La inmigración: una oportunidad y no un problema.

La relación entre la inmigración y el empleo es una de las características más relevantes que afectan a la realidad económica y social del territorio español. Justamente esa realidad de la inmigración es un elemento destacado de diferenciación respecto de nuestro marco de análisis de la realidad económica y social española con respecto al de una década atrás, pues difícilmente hubiéramos podido pensar entonces que los extranjeros (básicamente los ciudadanos extracomunitarios) supondrían más del 11 % del total de afiliados a la Seguridad Social al finalizar el mes de septiembre de 2008, y que en Cataluña superaría el 13 %. Según el gobernador del Banco de España, y así lo expuso en su intervfención del pasado día 16 en la presentación del I Informe FEDEA, “un 25 % del crecimiento de la renta per capita española se puede atribuir a la inmigración” .

El reto de futuro más importante es garantizar la integración regular y ordenada de los inmigrantes en el mercado de trabajo, así lo hemos constatado en los debates del pacte nacional per a l'immigració de Catalunya, y dejar de debatir si el fenómeno migratorio es positivo o negativo para la realidad económica y social española, catalana o barcelonesa, y por ese camino creo que avanza el nuevo plan de trabajo sobre inmigración suscrito por todas las fuerzas políticas del consistorio barcelonés el 24 de octubre. El mercado de trabajo español ha absorbido hasta el presente la incorporación de mano de obra extranjera, pero no ha sabido aprovechar las cualificaciones de buena parte de los inmigrantes que han estado ocupados por debajo de su nivel profesional.

Cuando algunas Comunidades Autónomas superan el 10 % de población extranjera (en su gran mayoría extracomunitaria, a salvo de las que tienen un importante volumen de población rumana) parece un ejercicio de hipocresía intelectual seguir debatiendo sobre las bondades o maldades de la inmigración, porque lo que hay que hacer es gestionar correctamente la situación y saber hacía dónde queremos dirigirla. En muchas ocasiones la inmigración se percibe como un problema, lo demuestran los barómetros del CIS, y negar que en ocasiones ello pueda ser así sería negar los ojos a la realidad. Pero aún peor sería no reconocer que buena parte de la economía del país, y en concreto algunos sectores productivos, difícilmente podrían funcionar como lo están haciendo en la actualidad sin el trabajo, regular o irregular, de los inmigrantes. Con cita nuevamente del gobernador del Banco de España, la inmigración se ha ocupado en actividades en las que oferta de trabajo nacional era escasa “y mostrando unos niveles de movilidad geográfica y sectoriales muy superiores, lo que ha permitido la creación de empleo en regiones y sectores intensivos en mano de obra”.

No hay duda de que hemos de apostar por la mejora de calidad y la competitividad de nuestro tejido productivo, y ello no puede hacerse por la vía de una política de mano de obra que opte por la precariedad, la desregulación y el incumplimiento de la legalidad. Necesitamos apostar por una política de mano de obra que potencie la formación y la cualificación del personal. De ahí que la incorporación de los inmigrantes al mercado de trabajo ha de hacerse de forma que aprovechen todos sus conocimientos y habilidades. De ahí que cobre toda su importancia a mi parecer, aunque me parece que se ha avanzado poco en el camino, la creación de un Servicio Exterior de Empleo que canalice el acceso al mercado de trabajo español de los ciudadanos extranjeros que puedan incorporarse en adecuadas condiciones y con los conocimientos profesionales requeridos.Y de ahí también que cobre toda su importancia el cumplimiento de lo dispuestos en varios Estatutos de Autonomía sobre ampliación de competencias autonómicas en materia de inmigración, señaladamente la´concesión de las autorizaciones iniciales de trabajo, tal como ocurrirá en Cataluña a partir del próximo año.

La normas que regulan la inmigración no puede ir por un lado mientras que la realidad económica y social va por otro; ni tampoco puede un Estado, o una Comunidad Autónoma, hacer una política migratoria que no tome en consideración la realidad comunitaria e internacional, y buena prueba de ello es la reciente aprobación el pasado 15 de octubre del Pacto europeo comunitario para la inmigración y asilo. En España y en Cataluña, el objetivo a conseguir, y en ello han de implicarse activamente todas las Administraciones y todos los agentes sociales, es la plena regularidad del trabajo que presten los inmigrantes. Es obvio que es muy fácil de decir y más que difícil de aplicar, pero nos jugamos buena parte de la cohesión social que debemos tener, y mucho más ante el inmediato, y difícil futuro económico y social que se avecina.

La inmigración nos interpela, nos interroga, nos crea problemas, pero también aporta (nos aporta) riquezas económicas, culturales y humana (porque conviene recordar también que los inmigrantes son personas y no meramente mano de obra). No hay que negar que se produce un incremento de necesidades económicas por parte de las Administraciones competentes para cubrir las nuevas realidades, por ejemplo, en los ámbitos sanitarios o educativos. Pero, ¿quién puede negar que la actividad productiva, por cuenta propia o ajena, mejora el nivel de crecimiento del país, y al mismo tiempo puede significar un mecanismo importante para favorecer las políticas de codesarrollo con los países de origen?

Ya es hora de dejar de debatir sobre la inmigración como si fuera una realidad aún poco presente o desarrollada en nuestro país. El debate ahora ya no es la inmigración sino la integración de los inmigrantes. Y del debate, de las palabras, hemos de pasar a los hechos, las medidas para facilitar esa integración regular. Y creo que conviene recordar estas premisas antes los tiempos difíciles que vendrán en los próximos meses en el ámbito laboral. Ójala que la nueva regulación anunciada de reforma de la normativa estatal de extranjería e inmigración vaya por este camino.