domingo, 28 de marzo de 2010

Camino de la Europa 2020. La puesta en marcha de la nueva Estrategia europea (III).

6. Me detengo ahora brevemente en el análisis de algunos aspectos destacados de la Presidencia española de la UE durante el primer semestre de 2010, con una referencia previa al programa de la troika comunitaria (España, Bélgica y Hungría) para el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de junio de 2011, presentado en noviembre de 2009. Hay que decir que los tres Estados consideran prioritaria la revisión de la Estrategia de Lisboa, siendo uno de los objetivos de dicha revisión la promoción del crecimiento económico y empleo, que debe ir de la mano del reforzamiento de la cohesión social, económica y territorial, con objetivos realistas para los próximos diez años (una forma educada, a mi parecer, de poner de manifiesto el carácter demasiado ambicioso de los objetivos marcados en el Consejo Europeo de Lisboa 2000 para el decenio que ahora concluye), con una mayor implicación de los poderes locales y regionales, y con una integración en la nueva estrategia de los desafíos demográficos y ambientales que no se tuvieron tanto en consideración en la de Lisboa – 2000. Igualmente, la revisión de la Agenda Social Europea cobrará especial importancia, ya que deberán integrarse las medidas ya adoptadas o por adoptar para dar cumplimiento a los objetivos programáticos marcados en diferentes planes europeos aprobados en los últimos años, que afectan a la juventud, a las políticas de igualdad de género y de protección a la familia.

En coherencia con las decisiones ya adoptadas por el Consejo Europeo, y en la misma línea que las propuestas formuladas en otros foros económicos y sociales sobre la adecuada combinación entre la retirada gradual de los estímulos económicos adoptados durante la crisis y su mantenimiento para evitar efectos perversos sobre la población más duramente afectada, la presidencia española es consciente de la necesidad de proceder a la retirada de esos estímulos “en cuanto la situación económica lo permita”, con un claro objetivo de doble contenido político y económico: “afianzar la recuperación económica, volver a la senda de la creación de empleo y avanzar en la sostenibilidad de las finanzas públicas a través de los procesos de consolidación de los Estados miembros”. Y ello, con la finalidad de ir avanzado en el diseño de la Nueva Estrategia 2020.

En el apartado del “programa operativo”, es decir el más específico del Estado que asume la presidencia, el gobierno español formula una declaración general de intenciones, en el apartado dedicado a “empleo, política social, sanidad y consumidores” (es decir, el consejo EPSCO), poniendo de manifiesto que trabajará “para limitar la incidencia de la crisis en los mercados de trabajo y sus efectos sociales más negativos, prestando atención especial a las personas más vulnerables y a los nuevos riesgos de exclusión”. En su concreción, ciertamente muy limitada dado el carácter necesariamente generalista del documento, hay algunas pistas de actuación que deseo destacar:

A) La prioridad del empleo en la estrategia 2020, promoviendo tanto su creación en el campo de las energías renovables, reciclaje y de conservación del medio ambiente (“empleos verdes”), como en el de las nuevas demandas de atención social (“empleos blancos”) y en el de las nuevas tecnologías (“empleos azules”). En la puesta en marcha de estas políticas de creación de empleo, la plena aplicación del principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres debe ser “un elemento central del nuevo modelo de cohesión social”.

B) La puesta en marcha de iniciativas en relación con la directiva sobre desplazamiento de trabajadores, una forma suave de indicar que es necesario abordar con claridad y sin temores cómo defender el modelo social europeo ante una jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha provocado en 2008 y 2009 una lógica y comprensible preocupación en amplios sectores del mundo laboral por la limitación de los derechos colectivos de los trabajadores y su supeditación a la libertad de prestación de servicios, una conclusión que no creo que estuviera nunca en la mente, ni tampoco está en la letra, de los redactores de la Directiva y que por ello es necesario corregir con los instrumentos jurídicos más adecuados.

C) Una atención especial al empleo de los jóvenes, tanto mediante el establecimiento de adecuadas relaciones entre los sistemas educativos y el empleo, como facilitando la estabilidad laboral después de un período de demostración de los conocimientos adquiridos en vía académica (y aquí puede cobrar sentido el debate en España sobre la política selectiva de bonificaciones en algunas contrataciones, o más exactamente en la conversión en estable de las contrataciones inicialmente temporales dirigidas a jóvenes), y ayudando a potenciar todas las iniciativas emprendedoras mediante los instrumentos adecuados de información, orientación y asesoramiento. Por cierto, nuevamente se insiste, aunque después los hechos no siempre se adecúen a lo escrito en un documento de trabajo, en que la formación profesional será un área prioritaria por constituir un “pilar básico para el desarrollo económico de la sociedad y para el progreso en todos los órdenes”, y que se trabajará para facilitar la adquisición de nuevas competencias, obviamente no sólo para jóvenes, en el marco de la iniciativa puesta en marcha en diciembre de 2008 con el documento “Nuevas capacidades para nuevos empleos”.

