1. Anoto en esta
entrada del blog la sentencia dictada por la Sala décima del Tribunal deJusticia de la Unión Europea el 19 de octubre, en el asunto C-200/16, que versa
sobre el concepto de transmisión de empresa y los excepciones que pueden establecerse
por el legislador nacional. El interés de la sentencia radica a mi entender en
la recapitulación y ordenación de la jurisprudencia del TJUE sobre la materia,
y no tanto propiamente sobre el caso concreto abordado.
El resumen oficial
de la sentencia, que ha sido dictada sin conclusiones del abogado general, y
que da respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de
Portugal, es el siguiente: “«Procedimiento prejudicial — Directiva 2001/23/CE —
Artículo 1, apartado 1 — Transmisiones de empresas o de centros de actividad —
Mantenimiento de los derechos de los trabajadores — Obligación del cesionario
de hacerse cargo de los trabajadores — Prestación de servicios de vigilancia y
seguridad realizada por una empresa — Licitación — Adjudicación del contrato a
otra empresa — Decisión de no hacerse cargo del personal — Disposición nacional
que excluye del “concepto de transmisión de empresa o de centro de actividad”
la pérdida de un cliente por parte de un operador por la adjudicación del
servicio a otro operador”.
2. El litigio encuentra
su origen en sede judicial con la presentación de una demanda por diecisiete
trabajadores de la empresa ICTS contra la misma y contra otra empresa,
Securitas, con alegación de que la segunda había infringido la normativa
laboral, al no reconocerles su condición de trabajadores de la misma tras que
ICTS le traspasara el centro de actividad donde prestaban sus servicios.
La relación
contractual mercantil existente era la que vinculada a Porto dos Açores e ICTS,
al objeto de que el personal de esta última prestara funciones de vigilancia de
las instalaciones de la primera, con utilización de dispositivos de
videovigilancia con arreglo a las instrucciones facilitadas por su empresa, la
cual también ponía a su disposición los uniformes y los equipos radiofónicos
necesarios para el desarrollo de su actividad.
Con ocasión de una
nueva licitación pública para la prestación de los servicios de vigilancia, el
nuevo contrato fue adjudicado a la empresa Securitas, siendo informados los
trabajadores de ICTC que a partir de la fecha en que aquella se hacía cargo de
los servicios (17 de junio de 2013), pasarían a prestar su actividad para la
misma.
No fue esta tesis
aceptada por la nueva empresa adjudicataria, quien comunicó a dichos
trabajadores que seguían formando parte de la plantilla de ICTS, razón por la
que acudieron a los tribunales laborales con petición de condena a Securitas, y
de forma subsidiaria a ICTS, del reconocimiento de su condición de trabajadores
de la empresa y que la decisión de aquella debía ser calificada como despido
improcedente.
La pretensión fue
estimada por el tribunal de trabajo de Ponta Delgada por entender que se había
producido un traspaso de centro de actividad y que implicaba la subrogación de
los trabajadores de ICTS. La sentencia dictada en instancia fue recurrida por
Securitas ante el Tribunal de Lisboa, siendo confirmada la primera. Finalmente,
se interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que fue, como ya he
apuntado, quien interpuso la cuestión prejudicial en la que preguntaba
sustancialmente si se había producido en el caso concreto enjuiciado una
transmisión de empresa o centro de actividad en los términos definidos en el
art. 1 de la Directiva 2001/23 de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los
derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de
actividad o de partes de empresas o de centros de actividad.
Antes de referirme
a las cuestiones prejudiciales planteadas por el TS portugués, conviene señalar
que la normativa interna del país luso aplicable al litigio planteado, en
concreto la cláusula núm. 13 del convenio colectivo celebrado en 2011 entre las
organizaciones empresariales de seguridad privada y el sindicato de servicios
de consejería, vigilancia, limpieza doméstica y servicios diversos, dispone lo
siguiente: “1. En caso de
transmisión por cualquier título de la propiedad de una empresa, centro de
actividad o parte de una empresa o de un centro de actividad que constituya una
unidad económica, el cesionario se subroga en los derechos y obligaciones del
empresario en el contrato de trabajo de los trabajadores afectados. 2. No se
incluye en el concepto de transmisión de empresa o de centro de actividad la
pérdida de un cliente por un operador debida a la adjudicación del servicio a
otro operador”.
3. Las cuestiones
prejudiciales planteadas son las siguientes:
«1) ¿Constituye la situación descrita en los
autos una transmisión de empresa o de establecimiento, de tal modo que ha
tenido lugar la transmisión de la empresa ICTS a [...] Securitas a raíz de la
celebración de un concurso público en el que se adjudicó a Securitas [...] la
prestación de los servicios de vigilancia y seguridad en el puerto de Ponta
Delgada, en la isla de San Miguel, en las Azores (Portugal), y conforma la
transmisión de una unidad económica, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
1 de la [Directiva 2001/23]?
2) ¿Constituye la
situación descrita en los autos una mera sucesión de empresas en competencia, a
raíz de la adjudicación de la prestación de servicios a la empresa seleccionada
en el concurso público que se refiere a dicho contrato, de tal modo que queda
excluida del concepto de «[transmisión] de empresa [o] de centro de actividad»
a efectos de dicha Directiva?
3) ¿Es contrario
al Derecho de la Unión relativo a la definición de transmisión de empresa o de
centro de actividad derivada de la [Directiva 2001/23], el apartado 2 de la
cláusula 13 del convenio colectivo… en la medida en que dispone que “no se
incluye en el concepto de transmisión de empresa o de centro de actividad la
pérdida de un cliente por parte de un operador por la adjudicación del servicio
a otro operador”?
