1. El grupo parlamentario
socialista del Congreso de los Diputados presentó el 15 de febrero una moción,consecuencia de una interpelación urgente anterior, “sobre las medidas que piensaadoptar el Gobierno para asegurar unas condiciones de trabajo dignas y decalidad en la economía digital”.
El texto fue debatido enla sesión plenaria del día 20, y tras la incorporación de enmiendas presentadas
por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
y el Grupo Parlamentario Mixto (diputado Sr. Campuzano, PDCat) fue aprobada por208 votos a favor y 129 en contra.
El texto de la moción fue
presentado por la diputada socialista Sra. Peña, quien expuso que su grupo
quería “poner en primer plano de la agenda política el futuro del empleo y la
economía digital, una nueva economía digital que nos trae las oportunidades que
para el crecimiento económico y el empleo implica el proceso de digitalización
pero también los riesgos sobre la calidad del empleo y la exclusión social que
puede producir, y es nuestra obligación aquí enfrentarnos a las consecuencias
de este modo diferente de concebir las relaciones laborales”. Puso de
manifiesto el parecer del grupo socialista de que “Nuestro modelo laboral no
está adaptado a las innovaciones tecnológicas y al desempleo estructural que
sufrimos habrá que sumarle en breve el desempleo tecnológico. Hay que señalar
los elementos de la precarización donde inciden las nuevas tecnologías; hay que
atender a una nueva y mayor precariedad, y tenemos que hacerlo además con
perspectiva de género, así que no podemos pasar de puntillas por la legislación
laboral, por la reforma laboral de este Gobierno. Por tanto nuestra obligación
es garantizar un marco de calidad normativa y el paso previo, sí o sí, es
acabar y derogar las reformas laborales y devolver la calidad en el empleo”.
La proposición de ley fue
rechazada por el diputado de Foro Asturias Sr. Martínez, argumentando que el
gobierno español ya estaba trabajando desde hace tiempo en propuestas y medidas
para abordar el cambio que supone la economía digital. Fue aceptada, aunque con
muchos matices respecto a las propuestas presentadas sobre la regulación del
contrato a tiempo parcial, por el diputado del PDCat Sr. Campuzano, quien formuló
una reflexión del alcance general enfatizando que “Nos encontramos ante una de
las transformaciones más grandes a las que hacen frente nuestras economías, una
acumulación de cambios tecnológicos, que son múltiples, que se acumulan, que
son de carácter universal y que no solo transforman el mundo del trabajo sino
el mundo de los negocios. El esfuerzo político que debe hacerse —de hecho, se
está haciendo en el conjunto de los países avanzados— está en cómo adaptamos
nuestras instituciones laborales y de protección social a esos cambios que se
están produciendo ya y que se van a producir con mayor intensidad en el futuro”.
Por el grupo de Ciudadanos,
su portavoz Sr. Del Campo manifestó, sacando pecho de sus propuestas
anteriores, que “Estamos de acuerdo con muchos de los puntos de esta larga
moción; de hecho, le diré que ha sido Ciudadanos quien está tratando de impulsar
el cambio del modelo productivo, ha sido Ciudadanos el que ha conseguido
arrancar en los presupuestos de 2017 hasta 2200 millones para impulsar la
innovación y la economía del futuro, para modernizar los servicios públicos de
empleo con herramientas novedosas como el perfilado estadístico, para poner en
manos de los trabajadores la formación en competencias digitales a través del
cheque formación o para revolucionar el modelo educativo. Pero ustedes insisten
en derogar y derogar en vez de plantear soluciones y a veces se pasan de
frenada”.
La diputada Sr. Vidal,
del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, remarcó
que “el desarrollo digital no puede ser, evidentemente, una excusa para seguir
externalizando y precarizando nuestras vidas. En conclusión, es necesario
gobernar la digitalización en favor de la mayoría, básicamente para asegurar
que las transformaciones tecnológicas contribuyan a la transformación de
nuestro modelo productivo y para garantizar que los frutos de las mejoras de la
productividad se repartan de manera equitativa y mejoren las condiciones
laborales”.
