1. Es objeto de
anotación en esta entrada del blog la sentencia dictada por la Sala del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, sin conclusiones del abogado general, el 10 de julio (asunto C-275/24)
, con ocasión de la petición de decisión prejudicial planteada, al amparo del
art. 267 del Tratado de funcionamiento de la UE, por el Tribunal Regional de lo
Social del Estado alemán de Renania del
Norte-Westfalia, mediante resolución de 8 de abril de 2024
El litigio versa sobre la interpretación del art. 3
del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 deabril de 2004 (modificado) , sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, y del art. 7.2 del
Reglamento (UE) n.º 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de
abril de 2011 , relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de
la Unión, y los arts. 20 y 21.1. del TFUE.
Se suscita entre una menor de edad, que estuvo
representada por sus progenitores, y el Área Metropolitana de Aquisgrán, por la
negativa de esta a “concederle una prestación de ayuda a la inclusión en forma
de asistencia en la escuela a los hijos con discapacidad”.
El interés de la sentencia es doble: de una parte, el
debate de si la ayuda solicitada está comprendida en el ámbito de aplicación
material del Reglamento 883/2024; de otra, si la negativa a conceder la ayuda se
opone al Reglamento 492/2021 e implica una vulneración del principio de Derecho
Comunitario de la libre circulación de trabajadores. Ya adelanto que la
respuesta a la primera cuestión es negativa, mientras que a la segunda es
afirmativa.
El resumen oficial de la sentencia es el siguiente: “Procedimiento
prejudicial — Seguridad social — Trabajadores migrantes — Reglamento (CE) n.º
883/2004 — Artículo 3 — Ámbito de aplicación material — Libre circulación de
los trabajadores — Artículo 45 TFUE — Reglamento (UE) n.º 492/2011 — Artículo 7
— Igualdad de trato — Ventajas sociales — Hijo menor con discapacidad de un
trabajador transfronterizo — Prestaciones de ayuda a la inclusión en forma de
asistencia en la escuela a los hijos con discapacidad — Requisito de residencia
— Proporcionalidad”
2. En los
apartados 10 a 22 de la sentencia, y en la Resolución del órgano jurisdiccional
alemán remitente, encontramos una amplia y detallada explicación de los hechos
que han dado lugar al conflicto en sede judicial nacional y que llegan al TJUE
mediante la presentación de tres cuestiones prejudiciales (apartado 23).
En apretada síntesis, se trata de una menor de edad
que sufre una discapacidad mental y requiere de cuidados específicos. Según
conocemos en el apartado 10, “la recurrente en el litigio principal, nacional
alemana e irlandesa nacida en Alemania en 2009, vive con sus progenitores en
Bélgica cerca de la frontera alemana. Su madre, nacional alemana, trabaja como
médico por cuenta ajena a tiempo completo en Aquisgrán (Alemania). Su padre,
nacional irlandés, era funcionario de la Unión Europea destinado en Maastricht
(Países Bajos)”.
El conflicto se suscita cuando la parte demandada
denegó su petición de una ayuda económica la inclusión para el curso escolar
2021/2022, con el argumento de que no se cumplía el requisito previsto en la
normativa alemana, al tener la recurrente su residencia habitual en otro país,
Bélgica, corriendo idéntica suerte el recurso administrativo interpuesto contra
dicha denegación y el interpuesto más adelante ante el Tribunal de lo Social de
Aquisgrán, que añadió otra fundamentación
de la decisión desestimatoria, cual era (véase apartado 13) que “el derecho a
las prestaciones de ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela a
los hijos con discapacidad que se contemplan en el SGB IX tampoco puede basarse
en el Derecho de la Unión, dado que estas prestaciones no están comprendidas en
las «prestaciones de enfermedad» a que se refiere el artículo 3, apartado 1,
del Reglamento n.º 883/2004 y que el apartado 5, letra a), de dicho artículo 3
dispone expresamente que este Reglamento no se aplica a la «asistencia social y
sanitaria”»
“«1) ¿Debe
interpretarse el artículo 3 del Reglamento [n.º 883/2004] en el sentido de
que la ayuda a la inclusión con arreglo al [SGB IX], en forma de
asistencia en la escuela, constituye una prestación en el sentido de dicho
artículo 3, por lo que está comprendida en el ámbito de aplicación material del
Reglamento?
En caso de respuesta negativa a la
primera cuestión prejudicial:
2) ¿Debe
interpretarse el artículo 7, apartado 2, del [Reglamento n.º 492/2011] en
el sentido de que se opone a una disposición de Derecho nacional que condiciona
las prestaciones de ayuda a la inclusión con arreglo al SGB IX, en forma
de asistencia en la escuela, a que el beneficiario tenga su residencia habitual
en el territorio nacional?
