Ante las elecciones generales del 2000, 2004 y 2008. Un análisis de las notas de las Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.

A) Ante la polémica suscitada por la nota de 30 de enero de 2008 de la CCVII Comisión permanente, polémica que nos va a acompañar durante toda la campaña electoral, me ha parecido oportuno acercarme (¡gracias Internet¡) a las notas emitidas con ocasión de las dos elecciones generales anteriores (12 de marzo de 2000 y 14 de marzo de 2004), cuando gobernaba el Partido Popular en España. Es decir, he tratado de averiguar qué diferencias hay de fondo en las notas emitidas con ocasión de cada contienda electoral, diferencias que puede encontrar su razón de ser lógicamente (y el ejemplo de la polémica sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía sería muy significativo) en las decisiones políticas que adopte el gobierno de turno y que puedan considerarse por parte de la dirección eclesial como contraria o poco ajustada a los intereses de la ciudadanía y muy en especial de las personas creyentes.

Debo reconocer que la nota del 30 de enero me preocupa mucho como creyente, no tanto porque la Comisión Permanente reitere sus críticas a determinadas políticas en materia del derecho a la vida, de la defensa de la familia basada en el matrimonio y del derecho a la educación que son coherentes con la línea defendida desde hace ya muchos años, sino por el tono autoritario que destila el texto y por el cambio de orientación adoptado en materia de la respuesta que deba darse al terrorismo y al tratamiento del fenómeno nacionalista. No es de extrañar, por consiguiente, que desde el propio seno de la Iglesia, en especial de la catalana, se hayan alzado públicamente voces que disminuyen la importancia del documento de la CP (Conferencia Episcopal tarraconense) o bien que lo critican abiertamente por adoptar una postura de confrontación con el gobierno y con otras opciones políticas (Esglèsia plural), aunque también desde la posición oficial el cardenal arzobispo de Toledo haya reivindicado el texto en su homilía de hoy domingo, si bien ha querido recordar que “no se trata de imposiciones sino de exhortaciones en modo alguno partidistas, ni tampoco se trata de un texto coyuntural, sino que tiene una razón de ser muy profunda y muy en sintonía con sus anteriores enseñanzas…”. Y quizás con el conflicto suscitado sobre la lacra del terrorismo no hemos prestado atención a la parte del documento que demanda (ciertamente de forma no muy contundente) medidas que atiendan las necesidades de los colectivos más desfavorecidos, parte del documento que es a la que yo me aferro para defender mis convicciones de creyente comprometido con la lucha por una sociedad más justa e igualitaria, una iglesia de servidores como magistralmente apuntaba el nuevo Padre general de los jesuitas en su primera homilía pronunciada el 20 de enero, en la que nos recordaba que en nuestro mundo globalizado aumenta el número de los que son excluídos por todos, que son los que tienen “necesidad del profeta, del mensaje de Dios”.

B) El 17 de febrero de 2000 se hacía publica la nota con la que los Obispos cumplían como pastores de la Iglesia “con la misión de iluminar la conciencia moral de los católicos y de quienes quieran escucharnos”, una nota en la que se reivindicaba la necesidad de una buena información y en donde se afirmaba, creo que muy correctamente, que “las campañas descalificadotas e insultantes no ayudan a conocer los programas electorales”.

Los aspectos de especial relevancia que deseaban subrayar los obispos eran los siguientes:

“Respeto sin fisuras a la vida, desde su inicio a su fin natural. El aborto en cualquiera de sus formas y la eutanasia no pueden ser defendidos en conciencia.

Apoyo claro y decidido a la familia fundada en el verdadero matrimonio, monogámico y estable, respondiendo a sus necesidades con servicios que garanticen sus derechos: vivienda digna, reconocimiento del trabajo del ama de casa, ayuda a las madres que trabajan fuera del hogar, beneficios fiscales a las familias numerosas, etc.

Apoyo a la calidad de la enseñanza y garantía efectiva del derecho de los padres a escoger el modelo de educación integral que desean para sus hijos, lo cual exige un apoyo equitativo a los centros de iniciativa social y una regulación satisfactoria de la enseñanza religiosa escolar.

Promoción de una cultura dignificadora de la persona y respetuosa con los valores morales y las creencias religiosas, base del verdadero progreso.

Aplicación de políticas que favorezcan la libre iniciativa social, el trabajo para todos, la justa distribución de las rentas y la moralidad en la vida económica, con una especial atención a los más desfavorecidos de la sociedad: pobres, inmigrantes, ancianos y enfermos que viven solos, etc. En este campo no podemos olvidar las obligaciones de nuestro país con los pueblos subdesarrollados o en vías de desarrollo, pues la solidaridad internacional es una exigencia del orden moral.

Búsqueda sincera de la paz y de la reconciliación y condena de la violencia y del terrorismo”.