7. El Consejo europeo informal de 11 de febrero fue dedicado la reelaboración del documento de 24 de noviembre y a la presentación y discusión de las propuestas que finalmente deben ser la base de la estrategia europea del próximo decenio, con la presentación de un borrador de trabajo por parte del presidente de la Comisión en el que se analizan diversas cuestiones de indudable interés.

A) El impacto durísimo de la crisis, que ha supuesto una disminución del Producto Interior Bruto (PIB) en un 4% en 2009, un descenso del 20 % de la producción industrial, y 23 millones de desempleados, de los que 7 se han producido en los 20 meses anteriores al consejo, situándonos en tasas del 10 % cercanas a las de hace 20 años, o dicho de forma más gráfica “en 2 años se han malgastado 20 de consolidación” y el potencial de crecimiento europeo se ha reducido a la mitad en los dos años de crisis.

B) La necesidad de incrementar los niveles de productividad y de mejorar nuestra tasa de exportaciones para hacer frente a nuestros competidores económicos, que pasa por mejorar los niveles de inversión en I+D+i. hacer un mayor uso de las TIC, y reducir o suprimir los obstáculos que dificultan la actividad empresarial. Ello, teniendo presente que las políticas nacionales de cada Estado de la UE están cada día más interconectadas y que, al mismo tiempo, deben de operar en el marco de una economía más globalizada donde la presencia, y la presión, de otras economías desarrollas y de varios países emergentes se intensifica cada vez más, por lo que las respuestas pasan a ser de carácter global, tanto en el ámbito económico como financiero. Por decirlo con las palabras del documento de 3 de marzo, “Europa está comprometida en la búsqueda de soluciones globales que desemboquen en un sistema financiero eficaz y sostenible”.

También, la necesidad de tomar medidas para encarar el reto del envejecimiento de la población europea, que implica un crecimiento importante de la población mayor de 60 años y la reducción de unos 2 millones de personas en edad de trabajar en 2020. Para la Comisión, “la combinación de una menor población activa y una mayor proporción de jubilados se traducirá en tensiones en nuestros sistemas de bienestar”.

C) La necesidad de mejorar la coordinación entre todas las políticas que se adopten por parte de la UE y de los diferentes Estados, aprovechar el potencial que supone la existencia de un mercado interior y de una moneda única, y encarar desde este análisis previo de las problemas existentes las realidades que tenemos ante nosotros y hacerlo con perspectiva de futuro y no con decisiones a mero corto plazo, ya que la mundialización, la presión sobre los recursos, el proceso de envejecimiento de la población y los cambios tecnológicos, son ámbitos temáticos que nos acompañaran de forma permanente o, como mínimo, durante mucho tiempo a partir de ahora.

De ahí que las tres prioridades estratégicas que se debe marcar la UE para el próximo decenio, y que ya estaban recogidos en la Comunicación de 24 de noviembre, son las de poner en marcha una política de crecimiento basado en el conocimiento y la innovación, con especial atención a la sociedad digital y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC); apostar por una sociedad inclusiva con altos niveles de empleo, mejora de las capacidades de las personas trabajadores (se apunta el dato de que en 2020 16 millones de trabajos requerirán de más cualificación, mientras que la demanda de aquellos poco cualificados descenderá en 12 millones) y lucha contra la pobreza; apostar firmemente por una crecimiento verde que impulse una economía competitiva y sostenible.

Esas tres prioridades implican según la Comisión apostar por una recuperación sostenible, enfrentándose de forma colectiva a los retos inmediatos y de futuro ya citados, mientras que si cada país actúa por su cuenta y no se coordinan las medidas a escala europea el riesgo es el de sufrir la pérdida de una década de desarrollo, o dicho de forma mucho más clara y contundente (y los autores del documento han tenido como punto de referencia, sin duda, los problemas experimentados por la economía japonesa hace ya varios años y que la llevó a una década muy difícil en los ámbitos económico y social) se corre el riesgo de “desembocar en una pérdida permanente de riqueza, una baja tasa de crecimiento…, altos niveles de desempleo y desamparo social, y un declive relativo en la escena mundial…”.

