domingo, 28 de marzo de 2010

Camino de la Europa 2020. La puesta en marcha de la nueva Estrategia europea (II).

4. Las propuestas contenidas en el documento que acabo de analizar encuentran bastantes puntos de concordancia en el ámbito español con las propuestas elaboradas, y aprobadas, por la Comisión Mixta para la UE sobre cuál ha sido la aplicación de la Estrategia de Lisboa en España y cuáles han de ser los objetivos a perseguir en el futuro, documento aprobado el 27 de octubre de 2009. Por cierto, conviene destacar que los ámbitos prioritarios de actuación definidos en 2008 para la última fase de aplicación de la Estrategia de Lisboa siguen siendo válidos a mi parecer en el próximo decenio: mayor inversión en conocimiento y educación; fomento del espíritu empresarial, en especial de las pymes; mayor inversión en el capital humano y modernización de los mercados laborales; adopción de una economía de baja intensidad de carbono y eficiente en el plano energético.

Esos objetivos, y también los que se enumeran en las conclusiones del Consejo Europeos y en el documento de propuestas para la definición de la nueva estrategia de cara al 2.020, deben ser tenidos en consideración por el gobierno español durante su mandado, que ha definido sus líneas de actuación también en cuatro grandes áreas y que, obviamente, tienen muchos puntos de encuentro con los que acabo de enumerar: competitividad y creación de empleo; dimensión social y transversalidad de género; aspectos educativos e I + D + i; preparación de la revisión de la Estrategia de Lisboa y del nuevo ciclo.

Del documento elaborado en sede parlamentaria me quedo con algunas tesis y propuestas de especial interés a mi parecer: en primer lugar, la llamada a la consolidación del papel del Estado como dinamizador de la economía, y la petición de dedicar más recursos económicos a las políticas de formación, inversión productiva e I + D + i; en segundo término, el apoyo decidido a las políticas de flexiguridad para conseguir tanto el incremento del volumen de empleo de la población trabajadora como un crecimiento económico sostenible. Se puede decir de muchas formas, pero dudo que con mayor claridad: en la búsqueda de seguridad laboral para los trabajadores, “el sujeto de protección social es la carrera laboral del trabajador en lugar de, como se ha hecho tradicionalmente, el puesto de trabajo concreto”.

En tercer lugar, encontramos probablemente la propuesta de mayor impacto ya que, tras las críticas al funcionamiento insatisfactorio al método abierto de coordinación para alcanzar los objetivos perseguidos en la Estrategia de Lisboa, se sugiere explorar la conveniencia de establecer un método comunitario con una mayor rendición de cuentas y responsabilidades en caso de incumplimiento, aunque los grupos parlamentarios españoles son conscientes de “todas las dificultades que pueden plantearse para esta evolución”, y se propone la posible creación de un “Fondo Lisboa” a cuyos fondos se podría acceder por los Estados que demostraran fehacientemente el cumplimiento de los objetivos enunciados en sus respectivos Planes Nacionales de Reformas.

5. El documento comunitario fue sometido a consulta pública, y una buena síntesis de las valoraciones remitidas a las instancias comunitarias se recoge en un documento comunitario de principios del pasado mes de febrero y que fue objeto de examen en el Consejo Europeo informal celebrado el día 11 de dicho mes. La mayor parte de los Estados han coincidido en la necesidad de mejorar la gobernanza de la futura Estrategia, una mayor coordinación de la política económica y la fijación de menos objetivos. También se plantea la necesidad de mejorar la implicación de todos los agentes en las decisiones que se adopten y una mejora de la comunicación para que la opinión pública tenga un buen y adecuado conocimiento de todo aquello que se está haciendo por el futuro de Europa.

