ha puesto oficialmente en marcha desde el 16 deoctubre , y no le ha faltado tiempo al sindicalismo europeo para plantearle los
primeros problemas que debe abordar en materia de desplazamiento de
trabajadores y cumplimiento de la normativa laboral.
Se trata de nuevecasos en los que se han dado graves infracciones de la normativa comunitaria,tales como “trabajadores desplazados que reciben una remuneración
significativamente inferior a la de los trabajadores locales; se retiene el
pago de los días feriados y el pago por enfermedad; empresas que evitan el pago
de cotizaciones a la seguridad social; desplazamiento fraudulento de empresas
sin actividad económica en su país de origen”. Se trata de trabajadores
enviados desde Polonia, la República Checa, Bulgaria, Eslovaquia y Eslovenia
para trabajar en Alemania, Austria y Dinamarca, y en la página web de la CES se
reseñan con detalle todos los casos, de los que ahora destaco, a mero título de
ejemplo, uno de ellos: “Una docena de trabajadores búlgaros fueron enviados a
Alemania para trabajar en la construcción de edificios de apartamentos entre
enero y agosto de 2019. Los trabajadores se pusieron en contacto con un
sindicato para informar que no habían recibido ningún salario desde junio. Tras
la intervención del sindicato, los trabajadores recibieron 1.350 euros. Pero
sus salarios pendientes eran de hecho de 9.766 euros. También se teme que la
empresa no haya pagado los impuestos y las cotizaciones a la seguridad social
necesarios en Bulgaria”.
4. Mientras se
debate en el PE la composición del nuevo equipo de la Comisión, este sigue
celebrando sus sesiones plenarias, y en la más recientemente celebrada hasta el
momento de redactar esta entrada, los días 9 y 10 de octubre en Bruselas, se
aprobó una importante Resolución sobre políticas en materia social y de empleoen la zona euro, que ya ha merecido un riguroso análisis en el blog delprofesor Ferran Camas, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social de la Universidad de Girona y director de la Cátedra de Inmigración,
Derechos y Ciudadanía de dicha Universidad, en el que enfatiza que los
principales mensajes clave de la citada Resolución “hacen referencia al
desempleo, la necesidad de abordar las situaciones atípicas del mercado de
trabajo (es decir, las no fundamentadas en trabajos estables o con contratos
indefinidos),la pobreza, el tema de la educación y formación de los
trabajadores y trabajadoras, y la salud de la población”.
Tiene razón el
profesor Camas, ya que dichas cuestiones clave merecen especial atención para
el PE y pueden ser, sin duda, propuestas y peticiones que ayuden a conformar la
nueva política sociolaboral europea en toda la UE y no solamente en la
(importante por los países que la integran) zona del euro. Recordemos que esta
zona económica esta integrada por 19 Estados, que son los siguientes: “Alemania,
Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia,
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países
Bajos y Portugal”.
Entre los aspectos
positivos del marco sociolaboral europeo, y teniendo como punto de referencia
los objetivos de la Estrategia Europea 2020, se destaca que “la tasa de empleo
ha seguido aumentando hasta alcanzar el 73,5 % en el último trimestre de 2018,
con 240,7 millones de personas trabajando, un nuevo récord; que la tasa de
empleo en la zona del euro ha aumentado del 66,5 % en 2017 al 67,4 % en 2018”,
y que de mantenerse la dinámica actual “la tasa de empleo alcanzará el 74,3 %
en 2020”. También se valora positivamente el aumento de la tasa de empleo entre
las personas de 55 a 64 años, si bien ese 58,8 % sigue estando claramente por
debajo de la media.
¿Preocupaciones?
Sí, y muchas. Entre ellas, que en 2017 “el 9,4 % de las personas empleadas
estaba amenazado por la pobreza, mientras que cerca de 20,5 millones de
trabajadores vivían en hogares amenazados por la pobreza”, que “la brecha de
género en el empleo fue de 11,6 puntos porcentuales en 2018 y que ha
permanecido prácticamente inalterable desde 2013; que en la Unión las mujeres
ganan por término medio un 16 % menos que los hombres, si bien este porcentaje
experimenta variaciones significativas entre los distintos Estados miembros”. Que,
aun valorando el trabajo a tiempo parcial como una forma de redistribución del
tiempo de trabajo, se constata que en 2017 “era mucho más frecuente entre las
mujeres (31 %) que entre los hombres (8 %)”, y que “el número de trabajadores
que trabajan a tiempo parcial de forma no voluntaria sigue siendo muy elevado y
afecta a 1,3 millones de personas más que en 2008”, más exactamente, y con
datos de Eurostat de 2017, había 8.973.000 trabajadora a tiempo parcial
subempleados en la UE-28. También se manifiesta la preocupación por el
incremento en dos puntos (11 a 13 %) en el trabajo temporal desde 2008 a 2017,
y aquí conviene destacar que España se sitúa en el pódium de países con mayor
temporalidad (más del 25 %).