C) El 19 de febrero de 2004 se hacía publica la nota ante las elecciones generales del 14 de marzo, en la que los obispos, nuevamente con muy buen criterio a mi parecer, se congratulaban de que el ejercicio del derecho al voto se hubiera consolidado junto con el Estado de Derecho amparado por la Constitución, y pedían que el ejercicio de ese derecho se hiciera “con lucidez y ponderando con sentido crítico las propuestas y las promesas”. De forma algo más extensa que en su documento de 2000, pero con una identidad prácticamente sustancial en sus contenidos y con una referencia específica al respeto de los diferentes pueblos de España, los obispos demandaban a “la conciencia cristiana” que estuviera atenta a cómo los partidos políticos resolvían o se pronunciaban sobre las siguientes cuestiones:

“1. La tutela efectiva del derecho a la vida de cada ser humano desde su concepción hasta su muerte. La producción de embriones humanos y, en particular, su destinación premeditada a la investigación que los mata; el aborto procurado, en cualquiera de sus formas, y la eutanasia, son atentados contra el derecho a la vida que dañan gravemente el bien común y que deben ser justamente prevenidos por las leyes. Declarar que tales acciones serían supuestos derechos civiles, significa llamar bueno a lo que es malo y es situarse en abierta contradicción con el derecho fundamental a la vida.

2. El apoyo claro y decidido a la familia, fundada en la unión indisoluble de vida y amor de una mujer y un varón, es decir, en el verdadero matrimonio. Un apoyo que habrá de expresarse en la facilitación del acceso a la vivienda, en particular a los jóvenes; en el reconocimiento - incluso económico - del trabajo doméstico; en los beneficios fiscales, y de otro orden, con atención específica a las familias numerosas; en una legislación civil que no distorsione la verdadera identidad de la familia y del matrimonio, sino que la robustezca y que favorezca su estabilidad y su convivencia armónica.

3. El fomento de la calidad educativa en todos los centros de enseñanza y la garantía efectiva del derecho de los padres a elegir la educación que desean para sus hijos; garantía que exige un apoyo justo a los centros de iniciativa social y la regulación satisfactoria de la enseñanza religiosa escolar.

4. Políticas sociales y económicas respetuosas y promotoras de la dignidad de las personas, que favorezcan la libre iniciativa social, en la economía y en la cultura; que propicien el trabajo para todos y la justa distribución de las rentas; que presten especial atención a los más desfavorecidos, como los inmigrantes, los ancianos y los enfermos; que atiendan a la necesaria solidaridad de nuestro país con los pueblos subdesarrollados o en vías de desarrollo.

5. Soluciones a los retos de convivencia en el mundo actual guiadas por la búsqueda sincera de la paz y basadas en el respeto al derecho, nacional e internacional, y en el consecuente rechazo incondicional del terrorismo, así como en la promoción de la comprensión y de la solidaridad entre las culturas y los pueblos, especialmente, entre los diversos pueblos de España”.

D) Si nos acercamos ya a la polémica nota del pasado 30 de enero hemos de preguntarnos necesariamente qué ha cambiado con respecto a las anteriores para que haya provocado ese intenso debate e incluso una nota de respuesta casi inmediata por parte de la dirección del Partido Socialista Obrero Español en la que califica de “inmoral que los obispos, como el PP, utilicen el tema del terrorismo para hacer campaña electoral”. A mi parecer no hay cambios de fondo con respecto a la concepción de los obispos sobre la protección del derecho a la vida, de su concepción de la familia fundada en el matrimonio de un hombre y una mujer, o de la defensa del derecho a la educación, y de ahí que no puedan extrañar las críticas vertidas sobre determinadas actuaciones de los poderes públicos que, a su parecer, pueden poner en tela de juicio esos derechos y valores, y que se asientan en un documento no meramente temporal como es el de las “Orientaciones morales ante la situación actual de España”, aprobado el 23 de noviembre de 2006. Quizás los cambios más significativos con respecto a las posiciones adoptadas en los años 2000 y 2004 se encuadran en el ámbito de su posición ante el terrorismo y los nacionalismos, en el bien entendido que en el documento sobre las orientaciones morales se contienen párrafos sensiblemente semejantes, por no decir idénticos, a los que recoge la nota de 30 de enero, pero también hay que decir con toda claridad que me parece muy diferente un documento de alcance intemporal en el que se plantea cómo deben actuar los creyentes ante determinadas situaciones políticas, y en el que incluso se afirma que “una sociedad madura, y más si está animada por un espíritu cristiano, podría adoptar, en algunos casos, alguna medida de indulgencia que facilitara el fin de la violencia”, y un documento orientador del voto de los creyentes ante unas elecciones políticas. Por consiguiente, no hay duda de que el documento sobre orientaciones morales ha sido muy poco leído por nuestros políticos, pero no es menos cierto que la jerarquía eclesial no puede ni debe descalificar cualquier intento de buscar esa ansiada paz, y todos los gobiernos españoles lo han hecho desde el inicio de la transición política en 1977.