A) Sobre la Estrategia post-Lisboa también es necesario prestar atención a las argumentaciones y propuestas del Comité de las Regiones. En la sesión plenaria celebrada los días 3 y 4 de diciembre de 2009 se aprobó un importante dictamen sobre “El futuro de la Estrategia de Lisboa después de 2.010”, texto que es la conclusión de un amplio proceso de consultas abiertas en marzo del mismo año para que todos los entes locales y regionales que así lo desearan pudieran manifestar su parecer sobre qué líneas y qué objetivos debe tener la nueva estrategia de desarrollo sostenible que sustituirá a la Estrategia de Lisboa.

Una idea clave del Dictamen del CR es la necesidad de poner en marcha, en el marco de un amplio proceso de cambios estructurales que requiere la economía europea, “unas políticas activas en el sector del mercado laboral que fomenten la transición hacia una economía ecológica”. Igualmente, hay que conseguir que la nueva estrategia comunitaria apueste por la consecución de un elevado nivel de calidad de vida y el bienestar de toda la ciudadanía comunitaria, para lo que el empleo constituye un componente fundamental aunque no único; la apuesta firme por el desarrollo de políticas educativas y formativas durante toda la vida de la persona, es decir la potenciación del aprendizaje permanente, así como también la lucha contra el desempleo, en especial del juvenil, son elementos fundamentales de la propuesta del CR, que enfatiza igualmente la conveniencia de adoptar políticas inclusivas en materia de empleo y protección social para combatir la pobreza y el aumento de las desigualdades en la Europa comunitaria, así como la defensa del modelo social europeo.

Con carácter más general, el dictamen del CR identifica varios desafíos a largo plazo que la nueva Estrategia comunitaria debería tomar en consideración muy seriamente por su impacto sobre el bienestar económico y social, como son el cambio demográfico, el cambio climático, la seguridad energética, la globalización y la cohesión territorial. Una idea central se encuentra en todo el documento, cual es la necesidad de que las políticas formativas y los recursos económicos que se dediquen a ellas pongan el acento en cuestiones ecológicas y de economía sostenible, prestando especial atención a que ello posibilite el desarrollo de pequeñas y medianas empresas “nuevas dinámicas e innovadoras”. En este ámbito general también cobra especial valor la puesta en práctica de políticas que apuesten por mejorar la situación de la mujer en el mercado de trabajo europeo, mediante la adopción de políticas que posibiliten tanto la permanencia como la incorporación al mundo laboral, en la línea de mejora de su empleabilidad.

En la memoria de las respuestas recibidas de entes locales y regionales se destaca que la Estrategia de Lisboa tuvo el valor positivo de unir los pilares económico, social y ambiental en una única política marco, pero que no se dio el mismo valor a los dos últimos que al primero. Además se enfatiza la necesidad de aprobar objetivos más concretos y realistas que en la Estrategia 2000, que tengan en cuenta las diferencias territoriales y que permitan armonizar los objetivos de crecimiento y cohesión. Lógicamente, se pide que en la elaboración de la nueva estrategia comunitaria los entes locales y regionales tengan un papel mucho más destacado del que tuvieron en el año 2000, o dicho en otros términos que la gobernanza del nuevo modelo comunitario tenga en cuenta las diferencias territoriales y que los entes citados puedan participar tanto en su elaboración y diseño cono en su aplicación, así como también disponer de la financiación comunitaria y nacional adecuada para enfrentarse a nuevos retos a los que la Estrategia de Lisboa no ha sabido, o podido, dar respuestas adecuadas, como son las nuevas tendencias demográfica, la inmigración o la seguridad energética; en especial me interesa destacar la reflexión que se realiza sobre la necesidad de que la inmigración sea objeto de una regulación y gestión adecuadas “para que tenga un papel positivo en el mercado laboral europeo y no se vea como fuente de mano de obra barata”, con especial atención a fenómenos como el de la inmigración irregular que es muy difícil de determinar si sólo se utilizan indicadores cuantitativos.