La valoración de
los datos de desempleo es positiva respecto a la reducción observada desde el
inicio de la recuperación económica en 2014, siendo los datos de junio de 2019
del 6,3 % en el conjunto de la UE y del 7,5 en la zona euro, si bien tal recuperación
ha sido muy desigual y una buena parte de la población trabajadora no se ha
beneficiado de la misma, ya que “en términos reales, los salarios medios
todavía se encuentran por debajo de los niveles anteriores a la crisis en
muchos Estados miembros y que su crecimiento en 2017 siguió siendo inferior al
crecimiento de la productividad”.
La preocupación se
manifiesta porque las tasas de desempleo de la población juvenil llegan hasta
el 15,2 y 16,9 % respectivamente. Igualmente, por la segmentación del mercado
laboral, la pobreza de las personas con empleo y el desempleo de larga
duración. No menos relevante, y siendo en principio un dato positivo por la
elevada cualificación del personal, se constata la disociación entre oferta y
demanda de trabajo, que lleva por una parte a importantes carencias de personal
en el ámbito de las TICS, mientras que por otra parte “alrededor del 39 % de
trabajadores adultos de la Unión están sobre cualificados y atrapados en empleos
de baja calidad”, aunque ciertamente la situación puede variar mucho si se hacen
realidad las previsiones del CEDEFOP, que prevé que entre 2017 2025 se creen
más de 13 millones de puestos de trabajo que requerirán “un nivel educativo
elevado”, mientras que los empleos poco cualificados “disminuirán en casi 6
millones”.
En el apartado de
propuestas y soluciones planteadas por el PE, se pide a la Comisión “que presente un mecanismo de
reaseguro de la prestación por desempleo, con el fin de proteger a los
ciudadanos y reducir la presión sobre las finanzas públicas durante las
perturbaciones externas”.
Se subraya la necesidad
de políticas y reformas del mercado laboral bien diseñadas “que creen empleo de
calidad al adoptar medidas que garanticen salarios mínimos adecuados y una
remuneración justa, que protejan y promuevan la salud y el bienestar de los
empleados, den prioridad a la reintegración de los desempleados, promuevan la
igualdad de oportunidades, de trato y de derechos de los trabajadores, también
en el sector público, que faciliten un acceso equitativo al mercado de trabajo,
protección social para todos y movilidad laboral, que tengan en cuenta las
regiones rurales y aisladas y aborden las desigualdades y los desequilibrios de
género”.
Se insta a los
Estados miembros a que “apliquen plena y rápidamente la Directiva recientemente
adoptada relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional
de los progenitores y los cuidadores y que fomenten que más hombres pidan una
licencia familiar”; enfatiza que “la existencia de falsos autónomos es un
problema persistente que hay que abordar; pide a los Estados miembros que
apliquen medidas para abordar estas cuestiones, en particular siguiendo la
recomendación del Consejo sobre el acceso a la protección social para empleados
y autónomos acordada el 6 de diciembre de 2018”.
Especialmente
importante me parece que el PE pida tanto a la Comisión como a los Estados
miembros que “refuercen los derechos sociales proponiendo legislación,
incluidos instrumentos financieros cuando proceda y, tras una revisión, que
apliquen el pilar europeo de derechos sociales dentro de los límites de sus
competencias respectivas, tal como se contempla en los Tratados”.
5. Concluyo. La
política social debería jugar un papel de primera importancia en el nuevo
escenario político europeo. La población trabajadora, la gran mayoría de
ciudadanos y ciudadanas de la UE se lo merece…
y la cohesión social también, sin olvidar los riesgos de todo tipo que
implica una fractura social tanto en el seno de la UE como de cada Estado
miembro. ¿Estará la nueva Comisión Europea y el nuevo PE a la altura de las
circunstancias?
Buena lectura.
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