sábado, 3 de marzo de 2018

Trabajo decente y economía digital. Notas a la proposición de ley presentada por el grupo socialista y aprobada por el Congreso de los Diputados el 22 de febrero de 2018.




El texto fue debatido enla sesión plenaria del día 20, y tras la incorporación de enmiendas presentadas por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario Mixto (diputado Sr. Campuzano, PDCat) fue aprobada por208 votos a favor y 129 en contra.

El texto de la moción fue presentado por la diputada socialista Sra. Peña, quien expuso que su grupo quería “poner en primer plano de la agenda política el futuro del empleo y la economía digital, una nueva economía digital que nos trae las oportunidades que para el crecimiento económico y el empleo implica el proceso de digitalización pero también los riesgos sobre la calidad del empleo y la exclusión social que puede producir, y es nuestra obligación aquí enfrentarnos a las consecuencias de este modo diferente de concebir las relaciones laborales”. Puso de manifiesto el parecer del grupo socialista de que “Nuestro modelo laboral no está adaptado a las innovaciones tecnológicas y al desempleo estructural que sufrimos habrá que sumarle en breve el desempleo tecnológico. Hay que señalar los elementos de la precarización donde inciden las nuevas tecnologías; hay que atender a una nueva y mayor precariedad, y tenemos que hacerlo además con perspectiva de género, así que no podemos pasar de puntillas por la legislación laboral, por la reforma laboral de este Gobierno. Por tanto nuestra obligación es garantizar un marco de calidad normativa y el paso previo, sí o sí, es acabar y derogar las reformas laborales y devolver la calidad en el empleo”.

La proposición de ley fue rechazada por el diputado de Foro Asturias Sr. Martínez, argumentando que el gobierno español ya estaba trabajando desde hace tiempo en propuestas y medidas para abordar el cambio que supone la economía digital. Fue aceptada, aunque con muchos matices respecto a las propuestas presentadas sobre la regulación del contrato a tiempo parcial, por el diputado del PDCat Sr. Campuzano, quien formuló una reflexión del alcance general enfatizando que “Nos encontramos ante una de las transformaciones más grandes a las que hacen frente nuestras economías, una acumulación de cambios tecnológicos, que son múltiples, que se acumulan, que son de carácter universal y que no solo transforman el mundo del trabajo sino el mundo de los negocios. El esfuerzo político que debe hacerse —de hecho, se está haciendo en el conjunto de los países avanzados— está en cómo adaptamos nuestras instituciones laborales y de protección social a esos cambios que se están produciendo ya y que se van a producir con mayor intensidad en el futuro”.

Por el grupo de Ciudadanos, su portavoz Sr. Del Campo manifestó, sacando pecho de sus propuestas anteriores, que “Estamos de acuerdo con muchos de los puntos de esta larga moción; de hecho, le diré que ha sido Ciudadanos quien está tratando de impulsar el cambio del modelo productivo, ha sido Ciudadanos el que ha conseguido arrancar en los presupuestos de 2017 hasta 2200 millones para impulsar la innovación y la economía del futuro, para modernizar los servicios públicos de empleo con herramientas novedosas como el perfilado estadístico, para poner en manos de los trabajadores la formación en competencias digitales a través del cheque formación o para revolucionar el modelo educativo. Pero ustedes insisten en derogar y derogar en vez de plantear soluciones y a veces se pasan de frenada”.

La diputada Sr. Vidal, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, remarcó que “el desarrollo digital no puede ser, evidentemente, una excusa para seguir externalizando y precarizando nuestras vidas. En conclusión, es necesario gobernar la digitalización en favor de la mayoría, básicamente para asegurar que las transformaciones tecnológicas contribuyan a la transformación de nuestro modelo productivo y para garantizar que los frutos de las mejoras de la productividad se repartan de manera equitativa y mejoren las condiciones laborales”.