La importancia de la
formación fue destacada por el diputado del grupo parlamentario vasco, Sr.
Barandiarán, en estos términos: “O se hace una apuesta decidida por modelos de
formación basados en la cualificación tecnológica y se vincula dicho proceso
formativo —bien el básico o bien el universitario— con ese tejido empresarial o
será absurdo hablar de calidad en el empleo. La calidad en el empleo no vendrá
en lo fundamental de modelos de protección laboral, sino de la cualificación y
del valor añadido. Mientras no cambie la mentalidad de que el precio es el
elemento diferencial en lugar de la calidad del servicio de la actividad,
seguiremos dependiendo de modelos precarizados de relación laboral y ese es el
problema. El empleo del futuro será de calidad, porque se prestará por personas
cualificadas en empresas adaptadas a una estructura competitiva basada en la
calidad del producto y no en su precio y tal hecho exige a los agentes realizar
un esfuerzo más importante, sobre todo, en la formación cualificada, en la
formación dual”. El diputado de Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC) Sr. Salvador puso el acento en que hay que
regular “..los efectos de las plataformas digitales, una economía mal llamada
colaborativa cuando es una máquina de crear falsos autónomos y un paraíso para
el fraude a la Seguridad Social; la regularización efectiva del teletrabajo; la
clarificación reglamentaria de los métodos de control e información a los
trabajadores en el caso de vigilancia o seguimiento de sus comunicaciones o la
hiperconectividad de trabajadores que deben estar permanentemente enganchados a
su actividad laboral”.
Por último, el diputado
del Grupo Popular Sr. Candón destacó lo que al parecer de su grupo son los
grandes logros en materia de empleo que ha alcanzado el gobierno, así como
todas las medidas ya implantadas o en fase puesta en marcha para abordar los
cambios que implica la economía digital, criticó duramente la política
socialista, y puso de manifiesto, en una línea semejante a los de otros
intervinientes en el debate, que “La economía digital es un reto que debemos
afrontar entre todos. No debemos perder ninguna oportunidad de emprendimiento
ni vamos a dejar que se menoscaben los derechos de los trabajadores por esta
nueva realidad. Tenemos que seguir adoptando medidas para que nuestra economía
siga creciendo y creando empleo”.
2. No será esta ocasión,
ni mucho menos, la última en la que el Congreso debata sobre reformas
laborales, aunque después el propio Parlamento, o el gobierno, no concreten cómo
llevar a cabo las propuestas presentadas y aprobadas.
Poco antes, se había
aprobado la tramitación de la proposición de ley sobre igualdad retributivaentre mujeres y hombres presentada por el Grupo ParlamentarioConfederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, con la única abstención de
los diputados y diputadas del grupo popular, por lo que será muy interesante
ver que tesis defienden los distintos grupos con ocasión de su debate en la
Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Próximamente tendremos un
nuevo debate en el Congreso, con ocasión de la presentación por el grupo parlamentario
de Ciudadanos, el pasado 27 de febrero, de la “Proposición de Ley de luchacontra la precariedad laboral”, en cuya exposición de motivos puede leerse,
tras una dura crítica a las políticas laborales puestas en marcha hasta el
presente por los gobiernos anteriores, por considerar que no han acabado con la
precariedad ni han logrado un modelo laboral más estable, que la proposición se
justifica “porque intenta cambiar, desde un nuevo enfoque, lo que hasta ahora
no ha dado resultado”, enfatizando que su propuesta supone “la generalización
del contrato por tiempo indefinido”, y que ello implica, con obligadas
modificaciones normativas, “un cambio de planteamiento capaza de transformar
las dinámicas de la contratación laboral”. Dejo el análisis de la proposición
de Ciudadanos para otro momento.
3. Regreso a la moción socialista
aprobada el día 22 de febrero, con las enmiendas incorporadas (no se aceptaron
las dos propuestas por Ciudadanos, tendentes a la adopción por las Comunidades
Autónomas de los cheques de formación, y la puesta a disposición de los
servicios públicos de empleo del programa de perfilado estadístico “basado en
los datos personales y competencias profesionales de las personas desempleadas”.