8. Por fin, el 3 de marzo la Comisión presenta su propuesta en forma de Comunicación que lleva por título “Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, documento que recoge buena parte de las argumentaciones y propuestas ya expuestas en el Consejo Europeo informal de 11 de febrero y que he analizado con anterioridad, por lo que ahora sólo recogeré los aspectos más relevantes y destacados de la propuesta que ha de servir para que Europa encare el próximo decenio con vocación de ser una sociedad innovadora, económicamente potente e inclusiva socialmente.

Desde la perspectiva de las políticas de empleo me interesa mencionar con carácter previo el Dictamen del Comité de Empleo sobre la estrategia europea para el empleo en el marco del programa de Lisboa para el período posterior a 2010, en el que se defiende la validez de los objetivos marcados en su momento por la Estrategia Europea para el Empleo y la toma en consideración de las nuevas realidades económicas y sociales; de esta forma, las políticas de empleo deberían tomar en consideración factores como el proceso de envejecimiento de la población, el crecimiento proceso de mundialización económica, el fortalecimiento de los recursos humanos y la apuesta decidida por las políticas de innovación, el cambio climático y su impacto sobre la creación/destrucción de puestos de trabajo, y la necesidad de reforzar la dimensión social de la EEE.

De entrada, hay que decir que se mantiene como las tres prioridades básicas para el próximo decenio las propuestas en la Comunicación de 24 de noviembre de 2009 y que merecieron, en términos generales, una buena valoración en el proceso de consultas abierto a partir de la presentación de dicho texto. Son las siguientes:

-- Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación.


-- Crecimiento sostenible: promoción de una economía que utilice más eficazmente los recursos, que sea verde y más competitiva.


-- Crecimiento integrador: fomento de una economía con un alto nivel de empleo que redunde en la cohesión económica, social y territorial.


Estas tres grandes prioridades deben de concretarse en un número limitado de objetivos principales, que puedan ser fácilmente objeto de medición y de comparación entre todos los Estados, y que atiendan además a las diferentes situaciones de cada Estado, que están interrelacionados. Tales objetivos, cuya consecución, según se afirma en la Comunicación con un punto excesivo de intensidad a mi parecer, “será vital para alcanzar con éxito el año 2020”, aún cuando se consideran sólo representativos y en modo alguno exhaustivos, deberán después concretarse en objetivos y trayectorias nacionales, y son los siguientes:

-- El 75 % de la población de entre 20 y 64 años debería estar empleada. Alcanzar este porcentaje implicaría incrementar en 6 puntos la tasa de empleo actualmente existente del 69 %. Hay que indicar que la Estrategia 2020 ha recogido como uno de sus cinco objetivos principales para la próxima década la petición formulada por el Comité de Empleo.


-- El 3 % del PIB de la UE debería ser invertido en I+D, manteniéndose por consiguiente el objetivo ya fijado en la Estrategia de Lisboa y que no se ha alcanzado, argumentándose en este punto que la Comisión “propone mantener el objetivo del 3 %, pero desarrollar simultáneamente un indicador que refleje la intensidad de la I+D+i”. Se pone de manifiesto que el gasto en Europa es aún inferior al 2 %, mientras que alcanza el 2,6 % en Estados Unidos y el 3,4 % en Japón.


-- Debería alcanzarse el objetivo «20/20/20» en materia de clima y energía (incluido un incremento al 30 % de la reducción de emisiones si se dan las condiciones para ello), desde un objetivo muy claro de ahorro económico y de impulso del crecimiento económico. La Comisión apuesta por la adopción de medidas que refuercen el liderazgo europeo en el mercado de tecnologías verdes como medio de garantizar un uso eficaz de los recursos en toda la economía (liderazgo que cada vez más está sufriendo la competencia de China y Estados Unidos), pero al mismo tiempo “eliminando los cuellos de botella en infraestructuras de red claves e impulsando nuestra competitividad industrial”.


-- El porcentaje de abandono escolar debería ser inferior al 10 % y al menos el 40 % de la generación más joven debería tener estudios superiores completos. Alcanzar este objetivo significaría reducir en 5 puntos la tasa de abandono e incrementar en 9 el de personas entre 30 y 34 años que finaliza la enseñanza superior. En el análisis de la problemática educativa-laboral de la población europea, cabe también destacar el dato, recogido en la Comunicación, de que cerca del 50 % del alumnado alcanza un nivel de cualificaciones medias “pero a menudo no adaptadas a las necesidades del mercado laboral”.


-- El riesgo de pobreza (definido como estar por debajo del 60 % de los ingresos disponibles en un Estado miembro) debería amenazar a 20 millones de personas menos. O dicho en otros términos, la reducción debería aparejar que un 25 % menos de los europeos de los que están ahora se encuentren, en 2020, en dicha situación.

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