4. EL TJUE repasa
primeramente cuál es la normativa europea y nacional aplicable. Respecto a la
primera, se remite a lo dispuesto en los considerandos 3 y 8 de la citada
Directiva, así como también al art. 1.1, a) y b), y el art. 3.1. Recordemos que
la norma europea se aplica a las transmisiones de empresa, centros de
actividad, o partes de empresa o centros de actividad, y que se define como
transmisión la de “una entidad económica que mantenga su identidad, entendida
como un conjunto de medios organizados, a fin de llevar a cabo una actividad
económica, ya fuere esencial o accesoria”.
Con relación a la
segunda, además del texto convencional ya citado, hay que tomar en
consideración el art. 285 del Código de Trabajo, de transposición de la normativa
comunitaria y que define la entidad económica que se traspasa como “el conjunto
de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, principal
o accesoria”.
5. Como he
indicado al inicio de mi explicación, creo que el interés de la sentencia es
más de carácter doctrinal, en cuanto que sintetiza muy bien la jurisprudencia
anterior sobre la materia objeto del litigio.
En primer lugar,
que no es necesaria la relación directa, contractual, entre las dos empresas
que asumen las tareas de seguridad para que la Directiva sea aplicable, ya que
la norma se aplica “en todos los supuestos de cambio, en el marco de las
relaciones contractuales, de la persona física o jurídica responsable de la
explotación de la empresa que contrae las obligaciones de empresario respecto a
los empleados de la empresa”.
En segundo
término, que para saber si nos encontramos ante una unidad económica que cumple
los requisitos previstos por el art. 1 de la Directiva, han de tomarse en consideración
todas las circunstancias de hecho que se dan en la operación, con particular
atención al tipo de empresa o centro de actividad de que se trate, es decir a
qué tipo de actividad se lleva a cabo y cuáles son los métodos de producción o
de explotación utilizados, y de forma más general “el que se hayan transmitido
o no elementos materiales como los edificios o los bienes muebles, el valor de
los elementos inmateriales en el momento de la transmisión, el hecho de que el
nuevo empresario se haga cargo o no de la mayoría de los trabajadores, el que
se haya transmitido o no la clientela, así como el grado de analogía de las
actividades ejercidas antes y después de la transmisión y la duración de una
eventual suspensión de dichas actividades”, añadiendo que tales elementos “deben
apreciarse en el marco de una evaluación de conjunto de las circunstancias del
caso y, por lo tanto, no pueden apreciarse aisladamente”.
En tercer lugar,
como complemento necesario de lo anteriormente expuesto, que la entidad
económica no será tal a efectos de transmisión, no incardinable en el art. 1 de
la Directiva, cuando la actividad desarrollada se basa esencialmente en la mano
de obra y el (supuesto) cesionario no se hace cargo de la mayor parte de la
plantilla. De contrario, sí lo puede ser cuando aquello que importa
fundamentalmente es el equipamiento, de tal manera que la incorporación del
personal de la empresa cedente supondría una interpretación contraria a la
finalidad perseguida por la Directiva, que no es otra que proteger los derechos
de los trabajadores en supuestos de subrogación empresarial.
Por consiguiente,
y ya dando respuesta concreta a las cuestiones prejudiciales planteadas, el
TJUE manifiesta que corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si
la empresa cedente transmitió a la cesionaria el equipo necesario para el
desarrollo de la actividad de vigilancia en las instalaciones portuarias; en el
bien entendido, que esa transmisión puede ser de manera directa o indirecta, es
decir en este último caso mediante la puesta a disposición por la empresa en
donde se desarrolla la actividad de vigilancia, sin que el hecho de que los
elementos necesarios para el desarrollo de la actividad no sean propiedad de la
empresa cedente pudieran automáticamente excluir la aplicación de la norma
comunitaria, siendo aquello que deberá tomarse en consideración “únicamente el
equipamiento que se utilice en realidad para prestar los servicios de
vigilancia, excluidas las instalaciones objeto de tales servicios …. para
acreditar la existencia de una transmisión de una entidad que mantenga su
identidad, en el sentido de la Directiva…”.
Por todo ello,
concluye el TJUE, sí entraría en el ámbito de la Directiva un supuesto como el
contemplado en el litigio, en el que el comitente ha resuelto un contrato de
prestación de servicios y después lo ha formalizado con otra, siendo así que
esta segunda se niega a integrar en su plantilla a los trabajadores de la
primera “a pesar de (haber) recibido el equipo indispensable para realizar
dicha prestación”.
6. Tras haber dado
respuesta a las dos primeras cuestiones prejudiciales, el TJUE aborda la
conformidad a la normativa comunitaria de una cláusula tan tajante y
contundente como la del convenio colectivo aplicable. Trayendo a colación su
jurisprudencia anterior, acepta que la pérdida de una contrata, porque esta es
adjudicada a otra empresa, “no revela por sí sola la existencia de una
transmisión de empresa o de centro de actividad en el sentido de la Directiva…”,
si bien, y este es el argumento que me interesa destacar de la sentencia, una
cláusula totalmente excluyente, como es la recogida en el convenio, no se
adecúa a las finalidades y objetivos
perseguidos por la Directiva, en cuanto que no permite tomar en consideración,
tal como ha reconocido la jurisprudencia del TJUE, “todas las circunstancias de
hecho que caracterizan la situación de que se trata”.
Más allá de las
circunstancias del caso concreto, también aquí encontramos un contenido de claro
interés doctrinal, en cuanto que queda claro que las normas convencionales
pueden vulnerar la normativa comunitaria y ser objeto de atención por los
tribunales nacionales para demandar al TJUE una interpretación del precepto
acorde a la normativa comunitaria cuando ello sea posible, o bien como ocurre
en el presente caso una declaración de oposición a aquella y que por tanto no
puede ser de aplicación.
Buena lectura de
la sentencia.
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