Destaco aquellos contenidos
que a mi parecer son más relevantes, y remito a todas las personas interesadas
a la lectura íntegra del texto, inusualmente largo para tratarse de una moción,
y que se debe, supongo, a que se ha querido incorporar no sólo referencias concretas
a cómo abordar el cambio en la economía digital sino también propuestas de
reforma de la normativa laboral aprobada desde 2012 y que ha provocado a mi
parecer, y hay coincidencia en este punto en una amplia mayoría de la doctrina
científica iuslaboralista, la ampliación del poder de decisión unilateral del
empleador en la fijación de las condiciones de trabajo y un debilitamiento de la
negociación colectiva sectorial como instrumento regulador de las condiciones
de trabajo en los diferentes sectores de actividad.
La moción insta al
gobierno a presentar una Estrategia integral, tras haber alcanzado un acuerdo
en el marco del diálogo social puesto en marcha el mes de septiembre de 2017
(que marcha a ritmo muy lento, por decirlo de forma suave) y con la cooperación
de las autonomías (no se olvide que son competentes en materia de ejecución de
la legislación laboral y que tienen amplias competencias en materia de empleo)
que permita una regulación que, de forma gradual en el tránsito de las formas
económicas actuales a la que supone, y supondrá aún más a medio plazo, la economía
digital, favorezca que el empleo que se cree sea de calidad (trabajo decente,
digno y con derechos, añado por mi parte, por utilizar la terminología de la
Organización Internacional del Trabajo), y que al mismo tiempo contribuya a “prevenir
y mitigar sus riesgos”, cuales son el incremento de personas desempleadas por
falta de adecuación a las cualificaciones y competencias requeridas, y el
aumento del número de personas que no perciban rentas sustitutivas de la pérdida
de su empleo (lo que nos lleva a otro debate de indudable importancia y que
dejo aquí apuntado, cual es de la regulación de un ingreso mínimo para toda persona que lo necesite,
o bien yendo mucho más lejos una renta básica para todo ciudadano y no
vinculada a su actividad laboral).
Dicha estrategia deberá evaluar
y valorar el impacto del cambio tecnológico, y deberá hacerlo teniendo en consideración
la diversidad de la población trabajadora y de la actividad productiva, así
como de las diferentes realidades territoriales; es decir, una evaluación y
valoración “con distinción de sexo, edad, formación, renta, hogares y
territorio, para lo que elaborará una serie de indicadores de información, con
el fin de determinar la brecha digital”.
Hay a continuación una batería
de propuestas que en síntesis son las ya planteadas en anteriores ocasiones, con
acogimiento por el Congreso en más de
una ocasión pero sin traslación alguna al marco normativo, de reformas/modificaciones/derogaciones
de la normativa laboral, pidiendo la aprobación de un proyecto de ley que garantice
la igualdad de derechos y de oportunidades ante el desarrollo y aplicación del
cambio tecnológico en las relaciones de trabajo, en el que se refuerce la
negociación colectiva como vía esencial para dicha regulación, y solicitando
que la protección de las personas trabajadoras que desarrollan su actividad en
la economía digital se lleva a cabo “con independencia de su situación
profesional” (nuevamente aparece el debate de la protección de todas las
personas trabajadoras, más allá de su estatus jurídico concreto).
Las medidas laborales
deben ir acompañadas de otras que incidan en el cambio del modelo productivo y
en la organización y funcionamiento de las empresas (menos estructuras
jerárquicas y mucha mas implicación del personal, ya sea tanto por vía individual
como colectiva, en todas aquellas decisiones que afecten a la actividad
productiva), y por supuesto en el ámbito formativo laboral, para evitar el
desajuste entre la demanda y la oferta de profesionales con competencias en las
tecnologías de la información y comunicación (TICs) como en el educativo,
pidiendo que se garantice la alfabetización digital en todas las fases del
proceso de educación y que se cree en el seno del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social un observatorio especifico del empleo digital.