En la nota de 2008, bastante más extensa que las anteriores, se orienta el voto de forma que se pide a los cristianos que valoren las diversas ofertas políticas, y que tengan en especial consideración las respuestas de los grupos políticos a estas cuestiones:

“6. “Es preciso afrontar - señala el Papa - con determinación y claridad de propósitos, el peligro de opciones políticas y legislativas que contradicen valores fundamentales y principios antropológicos y éticos arraigados en la naturaleza del ser humano, en particular con respecto a la defensa de la vida humana en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural, y a la promoción de la familia fundada en el matrimonio, evitando introducir en el ordenamiento público otras formas de unión que contribuirían a desestabilizarla, oscureciendo su carácter peculiar y su insustituible función social” (n. 56). La legislación debe proteger al matrimonio, empezando por reconocerlo en su ser propio y específico (n. 41).

7. No es justo tratar de construir artificialmente una sociedad sin referencias religiosas, exclusivamente terrena, sin culto a Dios ni aspiración ninguna a la vida eterna (n. 13). En ese sentido parece que apuntan, entre otras cosas, las dificultades crecientes para incorporar el estudio libre de la religión católica en los currículos de la escuela pública, así como el programa de la nueva asignatura, de carácter obligatorio, denominada “Educación para la ciudadanía” (n.18), que lesiona el derecho de los padres - y de la escuela en colaboración con ellos - a formar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas y morales. Es necesario promover un gran pacto de Estado sobre la base de la libertad de enseñanza y la educación de calidad para todos.

8. El terrorismo es una práctica intrínsecamente perversa, del todo incompatible con una visión moral de la vida justa y razonable. No sólo vulnera gravemente el derecho a la vida y a la libertad, sino que es muestra de la más dura intolerancia y totalitarismo (n. 65). Una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista como representante político de ningún sector de la población, ni puede tenerla como interlocutor político (n. 68).

9. La Iglesia reconoce, en principio, la legitimidad de las posiciones nacionalistas que, sin recurrir a la violencia, por métodos democráticos, pretendan modificar la configuración política de la unidad de España (n. 73). Al mismo tiempo, enseña que, también en este caso, es necesario tutelar el bien común de una sociedad pluricentenaria y - en palabras de Juan Pablo II a los obispos italianos - “superar decididamente las tendencias corporativas y los peligros del separatismo con una actitud honrada de amor al bien de la propia nación y con comportamientos de solidaridad renovada” por parte de todos. Hay que evitar los riesgos de manipulación de la verdad histórica y de la opinión pública en favor de pretensiones particularistas o reivindicaciones ideológicas (n. 74).

10. En este momento de la sociedad española, algunas situaciones concretas deben ser tenidas muy particularmente en cuenta. Nos parece que los inmigrantes necesitan especialmente atención y ayuda. Y, junto a los inmigrantes, los que no tienen trabajo, los que están solos, las jóvenes que pueden caer en las redes de la prostitución, las mujeres humilladas y amenazadas por la violencia doméstica, los niños, objeto de explotaciones y de abusos, y quienes no tienen casa ni familia donde acogerse. Hay que trabajar también para superar las injustas distancias y diferencias entre las personas y las comunidades autónomas, tratando de resolver los problemas más acuciantes, como son el trabajo, la vivienda accesible, o el disfrute equitativo de la naturaleza, compartiendo dones tan indispensables para la vida como el agua y cuidando con esmero el patrimonio común de la creación (n. 80). En el orden internacional, es necesario atender a la justa colaboración al desarrollo integral de los pueblos”.

E) Ojalá todos los creyentes tengamos la suficiente fuerza intelectual y moral para discernir sobre las ofertas políticas que se presentan de cara a las próximas elecciones generales, y actuemos de forma que hagamos buenos los mandatos evangélicos, aunque no coincidan, ese es mi parecer, con algunas de las orientaciones de la jerarquía eclesial. Por mi parte, no duden los obispos que intentaré contribuir a ello, desde el convencimiento, y hago mía la afirmación del padre Abad de la Basílica de Montserrat, Josep Mª Soler, en su homilía de hoy domingo, de que “en la nostra societat plural, els membres de l’Església no podem pretendre tenir cap monopoli; hem de proposar d’una manera serena, atraient i esperançada, sense imposicions, la llum que ens ve de l’Evangeli sobre la persona humana i la convivència en societat. Ho hem de fer a través del diàleg i de la misericòrdia, i no pas de la confrontació. Aquest diàleg ha de partir de la convicció profunda de la pròpia identitat cristiana i ha d’acceptar respectuosament els altres que no tenen a l’Església la seva llar espiritual (cf. Bisbes de Catalunya, “Creure en l’Evangeli...”, n. 7), amb voluntat de convivència i de construir junts una societat més humana, més justa, més respectuosa de la dignitat i dels drets de cada persona; això ens demana de treballar per la pau amb tots els mitjans èticament legítims. Aquestes conviccions ens han de guiar en el nostre camí de la ciutat terrenal a la ciutat del cel”.