El Boletínoficial autonómico publicó el pasado día 15 dos normas de interés para las
políticas de empleo dirigidas a colectivos con especiales dificultades de
acceso al mercado de trabajo.
En primer lugar,
la Orden foral 286/2013, de 25 de marzo, por la que se establecen las bases
reguladoras de la convocatoria de subvenciones para la contratación de personas
perceptoras de la Renta de Inclusión Social o de la Ayuda para la Incorporación
Sociolaboral y mejora de la empleabilidad en 2013; en segundo término, y en
estrecha relación con la anterior, la Resolución 502/2013, de 27 de marzo, por
la que se regula la concesión de subvenciones destinadas al pago de las cuotas
empresariales de la Seguridad Social a las Entidades Locales y Entidades sin
Ánimo de Lucro de Navarra por la contratación de las personas a las que se dirige
la Orden foral. En ambos casos deberán tener sus centros laborales en
territorio autonómico.
La Orden 286/2013
tiene por finalidad incentivar la contratación de tales colectivos por parte de
entidades locales, entidades mercantiles o entidades de iniciativa social,
mientras que la segunda restringe su ámbito de aplicación a las entidades
locales y entidades sin ánimo de lucro. La primera regula la concesión de
subvenciones para financiar costes salariales derivados de la contratación
laboral durante un período de seis meses (no se extiende a los centros de
inserción socio-laboral) y es de aplicación a los contratos formalizados desde
la fecha de publicación de la norma hasta el 30 de noviembre, habiéndose
asignado una partida presupuestaria de 751.548,65 euros. La segunda regula la
concesión de subvenciones, por el mismo período de seis meses, del 100 % de las
cuotas empresariales a la Seguridad Social, siempre y cuando se trate de una
contratación subvencionada al amparo de lo dispuesto en la Orden 286/2013,
asignándose una partida presupuestaria de 400.000 euros.
Teniendo
presente la diferencia en el sujeto empresarial según cuál sea la norma de
aplicación, hay que indicar que las personas beneficiarias de las subvenciones
serán quienes estén percibiendo una renta de inclusión social o una ayuda para
la mejora de la empleabilidad, que estén inscritas como demandantes de empleo
en las agencias del servicio autonómico de empleo, y que “tengan las
habilidades y competencias sociolaborales suficientes para no precisar de un
acompañamiento social”. La contratación deberá significar un incremento real de
la plantilla, y la cuantía de la subvención será de 4.214,35 euros para las
entidades locales y entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro, mientras
que para el resto (es decir, entidades mercantiles), la cuantía será algo
menor, 3.848,40 euros.
La tramitación
de ambas ayudas se efectuará en régimen de evaluación individualizada, y el plazo
para la presentación de solicitudes es de un mes a contar desde el día
siguiente a la fecha de inicio del contrato de trabajo. Para la concesión de
subvenciones, la autoridad administrativa laboral deberá dictar y notificar la
resolución en un plazo de cuarenta y cinco días desde la fecha de presentación
de la solicitud, entendiéndose desestimada por silencio administrativo si no lo
hiciera. En caso de solicitar ayuda económica para el pago de las cuotas
empresariales, la resolución deberá dictarse y notificarse en un plazo máximo
de treinta días desde que por la autoridad administrativa se tenga debida constancia
de la concesión de la subvención por la contratación, si bien en cualquier caso
la misma norma fija un plazo máximo de tres meses para resolver la petición
desde que fuere presentada la solicitud, entendiéndose desestimada por silencio
administrativo si no se hubiera dictado.
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