Repárese en especial en
la importancia que tiene la proposición de ley aprobada respecto a los posibles
contenidos de una negociación colectiva enfocada a dar respuesta, desde una perspectiva
inclusiva, a los nuevos retos planteados, en el bien entendido a mi parecer que
no se trata sólo del debate en sede negocial sino también de cambios que deben
instarse por vía legislativa en más de una ocasión para garantizar la
pretendida igualdad de derechos para todas las personas trabajadoras.
Entre los “nuevos
contenidos” (se listan hasta quince, si bien la mayor parte de ellos pueden
ser, y de hecho son en bastantes convenios, objeto de atención) cabe destacar a
mi parecer la importancia de la regulación del tiempo de trabajo, la protección
de datos, la vigilancia y privacidad (con obligada atención al seguimiento de
la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) el derecho a la
desconexión digital (soy del parecer que la aprobación de una ley en España debería
ser muy abierta para que en la negociación colectiva se pudiera impulsar estas
medidas de desconexión digital, ya que el tiempo de vida y de trabajo está
ahora más difuminado que nunca, y es difícil llevar a la práctica eso de
señalar de forma radical que hay que cortar a una hora concreta), medidas de
anticipación al cambio en forma de políticas de adaptación del personal, mayor
presencia de los representantes de los trabajadores, como ya he apuntado, en
todas las decisiones que les afecten, tanto en sede empresarial como en los
diversos sectores de actividad.
Y todo ello, enmarcado
dentro de un desiderátum que plantea la proposición y que es muy difícil de
llevar a la práctica mientras la inestabilidad sea la nota predominante en el
mercado laboral (y obsérvese bien que no
me refiero a la duración, temporal o indefinida, del contrato, sino al conjunto
de condiciones de trabajo) cual es la necesidad de una “implicación legislativa”
(más claro, nueva normativa laboral) “para rediseñar y reorientar el actual
modelo de relaciones laborales hacia actitudes más participativas”.
Se incluyen igualmente
propuestas para adoptar medidas de protección social (prestaciones por desempleo,
ya sean contributivas o asistenciales, debates sobre rentas económicas
desvinculadas del trabajo, cambios en el sistema de fiscalidad) que en cualquier
caso lleven a impedir la exclusión social que pudiera derivarse del proceso de
digitalización.
Por último, y acogiéndose
la enmienda del PDCat, se pide una vez más al gobierno que presente durante la
actual legislatura un informe que verse
sobre “la definición de las modificaciones normativas necesarias para adecuar
las relaciones económico-laborales entre individuos y empresas en el marco de
las plataformas digitales” (petición ya aprobada por la Comisión de Empleo y
Seguridad Social el 13 de diciembre de 2017), en el que deberá identificarse “las
reformas necesarias para adecuar la legislación económica laboral vigente,
tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, a los desafíos del cambio
tecnológico sobre nuestro sistema productivo, así como a las plataformas
digitales y a sus usuarios”.
En dicho informe deberá
haber propuestas para garantizar la seguridad jurídica de la parte empresarial
y trabajadora, así como de los usuarios de las plataformas digitales, sin
olvidar la protección social necesaria de todas las personas que llevan a cabo
actividades laborales en aquellas, sin que en la proposición de ley se formule
manifestación alguna (lógicamente para buscar el acuerdo de todos los grupos)
respecto al vínculo jurídico (relación laboral contractual asalariada,
autónomos) existente entre quien presta unos servicios y la plataforma a través
de la que se opera.
Dicho sea incidentalmente,
de esta importante cuestión se debatirá en la próximas jornadas catalanas deDerecho Social, organizadas por la Asociación Catalana de Iuslaboralistas losdías 8 y 9 de marzo, que versarán justamente sobre nuevas tecnologías y
relaciones laborales, y en las que tendremos la suerte de contar con destacadas
y destacados ponentes, entre ellos la profesora Consuelo Chacartegui y los profesores
Antonio Baylos, Ferran Camas e Ignasi Beltrán de Heredia, estando ya disponible en el blog de este último su exhaustiva ponencia, que sin duda incita a la reflexión y debate sobre las relaciones laborales y la economía de las plataformas, en especial por lo que respecta a la vinculación jurídica de las personas que prestan sus servicios en o para aquellas.
Buena lectura.
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