3) ¿Existe
una restricción injustificada de los derechos del ciudadano de la Unión
reconocidos en los artículos 20 [TFUE] y 21 [TFUE], apartado 1,
cuando la concesión de la ayuda a la inclusión con arreglo al SGB IX, en
forma de asistencia en la escuela, se deniega a los ciudadanos de la Unión que
tengan su domicilio o residencia habitual en otro Estado miembro (limítrofe),
aunque la prestación en especie se materialice en el Estado de residencia?”.
3. El TJUE pasa revista primeramente a la normativa
europea y estatal aplicable.
De la primera, son referenciados del Reglamento
883/2004, el art. 3 (campo de aplicación material), y el art. 70. 2 c)
(concepto de prestaciones sociales no contributivas), así como el anexo X,
dedicado a Alemania; del Reglamento 492/2011, las menciones son al art. 7,
apartados 1 y 2 (igualdad de trato y no discriminación por razón de
nacionalidad).
Del derecho alemán, se mencionan el art. 101.1 del Código
Social, regulador de las prestaciones de ayudas a la inclusión de los alemanes
que tengan su residencia habitual en el extranjero, y el art. 104.1, que
dispone que las prestaciones de la ayuda a la dependencia “se determinarán en
función de las circunstancias del caso concreto...”.
4. Al entrar en la resolución del
conflicto, el TJUE aborda la primera cuestión prejudicial planteada, es decir
si la ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela a los hijos con
discapacidad previstas en Libro IX de Código Social alemán está comprendida en
el ámbito de aplicación material del Reglamento 883/2004.
Ello requiere comprobar primeramente
si tal ayuda es una prestación de seguridad social a los efectos del art. 3.1
de este, por lo que la sala procede a un amplio repaso de la jurisprudencia en
la que se ha abordado ya esta cuestión, apoyándose en las sentencias de 11 de abril
de 2024, asunto C-116/23 , y de 12 de marzo de 2020, asuntoC-769/18 , concluyendo (apartado 33) que una
prestación como la solicitada por la recurrente no está comprendida en el
ámbito de aplicación del Reglamento, , “dado que la concesión de dichas
prestaciones no está supeditada al cumplimiento de requisitos objetivos, sino
que se basa en una apreciación individual por parte de la autoridad nacional
competente de las necesidades de la persona de que se trate “
Recordemos que en la primera
sentencia citada, el TJUE manifestó que “32
Con carácter preliminar, hay que subrayar que la distinción entre las
prestaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 883/2004 y
las excluidas de él se basa esencialmente en los elementos constitutivos de
cada prestación, principalmente en su finalidad y en los requisitos para
obtenerla, y no en el hecho de que una prestación sea o no calificada de
prestación de seguridad social por una legislación nacional (sentencia de 15 de
junio de 2023, Thermalhotel Fontana, C‑411/22, EU:C:2023:490, apartado 22 y
jurisprudencia citada).
33 De este modo, según reiterada
jurisprudencia, una prestación podrá considerarse prestación de seguridad
social en la medida en que, por una parte, al margen de cualquier apreciación
individual y discrecional de las necesidades personales de sus beneficiarios,
se conceda a estos en función de una situación legalmente definida y en la
medida en que, por otra parte, tenga relación con alguna de las contingencias
expresamente enumeradas en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o
883/2004. Estos dos requisitos son acumulativos (sentencia de 15 de junio de
2023, Thermalhotel Fontana, C‑411/22, EU:C:2023:490, apartado 23 y
jurisprudencia citada)”.
Y en la segunda sentencia
mencionada, que el art. 3 del Reglamento 883/2004 debe interpretarse
“en el sentido de que la ayuda para
la integración de los niños y adolescentes con discapacidad mental, prevista en
el artículo 35a del libro VIII del Sozialgesetzbuch (Código de Seguridad
Social), no constituye una prestación a efectos de dicho artículo 3 y, por
consiguiente, no está comprendida en el ámbito de aplicación material de ese
Reglamento”.
5. Pasa a continuación la Sala al
examen de la segunda cuestión prejudicial, cuya respuesta tendrá como consecuencia
que no se pronuncie ya sobre la tercera planteada.
Se trata de determinar si la
normativa interna se opone al principio de la libre circulación de trabajadores
recogido en el art. 45 del TFUR, llegando el TJUE a una conclusión afirmativa, nuevamente
basada en la aplicación de una consolidada jurisprudencia al respecto (sentencias
de 15 de junio de 2023, asunto C-411/22,
2 de abril de 2020, asunto C-830/18, 20 de junio de 1985, asunto
C-94/84, 18 de junio de 1987, asunto
C-316/85, 20 de junio de 2013, asunto C-20/12), cuya síntesis es que la ayuda solicitada
es una “ventaja social” en el sentido del art. 7.2 del Reglamento 492/2011, a
la que puede acceder la solicitante por ser hija de una trabajadora
transfronteriza a la que debe aplicarse el principio de igualdad de trato en la
concesión de dicha “ventaja social”.