La importancia de la formación fue destacada por el diputado del grupo parlamentario vasco, Sr. Barandiarán, en estos términos: “O se hace una apuesta decidida por modelos de formación basados en la cualificación tecnológica y se vincula dicho proceso formativo —bien el básico o bien el universitario— con ese tejido empresarial o será absurdo hablar de calidad en el empleo. La calidad en el empleo no vendrá en lo fundamental de modelos de protección laboral, sino de la cualificación y del valor añadido. Mientras no cambie la mentalidad de que el precio es el elemento diferencial en lugar de la calidad del servicio de la actividad, seguiremos dependiendo de modelos precarizados de relación laboral y ese es el problema. El empleo del futuro será de calidad, porque se prestará por personas cualificadas en empresas adaptadas a una estructura competitiva basada en la calidad del producto y no en su precio y tal hecho exige a los agentes realizar un esfuerzo más importante, sobre todo, en la formación cualificada, en la formación dual”.  El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Sr. Salvador puso el acento en que hay que regular “..los efectos de las plataformas digitales, una economía mal llamada colaborativa cuando es una máquina de crear falsos autónomos y un paraíso para el fraude a la Seguridad Social; la regularización efectiva del teletrabajo; la clarificación reglamentaria de los métodos de control e información a los trabajadores en el caso de vigilancia o seguimiento de sus comunicaciones o la hiperconectividad de trabajadores que deben estar permanentemente enganchados a su actividad laboral”.

Por último, el diputado del Grupo Popular Sr. Candón destacó lo que al parecer de su grupo son los grandes logros en materia de empleo que ha alcanzado el gobierno, así como todas las medidas ya implantadas o en fase puesta en marcha para abordar los cambios que implica la economía digital, criticó duramente la política socialista, y puso de manifiesto, en una línea semejante a los de otros intervinientes en el debate, que “La economía digital es un reto que debemos afrontar entre todos. No debemos perder ninguna oportunidad de emprendimiento ni vamos a dejar que se menoscaben los derechos de los trabajadores por esta nueva realidad. Tenemos que seguir adoptando medidas para que nuestra economía siga creciendo y creando empleo”.

2. No será esta ocasión, ni mucho menos, la última en la que el Congreso debata sobre reformas laborales, aunque después el propio Parlamento, o el gobierno, no concreten cómo llevar a cabo las propuestas presentadas y aprobadas.

Poco antes, se había aprobado la tramitación de la proposición de ley sobre igualdad retributivaentre mujeres y hombres presentada por el  Grupo ParlamentarioConfederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, con la única abstención de los diputados y diputadas del grupo popular, por lo que será muy interesante ver que tesis defienden los distintos grupos con ocasión de su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Próximamente tendremos un nuevo debate en el Congreso, con ocasión de la presentación por el grupo parlamentario de Ciudadanos, el pasado 27 de febrero, de la “Proposición de Ley de luchacontra la precariedad laboral”, en cuya exposición de motivos puede leerse, tras una dura crítica a las políticas laborales puestas en marcha hasta el presente por los gobiernos anteriores, por considerar que no han acabado con la precariedad ni han logrado un modelo laboral más estable, que la proposición se justifica “porque intenta cambiar, desde un nuevo enfoque, lo que hasta ahora no ha dado resultado”, enfatizando que su propuesta supone “la generalización del contrato por tiempo indefinido”, y que ello implica, con obligadas modificaciones normativas, “un cambio de planteamiento capaza de transformar las dinámicas de la contratación laboral”. Dejo el análisis de la proposición de Ciudadanos para otro momento.

3. Regreso a la moción socialista aprobada el día 22 de febrero, con las enmiendas incorporadas (no se aceptaron las dos propuestas por Ciudadanos, tendentes a la adopción por las Comunidades Autónomas de los cheques de formación, y la puesta a disposición de los servicios públicos de empleo del programa de perfilado estadístico “basado en los datos personales y competencias profesionales de las personas desempleadas”.