En todo este marco, el empleo, la protección social y las políticas educativas se configuran como partes esenciales de una nueva política comunitaria que debe apostar por la mejora de la calidad de vida y la integración social, en el marco de una política de innovación que abarque todo tipo de actividades, es decir no sólo bienes y servicios de alta tecnología, y que contribuya al incremento de la productividad en el ámbito de una economía sostenible. Los entes regionales y locales quieren y desean contribuir al desarrollo de la nueva estrategia y jugar un papel relevante en el ámbito de sus competencias, poniendo de manifiesto que pueden jugar un rol destacado en el ámbito de las políticas de mercado de trabajo, señaladamente las de formación profesional, las de integración de la población inmigrada, y de apoyo a la pequeña y mediana empresa siempre y cuando se reformen los sistemas financieros y crediticios y se facilite el acceso al crédito y al capital para las mismas.

B) El documento comunitario de noviembre, embrión del la Comunicación de 3 de marzo que ha dado lugar a la puesta en marcha de la nueva estrategia, ha sido objeto de valoración crítica, desde la perspectiva del mundo laboral, por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), y desde la óptica de la debilidad del diagnóstico de cómo debe actuarse por parte de otras organizaciones intelectuales del ámbito comunitario como es el caso de “Notre Europe”, que alerta de la existencia de nuevos países que concurren en el panorama económico, como China e India, el insuficiente análisis de la problemática del cambio climático, la importancia de conceder prioridad a las acciones emprendidas por los poderes comunitarios, y el establecimiento de medidas sancionadoras, o de estímulos adecuados, para velar por el cumplimiento por parte de los Estados de los objetivos que se fijen finalmente en la estrategia 2020.

Para el sindicalismo europeo, que subraya el fracaso a su parecer del modelo de mercados libres y desregulados, hay varias cuestiones de carácter social que se abordan de forma muy insuficiente, o que simplemente no se contemplan. Se critica que no se aporte una adecuada respuesta a la importante cuestión de cómo se va a abordar el problema del desempleo en los años venideros, de cómo la UE se compromete a favor de una agenda política de empleos de calidad, de cómo mejorar la distribución de la riqueza entre la población e invertir la tendencia a la desigualdad, o en fin, sin ánimo exhaustivo, de cómo encarar la cuestión de los desequilibrios mundiales y poner el acento en las políticas sociales como tema central de los debates sobre la globalización.

Para la CES, que realiza un diagnóstico muy claro de las debilidades actuales del mercado de trabajo europeo, la prioridad de la política comunitaria no puede situarse en el lejano 2020, aunque sea necesario disponer de una propuesta con perspectiva de futuro, sino la puesta en marcha, ya, en el ámbito europeo “de un gran plan de recuperación del empleo, nuevos programas para integrar a los parados, especialmente a los jóvenes, dándoles un trabajo de calidad y formación, estableciendo quien paga antes de considerar seriamente cualquier estrategia de salida de la crisis”.

Las críticas también aparecieron desde el ámbito político. El partido de los socialistas europeos (PSE) reclamaba, en bastante sintonía con las propuestas sindicales antes explicadas, y poco antes de la aprobación del documento final de la Comisión, una revisión de las medidas propuestas para atender a las necesidades reales de la gran parte de la ciudadanía y poniendo en duda que ello se hiciera en los textos que se estaban elaborando.

Para el PSE “our big concern is that this Commission’s version of EU 2020 will consist of big words about transformation without outlining any of the tools needed to undertake such a project in a fair and inclusive way”, además de criticar duramente la calificada como “reinterpretación neoliberal” que se había efectuado de la Estrategia de Lisboa desde 2005, subordinando la dimensión social y medio ambiental a las cuestiones puramente económicas. Según el PSE hay que apostar por reforzar los instrumentos políticos y financieros para abordar los nuevos retos, si de verdad se desea reforzar la UE y poner en marcha una política que mantenga un equilibrio aceptable entre las dimensiones económica, social y medioambiental, y que avance por senderos de un crecimiento más socialmente sostenible y con un mayor grado de cohesión, con una especial atención a las políticas de educación y de formación a lo largo de toda la vida para que las políticas innovadores beneficien a toda la población y no sólo a una pequeña élite.

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