Para el examen de la sentencia de
15 de junio de 2023 remito a la entrada “UE. Más sobre la libre circulación de
trabajadores. Una nota a las sentencias del TJUE de 15 de junio de 2023
(asuntos C-132/22 y C-411/22). A propósito de la presentación de “Derecho
Social de la UE. Aplicación por el TJ” (3ª edición)”
¿Cuáles eran los argumentos del
gobierno alemán para justificar la diferencia de trato entre quienes vivían en
su territorio y aquellos que, aun prestando su actividad profesional en
Alemania, residían en otro Estado? Los conocemos en el apartado 47:
“está justificado por el objetivo consistente en
garantizar, por un lado, un vínculo real entre el solicitante de las
prestaciones de ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela a los
hijos con discapacidad y el Estado miembro que concede esta ayuda y, por otro
lado, el equilibrio financiero del sistema nacional de seguridad social”.
El TJUE no cuestiona que tales argumentos puedan ser válidos,
en la medida que pueden constituir “ objetivos legítimos que pueden justificar
restricciones a la libre circulación de los trabajadores”, con cita de la sentencia
de 25 de julio de 2018 (asunto C-679/16) , pero inmediatamente añade que
“un requisito de residencia como el que es objeto del
litigio principal va más allá de lo necesario para alcanzar sus objetivos. En
efecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, dado que los
trabajadores transfronterizos contribuyen a la financiación de las políticas
sociales del Estado miembro de acogida por las cotizaciones fiscales y sociales
que pagan en dicho Estado en virtud de la actividad laboral que en él ejercen,
deben poder beneficiarse, en concreto, de las ventajas sociales en las mismas
condiciones que los trabajadores residentes”,
con apoyo en la sentencia de 16 de mayo de 2024, asunto
C‑27/23, para cuyo examen remito a la entrada “UE. Libre circulación de
trabajadores. Trabajadores transfronterizos. Igualdad de trato en el percibo de
subsidio familiar. Notas a la sentencia del TJUE de 16 de mayo de 2024 (asunto
C-27/23)” , siendo el fallo de dicha sentencia la declaración de que el art. 45 TFUE y el
art.7.2 del Reglamento 492/2011, debían interpretarse en el sentido de que “se
oponen a la legislación de un Estado miembro en virtud de la cual un trabajador
no residente no puede percibir una prestación familiar vinculada al ejercicio,
por su parte, de una actividad por cuenta ajena en dicho Estado miembro por un
menor acogido en su hogar en virtud de una resolución judicial y cuya custodia
tiene atribuida, mientras que un menor que haya sido objeto de un acogimiento
judicial y que resida en ese Estado miembro tiene derecho a percibir dicha
prestación, que se abona a la persona física o jurídica encargada de la
custodia de ese menor. La circunstancia de que el trabajador no residente se
haga cargo de la manutención del menor acogido solo puede tenerse en cuenta en
el marco de la concesión de una prestación familiar a ese trabajador por un
menor acogido en su hogar si la legislación nacional aplicable establece tal
requisito para la concesión de dicha prestación a un trabajador residente que
tenga atribuida la custodia de un menor acogido en su hogar”.
5. Por todo lo anteriormente expuesto, el TJUE declara
que
1) El
artículo 3 del Reglamento 883/2004 debe interpretarse en el sentido
de que “unas prestaciones como las de ayuda a la inclusión en forma de
asistencia en la escuela a los hijos con discapacidad previstas en el Neuntes
Buch Sozialgesetzbuch (Código Social, Libro IX) no están comprendidas en
el ámbito de aplicación material del Reglamento n.º 883/2004, en su
versión modificada por el Reglamento n.º 988/2009, dado que la concesión
de dichas prestaciones no está supeditada al cumplimiento de requisitos
objetivos, sino que se basa en una apreciación individual por parte de la
autoridad nacional competente de las necesidades de la persona de que se trate”
2) El
artículo 7.2 del Reglamento 492/2011 debe interpretarse en el sentido
de que “se opone a una normativa nacional que supedita la concesión de
unas prestaciones de ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela
al hijo con discapacidad de un trabajador transfronterizo, nacional de la
Unión, al requisito de que ese hijo resida en el territorio nacional, ya que
tal requisito va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos
perseguidos por dicha normativa”.
Buena
lectura.
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