Destaco aquellos contenidos que a mi parecer son más relevantes, y remito a todas las personas interesadas a la lectura íntegra del texto, inusualmente largo para tratarse de una moción, y que se debe, supongo, a que se ha querido incorporar no sólo referencias concretas a cómo abordar el cambio en la economía digital sino también propuestas de reforma de la normativa laboral aprobada desde 2012 y que ha provocado a mi parecer, y hay coincidencia en este punto en una amplia mayoría de la doctrina científica iuslaboralista, la ampliación del poder de decisión unilateral del empleador en la fijación de las condiciones de trabajo y un debilitamiento de la negociación colectiva sectorial como instrumento regulador de las condiciones de trabajo en los diferentes sectores de actividad.

La moción insta al gobierno a presentar una Estrategia integral, tras haber alcanzado un acuerdo en el marco del diálogo social puesto en marcha el mes de septiembre de 2017 (que marcha a ritmo muy lento, por decirlo de forma suave) y con la cooperación de las autonomías (no se olvide que son competentes en materia de ejecución de la legislación laboral y que tienen amplias competencias en materia de empleo) que permita una regulación que, de forma gradual en el tránsito de las formas económicas actuales a la que supone, y supondrá aún más a medio plazo, la economía digital, favorezca que el empleo que se cree sea de calidad (trabajo decente, digno y con derechos, añado por mi parte, por utilizar la terminología de la Organización Internacional del Trabajo), y que al mismo tiempo contribuya a “prevenir y mitigar sus riesgos”, cuales son el incremento de personas desempleadas por falta de adecuación a las cualificaciones y competencias requeridas, y el aumento del número de personas que no perciban rentas sustitutivas de la pérdida de su empleo (lo que nos lleva a otro debate de indudable importancia y que dejo aquí apuntado, cual es de la regulación de un  ingreso mínimo para toda persona que lo necesite, o bien yendo mucho más lejos una renta básica para todo ciudadano y no vinculada a su actividad laboral).

Dicha estrategia deberá evaluar y valorar el impacto del cambio tecnológico, y deberá hacerlo teniendo en consideración la diversidad de la población trabajadora y de la actividad productiva, así como de las diferentes realidades territoriales; es decir, una evaluación y valoración “con distinción de sexo, edad, formación, renta, hogares y territorio, para lo que elaborará una serie de indicadores de información, con el fin de determinar la brecha digital”.

Hay a continuación una batería de propuestas que en síntesis son las ya planteadas en anteriores ocasiones, con acogimiento por el  Congreso en más de una ocasión pero sin traslación alguna al marco normativo, de reformas/modificaciones/derogaciones de la normativa laboral, pidiendo la aprobación de un proyecto de ley que garantice la igualdad de derechos y de oportunidades ante el desarrollo y aplicación del cambio tecnológico en las relaciones de trabajo, en el que se refuerce la negociación colectiva como vía esencial para dicha regulación, y solicitando que la protección de las personas trabajadoras que desarrollan su actividad en la economía digital se lleva a cabo “con independencia de su situación profesional” (nuevamente aparece el debate de la protección de todas las personas trabajadoras, más allá de su estatus jurídico concreto).

Las medidas laborales deben ir acompañadas de otras que incidan en el cambio del modelo productivo y en la organización y funcionamiento de las empresas (menos estructuras jerárquicas y mucha mas implicación del personal, ya sea tanto por vía individual como colectiva, en todas aquellas decisiones que afecten a la actividad productiva), y por supuesto en el ámbito formativo laboral, para evitar el desajuste entre la demanda y la oferta de profesionales con competencias en las tecnologías de la información y comunicación (TICs) como en el educativo, pidiendo que se garantice la alfabetización digital en todas las fases del proceso de educación y que se cree en el seno del Ministerio de Empleo y Seguridad Social un observatorio especifico del empleo digital.

Repárese en especial en la importancia que tiene la proposición de ley aprobada respecto a los posibles contenidos de una negociación colectiva enfocada a dar respuesta, desde una perspectiva inclusiva, a los nuevos retos planteados, en el bien entendido a mi parecer que no se trata sólo del debate en sede negocial sino también de cambios que deben instarse por vía legislativa en más de una ocasión para garantizar la pretendida igualdad de derechos para todas las personas trabajadoras.

Entre los “nuevos contenidos” (se listan hasta quince, si bien la mayor parte de ellos pueden ser, y de hecho son en bastantes convenios, objeto de atención) cabe destacar a mi parecer la importancia de la regulación del tiempo de trabajo, la protección de datos, la vigilancia y privacidad (con obligada atención al seguimiento de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) el derecho a la desconexión digital (soy del parecer que la aprobación de una ley en España debería ser muy abierta para que en la negociación colectiva se pudiera impulsar estas medidas de desconexión digital, ya que el tiempo de vida y de trabajo está ahora más difuminado que nunca, y es difícil llevar a la práctica eso de señalar de forma radical que hay que cortar a una hora concreta), medidas de anticipación al cambio en forma de políticas de adaptación del personal, mayor presencia de los representantes de los trabajadores, como ya he apuntado, en todas las decisiones que les afecten, tanto en sede empresarial como en los diversos sectores de actividad.

Y todo ello, enmarcado dentro de un desiderátum que plantea la proposición y que es muy difícil de llevar a la práctica mientras la inestabilidad sea la nota predominante en el mercado laboral  (y obsérvese bien que no me refiero a la duración, temporal o indefinida, del contrato, sino al conjunto de condiciones de trabajo) cual es la necesidad de una “implicación legislativa” (más claro, nueva normativa laboral) “para rediseñar y reorientar el actual modelo de relaciones laborales hacia actitudes más participativas”.

Se incluyen igualmente propuestas para adoptar medidas de protección social (prestaciones por desempleo, ya sean contributivas o asistenciales, debates sobre rentas económicas desvinculadas del trabajo, cambios en el sistema de fiscalidad) que en cualquier caso lleven a impedir la exclusión social que pudiera derivarse del proceso de digitalización.

Por último, y acogiéndose la enmienda del PDCat, se pide una vez más al gobierno que presente durante la actual  legislatura un informe que verse sobre “la definición de las modificaciones normativas necesarias para adecuar las relaciones económico-laborales entre individuos y empresas en el marco de las plataformas digitales” (petición ya aprobada por la Comisión de Empleo y Seguridad Social el 13 de diciembre de 2017), en el que deberá identificarse “las reformas necesarias para adecuar la legislación económica laboral vigente, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, a los desafíos del cambio tecnológico sobre nuestro sistema productivo, así como a las plataformas digitales y a sus usuarios”.

En dicho informe deberá haber propuestas para garantizar la seguridad jurídica de la parte empresarial y trabajadora, así como de los usuarios de las plataformas digitales, sin olvidar la protección social necesaria de todas las personas que llevan a cabo actividades laborales en aquellas, sin que en la proposición de ley se formule manifestación alguna (lógicamente para buscar el acuerdo de todos los grupos) respecto al vínculo jurídico (relación laboral contractual asalariada, autónomos) existente entre quien presta unos servicios y la plataforma a través de la que se opera.

Dicho sea incidentalmente, de esta importante cuestión se debatirá en la próximas jornadas catalanas deDerecho Social, organizadas por la Asociación Catalana de Iuslaboralistas losdías 8 y 9 de marzo, que versarán justamente sobre nuevas tecnologías y relaciones laborales, y en las que tendremos la suerte de contar con destacadas y destacados ponentes, entre ellos la profesora Consuelo Chacartegui y los profesores Antonio Baylos, Ferran Camas e Ignasi Beltrán de Heredia, estando ya disponible en el blog de este último su exhaustiva ponencia, que sin duda incita a la reflexión y debate sobre las relaciones laborales y la economía de las plataformas, en especial por lo que respecta a la vinculación jurídica de las personas que prestan sus servicios en o para aquellas. 

Buena lectura.    

No hay comentarios: